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Judicial (8048)

Se  realizó   la audiencia de  formulación de  acusación en el Juzgado  Segundo Penal del Circuito  contra la alcaldesa de Chimichagua,  Maritza Pérez y Rufino Machado,  secretario de gobierno, acusados  por la  Fiscal 12  Seccional por delitos contra la  administración   por el  litigio  de la gerencia del Hospital Inmaculada Concepción.

De  acuerdo a  Claudia Patricia Gómez Ovalle,  el  10 octubre  de 2016 ella ganó  el concurso meritocracia en  universidad de  Ocaña,   convocado   para   optar al cargo de  gerente y  la  alcaldesa   mediante  tutelas  le ha  obstaculizado   su derecho a  ejercer el cargo.

La diligencia judicial  había   sido suspendida   en varias  ocasiones debido a que el abogado de uno de los 3 indiciados no se presentó al juzgado.

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La  Policía  mediante  operativo   incautó 140 kilos de pollo   no apto  para el consumo en la entrada principal del mercado público de Valledupar.

El  alimento avaluado  en $980 mil pesos, le  fue  confiscado a una  mujer  de  28 años, quien transportaba el alimento sin conservar la cadena de frío, manipulación y transporte inadecuado, igualmente por encontrarse no apta para el consumo humano y de dudosa procedencia, según la ley 79 de 1979 y sus decretos reglamentarios.

La  mercancía incautada fue dejada a disposición de salud municipal Valledupar, la su incineración.

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Mañana  viernes  se  realizará   la  audiencia de  sentido  de fallo, presidida  por  el Juzgado Tercero Penal del Circuito contra  César Enrique Torregrosa Daza, de 23 años  de edad, acusado por la Fiscalía 16 seccional, por el delito de homicidio agravado, por los sucesos del 16 de enero de 2013,  donde   fue torturado y asesinado  con arma blanca el menor  Alex Johan Camacho Meza, de 12 años y  hallado en  medio de una maleza detrás de la urbanización La Castellana, al norte de Valledupar.

El  joven  había  desaparecido  hacia  4  días  cuando  salió de  su  vivienda en la calle 5C No.44-20 del barrio La Nevada

 César Enrique, es    hermano de uno de los jóvenes con quien había salido Alex el día de su desaparición y las investigaciones de las autoridades apuntaban a una posible venganza.

 “Uno de los entrevistados, víctima de un robo, hace un relato claro y pormenorizado de cómo fue sustraído de su lugar de residencia un DVD y 220 mil pesos, que guardaba en una vasija de porcelana. Y según otra entrevista, se determina que el menor Alex Jhoan Camacho Meza, se dio cuenta del hurto en el que estaba implicado Torregrosa Daza, convirtiéndose en una posible víctima”, refirió la Juez.

Según las investigaciones, cuando Torregrosa Daza, fue capturado, la Policía le encontró una bota manchada de sangre y al practicarle varios exámenes forenses se determinó que el ADN correspondía a Alex Camacho.

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Se  cumplió  juicio  oral, presidido  por  el Juzgado Segundo Penal del Circuito   con Funciones  del Conocimiento contra Mario de Jesús  Quijano  Acuña,  de  32  años  de edad, acusado por la  Fiscalía  6 Seccional de  Bosconia, por la presunta comisión del delito  de acceso carnal  violento,  por  los  hechos   sucedidos en   Bosconia  el  13  de  febrero   de 2015, donde  resultó  victima  una   adolescente de 15 años de edad para  la época.

En la  vista  pública   fue  escuchado el testimonio de un investigador de la  Fiscalía y  fue  aplazada por la no comparecencia de  dos  testigos de  la defensa  del indiciado.

De  acuerdo al ente  acusador Mario de Jesús, conoció a la  joven   en cuatro  Vientos,  y tras  compartir con ella   la invitó hasta   una  residencia   en Bosconia,  donde  la  obligó a  entrar y al escuchar los gritos los  empleados  del lugar   llamaron a la policía,  que lo encontró violándola e intimidándola  con un cuchillo.

De inmediato  fue  capturado y trasladado  hasta  la Fiscalía.

 La  continuación de  juicio  fue  programado para el próximo  5  de julio.

