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Paloma Valencia (10)

Soy una teorizante de la política; me gusta analizar los hechos, descubrir los incentivos dentro de los juegos del poder, lanzar interpretaciones y aventurar predicciones.

La controversia política obliga a afinar la vista: observar mejor la realidad nacional y someter a rigurosos exámenes teóricos las soluciones que pueden ayudar a superar nuestros males en la práctica.

Tengo una ideología, como todos. Prefiero unas ideas sobre otras por considerarlas más apropiadas para resolver los problemas nacionales; incluso me encuentro muchas veces con la impresión de que los síntomas sobre los males de Colombia pasan desapercibidos para ciertas ideologías. De quienes teorizan desde mi orilla, aprendo nuevas formas para las mismas ideas; de quienes me contradicen me llevo alternativas de soluciones distintas e incluso nuevas formas de valorar la realidad.

Soy uribista desde que oí a Álvaro Uribe en algunas presentaciones que hiciera cuando él era gobernador de Antioquia y yo una estudiante universitaria. No tuvo que convencerme; sólo descubrí mi coincidencia ideológica con su discurso. Desde entonces he sentido que ve un país parecido al que yo veo, plantea soluciones que considero las adecuadas; su diagnóstico de nuestro paciente Colombia, tanto como el tratamiento que sugiere, me parecen apropiados.

La decisión de embarcarme en un proyecto político es nueva para mí. Alguna vez, hace unos años, hice un experimento que consideré útil para mi labor de teorizar; una pequeña campaña de dos meses como aspirante a la Cámara de Bogotá. La consideré un acercamiento para conocer, en lo posible, la realidad política. Ya me era lejana pues la militancia política de mi papá había terminado tiempo atrás y de ella sólo me quedaban recuerdos de una niña en medio de las reuniones políticas en los pueblos del Cauca.

La conclusión que obtuve de mi aventura me pareció que sellaba mi destino como teorizante: la política electoral es muy difícil. Existe un voto de opinión, pero es de difícil acceso y está ligado a los medios de comunicación; y existe un voto turbio que se mueve con unas fuerzas con las que no me atrevería a mezclarme.

Sin embargo, la coyuntura que hoy se me ofrece es muy distinta. El expresidente Uribe, en un gesto de responsabilidad democrática y generosidad, ha decidido volver al Congreso de Colombia y usar su prestigió para que el voto que lo admira y lo respeta sea útil no solo para elegirlo, sino para elegir un numeroso grupo de uribistas. Se trata de devolverle a este sector democrático su legítima representación política, usurpada por aquellos que, elegidos por nuestros votos, optaron por políticas diferentes a aquellas por las que los elegimos. Se trata de construir una fuerza política sobre bases ideológicas, donde lo importante no son las personas sino las ideas. Se trata de buscar una renovación política, un partido donde las personas están supeditadas a las ideas y no a caudales electorales o financieros.

He sido distinguida con un puesto de honor en esa lista y lo recibo con responsabilidad. Entiendo el reto que supone pasar de pensar en los problemas y arriesgar soluciones, a asumir la pesada tarea de llevarlas a la práctica. Por eso dejaré por un tiempo estas páginas, en el intento de llevar a la acción las ideas en las que creo.

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Santos en su intento por justificar su alejamiento de Uribe, pretende desdibujar las ejecutorias de los gobiernos uribistas.

Su afán de ser mejor, y de tener mejor opinión entre los colombianos lo llevó al extremo de sugerir que el gobierno Uribe era una farsa: no había logros, no había cambios; todo lo dicho y vivido era una mentira. Más allá de que podamos juzgar con un criterio trascendente las ejecutorias del país en los tiempos de Uribe, lo que sí existía era la sensación de que Colombia podía salir adelante, como si después de haberse mecido en una hamaca sin avanzar, la nación hubiera dado sus primeros pasos hacia alguna parte. Santos logró destruir ese optimismo. Ahora, lejos de que el afecto que se tenía por Uribe se haya trasladado a Santos; el país se deprimió.

