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El Secretario de Educación Municipal, Julio César Barrios, anunció que con recursos propios se cubrirá el excedente de la deuda contraída con 327 administrativos de 25 colegios del municipio de Valledupar, pago que presionan por la vía de tutela contra la Alcaldía de Valledupar, Minahacienda y Mineducación, al amparo de derechos fundamentales a la dignidad humana, el trabajo y la igualdad, por deuda de homologación adquirida en años anteriores.

Cerca de 6 mil 643 millones fueron girados por la nación el 30 de diciembre de 2011, que corresponden a las vigencias del 2003 al 2010, para cubrir la homologación, de los cuales 3 mil 706 millones cambiaron de destinación y se orientaron al pago de salarios al finalizar 2012.

Fabio Guerrero Montes, abogado apoderado de los  homologados, en su mayoría administrativos del nivel  profesional, técnicos, auxiliares de servicios generales, pagadores, celadores, bibliotecarios y personal asistencial, promovió  incidente de desacato por incumplimiento al fallo de tutela que ordenó cancelar estos emolumentos.

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Con las brisas de diciembre llegan a la Universidad Popular del Cesar, vientos de cuentas claras, es por eso que el próximo 12 de diciembre a partir de las ocho de la mañana en el auditorio Julio Villazón Baquero de la sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar, se realizará la audiencia pública de rendición de cuentas por parte del rector del claustro educativo del Departamento, Jesualdo Hernández  Mieles.

Allí se conocerán  los lineamientos  de la ley 489 de 1998  con referencia  a los organismos de  control, autoridades, veedurías ciudadanas, gremios, academia, medios de comunicación y comunidad en general, será un informe pormenorizado sobre su gestión, logros y metas alcanzados durante la vigencia 2012  del rector al frente de la universidad.

Será una oportunidad para que todos los estamentos de la sociedad valduparense formulen sus inquietudes  para ser presentadas y resueltas durante el evento que busca medir el aporte de Hernández Mieles en los seis meses que lleva al frente del alma mater.

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Con el fin de garantizar seguridad y mejorar las condiciones de los servicios que presta el sector turístico en el departamento de La Guajira; la Directora de la Oficina de Turismo Departamental, Martha Lubo, explicó que con los alcaldes municipales ya se han  concertado acciones de promoción y calidad con miras a la temporada fin de año 2012.

La funcionaria, aseguró que la meta es aumentar el número de visitantes que se tuvo durante el año pasado; agregando que se han implementado trabajos de limpieza de las playas, ríos y los sitios más frecuentados en esta época de vacaciones.

Lubo Palacio, precisó que como aliado estratégico el comando de Policía de La Guajira, definió el plan de seguridad para lograr neutralizar las acciones de los grupos violentos que siembran temor en la población.

En ese sentido, el Coronel Elbert Velasco, destacó que en dicho plan se trabajará de la mano con el Ejército y la Fiscalía, para aumentar la "capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad” resaltando que “es necesario que la comunidad se concientice y denuncien cualquier situación extraña que observen, como forma para actuar de manera efectiva y rápida”.

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Tras anunciarse un proceso de embargo en contra de la Gobernación Departamental, por el no pago de los recursos correspondientes a la vigencia 2012 para el claustro educativo; el Gobernador Encargado, Misael Velázquez se reunió con el consejo directivo de la institución para llegar a un acuerdo.

En el encuentro, la Administración Departamental asumió el compromiso de cancelar la deuda de la gratuidad de la educación, estableciendo como plazo máximo el lunes 19 de noviembre, con el fin de que la universidad suspenda el proceso de cobro coactivo.

Los funcionarios de Uniguajira aseguraron que la Junta Directiva  se vio obligada a tomar las medidas debido a presiones de docentes que reclaman sus derechos salariales.

En días pasados, la Secretaria de Hacienda Departamental, aseguró que la Administración fue clara en explicar que una vez fueran aprobados los recursos de regalías a través de las Ocads - con los que siempre han saneado el pago de la educación gratuita- la universidad contaría con el pago total de la deuda.

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Hoy termina el periodo de gracia de un mes para que los teléfonos prepago con números que terminan en 0 y 1 sean registrados en la página web del operador respectivo, en sus puntos de atención o llamando al centro de contacto, según informó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El ente nacional explicó que desde ahora y el próximo 14 de diciembre, le corresponde el turno de registro a celulares que terminan en 2 y 3; agregando que quienes pierdan la última oportunidad de realizar este procesos para sus móviles, podrán seguir usándolo sin problemas hasta abril de 2013, cuando comenzará en forma el sistema que controlará los celulares en Colombia y que bloqueará los aparatos que no aparezcan en la base de datos positiva, que alberga su identidad o número de identificación única de cada celular.

Con esta medida, el Gobierno Nacional busca atacar a las mafias que se lucran del robo de aparatos celulares y reducir este crimen que está catalogado como el número uno en el hurto callejero.

Luego de la fecha límite estipulada, quien desee registrar su equipo, deberá comprobar su legítima procedencia, con recibo en mano, ante el operador y en caso de que la información del aparato no coincida con la línea, el equipo será bloqueado.

