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Editorial (439)

La fuerte caída de los ingresos fiscales del gobierno nacional ha creado un enorme déficit en las finanzas de la nación sobre el cual aún no existe certeza cómo será cubierto.

La caída de los ingresos fiscales se debe principalmente a la reducción de la renta petrolera, en particular por la menor producción de Ecopetrol, debilitada en gran parte por los atentados que ha sufrido la infraestructura de transporte del hidrocarburo.

Adicionalmente, los recursos que el gobierno esperaba obtener de la venta de ISAGEN y con los cuales se financiaría la cuarta generación de concesiones viales quedaron en el aire, al ser aplazada para el año entrante la enajenación de la participación accionaria del Estado en la empresa.

Así las cosas, tenemos que el presupuesto general de la nación presentado por el gobierno al Congreso para el año 2015 está desfinanciado en la bicoca de 12.5 billones de pesos. Varias razones explican el déficit: además de la ya mencionada caída en los ingresos fiscales, se suma el aumento en los gastos de funcionamiento del Estado en cerca de un 7.4% y el pago de la deuda que se incrementó en un 15,2%.

Esta cruda realidad conduce a una única conclusión: el gobierno no tiene otra salida que presentar una nueva reforma tributaria para aumentar los impuestos existentes y crear nuevos, y, tratar por esta vía, de obtener mayores ingresos fiscales que ayuden a balancear el enorme saldo en rojo del presupuesto actual.

En este sentido, dos impuestos cuya expiración estaba prevista para este año, el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto al patrimonio, seguramente serán extendidos. En cuanto al primero, se había previsto la reducción gradual del impuesto a partir del año entrante, del cuatro por mil, al dos por mil, hasta llevarlo a cero.

En cuanto al segundo, el impuesto fue creado en el 2010 para gravar a las personas naturales con un patrimonio superior a $1,000 millones con una tarifa de entre 1% y 1.4%, y con una sobretasa de 25% a los patrimonios líquidos superiores a los $3,000 millones, difiriendo el pago total en 8 cuotas a través de 4 años que finalizan en este 2014. Sin embargo, con las afugias económicas del gobierno, ya se está ventilando tanto la opción de extenderlo un par de años más, como la posibilidad de extender mucho más su base gravable, cobrando el impuesto a todos los patrimonios superiores a los $500 millones.

Ante este panorama tributario, cobra nuevamente vigencia la manida frase que en Colombia no hay nada más permanente que un impuesto temporal, por cuanto estos dos tributos (el cuatro por mil y el impuesto al patrimonio) que fueron concebidos como provisionales una vez más se les extenderá su vida, para mal de muchos colombianos, en particular, para la llamada clase media.

En efecto, el gran problema de la reforma tributaria que cocina el gobierno es que golpea profundamente el bolsillo de la clase media. Además de los dos tributos mencionados, también se estudia la posibilidad de aumentar el IVA y de extender su base a otros productos actualmente exentos del impuesto.

En conclusión, no sólo es preocupante la cascada de impuestos que se avecina en la próxima reforma tributaria, sino también que el gobierno no haya explicado aún con claridad cómo piensa cubrir la grave desfinanciación que presenta el presupuesto del 2015. Por todo ello, los colombianos debemos prepararnos para lo inevitable: pagar más impuestos.

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Transcurrido dos años y ocho meses del periodo de los actuales mandatarios locales, el Cesar ha visto en los últimos meses un inusitado despliegue publicitario de varios de los gobernantes en ejercicio para mostrar las obras y gestiones que han ejecutado hasta el momento.

En particular, se destaca la agenda liderada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien en forma diligente ha dado a conocer una serie de obras proyectadas a lo largo y ancho del departamento, muchas de ellas que han sido entregadas a satisfacción de las comunidades y otras de gran envergadura que aún se encuentran en ejecución y que –si no alcanzan a ser entregadas en su administración–, nadie podrá negarle su decidido empeño en impulsarlas y llevarlas a buen puerto.

No es para menos. Bajo la administración Monsalvo, el departamento del Cesar pasó de tener un presupuesto total de $857.714 millones en 2010, a uno de $1,85 billones en 2014, un incremento del 99% en solo cuatro años. (Ver cuadro Recursos del departamento 2010-2014)

Parte de este incremento se explica en la paradoja que generó el nuevo sistema de regalías, pues –óiganse bien– a pesar del innegable recorte a las llamadas regalías directas, el departamento, adicional a lo recibido por dicho rubro, pudo obtener mayores recursos a través de los proyectos presentados en los OCAD departamental y regional, como también en el incremento del presupuesto de inversión de la Nación en el Cesar, presupuesto que pasó de $437 mil millones en 2010, a $1.432 mil millones en 2014, es decir, un aumento del 227%. En conclusión, en el esquema anterior de regalías el departamento recibió durante el período 2007-2011, $355.720 millones en promedio, mientras que tan solo en el 2012 recibió $540.000 millones, y en 2014 recibirá $401.116 millones, es decir, bajo el nuevo esquema El Cesar ha recibido mucho más recursos de regalías que en el esquema derogado.

