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Con sentencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, se ratificó la decisión a través de la cual la Sección Tercera, del Consejo de Estado, declaró nulo un contrato celebrado por el Departamento del Cesar que lo obligaba a pagar una cuantiosa suma de dinero.

El hecho se remonta a 1999, cuando el Cesar hizo un contrato con el propósito de hacer valer sus derechos patrimoniales por la privatización de la empresa Electrocesar, y por el cobro de los dineros derivados de la emisión de la estampilla Universidad de Cartagena.

En octubre del 2000 el ente territorial y el contratista elaboraron un acta de liquidación del contrato en la cual se establecía que, gracias a las acciones emprendidas por este último, al departamento le reconocieron derechos patrimoniales por más de 23.000 millones de pesos, lo que obligaba al Cesar a cancelarle unos 2.300 millones.

La Procuraduría General de la Nación demandó el contrato ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que llevó a la Sección Tercera, a declarar su nulidad y la del acta liquidatoria y a ordenarle al contratista devolver a la gobernación 22 millones de pesos, por el anticipo que esta le había concedido tras la firma del contrato.

Al mismo tiempo el contratista interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado, alegando la nulidad originada en la sentencia. A su juicio, la misma Sección Tercera del Consejo de Estado no tenía la competencia para declarar la nulidad del contrato; además, consideraba que se había producido la prescripción extintiva de la acción, pues si bien al momento de la firma del contrato dicho término era de 20 años, una reforma legal posterior lo redujo a 10.

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Formalmente el Consejo de Estado le solicitó a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucionales frente a la grave crisis humanitaria que se presenta en el departamento de La Guajira y que afecta, principalmente, a la comunidad indígena Wayúu.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo considera que el Gobierno debe tomar medidas urgentes para salvaguardar la vida e integridad de los indígenas, quienes vienen viéndose afectados por el olvido de las autoridades nacionales, departamentales y locales.
En el oficio se le manifiesta a la Corte Constitucional, que estas comunidades no tienen acceso a agua potable, servicios médicos integrales y alimentos en buen estado, situación que ha generado un desplazamiento de las familias indígenas en busca de una mejor calidad de vida, lo que además ha engrosado los renglones del trabajo infantil en el departamento porque los menores abandonan sus estudios para ayudar a sus padres.

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El Consejo de Estado volvió a anular la elección de Carlos Emiliano Oñate Gómez como rector de la Universidad Popular del Cesar, entidad que lo había restituido de una primera demanda interpuesta por William Yesid Lasso, y que contó con la ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro.

En esa oportunidad Oñate estuvo al frente de la entidad cuando fue escogido a través de los acuerdos 017 de 2 de julio de 2015 y 018 del 3 de julio de 2015, los que quedaron sin piso jurídico cuando el Consejo de Estado aceptara la mencionada demanda.

Luego se dio un nuevo acto de elección en medio de una puja política, iniciando además un proceso jurídico para declarar nula dicha decisión, la que al final volvió a detonar ayer.

En esta oportunidad eran dos demandas por separado, interpuestas por Wilfrido Godoy Ramírez y Jaider Guerra Morales, las que luego fueron unificadas, según auto del 23 de mayo de 2017.

Carlos Emiliano Oñate Gómez, había sido nuevamente elegido para un periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2016 y el 8 de diciembre de 2020, pero no alcanzó a culminar por el fallo proferido por el Consejo de Estado que decidió anular el acto mediante el cual el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar lo había escogido como rector de la UPC.

La decisión fue de la Sección Quinta, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio. El Alto Tribunal falló en estos términos: “Declárase la nulidad del Acuerdo 068 del 29 de noviembre de 2016, por medio del cual se designó como rector de la Universidad Popular del Cesar, en propiedad, al señor Carlos Emiliano Oñate Gómez, para el periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2016 y el 8 de diciembre de 2020”.

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A instancias de la Fundación Universitaria del Área Andina, Areandina,  se celebrará  hoy en esta ciudad  el bicentenario  del Consejo de Estado y  la rendición de cuentas del Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar.

El director del programa de derecho del Areaandina, Gustavo Bandera indicó que  el programa se desarrollará  en el auditorio de la biblioteca Rafael Carrillo Lúquez de 7:30 de la mañana a 12:00 del día.

A la celebración fueron convocados los trabajadores del Poder Judicial, abogados litigantes, estudiantes de derecho y los  interesados en el tema.

Entre los expositores están: El presidente del Consejo de Estado, Octavio Ramírez Ramírez, Enrique Gil  Botero, ministro de Justicia, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Consejero de Estado, Rocío Araujo Oñate, Consejera de Estado,  y la presidenta del Tribunal Administrativo del Cesar, Viviana López, entre otros.

