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Editorial (446)

Son muchos y preocupantes los interrogantes que surgen con relación al clima político reinante en el municipio de Curumaní.

Desde que el alcalde titular Henry Chacón Amaya fue afectado en julio de 2014 con una medida de aseguramiento por el delito de homicidio y que hoy lo tiene prófugo de la justicia, Curumaní se encuentra en un estado de permanente zozobra. La designación el pasado septiembre como alcalde encargado de Jesús Esteban García Pedroso por parte del gobernador, ha servido de poco para imponer el orden y establecer un norte claro a una administración municipal con múltiples cuestionamientos.

En efecto, seis meses después de su designación como alcalde encargado, se mantiene la percepción pública de que García Pedroso es una mera figura decorativa en el municipio, pues el verdadero poder en la alcaldía es ejercido, abierta y descaradamente, por la esposa del alcalde prófugo, Laura Herrera, y por sus hermanos Juan Carlos y Edgar Enrique Chacón Amaya. Y no sólo es cuestión de percepción. En varios actos públicos de la alcaldía los familiares de Chacón Amaya son los protagonistas del mismo, relegando a un segundo lugar al alcalde encargado, quien parece estar conforme con su rol de segundón.

El mejor ejemplo de ello se vivió el pasado viernes en el marco de la inauguración del centro de desarrollo integral para la atención de la niñez “el Mundo de María Sofía”, denominado así en homenaje a la hija de Henry Chacón y Laura Herrera. En dicho acto, al cual asistieron la ministra de Educación, Gina Parody, y la Primera Dama, María Clemencia Rodríguez de Santos, la voz cantante la llevó la señora Laura Herrera, quien fue la encargada de mostrar y explicar la obra a las altas funcionarias.

Más allá del excesivo protagonismo de los familiares del alcalde titular en Curumaní, lo que verdaderamente preocupa es la nociva intromisión de éstos en los asuntos internos de la administración municipal. Es vox populi que los familiares influyen en temas que van desde la adjudicación de contratos hasta el manejo de los vehículos y la maquinaria del municipio. Varios testigos han visto usar maquinaria del municipio en la cantera del cerro Astilleros, de propiedad de Edgar Enrique Chacón Amaya, cuya licencia curiosamente fue adjudicada en tiempo record por Corpocesar. (Ver licencia ambiental a Cantera del cerro Astilleros)

La gota que puede rebosar el vaso es el atentado de que fue objeto ayer el secretario del Concejo de Curumaní, Luis Fernando Pabuena Arévalo, quien fue abordado por varios hombres armados que dispararon al aire, pero que, gracias a la rápida acción de la ciudadanía, se evitó un desenlace fatal. Según la propia declaración de Pabuena Arévalo, este atentado estaría relacionado con la oposición que desde el Concejo ha hecho a la actual administración.

Así las cosas, es hora ya que los órganos de control intervengan en Curumaní y pongan orden en la casa. No puede permitirse que la familia de un funcionario cuestionado sea quien dirija los hilos del poder en la alcaldía, mientras el alcalde encargado se limita a cumplir complacido un papel de simple espectador.

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Causó sorpresa el discurso del gobernador Luis Alberto Monsalvo ante el presidente Santos, el pasado viernes, en el cual solicitó la ayuda nacional para financiar cinco proyectos claves de su administración: (i) el plan vial departamental, (ii) el funcionamiento de la sede Caribe de la  Universidad Nacional, (iii) la llamada Villa Olímpica, (iv) el Centro Cultural de la Música Vallenata, y (v) el plan ambiental para mitigar el impacto de la minería.

La sorpresa estriba en que, por primera vez, en su mandato, el mandatario cesarense reconoce públicamente que “se le acabó la gasolina” y no tiene cómo financiar hasta su culminación los mencionados proyectos.

En el fondo, Monsalvo Gnecco está reconociendo su falta de planeación y su ligereza en la formulación de los proyectos. El caso más evidente es el del proyecto del cacareado Centro Cultural de la Música Vallenata, una ambiciosa obra en la cual impuso su voluntad a la administración municipal sobre el sitio de construcción, a pesar de los visibles reparos de construir una mole de concreto en una de las zonas más congestionadas de la ciudad, en donde cohabitan tres clínicas, otros centros de servicios médicos y la propia sede de la gobernación.

