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Moradores del barrio Primero de Mayo, uno de los sectores más golpeados por la delincuencia en Valledupar y sede de varias bandas criminales, lanzaron un S.O. S para que se incrementen los patrullajes en el lugar ante la permanente presencia de vándalos que a plena luz del día atracan a los desprevenidos transeúntes.

Varios ciudadanos que por lógicas razones pidieron la identidad de sus nombres, denunciaron un hecho grave, y es la posible complicidad de algunos tenderos en cuyos negocios se reúnen algunos de estos grupos a planear sus fechorías y de paso, tales dueños negocios estarían actuando como receptadores de los elementos robados e incluso se habla de préstamos o alquiler de armas o en su defecto de escondites de esas armas luego de cometer los ilícitos.

Una de estas áreas por donde se evidencian estas anomalías de acuerdo a los denunciantes, se enmarca cerca a la iglesia del barrio por la carrera 19 con varias calles desde la 20 hasta la 22 de esa zona.

En ese sentido piden la vigilancia de varios de esos negocios en donde además llegan a tomar trago y a consumir drogas, cuando el código de Policía prohíbe estas ventas.  Varios de los vecinos dicen haber visto cuando pasa los policías del cuadrante, los antisociales encaletan las armas en algunos negocios con la complicidad de los dependientes.        

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Por la presencia de felinos que vienen devorando animales domésticos de finqueros cerca a Pueblo Bellos según denuncia de estos, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, con su Red de Fauna y Flora Silvestre vienen adelantando acciones en esa parte del macizo montañoso con el fin de concientizar a los campesinos de los hábitos de estas especies que se sienten en su medio.

Lo primero que hace es un monitoreo para verificar si es cierta la presencia de jaguares en la zona, pues de acuerdo a las cámaras que se instalaron hace algún tiempo en el lugar no se ha registrado presencia de estos animales.

En esta oportunidad se utilizará un dron para establecer en una zona de mayor cobertura, si en realidad, son estas fieras las que están atacando los caprinos y equinos de los lugareños.

Dentro de las estrategias, también se indica al campesinado que a estos animales no hay que sacrificarlos para evitar su extinción, pidiendo un mayor manejo, tanto a los felinos, como a los animales domésticos.

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A Sayco, la Sociedad de Autores y Compositores hace mucho rato la vienen rondando firmas que según ellos los están suplantando en el cobro de impuestos por ejecuciones públicas y espectáculos, lo que de acuerdo a sus directivas son entidades que cobran menos tasas con el supuesto argumento de que también tienen socios compositores.

Ante esta situación las alarmas se prendieron en la seccional Valledupar, pues hasta acá llegó una de esas sociedades y cobró a varios festivales y ferias que se han realizado en Valledupar y otros municipios entre estos Chiriguaná y Codazzi

Dínalo Upidir, es la firma que ha hecho levantar a los socios locales y a su coordinador en Valledupar Nacho Valle, quienes se sienten defraudados pues varios de los espectáculos en donde han cobrado solo difunden música de los compositores locales y no los que están agremiados en dicha razón social lo que es considerado por ellos un delito contra los derechos autorales, que tendrán que dirimir en los estrados judiciales.

Por su parte en páginas digitales y redes sociales Dínalos se autoproclama legalmente facultada para entregar paz y salvo por concepto de derechos que llegar a requerir en: Radio, TV, Eventos y Espectáculos, Derecho de Reproducción y/o almacenamiento digital, entre otros.

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Un grito de auxilio han decidido lanzar las administraciones de Riohacha y Maicao en La Guajira, por su parte el secretario de Gobierno de Riohacha, Jairo Aguilar Deluque, habló sobre la inseguridad que se vive en el Distrito e informó que ya se encuentran trabajando para poder dar un parte de tranquilidad a los riohacheros con los resultados de las autoridades.

