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Fue aplazada la audiencia de medida de aseguramiento contra José María Ballesteros, ex gobernador de la Guajira, la diligencia quedó planteada para el próximo viernes, 13 de octubre.

El exmandatario es investigado por su presunta participación en la suscripción irregular del convenio de cooperación especial número 019 del año 2014, celebrado por un valor de $17.000 millones para prevenir el dengue.

El mencionado contrato fue suscrito entre la gobernación y la Corporación sin ánimo de lucro, Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (OLFIS), con el fin de realizar una investigación sobre las causas de la enfermedad en La Guajira.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la administración departamental habría seleccionado a un contratista sin experiencia, sin capacidad económica, ni administrativa para cumplir un convenio de este tipo.

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Aplazada y sin fecha fija para retomar quedó, por la huelga de pilotos de Avianca, una rendición de cuentas clave para superar los graves problemas humanitarios en el departamento de La Guajira.
La comparecencia para la cual aun no se estipula nueva fecha, se trata de una rendición ante las autoridades nacionales y territoriales prevista para el martes en Riohacha, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y órdenes judiciales emitidas para superar las carencias sociales en el departamento de La Guajira.
Cabe recordar que el 15 de marzo de este año, el Procurador General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional declarar el estado de cosas inconstitucionales debido a la vulneración derechos fundamentales en aspectos como la alimentación, la salud y las condiciones de saneamiento básico.

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Fue aplazada por segunda vez la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Maritza Pérez Ramírez, Alcaldesa de Chimichagua; Rufino Rafael Machado Cruz Secretario de Gobierno y Luz Maribis Zuluaga Palomino.

La mandataria de Chimichagua, Maritza Pérez Ramírez, es investigada por delitos cometidos contra la administración pública.

La Fiscalía 12 Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de Valledupar debería imputarle cargos a Pérez Ramírez en audiencia ante el Juzgado Tercero Penal con Funciones de Control de Garantías.

La diligencia judicial fue aplazada porque el abogado de la defensa presentó excusas dado que debía asistir a un congreso de derecho procesal en Bogotá.

El proceso penal se inició a partir del litigio por la gerencia del Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, porque que Claudia Patricia Gómez Ovalle, considera que sus méritos le otorgaron a través de concurso tal cargo y ante considerar vulnerados sus derechos inició acciones que hoy tienen a las autoridades tras la alcaldesa.

 

 

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Otro tropiezo sufrió la realización de la mesa de trabajo convocada por el Concejo de Valledupar,  para la revisión y estudio de la política pública de equidad de género del municipio. La jornada programada para ayer, no se llevará a cabo porque el alcalde Augusto Ramírez Uhía, no pudo asistir y solicitó postergarla para otro día, con el fin de estar en la toma de decisiones.

Es el segundo revés que sufre esta iniciativa de los concejales, que la primera convocatoria fue para el 1 de agosto, pero en esa oportunidad no se realizó por la ausencia de la jefa de la Oficina de Gestión Social, María Margarita Ustariz, y ahora fue el alcalde quien  no pudio asistir, por lo que la ponente del proyecto, concejala Gloria Margarita Ovalle Aguancha, mostró su preocupación e inconformismo por la no asistencia de los funcionarios comprometidos con este tema y pidió mayor puntualidad y compromiso de los responsables para sacar este tema delante.

A las citas han acudido puntualmente el Consejo Consultivo de Mujeres, la población LGTBI, el SENA, Personería Municipal, indígenas,  afrodescendientes y el ICBF interesados en estudio y análisis del proyecto de Acuerdo No 006 del 1 de junio de 2017 “por medio del cual se adopta la política pública de Equidad de Género  2017- 2030 en el municipio de Valledupar”, pero la representación de la administración los ha dejado esperando en las dos convocatorias.

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El Juez Segundo Penal del Circuito con Funciones del Conocimiento aplazó para el próximo 13 de julio a las 9 de la mañana la audiencia de acusación contra Luis Gregorio Romero Maestre, conocido como el “Monstruo de Tenerife” acusado por la Fiscalía 17 seccional de Bucaramanga, por el delito de homicidio agravado, donde resultó victima Marlon Enrique Ceballos, muerto mediante la modalidad de asfixia en zona rural del municipio de San Diego en 2013.

La diligencia fracasó por la no presencia del representante de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las investigaciones, Maestre contactaba a las víctimas en las calles de las ciudades a las que visitaba, contrataba por horas el servicio de ‘mototaxismo’, tras ganarse la confianza de sus víctimas, les pedía que los transportara a zonas despobladas y allí, al parecer, sometía al conductor con golpes en la cabeza. Horas después, las víctimas aparecían atadas, en alejados sectores sin sus documentos, ni motocicletas. Las torturas podían tardar minutos o días.

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La Asamblea del Cesar aplazó hasta nueva orden el debate de control político que se le iba a realizar a Yuma Concesiones que construye el tramo tres de la Ruta del Sol.

El debate se aplazó porque los invitados, el gerente general de Yuma y el interventor de la doble calzada que inicia en San Roque, Curumaní, Yé de Ciénaga-Carmen de Bolívar-Valledupar, en una longitud de 465 kilómetros, no confirmaron su presencia.

A través de la proposición n° 038 del 21 de marzo del presente año, la Asamblea del Cesar, quería conocer las razones de los atrasos en las obras y ¿por qué no se les cancela hace 5 meses a los contratistas y comercio de Bosconia?, entre otras localidades.

De acuerdo al secretario general de la Asamblea, Miguel Antonio Hinojosa Barros, los únicos que confirmaron su presencia al debate fueron los transportadores y comerciantes a quienes Yuma les adeuda cerca de 150.000 millones de pesos.

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Fue suspendida la audiencia de juicio oral que se realizaba ayer en horas de la tarde en el Juzgado Cuarto Penal de Conocimiento contra Jeison Otero Quintero, alias ‘Patacón’, quien está acusado por la Fiscalía del delito de homicidio agravado y hurto calificado agravado donde resultó victima la periodista Nimia Peña Pedrozo, muerta de un impacto de arma de fuego el 27 de septiembre del 2015, en un establecimiento público ubicado en la avenida Simón Bolívar de Valledupar.

La diligencia judicial donde son reveladas las pruebas y escuchados los testigos de la Fiscalía se interrumpió por la falta de un videobeam o proyector de pantallas, que solicitaron al Juzgado para mostrar unas imágenes como prueba en contra del acusado.

En las cámaras de acuerdo al ente acusador quedó registrado un hombre que agarró por el pelo a la víctima al intimidarla con un arma de fuego y exige que le entregue el bolso, le dispara y luego huye en una motocicleta.

El Juez del conocimiento programó la continuación de la vista pública para el próximo 18 de mayo.

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