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El sonado litigio por el nombramiento del personero de Chiriguaná se inclina parcialmente a favor de la mandataria de esa localidad Zunilda Toloza, luego de que ayer directamente desde Bogotá fue absuelta en primera instancia junto a los concejales implicados en el caso de dicha elección.

El fallo fue dictado por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, sentencia que le va poniendo punto final al proceso por la demora en la elección del personero municipal, Pedro Miguel Peinado.

La denuncia fue impetrada en contra de la mandataria y los concejales por supuestamente negarse al cumplimiento de un fallo de tutela del Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, del 8 de junio de 2016, que ordenaba elegir y posesionar al ganador del concurso para el cargo de personero, Pedro Miguel Peinado, quien logró posesionarse solo hasta el pasado 3 de noviembre de 2017.

El proceso fue enviado desde el pasado mes de julio a Bogotá en donde ayer finalmente, tras la audiencia que lideró el Procurador General, Fernando Carrillo se produjo el fallo absolutorio en primera instancia.

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Hoy a partir de las 9:30 de la mañana, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, citó para audiencia de fallo de primera instancia, dentro de la investigación que se sigue contra la alcaldesa Zunilda Toloza y los concejales de ese municipio por negarse al cumplimiento de un fallo de tutela del juzgado civil del circuito de Chiriguaná, del 8 de junio de 2016, que ordenaba elegir y posesionar al ganador del concurso para el cargo de personero, Pedro Miguel Peinado.

La audiencia será transmitida vía satélite para que las partes puedan presenciar y escuchar la decisión en el auditorio de la Procuraduría Regional en Valledupar. Como se recordará la alcaldesa Toloza Pérez no atendió una orden del Juez Promiscuo Municipal de Pailitas quien la exhortó a convocar a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal para que dieran cumplimiento a la orden de tutela pero la funcionaria desatendió la orden.

La investigación fue trasladada a Bogotá desde el mes de julio del presente año como consecuencia de la audiencia que el Procurador General, Fernando Carrillo, adelantó en Valledupar a fines de mayo, durante la cual se expusieron posibles hechos de corrupción entre ellos el caso de la personería de Chiriguaná.

El pasado 4 de noviembre, por orden de otra tutela, Pedro Miguel Peinado fue elegido y posesionado como personero municipal por el Concejo municipal.

En el pliego de cargos contra los investigados, se calificó la conducta como gravísima a título de dolo, por los delitos de prevaricato y fraude a resolución judicial.

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Diez concejales de Aguachica estuvieron en el Encuentro Nacional de Concejales que recientemente terminó en Medellín quienes respaldaron la propuesta al Congreso de la República para que se modifique la estructura del sistema de salud en Colombia.

Lo que se quiere es crear Unidades Administrativas Especiales que estarían adscritas a municipios o departamentos, y asumirían las funciones y competencias de las EPS.

Por Aguachica asistió el presidente del Concejo Edy Jhoana Bayona, el primer Vicepresidente Rafael Molano Pinto, el segundo vicepresidente Carlos García y otros cabildantes más que completaron la decena.

En total asistieron cerca de mil 200 concejales quienes también abordaron el futuro de las campañas electorales,  la responsabilidad de los concejos en el Plan de Ordenamiento Territorial para el desarrollo de territorios sostenibles; y los esquemas asociativos de sostenibilidad y competitividad.

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El anuncio de tercerización de algunos servicios que presta Emdupar no cayó bien entre la Corporación Concejo de Valledupar en donde hoy a las 9 de la mañana se cumplirá un debate en donde se tratarán temas relacionados con la conveniencia o no de tal determinación.

Ya en el pasado se trató el caso, y hoy con presencia de la comisión integrada por el presidente, Luis Miguel Santrich, Carlos Picón, Guido Castilla, Dorismel Celedón, Wilber Hinojosa, José Gómez, Víctor Alvarado, con iniciativa del concejal Yesith Triana Maya, debatirán el asunto.

También asistirán los representantes de la empresa Emdupar, sindicatos, los de la firma que hizo el estudio para establecer la tercerización, el Contralor y Personero Municipal, medios de comunicación y comunidad en general.

Así mismo, estudiarán las conveniencias y condiciones de los contratos que se procuran suscribir, sobre las ventajas y desventajas de establecer ese proceso de intermediación de terceros en la prestación del servicio a cargo de la empresa.

