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Las familias retornadas después de la aciaga violencia que azotó la Serranía del Perijá, en especial la vereda El Vallito están pidiendo a través de la Asociación Cívica Popular de La Paz-Acipaz, una audiencia con el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, para exponerle las necesidades que se tienen en la zona.

El representante legal de Acipaz, Claudio Cotes Costa, indicó que en la vereda El Vallito, en jurisdicción del corregimiento de La Laguna de Los Indios, tienen problemas de vías, las cuales están en pésimo estado, se requiere la construcción y puesta en servicio de una escuela y ayudas para poder explotar la tierra que hace años abandonaron huyéndole a los enfrentamientos armados.

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Fue aplazada la audiencia contra un expolicía identificado como Albeiro Novoa Gómez, acusado por la Fiscalía de la presunta comisión del delito de concierto para delinquir y por pertenecer a una banda de contrabandistas de hidrocarburo.

Este sujeto fue apresado en desarrollo de operativos realizados en Valledupar, Aguachica y Ocaña, Norte de Santander, junto a 18 personas presuntamente involucradas en ‘El cartel de la gasolina’; siete de los capturados eran miembros activos de la Policía Nacional.

Los demás uniformados vinculados al proceso responden a los nombres de Marvin José Morales Niño, Luis Rafael Marrugo Ramos, Huber Javier Quintero Porras, Eduard Alberto Villarreal Quintero, Carlos Manuel Rodríguez López y Pablo Antonio Archila Godoy.

Esta investigación se venía realizando desde el año 2012.

La audiencia preparatoria fue suspendida en el Juzgado Único Penal Especializado, por el cambio de abogado de la defensa.

La vista pública fue aplazada para el próximo 11 de enero de 2018.

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Avanzó audiencia preparatoria en el Juzgado Primero Penal del Circuito contra José Ignacio Mosquera Valera, de oficio mototaxista, acusado por la Fiscalía 13 Seccional CAIVAS, acusado por la presunta comisión del delito de acceso carnal violento, por los hechos sucedidos el 26 de junio pasado, en el sector la ciudadela 450 Años de Valledupar.

La Fiscalía en la imputación de cargos manifestó que este sujeto recogió al menor de 14 años, cuando se diría al colegió lo internó en un lote enmotado y cometió la aberración al adolescente.

El juez programó para el día 19 de enero de 2018, a las 3 de la tarde la continuación de la audiencia de escrito de acusación.

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Se cumplió audiencia en el Juzgado Primero Penal Municipal contra Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido como el 'Monstruo de Tenerife' por la presunta comisión de tres homicidios en el año 2010 y 2011, por asfixia mecánica por estrangulamiento en hechos sucedidos en zona rural de Valledupar.

Las víctimas respondían a los nombres de Carlos Alberto Ramírez, Ricardo Jácome Carpio, Jesús Montero Rebolledo, todos mototaxistas.

El Monstruo de Tenerife es acusado por la Fiscalía estructura de apoyo de Barrancabermeja .

En la vista pública se puso en conocimiento de la partes la situación de estos procesos donde el indiciado no se allanó a los cargos.

El 'Monstruo de Tenerife' coleccionaba las cédulas de sus muertos, las tenía ocultas, en su casa en Santa Marta, ciudad en la que fue detenido por efectivos de la Policía Nacional el 12 diciembre del 2012. Al revisar cada uno de los nombres, las autoridades no tardaron en darse cuenta de que coincidían con las identidades de una veintena de ‘mototaxistas’ que habían aparecido torturados y asesinados de la misma manera en cuatro departamentos de la costa.

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Hoy lunes a las 9 de la mañana se realizará la audiencia de escrito de acusación en el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones del Conocimiento a Ana Iris Batista, acusada de la autoría intelectual del homicidio con arma de fuego de su esposo Julio Gámez Bracho, sargento del Ejército, en hechos sucedidos en agosto de 2010 en Valledupar, en un restaurante del barrio Los Cortijos en la Avenida Simón Bolívar, norte de Valledupar.

La audiencia fracasó la semana pasada porque no se presentó la representante de Fiscalía general de la nación por incapacidad médica.

Así mismo el próximo jueves 26 de se cumplirá la audiencia en el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones del Conocimiento, para resolver la apelación de medida de aseguramiento, que formuló José Luis Castro Machuca, abogado de la defensa de Ana Iris.

Ana Iris renunció a estar presente en las audiencias, por lo que será representada por su abogado contractual.

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Se cumplió la audiencia de práctica de prueba en el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Chiriguaná contra Darwin de Jesús Rojas Ochoa, acusado por la Fiscalía por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego agravado, donde fue víctima el ganadero Jaime Royero Bonilla, de 71 años, en hechos sucedidos el 18 de noviembre de 2016, en la finca ‘Puerto Rico’, vereda Sierra, del municipio de Chiriguaná.

En audiencia pública fueron presentadas las pruebas de balística realizadas a un arma incautada por las autoridades que sería con la que acabaron con la vida de occiso.

De acuerdo al ente acusador Royero Bonilla, llegó a reclamar una vaca que se había pasado a la estancia agrícola, hizo dos disparos y el hoy encartado respondió con la escopeta con saldo antes anotado.

Como se recuerda, José Reyes Guerrero Gaitán, de 53 años, natural del municipio de La Peña, Cundinamarca, quien era el administrador de la finca Puerto Rico, fue asesinado seis impactos de arma de fuego el pasado 16 de mayo, cerca del corregimiento de La Sierra, quien era clave dentro de la investigación.

La próxima audiencia en fecha por establecer será de sentido de fallo.

