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Por la construcción del relleno sanitario y la laguna de oxidacion, algunas comunidades indígenas Wayúu del Distrito de Riohacha se sienten afectadas, el descontento con el proyecto lo han venido manifestando en las diferentes socializaciones.

Corpoguajira busca conjuntamente con los líderes comunitarios soluciones al conflicto que ha llegado hasta la comunidad de Campo Alegre, donde se sostuvo un encuentro con los vecinos.

La Lomita, Aluwatachon, Caricari2, Apurimana2, Trampa del Tigre, Campo Alegre, Puerto Pacheco, El Jope y Galilea, entre otras comunidades, fueron participes de la reunión.

Se contó con la presencia de la consejera por los indígenas ante el Consejo Directivo, Zoila Brito; el delegado mesa de diálogo Wayúu, Alberto Mendoza Amaya; la autoridad tradicional Solivita, Israel Ballesteros y el representante legal asociación autoridades tradicionales Suliwaou, Carlos Uriana.
Una de las quejas que lanza la comunidad es que con la construcción de esta laguna de oxidación y relleno sanitario, la crisis en tema de agua será aun más aguda, pide solución a ello para poder dar vía libre al desarrollo del proyecto.

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Inconformes se encuentran un sector de la comunidad de Curumaní por el deterioro que presenta el parque del Sagrado Corazón de Jesús el que de acuerdo a las denuncias ha sido tomado por alcohólicos y drogadictos quienes ante la falta de vigilancia se han apoderado de las áreas de recreación.

Uno de los factores a que atribuyen la toma de los antisociales, obedece a que una reforma arquitectónica, bloqueó algunas zonas transitables lo que ha dejado taponados algunos accesos, los que han sido activados como guaridas y ollas de consumo de estupefacientes.  Dicen los quejosos que fue tan absurda la transformación que habilitaron hasta un orinal público que contrasta con la presencia de menores que llegan a recrearse.

El mal diseño arquitectónico del que culpan en parte el caos en que se encuentra el sitio de recreación, se debe al taponamiento de la calle 8 que conducía a la carretera central hasta el barrio San José impidiendo una movilidad que causa injerencia en la vida del parque, dejándolo aislado y solitario lo que es terreno abonado para los desadaptados que hoy han desplazado a los deportistas y menores que antes utilizaban los juegos infantiles.

Ante tales anomalías, están solicitando la intervención de la administración municipal para que se revalúe esta construcción dándole prelación a la movilidad e iluminación del sector para que pueda regresar la diversión en el lugar y salgan los viciosos de la zona.

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Pese a contar con el permiso de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, a través de la Coordinación de Recursos Naturales, la Junta de Acción Comunal del barrio 5 de Enero no ha podido talar un enorme árbol de Ceiba que pone en peligro a la comunidad y transeúntes.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Iván Alfonso Meneses Quintero advirtió que la ceiba está enferma y con cualquier viento podría caer y causar una tragedia.

El árbol en mención está ubicado en la parte de atrás de la cancha del barrio.

Meneses Quintero pidió la presencia de prevención de desastres del municipio para que actué en consecuencia.

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Enfermedades se han desatado en ciertos sectores de La Guajira, esto, por cuenta de la falta de control en las diferentes farmacias y del sacrificio de ganado, denuncia la comunidad.
Tal es el caso del corregimiento de Mingueo, donde medicamentos vencidos y carne que no cuenta con normas de higiene lo que ha provocado que muchos niños resulten enfermos.

Al centro de salud de dicho corregimiento se han presentado en varias ocasiones niños con problemas diarreícos a causa de enfermedades asociadas al consumo de los elementos antes mencionados.

“En días pasados, llegaron niños con problemas gastrointestinales, situación que obedece al suministro de medicamentos vencidos”, precisó Leidy Daza, enfermera del Centro de Salud de Mingueo.
Hay casos comprobados en localidades donde infantes enfermos han sido víctimas de la dosificación de medicinas vencidas, lo que la comunidad pide es que la autoridad en salud regule el tema.