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Mediante la resolución No 371 del 13 de julio de 2017, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ordenó el traslado a Bogotá de la investigación disciplinaria que se sigue contra la alcaldesa de Chiriguana y 7 concejales de esa municipalidad, toda vez que el proceso es de suma trascendencia y de alta importancia para el máximo representante del ministerio público, toda vez que en la regional Cesar, las decisiones no han estado claras.

La mandataria y los concejales son investigados por el incumplimiento a un fallo de tutela de segunda instancia emitido por el Juzgado Civil del Circuito, el día 8 de junio de 2016, donde ordenaba derogar los actos administrativos que desembocaron en la elección de Luzoan Caro Padilla, como personera municipal de Chiriguaná y retomar los resultados finales del concurso de méritos para ese cargo, desarrollado por la Universidad de Cundinamarca.

El Procurador General de la Nación se había llevado la inquietud de la audiencia pública que realizó en Valledupar, donde el propio tutelante Pedro Miguel Peinado, hizo la denuncia manifestando que: "los concejales patrocinados por la alcaldesa municipal de Chiriguaná violan la ley, se burlan y desafían a las autoridades sin que nada les pase porque cuentan con la complacencia y complicidad de algunas autoridades".

En los últimos 18 meses Chiriguaná ha tenido tres personeros, Luzoan Caro Padilla, Jader Cabrera y Emilio Medina Noriega, los dos primeros encargados y el ultimo elegido mediante un nuevo concurso que ya fue demandado y se encuentra bajo estudio en el juzgado 7 administrativo de Valledupar.

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La Procuraduría Regional sancionó en fallo de primera instancia a seis de los once concejales del municipio de Pailitas, sur del Cesar, por negarse a aprobar el plan de desarrollo, lo que para la administración municipal se convirtió en tropiezo.

El fallo del Ministerio Público suspende por 90 días del cargo a los concejales, Olinto Carrero, del Polo Democrático; Elías Clavijo y Elexso Trigos, del Mais; Wilmar Cuellar Pérez, Nefer Angarita y Luís Baute del partido de la U.

De acuerdo a lo que conoció la Tribuna del Cesar, los ediles fueron denunciados por el alcalde Said  Castro, bajo el  argumento que los coadministradores y representantes de las comunidades se han dedicado a torpedear las iniciativas que presenta el ejecutivo para beneficio de la comunidad y fueron los principales opositores del Plan de Desarrollo, que es la carta de navegación que tiene las administraciones para generar acciones que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la población en materia de salud, educación, vivienda, deportes y recreación, programas sociales, entre otras áreas.

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El Ministerio Público inició investigación de carácter preliminar contra siete concejales que eligieron al Personero de Riohacha, Hugues Rafael Ariza Tatis, por encontrarse en una presunta inhabilidad.

Los concejales investigados son Charles De Jesús Aguilar Medina, Pablo Emilio Fonseca Deluque, Silvina Isabel Ibarra Meza, Aloima Rafael Miranda Arregoces, Yeiner Eliecer Osorio Ariza, Nubia Yaneth Socarras Ramírez y Ever David Quintana Rodríguez.

En un principio los concejales no le dieron importancia a la denuncia, pero, la Procuraduría encontró méritos para llamarlos a audiencia y se defiendan sobre las imputaciones que existen en la queja le interpuso el exconcejal Reginaldo Deluque Díaz.

Según el denunciante, el Personero Hugues Rafael Ariza Tatis celebró el contrato No 0989 del 30 de septiembre del 2015, como docente catedrático para dictar clases en la facultad de ciencias económicas y administrativas, como también en la facultad de ciencias sociales y humanas, en la universidad de La Guajira.

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La Procuraduría Regional de La Guajira ha acusado a 7 de los 17 concejales de Riohacha, porque estarían presuntamente inmersos en una inhabilidad tras haber elegido al Personero del Distrito, Hugues Ariza Tatis, quien se presume estaría impedido para fungir en este cargo.

Los denunciados por el ente de control son los concejales Charles De Jesús Aguilar Medina, Pablo Emilio Fonseca Deluque, Silvina Isabel Ibarra Meza, Aloima Rafael Miranda Arregoces, Yeiner Eliecer Osorio Ariza, Nubia Yaneth Socarras Ramírez y Ever David Quintana Rodríguez.

