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A pesar de que la Contraloría encontró por lo menos 10 incumplimientos con la licencia ambiental en varios episodios de las obras en la llamada Ruta del Sol II obras, tales como la mitigación del impacto sobre el suelo, la calidad de las aguas superficiales y el manejo de desechos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla no hace cumplir las sanciones que amerita.

Esos impactos se han sentido en el Cesar en la planta industrial Torcoroma-La Vega, al sur del departamento con el mal manejo de los sobrantes de las excavaciones, taludes, equipos de construcción, residuos líquidos, sólidos y domésticos, afectación del ruido, mal manejo de la fauna silvestre, y nula reforestación, entre otros.

La Contraloría también menciona las violaciones de las licencias, que para la Contraloría se ha convertido en un “formalismo” sin relevancia real para proteger al medioambiente, ya que la Agencia no pide oportunamente los informes de cumplimiento ambiental, como pasó con la mina La Loma, de la Drummond, lo que solo se produjo ocho meses después de lo debido, según el órgano de vigilancia.

Lo mismo sucedió entre otros con el informe del Cerrejón Puente Arroyo Bruno, que se generó en octubre del 2016, o sea 20 meses después del plazo.

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Luego de ser objetada la empresa Electricaribe  por la Contraloría General de la Nación por no aplicar subsidios correspondientes a estratos bajos de sus usuarios, ahora resolvieron restituir estos aportes a los estratos 1 y 2 a  partir del 1 de septiembre a través del Fondo de Energía Social, FOES.

El órgano de control evidenció que millonarios recursos no llegaron a los usuarios, es decir que no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica en los barrios pobres.

En desarrollo de lo anterior y teniendo en cuenta un fallo del Tribunal Administrativo de la Guajira, el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de Minas y Energía y análisis internos, el Agente Especial de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo y su equipo inició el ajuste de la metodología de aplicación del FOES, que no es más que un subsidio adicional, del cual se favorecen estas comunidades.

El próximo mes se iniciará el proceso de devolución de los subsidios FOES, correspondientes al periodo de intervención, es decir del 15 de noviembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. Será un solo pago promedio de 20.000 pesos por cliente, explicó la entidad.

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La Contraloría General de la Republica, reveló que la ANLA no hace seguimiento a las licencias ambientales que ha otorgado a grandes obras de infraestructura en Colombia, entre estas la Ruta del Sol, lo que se evidenció tras una auditoría que se le hizo a esta entidad.

Lo de la Ruta del Sol II se considera como un hecho grave ya que ese tramo hizo parte la firma ODEBRECHT. En esta auditoría se encontraron 442 hallazgos por incumplimiento en un solo año, y no se evidenciaron procesos sancionatorios iniciados por la ANLA.

Según el órgano de control, los incumplimientos a la Licencia Ambiental son numerosos, sin que se hayan registrado multas por el daño ambiental generado por el consorcio, al parecer se identifican las fallas, pero no se realiza la gestión para sancionar dichas situaciones, o si lo hacen es muy débil la multa o se impone muy tarde, dando como resultado que el beneficiario de la licencia incumpla en forma reiterada.

En resumen, son 442 incumplimientos solo en el año 2016, los que resultan inadmisibles en un proyecto que lleva más de seis años trabajando bajo una Licencia Ambiental, concluye el informe de la Contraloría.

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Cerrando el mes de julio, la Contraloría General de la República en manos del vallenato Edgardo Maya Villazón, le puso la lupa a una obra catalogada como ‘elefante blanco’, y que a pesar del astronómico costo de más de $6.000 millones en Cesar no se ha concluido.

La determinación surge, luego de la auditoría de la del ente de control a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, a la construcción de la nueva sede, que en la actualidad tiene un retraso del 72%.

El  hallazgo fiscal está por el orden de los $6.450 millones en la construcción de la obra de arquitectura bioclimática de la nueva sede de Corpocesar, lo que ha ocasionado un daño al patrimonio público, por su ejecución irregular.

La gerencia departamental del Cesar de la Contraloría, constató que las obras se encuentran en condiciones de abandono y deterioro continuo, lo que ha generado un detrimento de $5.768 millones causados en fase I y $682 millones de los dineros girados en la fase II del proyecto, para un total de $6.450 millones de detrimento patrimonial., explicó la entidad.

Esta edificación tiene más de diez años de haber sido comenzada, tiempo durante el cual, Corpocesar ha pagado por el arrendamiento de la sede actual de la Corporación, una suma mensual que asciende a los $25 millones.

