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Editorial (432)

Por primera vez en su historia Valledupar tiene el honor de ser sede de la cumbre de alcaldes capitales del país, reunión que en el pasado fue realizada en Cartagena, ciudad ésta que por su infraestructura y su centro de convenciones es sede permanente de foros, seminarios, congresos y demás eventos similares.

El sólo hecho de haber realizado la cumbre en nuestra ciudad es de por sí un gran logro, por los beneficios que trae al dinamizar nuestra economía y por la oportunidad que representa para las autoridades locales poder mostrarle al alto gobierno los problemas que tenemos, en aras de obtener su atención y la asignación de recursos.

La primera buena nueva que deja la cumbre es la confirmación tanto por parte del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como del vicepresidente de la república, Óscar Naranjo, que la anhelada policía metropolitana será una realidad. No obstante, no puede dormirse en los laureles nuestra clase dirigente y conformarse sólo con el anuncio. Debe el alcalde y los congresistas mantener la presión sobre el alto gobierno para que se tomen las medidas necesarias para materializar tal iniciativa en nuestro territorio. Una muestra de buena voluntad del gobierno es hacer eco de la propuesta del alcalde de incrementar el pie de fuerza policial mientras se construye la sede de la policía metropolitana.

De otra parte, es justo el llamado de atención que hacen los alcaldes capitales al gobierno nacional en materia de descentralización. Tiene razón el presidente de Asocapitales, Guillermo Jaramillo, cuando afirma que en los últimos 15 años se ha desarrollado un inminente centralismo, al que llamó virreinato de Bogotá. Y se queda corto. El gobierno Santos, como ningún otro, profundizó el modelo centralista al aplicar primero una fuerte reforma al sistema general de regalías que trasladó a Bogotá el manejo de los recursos que antes, por derecho propio, le correspondían a las regiones. No contento con ello, recientemente, para financiar los gastos del posconflicto, le da otro tijeretazo a las regalías, tomando los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ciertamente, los alcaldes y gobernadores del país han sido testigos de como en las últimas décadas se impuso como perniciosa costumbre del gobierno nacional trasladarles funciones y competencias, sin el correspondiente traslado de recursos para atender esas nuevas obligaciones. Los ejemplos abundan y sólo basta mencionar el servicio no POS, que es responsabilidad actual de los departamentos, cuando antes lo era del gobierno central.

La cumbre de alcaldes también tuvo lunares. El más notorio es que volvió a desnudar la falta en la ciudad de un centro de convenciones adecuado y moderno para ser sede de este tipo de encuentros. El recinto del Club Valledupar donde se desarrolló la cumbre fue insuficiente y estrecho para un evento de esta magnitud que contó con la participación de 29 alcaldes capitalinos, varios ministros y altos funcionarios del Estado. Es hora ya que nuestro sector empresarial –dado que el Estado ha sido incapaz– se pellizque y acometa la construcción del centro de convenciones.

Finalmente, el otro lunar de la cumbre fue la presencia del alcalde de Cartagena, Manolo Duque, recientemente suspendido por la Procuraduría General de la Nación por la tragedia de Blas de Lezo. Su presencia fue interpretada como un acto de imprudencia infinita y como un verdadero desafío a la autoridad del Procurador Fernando Carrillo, quien razonablemente molesto, decidió cancelar su intervención prevista en la cumbre de alcaldes. ¿Qué quería demostrar el alcalde Duque al venir a Valledupar, a sabiendas que no estaba en el ejercicio de sus funciones y que ya está posesionado otro alcalde encargado? ¿O será que la presencia de Duque en Valledupar tuvo otro motivo?, ¿tal vez, rendirle cuentas de su inversión a los empresarios de la política cesarense que financiaron su campaña? Averígüelo Vargas.

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A cuenta gotas la justicia colombiana ha ido develando el burdo montaje auspiciado por el Colectivo de Abogados José Alvear para engañar al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán, ocurrida hace 20 años (julio de 1997) en dicho municipio del departamento del Meta.

En primer lugar, debe reconocerse que la horrenda masacre ocurrió. Paramilitares bajo el mando de Carlos Castaño, durante cinco días, asesinaron con sevicia a un número indeterminado de personas en Mapiripán, capturándolas, torturándolas y desmembrando sus cuerpos. Gran parte de la población sobreviviente a la tragedia huyó despavorida del pueblo. Los primeros informes de las autoridades reportaron 49 muertos, pero la cifra pudo ser mayor porque varios cuerpos sin vida fueron arrojados al río Guaviare y nunca fueron encontrados.