La secretaria de Salud del Municipio, Graciela María Campo Murgas, por su parte indicó que esa inspección y vigilancia a las farmacias del municipio le corresponde a la Secretaría de Salud Departamental, a lo que José Octaviano Liñán, secretario de Salud Departamental, precisó que los casos los debe reportar la Secretaría Municipal, pero que los operativos y la misma sanción corre por cuenta del Departamento.
Los lugareños piden acciones que garanticen tanto alimentos en buen estado como medicamentos óptimos para la comunidad.

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El próximo 20 de septiembre comunidades en el departamento de la Guajira definirán la fecha para comenzar un paro cívico en el cual pondrán en evidencia la crisis en la que está el departamento. 
Lugareños piensan exigir al Gobierno Nacional en el paro la creación de políticas públicas para mitigar los impactos de la minería que derrumbó la vocación agrícola y comercial de un territorio que ha perdido, entre muchas cosas, la soberanía alimentaria.

El presidente del Comité Cívico por la dignidad de la Guajira,  Felipe Rodríguez, en 1980 la Guajira le aportaba al país, en materia agrícola y comercial el 80% del PIB a la nación, pero cuando a finales del siglo pasado se impuso la vocación minera, se quebró el sector agrícola y hoy no llega a aportar el 7% señalando además que el 60% de la minería que se realiza en el país ocurre en los territorios guajiros.

“El departamento ha perdido la capacidad de producir sus propios alimentos y las personas se están muriendo de hambre, han aumentado la desigualdad social en los ingresos, el 60% de las personas que viven en la Guajira ganan menos de un salario mínimo porque la minería acabó con los empleos solo el 2.9% de los empleos los genera la minería y el 87% son trabajos informales” señaló el líder.

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Valledupar 'rebosado' con el tema de Emdupar

Polémico ha sido el tema de la tan sonada tercerización de servicios de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, en esta ciudad, mientras las autoridades vigilantes hacen el proceso para examinar que tan factible o no es el proyecto, la comunidad se queja de una mala prestación servicios y atención en sus necesidades que recibe por parte de la entidad.

En referencia a los debates que se siguen en torno al tema, lo más reciente conocido, por supuesto, a través de La Tribuna del Cesar y demás medios de la región, se anunció el aplazo de la decisión de adjudicar que firma se encargará de la tercerización de la parte comercial de la Empresa de Servicios de Valledupar, Emdupar, mientras se hace la audiencia pública la cual no se hará el 12 del presente mes, porque el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, quiere estar presente en la misma.

Alfonso Campo Martínez, personero de Valledupar, quien convocó la Audiencia Pública para debatir el proceso de la tercerización de Emdupar, dijo que está se desarrollará en las instalaciones del Archivo Departamental, el 25 del presente mes.

El objetivo principal del mecanismo de participación es informarle a la ciudadanía si la tercerización de Emdupar es viable o no, y cuáles serían sus beneficios y perjuicios para el Municipio y los usuarios . A la Audiencia fueron convocados la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión Regional de Moralización, el alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía y concejales de Valledupar.

Quisimos preguntarle a nuestros oyentes: ¿Está de acuerdo con la decisión de aplazar dicha audiencia? ¿Cree que la tercerización optimizará los servicios de Emdupar?, Esto respondieron:

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Después de dos años de que la Procuraduría General de la Nación advirtiera que la represa del río Ranchería, ubicada en el municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira, cumplía con “tan solo uno de los cuatro objetivos para los que se construyó”, la situación hoy continúa igual, también aseguró después de una visita que realizó a La Guajira por el intenso verano que azotaba por esa época a esta región y la escasez de agua evidente, “llama la atención del Ministerio Público el porqué los diferentes municipios que se beneficiarían con el proyecto no han realizado sus conexiones a la presa para surtirse del preciado líquido para sus pobladores, además de la aparente falta de control por parte de Corpoguajira en la vigilancia de las concesiones de agua otorgadas”.

Por lo anterior, la Asociación Shipia Wayuu, a través de la abogada Carolina Sáchica, interpuso una tutela en la que se solicitó que se liberara el agua del río Ranchería, cuyo caudal hídrico es el más grande de La Guajira.

“Este está totalmente seco y los habitantes de los alrededores no tienen acceso al agua y, adicionalmente, porque fue construida una represa que detiene su cauce”, se argumenta en la petición en la que se tutelarán los derechos fundamentales al agua, vida, integridad personal y dignidad humana del pueblo wayuu.