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EL Juzgado   Segundo Penal  de  Circuito   con Funciones  del Conocimiento, emitió sentencia condenatoria     a Saulo Fabián Pérez Jiménez, ex tesorero del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en el Cesar; Osvaldo de Jesús Montero Maestre  y Johan Otilio Salazar Amaya,  acusados  por la  Fiscalía 12 Seccional,  de los  punibles   de  peculado por apropiación y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública en el SENA,  entre los  años 2008 y 2012, en Valledupar.

Saulo Fabián Pérez   fue   condenado   a 9 años y nueve meses   de prisión   y   multa de 368 millones  de pesos.
Osvaldo de Jesús Montero Maestre,  también   a   9 años,   con  el beneficio   de  prisión domiciliaria,   y el pago  de   368 millones, Carlos Mario López Díaz, a  82 meses y multa de 331 y Johan Otilio Salazar Amaya, a  88 meses multa de 368 millones.

El desfalco  asciende  553 millones de peso.

La investigación arrojó que Pérez Jiménez desvió hacia sus cuentas personales y de terceros los dineros que extraía de la regional del Sena en su condición de tesorero. Al parecer lo hacía mediante transferencias electrónicas, sin los respectivos soportes contables.

Entrevistas y labores investigativas permitieron determinar que los pagos fraudulentos se hacían a números de cédulas asociados a cuentas bancarias, pero los nombres no correspondían con el cupo numérico. Igualmente se estableció que el entonces funcionario realizaba préstamos de dinero utilizando a terceros, a los mismos servidores del Sena, y se los cobraba a través de artificios realizados en la nómina, descontándoles el dinero y entregándolo al supuesto prestamista externo.

La Fiscalía indicó que utilizaba doble numeración de órdenes de pago, una de las cuales expedía de manera ficticia, respaldándolo con comprobantes de egreso que él mismo elaboraba sin ningún tipo de soporte.

De acuerdo con las investigaciones, las órdenes de pago no se podían repetir en un mismo centro y tampoco en el mismo año.

Dentro de la investigación también quedó establecido que el extesorero Fabián Pérez, presuntamente preparaba los pagos para que los subdirectores aprobaran los giros donde se realizaron los depósitos irregulares.

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Una  persona muerta  identificada  como Miguel Ángel Rodríguez Díaz, 18 años  y  otra  herida   de  nombre Cristóbal   Carrillo,   16  es  saldo  de un aparatoso  accidente  motociclistico ocurrido,    en la   vía  4  vientos - El Paso.

En   el  hecho   se   vio  involucrada  una   motocicleta conducida por Miguel Ángel, residente en el corregimiento de Cuatro Vientos, quien fallece en el lugar de los hechos, quien  perdió el control  del pequeño  vehículo  y  fue  a dar a una  zanja   llena de  agua  donde  se  ahogó.

Mientras   que  el adolescente  fue   remitido   de urgencia   hasta  una clínica de    Valledupar  donde permanece  la  UCI  con pronóstico reservado.

 La  Policía  de Carretera,  practico   la  inspección técnica al  cadáver  y lo remitió   hasta medicina  legal   para  la necropsia.

Las  autoridades   manifestaron   que  el  hecho  se  presentó por impericia en el manejo de la motocicleta.

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Un hombre   identificado  como  Antonio Fidel Restrepo Brochero, de 39  años  de edad, resultó muerto por descarga eléctrica un (rayo),   cuando se encontraba trabajando en  una finca ubicada en el kilómetro 26 trocha Verdecia  de  Codazzi, Cesar.

Restrepo Brochero,  recibió  múltiples  quemaduras que  determinaron su muerte en el lugar de los  hechos cuando regresaba   a su vivienda  en la estancia  agrícola.

Las  autoridades  practicaron la inspección a  cadáver  y lo remitieron hasta  medicina  legal para  la  necropsia  de  rigor.

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Dos  personas  identificadas  como Jorge Andrés Bustamante Navarro, estudiante de  Ingeniería  Electrónica  y Grettel Eliana Daza Santiago,   quien labora   en la oficina de Tránsito Municipal,  resultaron heridas  con arma de  fuego en un intento de  atraco  en calle 19 con carrera 18c frente a la Olímpica la Ceiba,  barrio Guatapurí, de  Valledupar.

Jorge Andrés, recibió  una herida  en la  espalda   y Grettel Eliana, en el brazo izquierdo y fueron trasladados a la clínica Médicos Ltda, donde  les  prestaron  la atención de urgencia y se  encuentran   fuera  de peligro.