Por estos hechos que perdurarán por siempre en la historia del horror de nuestro conflicto, el Estado colombiano fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Colectivo de Abogados José Alvear. La Corte Interamericana, mediante fallo del 15 de septiembre de 2005, condenó al Estado colombiano por colaboración de miembros del ejército a las AUC en la masacre. Adicionalmente, condenó al Estado a reparar monetariamente a las víctimas de la masacre. Hasta allí todo bien: un hecho que nunca debió suceder y que contó con la participación de agentes del Estado es llevado a los tribunales internacionales para su conocimiento. El Estado fue vencido en juicio.

Sin embargo, el problema surge cuando posterior a la condena del Estado y de las millonarias indemnizaciones que éste fue obligado a pagar a las víctimas, se descubre que varias personas de la lista de víctimas aportadas por el Colectivo de Abogados José Alvear eran falsas.

En efecto, en 2015, Mariela Contreras, Zuli Herrera Contreras y su esposo, Argemiro Arévalo, quienes recibieron 3.343 millones de pesos como indemnización, fueron condenadas por ser falsas víctimas. Doña Mariela expresó en esa ocasión ante los medios de comunicación que el Colectivo de Abogados la indujo a engañar al Estado.

 

Recientemente, el juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá condenó a ocho años y diez meses de prisión a otras cuatro falsas víctimas: Carlos Felipe, Luis Fernando, Jhonatan Figueredo Cigüeño y Alexander Molina Figueredo, quienes le mintieron al Estado sobre la supuesta muerte de su padre, Wilson Molina Pinto, en los días de la masacre, y que luego se comprobó estaba con vida.

Estas condenas muestran con claridad que no se trató de casos aislados ni de errores fortuitos, sino que hubo por parte del Colectivo de Abogados José Alvear la intención deliberada de engrosar la lista de víctimas presentada ante la Corte Interamericana con el deleznable propósito de aumentar el monto de indemnización que recibirían los beneficiarios, monto del cual el Colectivo cobró una jugosa comisión por sus servicios.

Así las cosas, no basta con que la justicia colombiana condene a las personas que se hicieron pasar por víctimas de la masacre de Mapiripán, muchas de ellas de extracción humilde y sin los conocimientos jurídicos para concebir semejante engaño al Estado. A quién se debe procesar penalmente es a la cúpula del Colectivo de Abogados que fue la institución que urdió esta infame estafa al Estado colombiano. Y sorprende que aún la justicia no haya procedido contra este Colectivo cuando existen pruebas fehacientes de su mala intención y cuando están comprometidos cuantiosos recursos entregados a las falsas víctimas. Más de 15.000 millones de pesos, de los cuales el Colectivo se lucró sin merecerlo.

Con este vergonzoso expediente en su contra, cabe preguntar ¿quién protege a este Colectivo de bandidos?

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Ayer, hace 20 años partió de este mundo el poeta cereteano Raúl Gómez Jattin, el hijo de la Niña Lola y de don Joaquín. Tal vez no sabremos nunca si fue un accidente o un suicidio, cuando, deambulando por las calles de Cartagena, un autobús se estrelló contra su robusta humanidad hasta extinguirla. Nació y murió en la misma ciudad, pero su poesía se nutrió de las aguas caudalosas del rio Sinú y de la exuberante geografía de la llamada Sabana, que incluye pueblos cautivantes como Tolú, Moñitos, San Bernardo del Viento y, por supuesto, Cereté.

Tenía entonces 52 años y una larga historia de luces y sombras. Había experimentado varias temporadas en clínicas siquiátricas y hasta una corta temporada en la cárcel por “alterar” el orden público. Lo anterior es algo anecdótico que no alcanza a mancillar el lugar de preeminencia que alcanzó Gómez Jattin dentro de la literatura contemporánea. Raúl está, por derecho propio, al lado de los grandes de la lírica colombiana. Su tamaño no es menor al de José Asunción Silva, Porfirio Barba Jaco o León de Greiff.