Ciertamente, pese a haber adjudicado a una firma española un multimillonario contrato por valor de $2,715 millones, para elaborar los diseños del proyecto, seis meses después aún no se conocen los diseños definitivos del mismo (Ver Contrato 2014-02-0940). Y ahora, nos viene a decir el gobernador que no tiene plata para construir la publicitada obra. Así las cosas, es mejor que no se inicie la obra para que no vaya a ser un elefante blanco más de los que amenazan en convertirse proyectos como la Universidad Nacional, el hospital de Aguachica y la vía El Zanjón – Pueblo Bello. En efecto, la demolición de la antigua Zona de Carreteras vino a dejar en evidencia que ese predio está llamado, por el sentido común, a convertirse en un pulmón para la ciudad, en un parque que sirva de punto de encuentro ciudadano, en un sector que carece de zonas verdes. Pero no. Ya sabemos que en la administración Monsalvo prima la feria del cemento.

De otra parte, no tiene presentación alguna que el mandatario cesarense le solicite al gobierno central que asegure el funcionamiento de la Universidad Nacional, cuando su administración no ha dado respuesta primero a las graves irregularidades que la interventoría señaló en la construcción del campus universitario, en un debate que el secretario de Infraestructura, Omar Maestre Vélez, rehuyó a última hora en la asamblea. (Ver nota “Interventoría confirma graves irregularidades en obra de la Universidad Nacional”). Antes que preocuparse por el futuro financiamiento de la Universidad,  Monsalvo Gnecco debería preocuparse por terminar la obra que, como señalamos, va en vía de convertirse en un elefante blanco: ya se ha pospuesto en 2 oportunidades la fecha de entrega de la obra, que sólo lleva ejecutado un 22%, pese a que el contratista ya recibió el 40% del valor del contrato.

El grito de auxilio del gobernador al presidente parece más un grito de desesperación al comprobar que en el presente año, la gallinita de sus huevos de oro –las regalías– tuvo una sustancial reducción por los menores ingresos recibidos tanto por el bajón en el precio internacional del carbón, como por el recorte del gobierno nacional. Sin embargo, no se entiende cómo la administración departamental, por no haber presentado en su momento los proyectos de vivienda gratuita, tuvo posteriormente que aportar $65.000 millones de regalías para financiar las 2.861 viviendas, inicialmente viviendas VIPA, convertidas a la fuerza en viviendas gratuitas. (Ver cuadro adjunto)

Hoy al gobernador le están haciendo falta esos $65 mil millones que, sin el mayor reparo, se los pide a un gobierno central con un hueco fiscal de 15 billones en el presupuesto 2015. ¿Será que Santos complace al mejor gobernador del país?

 

Proyectos VIPA de la gobernación

#

Municipio

Constructor

Nombre del proyecto

# de Viviendas

1

San Alberto

UT San Alberto Vipa

Urb. Altos del Progreso

384

2

Gamarra

UT Gamarra Vipa

Urb. Divino Niño

416

3

San Diego

UT San Diego Vipa

Urb. Altos de San Felipe

172

4

Astrea

UT Astrea Vipa

Urb. Villa Aideth

220

5

Curumaní

UT Curumaní Vipa

Urb. Sara Lucía

501

6

Aguachica

UT Aguachica II

Urb. Nuevo Amanecer II

420

7

Aguachica

UT Aguachica I

Urb. Nuevo Amanecer I

420

8

Becerril

UT Becerril Vipa

Urb. Los Manguitos

328

 

Total

2.861

 

  

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Duele profundamente la prematura desaparición de Lolita Acosta Maestre, un ser humano de excelsas calidades, cuya vida y obra debe ser ejemplo perenne para las actuales y futuras generaciones. (Ver nota Adiós a una gran maestra y compañera)

Lolita Acosta fue una mujer hecha a pulso a quien la vida no le regaló nada. Todos sus logros en el campo periodístico y cultural fueron producto de una admirable disciplina de trabajo y una pasión inusitada por hacer las cosas bien.

En este sentido, bien vale la pena exaltar de manera especial su aporte al periodismo regional, por cuanto Acosta Maestre fue pionera en este campo al iniciar la senda de la prensa escrita con su legendario Diario Vallenato, un periódico de no más de veinte páginas, en el cual se plasmaban, con excelente redacción, las crónicas de nuestra provincia. Ciertamente, el primer aspecto que cabe destacar era el profundo respeto de Acosta Maestre por el estilo y por la buena redacción. Lolita era una perfeccionista de los textos bien escritos, con pulcritud ortográfica y sintaxis impecable. En su diario dio albergue a una generación de noveles periodistas que hacían sus pinitos en este oficio como Edilberto Castillo, Juan Rincón Vanegas, Jaider Ovalle y Yolis Díaz.