Así las cosas, al contar con casi el doble de recursos que sus antecesores, era apenas lógico esperar que la administración Monsalvo estuviese a la altura de las circunstancias y emprendiera una serie de obras de infraestructura para empezar a mitigar el saldo en rojo que en la materia existe en el departamento, en sectores como vías, acueductos y alcantarillados, hospitales, bibliotecas, parques de barrio, y adquisición de maquinaria y equipos, entre muchos otros. ¡Bienvenidas todas estas obras y equipos, necesarias e indispensables para la mejora de la calidad de vida de los cesarenses!

Sin embargo, en esta ocasión queremos resaltar un importante proyecto de la gobernación que tal vez ha pasado desapercibido por la comunidad, la cual suele exaltar excesivamente las obras en concreto, visibles y tangibles, y soslayar otras menos tangibles como las relativas a la formación de capital humano. En efecto, se trata del convenio recién celebrado entre la gobernación del Cesar, Colciencias y la Universidad de los Andes, para que profesionales nacidos o residentes en el Cesar puedan adelantar estudios de maestría o doctorado en la mejor universidad privada del país. El proyecto tiene un valor total de casi $14.000 millones aportados por la gobernación en su totalidad y está orientado a la formación de profesionales que contribuyan  a aumentar las capacidades de ciencia, tecnología e investigación, como también la gestión pública del departamento del Cesar. (Ver convocatoria en Colciencias)

El programa no solo financia la totalidad de la matrícula de la maestría o doctorado en la universidad más cara del país, sino que también cubre los gastos de sostenimiento del estudiante, tiquetes aéreos, gastos de presentación de la tesis, y cursos de inglés, entre otros rubros. La convocatoria fue abierta el pasado 15 de agosto y vence el próximo 21 de octubre. Por ello, es importante que en este lapso se publicite en forma adecuada la existencia de la convocatoria para que sean muchos los inscritos en este programa y que no suceda lo que suele suceder muchas veces, que las becas se pierden por falta de interesados.

En menor medida, la alcaldía de Valledupar también ha impulsado un programa similar en convenio con la Universidad Nacional, que espera entregar 100 becas dirigidas a docentes que apliquen a la Maestría en Enseñanza en Ciencias Exactas y Naturales, cuya primera fase fue todo un éxito al lograr la inscripción de 50 docentes del municipio.

En este sentido, es menester resaltar la altísima importancia de las inversiones que las administraciones departamental y municipal de Valledupar han realizado en, quizás, el menos visible pero el más duradero de los factores de desarrollo social: el capital humano. Ciertamente, la constante formación y capacitación de nuestra mano de obra y de nuestros docentes es la mejor garantía para que El Cesar pueda tomar por buen camino las riendas de su propio destino.

Puede escuchar el audio aquí:

Recursos del departamento 2010-2014

(millones constantes 2014)

Concepto

 

2010

2011

2012

2013

2014

Variación

2010-14

Inversión - PGN

 

437.284

735.285

1.043.557

1.175.950

1.432.417

227,6%

Regalías

 

470.357

358.841

540.085

447.989

401.116

-14,7%

Programas de Funcionamiento

24.643

22.428

49.616

49.555

24.663

0.1%

TOTAL

932.284

1.116.555

1.633.258

1.673.494

1.858.196

99,3%

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

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Sin lugar a dudas, la Universidad Nacional Sede Cesar es el proyecto más importante y ambicioso que tiene en su haber la actual administración departamental. No solamente por su costo –el cual supera en la primera fase los 42.000 millones de pesos– sino principalmente por el positivo impacto que tendrá en la educación cesarense y de la región, al permitir contar in situ con un centro universitario de primer nivel y de la más alta calidad, bajo la orientación directa de la más prestigiosa universidad pública del país.

Reconocida, entonces, su importancia para la educación del Cesar así como el decidido respaldo que dos administraciones departamentales  (la de Cristian Moreno y la de Luis Monsalvo) le han brindado al proyecto, es menester asegurar que tanto la construcción de la planta física como el funcionamiento mismo de la universidad estén garantizados para tranquilidad de los cesarenses.

