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Fue aplazada por quinta ocasión en el Juzgado Tercero Penal con Funciones de Control de Garantías, la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra la alcaldesa de Chimichagua, Maritza Pérez Ramírez, Luz Marina Zuluaga y Rufino Machado Cruz, sindicados por la Fiscalía 12 Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de Valledupar, por los delitos de prevaricato por acción y omisión.

El proceso judicial está relacionado con el no nombramiento en la gerencia del Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, de Claudia Patricia Gómez Ovalle, quien considera que sus méritos le otorgaron a través de concurso tal cargo y fueron vulnerados sus derechos.

La vista pública no se realizó debido a la excusa del abogado del Secretario de Gobierno Rufino Machado, uno de implicado y de acuerdo al Juez, para brindar garantías en las partes, porque no habían sido citados para una audiencia de acusación sino para un interrogatorio.

Ahora el ente acusador deberá realizar la citación en un lapso de tres días.

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Para hoy está programada por tercera vez en el Juzgado Tercero Penal con Funciones de Control de Garantías, la audiencia de imputación de cargos contra la alcaldesa de Chimichagua, Maritza Pérez Ramírez.

Pérez Ramírez, es investigada por delitos cometidos contra la administración pública.

La Fiscalía 12 Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de Valledupar debía imputarle cargos a pero la diligencia ha sido postergada primero ante excusa médica presentada por la defensa de la mandataria y posteriormente para asistir a un seminario en la capital del país.

El proceso judicial se inicia a partir del litigio por la gerencia del Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, dado que Claudia Patricia Gómez Ovalle considera que sus méritos le otorgaron a través de concurso tal cargo y ante considerar vulnerados sus derechos le formuló la denuncia ante la Fiscalía.

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La Procuraduria ha puesto la lupa en La Guajira por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, por ello, Fabio Velásquez Rivadeneira y Dilcey Yensith Acosta, en sus condiciones de alcalde y secretaría de Educación de Riohacha, para el periodo 2016 - 2019, tendrán que explicar ante el ente de control las presuntas irregularidades con la ejecución de un contrato efectuado con la Asociación Social del Caribe que tenía como objeto apoyar el Programa de Alimentación Escolar para los niños y niñas del departamento.

El contrato del que se habla tuvo un costo de 5 mil 713 millones de pesos con vigencia 2016, se suscribió de manera directa a través de un convenio de asociación, "jornada única y establecimientos focalizados en las zonas urbana, rural e indígena del Distrito de Riohacha, La Guajira”

De acuerdo a la Procuraduria presuntamente habrían participado en actividad contractual, al parecer, vulnerando el principio de transparencia y de selección objetivo de la contratación estatal, al suscribir este convenio, teniendo en cuenta que las obligaciones que tenía Asocar eranpropias de un contrato de suministro.
La diligencia está planteada para el 14 de septiembre a las 9:00 a.m., en la sala de audiencias de la Procuraduría General en Bogotá.

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Fracasó por novena vez en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, la audiencia de continuación de juicio oral en contra de Yeison Otero Quintero, alias Patacón, sindicado de la muerte a tiros de la periodista Nimia Peña, en septiembre de 2015 en la avenida Simón Bolívar de Valledupar.
Alias Patacón es acusado por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, partes o municiones y hurto calificado.

La diligencia judicial no se llevó a cabo porque el abogado de la defensa Fredy Gutiérrez no se presentó.

En la vista pública la defensa del acusado debería presentar las pruebas que demuestren la inocencia de Yeison Otero.

Hasta el momento no se ha fijado nueva fecha para la continuación de juicio oral.

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A las 9 de la mañana se llevará a cabo la audiencia de fallo en el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones del Conocimiento contra Víctor Alfonso Márquez López, 25 años de edad acusado por la Fiscalía de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y amenaza por el crimen de la menor Valentina Mugno Caballero, de 14 años de edad, ocurrido el 11 de junio de 2011 a las 10:00 de la mañana, en la manzana 33 casa 18 del barrio Villa Dariana de Valledupar, donde fue hallada estrangulada en el baño de su casa.

Valentina Mugno, al momento del crimen cursaba noveno grado en el Colegio ‘José Eugenio Martínez’ de esta capital.
Según la acusación de la Fiscalía la joven que recibió golpes en varias partes del cuerpo, se encontraba sola en la vivienda, ya que su madre Graciela Caballero estaba de viaje en el municipio de Codazzi, Cesar y su hermana en Astrea con sus dos sobrinas.
En la audiencia de acusación, no aceptó los cargos por lo que la Fiscalía presentó los elementos materiales probatorios durante el juicio oral.

Dentro de las pruebas entregadas mostraron los elementos hurtados en la casa de Valentina Mugno, que fueron encontrados en poder de Víctor Alfonso, el día de la captura, de igual forma el celular de la occisa que era de donde salían las llamadas amenazantes a familiares de la víctima y a sus amigas.

Víctor Alfonso habría ingresado por el patio de la casa de la menor y con un cable la asfixió, después del asesinato se habría hurtado las pertenencias que se encontraban en la habitación de la joven.

El acusado quien se encuentra recluido en la cárcel judicial podría purgar una pena entre 25 y 55 años de prisión.