Asimismo, en la misma proporción que era respetuosa del buen estilo también lo era del periodismo integral, crítico y honesto que contrasta las posiciones y fuentes, investiga a fondo los hechos, y no se casa con la verdad oficial. Su defensa acérrima de la independencia y autonomía del medio terminó por afectar su viabilidad financiera hasta el punto de extinguir su quijotesca empresa periodística. Sin embargo, Lolita prefirió sepultar al Diario Vallenato antes que subyugarlo a los intereses comerciales y a los dictámenes de los gobernantes de turno, que –como ya es costumbre– a través de la pauta oficial suelen someter a las voces críticas.

Hoy que en la región ha hecho carrera un periodismo extorsionista y ramplón, ¡cuánta falta nos hace seguir el aleccionador ejemplo de Lolita Acosta! ¡Qué contraste entre sus reportajes, crónicas e investigaciones periodísticas y el seudoperiodismo actual que disfraza de noticias los boletines de prensa de entidades estatales y es genuflexo ante los distintos focos de poder regional!

Al reflexionar sobre la faceta periodística de Lolita Acosta, ella una verdadera maestra del oficio, cuesta creer cómo el periodismo regional ha caído tan bajo, al punto que periodistas radiales ofrecen al aire cachetadas a sus críticos por chismes de pasillo como si fueran gallos de pelea y emiten como noticias hechos que no son ciertos. Otros, sin vergüenza alguna, extorsionan a las autoridades con publicar notas negativas si no acceden a sus pretensiones económicas, y otros más taimados defienden a las administraciones de turno mientras éstas mantengan la pauta oficial. Acabada ésta, dan un giro de 180 grados y se tornan en sus más feroces críticos, sin sonrojarse.

Aunque sea incómodo decirlo, el periodismo regional –incluido el que se practica en este medio– ha bajado sus estándares, se ha tornado facilista, y, los medios locales más parecen órganos de difusión de los entes oficiales que verdaderas escuelas de periodismo.

En este orden de ideas, si los periodistas regionales en verdad queremos ser dignos colegas de Lolita Acosta, bien podríamos empezar por seguir su ejemplo y por poner en práctica su rigurosidad y honestidad absoluta para ejercer este bello oficio. Es ése el inmenso y palpitante legado de Lolita Acosta para el buen periodismo.

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Adiós a una gran maestra y compañera

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Recientemente el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario revelaron los resultados del índice departamental de competitividad, medición que evalúa las condiciones competitivas de los departamentos del país, teniendo en cuenta las condiciones del entorno geográfico inmediato en la productividad y desempeño de las empresas, así como en la calidad de vida de las personas.

En total son siete las variables medidas por el estudio, divididas según tres criterios aglutinantes: (i) condiciones básicas (instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica media, salud, medio ambiente), (ii) eficiencia (educación superior y capacitación y eficiencia de los mercados) y (iii) satisfacción e innovación (sofisticación y diversificación e innovación y dinámica empresarial). Con la excepción de la variable infraestructura, en ninguna de ellas el Cesar sale bien librado. De hecho, nuestro departamento está en la segunda etapa más baja de nivel desarrollo, según la clasificación del estudio, al lado de La Guajira y Meta, y sólo superamos a Sucre y Nariño, entes que están en la fase más primitiva del desarrollo.

En cuanto a la medición del año 2014, el Cesar ocupa el puesto 18 entre 22 departamentos evaluados, es decir, subimos un puesto frente a la misma medición del 2013, año en el que estábamos ubicados en el puesto 19. El Cesar mejoró ligeramente su puntaje al pasar de 3,43 obtenido en el 2013, a 3,52 en el 2014.

Como consuelo de tontos le queda al Cesar saber que su bajo desempeño en competitividad no es exclusivo del ente territorial sino que las malas notas en la materia son el denominador común de los departamentos de la Costa Atlántica, que en su gran mayoría se ubican entre los menos competitivos del país, con la honrosa excepción del Atlántico que ocupa el octavo lugar. De resto, todos los entes costeños salen rajados: Bolívar en el puesto 14; Cesar el 18; Sucre el 19; Magdalena 20; Córdoba 21 y La Guajira el 22.