En cuanto, al primer punto –la construcción- es sabido que la gobernación adjudicó en julio de 2013 el contrato de obra por $38.380 millones a la unión temporal Uninal Cesar (extrañamente el único proponente en tan millonaria licitación). También es sabido que a pesar de que la obra debía haber iniciado en agosto del año pasado, inició con más de tres meses de retraso por múltiples factores, todos ellos previsibles, siendo el principal la falta de servicios públicos en el predio donde se construye el claustro universitario cuyo plazo de ejecución es de 18 meses.

Precisamente, sorprende que teniendo un plazo para la construcción de 18 meses, transcurrido 9 meses desde el inicio de la obra (esto es, la mitad del plazo), la misma no lleve de avance siquiera el 10%, como lo ha señalado la interventoría del contrato que realiza la propia Universidad Nacional. En este sentido, es necesario elevar una voz de alerta ante el visible atraso de la obra, para evitar que en este caso se incurra en el conocido expediente de adicionar el contrato para elevar sus costos y que la obra nos termine costando muchísimo más de lo inicialmente presupuestado.

Pero si en el terreno de la construcción hay problemas, en el plano de la sostenibilidad el panorama es mucho más oscuro, porque a pesar de los incontables pronunciamientos de la gobernación en la que asegura y reasegura que el funcionamiento de la Universidad Nacional está garantizada por el gobierno nacional, pasan los meses y el supuesto compromiso de la nación no se ha concretado en algún documento tipo Conpes o en otro similar en el que se apropien los recursos del presupuesto nacional para garantizar la sostenibilidad del ente educativo.

Así las cosas, la sana advertencia que en su momento hizo el entonces congresista liberal Pedro Muvdi sobre la sostenibilidad de la Universidad Nacional pareciera estar convirtiéndose en realidad. Pues, no basta con asegurar la construcción de una mole de concreto si simultáneamente no están asegurados los $18.000 millones que se requieren, en promedio, para el primer año de funcionamiento del campus universitario. El 2015, año de inicio de clases de la sede Cesar de la Universidad Nacional, está a la vuelta de la esquina. Y, con el lento avance de la obra, es poco probable que el centro esté listo para iniciar labores durante el primer semestre de dicho año.

Por todo lo anterior, es urgente que el gobierno Monsalvo redoble el esfuerzo en la atención del doble problema que presenta la sede Cesar de la Universidad Nacional, exigiéndole, de una parte, mayor celeridad al contratista en la ejecución de la obra, y de otra, asegurando del gobierno nacional un compromiso serio y concreto en el cual se financie el funcionamiento del campus universitario. De lo contrario, la Universidad Nacional pasará a la historia como un inmenso elefante blanco, símbolo del mayor anhelo colectivo cesarense frustado. Es tarea, entonces de Monsalvo, garantizar que la Universidad Nacional sí está a salvo. 

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Con mucha preocupación fue recibido por los medios nacionales la noticia de que el proceso de restitución de tierras, tal como está concebido en la actualidad, podría tardar un siglo entero en cumplirse, de acuerdo con la información provista por el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, una iniciativa auspiciada por varias universidades del país (del Rosario, Nacional, Norte, Arboleda y Sinú).

Según el director del mencionado observatorio, Francisco Gutiérrez, la meta de 10 años establecida en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es imposible de cumplir, puesto que, según su decir, “al paso que vamos, el último predio restituido podría estarse entregando dentro de cientos o, incluso, miles de años”.

Más allá de la reacción inicial de alarma y preocupación que causa semejante anuncio, es importante entender que la restitución de tierras, al igual que la reparación de víctimas y la búsqueda de la verdad, son asuntos sumamente complejos, propios de una situación de posconflicto que vive el país cuya superación suele tardar varias años.

En otras palabras, no hay que caer en un alarmismo contraproducente que, por exagerar un riesgo real (la lentitud en el trámite de los procesos de restitución), termine causando el efecto contrario de paralizar todo el andamiaje de la restitución de tierras que, con todos sus defectos, está empezando a devolverle la esperanza a cientos de campesinos desplazados por la violencia.

