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Formalmente el Consejo de Estado le solicitó a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucionales frente a la grave crisis humanitaria que se presenta en el departamento de La Guajira y que afecta, principalmente, a la comunidad indígena Wayúu.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo considera que el Gobierno debe tomar medidas urgentes para salvaguardar la vida e integridad de los indígenas, quienes vienen viéndose afectados por el olvido de las autoridades nacionales, departamentales y locales.
En el oficio se le manifiesta a la Corte Constitucional, que estas comunidades no tienen acceso a agua potable, servicios médicos integrales y alimentos en buen estado, situación que ha generado un desplazamiento de las familias indígenas en busca de una mejor calidad de vida, lo que además ha engrosado los renglones del trabajo infantil en el departamento porque los menores abandonan sus estudios para ayudar a sus padres.

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Fernando Carrillo Flórez,Procurador general de la Nación ha solicitado a la Corte Constitucional declarar el estado de cosas inconstitucionales por la crisis que afronta el departamento de La Guajira, el objetivo de esta solicitud, es que se den acciones urgentes que permitan proteger los derechos de los habitantes de esa región del país.

“las medidas implementadas hasta la fecha no están generando el impacto y los resultados esperados para brindar condiciones de seguridad alimentaria, salud, de acceso a agua potable con suficiencia y calidad”, aseveró el procurador, quien mencionó que es necesario que la Corte Constitucional asuma esta situación tras evidenciar las violaciones sistemáticas a los derechos de los habitantes de La Guajira en materia de salud, educación y acceso a servicios básicos.

Dicha solicitud fue realizada al alto tribunal tras el resultado de una comisión de la Procuraduría que evidenció que las falencias administrativas por parte de los entes territoriales se agudiza con el paso del tiempo y se convierte en una afectación sistemática en contra de los derechos de estos ciudadanos, en pesquisas se encontraron irregularidades en suministros de alimentos en PAE y otras falencias en educación.

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Se dio en el departamento de La Guajira la primera mesa de donantes para superar la crisis de la Niñez, la Adolescencia y la Familia a través de los organismos nacionales e internacionales, allí el gobernador de esta sección del país Wilmer González Brito anunció que ha comenzado a reconstruir relaciones con importantes actores de la península como Asamblea departamental, con la capital del Departamento, la Universidad y la ciudadanía para reconstruir el tejido social en La Guajira.

González Brito aseguró que: “los secretarios del despacho departamental, cada funcionario del Departamento y la Gestora Social Departamental son nuestros socios naturales en la tarea de recuperar la capacidad de servir a nuestras poblaciones, a nuestra gente, a las poblaciones con mayores dificultades económicas, víctimas de la marginación, de la pobreza y del hambre, mucho debemos agradecerles a ustedes, a sus organizaciones, a los profesionales y al personal que sirve a las comunidades”.

El objetivo de este trabajo mancomunado es emprender soluciones a problemas como el agua, desnutrición, desempleo y abrir la puerta a la generación de posibilidades de desarrollo, inclusive mediante el apoyo a la cultura y el deporte, en la mesa de trabajo se hizo un llamado a la responsabilidad social empresarial de las entidades de La Guajira para que también hagan su aporte a la erradicación de las problemáticas que imperan en el departamento.

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Hay una muy buena noticia para el departamento de La Guajira, una región agobiada por múltiples problemas de corrupción y que viene atravesando una fuerte crisis. Ante esta problemática el Gobierno Nacional le envía un gran alivio fiscal, porque liberó los excedentes que tenían tanto municipios como el propio departamento en el Fonpet.

El Fonpet es el fondo que tienen los municipios en Colombia para que paguen sus obligaciones pensionales, es decir, en este fondo hay unos recursos que todos los municipios deben destinar anualmente para poder asegurar el pago de sus obligaciones pensionales, pero resulta que tiene un ahorro obligatorio y hay unos excedentes financieros.

En ese sentido, la buena noticia para La Guajira es que el Gobierno liberó más de $96.000 millones de excedentes que estaban en ese fondo y de ese monto $6.000 tienen que ser invertidos obligatoriamente en educación y el resto del recurso son de libre destinación.

Entre tanto, los municipios que van a recibir son: Riohacha con  $5.800 millones para invertir en educación y $25.000 de libre destinación; Albania recibirá 190 millones que serán invertidos en educación y $3.359 millones de libre destinación; Dibulla recibe $6.600 millones de libre destinación; Distracción con $6.300 millones; El Molino recibirá $2.931 millones; Fonseca con $2.291; Hatonuevo con $5.500 millones; La Jagua del Pilar recibirá $1.065 millones; Manaure con $11.900 millones; Uribia, $21.431 millones; Urumita, $2.007 millones y Villanueva con $1.856 millones.  