Sus poemas son dolorosos partos que nos recuerdan la angustia de vivir y nos confrontan, sin filtros, con la punzante persistencia de la cotidianidad. Gómez Jatin le canta, con una extraña ternura, a la familia, a sus amigos, a sus amores y desamores, y a su pueblo. Su obra es profunda, rica y variada, y entre ella, se destacan los siguientes libros: Retratos (1980-1983), Amanecer en el valle del Sinú (1983-1989), Del amor (1982-1987), Hijos del tiempo (1990) y Esplendor de la mariposa (1993).

Sobre él escribió otro gran poeta colombiano, Jaime Jaramillo Escobar, que “A los viajeros les recomiendo llevar tus poemas como la única cosa vital, grande, oxigenada, robusta, libre, natural y bella que tenemos aquí; lo único con fuerza joven, originalidad, audacia, libertad y novedad que se encuentra hoy en el bazar de la poesía colombiana; lo único que se desborda, que brama, que tiene impulso y pasión, el único vendaval que nos refresca, primitivo, animal y selvático como un desodorante de T.V., lo único apasionado y novedoso, ¡Lo único!.”

Al cumplirse dos décadas de su prematura partida, el mejor –y el único– homenaje que podemos hacerle es leerlo. Leerlo con una mente desprovista de prejuicios. Leerlo y reelerlo para adentrarnos en el laberinto de espejos que es la poesía, el cual desnuda, a la par, con belleza y crueldad, nuestra fuerza y nuestra fragilidad. Ese es su consejo póstumo en su última obra Los poetas amor mío:

Los poetas, Amor mío,

son unos hombres horribles

unos monstruos de soledad

evítalos siempre

comenzando por mí.

Los poetas, amor mío,

son para leerlos.

Léelos. Mas no hagas caso

A lo que hagan en sus vidas.

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Desde la misma creación del departamento de El Cesar se empezó a visionar la necesidad de construir una represa o embalse que captara las aguas del río Guatapurí en la región de Los Besotes.

En efecto, en 1969 el entonces existente Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, contrató el primer estudio de factibilidad del proyecto, el cual no fue realizado por los costos que implicaba. 23 años después, en 1992 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT realizó la actualización del estudio del INCORA. Luego de 9 años, en 2001, bajo la alcaldía de Elías Ochoa Daza, la Universidad Nacional y la firma de ingenieros Integral S.A. realizan los estudios y diseño del embalse. En 2005 se da inicio al proceso de consulta previa con las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Nevada, proceso que concluye en 2009 con una rotunda negativa por parte de tales comunidades quienes se oponen a la ejecución del proyecto.

Un año después, en 2010, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, presenta una propuesta de ejecución del proyecto, el cual incluye tanto la función de captar agua para abastecer el acueducto de Valledupar como un distrito de riego. Seis años más tarde, en 2016, el proyecto es incluido en los planes de desarrollo del departamento y del municipio de Valledupar. Finalmente, este año la misma firma de ingenieros Integral S.A. presentó una nueva actualización del estudio de factibilidad que plantea cuatro escenarios posibles para ejecutar el proyecto, todos con expectativas razonables de viabilidad financiera.

Esta apretada cronología muestra las grandes dificultades que ha tenido en el tiempo el viejo anhelo de los cesarenses de materializar el proyecto de Los Besotes. Se trata nada más y nada menos que de asegurar el abastecimiento de agua potable para Valledupar para los próximos 30 años, cuando se estima que se haya duplicado el tamaño de su población. Adicionalmente, por ser un proyecto multipropósito el embalse estaría en capacidad de atender una demanda de riego para cerca de 8000 hectáreas.

Naturalmente, la acción conjunta de alcaldía, gobernación y Contraloría General de la República es la gran responsable de este primer semáforo en verde para empezar a hacer realidad Los Besotes. Hay que agradecer la gestión colectiva de Tuto Uhía, Franco Ovalle y Edgardo Maya, quienes –despojados de cualquier interés personal o político– han unido esfuerzos para impulsar esta necesaria y fundamental iniciativa para la supervivencia de Valledupar, pues, la amenaza del cambio climático ya nos ha demostrado que no son falsos los pronósticos de que la Sierra Nevada se quede sin glaciares en menos de 30 años, sistema montañoso que en siglo y medio ha perdido el 92% de sus nieves. Así que la cuestión no es de poca monta: Besotes hay que empezar a construirlo ahora, antes de que sea demasiado tarde.