El informe asegura que entre la Gobernación del Cesar y Corpocesar, se suscribió convenio interadministrativo, en octubre de 2013, por el Secretario de Infraestructura de la época, Omar Enrique Maestre Velez, y por el director general de Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel; acuerdo que ascendió a más de $6.000 millones.

Se conoció a su vez, que desde marzo de 2017 el contrato se encuentra suspendido, registrando ocho meses de inactividad desde julio de 2016; además presenta un avance del 13% y un atraso del 72 %.

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Tras una denuncia presentada ante la Contraloría Municipal de Valledupar, por el abogado, José Joaquín Cariaciolo Carrillo, gerente de la firma Protección Legal Especializada S.A.S, en contra de Emdupar, por presuntas irregularidades administrativas y jurídicas en el contrato de prestación de servicio n° 038 del 5 de mayo de 2015, el ente de control adelantará una auditoria en los próximos días en esa empresa.

La denuncia de Cariaciolo Carrillo fue ingresada al Sistema de Denuncias, Quejas y Peticiones de la Contraloría Municipal bajo el radicado Q:642-2017.

Así mismo, se indicó que la denuncia en donde se pide se realice una Auditoria Especial al mencionado contrato fue trasladada a la Oficina de Control Fiscal para que esta se efectúe y se de respuesta definitiva dentro de los seis meses posteriores a la recepción de la queja.

El contrato n° 038 del 5 de mayo de 2015, esa para la recuperación de la cartera morosa, pero se indica hay omisión en la diligencia de notificación de los mandamientos de pagos a los usuarios de Emdupar, por la falta de compra de la pólizas judiciales para las demandas ejecutivas, lo cual conlleva a un detrimento patrimonial de la empresa.

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El 26 del presente mes se realizará en la sede de la Contraloría General de la República, en el edificio Pumarejo, una mesa de trabajo para volver a ventilar el tema del acueducto regional del sur de Valledupar.

El evento lo presidirá el Comité de Moralidad del Cesar y al mismo han sido invitados: Los Consejos Comunitarios de los corregimientos de caracolí, Los Venados, Guaymaral, El Perro y El Vallito. También asistirán, el secretario de Infraestructura del departamento, Federico Martínez Daza, el contratista de la obra, el interventor, la Procuraduría, y el gerente de Emdupar, Armando Cuello Daza.

La mesa de trabajo en donde participará el gerente de la Contraloría General de la República, seccional Cesar, Juan Jaime Celedón, se desarrollará a las 9:00 de la mañana.

El acueducto regional tuvo un costo de 11.000 millones de pesos y su construcción se inició el 7 de octubre de 2013 por parte de la firma AGM Desarrollo S.A.S Vera, pero pese a que ya fue entregado no entrado en funcionamiento.

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Para hacerle seguimiento y acompañamiento a la ejecución de los recursos públicos destinados a la implementación de los  Acuerdos de Paz en las llamadas Zonas Veredales de Transición, la Contraloría General de la Nación hará presencia por primera vez  en dichos lugares, comenzando por Pondores en Fonseca La Guajira.

Funcionarios del ente de control llegarán hoy jueves 11 de mayo al municipio de Fonseca con el fin de promover el control fiscal participativo en las regiones del país donde existen las Zonas de Concentración de las FARC.

La vicecontralora General de la República, Gloria Alonso Másmela, manifestó que la idea es generar un espacio que facilite el diálogo entre los gestores del orden nacional, con los actores del desarrollo territorial, agregó.

La funcionaria, que está encargada de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, presidirá el ejercicio de 2:00 a 5:00 p.m., en la sede del Centro de Recursos Educativos Municipales del sureño municipio de La Guajira, en donde estarán  el Gobernador de La Guajira Weildler Guerra, el Alcalde Municipal, José Jaime Vega, y funcionarios de entidades como la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Programas Especiales para la Paz, entre otras. En La Paz Cesar se programará en próximos días un evento similar.

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El Cesar aparece en la lista de departamentos del país que dejaron vencer multas por comparendos por prescripción, lo que, según la Contraloría General de la Nación, se constituye en un detrimento patrimonial que pone en peligro el mantenimiento vial de Colombia.

En esta región según el ente de control, se dejaron de cobrar 4.601 comparendo según auditoría hecha en el año 2016, lo que en cifras se traduce en unos 2 mil 082 millones 825 mil 455 pesos.

En total en todo el territorio nacional, se anularon comparendos por $140.614 millones y prescribieron multas por $25.182 millones.

La Contraloría advierte a alcaldes y gobernadores, para evitar estas negligencias en el cobro, lo que sirve es para alimentar la cultura de no pago, bastante arraigada en este país, por eso pidió mayor efectividad a la hora de hacer efectivas estas multas.