Ciertamente, no solamente en la restitución de tierras hay problemas. La reparación de víctimas plantea un desafío aún mayor en términos de presupuesto e identificación de beneficiarios. 50 años de conflicto interno en Colombia han dejado una inmensa cantidad de víctimas que, fácilmente, se cuentan en cientos de miles. Repararlas a todas plantea serios interrogantes tales como: ¿quién debe ser el primer responsable de la reparación: el victimario o el estado? ¿debería el Estado entrar a reparar integralmente a las víctimas en todos los casos, o sólo cuando no sea posible con el patrimonio de los victimarios? ¿cuánto cuesta la reparación total de las víctimas del conflicto? ¿debe priorizarse la reparación monetaria de las víctimas aún a costa de desfinanciar la atención de otras funciones básicas del estado como la salud o la educación? ¿cómo escoger entre lo uno y lo otro, frente a recursos, por definición, escasos? ¿con qué criterio? ¿qué filtros deben ponerse para impedir que se cuelen avivatos que se hacen pasar por falsas víctimas?

Como puede verse, son interrogantes complejos y de difícil solución, propios de una situación de posconflicto. Para mojar prensa y llamar la atención, es muy fácil titular: “Reparación a las víctimas quebraría al Estado”, titular que por su amarillismo no está muy lejos de la realidad.

Algo similar puede decirse del proceso de judicialización de los victimarios. Ya lo hemos expresado en otras ocasiones (Ver editorial "Justicia transicional a la colombiana"). Colombia escogió el camino más difícil de todos al apostarle a la vía judicial como único camino para la búsqueda de la verdad, mientras que en otros países (Argentina, Chile, El Salvador, Brasil, Liberia, Ruanda y Surafrica, entre otros) se implementaron fórmulas más pragmáticas e igual de efectivas como las llamadas comisiones de la verdad y herramientas de reparación y reconciliación directa, mecanismos alternativos al engorroso y lento trámite judicial.

Precisamente, hace un año el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, al advertir sobre la urgencia de corregir la Ley de Justicia y Paz, señaló en el mismo tono grandilocuente que procesar todos los crímenes cometidos en el conflicto colombiano, “haría que nos demoráramos más de 500 años sacando adelante todos los procesos pendientes”. No le falta razón.

En este sentido, se reconoce la necesidad de introducirle ajustes a las políticas de reparación de víctimas, de restitución de tierras y de sanción a los victimarios, especialmente, a aquellas instituciones que hayan quedado mal diseñadas. No obstante, es justo también reconocer que, con todas sus dificultades, el país ha dado pasos gigantes para superar su conflicto interno y sanar, así sea parcialmente, las heridas aún sangrantes que éste ha dejado en la sociedad colombiana. Lo que estamos viviendo en la actualidad son desajustes menores propios de la aplicación de mecanismos de justicia transicional. Por ello, no podemos caer en un amarillismo irresponsable que causa más daño que bien.

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Los últimos sondeos de opinión realizados después de que el presidente Santos oficializara lo que ya era una noticia trasnochada –su aspiración a la reelección– han mostrado como constante que si bien el mandatario colombiano arranca con una enorme ventaja en la carrera presidencial derivada de su doble condición de candidato-presidente, ésta no necesariamente se ha traducido hasta el momento en una mayor intención de voto.

En otras palabras, la noticia no es que Santos (con el 36.1% de intención de voto) aventaje al segundo en contienda, Oscar Iván Zuluaga, en 24 puntos, según la más reciente encuesta hecha por Datexco, sino que este último haya doblado su intención de voto en pocas semanas, pasando de un pálido 6% inicial a un 11.9%.

Lo que ha pasado casi por alto a la mayoría de analistas de la coyuntura política nacional es que las encuestas muestran un alto grado de insatisfacción de los potenciales electores frente a la baraja de candidatos en el partidor, pues cerca del 20.3% manifestó que no votaría por ninguna de las diez opciones existentes (Santos, Zuluaga, López, Navarro, Peñalosa, Martha Lucía Ramírez, Aída Abella, Camilo Romero, Pablo Victoria y John Surdazky). Si a esto le agregamos que el 11% de los encuestados se encuentra en la franja de los indecisos (no sabe/no responde), se tiene que, en la práctica, la intención de voto por Santos está empatada con la franja de colombianos a los que no les atrae, por el momento, ninguna de las cartas en juego, incluyendo al presidente. Así las cosas, pareciera que quien va ganando las encuestas es la apatía o la indiferencia de los colombianos frente al proceso político.