En este estado de cosas, vale preguntar qué están haciendo las autoridades departamentales para mejorar en competitividad, y, en particular, qué hace el Instituto para el Desarrollo del Cesar, IDECESAR, ente público que debería llevar la batuta en este tema pero cuyo gerente, Luis Joaquin Mendoza Sierra, parece más preocupado en atender sus líos judiciales que en la dirección del organismo a su cargo. Durante su gestión, IDECESAR ha orientado millonarios recursos a la entrega de créditos a pequeños y medianos empresarios cesarenses, labor que naturalmente está dentro del ámbito de sus funciones. Sin embargo, el propio instituto no realiza un seguimiento riguroso para determinar si esos créditos entregados han generado los empleos qué afirman generarían en su plan de negocios, si las empresas apoyadas han sido o no exitosas, y, en pocas palabras, si se ha hecho el debido acompañamiento a los emprendedores para que éstos no fracasen en sus aventuras empresariales.

Mucho tienen que explicar las autoridades departamentales (gobernación e IDECESAR) por los bajos índices de competitividad del Cesar, pero, en principio, éstas -como también la Cámara de Comercio de Valledupar- por su actitud indiferente parecen creer que este grave problema no es asunto de sus competencias. Sin competitividad es prácticamente imposible salir del atraso y de la pobreza. 

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Muy preocupante la ola de inseguridad ciudadana que, desde tiempo atrás, azota a Valledupar. Los atracos a mano armada y los hurtos –desde el vulgar raponazo hasta más sofisticados como el fleteo–, están todos a la orden del día.

No hay barrio o comuna de la ciudad que esté a salvo de la delincuencia, la que no discrimina ni clase social, sexo, raza o condición económica de sus víctimas, como tampoco horario, pues sea de día o de noche, la sensación generalizada es que a cualquier hora todos podemos ser atracados.

A pesar de los esfuerzos mancomunados de la Policía y de la Alcaldía para atacar la espiral creciente de inseguridad, ésta no da su brazo a torcer, y, por el contrario va en galopante aumento. Así lo indican las tozudas estadísticas que muestran un deterioro acentuado de la seguridad en la ciudad. Consúltese la fuente que se quiera –desde las propias cifras del Departamento de Policía Cesar, las de Medicina Legal o las de la Cámara de Comercio de Valledupar–, la conclusión es la misma: la delincuencia común no da tregua, en particular los hurtos a personas en la vía pública y los hurtos a locales comerciales.

Adicionalmente, la buena racha que traía el municipio de más de 20 días sin ocurrir homicidios, lastimosamente se perdió el pasado fin de semana con seis muertes violentas, varias de ellas por resistirse al atraco. La preocupación es mayor cuando estamos ya en el último trimestre del año, época que las autoridades reconocen como la de mayor incidencia de casos delincuenciales. En este sentido, si ya la ciudad presentaba señales alarmantes de inseguridad, la alerta debe ser máxima durante este periodo.

Sería injusto desconocer que la estrategia Vamos por ellos ha generado resultados. De hecho, hace poco los medios registramos la captura de una banda de atracadores llamada “Chikunguña”, cuyos miembros se hacían pasar por personal de la secretaría de Salud para ingresar a residencias y hurtarlas. Esta es apenas la más reciente captura de varias que se han registrado desde que se implementó la campaña. Sin embargo, también debe decirse que dicha estrategia basada en recompensas, aunque necesaria, no ha sido suficiente para contener la ola de atracos que golpea a diario a la comunidad vallenata.

En diálogo con este medio, autoridades policiales han reconocido en varias ocasiones que el pie de fuerza existente es insuficiente para atender una población cercana al medio millón de habitantes. Afirma también la Policía que cerca de treinta de sus agentes no pueden estar en las calles porque el paro judicial y carcelario los tienen cuidando personas detenidas que no han podido ser judicializadas. Sea cual fuere la razón lo cierto es que la ciudad extraña mayores controles policiales como retenes móviles y patrullajes selectivos que en otros tiempo se hacía, en particular, en horas nocturnas.

Así las cosas, ya no es válido sostener que el problema de seguridad en Valledupar es de mera percepción ciudadana. Hacerlo equivale a desconocer la cruda realidad cotidiana y desafiar la inteligencia y la paciencia de los vallenatos que está al límite de la tolerancia. Todo ello debe llevar a las autoridades a implementar con carácter urgente los correctivos que sean necesarios para devolverle a la ciudadanía su derecho a la seguridad y a sentirse protegidos en su vida, bienes e integridad. Al fin y al cabo esa es la misión primaria del Estado para con el ciudadano.

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Celebra la casa editorial Comunicaciones Integrales S.A., sociedad propietaria del diario El Pilón, los primeros veinte años de existencia del tabloide vallenato. Merecedísima la celebración pues hay sólidos motivos para conmemorar.