A eso se suma una inseguridad creciente que se la califica de percepción y se combate con cifras. La extorsión ha remplazado el secuestro y el asesinato, pero la gente está a merced de los violentos, sin derechos y sin libertad. Las carreteras son inseguras, hay órdenes de paros armados y bloqueos. La gente volvió a sentir miedo, volvió a considerar dejar el país pues se deshace en el caos. Desde el Cauca llegan las más espeluznantes historias sobre el dominio de las Farc. Se pavonean por los pueblos con listas de las familias que viven en cada casa y les advierten quiénes están en la obligación de salir a bloquear las vías; incluso les exigen “aportes” para financiar los paros.

Todo eso no le preocupa a pretenciosos escritores, que desde la comodidad de Bogotá, viendo la serenidad con la que sus libros reposan en sus bibliotecas, consultan las páginas del ilustre Rufino José para seguir negando la realidad de un país, que no conocen ni les interesa conocer. Con ínfulas superiores a sus talentos, juzgan la política con el diccionario de Cuervo, y tal vez, la literatura con el estilo Maduro. Si las cosas empeoran harán sus maletas y volverán a sus plácidas vidas en el exterior. Barro y sangre, serán parte de la figura metafórica con la que expresarán su dolor por una patria de la que se dicen exiliados, sin confesar cómo han contribuido a hacerla inviable.

Lo hacen siguiendo el estilo de Santos. La línea de epítetos es tan larga, que ya a nadie le sorprende que el presidente insulte a un expresidente que además fue su superior jerárquico y el artífice de su propia elección. Santos avanzó en contra del Polo Democrático. A una de sus figuras más representativas, el senador Robledo, lo acusó de ser instigador de la violencia. Nada más mezquino. Disculpa su incapacidad para atender los problemas sociales y evitar las vías de hecho, a través del desprestigio de Robledo, a quien Colombia conoce como un hombre serio, comprometido con su postura ideológica y ajeno a toda práctica de violencia.

Santos —con una lógica inaccesible— interpreta como un éxito, la coincidencia en la crítica de la izquierda democrática y el uribismo. Esas críticas que desprecia Santos vienen de la Colombia institucional que observa su falta de sensibilidad social y su incapacidad para gobernar; tal vez juzgará, nuestro presidente, más significativo el respaldo que le da el régimen castro-chavista.

Al “coja oficio” de Santos, hay que responderle: cumpla con su oficio; gobierne, para eso lo elegimos.

 

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Los problemas del sistema de pesos y contrapesos de la Constitución del 91 son evidentes; la Corte Constitucional no podría —aunque encontrara argumentos jurídicos— oponerse a una decisión política ya tomada.

Es un proyecto del presidente, aprobado por el Congreso, vendido como la llave para la paz; y los magistrados no tienen la entidad política necesaria para rechazarlo. Si la Corte lo declara inexequible, el fracaso de las negociaciones se les atribuiría a los nueve magistrados que no tienen suficiente representación democrática para soportar ese peso.

Así, el tema fundamental de la impunidad quedará sin discusión real; pues si se hiciera sería sobre la base de la imposibilidad de rechazarlo. Ojalá la Corte opte por no hacer una revisión de fondo, y se limite a la materia formal para aprobarlo; así al menos conservaría el prestigio jurídico que le corresponde.

El MJP abre espacios para la impunidad; lo decimos quienes nos oponemos a los términos en los que se desarrolla la negociación, y juristas y organismos que militan en la izquierda; la crítica no es ideológica.

Supone el MJP que la paz sólo es posible con una alta dosis de impunidad. Cabe destacar que no negociamos la paz; mientras subsistan el narcotráfico y la minería ilegal habrá recursos para financiar ejércitos ilegales que seguirán atormentando a los colombianos. Si lo que vamos a comprar es la franquicia de las Farc, vale la pena calcular el precio.