Dentro de este panorama político, donde los dos primeros candidatos –Santos y Zuluaga– no convencen al electorado, el representante a la Cámara Iván Cepeda propuso la unión de la izquierda colombiana en torno a un candidato presidencial único que surja de los nombres con mayor opción (Clara López, Jorge Enrique Robledo, Aída Avella, Carlos Lozano, Piedad Córdoba, Feliciano Valencia y Antonio Navarro), argumentando que “es la primera vez en muchos años que, de manera simultánea, los proyectos políticos presentados a la contienda electoral por las fuerzas de los partidos tradicionales y de derecha se debilitan mutuamente”. (Escuchar entrevista a Iván Cepeda)

Le asiste razón al representante Cepeda cuando interpreta el escenario político actual, en donde están dadas las condiciones para que la izquierda colombiana pueda disputar, con opción de triunfo, la presidencia de la República, ante la desconexión de Santos con las bases populares y un candidato del uribismo con bajo reconocimiento (el 60% de los encuestados no lo conoce).

No obstante, esta sana propuesta, lógica en cuanto a estrategia electoral, está a punto de quedarse solo en eso, en mera iniciativa, ante la profunda división entre sectores de izquierda antagónicos y sectarios que no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Prácticamente todos los candidatos de la izquierda dicen lo mismo: que están dispuestos a la unión siempre y cuando los restantes candidatos declinen su aspiración en torno a la suya.

Así las cosas, todo indica que la izquierda dejará pasar el momento histórico que el escenario político plantea en esta coyuntura y llegará, una vez más, dividida a las urnas. Por el momento, en la carrera presidencial la única clara ganadora es la apatía de los colombianos frente a la política.

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Sin duda alguna, el Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar es uno de los proyectos fundamentales para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Para darnos una idea de su importancia basta señalar que el ente creado para la administración del sistema –la sociedad por acciones simplificada SIVA S.A.S.– maneja en forma autónoma, en su primera fase, cerca de 260 mil millones de pesos, esto es, casi la mitad del presupuesto total del municipio de Valledupar. Por ello, la gerencia del SIVA es, después del gobernador y del alcalde, el cargo público de mayor importancia en la región.

Dentro de este contexto ha salido a flote una disputa entre el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás y la gerente del SIVA, Katrizza Morelli Aroca, por la permanencia de esta última en dicha posición. El viernes pasado la propia gerente del SIVA reveló en declaraciones a distintos medios locales que el alcalde Socarrás le había pedido la renuncia a su cargo, con base en unas acusaciones –que ella calificó como infames– sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos. (Escuchar declaración de gerente del SIVA).

Por su parte, el alcalde en entrevista concedida hoy a Radio Guatapurí reveló que le solicitó la renuncia a la funcionaria basado en la información que conoció de una investigación periodística que adelanta un medio nacional, investigación que comprometería la transparencia del SIVA en la asignación de los contratos a su cargo. Sin embargo, el mandatario vallenato no quiso ahondar en la motivación de su solicitud y estimó guardar prudencia frente a lo que arroje tanto la investigación periodística como la de los órganos de control. (Escuchar entrevista al alcalde)

Lo cierto es que todo este embrollo deja un mal sabor ante la comunidad la actuación de ambos funcionarios –alcalde y gerente–. Y son más los interrogantes que se suscitan que las respuestas que hasta el momento han brindado los dos servidores. Veamos:

-¿Porqué el alcalde solicitó la renuncia de la funcionaria a través de un correo electrónico y no a través de una reunión de Junta Directiva del SIVA donde él tiene asiento?

-¿Es la adjudicación de un contrato por cerca de $17.000 millones a una empresa con supuestos vínculos con el controvertido personaje Emilio Tapias, la razón de peso que llevó al alcalde a solicitar la renuncia de la funcionaria? De ser cierto, si este contrato fue adjudicado en enero de este año, ¿porqué esperó el alcalde hasta noviembre para solicitar la renuncia de la gerente del SIVA? (Ver contrato de pavimentación de comunas 2, 3, 4 y 5)

-¿Habrá influido en la decisión del alcalde el hecho de que, hasta la fecha, la mayor aportante al presupuesto del SIVA haya sido la gobernación, mientras que el municipio ha incumplido los compromisos de aporte que ha asumido? (Según Katrizza Morelli, de 9.000 millones de pesos que debía aportar el municipio en 2013, sólo ha aportado un poco más de $700 millones)

-¿Porqué la gerente del SIVA decidió hacer pública la solicitud de renuncia del alcalde el viernes anterior y no antes? ¿Quería acaso aprovechar que el alcalde estaba fuera del país y se le dificultaba exponer su versión de los hechos?

- ¿Han reemplazado los medios de comunicación a los entes de control, quienes no se han pronunciado ni informado sobre presuntas irregularidades en el SIVA?