“Como administración hacemos unas exigencias puntuales a la Policía Nacional referentes a tener un aumento de pie de fuerza como hoy se ve en Maicao. Aquí se viene trabajando en un aumento del pie de fuerza con el apoyo del Gobierno nacional y grupos especiales que sirven para hacerle frente a la ola delincuencial que estamos viviendo por distintos motivos, desde la situación socioeconómica hasta la presencia de bandas delincuenciales, que tenemos conocimiento vienen del vecino país”, afirmó el secretario de Gobierno de Riohacha.

Lo que se pretende es que el pie de fuerza que se viene implementando en Maicao también se realice en la ciudad de Riohacha, “Somos aliados del pueblo de Maicao, tenemos que unirnos para trabajar contra la delincuencia que quiere ganarnos la batalla y no lo vamos a permitir. En ningún momento la doctora Tatiana se ha referido al pueblo maicaero, ella ha hablado fuerte contra la delincuencia y le está cerrando los espacios en el Distrito”, manifestó Aguilar Deluque.
La comunidad ha sido la mayor denunciante, claman a policiales y mandatarios vuelva la tranquilidad a sus localidades.

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La comunidad de los corregimientos de Palestina, La Floresta y El Burro pidieron a Aguas del Cesar retomar los proyectos de los alcantarillados que fueron abandonados desde la administración de Cristian Moreno Panezo.

La misma ciudadanía pidió a las Contraloría indagar si en la fallida construcción de los alcantarillados se dilapidaron recursos públicos.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Palestina, Edgar Ballena indicó que la mayoría de las casas están conectadas al alcantarillado que no tiene emisario final y las aguas negras se rebosan en especial cuando llueve.

Los habitantes de los tres corregimientos indican que los alcantarillados son unos elefantes blancos con colmillos.

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El gremio ganadero del departamento de La Guajira denuncia que las autoridades están decomisando ganado colombiano, como si fuera de contrabando  y sin tener en cuenta que tiene toda la documentación reglamentaria.

Fue la presidenta de la Asociación de Ganaderos del departamento Milagro Ojeda quien explicó que hay gran preocupación, porque después que el ministerio de Agricultura expidiera la Resolución 7889 a través de la cual se declara la emergencia sanitaria por un foco de fiebre aftosa, iniciaron los decomisos, pero en muchos casos han sido de animales que no están enfermos y tiene sus guías y registros de vacunación.

“No sabemos qué criterio están usando la Dian y la Polfa para establecer si un ganado es venezolano o no, si este es transportado por las vías del departamento con los documentos y no está enfermo”, manifestó.

Los ganaderos aseveran que ya van varios casos en los cuales incluso, han ingresado a las fincas para incautar las reses que supuestamente son venezolanas.

“Donde llegan y dicen que hay un animal venezolano, acaban con el hato porque presumen que están enfermos”, indicó al afirmar que aquí en La Guajira no hay fiebre aftosa.

Un hecho puntual se registró en la finca Los Mangos en Barrancas,  donde decomisaron 70 reses el pasado 10 de agosto el Ejército las cuales después tuvieron que ser devueltas, aunque sacrificaron a ocho de estas, las cuales dijeron que eran del vecino país.
Los ganaderos han decidido sentar las denuncias porque no estan dispuestos a tolerar abusos de la autoridad aun cuando no están infringiendo la ley.
Por su parte, Orlando Javier Viloria director de la Dian en esta región del país afirmó que este organismo viene e realizando los operativos anticontrabando para contrarrestar este flagelo en el departamento de la Guajira, con el apoyo de la Policía Fiscal Aduanera y el Ejército Nacional. “Así mismo estamos cumpliendo con las recientes directrices de ministerio de Agricultura”, aseguró.

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El gobernador de La Guajira, Weildler Guerra, denunció que a mediodía del pasado sábado un grupo de uniformados de la Guardia Nacional de Venezuela hizo una incursión ilegal en el corregimiento Paraguachón, jurisdicción del municipio de Maicao.