Aquella reflexión, según la cual cuando no se puede derrotar hay que someterse al dominio del fuerte, constituye una capitulación a los principios morales. La ley de la naturaleza es la del más fuerte, de manera que los animales se pliegan ante la supremacía de otro. Supone la moral que hay principios irrenunciables sin los cuales la vida humana se reduce a la subsistencia animal y pierde todo sentido de humanidad.

Sin embargo, existen episodios históricos donde la humanidad capitula. Los franceses constituyeron un gobierno de colaboración con los nazis en la antesala de la Segunda Guerra. Se preguntarían esos líderes: ¿para qué los rusos ofrecieron la vida de 30 millones de soldados? ¿Para qué la guerra de secesión en los EE.UU.? Sólo las concepciones humanas capaces de racionamientos morales pueden producir conductas heroicas, incluso el martirio. Se trata de la defensa de los principios, de lo que es correcto. Y no es lo mismo un mártir que un fanático: el primero es capaz de morir por lo que piensa, el segundo está dispuesto a imponer sus ideas por la fuerza, aun a costa de matar.

En el caso de Colombia no hay una guerra; hay un grupo que pretende imponer por la fuerza una ideología, pues no tiene ningún respaldo social. En el camino se dedicó al narcotráfico y al terrorismo. Lo que pedimos no es guerra; es el legítimo ejercicio del Estado para que los criminales vayan a la cárcel, aunque esta sea corta.

Quienes pretenden la capitulación ante las Farc, sostienen que como no hemos podido derrotarlos debemos darles espacio en la política y olvidar todo el mal que han hecho. Es una política de apaciguamiento que no traerá la paz, dejará en la impunidad muchos narcoterroristas; y debilitará la posibilidad de que otros colombianos se sometan a la ley. Habrá violencia por mucho tiempo.

 

 

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La protesta social es una expresión legítima de los pueblos; sirve para magnificar lo pequeño. La usan quienes fallidamente han manifestado sus intereses y requieren una medida final.

Sin embargo, su poder va más allá; es un instrumento político poderoso. Si una minoría pretende mayor visibilidad, la protesta social le es útil; también si aspira a aplicar políticas que no resultaron elegidas por la mayoría. En el Catatumbo hay algo de todo esto: campesinos abandonados por el Estado, ideologías tratando de hacer política; y hay, además, un grupo narcoterrorista presionando para obtener réditos estratégicos.

Los campesinos del Catatumbo, como los de muchas regiones de Colombia, padecen la inoperancia estatal. Esa falta de control por parte del Estado se suple con dominio de los grupos criminales organizados. Éstos rotan según su capacidad bélica: quien triunfa en la violencia, domina la zona. Tras la salida de los paramilitares del Catatumbo, el Estado debía haber ocupado el lugar con sus instituciones. Sabemos que no fue así, pues las Farc volvieron a instalarse en la zona.

Las Farc carecen de apoyo popular, pues pese a su discurso jamás han hecho nada positivo por los colombianos. Su presencia no ha mejorado las zonas que ocupan; por el contrario, reina un régimen del terror que suprime derechos y deja a los ciudadanos al arbitrio de cruentos jefes. La diatriba sobre la reivindicación social es solo la fachada tras la que se esconde una organización criminal.

Las Farc no están preocupadas por el bienestar de la gente del Catatumbo; pues de ser así, no los habrían asesinado, extorsionado, reclutado, durante tanto tiempo. El interés es otro. Algunos consideran que se trata de una apuesta social para obtener votos en una eventual campaña. Otros lo entienden como un mecanismo de presión externo a la mesa de negociación que alimenta los propósitos de las Farc. Sin embargo, el análisis histórico de las negociaciones con las Farc permite concluir que estos utilizan esos espacios con dos propósitos: mejorar su imagen internacional y obtener mejores posiciones bélicas dentro del territorio.