Cabe señalar, que el Ministerio de Hacienda es el encargado de girar directamente estos recursos y según el ministro Mauricio Cárdenas, “estos son recursos que en unos casos van para la educación y pueden ayudar para la infraestructura educativa, mejorar las aulas escolares y en otro caso son de libre destinación, $90 mil millones. Pero estamos insistiendo que no es para invertir en cualquier cosa, sino en lo que más necesiten las comunidades y de manera transparente”, enfatizó.

Además agregó que “esta información se está divulgando para que sean los propios habitantes de los doce municipios quienes conozcan de primera mano cuántos recursos se les devolverán a la Alcaldía respectiva y que sean los alcaldes los que les den explicaciones de qué van hacer con estos recursos”.

También hay que indicar que estos recursos se giran directamente del Ministerio de Hacienda al municipio, sin intermediarios, sin tramitadores, simplemente se llena un formulario en la página del Ministerio, se pone una firma digital certificada y se le gira el recurso a la entidad territorial correspondiente, para que no se metan en el camino los llamados facilitadores o tramitadores.

A su vez, estos dineros son de las comunidades, y deben tener visibilidad, que se sepa qué se está haciendo, que se destinen a las actividades prioritarias, sobre todo en un departamento como la Guajira que tiene tantas necesidades, donde hay problemas de carácter humanitario. “Necesitamos que estos recursos ayuden a resolver problemas de acceso a agua potable, alimentación, educación, atención en salud”, sostuvo el ministro Cárdenas.

Finalmente, la responsabilidad es de los alcaldes de los municipios que reciben estos recursos, que tienen la capacidad de determinar en qué se van a invertirlos y que las comunidades hagan una veeduría. Es un compromiso por la transparencia y por la ética.

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Cerca de 35.000 personas pasaron hoy la frontera entre Venezuela y la ciudad colombiana de Cúcuta para abastecerse de alimentos y medicinas principalmente, gracias al "corredor humanitario" abierto por los dos gobiernos, según expresó la Cancillería de Colombia.

La frontera entre Venezuela y Colombia será abierta por el día hoy, luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenara la apertura de la misma al gobernador del estado venezolano de Táchira, José Gregorio Vielma Mora.

El gobernador realizó este anuncio debido a que, según la nota de prensa publicada en el portal web de la Gobernación de Táchira, “se ha planificado un segundo ingreso de venezolanos a Colombia organizados por la derecha venezolana, con el pretexto de comprar comida y medicamentos”.

El salario mínimo mensual de un venezolano es de 33.636 bolívares, lo que equivale a $85.000 pesos colombiano aproximadamente, lo que alcanza a comprar un venezolano lo podría adquirir cinco veces un colombiano promedio con el salario mínimo actual del país ($689.454). En otras palabras, a un residente del vecino país le rinde cinco veces menos su sueldo en Cúcuta en comparación con un local.

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Bajo una iniciativa de la Unión de Naciones Suramericanas, un grupo de expresidentes, inició acciones para activar en Venezuela un gran diálogo nacional y poder definir un plan para enfrentar la crisis económica que padece el país suramericano.

Ellos son José Luis Rodríguez Zapatero, de España, y Leonel Fernández, de República Dominicana, quienes anunciaron ayer que bajo el apoyo de Unasur inician acciones para intentar poner en marcha un proceso de “diálogo nacional” en Venezuela para hacer frente a la crisis que se vive en el país.

Aumenta la crisis. Es difícil, para las personas que tienen un nivel socioeconómico alto o medio alto, con acceso a los bienes esenciales de la canasta familiar, entender y asimilar cómo en otro país la gente hace filas kilométricas en los supermercados para poder comprar un litro de leche a precio regulado; y que al buscar ese producto, de primera necesidad, fuera del supermercado, en el mercado negro, lo logra conseguir a precios muy elevados, comparados con el precio del mismo producto en el supermercado, que también tiene un valor aumentado.

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El presidente costarricense Luis Guillermo Solís dijo este martes que la solución al problema de los miles de cubanos varados en la frontera con Nicaragua está fuera del ámbito de Centroamérica, una región sin condiciones económicas para dar albergue a los migrantes.

Solís se reunió la tarde del pasado martes con su colega cubano Raúl Castro. La visita estaba programada desde antes de la crisis, se convirtió en un espacio para que ambos presidentes conversen sobre la situación de miles de personas instaladas en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, aunque no trascendió si alguna de las partes tiene una propuesta concreta.