En primer lugar, el solo hecho de sobrevivir como diario impreso en una región que, infortunadamente, ha visto extinguirse a formatos competidores como El Diario Vallenato, Vanguardia Valledupar y Q’hubo, ya debe ser motivo de orgullo. Pero hacerlo, además, con una adecuada calidad informativa, una provocativa línea editorial y una mejorada diagramación, son reflejo del sacrificio colectivo de un equipo de trabajo que ha sabido resolver con inteligencia las demandas propias del periodismo con aquellas propias de la administración de la empresa. Ciertamente, no puede perderse de vista que los medios de comunicación son también empresas periodísticas, pero empresas al fin y al cabo, sujetas a los rígidos dictámenes del mercado que exigen rentabilidad, retorno de la inversión, y minimizar costos, entre otros aspectos, para garantizar la salud financiera y la viabilidad del medio en el tiempo. Aquellas empresas periodísticas que suelen olvidar esos mínimos principios de economía de mercado están condenadas al fracaso.

En las páginas de El Pilón ha quedado escrita la historia contemporánea de la comarca, del llamado país vallenato que acuñara el excontralor Martínez Zuleta y que un grupo quijotesco de entusiastas soñadores, bajo la visionaria batuta de Dickson Quiroz Torres, empezó a escribir en sus rotativas hace 20 años y desde entonces no han parado de llevarle a los cesarenses y guajiros el diario acontecer de una región que tiene muchos anhelos y frustraciones y que espera un mejor porvenir.

Hoy que en las directivas del diario ha habido un cambio de mando, una pasada de testigo como en las carreras de relevo, creemos que el diario ha salido fortalecido pues el cambio en la propiedad no ha afectado el enfoque periodístico del medio. Así debe ser. No es la primera vez que sucede. Mucha expectativa se generó en su momento cuando la familia Cano, propietaria tradicional de El Espectador vendió el diario al grupo Santo Domingo. Todos en el país pensaron que El Espectador perdería su carácter beligerante y su estirpe liberal. No fue así. Tampoco se cumplieron las profecías apocalípticas de los augures del desastre que pronosticaron la pérdida de calidad del diario El Tiempo cuando los Santos (socios minoritarios) y el grupo Planeta (socio mayoritario) vendieron su participación al grupo de Sarmiento Angulo. En síntesis, la receta es sencilla: los periodistas deben centrarse en hacer bien su trabajo, estar a la vanguardia de las noticias y redactar historias dignas de ser leídas o escuchadas. Los comerciales del medio, por su parte, deben vender bien el producto periodístico. Cada quien a lo suyo.

En reciente entrevista a este medio, la editora general de El Pilón, Alba Luz Quintero, recordaba el nacimiento del medio el diecisiete de septiembre de 1994 cuando llegó por primera vez a los hogares vallenatos, así como la ‘fórmula secreta’ para mantenerse vigente en la era digital y de las redes sociales, donde los propios conceptos de periodista y periodismo se está redefiniendo cada día; fórmula que bien puede resumirse en una expresión: trabajo constante.

¡Larga vida a El Pilón, tan nuestro como la música vallenata!

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Grave. Gravísimo lo que está sucediendo en el Cesar en materia del sagrado derecho a la libertad. En lo que va corrido del año se han producido ocho secuestros en distintos puntos del departamento, según reciente declaración del coronel Fabio López, director nacional del Gaula de la Policía. Lo más preocupante es que los últimos cuatro plagios se han registrado en menos de dos meses. Asimismo, de las ocho personas secuestradas, cuatro de ellas aún permanece en cautiverio. (Escuche aquí entrevista a director del Gaula de la Policía)

Cuando el Cesar pensaba que el flagelo del secuestro pertenecía a un negro pasado, éste vino a golpear con fuerza en nuestro departamento. A los nombres de los secuestrados Javier Enrique Albernia González, Rodolfo Rojas García, Jorge Rojas Domínguez, Eugenio Villegas Molina, el  geólogo caldense Andrés Felipe Calle, se suma el de Lucy Rodríguez, comerciante plagiada al mediodía de ayer en su residencia en el municipio de Pelaya.

De acuerdo con las autoridades, la guerrilla del ELN y su temible frente Camilo Torres, así como las Farc, serían los principales responsables de esta nueva ola de plagios. En menor medida están también grupos de delincuencia común que estarían realizando los secuestros para luego ‘venderlos’ a la guerrilla. Las zonas más afectadas por este delito en el Cesar son: Curumaní, Pailitas, Pelaya, Aguachica y San Alberto.