No es coincidencia que en las negociaciones de La Habana se hable de las zonas de reserva campesina y que ahora, en un territorio donde las Farc han recuperado control, se haga una manifestación que las exige. El Catatumbo es un punto vecino a Venezuela, por donde sale hoy la cocaína, y se patrocina la revolución “bolivariana”. Además es rico en minería —el nuevo negocio de las Farc—. Se configura como un punto neurálgico para asentarse y continuar la guerra y los negocios ilegales, en caso de que no firmen un acuerdo.

Las ZRC fueron pensadas para proteger economías campesinas; las Farc quieren transfigurarlas en fortines para resguardarse del Estado. Es una forma sofisticada de usar a la población civil como escudo; una manera de esconder sus actividades criminales, utilizando la pobreza y las necesidades reales de los campesinos. El camino hacia una Colombia mejor pasa por la consolidación de las instituciones democráticas y la presencia efectiva del Estado sobre todo el territorio. El Gobierno no puede ceder espacios para que los ocupe la criminalidad organizada en detrimento al derecho fundamental de los ciudadanos de ser gobernados por el Estado de Derecho y no por los narcoterroristas.

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¿Cuál es el límite de La Habana? ¿Cuál el de las concesiones? ¿Hasta dónde pueden ir las Farc? ¿Hay algún hecho que daría lugar a la terminación de la negociación? La impredecible voluntad de nuestro presidente nos impide conocer las respuestas, menos aún estar seguros de que existen.

No es la violencia, ni la sangre que se sigue derramando de los colombianos. No las mentiras sobre los secuestros, ni aun los nuevos secuestros. No la prevalencia de sus métodos terroristas, ni la destrucción de pueblos. No son las burdas amenazas, ni los descomedidos pronunciamientos contra la institucionalidad colombiana. No las pretensiones de reformarlo todo e imponernos un modelo sin respetar los ya generosos acuerdos iniciales. Ni siquiera el cinismo sobre su negativa a entregar las armas.

Cualquiera que haya reflexionado sobre el tema sabe que no se negocia la paz; tratamos de comprar el nombre Farc, para reducir la violencia y poder actuar —según dicen— con mayor contundencia contra lo que se llamará delincuencia común. No es creíble que sin haber solucionado el problema del narcotráfico, la fuerza estatal sea capaz de contener el creciente fenómeno de bacrim y delincuencia común; y sin embargo.

Las Farc dicen y repiten que no van a entregar las armas. El tema no es menor; se refiere a la posibilidad de que retomen la violencia, por ejemplo, si consideran incumplido el acuerdo con el Gobierno. Seguramente será así. Colombia no amanecerá sin pobreza, con salud y educación de calidad por firmar un papel. Las Farc dirán entonces que el Gobierno incumplió, que las condiciones objetivas subsisten, que la desigualdad, las hegemonías, el imperio...

Dicen algunos que otorgarles representación política no conlleva ningún riesgo, porque los colombianos no votarán por ellos. Pero se han preguntado, ¿qué pasará si las Farc son derrotadas en las urnas? ¿Creen que se sentarán a hacer oposición desde los periódicos?

Más aún, suponen que una vez se firme, el miedo que ha consolidado las Farc durante más de 50 años de crimen va a desaparecer. Lo cierto es que serán elegidos porque, ¿quién será capaz de enfrentar el candidato de las Farc en zonas de su tradicional dominio? ¿Quién podrá votar en contra? No debemos ser ingenuos, si el Estado buscando contener a las Farc no ha podido hacerlo, ¿por qué será más efectivo ahora que no lo intentará?

Hemos llegado al extremo en que parece que no hay límites a la negociación; parece evidente que este gobierno considera que no hay alternativa. Si la “paz” sólo se consigue con la negociación, ¿qué pasará si las Farc incumplen lo pactado? ¿Cómo vamos a contenerlas? ¿Cuál es nuestra amenaza? Parecería contradictorio decir que está mal una guerra como la de ahora, para luego decir que valdría la pena otra para hacer cumplir los acuerdos. Si —como dice el Gobierno— no podemos ganar la guerra ahora, tampoco podremos hacerlo en el caso del incumplimiento.

