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Una serie de derechos de petición ha hecho la Federación de Servidores Públicos del Departamento del Cesar, Fedecesar, para llenarse de requisitos y poder denunciar y exigirle la renuncia al secretario de Educación Departamental, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez.

El presidente de Fedacesar, Edwin Pimienta indicó que tenían la esperanza que en el debate que estaba programado para hoy en la Asamblea se le hiciera claridad a los celadores y demás empleados de los colegios del Cesar de la razones por las cuales se agotaron los recursos para continuar con la vigilancia en los planteles.

La Federación de Servidores Públicos dejó ver que una vez tengan en su poder los documentos exigidos denunciaran al secretario de Educación, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, por la falencia de haber dejado sin vigilancia los colegios públicos del Cesar y por el escándalo de los diplomas falsos.

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Habitantes de Valledupar tiemblan de miedo

En Valledupar hay miedo colectivo, las estadísticas muestran que no es una simple percepción, que la capacidad de resistencia se agotó y la ciudadanía siente estar arrodillada ante la delincuencia y con la sensación de una desprotección total.

Hace unos días las cuentas mediáticas de la Administración municipal contaba con orgullo los días sin asesinatos. Pero paralelo a esto crecía inversamente proporcional el atraco callejero que por fortuna no cobraba vidas, hasta que abruptamente se rompió el cacareado record con la dolorosa muerte de una joven de 25 años en estado de embarazo, y posteriormente otros casos que reavivaron las alertas.

El clamor ciudadano no encuentra un eco resonante porque se anuncia en consejos de seguridad la presencia de más patrullajes, pero las calles siguen a merced de los delincuentes que no acatan los decretos prohibitivos de circulación de motos con parrilleros y por el contrario salen a su fatídica jornada de atracadera como Pedro por su casa, y el que se resiste lo matan.

Aquí en la ciudad de los Santos Reyes nadie se escapa: sacerdotes, secretarias, amas de casa, periodistas, y hasta los mismos miembros de cuerpos uniformados han sido víctimas de este doloroso episodio en una ciudad que estaba acostumbrada a respirar notas de acordeón.

La noche del sábado fue un grupo de comunicadores las presas de los ruines malandrines quienes con desafiante arrogancia pistola en mano, los despojaron de sus pertenencias y documentos.

Lo peor es que los mismos ladrones ya habían asaltado dos o quizás cuantos locales más y sean tal vez los autores de la muerte de la mujer en estado de gravidez hace 10 días. ¿Por qué tanta libertad para estos hampones, esperamos cuantas muertes más? ¿cuándo llegará el patrullaje militar anunciado? ¿obligarán al ciudadano a la justicia propia? El pueblo espera respuestas de sus autoridades.

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La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, denunció ayer jueves que comundidades Arhuacas en Asamblea Permanente en Valledupar, Cesar, fueron atacados indiscriminadamente por miembros del Escuadrón Móvil Antidistrubios, Esmad, frente al edificio de la Gobernación del Cesar.

Además, agregan que es importante resaltar “el carácter de esta comunidad, su pasividad y tranquilidad frente a las dificultades lo cuál los pone en mayor indefensión”.

Al finalizar la comunicación, las comunidades indígenas de Colombia, exigen que haya garantías para la vida y la protesta y “no aguantamos más este mal gobierno y todos sus cómplices, que como han hecho anoche en la plenaria de la JEP en el Congreso de la República, están dispuestos a destruir el futuro de millones de colombianos por mantener su fuero de corrupción e impunidad”.

Cabe recordar que la semana pasada, tras 11 días de protestas, bloqueos y reuniones durante la Minga Nacional, los indígenas lograron acuerdos con el Gobierno Nacional para que se cumplan sus peticiones y se respeten los acuerdos logrados en años anteriores, enfocados en gobernabilidad indígena, respeto por el territorio, paz y justicia social y recursos económicos, entre otros.

“Hacemos un llamado urgente a la comunidad defensora de derechos humanos en el país y a nivel internacional a tomar medidas urgentes para garantizar la atención y el cumplimiento de los acuerdos“.

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A través de un memorial acompañado de más  400 firmas de personas mayores de edad, en su mayoría  padres de familia  dieron a conocer al alcalde del municipio de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía,  la situación de inseguridad que se vive en el corregimiento de Los Venados.

La comunidad denuncia un alto consumo de alucinógenos y barbitúricos entre jóvenes de la población y otros que llegaron de otras latitudes del país. Tal situación  ha conllevado a que se haya  disparado el hurto de especies menores, gallinas, cerdos, chivos, ovinos en fincas y parcelas cercanas a la población.

También  roban en las viviendas y la delincuencia llegó al extremo  de desentechar una vivienda para  cometer el hurto.

Los firmantes del documento exigieron del gobierno Ramírez Uhía, mano dura, incremento del pie de fuerza de la Policía, más inteligencia  y programas de reeducación  para la población que ha caído en las ‘garras’ de la drogadicción.

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En Mega Mall trabajan sin protocolos de seguridad

Sin ninguna clase de precaución se adelantan los trabajos de construcción en la obra conocida como Mega Mall en la avenida La Popa al frente del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Los vecinos y transeúntes temen que por la imprevisión se pueda generar algún accidente, pues ni los ingenieros ni los operarios guardan las reglas preventivas cuando cargan y descargan materiales sobre la vía.