El mandatario costarricense expresó su molestia con Nicaragua, Guatemala y Belice, que no permitieron la continuidad de la ruta de los migrantes hacia el norte.

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La Superintendencia de Salud anunció la intervención inmediata a la Clínica de la capital guajira, dadas las reiteradas quejas que han hecho los docentes del departamento, sumado a ello los usuarios, quienes aseguran que hay fallas graves en la prestación del servicio.

Para este proceso fue delegada la Secretaría de Salud Departamental que determinó cerrar la sede del centro asistencial.

De acuerdo con el jefe de la cartera, Gonzalo Daza Araujo, dicha clínica no cumple con los estándares requeridos especialmente en el manejo de pacientes, en infraestructura, incluso, aseguró que atienden médicos que aún no se han graduado.

Daza Araujo anunció que se estructurará un plan de contingencia para no desproteger a los usuarios de Riohacha especialmente a la población pobre no asegurada y que protege el Estado a través de la Secretaria de Salud Departamental.

El funcionario aseguró que la situación crítica que afronta el sector, será expuesta el día 11 de diciembre ante la Comisión Séptima del Senado de la República en San Juan del Cesar donde se van a citar a todas las EPS para que expliquen a los órganos de control Procuraduría y Contraloría por qué no cumplen sus pagos a las clínicas.

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El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció créditos de tasa compensada para que las EPS cubran deudas con hospitales; un billón de pesos serán orientados a este fin.

Según la analista económica de La Tribuna del Cesar, Martha Argüello (Escuchar audio), “efectivamente el Gobierno Nacional anuncio un billón de pesos en créditos de tasa compensada, especialmente esos recursos van a ser distribuidos de la siguiente manera: primero, habrá una subcuenta de garantías del Fosyga, en la cual a través de la diferente reglamentación habrá una estructura de líneas de crédito blandas con tasa compensadas”.

A través de ella se generaran unos recursos que van directamente a las EPS para que puedan responder con las deudas que tienen con los hospitales. Segundo, habrá una compra de cartera de las EPS donde el Gobierno Nacional ha dispuesto un periodo de gracia de tres meses y para ello destina unos recursos de aproximadamente 100.000 millones de pesos.

El objetivo básicamente es que las EPS respondan con las crisis que tienen en este momento al borde de la quiebra a los hospitales y entidades prestadoras del servicio de salud.

Una tercera medida es la autorización de que da el gobierno a las cajas de compensación para que ellas puedan utilizar los recursos que han recaudado para pagar las diferentes deudas al sistema de salud.

“Cabe señalar, que todo esto se dio gracias a la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo, en la cual se suma aproximadamente 350.000 millones de pesos que deben pagarse en el mes de agosto y buscar asi soluciones a la crisis que vive el sector de la salud”, acotó la experta.

No obstante, la crisis de sistema de salud viene acrecentándose en los últimos años; se hablaba de hecho, de carteras impagables por parte de las EPS.

En ese sentido, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional van a ayudar a tener un mayor flujo de recursos, pero realmente es una medida insuficiente para las numerosas deudas, y que ya están acumuladas por muchos años.

“El gobierno definitivamente debería ser una intervención de fondo. Mirando actualmente el sistema de salud, este tiene unos vicios y esos están liderados por la corrupción, la politiquería y la codicia de algunos entes privados que son quienes intervienen directamente en la salud y que se están quedando con los dineros que es para este servicio”, agregó Argüello.

En la actualidad, pareciera que se ha establecido por el Estado diferentes medidas improvisadas y que son realmente transitorias, aunque hay buena reglamentación, este régimen es insostenible. En Colombia el sistema de salud mueve aproximadamente 40 billones de pesos al año, la mitad de ellos provienen de dos régimen: el que opera como contributivo y el subsidiado; el primero pagado por la población que trabaja formalmente y el segundo, hecho para proteger a los más pobres con los recursos públicos.

Sin embargo, estos recursos que paga la Nación, los departamentos y municipios, y que directamente viene de los impuestos de los colombianos parece que no han sido correctamente manejados, y esto está ocasionando la crisis actual que tiene el sector de la salud.

“Es indispensable que el Gobierno siga tomando medidas de fondo y no transitorias, porque lo que causa es un deterioro en el sistema de salud”, sostuvo la analista.

Finalmente, la destinación de estos recursos liberará al Gobierno Nacional de la responsabilidad de hacer una reforma estructural al sistema de salud, porque es claro que a pesar del pago de las deudas, las clínicas y hospitales afrontan una dura crisis, y hay que buscar una forma de garantizar sus sostenibilidad y rentabilidad.