Nuestro presidente será un gran poquerista, habrá derrotado a grandes jugadores y por eso estará convencido de que puede ganar este juego. Sin embargo, no debe confiarse. No juega sólo una partida difícil, sino que juega contra tramposos. Las Farc son criminales, para quienes la mentira es poco significativa. La trampa es su regla; y los juegos con tramposos son imposibles de ganar; y los pactos con tramposos se llaman estafas.

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Tantos otros gobierno habían intentando negociar con las Farc sin obtener una firma que el hecho, lejos de celebrarse como un gran éxito, debería parecer sospechoso. ¿Por qué firman las Farc?

Las Farc reconocen la posibilidad de ser derrotadas, o Santos está otorgando más que ningún otro gobierno y pagando un precio por la negociación que ningún otro presidente se había atrevido a considerar.

Algo de lo primero hay. Las Farc pasaron de dominar el país a estar replegadas durante el gobierno Uribe. Estaban acostumbradas a delinquir y con la Seguridad Democrática el crimen empezó a tener riesgos. De haber mantenido ese camino, tal vez habríamos tenido resultados como los de Perú: Sendero Luminoso terminó, su líder está en la cárcel sin beneficios.

El descuido de la seguridad por parte de Santos nos retrotrajo al caos de las extorsiones, paros armados, tomas de pueblos... las Farc han de sentirse vigorosas otra vez. No negocian del todo por la derrota.

Conviene revisar si las concesiones que ha hecho este gobierno son excesivas. Empezó por facilitarles la salida del país; salvó incluso a Catatumbo, que estaba cerca de caer por las operaciones militares. A eso le adicionó los medios de comunicación; las Farc han tenido la oportunidad de reivindicar su imagen. Se presentan como ideólogos de la equidad, defensores de los campesinos. Su discurso contrasta con los millones que acumulan sus líderes y con la crueldad con la que liquidan a los campesinos.

Se le suma el acceso a la política. El habilidoso gobierno que sostuvo que se estudiaría el asunto, ahora nos dice que la negociación no es sobre si participarán en política, porque eso ya está decidido: lo harán. Nos aclaran que ni siquiera se discutirá quiénes pueden hacerlo; la negociación versa sobre las condiciones. ¿Cómo se pueden ofrecer condiciones de participación en política si no está definido el límite de criminales que serán ahora mandatarios? ¿Cómo se otorgan beneficios sin saber a quiénes?

Apaciguadores ingenuos sostienen que las Farc no son un peligro democrático porque el pueblo no votará por ellos. Eso lo saben las Farc, por eso pactaron la negociación de los demás puntos; las reformas al agro, a la salud, a la educación quedarán por cuenta de los terroristas. Servirán para mostrar que si esos sectores tuvieron alguna atención por parte de Santos, fue por la gestión de las Farc. El Gobierno no sólo les entrega el indulto para que participen en política, sino que además les hace y les financia la campaña.

“Todo se vale por la paz; la paz lo justifica todo”; olvidan que no se negocia la paz, sino la desmovilización, que sería un avance si el costo no fuera excesivo. Si el Gobierno reconoce que existen razones que justifican la violencia, la perpetúan como mecanismo de acceso al poder. Siempre habrá injusticia para estar indignado y, por lo tanto, siempre habrá justificaciones para las armas.

Si el argumento es que no fuimos capaces de derrotar a las Farc, convendría hacer un ajuste al Código Penal: “Matar es un delito salvo que lo haga durante 60 años y el Estado no sea capaz de detenerlo”. O simplemente, concluir que es más fácil derogar la ley que hacerla cumplir; y acabar, de una vez, con todo principio de orden y justicia; pues al menos supondría un trato igualitario para todos los colombianos.