Es común que icen pesados elementos con enormes grúas, las que se encuentran parqueadas en la parte exterior y ni siquiera son capaces de para el tráfico o  por lo menos, coordinar con el tránsito, el desvío vehicular, mientras hacen estas operaciones.

En ese sentido hacen una llamado a los contratistas para que revisen estos protocolos, antes de que se pueda generar una desgracia en una de las arterias más transitadas de la ciudad y por donde la circulación es lenta por la entrada y salida permanente de vehículos pesados de la obra, la que además bota a la calle permanentemente aguas por el nivel freático, pese a que se le dijo a la comunidad que se había construido un colector para eso, pero las aguas siguen perjudicando a cientos de vecinos y de otros barrios de la ciudad.

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La comunidad de El Molino en La Guajira ha declarado como preocupante la situación que se presenta en los balnearios La Ollita, San Vicente y La Represa, a orillas del río Carga-barros de este municipio, por la proliferación de altas cantidades de desechos y basuras que los fines de semana dejan los visitantes.
El lugar que también es escenario de grandes encuentros familiares hoy no luce tan agradable y es alarmante, según lugareños las condiciones que allí se presentan por la cantidad de basura que muchas personas no recogen al final del paseo, a pesar de las diferentes campañas que hacen las autoridades locales para contrarrestar esta triste situación y conservar el cauce del río libre de impurezas.
Los funcionarios de la empresa de acueducto municipal, se han convertido en vigías de esta área y constantemente le aconsejan a las personas que tomen conciencia, manifestándoles que este es un sitio de esparcimiento y la basura merece ponerla en recipientes, bolsas y no dejarla regada o tirarla al río.
Se espera que la comunidad en general, apoyen y colaboren con el manejo adecuado de las basuras.
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Si bien es un problema generalizado en los 25 corregimientos del municipio de Valledupar, la comunidad en pleno de Valencia de Jesús a escasos 22 kilómetros de la capital del Cesar pidió más seguridad para el conglomerado.

Elver Pacheco líder comunal indicó que reconocen la labor de la Policía, pero esta no da abasto con sus labores y los delincuentes les ‘cazan el tiro’ para comer sus ilícitos.

La gente pidió al comandante de la Policía, Mauricio Pedraza que se incremente el pie de fuerza para que haya mayor vigilancia en la población.

En ese mismo orden de ideas, el fiscal de la Junta de Acción Comunal, Dever Velásquez Pérez indicó que en Valencia de Jesús además de los robos y atracos hay venta de alucinógenos.

Velásquez Pérez pidió personal de inteligencia de la Policía para dar con los ladrones y jíbaros de Valencia de Jesús.

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El Abogado Joel Enrique Peralta formuló una denuncia pública por el cobro irregular en el parqueadero Buenos Aires de esta ciudad, utilizado para guardar vehículos por embargos judicial, y que depende de la dirección nacional.

El jurista agregó que el local no cumple con los requisitos establecidos por la norma como una entrada y una salida, estar completamente pavimentado, poseer un techo, cámaras de seguridad y una póliza de seguro.

Enfatizó que los precios son exorbitantes habida cuenta que cobran 43 mil pesos día y noche, cuando la circular emanada de la dirección de la rama judicial establece que son 400 mil mensuales.

Lo que quiere decir que es mejor dejar perder esos vehículos y el parqueadero realice el remate por el valor monto causado.

Sumado a esto los dueños y abogados no pueden entrar a inspeccionar el estado de sus carros.

Concluyó que a pesar que puso en conocimiento por escrito el hecho ante las autoridades municipales, no han tomado medidas correctivas, por lo que anunció demandas ante la Contraloría y Fiscalía General de la Nación.

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Vecinos del barrio Santana muy cerca de esta estación radial denuncian la presencia diaria de unos derrames de aguas residuales que expelen insoportables hedores, las que raudas bajan por toda la carrera 16 sector de clínicas y consultorios, lo que podría generar complicaciones en los pacientes internados y los que concurren a esos lugares.

A esto se suma la incomodidad que viven los peatones que tienen que esquivar los charcos antes de que sean bañados por los vehículos que por allí transitan. Los mismos propietarios de vehículos denuncian el perjuicio de estas corrientes debido a los malos olores que se impregnan en sus autos lo que causa malestar en los clientes de taxis.

Los moradores cercanos dicen que la emanación sale de la calle 16ª muy cerca a la clínica vascular y que pese al llamad que, desde hace unos 10 días, han hecho a Emdupar, todavía no les han solucionado el problema.

Otros perjudicados son los dueños de puestos de comidas que se instalan en el lugar ya que los clientes con esa putrefacción no se arriman a sus puestos, primero por la pestilencia y segundo porque pueden ser salpicados por los vehículos.

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Desconcertada se declaró la comunidad de la vereda Las Casitas, al sur de Valledupar, porque los ofrecimientos del Alcalde, Augusto Ramírez Uhía, se desvanecieron como el humo en la montaña.

La comunidad indicó que en el apogeo de la campaña electoral el entonces ‘Tuto’ Uhía, les ofreció llevar el caserío a mega corregimiento, llevarles el agua potable, repotenciar la energía y construir un par de parque y nada de eso se cumplió.

Lo único que está en pie es el gas natural, porque es un proyecto de Gases del Caribe y la pavimentación de los 2.7 kilómetros de vía que es con recursos de regalías.

En Las Casitas hay 268 casas y 1.100 habitantes dedicados a la fabricación de ladrillos y a las labores del campo.

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