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El servicio energético de la Costa, podría verse amenazado por efectos de la intervención de Electricaribe dice la Contraloría General de la República

El ente de control asegura que tras esa disposición se vislumbra un deterioro en la calidad del servicio, y un incremento en la indisponibilidad del servicio en el mercado de la Costa Caribe. A esto se suma una merma en la entrada de cuantiosos recursos por pérdidas de energía.

El temor se cimenta a su vez, en que recibirá en el presente mes de noviembre menos ingresos por subsidios, lo que puede generar atrasos en el pago a los generadores, y así, el mercado eléctrico tendría un colapso.

Las cifras hablan de un déficit de caja para cierre a diciembre de 20017, a una suma cercana a los $35.000 millones, según cálculos de la Contraloría, tal como lo refleja un monitoreo fiscal hecho al funcionamiento de la compañía.

Se calcula que la situación se agravaría para el mes de febrero de 2018, cuando este déficit podría llegar hasta $138.000 millones, lo que compromete seriamente que pueda garantizar la prestación del servicio.

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Exalcalde de la Jagua de Ibirico sigue en el sonajero por malversación de recursos cuando se desempeñó en el cargo de ese municipio minero del Cesar. Se trata de Alfonso Palacio Niño quien ha estado enredado en varios escándalos por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales por los que fue condenado.

Ahora la Contraloría General de la Nación dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $1.985 millones de pesos contra el exfuncionario que se desempeñó como alcalde entre (2008-2011).

El actual señalamiento es por contratación de una consultoría que adelantó un estudio para construir una represa en la cuenca del arroyo San Antonio. En donde el órgano de control considera que hubo daño patrimonial tras la suscripción del contrato de consultoría No. 063 de 2010, que tenía como objeto un estudio de viabilidad técnica y financiera para construir esta represa.

En esa consultoría, invirtió $1.490 millones, cuando el estudio objeto de la misma tuvo reparos por parte de la Interventoría del proyecto, que señaló que esta represa no era necesaria. El valor del daño patrimonial indexado suma $1.985 millones.

Hubo además deficiencias en la estructuración del proyecto pues dicho estudio no partió de unos supuestos que evidenciaran su sostenibilidad y viabilidad técnica, ambiental, financiera, y socio-económica sostuvo la Contraloría.

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Una serie de presuntas irregularidades encontró la Contraloría Municipal en la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral en la Modalidad de Especial ambiental, realizada a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar Emdupar.

La auditoría se practicó en los componentes de acueducto, alcantarillado y aseo.

En el desarrollo de la auditoría se establecieron 12 hallazgos de tipo administrativo, de los cuales 11 tienen alcances disciplinarios y serán trasladados la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.

Omar Contreras Socarrás indicó que Emdupar no cumple con los principios de eficiencia, equidad, economía y valoración de los costos.

La auditoría destaca el agua sin contabilizar, el más el estado del alcantarillado y depósitos de basuras a las orillas del río Guatapurí.

Contreras Socarras advirtió de la presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra N° 014 del 16 de marzo de 2017, en donde Emdupar contrató la unión Temporal Planta de Aireación, por una cuantía de 2.644 millones de pesos, provenientes del Fondo Nacional Ambiental, en donde se pudo comprobar una presunta falsedad en los documentos que acreditan la experiencia del contratista.

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A pesar de que la Contraloría encontró por lo menos 10 incumplimientos con la licencia ambiental en varios episodios de las obras en la llamada Ruta del Sol II obras, tales como la mitigación del impacto sobre el suelo, la calidad de las aguas superficiales y el manejo de desechos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla no hace cumplir las sanciones que amerita.

Esos impactos se han sentido en el Cesar en la planta industrial Torcoroma-La Vega, al sur del departamento con el mal manejo de los sobrantes de las excavaciones, taludes, equipos de construcción, residuos líquidos, sólidos y domésticos, afectación del ruido, mal manejo de la fauna silvestre, y nula reforestación, entre otros.