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Fue suspendida la audiencia en el Juzgado Sexto Civil, por el caso de la Muerte Katiuska Mendoza, donde versionó en forma virtual como testigo Máximo Duque, un experto forense contratado por la defensa para determinar si hubo fallas en desarrollo de la cirugía donde perdió la vida joven cantante vallenata, nieta del maestro Nicolás “Colacho” Mendoza, durante la operación estética, en hechos ocurridos el 13 de diciembre de 2011.

La vista pública fue suspendida por el Juez del conocimiento porque el abogado contractual de la defensa Iván Rodríguez Bolaño, registra una condena de 6 años de prisión emitida por La Corte Suprema de Justicia en fallo de segunda instancia por el delito de concusión por los hechos ocurridos el 9 de julio de 2013.

Iván Javier Rodríguez Bolaño, conocido como Cheto, manifiesta la Fiscalia, que su calidad de Fiscal Tercero Especializado adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar, le correspondió adelantar investigación penal que por el delito de concierto para delinquir agravado, contra Yancy Bueno Contreras, quien para la época fungía como alcaldesa del municipio de Becerril, Cesar.

Con posterioridad a que se resolviera la situación jurídica de la indiciada, el mencionado funcionario se contactó con el arquitecto José Martín Cure Chagui, conocido de la indiciada en razón del vínculo contractual con el municipio de Becerril, a quien solicitó $250 millones “…a cambio de la no suspensión de la funcionaria antes citada, del cargo que ostentaba…”.

arquitecto Cure Chagui escuchó la ilegal pretensión y se limitó a responder que la pondría en conocimiento de la familia de la detenida, como en efecto lo hizo, con resultados negativos, por lo que ningún otro contacto tuvo con el fiscal Rodríguez Bolaño.

Con fundamento en la denuncia instaurada por José Martín Cure Chagui en relación con los anteriores hechos, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación al abogado conocido como “Cheto,”por el delito de concusión previsto en el artículo 404 del Código Penal, diligencia realizada ante la Juez Cuarta Penal Municipal con función de control de garantías de Valledupar.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, profirió condena en fallo de primera instancia y fue ratificada por la alta Corte.

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La Procuraduría pidió la nulidad de la audiencia en donde la semana pasada una jueza de Soacha, Cundinamarca, concedió la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
El ente de control asevera que la diligencia debía desarrollarse en Bogotá y además se hizo sin la Fiscalía y sin el propio Ministerio Público.
La Procuraduria pidió además al Consejo Seccional de la Judicatura investigar a Antonio Luis González, defensor de Pinto y quien ya era conocido por ser el fiscal a quien se le atribuye la llegada de los falsos testigos al caso Colmenares, el abogado habría omitido notificar a la Procuraduría, a la togada de la existencia de una agencia especial en el proceso e informar de la respuesta del fiscal en que informaba que se encontraba en labores investigativas en La Guajira y por eso no pudo asistir a la citación.
"La posible comisión de faltas disciplinarias por parte del abogado de la exgobernadora de La Guajira, Antonio Luis González Navarro, entre ellas, que se omitiera la notificación al Ministerio Público sobre la diligencia en el juzgado de Soacha para sustituir la medida de aseguramiento, y que también omitiera informar a la jueza de garantías la existencia de una agencia especial, así como de un correo electrónico del fiscal 28 Anticorrupción, donde le advertía que desde el 10 de octubre estaría en Maicao, La Guajira, en asuntos judiciales propios de su cargo".
Para el 1 de noviembre a las 11 de la mañana fue fijada la audiencia que solicitó la Procuraduría General de la Nación para que un juez de Bogotá decrete la nulidad de la diligencia realizada el pasado 10 de octubre donde le fue concedida la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira por ser madre cabeza de familia.

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Hoy en horas de la mañana continuará la audiencia en el Juzgado Cuarto Penal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, a Rubiel Pérez Estupiñán, exalcalde del municipio de San Alberto, sur del Cesar, acusado por la Fiscalía Quinta Seccional contra la Administración Pública, por los delitos de peculado por apropiación en concurso homogéneo, falsedad y destrucción de documento público.

Pérez Estupiñán, quien gobernó durante el período 2008- 2011, se presentó ayer con su abogado ante las autoridades y de inmediato le fue legalizada la captura y aceptó los cargos endilgados por el ente acusador.

Por estos mismos delitos fueron imputados el extesorero Edilberto Montiel y del exsecretario de Planeación, Wilson Ruiz Tello.

Según el ente acusador, los detenidos se apropiaron de alrededor de 69 millones de pesos equivalentes a cinco contratos.

Agregó el Fiscal que la investigación inició por una denuncia presentada por un contratista, quien aseguró que mediante un oficio en el 2012 solicitó a la alcaldía de San Alberto un informe de las órdenes de pago a su nombre correspondiente a contratos celebrados en la vigencia 2010- 2012 a fin de llevar un registro personal, y para verificar un pago que, al parecer, no le habían realizado de un contrato que él, había suscrito con el municipio.

Este viernes continuará la audiencia de medida de aseguramiento, donde la defensa va a solicitar detención domiciliaria.

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Hoy miércoles a las 9 de la mañana continuará audiencia en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, contra Yeison Otero Quintero, alias Patacón, sindicado de la muerte con arma de fuego, de la periodista Nimia Peña Pedrozo, el 27 de septiembre de 2015, mientras se encontraba en la avenida Simón Bolívar de Valledupar.

En la vista pública serán escuchados los testimonios de los testigos de la defensa y presentarán las siete pruebas que fueron admitidas por el Juez, con las que intentan demostrar la inocencia de ‘Patacón’ en el crimen, de la comunicadora social.

Por su parte, el abogado de víctima se mostró preocupado teniendo en cuenta que alias ‘patacón’ podría retomar la libertad por vencimiento de términos, por ser aplazada tantas veces.

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