Son $580.000 millones los que hacen falta para terminar la segunda fase del proyecto multipropósito de la represa del río Ranchería de La Guajira, con lo que se podrá surtir de agua los distritos de riego, abastecer de agua nueve municipios guajiros, generar energía e irrigar unas 18.000 hectáreas que se utilizarán en la siembra de hortalizas y frutas.

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Los indígenas arhuacos que comparten territorio en la Sierra Nevada en el Cesar, Magdalena y La Guajira tendrán un centro de pensamiento en el que los jóvenes de esa comunidad se convertirán en guardianes de su historia y conocimientos ancestrales.

Este campamento incluirá habitaciones, auditorio y biblioteca, según los planos entregados por la Fundación de la Asociación Nacional de Empresarios, ya existe una pared que marca el inicio de la puesta en marcha del proyecto.

Esta primera parte de la edificación comenzó el pasado 19 de agosto, cuando desmovilizados de grupos paramilitares, indígenas y empresarios construyeron piedra a piedra la primera pared, como un esfuerzo de reconstruir el tejido social divido por años de conflicto armado en el país.

Serán unos 200 jóvenes los que recorrerán el territorio y navegarán los ríos donde se asientan cerca de 30.000 integrantes de esa comunidad con quienes se hará una documentación digital del conocimiento. Posteriormente, los jóvenes más destacados tendrán la posibilidad de vivir un encuentro con pueblos indígenas de Estados Unidos y otros lugares.

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Cuando hace dos meses se anunciaba la intervención a la empresa prestadora del servicio de energía en la Costa, Electricaribe, la comunidad de este segmento del país pensó que por fin su voz había hecho eco, veían luz verde para salir del dolor de cabeza que ha representado la entidad por el pésimo servicio que presta y los altos costos que genera en facturación, aun cuando hay municipios en los que viven más sin luz que con ella.

Las protestas y quejas no han cesado, recientemente, Curumaní, Cesar, que siempre ha padecido por culpa de Electricaribe quiso recordarle a las autoridades locales que no quieren ni poquito a la empresa y que piden por favor liquiden la misma para que llegue a operar otra.

Sin embargo, los cesarenses, así como los habitantes de otros departamentos del Caribe colombiano se preguntan donde están los abanderados de la causa que hace unos meses sacaban pecho mencionando que la empresa ya no abusaría más del usuario, ¿Dónde están los que ilusionaron a los costeños con descansar de los excesos de Electricaribe?.

Esto dijeron los tuiteros:

-Rogelio Jimenez C‏ @rogeliojmnz 

¿Será que hay intereses políticos con esa empresa? No veo el por qué la empresa sigue como si nada!!!

-Yaneth Carrillo‏ @yancarrdaz

Porque será q los que tenían la bulla se han quedado quietos? eso es pura pata de ahogado pa q los que llevamos del bulto creamos q tristeza

-laurence algarra‏ @laurencealgarra 

Los parlamentarios que principio supuestamente la atacaron le dieron puestos, ya se quedaron callados , pregunten quien manda en Valledupar

- @Jhonky37

@RadioGuatapuri @ElectricaribeSA otra jugarreta más de los politiqueros en la costa, en elecciones vuelven y salen.

Así opinaron los oyentes:

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De eso bueno no dan tanto

Es de conocimiento público que la empresa de servicios públicos de Valledupar, Emdupar, enfrenta desde hace varios años serios problemas y desafíos que ponen en riesgo su continuidad, su capacidad para prestar un servicio eficiente y su viabilidad financiera. Es apenas justo reconocer que son problemas enquistados de tiempo atrás y no son exclusivos de la actual administración.

Recientemente, la Superintendencia de Servicios publicó un informe que condensa una evaluación integral realizada a Emdupar en donde ésta sale muy mal librada. La SuperServicios encontró, entre otros factores de riesgo, que (i) la empresa no cuenta con los permisos de captación y caudal concesionado para abastecerse del agua que toma del río Guatapurí, pues tales permisos están vencidos desde el 2010; (ii) además de no tener permiso, Emdupar está captando un caudal superior al concesionado por Corpocesar; (iii) la planta de tratamiento de agua potable está diseñada para soportar turbiedad hasta 2.000 NTU, pero en épocas de lluvia la turbiedad supera este nivel y debe suspenderse el servicio.