Los anteriores interrogantes reflejan que lo único claro en este incidente es la falta de claridad de los actores en él comprometidos, lo cual no sólo pone en vilo la permanencia de Katrizza Morelli Aroca en uno de los cargos fundamentales para la transformación de la ciudad –bandera de esta administración– sino también que puede lesionar seriamente la credibilidad de todo el sistema, echando al traste las altas expectativas de los valduparenses de tener acceso a un sistema de transporte público masivo digno y eficiente.

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Nuevamente el tema de las invasiones vuelve a estar en la agenda departamental a raíz del intento de desalojo de un grupo de invasores de un predio en el municipio de Pueblo Bello.

Como es de público conocimiento, un grupo de personas ocupó meses atrás un lote denominado Villa Erika, ubicado en la entrada del casco urbano de Pueblo Bello, predio en el cual precisamente la administración municipal del alcalde Javier Landazábal planea realizar un proyecto de vivienda de interés prioritario para 300 familias.

Sin embargo, líderes de la invasión han señalado al mandatario pueblobellano de haber instigado a las personas para que invadieran el bien inmueble, acusación que el alcalde Landazábal han negado enfáticamente.

Lo cierto es que al estar ocupado ilegalmente el predio se genera la primera gran paradoja de que mientras persista la invasión no es posible desarrollar en él ningún proyecto de vivienda porque la nación no podría invertir recursos públicos en esas condiciones, lo que significaría que los invasores sin techo, potenciales beneficiarios de las futuras casas que se construyan, son, irónicamente, el principal obstáculo de las soluciones de vivienda que reclaman.

La situación ha llegado hasta el absurdo de que los invasores han  manifestado que no desean las casas del proyecto de vivienda, sino que les dejen el terreno para ellos construir ahí las casas a su propio gusto.

Dentro de este contradictorio panorama, el fin de semana se realizó el desalojo del predio con la fuerza pública. Como era de esperarse, los invasores se fueron lanza en ristre en contra del alcalde y pidieron la intermediación del defensor del pueblo regional, quien extrañamente parece haber tomado partido por ellos, argumentando que la mayoría de las familias invasoras tienen la calidad de víctimas. (Escuchar entrevista al defensor del pueblo regional)

En ese estado de cosas, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, entró a terciar en el asunto y respaldó la posición del alcalde de Pueblo Bello. Argumentó el mandatario que, por la invasión, estaban a punto de perderse más de 12.000 millones de pesos que había asignado el Ministerio de Vivienda para el proyecto.

Ciertamente, le asiste razón al gobernador Monsalvo en justificar el desalojo de los ocupantes que, salvo las incomodidades y tensiones propias del operativo policial, se realizó sin mayores traumatismos y con estricto apego al procedimiento establecido en la ley y en la jurisprudencia constitucional. Lo que demuestra que sí es posible desalojar invasiones cuando se tiene la voluntad política para hacerlo.

No obstante, la postura del mandatario cesarense frente al caso de Pueblo Bello desnuda su actitud ambigua en materia de invasiones, toda vez que en este último evento mostró firmeza y determinación para, inclusive, respaldar el uso de la fuerza pública y desalojar a los invasores, pero en el caso de las invasiones de Valledupar, la administración departamental ha sido vacilante, y, olímpicamente, le ha sacado el cuerpo a su responsabilidad en el asunto.

¿Porqué, entonces, frente a algunos casos hay firmeza para hacer cumplir la ley y frente a otros hay vacilación y ambigüedad? ¿Hay cálculo político en la forma cómo actúan las autoridades frente a las invasiones? ¿Habrá influido en la posición del gobernador en el caso de las invasiones de Valledupar, el hecho de que su exsecretario de gobierno, Augusto Ramírez Uhía, suscribió en tiempos de campaña acuerdos con los invasores para no desalojarlos?

En últimas, el gobierno departamental no puede enviar el mensaje erróneo de que hay invasiones de mejor familia que otras. Unas que se pueden tolerar y seguir permitiendo que se extiendan, con todos los problemas sociales que implican, y otras que sirven como pretextos para hacer gestos de autoridad y determinación. Actuar de esta forma no solo muestra incoherencia en la gestión gubernamental sino también desnuda los intereses políticos que hay detrás del complejo tema de las invasiones.

Puede escuchar el audio aquí:

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La Cámara de Comercio de Valledupar viene realizando desde tiempo atrás encuestas periódicas de percepción ciudadana sobre distintos aspectos que van desde el entorno político, la satisfacción de los usuarios de servicio públicos domiciliarios hasta el espinoso tema de la seguridad.