Sin embargo, no todo el camino para materializar Los Besotes está despejado. En el horizonte aún se vislumbran grandes nubarrones. En primer lugar, el proyecto aún no cuenta con licencia ambiental. En segundo lugar, existe oposición al proyecto por parte de las etnias indígenas, lo que dificultará la realización de la consulta previa, requisito esencial para obtener la licencia ambiental. Por último, tampoco está asegurada su financiación, ya que por su monto –cerca de 150 millones de dólares– se requieren aportes de varias entidades estatales (nación, departamento y municipio) y de créditos blandos de entidades multilaterales como el BID o el Banco Mundial.

Lo que sí puede decirse desde ahora, al oído de los indígenas de la Sierra, es que ellos no pueden convertirse en la piedra en el zapato a Los Besotes. No solamente está en juego la supervivencia de Valledupar, sino de la de sus propias etnias. Sin agua, nadie sobrevivirá. De ahí la importancia de construir el embalse de Los Besotes.

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Un verdadero temblor político produjo en el país el fallo de la Corte Constitucional que estableció fuertes límites al proceso especial legislativo para tramitar la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, más conocido como Fast Track (vía rápida).

Con una votación de 5 a 3, la Corte dejó sin efectos los literales h) y j) del Acto Legislativo 01 de 2016 que creó el Fast Track. Las normas tumbadas establecían, de una parte, que el Congreso sólo podía introducir modificaciones a los proyectos de ley que implementaban el Acuerdo de Paz, siempre y cuando contara con el aval previo del gobierno (literal h), y de otra, que todas las votaciones para aprobar las normas (leyes y reformas constitucionales) que implementan el Acuerdo debían realizarse en bloque, y no artículo por artículo, como está establecido en el procedimiento legislativo ordinario.

En consecuencia, la Corte avaló las pretensiones de la demanda interpuesta por el senador Iván Duque del Centro Democrático, quien argumentó que tales normas cercenaban, en la práctica, la autonomía del Congreso para legislar. Y tenía razón: el alto tribunal consideró que en el fondo se había sustituido la Constitución al cambiar las competencias del Congreso para deliberar y decidir sobre los temas sometidos a su consideración.

Son varios los efectos y reacciones que este fallo ya ha producido en el país político. El uribismo salió a cantar victoria y a celebrar que en Colombia aún existe la separación de poderes. Por su parte, el gobierno y las Farc, al unísono, expresaron su malestar por la decisión. Desde su cuenta en Twitter, el jefe de las Farc, Timochenko, convocó a todas sus unidades concentradas a estar en asamblea permanente, expresando que el fallo de la Corte “ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio”. No es de extrañar la reacción de las FARC. Las normas tumbadas por la Corte eran las dos garantías que tenían de que lo convenido con el gobierno en el Acuerdo de Paz permanecería intacto en su tránsito por el Congreso.

Sin embargo, dado que la Corte estableció que su fallo sólo rige hacia el futuro, quedaron a salvo las normas ya aprobadas por el Congreso vía Fast Track, las cuales constituyen el corazón del Acuerdo de Paz: la ley de Amnistía, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Estatuto de Oposición, la reincorporación de las Farc a la vida política, y el llamado ‘blindaje jurídico’ del Acuerdo de Paz.

Naturalmente, la decisión de la Corte genera una crisis en el proceso de implementar el Acuerdo de Paz, pero tampoco al punto de propiciar su ruptura definitiva. A las Farc hay que decirles: bienvenidas a la democracia colombiana, en donde opera la separación de poderes y las cortes son independientes del ejecutivo. Las dificultades que plantea el fallo del alto tribunal pueden y deben ser superadas por las vías institucionales. En el fondo el mensaje de la Corte es sencillo: no ir tan a prisa en la implementación del Acuerdo de Paz y respetar la naturaleza deliberativa del Congreso, poder público que no puede ser reducido a ser un simple notario que aprueba como autómata y sin debatir las iniciativas presentadas por el gobierno. La paz es un fin superior y una aspiración colectiva de la sociedad colombiana. Empero, en aras de la paz, no puede sacrificarse en el camino los cimientos mismos del Estado de derecho.

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La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses al alcalde de Cartagena Manolo Duque por el desplome de un edificio en el barrio Blas de Lezo debe ser entendido como un llamado de atención para todos los alcaldes del país en el manejo de la gestión urbanística.