En materia financiera, el informe de la SuperServicios señala como principal factor de riesgo el alto pasivo laboral que asciende a la suma de $7.788.535.000, que corresponde al 25% del total de cuentas por pagar de la empresa. E indica el informe que la principal causa de este altísimo costo es la convención colectiva de trabajo que contempla excesivas prestaciones extralegales para los empleados afiliados al sindicato. En igual sentido, señala al alto incremento de los gastos de administración en un 47.05%, por encima del incremento de las ventas de servicios de acueducto y alcantarillado.

En materia comercial, la SuperServicios indica que Emdupar tiene con corte a octubre de 2016 cerca de 88.000 usuarios del servicio de acueducto y 87.000 del de alcantarillado, cifra que no se compadece con el tamaño actual de la ciudad que ronda por el medio millón de habitantes. Asimismo, la SuperServicios encontró problemas en la medición del consumo de agua, en la facturación de la misma por cuanto en su gran mayoría se hace por promedio y no por lectura efectiva, en el recaudo y en la recuperación de la cartera, la cual ascendía a más de $60.000 millones, de los cuales el 70%, esto es, $42.000 millones, tenía más de un año de vencida.

A este panorama complicado hay que agregarle el reciente embargo de CORPOCESAR a Emdupar por una deuda que supera los $6.000 millones, ocasionada por el no pago de los derechos de captación de agua y derechos de vertimiento.

Sin embargo, frente a toda esta compleja situación la actual administración de la empresa ha querido presentarle a la opinión publica como tabla de salvación la celebración de un contrato de colaboración empresarial con Radian, una empresa contratista de las Empresas Públicas de Medellín y de otras empresas de acueducto del país como Cartagena, Villavicencio, Bucaramanga, Cali e Ibagué, entre otras.

En primer lugar, cabe decir que la alianza con Radian sólo ataca uno de los problemas de la empresa: el aspecto comercial, pues tal como está planteado el contrato, Radian se encargaría de unificar varios aspectos de la cadena comercial que hoy están tercerizados (medición, facturación, recaudo, suspensión, etc.). Según lo expuesto por el gerente de la empresa, Armando Cuello, Radian asumiría, por su cuenta y riesgo y por un plazo de 5 años, la funciones de facturación y recaudo, garantizándole a Emdupar un recaudo mínimo de $2.500 millones mensuales. Lo recaudado por encima de ese mínimo se repartiría en los siguientes porcentajes: 65% para Emdupar y 35% para Radian.

Frente a esto, caben varias observaciones: la primera es ¿por qué se tiene desde ya escogido el contratista? Para garantizar la transparencia de la selección del contratista, Emdupar pudo –aún está a tiempo de hacerlo– haber abierto el proceso realizando una invitación pública o privada a varios oferentes. No puede escudarse la administración en el hecho de que el régimen jurídico de la empresa le permite hacer este tipo de selección por cuanto deja un molesto sinsabor de escogencia a dedo y amañada.

En segundo lugar, ¿existe aquí una concesión disfrazada del servicio de facturación y recaudo de Emdupar?

En tercer lugar, ¿por qué se establece un porcentaje para Radian del 35% sobre el valor de lo recaudado en exceso? ¿Con cuáles criterios técnicos se estableció dicho valor? ¿No puede ser menor?

Finalmente, ¿por qué, adicionalmente, Emdupar plantea un contrato de interventoría al contrato de Radian? ¿No le basta con realizar directamente la supervisión al contrato? ¿Es absolutamente necesaria la interventoría? ¿Ya tiene también Emdupar escogido al interventor?

En síntesis, se requiere que la administración de Emdupar responda satisfactoriamente los interrogantes planteados y despeje las naturales dudas e inquietudes que un proceso de contratación como éste suscita en la opinión. También le conviene un poco de prudencia y recordar el refrán popular que reza que de eso tan bueno no dan tanto.

Publicado en Editorial
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