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El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de  Valledupar, Emdupar, Armando Cuello Daza indicó que una vez se corrijan algunos detalles de la obra y    se firme un convenio se iniciará a operar el acueducto del sur del municipio.

Cuello Daza precisó que inicialmente se iba a realizar un estudio de costos y tarifas y  otro socio económico  para establecer que sectores de las poblaciones beneficiadas pueden pagar  un poco más por el servicio.

El funcionario advirtió   una vez se ponga en servicio el acueducto no se cobrará en  los primeros meses, para que el usuario establezca diferencias entre un buen servicio de agua potable, constante y el comprar pimpinas.

Es de indicar que en los cinco corregimientos que se favorecen  con el acueducto regional, hay 1.600 usuarios.

El convenio de operación se firmará entre la Gobernación, la Alcaldía y Emdupar.

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Ante el cierre del matadero, como ocurrió en todos los corregimientos se disparó el robo y el sacrificio de reses  en los potreros  de la región.

El pequeño ganadero, Alfonso Palmera indicó que cerca de Patillal  en la vía a La Mina en el sitio conocido como ‘Los Carbonalitos’  fue encontrado un matadero clandestino en donde sacrifican reses robadas  y las tripas de los animales son  arrojadas a un jagüey.

Se estableció que los ‘cuatreros’  pelan las reses en los potreros y con la factura de un animal que sacrifican en  Coolesar legalizan  las robadas.

La Tribuna del Cesar conoció que  en los corregimientos del  norte están vendiendo hasta carne de caballo.

Los ganaderos del norte de Valledupar han pedido más operatividad por parte de la Policía.

Se conoció que en los corregimientos del sur de Valledupar ocurre lo mismo, en los últimos días al ganadero Gonzalo Gómez, le sacrificaron en los  potreros de una de sus fincas en Mariangola  unas reses.

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De la mano de la Agencia Colombiana para la Reinserción, ACR, 44 reintegrados de Valledupar arrancaron los trámites para acceder al beneficio y así poner en práctica las  unidades productivas de negocio.

Uno de los pasos es el microcrédito bancario para lo cual se hizo una alianza con Bancamía para adelantar los procesos.

Entre las características del convenio están brindar capital de trabajo e inversión en montos que van desde el 70% de 1 SMLMV y máximo 120 SMLMV, con unos plazos desde 6 meses hasta 48 meses. Los beneficiarios, además, recibirán formación financiera y un acompañamiento por parte de un especialista bancario antes, durante y después de haber accedido al crédito.

El próximo 23 de mayo se realizarán nuevas jornadas de inscripción y socialización de esta alianza con personas en proceso de reintegración en los municipios de Aguachica  en el Cesar y Fonseca, La Guajira.

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Ante múltiples denuncias de un posible deficiente tratamiento del agua en la población de Codazzi en donde varios ciudadanos locales alertaron a las autoridades sanitarias, sobre impotabilidad del servicio, se sometió a unos estudios minuciosos el proceso de purificación del líquido.

Luego de varios meses de seguimiento, el Gerente de Emcodazzi, la empresa de suministro y tratamiento del acueducto de la localidad, dio un parte de tranquilidad luego de obtener resultados favorables.

El titular de la empresa, Adrián Zarate Lamus, dio a conocer los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas por la secretaría de salud del departamento del Cesar, donde  se manifiesta que el agua que toman en el municipio de Agustín Codazzi es apta para el consumo humano.

En ese sentido se dijo que los químicos son óptimos para el tratamiento del agua y se hace monitoreo permanente, lo que permiten garantizar un líquido de buena calidad.

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El Viceministro de Salud, Luis Fernando Correa Serna, estará hoy en esta ciudad en la entrega formal a los alcaldes y gerentes de los hospitales de 17 nuevas ambulancias, dentro del programa de fortalecimiento a la Red Pública Hospitalaria del Cesar.

El acto liderado por el Gobernador Francisco Ovalle será a las 10:30 de la mañana en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla. En total son 14 vehículos de Transporte Asistencial Básico y 3 de Transporte Asistencial Medicalizado.

Los hospitales beneficiarios son de los municipios de San Diego, El Paso, Pailitas, González, San Martín, Curumaní, Río de Oro, Gamarra, Tamalameque, Codazzi, El Copey, Astrea, San Alberto, Chiriguaná, además del Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, y José David Padilla Villafañe, de Aguachica.

