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Un Juez de Garantías de Aguachica envió a la cárcel a Juan Sabogal, de 34 años de edad, natural de Curumaní, conocido como alias del Míster”, acusado por la Fiscalía Especializada 102, delegada ante los jueces penales, por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización de ilegal de uniformes e insignias, fabricación y porte y tráfico ilegal de armas.

Alias el “Mister” fue apresado por la Sijin de Aguachica, mediante orden de captura en la calle 4 A con 32 .

El Juez acogió los argumentos del ente acusador y determinó en la audiencia pública, medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.

Este sujeto es sindicado presuntamente de pertenecer al bloque Catatumbo de las extintas- autodefensas AUC, el cual tenía injerencia en la zona de Norte de Santander y Cúcuta.

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El próximo lunes 13 de marzo será escuchado en diligencia de indagatoria y posteriormente le será resuelta la situación jurídica a Casimiro Antonio López Quintero, en los términos previstos por la Ley 600 de 2000, sindicado por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos entre los años 1999 y 2007.

Esta persona está señalada por la Fiscalía de acuerdo con las investigaciones de participar de manera activa en las contrataciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, del departamento del Cesar, filtrando dineros para los grupos paramilitares de alias Tolemaida, ‘39’y ‘101’, lugartenientes de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, máximo jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

López Quintero fue detenido por el CTI y el Gaula Militar mediante orden de captura emanada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar.

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El CTI de la Fiscalía apresó mediante orden de captura a Casimiro Antonio Valera López, de 41 años de edad acusado por la Fiscalía por los punibles de concierto para delinquir, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

De acuerdo al ente acusador Valera López, era contratista director del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, durante el periodo 1998 2007, estaba prófugo de la justicia, por al parecer junto a otros contratistas filtrar dineros a través de empresas ficticias para favorecer a las autodefensas bloque Mártires del Cesar.

Por este hecho fueron capturados anteriormente Janer Mendoza Murgas y Juan Carlos Luna, a quienes les fue resuelta su situación jurídica.

Este sujeto fue detenido en la urbanización Las Marías.

Uno de los contratos por los que es investigado Casimiro Antonio, fue el suministro de víveres entre la Fundación Abastecemos y El Icbf, por la suma de 119 millones 893 pesos.

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Un total de 495 desmovilizados del ELN, FARC Y AUC, se reintegraron a la sociedad en el Cesar, de acuerdo a las cifras reveladas por la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR.

Así lo aseguró Angélica Patricia Agamez, coordinadora de la ACR Cesar- Guajira.

Dijo que este grupo de personas ya recibieron de parte de esta entidad el acto administrativo que los acredita como reintegrados y hoy son hombres y mujeres que le aportan a sus comunidades.

Agregó que en 22 de los 25 municipios del Cesar residen personas en proceso de reintegración, lo que indica que el departamento se ha convertido en receptor de esta población.

Concluyó que entre la población atendida por la ACR, 85% pertenecían a las AUC; 8% al ELN y 7% a la guerrilla de las FARC. El 73% se reconoce como mestizos, y 4% de los desmovilizados pertenecen a grupos indígenas.

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A tiros dieron muerte en Barranquilla a Luis Alberto Bermúdez Torres, de 44 años, alias “Masacre”, acusado  de dar muerte a cinco niños y tres adultos en mayo de 2001 en el corregimiento de  Los Tupes, municipio de San Diego, Cesar.

Este sujeto, que perteneció al bloque norte de las AUC, purgó una condena de 14 años de cárcel en ‘La Modelo’ de Barranquilla, y fue condenado en 2004 con otro desmovilizado y un exmilitar del Batallón La Popa.

Alias “Masacre” fue baleado cuando se dirigía a su casa en el barrio Villa Karla, a bordo de una motocicleta conducida por su suegro.

De acuerdo a la Fiscalía Bermúdez Torres tenía un proceso activo en la dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional y debía rendir versión libre la semana entrante en Valledupar.

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La Corte y el plebiscito

Como estaba previsto, ayer la Sala Plena de la Corte Constitucional le dio luz verde al plebiscito por la paz como el instrumento para refrendar los acuerdos de paz que celebren el gobierno y las Farc.