Ante este oscuro panorama sorprende el silencio del gobierno de Luis Alberto Monsalvo, quien no se ha pronunciado frente a los ocho casos de secuestro ocurridos en el departamento, como si la promesa del Cesar a salvo sólo se limitara a su ambicioso programa de obras públicas y no incluyera la garantía de seguridad para sus gobernados. Cabe recordarle al gobernador que él es el primer llamado a garantizarle la libertad a los cesarenses. En ese sentido, bien valdría la pena que su administración le informe a la ciudadanía qué acciones ha tomado para combatir el flagelo del secuestro, porque por lo visto, pese a las alarmas emitidas por distintas entidades, los plagios, en vez de disminuir, siguen en aumento.

En ningún caso, puede volver el Cesar a la amarga época de las décadas de los ochenta y noventa en la que ocupamos el deshonroso lugar de ser el primer departamento del país con el mayor número de secuestrados. Según datos de la firma Cifras y Conceptos, en tierras cesarenses se reportaron a las autoridades 2.618 plagios en el periodo de 1.970 a 2.010, sin embargo, cifras extraoficiales indican que los secuestros ocurridos en dicho periodo superan con creces la estadística oficial.

En síntesis, se requiere una acción conjunta y contundente de todas las autoridades con competencia para enfrentar al secuestro. ¡El Cesar no puede nunca jamás volver a estar secuestrado!

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La fuerte caída de los ingresos fiscales del gobierno nacional ha creado un enorme déficit en las finanzas de la nación sobre el cual aún no existe certeza cómo será cubierto.

La caída de los ingresos fiscales se debe principalmente a la reducción de la renta petrolera, en particular por la menor producción de Ecopetrol, debilitada en gran parte por los atentados que ha sufrido la infraestructura de transporte del hidrocarburo.

Adicionalmente, los recursos que el gobierno esperaba obtener de la venta de ISAGEN y con los cuales se financiaría la cuarta generación de concesiones viales quedaron en el aire, al ser aplazada para el año entrante la enajenación de la participación accionaria del Estado en la empresa.

Así las cosas, tenemos que el presupuesto general de la nación presentado por el gobierno al Congreso para el año 2015 está desfinanciado en la bicoca de 12.5 billones de pesos. Varias razones explican el déficit: además de la ya mencionada caída en los ingresos fiscales, se suma el aumento en los gastos de funcionamiento del Estado en cerca de un 7.4% y el pago de la deuda que se incrementó en un 15,2%.

Esta cruda realidad conduce a una única conclusión: el gobierno no tiene otra salida que presentar una nueva reforma tributaria para aumentar los impuestos existentes y crear nuevos, y, tratar por esta vía, de obtener mayores ingresos fiscales que ayuden a balancear el enorme saldo en rojo del presupuesto actual.

En este sentido, dos impuestos cuya expiración estaba prevista para este año, el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto al patrimonio, seguramente serán extendidos. En cuanto al primero, se había previsto la reducción gradual del impuesto a partir del año entrante, del cuatro por mil, al dos por mil, hasta llevarlo a cero.

En cuanto al segundo, el impuesto fue creado en el 2010 para gravar a las personas naturales con un patrimonio superior a $1,000 millones con una tarifa de entre 1% y 1.4%, y con una sobretasa de 25% a los patrimonios líquidos superiores a los $3,000 millones, difiriendo el pago total en 8 cuotas a través de 4 años que finalizan en este 2014. Sin embargo, con las afugias económicas del gobierno, ya se está ventilando tanto la opción de extenderlo un par de años más, como la posibilidad de extender mucho más su base gravable, cobrando el impuesto a todos los patrimonios superiores a los $500 millones.

Ante este panorama tributario, cobra nuevamente vigencia la manida frase que en Colombia no hay nada más permanente que un impuesto temporal, por cuanto estos dos tributos (el cuatro por mil y el impuesto al patrimonio) que fueron concebidos como provisionales una vez más se les extenderá su vida, para mal de muchos colombianos, en particular, para la llamada clase media.

En efecto, el gran problema de la reforma tributaria que cocina el gobierno es que golpea profundamente el bolsillo de la clase media. Además de los dos tributos mencionados, también se estudia la posibilidad de aumentar el IVA y de extender su base a otros productos actualmente exentos del impuesto.