La denuncia fue interpuesta por un exconcejal de Riohacha, Reginaldo Deluque Díaz, quien fue aspirante en las pasadas elecciones, este utilizó de argumento que, el actual Personero celebró el contrato  No 0989 del 30 de septiembre del 2015, como docente catedrático para dictar clases en la facultad de ciencias económicas y administrativas, como también en la facultad de ciencias sociales y humanas, en la Universidad de La Guajira.

Para el quejoso, los servidores público habrían violentado el artículo  174 de la ley 136 de 1994 dice: que durante el año anterior a su elección, haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros o haya celebrado por sí o por interpuesta persona contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.

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Quince concejales del periodo pasado de Aguachica fueron notificados del auto de apertura de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional Norte de Santander y provincial de Ocaña, por  el acuerdo municipal de facultades y autorización para reestructurar la planta de personal del Municipio.

La mayoría de estos concejales son repitentes, como es el caso de: Edy Jhoana Bayona, Nahun Molina Cabiedes, Rafael molano, Carlos García, Ely Chogo, Jairo Ojeda, Juan Almanza, José Ignacio Saldaña Flores, Pedro Antonio Solano Pérez, Roque Tarquino Sánchez, José Avendaño, Wifer Reyes, Boner Contreras, a quienes el Ministerio Público formulo pliego de cargos y señaló de haber incurrido en falta gravísima al otorgar facultades para concesionar el servicio de alumbrado público.

El ente de control asegura que los ediles en su momento desconocieron sus deberes y funciones al trasgredir los preceptos de orden legal y constitucional que le fueron atribuidos en el momento de tomar posesión de su cargo. La presunta falta fue calificada provisionalmente como grave, cometida a título de culpa.

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El reciente fallo de segunda instancia (del 18 de octubre) de la Procuraduría General de la Nación que absolvió a los 15 concejales vallenatos fue un baldado de agua fría para todos los que estaban pendientes de esta decisión. Con los crespos hechos quedaron quince aspirantes a reemplazar a los quince sancionados, quienes guardaban la esperanza de que el ente de control confirmase la decisión sancionatoria. Pero no sólo ellos fueron los defraudados, también la mayor parte de la comunidad valduparense que se sintió burlada porque creía que, por fin, se iba a sentar un precedente para aquellos funcionarios que infrigiesen la ley, los cuales serían sancionados con todo el rigor sin importar su color político, su alta influencia social o los padrinos que tuviesen. No fue así.

En efecto, después de la contundencia del fallo de primera instancia del pasado 15 de junio –destitución e inhabilidad de 13 años–, muy pocos auguraban que la segunda instancia fuese a ser tan benigna con los disciplinados, en particular porque el fallo sancionatorio desnudó con pelos y señales las protuberantes falencias e irregularidades en las cuales incurrieron los quince corporados para elegir al contralor municipal de Valledupar, Álvaro Castilla Fragozo. Ciertamente, el primer fallo que consta de más de 200 páginas y fue proferido por el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Gustavo Adolfo Castro Capera, tuvo como parte vital de su fundamentación dos pronunciamientos previos del órgano de control que advertían a los cabildeantes antes de la elección, las posibles irregularidades de elegir como contralor a una persona que tenía un claro conflicto de intereses para ejercer su función, habida cuenta que había sido el mayor financiador del alcalde a quien habría de vigilar. Adicionalmente, Castilla Fragoso fue quien obtuvo el menor puntaje del concurso de méritos, pues lo superaron, con creces, los otros dos ternados: Jorge Araújo y Omar Contreras Socarrás. Pese a estas dos advertencias los concejales elegieron a Castilla Fragozo.

En este sentido, en Valledupar existía el convencimiento dentro del colectivo social que de ésta los 15 concejales no saldrían inmunes. Los más optimistas contemplaban la posibilidad de que, en segunda instancia, le cambiasen la sanción de destitución por otra menor como una suspensión de dos o tres meses, suspensión que estratégicamente “coincidiría” con el periodo de receso o vacaciones del Concejo para que, en la práctica, no tuviera efectos y, finalizado dicho periodo, pudiesen reintegrarse a sus cargos. Ni al más avezado analista político le pasaba por la cabeza la opción de la absolución.