De acuerdo con la más reciente encuesta (resultados consolidados al 31 de octubre de 2013), para los empresarios de la región el desempleo (26%) es considerado como el principal factor generador de inseguridad, seguido por la corrupción (17%) y, en tercer lugar, el consumo de alcohol y drogas (12%). Asimismo, el robo es el delito que con mayor frecuencia impacta a los comerciantes con un 86%, seguido por la extorsión en un 7%, y, en menor proporción, las lesiones personales (3%). Entre los agentes percibidos como de mayor amenaza para el comercio se encuentran, en primer lugar, la delincuencia común (54%), y, en segundo, las bandas criminales y/o emergentes (22%).

Adicionalmente, la encuesta revela un dato muy preocupante acerca del deterioro de la confianza ciudadana en las autoridades, ya que, según la Cámara de Comercio, sólo 3 de cada 12 empresarios confían en la Policía Nacional, lo que significa que solo el 26% de los encuestados califica como aceptable la actuación de la Policía frente la criminalidad.

De otra parte, la encuesta del programa “Valledupar cómo vamos” arroja resultados similares a los anteriores, puesto que, según este último sondeo, el 40% de los valduparenses manifestaron no sentirse seguros en su ciudad.

En este sentido, el principal desafío del nuevo comandante de la Policía, el coronel Luis Enrique Méndez Reina, es ganarse nuevamente la confianza de la ciudadanía cesarense, factor fundamental para el buen desempeño de la acción policial en el departamento. Ya se ha indicado en anteriores oportunidades por este medio: “La institución debe acercarse más a la comunidad para que se gane su confianza y sea percibida como una entidad amiga, no como ocurre en la actualidad cuando la gente percibe que sus agentes están al servicio únicamente de la inmovilización de vehículos”. (Ver nota editorial "Excesos y fallas policiales")

Pero recuperar la confianza ciudadana en la institución policial no es el único desafío que le espera al nuevo comandante. Infortunadamente, el voraz incendio de La Paz del pasado viernes nos recuerda con amargura que el contrabando de gasolina ilegal sigue siendo una amenaza de extrema gravedad para la convivencia social y el orden público. Lógicamente, por la magnitud del problema, su solución no puede estar basada únicamente en la represión policial y debe ir acompañado de un plan integral que contemple la importación ilegal desde Venezuela y programas de reconversión laboral para los llamados pimpineros.  Sin embargo, mientras siga siendo un delito debe ser perseguido por el Estado con toda su fuerza, pero no a los pimpineros, los eslabones mas pequeños y débiles de la cadena, sino a los distribuidores mayoristas, verdaderos dueños del negocio criminal. (Ver nota editorial "Bomba de tiempo")

En este orden, no puede pasarse por alto el aumento de casos de atracos callejeros y el hurto a residencias y locales comerciales en el departamento, delitos que más afectan al ciudadano común y corriente. Por ello, hay que romperle el espinazo a la criminalidad, provenga de donde fuere (delincuencia común o crimen organizado). El Cesar tiene que volver a ser tierra de paz y no de violencia. Ese es el mayor reto no solo del nuevo comandante sino de todos los cesarenses.

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Es muy preocupante el panorama económico que experimenta Venezuela en la actualidad, así como sus posibles efectos negativos en nuestro país.

Según el propio Banco Central de Venezuela (BCV), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumula 45,8 % en diez meses, y, es muy probable que al terminar el año supere la barrera del 50%. Con estas cifras oficiales, el país vecino tiene la mayor tasa de inflación de toda América Latina, y la tercera más alta del mundo, después de Irán (segundo con 45.85%) y Siria (primero con 47.41%).  Sin embargo, sectores críticos del gobierno indican que, en la realidad, la inflación ya está por encima del 50% y se ha disparado hasta llegar a un 54%. 

Al comparar la cifra oficial (45,8 %), con el segundo país de mayor inflación en América Latina, Argentina, cuya tasa ronda el 25%, se observa la gravedad de la situación venezolana, pues, sin duda, este fenómeno económico es el que más golpea el poder adquisitivo de los habitantes de un país.

En efecto, en el caso venezolano, la inflación, además de haber disminuido el valor real del bolívar, ha espantado la inversión extranjera y desestimulado el ahorro de los ciudadanos. Sin embargo, el principal efecto negativo ha sido la escasez de bienes de consumo, lo que ha generado graves alteraciones de orden público que incluye saqueos a supermercados, almacenes y similares establecimientos de comercio, ante la mirada impotente -y hasta complaciente- de las autoridades.

