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El Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, a cargo de Jorge Eduardo Fadul Díaz admitió la Acción Popular presentada por la Gobernación del Departamento del Cesar en contra de los presidentes y representantes legales de Emcarbón, ARGOS, entre ellos Richard May Cabrera, Eduardo Battin Vallejo y la empresa Carbones del Caribe.

Así mismo, se decretó la medida cautelar solicitada en consecuencia de ello se ordenó oficiar a la Agencia Nacional de Minería, para que de forma inmediata congele el titulo mineros del proyecto El Hatillo.

Además se ordenó a la empresa Colombia Natural Resources S.A.S, abstener de realizar cualquier negocio jurídico que involucre el título minero del proyecto El Hatillo, mientras no culmine el presente proceso en segunda instancia.

Es de indicar, que el proyecto minero  El Hatillo, está ubicado en el corregimiento de La Loma de Calenturas, municipio de El Paso.

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Luego del desmonte del peaje de Los Haticos corregimiento de San Juan del Cesar La Guajira, tras litigio con las comunidades negroides del lugar, otros habitantes afectados por estos puestos de recaudo se han manifestado en aras del retiro de esas casetas de su jurisdicción.

En esas instancias está la comunidad de La Loma que ha encontrado eco en el alcalde de El Paso Hidalfo de la Cruz, para tratar de que se retire el peaje que está entra Cuatro Vientos y La Loma, para tal fin, adelantan una acción popular.

La demanda fue interpuesta contra la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI y el Ministerio del Interior, de Trasporte y de Justicia, con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos frente a la problemática que afecta a todos los ciudadanos de la zona.

La Acción Popular ya está radicada en el Tribunal Administrativo de Bogotá, para que las entidades encargadas tomen medidas urgentes y cese la vulneración de Los derechos e intereses colectivos aseguran los afectados.

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La comunidad del municipio de San Martín sigue en pie de lucha para evitar la explotación de petróleo mediante el sistema de fracking por lo que se han conocido numerosas protestas que incluso han terminado en enfrentamientos con la fuerza pública.

Ahora el recurso llegó a una Acción Popular aceptada por el Tribunal Administrativo de Santander, con lo que se busca suspender todo tipo de actividades mediante este sistema.

La diligencia va en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA; las empresas Conoco Phillips y CNE OIL & GAS; la Alcaldía de San Martín y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar.

El reclamo fue presentado por el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, y  la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, por considerar que se están violando los derechos humanos y civiles de quienes se oponen a esta técnica para extraer petróleo en esa población del sur del Cesar.

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