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Muchos analistas han señalado como nocivo e inconveniente que los expresidentes opinen sobre la política y critiquen al presidente Santos. Por el contrario, considero, que al hacerlo cumplen con su función.

Haber sido elegido como presidente es un gran honor, pero conlleva responsabilidades. Mal harían los mandatarios en dejar de mostrar un interés por las realidades del país; más aún cuando los países entran en épocas difíciles donde las decisiones del mandatario de turno pueden afectar de manera definitiva el futuro de la nación.

En el caso de un país como Colombia, donde los partidos son simples estructuras para dar avales, los expresidentes tienen todavía más cargas. Este Gobierno ha sido exitoso en darles mermelada a los parlamentarios de manera que cada vez son menos las voces disonantes; los expresidentes, entonces, tienen la obligación de levantar la voz a nombre de todos los colombianos que alguna vez confiaron en ellos.

Uribe representa un número muy significativo de ciudadanos que tenemos reparos ante este impredecible proceso de negociación con las Farc. Está en manos de un mandatario que miente sin pudor y que no conserva los límites propios de la coherencia. Un proceso que promete la paz, cuando es evidente que no la conseguirá; que se hace de espaldas al país, con el aval de un mandatario elegido por doctrina contraria; que amenaza los principios de justicia; que no piensa en el largo plazo, y que premia el crimen. El uribismo ganó las elecciones, pero no tiene representación política; por eso el expresidente Uribe está obligado a asumir el debate. Es su deber. No hacerlo sería una terrible falta para quienes confiamos en él. Sus críticas son serias y argumentadas, y representan el sentir de muchos.

Por su parte, Pastrana, como el mandatario que recibió el mandato por la paz, tiene la entidad moral y política para referirse a los problemas de una negociación que él ya realizó. La generosidad con la que el gobierno Pastrana asumió la causa de la paz dio lugar a demostrar —sin lugar a dudas ni discusión— que las Farc son quienes no tienen voluntad de paz. Con ese proceso en el que país dio todo, debió quedar cerrado cualquier intento de negociación generosa. Lo contrario, lo que hace este gobierno, es mostrarles a las Farc que cada gobierno es como un nuevo supermercado, donde se cotizan los beneficios y sólo se tranza con el que más dé. Esta es otra forma de perpetuar la violencia.

Las críticas de Pastrana al proceso de La Habana mostraron que este es un gobierno que detesta la crítica; la tilda de amenaza, de extrema derecha y de guerrerista. Tratan de cubrir a Pastrana con los mismos rótulos descalificativos con los que desprecian a Uribe. Lo cierto es que la coincidencia en la crítica muestra que hay asuntos de fondo; desde aproximaciones muy distintas.

Se molestan algunos porque Pastrana fue duro en sus calificativos con los escuderos presidenciales. Dejando de lado lo apropiado que me parecen, el expresidente está en todo su derecho en no debatir con quienes no tienen la entidad para referirse a él. Con su actitud el exmandatario conservador los puso en su lugar y evitó que esos personajes se ensañen contra él como lo hacen contra Uribe. Las figuras presidenciales merecen respeto; son símbolos nacionales y los debates requieren altura moral y argumentativa —que los escuderos santistas no tienen—.

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La división del poder plantea la necesidad de que el Ejecutivo tenga relaciones estrechas con el Legislativo; lo mismo ocurre en los niveles locales. Teóricamente, las transacciones imponen controles al poder del Ejecutivo y les otorgan participación en las grandes decisiones a las visiones divergentes. El presidente o el alcalde  representan sólo a la mayoría; en cambio, en las cámaras colegiadas está representada diversidad de intereses. Las negociaciones deberían enriquecer los proyectos.