La respuesta de las autoridades económicas ante la ola inflacionista no parecen ser las más acertadas, porque en vez de generar calma y tranquilidad, por el contrario, han exacerbado el problema. Ciertamente, luego de que el presidente Maduro adoptara medidas contra la especulación e impusiera a los comerciantes la obligación de vender a “precios justos”, aumentaron los saqueos y asaltos a los establecimientos de comercio. Con razón el gremio empresarial venezolano se ha opuesto a las medidas porque consideran que es un sofisma tratar de bajar la inflación a punta de decretos presidenciales. Han solicitado, además, al gobierno que respete la propiedad privada, luego de la toma de posesión de la cadena de almacenes Daka, acusada de especular.

La desesperación del gobierno Maduro está llevando a considerar la posibilidad de decretar también un cierre temporal de la frontera con Colombia, para evitar que muchos de los productos de primera necesidad que se vende en Venezuela a un precio preferencial y con subsidios estatales, terminen siendo comercializados en Colombia, a través de una extensa red de contrabando.

Pero yerra el gobierno venezolano en sus medidas económicas para frenar la inflación cuando insiste en mantener un régimen de control cambiario artificial sobre el cual, analistas coinciden en señalarlo como el principal factor que propicia el alza generalizada de precios de bienes y servicios. Sin duda, el diferencial cambiario entre la tasa oficial del dólar y la del llamado ‘dólar negro’ es tan grande que ha creado un mercado de divisas paralelo e ilegal que genera muchas ganancias para quienes lo controlan.

Lo paradójico de la situación venezolana es que, en teoría, en los regímenes pro socialistas como el del vecino, no debería existir inflación, debido a que el Estado controla la mayoría de procesos económicos. No obstante, la tozuda realidad muestra que en el manejo de la economía el gobierno de Maduro se ha rajado de cabo a rabo. De seguir así, será la economía –y no la oposición política– quien termine socavando la gobernabilidad que le permita continuar hasta el final de su periodo presidencial, el cual ni siquiera ha completado el primer año.

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A raíz del colapso de la torre seis de la Unidad Residencial Space en Medellín, se ha desnudado en el país una posible falta de control en la ejecución de estas y otras construcciones, las que al parecer no  son levantadas con los materiales calificados para este tipo de obras.

Así se desprende de las investigaciones que tratan de  verificar tales hipótesis, al igual que la ejecución de los controles previos para autorizar los trabajos,  proceso  en el que juegan un papel preponderante las curadurías urbanas, entidades que deben tener al frente funcionarios  con  unas condiciones y calificaciones académicas y profesionales muy exigentes.

Estas indagaciones, es seguro que tendrán un delicado análisis, y se llevarán su tiempo  para establecer si hubo una falla en la calidad de los diseños o si por el contrario la falencia fue en el proceso de construcción, esa será la incógnita que habrá que despejar para determinar responsabilidades.

Lo cierto es que el derrumbe de la torre del Space, desencadenó un efecto dominó en otros edificios  construidos por la misma firma, y en  otras estructuras que venían presentando fisuras, alarma que se extendió a otras ciudades incluida la Costa, en donde ya evacuaron a varias familias de un condominio de Barranquilla.

Contrario a estos temores, en Valledupar, a pesar de que no existen obras de tales magnitudes,  sí  se conoce una reciente queja impetrada por algunos moradores de la Urbanización Hernando Marín, quienes denunciaron fisuras y filtraciones de agua en algunos apartamentos, pese a que tienen pocos meses de haber sido entregados.

Tales querellas fueron escuchadas por  varios medios y por autoridades afines  como el procurador Provincial,  Alberto de Jesús Valle Campo, quien por haber hecho un pronunciamiento acerca de  las posibles fallas, se ganó una reconvención del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien le dijo irresponsable por los pronunciamientos que emitió

Arguye el Ministro, de que no había ningún estudio especializado para emitir tal concepto, y amenazó  poner en conocimiento del Procurador General para que tome cartas en el asunto, pues según él todas las casas del Cesar están bien construidas y tienen póliza que asegura la estabilidad de  las mismas.

Valle Campo, por su parte le respondió al ministro de Vivienda, extrañado por su posición, recordándole que está en ejercicio de una acción preventiva por directrices de su superior, Alejandro Ordóñez Maldonado, y que su tarea se enfoca en el cumplimiento de las pólizas  para obligar  a la constructora para corrija las fallas, pues son dineros del Estado, que hay que vigilar.

Mientras se dirime este choque de facultades entre Ministro y Procurador provincial, sería bueno detenerse a pensar en la búsqueda de realidades  sobre estas denuncias, y no enfrascarse en la discusión de una escala de funciones jerárquicas y así  evitar el posible colapso de una obra que apenas comienzan a disfrutar cientos de personas vulnerables que por fin tienen un techo propio.

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