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La Sección tercera del Consejo de Estado negó una demanda impuesta por los familiares del cantautor vallenato Kaleth Morales con la cual buscaban una indemnización de 100 salarios mínimos por su muerte.

La familia del artista pedía millonaria indemnización por el mal estado de la vía en la que se accidentó del cantautor en el 2005.

Dentro del escrito de acusación culpaban al Invias por el mal estado de la carretera Plato-Bosconia en Valledupar en la que murió el cantautor, sin embargo el Consejo de Estado consideró que el mal estado de la vía ya existía y que no se demostró que hubiera tenido incidencia directa en el accidente, pues metros antes se advertía que "antes de llegar a este, se insiste, en el sentido de circulación que llevaba el vehículo en el que se desplazaba el señor Kaleth Morales, se encontraba una señal de peligro que hacía referencia a la cercanía de una curva y una señal de tránsito reglamentaria que indicaba una velocidad máxima para la zona de 40km/h, advertencias que imponían al conductor extremar las precauciones".

El accidente se produjo el 23 de agosto de 2005, el cantautor vallenato Kalet Miguel Morales Troya sufrió un accidente de tránsito en la vía Plato – Bosconia, en el que el vehículo tipo camioneta en el que se movilizaba se salió de la vía, sufrió volcamiento lateral y dio varias vueltas sobre su carrocería antes de detenerse, hechos en los que padeció graves lesiones producto de las cuales perdió la vida.

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Siguiendo con la investigación que adelanta el Consejo de Estado contra el representante a la Cámara por el departamento del Cesar, Alfredo ‘Ape’ Cuello, el máximo tribunal ordenó la práctica de pruebas para determinar la participación del congresista cesarense en la financiación de la campaña del hoy alcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhía.

El quejoso está solicitando la perdida de la investidura del del congresista conservador, quien habría hecho aportes significativos para que Ramírez Uhía, se quedará con la alcaldía de la capital del Cesar.

Dentro de lo ordenado por el Consejo de Estado se pide al Partido Conservador Colombiano presentar una copia del acuerdo de coalición firmado entre el grupo significativo de ciudadanos Avanzar es Posible, Partido Conservador Colombiano y Partido Alianza Social Independiente.

De la misma forma se pide al Congreso enviar acta de posesión y ocupación de la curul de Cuello Baute y al Partido Conservador confirmar si ‘Ape’ Cuello fue directivo del partido entre el 1 de junio y 30 de septiembre de 2015.

Además se solicita oficiar al Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral para que remita copia con sus anexos del informe consolidado de ingresos y gastos que presentó el Partido Conservador Colombiano respecto a la campaña electoral para las elecciones del 25 de octubre de 2015, donde conste en particular lo relacionado con el candidato a la Alcaldía de Valledupar. De igual manera está petición fue hecha al Movimiento Avanzar es Posible y a ASI.

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El Consejo de Estado admitió la demanda presentada por un ciudadano contra el representante a la Cámara por el departamento del Cesar, Alfredo ‘Ape’ Cuello Baute, por su apoyo económico a la candidatura de Augusto Ramírez Uhía, a la alcaldía de Valledupar.

Por reparto, el proceso le correspondió a la magistrada Rocío Araujo Oñate, quien en la Providencia del 9 de febrero, decretó que: “teniendo en cuenta que la solicitud presentada por el ciudadano Hugo Alexander Vásquez Jiménez...se ajusta a los requisitos...se decreta su admisión y en consecuencia se dispone: Notifíquese personalmente a Alfredo Ape Cuello Baute”, hecho que se registró el 15 de febrero de 2017.

La demanda, presentada por Hugo Alexander Vásquez Jiménez, busca la pérdida de investidura que como representante a la Cámara por el departamento del Cesar ostenta Alfredo Ape Cuello Baute.

Dentro de las actuaciones del proceso se registra que el día 13 de febrero se notificó personalmente al procurador sexto delegado ante el Consejo de Estado, Álvaro José Martínez Roa, sobre el contenido de la providencia. Mientras que el 17 de febrero, en el Consejo de Estado se recibió “memorial suscrito por Alfredo Ape Cuello Baute, en 18 folios”; y la última actuación se dio el pasado 22 de febrero cuando se recibió el “memorial suscrito por Jorge Humberto Mantilla Serrano, Secretario General de la Cámara de Representantes en dos (2) folios”.