El mandatario interino precisó que cerca de 20 guardias que viajaban sobre diez motocicletas llegaron hasta el barrio San Martín de dicha localidad donde estuvieron alrededor de diez minutos.
“Los guardias venezolanos despojaron de dinero y celulares a varios ciudadanos de Paraguachón”, dijo el gobernador a través de su cuenta de Twitter.
Los indígenas wayú que viven en la zona ponen unas cadenas atravesadas en la carretera, a modo de peaje, para que los conductores que transitan por ahí les den dinero y al parecer, esa sería la plata que les quitó la Guardia de Venezuela, declaró Guerra Curvelo.

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El mandatario interino de los guajiros, Weildler Guerra denunció ante la Fiscalía General de la Nación a una sobrina de su esposa, Liz Margarita Solano, quien según el Gobernador,  estaba pidiendo dinero a fundaciones y empresarios para llevar a cabo o acelerar trámites de convenios o contratos en la administración departamental.

En la denuncia instaurada por Guerra Curvelo, este dijo que la información le llegó el 21 de julio pasado a mediodía e inmediatamente se dirigió a la Fiscalía para que se iniciara la investigación respectiva.

“La señora Liz Margarita Solano López es sobrina de mi esposa y estaba usando este parentesco familiar para pedir dinero a cambio de un rápido diligenciamiento de contratos en la administración y supuestamente acceder rápidamente a recursos públicos”, explicó.
Guerra le pidió a las autoridades investigar a fondo el tema, ya que indagando en la Fiscalía pudo constatar que hay otras 13 denuncias contra esta persona en diferentes municipios de La Guajira y en otras ciudades de la costa.

“Creemos que las personas que le dieron dinero a la denunciada, no son tan incautos, porque si a alguien le ofrecen este procedimiento irregular, deben saber que no es legal, entonces hay algo de cohecho ahí también”, aseveró el gobernador.

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La vulnerabilidad del personal médico y de enfermeras ante energúmenos familiares de los pacientes que acuden de urgencias a los centros de atención cada día es mayor en diversas partes del país, pero hay partes donde se acentúa el problema, tal es el caso de Valledupar y Aguachica, en donde se han presentado varias agresiones.

Ante esta situación, los facultativos y auxiliares de Aguachica, llamaron la atención de las autoridades por las reiteradas situaciones, especialmente con el cuerpo de enfermeras las que en varias ocasiones han sido maltratadas verbal y físicamente.

En su S.O.S dicen sentirse desamparados, desprotegidos, pues ni el Gobierno, ni los gerentes o subgerentes, ni los sindicatos actúan a pesar de las reiteradas quejas de atención que les hacen llegar.

Dicen que la mayoría de estos ataques lo hacen sujetos en estado de ebriedad y drogadicción  por lo que requieren por lo menos vigilancia en los puntos de atención de urgencias que es donde más se registran estas agresiones.

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Fueran puestas en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia una serie de aparentes irregularidades que se vendrían presentando en la península en lo referente al proceso penal que se sigue contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
La advertencia tiene que ver con la llamativa negación del Tribunal Superior de Riohacha, según se denuncia ante la Fiscalía, de acceder a la solicitud del ente investigador de cambiar la radicación del proceso, pues se lleva actualmente en un juzgado de Maicao, en La Guajira, a pesar de que hay varios testigos locales amenazados. 
Cita la Fiscalía que tiene que ver con el hecho de que el juzgado de primera instancia remita al Tribunal la solicitud de cambiar el lugar del proceso el 19 de julio pasado y el recibido del Tribunal se suscriba el 24 de julio y, sin embargo, el reparto hubiera sido efectuado el 21 de julio, de acuerdo con el ente de control penal, se hizo el reparto del magistrado del caso antes de que el oficio del juzgado llegara al Tribunal.
El fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, en la audiencia de acusación ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Maicao, La Guajira, realizada el pasado 19 de julio, pidió que el proceso saliera de la península, el investigador señaló, por ejemplo, que podía haber afectaciones al orden público por las manifestaciones populares que se han suscitado en casos emblemáticos , además, puso de presente el fiscal que por la influencia política de Pinto se dificultaría el proceso en la península. 
De otra parte, podrían violarse las garantías procesales, pues ha habido varios testigos amenazados que no irían a declarar por temor.

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