Así se volteó la arepa: votos por fallos

¿Cómo se dio este giro de 180 grados en tan corto tiempo? ¿Cómo pasó la Procuraduría de sancionar drásticamente a los 15 concejales y al contralor municipal a absolverlos en tiempo record?

El milagroso salvavidas de los concejales surgió hace 5 semanas cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura conformó las cuatro ternas para proveer cuatro de las siete plazas existentes en la recién creada Comisión Nacional de Disciplina Judicial, único órgano que sobrevivió a la malograda Reforma al Equilibrio de Poderes y que reemplaza a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con dicha reforma que modificó el artículo 257 de la Constitución Política, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estará conformada por siete magistrados, tres de los cuales serán postulados por ternas enviadas por el Presidente de la República y los cuatro restantes por ternas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, todos serán elegidos por el Congreso en Pleno, lo que significa que necesitan votos tantos de senadores como de representantes.

Estas cuatro ternas fueron conformadas a finales del pasado septiembre, y en dos de ellas hay aspirantes muy cercanos al exprocurador Alejandro Ordoñez Maldonado. En efecto, en la primera terna conformada por Diomar Camacho, Jorge Caldas Vera y Jaime Moreno Acero, se destaca que tanto Diomar Camacho como Jorge Caldas Vera son actuales funcionarios de la Procuraduría: Camacho es actual procuradora delegada y muy cercana a Ordoñez. Por su parte, Caldas Vera es procurador delegado en lo penal.

Pero es la tercera terna la que acapara la atención del exprocurador. En esa terna están María Eugenia Carreño, procuradora delegada para asuntos electorales, Jhon Jaiver Jaramillo Zapata, exfuncionario de la alcaldía de Medellín y Claudia Torres Barajas, magistrada de la Sala Disciplinaria de la Judicatura en Antioquia. Naturalmente, María Eugenia Carreño es la carta por la que está jugado el exprocurador. Carreño fue una de las funcionarias más cercanas a Ordoñez en sus dos periodos y la responsable de destituir a una decena de altos funcionarios, entre ellos tres gobernadores. Por su carácter recio se ganó el apodo de “la dama de hierro”. Ha trabajado con Ordoñez desde hace más de 20 años cuando fungió como judicante en el Tribunal Administrativo de Santander, además de haber sido su estudiante en varias asignaturas. Carreño es santandereana como Ordoñez.

Como el lector podrá imaginar a esta altura, recientemente se selló un acuerdo político entre los cinco congresistas del Cesar (el senador Gnecco y los cuatro representantes) para votar a favor de las cartas de Ordoñez en las ternas presentadas al Congreso para la Comisión de Disciplina Judicial y como contraprestación la Procuraduría a través de la procuradora encargada Martha Isabel Castañeda (que aún recibe instrucciones de Ordoñez) se comprometía a revocar la sanción de primera instancia y absolver a los concejales y al contralor. Dicho y hecho. Todas las miradas apuntan al representante Alfredo "Ape" Cuello Baute, el único de los cinco parlamentarios con la suficiente sagacidad de confeccionar esta filigrana de alto turmequé y quien, además, estaba en deuda con los concejales, pues  según el dicho de un concejal que pidió reserva del nombre, en una reunión Ape le habría garantizado a los corporados que él se encargaba de la Procuraduría, por lo que no debían tener temor de votar por Castilla a la Contraloría y por Lorena Cabrera a la Personería. 

La elección de Fernando Carrillo el pasado jueves como nuevo Procurador General precipitó el cumplimiento de ese pacto. La Procuraduría filtró el fallo absolutorio el viernes por la tarde bajo la premisa de que noticia que sale el viernes muere el fin de semana. Era entendible, el fallo tenía que ser tomado antes de la votación en el congreso para suplir las vacantes de la Comisión de Disciplina Judicial.

Sin embargo, fueron tan burdos en la toma de esta decisión que ha transcendido en las redes sociales que sólo hasta el 25 de octubre, mediante resolución número 498, la Procuradora encargada Martha Isabel Castañeda decidió reasignar el proceso que adelantaba la Sala disciplinaria de la Procuraduría y otorgarle competencia a la viceprocuradora. No obstante el fallo de segunda instancia está fechado el 18 de octubre de 2016 ¿Cuál de los dos documentos es espurio? Averígüelo Vargas y ordoñese de la risa.

Publicado en Política
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