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El alto tribunal compulsó copias ante el Consejo Superior de la Judicatura por  presuntas irregularidades presentadas en los despachos judiciales de la península que conocieron el caso de la exgobernadora Oneida Pinto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó entonces sacar de los estrados judiciales de La Guajira el proceso contra la exmandataria.
Las irregularidades se habrían presentado en contratos para reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, y dispuso su nueva radicación en un juzgado penal de conocimiento de Cundinamarca.
La decisión se da luego de que la Fiscalía 28 Anticorrupción de Bogotá denunciara supuestas anomalías en el reparto del caso en los despachos de la península, publicó un medio impreso además que en el auto suscrito por el magistrado ponente, Luis Guillermo Salazar, fechado el pasado 30 de agosto, el máximo tribunal de la justicia ordinaria compulsó copias o pidió una investigación a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que establezca si hubo irregularidades.

"Acerca delas irregularidades que anunció el fiscal en el reparto de la solicitud ante el Tribunal Superior de Riohacha, remítase copia de la solicitud de cambio de radicación así como de los oficios (...) del Tribunal Superior de Riohacha y del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao, a la Sala Jusrisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura", se lee en el documento.
Pinto Pérez tiene medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor de la capital por los hechos de corrupción perpetrados en dos contratos del programa para reducir la mortalidad infantil en Albania, La Guajira, durante la vigencia de 2011.

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Pasó la noche en el búnker de la Fiscalía Bernardo 'Ñoño' Elías, y hoy será escuchado en diligencias de interrogatorio ante el despacho de la magistrada de Corte Suprema de Justicia Patricia Salazar, que lo investiga por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

El senador ‘Ñoño’ Elías es requerido por la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo de los sobornos de Odebrecht.

Su orden de captura se dio tras las declaraciones del exsenador Otto Bula, quién aseguró que le había entregado mil 600 millones de pesos para, supuestamente, gestionar los recursos para la adición de la Ruta del Sol II en el tramo Ocaña - Gamarra.

Debido a esos señalamientos, el despacho de la magistrada Salazar requiere al congresista Elías para determinar si es responsable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

La versión de Bula coincide con lo que declaró Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, quien aseguró que en el 2013 se varias audiencias de control político en el Senado, con el objetivo de hacer 'presión' para que se aprobara la adición del contrato en mención.

El senador Elías hacía parte de una de las comisiones citantes a esos debates. La Corte revisará su situación jurídica y evaluará en qué otros delitos podría estar involucrado el senador.

Fuentes cercanas confirmaron que la Corte ya tiene listas otras ordénes de captura en contra de congresistas que estarían relacionados en el escándalo de Odebrecht.

Según las pruebas enviadas a la Corte Suprema de Justicia, el grupo político de Elías habría recibido al menos 17 mil millones de pesos provenientes de las coimas relacionadas con contratos.

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La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, confirmó en fallo de segunda instancia la condena a 54 meses de prisión contra la Juez Tercero Penal con Funciones de Control de Garantías, Yamile Herrera Ibarra, acusada por el delito de prevaricato por acción.

Herrera Ibarra estaba acusada por el delito de prevaricato por un hecho que tuvo lugar en 2009, cuando la funcionaria revocó una medida de aseguramiento en contra del coordinador de defensores públicos en el departamento de Cesar, Eduar Álvarez Romero y Leidy Acosta Pérez, quienes habrían abusado sexualmente de dos niños.

El fallo contempla el pago de una multa de 70 salarios mínimos legales vigentes.

La Juez fue cobijada con la medida de prisión domiciliaria en su residencia.

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Magistrados de la Corte Suprema participaran mañana del Encuentro de Fortalecimiento Académico y Acercamiento del Distrito Judicial de Valledupar, que se desarrollará en el auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Fundación Universitaria del Área Andina, a partir de las 9:00 de la mañana.