En definitiva, el gobierno no puede librarse de este compromiso. Cabe indicar, que en febrero de este año, al sancionar la Ley Estatutaria de la Salud, el Presidente de la República declaró a la salud como un derecho fundamental, y mencionaba en ese momento que definitivamente la historia del sector de la salud se había partido en dos; sin embargo, se ve que prácticamente 7 meses después sigue la crisis y al contrario empeora en el sector de la salud.

En síntesis, la Ley Estatutaria de la Salud debe garantizar la promoción, prevención diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y la terminación incluso de las enfermedades.     

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Sigue siendo noticia la caída de los precios del crudo, que se sintió con gran fuerza este lunes luego del rechazo de los griegos a las condiciones de su rescate financiero y de que China lanzara medidas de emergencia para evitar un colapso de su mercado de acciones.

Según la analista económica de La Tribuna del Cesar, Martha Argüello (Escuchar audio), “la caída del precio del petróleo en esta oportunidad se debe a estos dos fenómenos que han afectado terriblemente el crudo, porque el encarecimiento del dólar, que ha generado estas situaciones, ha desencadenado otras circunstancias, entre esas las cotización del precio del petróleo”.

Cabe recordar, que el precio de crudo esta denominado precisamente en dólares, es decir, que cada efecto que haya a nivel internacional y que afecte la divisa patrón, inmediatamente tiene repercusiones sobre los productos cuyo precio está denominado en este tipo de moneda.

En el caso de Grecia, el impacto que ha tenido a nivel mundial y la crisis que ha generado en la eurozona, está creando cierta incertidumbre y ciertos riesgos en el mercado internacional, que mantiene al mercado de acciones y a la compra de productos de materias primas a la expectativa, lo que ha generado que el precio del petróleo siga disminuyendo.

En ese sentido, es muy posible que a los griegos negarse a pagar la gran deuda internacional que tienen, no solo con el Fondo Monetario Internacional sino con la comunidad europea y al negarse también el FMI en hacer un rescate a este país, inmediatamente esto genera nuevas presiones en el mercado mundial.

Por otro lado, el mercado chino está sufriendo en la última semana una presión terrible en el mercado de valores, ya que es posible que su mercado de acciones tenga un colapso. “Esto ha hecho que China haya tomado unas medidas para evitar que colapse su mercado en el contexto internacional y que esto afecte su crecimiento”, agrega la experta.

No obstante, aunque se pone en duda cuánto tiempo vaya a permanecer esta situación, en realidad estos dos fenómenos que se han presentado a nivel internacional sigue presionando la caída del crudo a nivel mundial.

 De otra parte, en el caso puntual del drama de la deuda griega, como lo han denominado los medios internacionales, registran uno de los peores episodios económicos de su historia, incluso peor que la crisis de los últimos cinco años que llevó sus indicadores de desempleo y de pobreza a cerca de 26%.

“En ese sentido, esto afecta de alguna forma las economías emergentes, entre ellas la de Colombia, principalmente porque hay tres aspectos fundamentales en la situación griega que indiscutiblemente afecta la economía colombiana”, sostiene Argüello.

El primer aspecto es que no se tiene muy claro cuánto exporta Colombia hacia Grecia, y aunque en el total de la balanza comercial no es un porcentaje muy significativo, porque es apenas un 0,01%, realmente al cuantificarlo de miles de millones de dólares, ya el volumen de divisas es significativo.

Desde el 2013, Colombia ha aumentado la conquista de ese mercado griego, ya que los griegos le compran actualmente al país colombiano, café, cacao, flores, especialmente los claveles y las rosas frescas y también compra ropa interior, vestidos de baño y camisetas.

“Esto traducido en miles de millones de dólares y mirado desde la política del gobierno nacional tiende a afectar fuertemente la balanza comercial, porque a los griegos tener esta crisis de liquidez y de problemas para pagar su deuda también se está generando al interior del mercado griego una crisis en la capacidad de compra de los mismos griegos”, manifestó la analista.

Hasta el 5 de julio los ciudadanos helenos sólo podrían retirar 60 euros al día de sus cuentas bancarias, es decir, 175.000 pesos; esto era el valor máximo que podían sacar los griegos de sus cuentas para poder manejar durante el día.

Finalmente, teniendo en cuenta el escenario económico mundial, los precios del petróleo en los próximos meses seguirán cayendo, porque los fenómenos internacionales no muestran otra cosa. “No solamente el problema con Grecia, el no pago de sus deudas; el problema del mercado de China, especialmente el mercado de acciones, sino también la disputa entre la Oped y Estados Unidos para controlar un espacio de ese mercado internacional de la venta del petróleo, afecta esta la situación a nivel mundial”, aduce la economista Martha Argüello.  

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