Ya lo advertíamos en nuestra editorial del pasado 9 de mayo titulada “La Lección de Cartagena” sobre las amargas enseñanzas que se deben extraer de la tragedia ocurrida en la capital de Bolívar. Tal vez la principal lección radica en la imperiosa necesidad de realizar un control estricto y material –no sólo formal– a los proyectos inmobiliarios y construcciones que se pretenden realizar o que se están realizando en los distintos municipios del país.

El caso de Valledupar es paradigmático. Según cifras de Camacol Cesar, el 67% de las construcciones en la ciudad se ejecutan sin licencias. Aunque la cifra es alarmante, hay que reconocer que se ha reducido el porcentaje, por cuanto en el año 2010, el curador urbano número 2 Augusto Orozco Sánchez denunciaba que esta cifra ascendía al 85% de las obras de la ciudad.

Precisamente, Orozco Sánchez en una columna publicada en el diario El Pilón (¿Ficción o realidad?) le jala las orejas a su tocayo alcalde por lo que considera el desconocimiento por parte del mandatario del actual Plan de Ordenamiento Territorial, al poner en marcha un plan vial que no ha tenido, según el curador, el debido trámite que corresponde (concertación interinstitucional y consulta ciudadana) y por no tener la correspondiente autorización por parte del concejo municipal. El curador urbano es una voz experta en la materia que debe ser escuchada por la administración para evitar incurrir en errores y dolores de cabeza innecesarios.

Sin embargo, la decisión de la Procuraduría no puede leerse únicamente como una medida cautelar para el caso específico de Cartagena. Se trata de la primera decisión del ente de control que suspende a un alcalde capital en la era del Procurador Fernando Carrillo. Aquí hay un mensaje claro para todos los alcaldes: la Procuraduría no tendrá contemplación con la corrupción. Por ello, los alcaldes del Cesar sin excepción –y particularmente los del eje minero que manejan cuantiosos recursos de regalías– están advertidos que tendrán a la Procuraduría vigilándolos con rigor.

El Cesar no puede seguir repitiendo la historia de alcaldes que se convierten en reyezuelos y ponen el municipio a su servicio y el de sus familiares y amigos, enriqueciéndose impunemente a costa del erario. La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso, Codazzi y Becerril son poblaciones que tradicionalmente han sufrido la maldición de las regalías: ricos en recursos transferidos, pero con los peores índices socioeconómicos del departamento. En dichos pueblos los únicos que salen ricos son los alcaldes y su parentela. Solo basta mirar a los anteriores exalcaldes y también a los actuales. Dice el refranero popular que ni la pobreza ni la riqueza se pueden ocultar. Si los entes de control siguen el rastro del dinero bien podrían empezar a cambiar esa maldición que pesa sobre los pueblos cesarenses.

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En su introducción al Lexicón del Valle de Upar, Consuelo Araujonoguera describió con gran maestría y precisión el extraordinario poder de las palabras. En aquel entonces expresó la Cacica que “la palabra es poder y es luz, es fuego y es agua. Es fortaleza y es ternura y es también libertad.” Nos mostraba la Cacica el doble haz de las palabras que como una espada de dos filos puede causar mucho bien o también mucho mal.

En este sentido, bien enseñan los semiólogos que el lenguaje no es neutral, por el contrario, éste (como sus reglas) ha sido construido a lo largo de los siglos con los valores –y también los prejuicios– de las sociedades dominantes.

Valga este introito para traer a colación la infortunada frase expresada por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien tuvo la desdicha de bautizar como “operación Acordeón” la investigación sobre el desvío de fondos del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de Madrid, España, que controlaba las empresas de acueducto de Santa Marta y Barranquilla. En efecto, en el marco de un convenio de cooperación judicial celebrado con la Fiscalía de España, el Fiscal colombiano aseveró que En Colombia la llamamos operación Acordeón. El acordeón es un instrumento que ha tomado muchas raíces en el Caribe colombiano y la investigación en lo que tiene que ver con Colombia se relaciona con la forma como se diluyeron los capitales públicos en las empresas de servicios públicos.

Rápidamente los principales medios de comunicación tanto de España como de Colombia reprodujeron las palabras del Fiscal General e hicieron eco del nuevo término acuñado. Así, el principal diario ibérico, El País, tituló hoy “Del ‘caso Lezo’ a la operación Acordeón, el escándalo de corrupción que une Madrid y Colombia.”