En conclusión, no sólo es preocupante la cascada de impuestos que se avecina en la próxima reforma tributaria, sino también que el gobierno no haya explicado aún con claridad cómo piensa cubrir la grave desfinanciación que presenta el presupuesto del 2015. Por todo ello, los colombianos debemos prepararnos para lo inevitable: pagar más impuestos.

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Transcurrido dos años y ocho meses del periodo de los actuales mandatarios locales, el Cesar ha visto en los últimos meses un inusitado despliegue publicitario de varios de los gobernantes en ejercicio para mostrar las obras y gestiones que han ejecutado hasta el momento.

En particular, se destaca la agenda liderada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien en forma diligente ha dado a conocer una serie de obras proyectadas a lo largo y ancho del departamento, muchas de ellas que han sido entregadas a satisfacción de las comunidades y otras de gran envergadura que aún se encuentran en ejecución y que –si no alcanzan a ser entregadas en su administración–, nadie podrá negarle su decidido empeño en impulsarlas y llevarlas a buen puerto.

No es para menos. Bajo la administración Monsalvo, el departamento del Cesar pasó de tener un presupuesto total de $857.714 millones en 2010, a uno de $1,85 billones en 2014, un incremento del 99% en solo cuatro años. (Ver cuadro Recursos del departamento 2010-2014)

Parte de este incremento se explica en la paradoja que generó el nuevo sistema de regalías, pues –óiganse bien– a pesar del innegable recorte a las llamadas regalías directas, el departamento, adicional a lo recibido por dicho rubro, pudo obtener mayores recursos a través de los proyectos presentados en los OCAD departamental y regional, como también en el incremento del presupuesto de inversión de la Nación en el Cesar, presupuesto que pasó de $437 mil millones en 2010, a $1.432 mil millones en 2014, es decir, un aumento del 227%. En conclusión, en el esquema anterior de regalías el departamento recibió durante el período 2007-2011, $355.720 millones en promedio, mientras que tan solo en el 2012 recibió $540.000 millones, y en 2014 recibirá $401.116 millones, es decir, bajo el nuevo esquema El Cesar ha recibido mucho más recursos de regalías que en el esquema derogado.

Así las cosas, al contar con casi el doble de recursos que sus antecesores, era apenas lógico esperar que la administración Monsalvo estuviese a la altura de las circunstancias y emprendiera una serie de obras de infraestructura para empezar a mitigar el saldo en rojo que en la materia existe en el departamento, en sectores como vías, acueductos y alcantarillados, hospitales, bibliotecas, parques de barrio, y adquisición de maquinaria y equipos, entre muchos otros. ¡Bienvenidas todas estas obras y equipos, necesarias e indispensables para la mejora de la calidad de vida de los cesarenses!

Sin embargo, en esta ocasión queremos resaltar un importante proyecto de la gobernación que tal vez ha pasado desapercibido por la comunidad, la cual suele exaltar excesivamente las obras en concreto, visibles y tangibles, y soslayar otras menos tangibles como las relativas a la formación de capital humano. En efecto, se trata del convenio recién celebrado entre la gobernación del Cesar, Colciencias y la Universidad de los Andes, para que profesionales nacidos o residentes en el Cesar puedan adelantar estudios de maestría o doctorado en la mejor universidad privada del país. El proyecto tiene un valor total de casi $14.000 millones aportados por la gobernación en su totalidad y está orientado a la formación de profesionales que contribuyan  a aumentar las capacidades de ciencia, tecnología e investigación, como también la gestión pública del departamento del Cesar. (Ver convocatoria en Colciencias)

El programa no solo financia la totalidad de la matrícula de la maestría o doctorado en la universidad más cara del país, sino que también cubre los gastos de sostenimiento del estudiante, tiquetes aéreos, gastos de presentación de la tesis, y cursos de inglés, entre otros rubros. La convocatoria fue abierta el pasado 15 de agosto y vence el próximo 21 de octubre. Por ello, es importante que en este lapso se publicite en forma adecuada la existencia de la convocatoria para que sean muchos los inscritos en este programa y que no suceda lo que suele suceder muchas veces, que las becas se pierden por falta de interesados.

En menor medida, la alcaldía de Valledupar también ha impulsado un programa similar en convenio con la Universidad Nacional, que espera entregar 100 becas dirigidas a docentes que apliquen a la Maestría en Enseñanza en Ciencias Exactas y Naturales, cuya primera fase fue todo un éxito al lograr la inscripción de 50 docentes del municipio.