Ahora la Contraloría dará traslado de este hallazgo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Puertos y Transporte, y también a las Contralorías Territoriales para lo de su competencia.

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Dentro de los escandalosos hallazgos reportados por la Contraloría General de la Nación durante el año que termina, varios casos tocan al Cesar, territorio de injerencia de algunas de las firmas mencionadas.

Tal es el caso de la EPS Cafesalud, de la que dijo Edgardo Maya Villazón, el titular del cargo, que el Gobierno tiene que salir de Cafesalud. Los colombianos no pueden seguir soportando unas pérdidas semanales de casi $10 mil millones, por cuenta de los malos manejos en el pasado.

Otros temas que impactaron en el Cesar fueron los incumplimientos de Electricaribe, lo que  generó unos $65 mil millones en detrimento, lo mismo que las irregularidades en el PAE con unos $62 mil millones, al igual que distintas situaciones con alcance fiscal en algunas Corporaciones Autónomas  con $10 mil millones.

Dijo Maya Villazón, que  hay que  hacer un frente común con la Fiscalía y la Procuraduría para actuar en contra de estos carteles, que están traficando con la necesidad humana de los niños, especialmente en el caso de la Alimentación escolar que fue caso puntual en el Cesar.

En este caso particular, el Cesar aparece en la detección de la Contraloría, en donde se manejaron recursos  de manera irregular dejando un desolador panorama con la existencia de alimentos descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados, falta de control sobre la entrega y calidad de las raciones.

La lista la complementan, en este departamento, las graves deficiencias en la estructuración y ejecución de algunos contratos de obras, celebrados en virtud de la emergencia carcelaria de 2013, generando hallazgos por más de $47.000 millones de pesos.

Por el lado ambiental, durante las auditorías adelantadas en el primer semestre de 2016 se encontraron hallazgos fiscales por $10.022 millones en 16 Corporaciones Autónomas Regionales, incluyendo Corpocesar

Algunas Alcaldías del Cesar aparecen como dilapidadoras de los recursos de regalía tras las auditorías adelantadas por esta entidad, la que encontró hallazgos con presunta incidencia fiscal, en el tema de la inversión de regalías, durante los 2 años de la administración del Contralor Edgardo Maya Villazón.

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Una auditoría especial de la Contraloría General sobre la vigencia de 2015 y el primer semestre de 2016 encontró serios hallazgos fiscales en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y en el proyecto de paquetes nutricionales tanto de la gobernación del Cesar como de los municipios del eje minero Chiriguaná, Becerril y La Jagua de Ibirico, programas financiados con recursos del Sistema General de Regalías y transferencias efectuadas por el Ministerio de Educación.

Sólo en la gobernación del Cesar el presunto detrimento al erario alcanzó la cifra de $3.483 millones, derivado de la ejecución de dos contratos el 041 del 15 de enero 2015 (por $35.161 millones) y 1178 del 21 de agosto de 2015 (por $17.145 millones), ambos suscritos por el Secretario General del Departamento, Jaime Luis Fuentes Pumarejo. El mismo funcionario también suscribió el  contrato 0004 del 15 de enero de 2016 (el cual no fue auditado en esta actuación fiscal), cuyo objeto también es la contratación del servicio de Alimentación Escolar del Departamento,  por cuantía de $17.269 millones de pesos.

Según el ente de control, las irregularidades halladas que comprometen el patrimonio público en la cuantía de $3.483 millones tienen como principales causas: deficiencias en la etapa de planeación contractual, mayores valores pagados, servicios pagados y no suministrados efectivamente, conforme a las obligaciones que emanan de la minuta contractual, entre otros factores.

Los municipios mineros

En el caso de los municipios del llamado eje minero, la Contraloría encontró los siguientes hallazgos fiscales: $1.609 millones en Chiriguaná, $1.169 millones en Becerril y $447 millones en La Jagua de Ibirico.

En el caso de La Jagua de Ibirico la contratación durante la vigencia 2015 ascendió a la suma de $12.830 millones, de los cuales $7.923 millones corresponden al  PAE y $4.907 millones a la entrega de paquetes nutricionales para niños de cero a cinco años, madres gestantes y lactantes en cada uno de los entes territoriales mencionados.

Un hecho común que se encontró en esta revisión que hizo la CGR es la notoria y persistente concentración en manos de únicos oferentes de la contratación en el departamento del Cesar y los municipios de  Becerril, la Jagua de Ibirico y Chiriguaná.

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