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La jefe del ente de control fiscal, Sandra Morelli Rico, le envió, en ejercicio de su función de advertencia, una dura comunicación al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, y a la directora de Apoyo Fiscal de esa cartera, Ana Lucía Villa, con relación al manejo negligente y en algunos casos malintencionado que varios promotores y alcaldes están realizando en los acuerdos de reestructuración financiera de la Ley 550 de 1990, en los cuales están incluyendo obligaciones inexistentes o sin los debidos soportes. (Ver aquí texto completo de la advertencia de la Contraloría General).

La Contraloría puso en evidencia varios patrones irregulares que se repiten en ciudades y entes territoriales que se han acogido a la mencionada Ley, y los cuales comprometen seriamente el erario por cuanto se estaría reconociendo como existentes y ciertas, obligaciones sobre las cuales no existe certeza sobre su legalidad.

Las auditorías realizadas por la Contraloría han detectado, entre otras, deficiencias generalizadas en el manejo de los activos, pasivos, contingencias, archivos y registros contables, así como “obligaciones cuyo origen, preexistencia y trazabilidad no pueden acreditarse, habiendo incluso denuncias de inclusión de obligaciones en los acuerdos que no responden al pago de un bien o servicio para el ente territorial”. Adicionalmente, al solicitar la información correspondiente, la misma no la tiene ni el ente territorial, ni el promotor ni el Ministerio de Hacienda.

En este sentido, la Función de Advertencia, del pasado 31 de octubre, señala en forma enfática  el “grave riesgo al patrimonio público de la Nación, por el reconocimiento de obligaciones en los Acuerdos de Reestructuración de Pasivos …, por parte de los entes territoriales, sin que se tenga certeza de la legalidad de todas y cada una de las obligaciones, con lo cual se estarían legitimando pasivos inexistentes al ser reconocidos en los acuerdos mencionados, que al ser pagados se constituye en un detrimento patrimonial, además de las conductas disciplinarias y penales a que hubiere lugar”.

Cabe recordar que el Municipio de Valledupar se apresta a ingresar al mencionado mecanismo de reestructuración financiera, habiendo sido aprobado ya en primer debate por el Concejo de Valledupar, el proyecto de acuerdo que la administración municipal presentó ante la corporación edilicia.

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El Ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, presidirá mañana en La Jagua de Ibirico una audiencia pública en la que se analizará el impacto de la explotación del carbón en ese eje minero del Cesar, con presencia de funcionarios del estado con poder de decisión, empresarios, académicos y miembros de la sociedad civil.

El Senador Félix Valera confirmó además la presencia de la directora de la Unidad Nacional de Licencias Ambientales, Luz Helena Sarmiento y de la presidenta de la Agencia de Minerías, María Constanza García.

La audiencia pública que se desarrollará en el colegio José Guillermo Castro, a partir de las 8:00 de la mañana, auscultará la problemática que genera la explotación del carbón a cielo abierto, su impacto ambiental y el tema de los reasentamientos del Hatillo, Plan Bonito y Boquerón.

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Con una contrapropuesta para estudio jurídico respondió el alcalde de Chiriguaná, Gustavo Aroca Dagíl, el debate que protagonizó en la Asamblea del Cesar el Diputado Eduardo Esquivel López, para que se abra una sede de la Universidad Popular del Cesar en ese municipio, recinto al que concurrió el Rector del claustro, Jesualdo Hernández.

La contrapropuesta de Aroca Dagíl apunta a restituir la sede de la Biblioteca Pública que fue donada al municipio para su entrega y adecuación en comodato a la Universidad Popular del Cesar.

El mandatario municipal también discrepó de utilizar recursos de regalías que están prohibidos para gastos de funcionamiento, pero sugirió el uso de dineros del Sistema General de Participación que pueden ser pignorados con excedentes de costos de matriculas.

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La administración municipal de Pelaya firmó un convenio con el Banco Agrario para construir 98 viviendas en los corregimientos de San Bernardo y Costilla.

El alcalde Walfran Rinaldy indicó que se construirán 48 viviendas en San Bernardo y 50 en Costilla, las cuales tienen un costo unitario  de 15 millones de pesos, para un total de mil 470  millones.

El convenio hace parte del programa vivienda en sitio propio, lo que quiere decir que los beneficiados deben tener un lote o solar.

Las obras de las 98 viviendas, se iniciará en el mes de febrero del 2013.

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Buen ambiente tienen en  el Concejo de Valledupar,  el proyecto de acuerdo 027 del 11 de octubre del presente año, por medio del cual se conceden facultades al alcalde municipal, para promover, negociar y celebrar  un acuerdo de reestructuración de pasivos  en los términos de la Ley 550 de 1999 y de la cual la Comisión Segunda de Presupuesto aprobó en primer debate.

Al proyecto de acuerdo,  se le introdujeron  dos modificaciones hechas por el cabildante Yesid Triana, que tiene que ver con  el tiempo de duración en Ley 550, que no será 15 sino de 11 años y las facultades al alcalde para negociar corresponderá a 6 meses.

El segundo debate al proyecto se dará en sesión plenaria, prevista para el 19 del presente mes.

En la discusión del primer debate se tuvo presente, la deuda del municipio que asciende a los  78 mil millones de pesos, 10 mil embargos y 40 mil millones en cuentas por pagar, lo que hace difícil ejecutar el Plan de Desarrollo, que requiere de 1,2 billones de pesos.

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