Si la cuestión es difícil en la teoría, empeora mucho en la práctica. Es evidente que el Gobierno necesita la aprobación de sus proyectos para realizar el proyecto que lo ha conducido hacia el poder. La primera opción es la persuasión retórica. Lo ideal serían los consensos; sin embargo la esencia misma de la política es la diferencia de las recetas capaces de conducirnos al bienestar social. Si los miembros de las cámaras son consistentes con sus principios y éstos difieren de los del gobernante, en principio el acuerdo será casi imposible. Sin descartarlo, pues es probable que existan casos donde se alcance. La reflexión más interesante resulta cuando la divergencia subsiste y el Gobierno no tiene las mayorías para aprobar su proyecto. No es claro cómo o con qué debería transar. El lenguaje de la negociación es confuso.

Un gobierno puede no transar con los cuerpos colegiados, y dejar pasar el tiempo sin lograr ejecuciones importantes. Algunos miembros de aquellos, los menos agalludos, optan por pedir obras para sus regiones; de manera que el presupuesto  al final es un mecanismo para transar los proyectos del Gobierno que no son de concreto.

En Colombia se negocia con cuotas de poder: puestos. Filosóficamente podemos sostener que un grupo político puede apoyar un gobierno en el que empieza a tener burocracia, pues puede así cumplir con parte de las encomiendas de sus electores. Sin embargo, muchas veces esos puestos son  el interés primario de los electores. Muchos votan esperando que haya un nombramiento, y que con éste se produzcan otros, o contratos o dinero que lleguen de manera directa a los electores que venden su voto.

El político ya no es representante de unas ideas; su misión no es buscar mejores propuestas para el país o la región, sino obtener la mayor cantidad de representación política. La calidad del interés del elector determina el tipo de congresista que será elegido: cuando los electores quieren la defensa de unas ideas, los congresistas pueden ser idealistas y luchar por ellas; cuando lo que quieren son puestos o plata, el congresista será un negociante interesado sólo en eso. Entre más general sea el interés de los electores, parecería que mejores congresistas serían capaces de escoger. Pero para que los intereses ciudadanos sean los generales, es necesario que el Estado no necesite de intermediarios y que las necesidades básicas de los ciudadanos estén satisfechas. Y para eso, precisamente, se necesitarían buenos cabildantes. ¿Estaremos condenados siempre a la democracia de los puestos?

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Personalidades como Carlos Gaviria podrían acompañar a Robledo en la lista del PDA. Se habla de que Cambio Radical tendrá una lista con Alex Char, Carlos Galán y otras figuras. Por su parte, la U ya explora personas jóvenes con ideas y propuestas. Santos insiste en devolver a Vargas Lleras al Legislativo. Se trata de candidaturas interesantes, que le darán al debate político la seriedad que las circunstancias del país exigen. Será, si continúa así, la gran reforma de la política. Es un nuevo aporte que el presidente Uribe podrá darle al país.

Sin embargo, se dice que el gobierno Santos, amedrentado por no poder controlar los resultados electorales, prepara una andanada de reformas que buscarían evitar la victoria de Uribe, y con ello destruirá también estos cambios que se están gestando.

Una reforma que cambie la circunscripción nacional, y nos regrese a la regional, impediría que Uribe y las otras figuras logren congregar los votos para la transformación del Congreso. Sería el final del intento más importante de reforma política que ha vivido el país.

Dicen algunos que una conducta así se parece a la de reformar la Constitución para permitir la reelección; nada más equivocado. La reelección abría el abanico para que el presidente pudiera participar, tal y como lo querían las mayorías. Así quedó demostrado tras su abrumadora votación. Si algo, la reforma le daba más opciones a la democracia; la reforma no lo nombraba presidente, no le cerraba el camino a los competidores; les daba a los ciudadanos el poder de decidir. La reforma que se planea es, en cambio, uno de los actos más antidemocráticos que se puedan concebir. Se trata de crear restricciones para desfigurar la voluntad popular; para controlar los resultados, para impedirle el paso a la oposición. Ese mecanismo sólo es propio de los dictadores y de quienes tienen poca estima por la democracia. El último caso parecido lo vimos en Venezuela, donde Chávez reformó los distritos electorales para evitar que la superioridad de la oposición se tradujera en mayores escaños en el Parlamento.