La Contraloría también menciona las violaciones de las licencias, que para la Contraloría se ha convertido en un “formalismo” sin relevancia real para proteger al medioambiente, ya que la Agencia no pide oportunamente los informes de cumplimiento ambiental, como pasó con la mina La Loma, de la Drummond, lo que solo se produjo ocho meses después de lo debido, según el órgano de vigilancia.

Lo mismo sucedió entre otros con el informe del Cerrejón Puente Arroyo Bruno, que se generó en octubre del 2016, o sea 20 meses después del plazo.

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Luego de ser objetada la empresa Electricaribe  por la Contraloría General de la Nación por no aplicar subsidios correspondientes a estratos bajos de sus usuarios, ahora resolvieron restituir estos aportes a los estratos 1 y 2 a  partir del 1 de septiembre a través del Fondo de Energía Social, FOES.

El órgano de control evidenció que millonarios recursos no llegaron a los usuarios, es decir que no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica en los barrios pobres.

En desarrollo de lo anterior y teniendo en cuenta un fallo del Tribunal Administrativo de la Guajira, el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de Minas y Energía y análisis internos, el Agente Especial de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo y su equipo inició el ajuste de la metodología de aplicación del FOES, que no es más que un subsidio adicional, del cual se favorecen estas comunidades.

El próximo mes se iniciará el proceso de devolución de los subsidios FOES, correspondientes al periodo de intervención, es decir del 15 de noviembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. Será un solo pago promedio de 20.000 pesos por cliente, explicó la entidad.

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La Contraloría General de la Republica, reveló que la ANLA no hace seguimiento a las licencias ambientales que ha otorgado a grandes obras de infraestructura en Colombia, entre estas la Ruta del Sol, lo que se evidenció tras una auditoría que se le hizo a esta entidad.

Lo de la Ruta del Sol II se considera como un hecho grave ya que ese tramo hizo parte la firma ODEBRECHT. En esta auditoría se encontraron 442 hallazgos por incumplimiento en un solo año, y no se evidenciaron procesos sancionatorios iniciados por la ANLA.

Según el órgano de control, los incumplimientos a la Licencia Ambiental son numerosos, sin que se hayan registrado multas por el daño ambiental generado por el consorcio, al parecer se identifican las fallas, pero no se realiza la gestión para sancionar dichas situaciones, o si lo hacen es muy débil la multa o se impone muy tarde, dando como resultado que el beneficiario de la licencia incumpla en forma reiterada.

En resumen, son 442 incumplimientos solo en el año 2016, los que resultan inadmisibles en un proyecto que lleva más de seis años trabajando bajo una Licencia Ambiental, concluye el informe de la Contraloría.

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Cerrando el mes de julio, la Contraloría General de la República en manos del vallenato Edgardo Maya Villazón, le puso la lupa a una obra catalogada como ‘elefante blanco’, y que a pesar del astronómico costo de más de $6.000 millones en Cesar no se ha concluido.

La determinación surge, luego de la auditoría de la del ente de control a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, a la construcción de la nueva sede, que en la actualidad tiene un retraso del 72%.

El  hallazgo fiscal está por el orden de los $6.450 millones en la construcción de la obra de arquitectura bioclimática de la nueva sede de Corpocesar, lo que ha ocasionado un daño al patrimonio público, por su ejecución irregular.

La gerencia departamental del Cesar de la Contraloría, constató que las obras se encuentran en condiciones de abandono y deterioro continuo, lo que ha generado un detrimento de $5.768 millones causados en fase I y $682 millones de los dineros girados en la fase II del proyecto, para un total de $6.450 millones de detrimento patrimonial., explicó la entidad.

Esta edificación tiene más de diez años de haber sido comenzada, tiempo durante el cual, Corpocesar ha pagado por el arrendamiento de la sede actual de la Corporación, una suma mensual que asciende a los $25 millones.