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En medio de un mar de dudas y nervios, 16 de los 19 concejales acataron el fallo del Consejo de Estado y dieron su voto positivo para elegir a Omar Contreras Socarras, como nuevo Contralor de Valledupar después de un largo proceso jurídico que inició tras la elección de Álvaro Castilla Fragoso, en enero de 2016 para dirigir los destinos del órgano de control fiscal durante el periodo 2016 – 2019.

Los concejales llegaron al recinto y después de discutir por un largo rato varios temas relacionados con la elección del contralor, entre ellos la petición de Ricardo López, de declararse impedido por tener vínculos familiares con uno de los dos elegibles, petición que fue denegada, procedieron después de una hora y 19 minutos a la elección de manera nominal.

Ante el llamado a lista, cada uno de los corporados dejó claro que basados en el concepto de la función pública que da cuenta de que Contreras no estaba inhabitado para ocupar el cargo de Contralor y acatando el fallo de Consejo de Estado fechado el 15 de diciembre de 2016, y 16 votaron positivamente por Omar Contreras Socarras, quien obtuvo el mayor puntaje en el concurso de mérito para proveer el cargo de Contralor de Valledupar; se registraron dos votos en blanco y hubo un concejal ausente.

Los ediles conservadores Guido Castilla y Wilber Hinojosa, después de darle lectura a un extenso documento, decidieron votar en blanco; mientras que Dorismel Celedón, estuvo ausente del recinto por encontrarse hospitalizado, aunque no registró excusa o incapacidad.

Omar Contreras Socarras, nuevo Contralor de Valledupar tendrá 20 días para organizar la documentación y los requisitos para posesionarse en el cargo por lo que resta del periodo.

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Como un fracaso total catalogaron los pocos asistentes que acudieron a la convocatoria hecha por la mesa directiva del Concejo de Valledupar para analizar con los varios abogados las alternativas jurídicas y tener luces sobre el camino que deben tomar los concejales para la elección del nuevo contralor municipal en reemplazo de Álvaro Castilla Fragoso, a quien el Consejo de Estado le anuló la elección.

De ante mano se conocía que la Procuraduría Regional del Cesar no participaría de la invitación, ya que  la procuradora María Antonio Orozco Durán, a través de un oficio enviado a la mesa directiva había fijado cual era la posición del órgano de control. Tampoco se hizo presente  en el recinto el aspirante al cargo Omar Contreras Socarras, quien obtuvo el mayor puntaje, ni su abogado; Concejales solo llegaron 9 de los 19, y además brillaron por su ausencia los decanos de las facultades de derecho de la UPC y la UDES, por lo que después de la intervención del candidato Jorge Araujo Ramírez, se levantó la sesión.

Con el fracaso de esta jornada de trabajo, solo resta esperar que inicie el primer periodo de sesiones ordinarias para que los concejales definan el tema sobre la elección del Contralor de Valledupar.

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Una vez notificados por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, que el fallo de la Sesión Quinta del Consejo de Estado donde decreta la nulidad de la elección de Álvaro Castilla Fragoso, como Contralor Municipal, quedó plenamente ejecutoriado, los concejales de Valledupar deben tomar una decisión para darle cumplimiento a la disposición del alto tribunal de elegir al nuevo representante del órgano de control fiscal.

La Tribuna del Cesar conoció que ante la complejidad del caso,  los concejales vienen sosteniendo reuniones con un grupo de abogados especialistas en temas administrativos, para buscar luces que les permitan tomar una decisión ajustada a la Ley a la hora de darle cumplimiento al fallo del Consejo de Estado.

En los encuentros con los profesionales del derecho, los corporados también vienen estudiando las hojas de vida de Omar Contreras y Jorge Araujo, quienes hacen parte de la lista de legibles para elevar una consulta a la Comisión Nacional del Servicio Civil que les permita despejar las dudas sobre presuntas inhabilidades de los dos aspirantes.

Las dudas sobre las inhabilidades surgen a raíz de comentarios que dan cuenta de que Araujo no podría ser elegido porque ejerció funciones de auditor durante el año anterior al concurso; mientras que Contreras estará impedido no sólo por ser pariente del exalcalde Fredys Socarrás Reales, a quien deberá auditar su gestión, sino por el trabajo que realiza en la Defensoría del Pueblo.   Los concejales también tienen  que despejar las dudas sobre la renuncia de Álvaro Castilla Fragoso, lo que para los entendidos generó una vacancia absoluta del  cargo y debe ser convocado un nuevo concurso.

Con todos estos agravantes, el debate se abrirá en las sesiones extras que tiene previstas convocar el alcalde de Valledupar para los próximos días o en su defecto cuando inicie el primer periodo de sesiones ordinarias del 2017.

 

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