El alto tribunal mantuvo el cuestionado umbral del 13% (antes era del 50%), por lo cual es necesario que el plebiscito obtenga más de 4.5 millones de votos para ser aprobado y válidos sus efectos. Asimismo, la Corte estableció que el resultado del plebiscito (tanto el “Sí” como el “No”) tiene efectos vinculantes pero únicamente para el presidente de la república, por ser él quien lo convoca. Finalmente, la Corte desestimó la posibilidad del voto en blanco; en consecuencia, los ciudadanos sólo tendrán tres opciones frente al plebiscito: votar “Sí”, votar “No”, o abstenerse de votar.

Así las cosas, ayer pasó un duro escollo en la Corte en el largo camino que aún le falta al plebiscito como el mecanismo escogido por el presidente Santos para consultarle al pueblo si está a favor o no con lo que se acuerde con las Farc. Y allí surge el primer interrogante: ¿cómo consultarle al pueblo una decisión si aún no se conoce el texto definitivo del acuerdo entre gobierno y Farc? ¿Cuándo los colombianos podremos conocer el contenido completo del acuerdo? Entre más pronto, mejor.

Se trata de tomar una decisión informada. A diferencia de otros procesos de paz, es la primera vez en la historia en que se le consultará al pueblo si refrenda una negociación con un grupo alzado en armas. No ocurrió en las desmovilizaciones del M-19, del EPL, ni del Quintín Lame. Tampoco en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. En esos casos bastó con la potestad presidencial para adelantar las negociaciones.

Esta vez cada ciudadano colombiano tendrá la opción de decidir si autoriza o no al presidente de la república para firmar el acuerdo definitivo del fin del conflicto con las Farc. Para que sea una decisión informada se requiere mucha pedagogía, porque en vastos sectores de la población colombiana existen temores, dudas, inquietudes y falta de información sobre el actual proceso de paz, los cuales no han sido despejados oportunamente por el gobierno.

Para la muestra un botón: la resistencia de la etnia Yukpa a permitir que el corregimiento San José de Oriente, del municipio de La Paz, sea designado como zona de concentración de las Farc. (Ver nota editorial "El desafío Yukpa")

En pocas palabras, ayer en la Corte el plebiscito pasó una prueba de montaña muy dura, pero, por supuesto, le falta pasar la prueba de fuego: la refrendación del pueblo colombiano.

Puede escuchar el audio aquí:

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Editorial "El desafío Yukpa"

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¿Disidencias en las FARC?

El primer campanazo lo dio el frente primero “Armando Ríos” de las Farc cuando anunció que no se desmovilizaría ni entregaría las armas. Pero no es la única unidad de la guerrilla que genera esta preocupación. A él se sumarían los llamados frentes cocaleros, encargados de la producción y tráfico del alcaloide, entre ellos, el frente séptimo que opera en Guaviare y Casanare, el 16 que opera en Vichada, el 44 en Meta y Guaviare, el 57 en la frontera con Panamá y la columna móvil ‘Daniel Aldana’ en Nariño.

Aunque el gobierno nacional ha querido bajarle la temperatura a los conatos de división en el seno de las Farc, lo cierto es que tras más de tres años de negociaciones en Cuba, surgen fisuras evidentes en la unidad de mando del grupo guerrillero. No solamente en cuanto al tema de la desmovilización final, sino también frente a directrices de la cúpula de las Farc que algunas unidades no han acatado a cabalidad, como la de renunciar al secuestro como fuente de financiación de la lucha armada y suspender el reclutamiento de nuevos miembros.

Si bien la tarea de aplacar las posibles disidencias en las Farc es una responsabilidad que corresponde, en primerísimo lugar, a la cúpula del grupo rebelde, el gobierno no puede ser indiferente a las voces de alerta. Si a lo largo y ancho del país crecen las rupturas de grupos armados frente al comando central de las Farc, crece también el riesgo de que el eventual acuerdo que se firme no termine desmontando la máquina de guerra fariana, sino a una parte de ella, dejando por fuera a los grupos con mayor número de hombres y con mayor poder económico, fruto del narcotráfico. Las posibilidades de que Colombia termine balcanizada son altas, como también las de que crezca en la opinión pública la desconfianza frente al proceso de paz.