Asociar al acordeón –y por extensión– a la música vallenata con un escándalo de corrupción internacional que involucra la defraudación de recursos públicos no es una mera inocentada del Fiscal General. Lleva implícita una condena social y una mirada despectiva y estigmatizante por parte de la cabeza del ente investigador penal. Creemos en la buena fe de Néstor Humberto Martínez, pero su error debe ser enmendado oportunamente, antes de que sea demasiado tarde.

No se trata aquí de una mera discusión semántica sobre que palabra usar para acuñar la versión colombiana del caso Lezo. Se trata, sí, de defender el nexo inescindible que se ha forjado entre el bello instrumento que nos arruga el alma y el vallenato, la música vernácula más popular de Colombia y hoy declarada por la Unesco patrimonio inmaterial de la humanidad.

En pocas palabras, desde esta tribuna de la provincia, le exigimos al Fiscal General y también a los medios nacionales no estigmatizarnos.

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La temporada invernal inició con fuerza en la mayor parte del país y, por supuesto, también en la Costa Caribe, en la cual cinco de siete departamentos se encuentran en estado de alerta: Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Según el IDEAM, las lluvias se extenderán hasta mediados de junio, razón por la cual no puede bajarse la guardia en materia de gestión y atención del riesgo, por los efectos negativos que puedan causar las precipitaciones. De acuerdo con la autoridad meteorológica, el departamento del Cesar tiene actualmente un nivel de alerta naranja por la “probabilidad moderada de ocurrencia de deslizamientos de tierra ocasionados por lluvias en áreas inestables”, específicamente en los municipios de San Alberto, La Paz, Manaure y Codazzi.

Sin embargo, el reporte del IDEAM no tiene en cuenta la probabilidad de inundaciones en el sur del Cesar, en particular en los municipios de La Gloria, Gamarra y Tamalameque, donde el río Magdalena ha alcanzado niveles preocupantes.

En este sentido, el país debe aprender de las lecciones que dejan las tragedias de Mocoa y Manizales, por las crecientes súbitas de los ríos. En el caso especifico del Cesar no puede perderse de vista que el sistema montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta, nacimiento de varios ríos que surcan la región, tiene una de las pendientes más altas y pronunciadas del país, lo cual constituye un riesgo para las poblaciones asentadas en sus laderas, riesgo que se acentúan en época de invierno. Precisamente, semanas atrás, el IDEAM emitió una alerta roja por la formación de una creciente súbita en la cuenca alta del río Guatapurí, la cual, por fortuna, no produjo ningún resultado negativo.

Frente a este panorama ambiental el mensaje es claro: las autoridades deben estar preparadas, de una parte, para prevenir –en aquello que es posible prevenir– las situaciones de riesgo que está generando la actual ola invernal, y de otra, para mitigar el impacto de una amenaza metereológica que llegue a materializarse. El sistema de alertas tempranas es el mejor mecanismo para propiciar una respuesta oportuna de autoridades y ciudadanos y evitar la ocurrencia de tragedias. Lo anterior, en cuanto a acciones a corto plazo. Pero en un horizonte más amplio, el Cesar no puede olvidar la deuda ecológica que tiene con las cuencas de los ríos, las cuales han sido víctimas de una voraz deforestación y tala de bosques nativos. Corpocesar, como autoridad ambiental del departamento, es la primera llamada a reforestar estas cuencas y a socializar con las poblaciones que habitan en las riberas de los ríos la importancia de preservar estas barreras naturales. ¡El chip de la conciencia ecológica debe ser insertado y activado ya en las cabezas de todos los cesarenses!

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No cabe duda que el pasado Festival Vallenato fue un éxito rotundo por donde se le mire. La calidad de los participantes de los diferentes concursos, en especial del concurso de acordeoneros profesional y de la canción inédita, donde sólo competían ganadores de versiones anteriores. La elección del jurado pues, en su gran mayoría, todos reconocieron que se impusieron los mejores: Alvarito López en Profesional e Ivo Díaz con su composición “El rey de los cajeros”.

Asimismo, también se destaca su organización y la asistencia del público que superó todos los récords. En efecto, según un análisis preliminar que elabora la Cámara de Comercio de Valledupar, a la ciudad ingresaron por distintas vías más de 140.000 visitantes durante el Festival, 15.000 de ellos por vía aérea en más de 80 vuelos comerciales y varios privados. En el marco del certamen cultural, la alcaldía autorizó 140 permisos para eventos públicos, los cuales tuvieron lleno absoluto. En síntesis, el pasado Festival Vallenato dinamizó la economía de la ciudad a niveles antes no vistos, por tratarse de la versión especial de Rey de Reyes.