En este sentido, es menester resaltar la altísima importancia de las inversiones que las administraciones departamental y municipal de Valledupar han realizado en, quizás, el menos visible pero el más duradero de los factores de desarrollo social: el capital humano. Ciertamente, la constante formación y capacitación de nuestra mano de obra y de nuestros docentes es la mejor garantía para que El Cesar pueda tomar por buen camino las riendas de su propio destino.

Puede escuchar el audio aquí:

Recursos del departamento 2010-2014

(millones constantes 2014)

Concepto

 

2010

2011

2012

2013

2014

Variación

2010-14

Inversión - PGN

 

437.284

735.285

1.043.557

1.175.950

1.432.417

227,6%

Regalías

 

470.357

358.841

540.085

447.989

401.116

-14,7%

Programas de Funcionamiento

24.643

22.428

49.616

49.555

24.663

0.1%

TOTAL

932.284

1.116.555

1.633.258

1.673.494

1.858.196

99,3%

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

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Sin lugar a dudas, la Universidad Nacional Sede Cesar es el proyecto más importante y ambicioso que tiene en su haber la actual administración departamental. No solamente por su costo –el cual supera en la primera fase los 42.000 millones de pesos– sino principalmente por el positivo impacto que tendrá en la educación cesarense y de la región, al permitir contar in situ con un centro universitario de primer nivel y de la más alta calidad, bajo la orientación directa de la más prestigiosa universidad pública del país.

Reconocida, entonces, su importancia para la educación del Cesar así como el decidido respaldo que dos administraciones departamentales  (la de Cristian Moreno y la de Luis Monsalvo) le han brindado al proyecto, es menester asegurar que tanto la construcción de la planta física como el funcionamiento mismo de la universidad estén garantizados para tranquilidad de los cesarenses.

En cuanto, al primer punto –la construcción- es sabido que la gobernación adjudicó en julio de 2013 el contrato de obra por $38.380 millones a la unión temporal Uninal Cesar (extrañamente el único proponente en tan millonaria licitación). También es sabido que a pesar de que la obra debía haber iniciado en agosto del año pasado, inició con más de tres meses de retraso por múltiples factores, todos ellos previsibles, siendo el principal la falta de servicios públicos en el predio donde se construye el claustro universitario cuyo plazo de ejecución es de 18 meses.

Precisamente, sorprende que teniendo un plazo para la construcción de 18 meses, transcurrido 9 meses desde el inicio de la obra (esto es, la mitad del plazo), la misma no lleve de avance siquiera el 10%, como lo ha señalado la interventoría del contrato que realiza la propia Universidad Nacional. En este sentido, es necesario elevar una voz de alerta ante el visible atraso de la obra, para evitar que en este caso se incurra en el conocido expediente de adicionar el contrato para elevar sus costos y que la obra nos termine costando muchísimo más de lo inicialmente presupuestado.

Pero si en el terreno de la construcción hay problemas, en el plano de la sostenibilidad el panorama es mucho más oscuro, porque a pesar de los incontables pronunciamientos de la gobernación en la que asegura y reasegura que el funcionamiento de la Universidad Nacional está garantizada por el gobierno nacional, pasan los meses y el supuesto compromiso de la nación no se ha concretado en algún documento tipo Conpes o en otro similar en el que se apropien los recursos del presupuesto nacional para garantizar la sostenibilidad del ente educativo.

Así las cosas, la sana advertencia que en su momento hizo el entonces congresista liberal Pedro Muvdi sobre la sostenibilidad de la Universidad Nacional pareciera estar convirtiéndose en realidad. Pues, no basta con asegurar la construcción de una mole de concreto si simultáneamente no están asegurados los $18.000 millones que se requieren, en promedio, para el primer año de funcionamiento del campus universitario. El 2015, año de inicio de clases de la sede Cesar de la Universidad Nacional, está a la vuelta de la esquina. Y, con el lento avance de la obra, es poco probable que el centro esté listo para iniciar labores durante el primer semestre de dicho año.

Por todo lo anterior, es urgente que el gobierno Monsalvo redoble el esfuerzo en la atención del doble problema que presenta la sede Cesar de la Universidad Nacional, exigiéndole, de una parte, mayor celeridad al contratista en la ejecución de la obra, y de otra, asegurando del gobierno nacional un compromiso serio y concreto en el cual se financie el funcionamiento del campus universitario. De lo contrario, la Universidad Nacional pasará a la historia como un inmenso elefante blanco, símbolo del mayor anhelo colectivo cesarense frustado. Es tarea, entonces de Monsalvo, garantizar que la Universidad Nacional sí está a salvo. 

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