En horas de la tarde, el Gobernador Ovalle, el Viceministro de Salud, la Secretaria del Ramo, Carmen Sofía Daza, y el equipo técnico de la sectorial, tendrán una mesa de trabajo en la que abordarán distintos temas, tales como atención a la población venezolana, los servicios No POS en el régimen subsidiado y la situación actual de las ESE de segundo nivel, entre otros.

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Hay cierto malestar en un grupo de trabajadores que laboran en la pavimentación de la entrada al barrio 450 años, una de las tres grandes obras que adelanta el SIVA en Valledupar.

La inconformidad obedece al retraso en el pago de sus emolumentos los que no les hacen desde el pasado 5 de abril dijo uno de los operarios que pidió omisión de su nombre.

Tal situación se refleja en la parálisis de los trabajos los que comenzaron con cierta dinámica, pero que con el pasar de los días, se ha venido dilatando, a tal punto que en estos momentos está paralizada la obra.

Los vecinos han corroborado el caso manifestando que no han vuelto a fundir más placas de concreto ni inician con la instalación de los bordillos ni otras acciones atinentes al acabado de dicha vía.

Aseguraron que ven llegar las cuadrillas pero ninguno asume las labores en una clara demostración de que algo está pasando, mientras tantos, algunos propietarios negocios del lugar han visto mermar sus ventas por el taponamiento de la arteria, al igual que las incomodidades para otros vecinos que no pueden acceder a los parqueaderos de sus vehículos.  

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Por presuntamente participar en un contrato, con desconocimiento de los principios constitucionales y legales aplicables a la contratación pública, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Fredys Miguel Socarrás Reales, en su condición de alcalde de Valledupar para el período constitucional 2012-2015; Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria General; Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de Gobierno y Mery María Romero Mestre, exjefe de la Oficina Jurídica.

De acuerdo con la investigación, los disciplinables habrían cometido irregularidades en el contrato de prestación de servicios Nro. 552 de 2015 por valor de $1.400’000.000, celebrado entre la Alcaldía de Valledupar y la firma Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S. (SVSCS) con el objeto de desarrollar el proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’.

A exmandatario se le investiga por omitir la vigilancia y control sobre la función delegada en la secretaria General, en el marco del citado contrato y su conducta se calificó hasta este momento como gravísima a título de culpa grave.  

El órgano del ministerio público le reprocha a Lisbeth Gaitán Mateus, el presuntamente, haber certificado que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el proyecto de formación de gestores de paz, sin serlo; y celebrar en forma directa el contrato 552/15 con Natalia Springer, su representante legal, eludiendo el principio de transparencia porque, al parecer, no agotó el procedimiento previo para la selección objetiva del contratista. En esta etapa del proceso la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública calificó su falta como gravísima a título de culpa gravísima.

Por su parte, a Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de gobierno, quien fue objeto de dos imputaciones, certificó que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el objeto contractual, cuando existían elementos que no lo evidenciaban y elaborar unos estudios de mercado sustentados en las cotizaciones presentadas en abril de 2015 por SVSCS, firma que presentó otra cotización seis meses antes de ser requerida, y Bimedia Studio, sin vincular entidades que por su perfil se adecuaban a las necesidades que originaron el proceso contractual en el municipio y recomendar la celebración directa de un contrato de prestación de servicios profesionales. Las conductas del entonces secretario de Gobierno fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo y de culpa gravísima, respectivamente.

A Mery María Romero Mestre, por su parte, se le investiga porque, al parecer, no asesoró a la administración municipal sobre el procedimiento contractual que debía seguirse para la selección del contratista, lo cual condujo a la suscripción directa del mencionado contrato de prestación de servicios.

Su falta se calificó en esta etapa como grave cometida con culpa grave, teniendo en cuenta que situaciones como la presentada generan una imagen negativa a la administración y generan desconfianza de los ciudadanos, poniendo en entredicho la buena fe con que deben actuar todos los servidores del Estado.

Finalmente el órgano disciplinario señaló que los sujetos procesales podrán presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que consideren conducentes para su defensa.