Tal vez esta euforia colectiva que vivió la ciudad y que tiene a muchos contentos ha llevado a la Fundación rectora del evento a cometer el despropósito de anunciar que el concurso Rey de Reyes será cada cinco años. Así lo expresó su presidente, Rodolfo Molina, en la ceremonia de premiación de los ganadores del certamen el pasado sábado. ¡Craso error!

En primer lugar, esta decisión va en contravía de lo establecido por la creadora de esta edición especial, Consuelo Araujonoguera, cuando estableció en 1987 el primer Rey de Reyes. El periodo de diez años para hacer este concurso no es caprichoso. Los fundamentos que en su momento tuvo en cuenta la Cacica siguen vigentes: cada diez años se forma una nueva generación de acordeoneros que tienen características similares y pertenecen a una misma escuela musical.

Acortar el periodo para el Rey de Reyes a cinco años parece obedecer a un criterio eminentemente comercial y no cultural. Es perder la mística y el encanto que tiene una versión especial de Rey de Reyes. Cuando una distinción o premio puede ser alcanzada por cualquiera, pierde su gracia.

Las comparaciones del Festival Vallenato con las olimpiadas y el mundial de fútbol (eventos que se hacen cuatro años) no vienen al caso. Este es un certamen musical y cultural, aquellos son deportivos. La Fundación no puede ceder a las presiones comerciales y romper con una tradición que ha demostrado con el paso del tiempo haber quedado bien establecida.

Ojalá la Fundación rectifique a tiempo este exabrupto.

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Parodiando la famosa canción de Escalona (que cumple 8 años de ausencia), parece que el presidente Santos se ha puesto de malas, de malas porque el país entero le quiere parar. Primero fueron los taxistas que suspendieron sus servicios, luego los docentes entraron ayer en paro, siguen las protestas sociales en Chocó y Buenaventura, se suman los distintos sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, y amenazan también con irse a paro los empleados de la Rama Judicial.

Bastante oscuro, tenso y complejo el clima de gobernabilidad que tiene que capotear el mandatario colombiano, que dicho sea de paso, tiene los índices históricos más bajos de popularidad de presidente alguno, a pesar de contar en su palmarés con un premio Nobel de Paz. ¡Tamaña paradoja!

Por supuesto que son distintas las razones por las cuales cada gremio protesta. Los taxistas, por su oposición al uso de Uber y otras plataformas digitales; los docentes exigen mayores reinvidicaciones laborales y mejores servicios de Salud. Los chocoanos reclaman por el eterno olvido del gobierno central a sus justos reclamos de satisfacer mínimas necesidades básicas. Y los sindicatos del INPEC exigen el aumento de la nómina en 4000 nuevos guardianes para atender el creciente aumento de internos de las ya congestionadas cárceles colombianas.

Sin embargo, llama la atención que todos estas protestas ocurran simultáneamente frente a un gobierno que ya tiene el sol a sus espaldas y escaso margen de maniobra político y económico. Digámoslo sin rodeos. El gobierno central está desfinanciado. La pasada reforma tributaria dejó claro que era imperativo aumentar el recaudo para atender el incremento exponencial del gasto del gobierno. Todo el recaudo de la tributaria ya está comprometido y no hay espacio para nuevos gastos.

Así las cosas, es poco probable que el gobierno llegue a concertar con los sectores en protesta, cargado de soluciones concretas y viables financieramente. Son muchos incendios simultáneos los que le están ardiendo a Santos en la actualidad Y no se ve en el gobierno quiénes oficien como apaga incendios. Por el contrario, varios alfiles de Santos empiezan a abandonar el barco –como Germán Vargas y Simón Gaviria que renunciaron a sus cargos– pensando en sus intereses políticos.

De no actuar a tiempo y en forma eficiente este gobierno, existe la probabilidad de que las protestas aisladas de estos sectores terminen por contagiar a otros sectores y gremios a presionar a Santos en este momento de debilidad. Tiene, pues, el presidente el gran desafío de apagar los incendios rápidamente para no repetir la amarga historia del paro de camioneros del año pasado que tanto daño causó a nuestra economía y al bolsillo y a la canasta familiar de los colombianos.

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