El evento académico tiene como objetivo analizar y comprender la normatividad y la jurisprudencia nacional e internacional, así como los nuevos desafíos teóricos del derecho en este mundo globalizado, que ofrezca herramienta en la toma de decisiones por parte del Juez, como itinerario en la defensa y garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El encuentro es el primero de varios que se realizarán a lo largo del año 2017, y en la apertura de la agenda académica estarán presentes la Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco, además de los magistrados Aroldo Quiroz Monsalvo, José Isaza Dávila y Fredy Herrera Osorio.

Las personas que deseen  participar en el evento académico, deberán preinscribirse a través del siguiente correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. o al celular 304 6082581.

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La Corte Suprema de Justicia dejó en firme condena a 9 años de prisión contra Hugues Rodríguez Fuentes, por los Punibles de concierto para delinquir agravado y falsedad material en documento público, en el proceso que tuvo su origen en el homicidio de Marilis Hinojosa Suárez, jueza promiscua municipal de Becerril, Cesar, el día 27 de enero de 2003, en la vía que de Codazzi conduce a Becerril, por parte del autodenominado Bloque Norte las Autodefensas Unidas de Colombia.

La Corte inadmitió la demanda de revisión presentada por Rodríguez Fuentes y dejó en firme la condena en su contra basado en el artículo 220, numeral 3°, de la Ley 600 de 2000, el condenado argumentó que después de la sentencia condenatoria aparecieron nuevas pruebas, que presuntamente establecían su inocencia.

Para la Sala de Casación Penal no basta con que las pruebas que se alleguen en sede de revisión sean novedosas para dar paso a la rescisión de la sentencia, teniendo en cuenta que han de exhibir un contenido sustancial que permita advertir y predicar la inocencia de alguien que resultó condenado luego de agotadas las etapas de un proceso como es debido.

Hugues Rodríguez, de actividad ganadera, fue relacionado con el grupo armado e incluso le endilgaron el apodo de ‘Comandante Barbie’ relata el escrito de fallo de la Corte.

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Con el propósito de ampliar o aclarar algunos asuntos  que ya habían sido declarados por unos testigos en el caso de parapolítica que se le sigue al exrepresentante del Cesar, Pedro Muvdi, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por recurso interpuesto por la defensa, ordenó admitir seis testimonios más dentro del proceso.

Estos argumentos se sumarán a otros ocho que habían sido aceptados por el alto tribunal el 26 de enero pasado. En primera instancia el máximo tribunal de la justicia ordinaria del país había negado la participación de estos testigos por considerar que ya habían sido escuchados algunos de ellos en dos ocasiones, pero reconsideró que son necesarios.

Los testimonios que se escucharán en el estrado contra el exparlamentario liberal serán los de John Jairo Hernández, alias ‘Daniel Centella’; Adolfo Guevara, ‘101’; Julio Argumedo, ‘Gabino’; Jeinner Herrera, ‘Pringa’; Leonardo Sánchez, ‘El Paisa’ y el de Édgar Alfredo Rodríguez Pérez.

Ya en el 2011, alias ‘Daniel Centella’, del frente ‘Mártires del Cesar, había dicho que Muvdi era amigo íntimo de David Hernández, alias ‘39’, desaparecido jefe de las AUC. También habían escuchado al exjefe del Bloque Norte de las AUC, ‘Jorge 40’; Óscar Eduardo Daza Correa, alias ‘Luna’; y los de los líderes políticos Jorge Jiménez, Juan José Corzo, Rosario Barrios, José Luis Urón Márquez, Pedro Moreno, y Germán Morón Gutiérrez.

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La Corte Suprema de Justicia anuló el proceso contra el ex director del DAS, general en retiro Miguel Maza Márquez, por el magnicidio del entonces candidato a la Presidencia de Colombia Luis Carlos Galán. La decisión del alto tribunal también determina la libertad del ex uniformado.

La defensa de Maza Márquez había pedido la nulidad del proceso, debido a que el general en retiro ostenta fuero constitucional y el proceso no lo estaba llevando la fiscal Vivianne Morales, sino un delegado del ente acusador ante la Corte.

Por este vicio, el proceso fue anulado y el expediente será trasladado al despacho de la fiscal Morales.

Publicado en Nacionales

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