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Se cumplió la audiencia de juicio Oral, en el Juzgado Único Penal Especializado, contra Germán Castilla Pitre, acusado por la Fiscalía 1 Especializada, contra el Crimen Organizado, por el delito de concierto para delinquir agravado.

En la vista pública fueron escuchados los testigos del ente acusador, entre ellos un patrullero de la Policía adscrito al grupo antinarcótico que participó en la investigación y posterior captura del sujeto.

Castilla Pitre, de acuerdo al informe pertenecía a la banda delincuencial del Clan de Golfo y cometía los delitos en Valledupar en el año 2011.

El sujeto perteneció al Bloque Norte de las Autodefensas.

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Aprovechando su presencia en el debate que el Concejo de Valledupar hizo ayer en defensa de la tercerización de algunos servicios en la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, el personero, Alfonso Campo Martínez citó a una nueva discusión, esta vez bajo su liderazgo.

Esta nueva Audiencia Pública será también para debatir la tercerización, la fecha escogida será el próximo 12 de septiembre en las instalaciones de Archivo Departamental.

El representante del Ministerio Público dijo que el objetivo principal será para informarle a la ciudadanía la viabilidad o no de esta pretensión

Estarán como invitados la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión Regional de Moralización, el Alcalde Augusto Ramírez Uhía y concejales de Valledupar, dijo Campo Martínez.

La diligencia integrará una comisión conformada por exgerentes de Emdupar, exalcaldes y la comunidad, para tener distintas perspectivas sobre la situación de esta empresa considerada patrimonio de los vallenatos.

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El Juzgado Segundo Penal Ambulante con Funciones de Control de Garantías concedió el beneficio de prisión domiciliaria a Oscar Tom Socarras, ex secretario de Tránsito, acusado por la Fiscalía 5 Especializada  Contra Delitos  a la Administración Pública por los punibles de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal y destrucción supresión u ocultamiento de documentos públicos y privados.

Asimismo el organismo investigador informó que los cargos se deben al desvio de recursos públicos a favor de terceros y propios con base a defraudación de documentos necesarios o manejados en los diferentes procesos de la Secretaría de Tránsito en Valledupar.

Por los mismos hechos también fueron beneficiados con casa por cárcel el pasado 27 de julio: José Vicente Ustariz Quintero, Margarita Rosa Rodríguez Tobón, Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez, Luis Eduardo Retamoso Marriaga y Omar Antonio López López.

Así mismo Leonardo Mestre Socarrás, Concejal de Valledupar, Leda Rosa Castillo Castilla, y en libertad plena, Luz Mabel Jácome Bastidas, Ana María Carranza Ditta y David Alberto Maury Silva;  pero siguen vinculados a la investigación.

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Fue aplazada para el próximo 15 de agosto la audiencia de lectura de fallo sobre años que deberá purgar Hernando Quintero Gutiérrez alias ‘Caja grande’, imputado por la Fiscalía por el delito de secuestro agravado, en hechos ocurridos el 28 de octubre de 2009 en la finca La Primavera del municipio de San Martín, sur del Cesar, donde resultó víctima el ganadero Jairo Jair Gómez Quiñonez.

La lectura de fallo será proferida por el Juzgado Único Especializado del Circuito de Valledupar.

De acuerdo al ente acusador, Quintero Gutiérrez podría purgar una pena de 37 a 50 años de prisión.

Este sujeto está detenido en la Cárcel Palo Gordo, en el departamento de Santander.

Por este caso están purgando penas: Alberto Vega, condenado a 31 años de prisión, Ramón Quintero, a 46, Joel Sánchez, a 18 y Joel Rodríguez, a 28 años.

De acuerdo a la Fiscalía, alias ‘Caja Grande’ o ‘Córdoba’, habría sido el que planeó el secuestro de la víctima.

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Avanzó la audiencia contra exalcalde y Luis Fabián Fernández, por un empréstito de 36 mil millones de pesos, presidida por el Juzgado segundo Penal del circuito con funciones del conocimiento.

En la vista pública fueron escuchados los testigos de la Fiscalía 12 Seccional Especializada de Delitos Contra la administración Pública, entre ellos el alcalde, Augusto Ramírez Uhía, quien era concejal del municipio, y se abstuvo de firmar el acuerdo, la secretaria de gobierno, Sandra Cuija, quien formuló la denuncia, como líder popular, y la contralora para época de los hechos.

El caso en mención  tiene que ver con un crédito aprobado por el Concejo de Valledupar, a través del acuerdo 004 del 16 de abril de 2010, afectando las vigencias futuras del Municipio, por un tiempo de 19 años, sin contar con autorización del Ministerio de Hacienda ni con la evaluación de una entidad calificadora de riesgos, para la empresa de servicios públicos de Valledupar, Emdupar, tendiente al mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado en el sector urbano y rural.

Fernández Maestre, es juzgado como reo ausente, habida cuenta que en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia por una condena proferida por un Juzgado de la ciudad por el delito de peculado  por asignación diferente.

El Juez del conocimiento programó la continuación del juicio oral, con testigos de la ente acusador para el mes de septiembre y para noviembre con los testigos de la defensa del exmandatario.

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