No basta entonces la advertencia hecha por el estado mayor de las Farc a los potenciales frentes disidentes de que si persisten en la guerra “les corresponde hacerlo tomando un nombre distinto al de las verdaderas estructuras de las FARC-EP”. De poco sirve mantener un grupo armado con una denominación distinta. El problema no es semántico.

En este proceso de paz debe partirse de las lecciones aprendidas de la desmovilización de las AUC, en la cual varias unidades combatientes no se desmovilizaron y continuaron delinquiendo con otro nombre. El gobierno de la época las bautizó como “bacrim”, acrónimo de “bandas criminales”. ¿Cómo prevenir el riesgo de disidencias masivas en las Farc? ¿Cómo evitar que las facciones disidentes terminen engrosando las filas del ELN?

Son preguntas complejas que el gobierno y las Farc deben responder en forma oportuna, porque las voces de disidencia son una amenaza real al proceso de paz, que pueden echar por la borda todo lo avanzado en más de tres años de negociaciones en La Habana.

Puede escuchar el audio aquí:

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Unidades de la Dirección General de la Fiscalía notificaron de los nuevos cargos de que se le acusan a Moisés Andrade Racini, alias ‘El Padrino’, quien se encuentra recluido en la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, ‘La Tramacúa’, desde el pasado 10 de diciembre. 

Un Fiscal de la Dirección de Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió la medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en contra de Andrade Racini, quien figuraba como comandante financiero del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Alias ‘El Padrino’ es acusado por la desaparición y muerte de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, Danilo Javier Cabrera Aguancha, Carlos Augusto Ibarra Bernal, Mario Abel Anillo Trocha, Hugo Alberto Quintero Solano, Israel Alberto Roca Martínez, Jaime Elías Barros Ovalle y Edilberto Linares, en marzo de 2000 en zona rural del municipio de La Paz, Cesar.

Según las investigaciones y versiones de postulados en Justicia Transicional, Carlos Castaño, a finales de 1999, había declarado objetivo militar a los servidores del CTI en el Cesar, por lo que la comisión judicial fue interceptada y emboscada en el sitio conocido como el puente de Rabolargo y trasladados a la hacienda La Holanda, donde fueron asesinados y sus restos enterrados en la Finca El Triunfo a orillas del río Cesar.

Por estos hechos ya fue condenado a 40 años de cárcel, John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, quien también pertenecía al bloque de guerra de las AUC.

 

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A partir de las 11 de mañana en el hotel Tativan de esta ciudad el Centro Nacional de Memoria Histórica, revelará  las cifras sobre la desmovilización de los ex miembros de la AUC de en el Cesar, Rearmados y Reintegrados, Panorama Posacuerdos y Desmovilización y Reintegración Paramilitar.

De acuerdo a esa entidad en este departamento se apartaron de la guerra 5 mil 600 hombres del Bloque Norte de las Autodefensas y a la fecha se han recibido mil 566 anexos o desmovilizados que deben contribuir a la verdad y memoria histórica de este departamento.

En desarrollo del evento se dará a conocer el apoyo con el que han contado los ‘exparas’ de la región con la acción del gobierno en el programa de Justicia y Paz con la aplicación de la ley 975 de 2005.

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El próximo  lunes   23 de noviembre,  a partir de las 11 de mañana  en   el hotel   Tativan  de esta ciudad el Centro Nacional de Memoria Histórica  revelará   las cifras sobre la desmovilización de los  ex miembros de la AUC de en el Cesar, “Rearmados y reintegrados. Panorama Posacuerdos y “Desmovilización y reintegración paramilitar”.

De acuerdo   al Centro Nacional de Memoria Histórica, en  este departamento se aparataron de la guerra 5 mil 600  hombres del Bloque Norte de las Autodefensas y a la fecha se han recibido 1 mil 566 anexos o desmovilizados que deben contribuir a la verdad y memoria histórica de este departamento.

En desarrollo del evento   de dará a conocer  el apoyo con el que   han contado  los exparas  de la región  con la acción del gobierno en el programa de Justicia y Paz  de acuErdo a la ley 975 de 2005.

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