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Por presuntamente participar en un contrato, con desconocimiento de los principios constitucionales y legales aplicables a la contratación pública, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Fredys Miguel Socarrás Reales, en su condición de alcalde de Valledupar para el período constitucional 2012-2015; Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria General; Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de Gobierno y Mery María Romero Mestre, exjefe de la Oficina Jurídica.

De acuerdo con la investigación, los disciplinables habrían cometido irregularidades en el contrato de prestación de servicios Nro. 552 de 2015 por valor de $1.400’000.000, celebrado entre la Alcaldía de Valledupar y la firma Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S. (SVSCS) con el objeto de desarrollar el proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’.

A exmandatario se le investiga por omitir la vigilancia y control sobre la función delegada en la secretaria General, en el marco del citado contrato y su conducta se calificó hasta este momento como gravísima a título de culpa grave.  

El órgano del ministerio público le reprocha a Lisbeth Gaitán Mateus, el presuntamente, haber certificado que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el proyecto de formación de gestores de paz, sin serlo; y celebrar en forma directa el contrato 552/15 con Natalia Springer, su representante legal, eludiendo el principio de transparencia porque, al parecer, no agotó el procedimiento previo para la selección objetiva del contratista. En esta etapa del proceso la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública calificó su falta como gravísima a título de culpa gravísima.

Por su parte, a Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de gobierno, quien fue objeto de dos imputaciones, certificó que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el objeto contractual, cuando existían elementos que no lo evidenciaban y elaborar unos estudios de mercado sustentados en las cotizaciones presentadas en abril de 2015 por SVSCS, firma que presentó otra cotización seis meses antes de ser requerida, y Bimedia Studio, sin vincular entidades que por su perfil se adecuaban a las necesidades que originaron el proceso contractual en el municipio y recomendar la celebración directa de un contrato de prestación de servicios profesionales. Las conductas del entonces secretario de Gobierno fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo y de culpa gravísima, respectivamente.

A Mery María Romero Mestre, por su parte, se le investiga porque, al parecer, no asesoró a la administración municipal sobre el procedimiento contractual que debía seguirse para la selección del contratista, lo cual condujo a la suscripción directa del mencionado contrato de prestación de servicios.

Su falta se calificó en esta etapa como grave cometida con culpa grave, teniendo en cuenta que situaciones como la presentada generan una imagen negativa a la administración y generan desconfianza de los ciudadanos, poniendo en entredicho la buena fe con que deben actuar todos los servidores del Estado.

Finalmente el órgano disciplinario señaló que los sujetos procesales podrán presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que consideren conducentes para su defensa.

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La Gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza, en cumplimiento a la Ley 489 de 1998 que establece la rendición de cuentas, realizará audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia  enero – diciembre de 2016.

Judith Jácome Torres, gerente del HEAD señaló que al evento que se desarrollará en el auditorio del centro de salud San Martín, el próximo 30 de mayo a partir de las 8:00 de la mañana, están invitadas las organizaciones civiles, entes de control Municipal y Departamental, medios de comunicación, líderes comunitarios, veedores ciudadanos y comunidad para que conozcan la gestión que ha realizado el Hospital durante este periodo.

Jácome Torres hará un recuento de la gestión ejecutada durante la vigencia 2016, gestión que contempla las metas y logros alcanzados, así como las proyecciones trazadas hasta finalizar su periodo como gerente de esta entidad. 

Para brindar mayor claridad y transparencia en el proceso, el informe de rendición de cuentas a presentar, se encuentra en la página web del Hospital Eduardo Arredondo Daza, www.headese.gov.vo,  así mismo en dicha página se podrá enviar las inquietudes, preguntas y propuesta que a bien tengan los interesados en participar.

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Con el propósito de profesionalizar las labores que desempeñan fontaneros y plomeros de Aguachica, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía municipal en alianza con el SENA certificarán las competencias laborales de los trabajadores de este sector, mediante el reconocimiento y evaluación de su desempeño productivo.

Esta titulación se presenta en el marco de la necesidad mostrada por los propios fontaneros y plomeros que demandan una oportunidad para capacitarse y alcanzar una formación integral.

Los interesados en vincularse a este proceso de certificación diligenciaron el formato de inscripción y esperan que en los próximos días, el Sena publique la lista de admitidos para iniciar el proceso de formación que les permita tener su certificación por competencias laborales.

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