El informe asegura que entre la Gobernación del Cesar y Corpocesar, se suscribió convenio interadministrativo, en octubre de 2013, por el Secretario de Infraestructura de la época, Omar Enrique Maestre Velez, y por el director general de Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel; acuerdo que ascendió a más de $6.000 millones.

Se conoció a su vez, que desde marzo de 2017 el contrato se encuentra suspendido, registrando ocho meses de inactividad desde julio de 2016; además presenta un avance del 13% y un atraso del 72 %.

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Tras una denuncia presentada ante la Contraloría Municipal de Valledupar, por el abogado, José Joaquín Cariaciolo Carrillo, gerente de la firma Protección Legal Especializada S.A.S, en contra de Emdupar, por presuntas irregularidades administrativas y jurídicas en el contrato de prestación de servicio n° 038 del 5 de mayo de 2015, el ente de control adelantará una auditoria en los próximos días en esa empresa.

La denuncia de Cariaciolo Carrillo fue ingresada al Sistema de Denuncias, Quejas y Peticiones de la Contraloría Municipal bajo el radicado Q:642-2017.

Así mismo, se indicó que la denuncia en donde se pide se realice una Auditoria Especial al mencionado contrato fue trasladada a la Oficina de Control Fiscal para que esta se efectúe y se de respuesta definitiva dentro de los seis meses posteriores a la recepción de la queja.

El contrato n° 038 del 5 de mayo de 2015, esa para la recuperación de la cartera morosa, pero se indica hay omisión en la diligencia de notificación de los mandamientos de pagos a los usuarios de Emdupar, por la falta de compra de la pólizas judiciales para las demandas ejecutivas, lo cual conlleva a un detrimento patrimonial de la empresa.

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El 26 del presente mes se realizará en la sede de la Contraloría General de la República, en el edificio Pumarejo, una mesa de trabajo para volver a ventilar el tema del acueducto regional del sur de Valledupar.

El evento lo presidirá el Comité de Moralidad del Cesar y al mismo han sido invitados: Los Consejos Comunitarios de los corregimientos de caracolí, Los Venados, Guaymaral, El Perro y El Vallito. También asistirán, el secretario de Infraestructura del departamento, Federico Martínez Daza, el contratista de la obra, el interventor, la Procuraduría, y el gerente de Emdupar, Armando Cuello Daza.

La mesa de trabajo en donde participará el gerente de la Contraloría General de la República, seccional Cesar, Juan Jaime Celedón, se desarrollará a las 9:00 de la mañana.

El acueducto regional tuvo un costo de 11.000 millones de pesos y su construcción se inició el 7 de octubre de 2013 por parte de la firma AGM Desarrollo S.A.S Vera, pero pese a que ya fue entregado no entrado en funcionamiento.

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Para hacerle seguimiento y acompañamiento a la ejecución de los recursos públicos destinados a la implementación de los  Acuerdos de Paz en las llamadas Zonas Veredales de Transición, la Contraloría General de la Nación hará presencia por primera vez  en dichos lugares, comenzando por Pondores en Fonseca La Guajira.

Funcionarios del ente de control llegarán hoy jueves 11 de mayo al municipio de Fonseca con el fin de promover el control fiscal participativo en las regiones del país donde existen las Zonas de Concentración de las FARC.

La vicecontralora General de la República, Gloria Alonso Másmela, manifestó que la idea es generar un espacio que facilite el diálogo entre los gestores del orden nacional, con los actores del desarrollo territorial, agregó.

La funcionaria, que está encargada de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, presidirá el ejercicio de 2:00 a 5:00 p.m., en la sede del Centro de Recursos Educativos Municipales del sureño municipio de La Guajira, en donde estarán  el Gobernador de La Guajira Weildler Guerra, el Alcalde Municipal, José Jaime Vega, y funcionarios de entidades como la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Programas Especiales para la Paz, entre otras. En La Paz Cesar se programará en próximos días un evento similar.

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