La lista de Uribe ya ha empezado a producir cambios, todos ellos positivos. En el nuevo Congreso se anuncian debates profundos, ideológicamente fundamentados, con personas capaces de proponer ideas. No sería explicable que, cuando tantas cosas buenas parecen acercarse, el mismo Congreso, asustado por la derrota democrática de la politiquería y la corrupción, use sus poderes para impedir el cambio; menos aún parece aceptable por parte del Gobierno. Es tan exagerado y antidemocrático que me resisto a creerlo. Sería vergonzoso, para Colombia y para quienes hacen parte de este gobierno, cabalgar hacia la disolución de la participación popular. Triste sería la hora en que la apetencia de poder desfigure el respeto por la democracia.

Los más extremos anuncian que se piensa en una reforma para suprimir la segunda vuelta. Colombia ha sido respetuosa de la democracia. Ojalá no sea este el momento para que eso cambie.

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Las observaciones de los ganaderos son, por una parte, la crítica filosófica al proceso, y por otra, a las propuestas especificas de las Farc.

La crítica al proceso se fundamenta en que una negociación con los violentos en los términos en que se está haciendo nos aleja de la paz, pues debilita la institucionalidad y la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley. Al mismo tiempo, les da aliento a los otros grupos armados a persistir en la violencia, el narcotráfico, el secuestro y todas esas atrocidades para merecer el mismo trato que las Farc.

Los hechos que ha vivido el país en los últimos días muestran que son observaciones muy ajustadas a la realidad. Una negociación así, con un altísimo costo para la institucionalidad, tampoco nos dará la paz. El país lo comprobó con la tregua. Si se cumplió en un 80% —como afirman los estudios— es evidente que las Farc ya no son el actor fundamental de la violencia en Colombia. Las bacrim las han superado en control territorial y crueldad. El mensaje además ha sido interpretado por los violentos como se había previsto: el Eln inició una escalada violenta en busca de entrar a la negociación; buscan ser tan violentos como las Farc para recibir el mismo premio.

El segundo grupo de críticas se refiere a la agenda de negociación y a las propuestas de las Farc. El Gobierno parece no leer los comunicados de las Farc, o menospreciarlas infinitamente. Este grupo lleva librando una guerra durante 50 años para imponer un sistema socialista en Colombia. Un modelo que sólo subsiste en Cuba y que se implementa en Venezuela. Pretende ahora el Gobierno mostrar como posible un acuerdo con una visión extremista como esa. Eso no es posible.

La desigualdad y la pobreza de nuestro país es un problema que nos duele a todos; más aún en el campo. Ningún colombiano se siente ni se ha sentido satisfecho con esa realidad. Infortunadamente no existen formulas mágicas para hacerlo. Las Farc no están aportando nada al debate salvo un discurso lleno de propuestas ya fracasadas en los países en que se aplicaron.

La política busca el bienestar de la sociedad. Las diferencias ideológicas se deben precisamente a la discusión en torno a cómo se llega a los resultados. Cada ideología presenta alternativas y recetas distintas, y es la voluntad soberana la llamada a elegir entre las opciones. Colombia respaldó abrumadoramente las propuestas del expresidente Uribe y por eso fue elegido Santos. El presidente decidió apartarse de ese mandato popular y preocupa que ahora mediante esta negociación esté pensando en imponerle las recetas de las Farc al país por vías no democráticas. Si este gobierno llega a acuerdos con las Farc, estos deben ser sometidos a la refrendación popular, pues si Colombia es coherente, los rechazará enérgicamente.

No le conviene al santismo presentarse ante la opinión pública como quien contiene las críticas verbales que hace la sociedad civil a las Farc y al proceso, pues es ese mismo gobierno el que se muestra conciliador con los narcoterroristas, cuyas “críticas” no han sido propiamente palabras.

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