EL  coronen Mauricio Pedraza  Rocha,    comandante  de la Policía  Cesar,  las víctimas se encontraban en una camioneta Fortuner color blanco de placas REL-153 momentos que son abordados por un    sujeto  quien al parecer intento cometer hurto y al oponerse le realizó varios disparos ocasionándole las lesiones antes descritas, de igual forma tras  una persecución   y  la  ayuda   de la  comunidad   se logra la captura del victimario de nombre Julio David Mendoza Arcallas, de 23 años, indocumentado, nacionalidad venezolana   a  quien le incautaron un revolver Marital calibre 38 largo.

El oficial   agregó que  los  jóvenes no  habían retirado  dinero y tampoco  tenían   elementos de  valor, por lo que investigan las  causas  del   atentado.

Mendoza Arcallas,  quedó a  disposición de   la  URI, y en las  próximas  horas  será  llevado a  audiencia  concentrada   de legalización de  captura, imputación de  cargos y medida de  aseguramiento  sindicado por la Fiscalía de la presunta comisión del delito  de  porte  ilegal de arma  de  fuego y lesiones  personales.

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Por supuestamente haber incurrido en una irregularidad reprochable disciplinariamente, lo que llevó a incumplimiento de deberes, extralimitación en ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses.

La Procuraduría Regional del Cesar, formuló pliego de cargos a excontralora municipal de Valledupar Mercedes Elena Vásquez Ramírez, para que responda por las imputaciones relacionadas.  

En consecuencia, se notificó la presente decisión a la investigada o a su defensor, haciéndoles saber que contra la misma no procede recurso y que dispone de diez días hábiles contados a partir de la notificación, para que presenten los descargos respectivos, en los cuales podrán pedir o aportar las pruebas que estimen necesarias.

El caso se relaciona con que la exfuncionaria en su condición de Contralora Municipal de Valledupar para la época de los hechos, mediante resoluciones 0169 del 13 de julio de 2015 y 208 del 18 de agosto de 2015, ordenó el pago por concepto de reliquidación de viáticos de enero a mayo de 2015, a favor de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Valledupar: Enelvis María Gutiérrez Romero, Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera, y Rafael Arturo Maestre, conductor de la misma.

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La Fiscalía seccional de la Unidad de Administración Pública de Valledupar, a cargo del proceso, de la Operación Frenocomio, por  el desfalco a  Colpensiones, compulso copias ante el Tribunal Superior de Valledupar para que se investigue al titular de Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar, por competencia, por tramitar  más de 150 acciones de tutela en  para beneficiar a docentes, militares (soldados profesionales) y trabajadores de las empresas multinacionales explotadoras de carbón.

Por  este   hecho   el ente   acusador       imputó  cargos   como  presunta responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer, a Ana Dilia Fonseca Mejía, servidora del Juzgado 2 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar (Cesar), luego de evidenciar que haría parte de la red de funcionarios y particulares que defraudaron a Colpensiones así como a entidades financieras y aseguradoras, a través de trámites irregulares para la obtención de pensiones y créditos.

La captura de la funcionaria, que se materializó el pasado  3 de mayo en Valledupar.

El ente acusador puso al descubierto un entramado criminal que funcionaba desde el año 2016 y que tenía por objeto declarar a personas como enfermas mentales para que lograran su pensión por invalidez, usando documentos falsos. Así, la defraudación al sistema pensional podría superar los 90.000 millones de pesos, solo en Valledupar.

En desarrollo de seguimientos, interceptaciones telefónicas y agentes encubiertos, la Fiscalía estableció que la procesada Fonseca Mejía sería la persona que tramitaba y proyectaba las acciones de tutela interpuestas por abogados, reclamantes directos, aseguradoras,  bancos y empresas, para hacer efectivos los respectivos seguros y condonaciones de las deudas de las personas que simulaban enfermedades para pensionarse. Estas acciones de tutelas argumentaban la violación al mínimo vital.

De acuerdo con la investigación, para cometer estos hechos, la mujer tenía como enlace dentro de la estructura delictiva a José Miguel Meléndez Vega, también judicializado en este caso, con quien se presume lograron tramitar más de 150 acciones de tutela.

Cabe recordar que Meléndez Vega y nueve personas más fueron capturadas y judicializadas el 9 de abril último, dentro de esta investigación, por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

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