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Editorial (439)

A diario los medios de comunicación son inundados por recurrentes quejas de la comunidad sobre los más diversos temas, principalmente los referentes a fallas en la prestación de los servicios públicos, denuncias sobre casos de inseguridad y sobre abusos de la autoridad policial, entre otros.

Sin embargo, esa misma comunidad que está siempre presta a quejarse y a denunciar ante los medios los males que la aquejan –actitud que celebramos y propiciamos–, poco o nada está dispuesta a contribuir a cuidar el entorno en que habita, a proteger el medio ambiente, y, en general, a poner en práctica un necesario civismo, fundamental para la vida en sociedad.

Sólo basta mirar el estado asqueroso en el que suele quedar el balneario Hurtado cada fin de semana, después de que hordas de bañistas y vendedores de comida, acuden a él, para concluir que los usuarios del balneario y del río carecen por completo de cultura ciudadana. El río Guatapurí, cuyo cauce ha disminuido considerablemente con el paso del tiempo, se está convirtiendo, a la altura del balneario Hurtado, en una verdadera cloaca, producto de los desechos y la basura que las personas arrojan indiscriminadamente a él, en particular, los fines de semana, cuando aumenta la cantidad de usuarios.

El asunto es de gran preocupación en atención a la dramática situación que presentan nuestros afluentes. No puede olvidarse que el emblemático río Cesar, que le da el nombre a nuestro departamento, es hoy un río moribundo, producto de la contaminación. También presentan serios problemas de contaminación y disminución de cauce el río Garupal, el río Ariguaní, río Seco y el río Mocho que abastece al municipio de La Paz, entre otros.

Pero no sólo son los ríos. La falta de cultura ciudadana queda en evidencia también en el estado de nuestro parques, canchas deportivas y zonas de entretenimiento, muchos de ellos convertidos en muladares, llenos de basura, y algunos reducidos a ollas de microtráfico. En este sentido, las comunidades no tienen sentido de pertenencia con relación a su hábitat. No cuidan los parques ni su mobiliario, dañan los juegos infantiles, destruyen las canecas de basura, los convierten en improvisados estancos nocturnos para escuchar música a todo volumen, irrespetando el sueño de los vecinos, y, de paso, dejando una estela de vidrios quebrados de botellas de licor. Aquí cabe preguntar, ¿dónde están las juntas de acción comunal de los barrios? ¿qué hacen para prevenir estas acciones destructivas sus líderes que tanta lora suelen dar por las emisoras locales?

Ni hablar de la falta de civismo de los conductores de la ciudad, que convierten las calles en una verdadera selva donde prima la ley del más fuerte, del más atravesado. Nadie respeta a nadie, ni a las señales de tránsito. Los conductores de motocicletas se llevan el premio de los más ineducados, pues, sus infracciones a mínimas reglas de convivencia son pan de cada día, empezando por los semáforos en rojo, objeto de burlas diarias. No usan cascos, ni espejos retrovisores. Pero ellos no son los únicos. Los conductores de vehículos también contribuyen al caos vehicular con su impertinencia y su falta de prudencia.

Así las cosas, es claro que gran parte de la responsabilidad por este estado de cosas recae en la propia comunidad, en nosotros mismos, quienes, con nuestra conducta anticívica e inculta, somos los principales causantes del caos, del atraso y del rezago urbanístico en el que vivimos.

Por todo ello, debemos empezar a cambiar esa actitud paternalista de querer responsabilizar de todos nuestros males a la autoridad. Debemos empezar a asumir nuestro grado de responsabilidad y a tener sentido de pertenencia frente a la ciudad que habitamos. Parafraseando la famosa frase del presidente John F. Kennedy, no preguntemos qué puede hacer nuestra ciudad por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por nuestra ciudad.

En síntesis, el llamado es a permutar en acciones positivas y transformadoras de nuestro entorno, la habitual quejadera que nos caracteriza. Ese es el primer paso para construir una ciudad amable y respetuosa del medio ambiente, en la que nos sintamos todos orgullosos de vivir.

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Hoy la selección Colombia enfrenta una prueba de fuego de la Copa América que se disputa en Chile, frente a la selección Argentina, de Lionel Messi, Sergio Agüero, Angel Di María y otras figuras internacionales.

El onceno colombiano llega a la segunda fase del torneo con una regular presentación en la primera etapa, tras perder con Venezuela (0-1), ganarle a Brasil (1-0) y empatar sin goles con Perú. Tiene además dos bajas sensibles para el partido de hoy, las de los dos volantes de marca Carlos Sánchez, por acumulación de amarillas, y Edwin Valencia, por lesión. Así las cosas, el juego de hoy tendrá dificultades adicionales, sumadas al bajo nivel futbolístico que ha mostrado hasta el momento la selección en Chile, y que está muy lejos del nivel visto en el mundial de Brasil.

Independiente del resultado es conveniente hacer un llamado a la cordura para que el partido de hoy sea un espacio para el sano entretenimiento y la integración nacional, y no el motivo de fúnebres tristezas.

Ciertamente, el país tiene un negro historial de celebraciones futbolísticas que han terminado en tragedia. La mayor de todas, paradójicamente, fue el famoso 5-0 frente a Argentina por las eliminatorias al mundial de Estados Unidos de 1994. En esa ocasión que marcó un hito en la historia del balompié nacional, la celebración del triunfo dejó un saldo fatal de 76 muertos y 912 heridos.

En el mundial de Brasil, cada victoria de la selección traía consigo un saldo trágico. En el partido frente a Costa Marfil, hubo un muerto en Cali por una bala perdida de un hombre que en medio de la euforia hizo varios disparos al aire. Ganarle a Japón le dejó al país otro muerto en Armenia y varios heridos. Sin embargo, la aplastante victoria a Grecia (3 a 0) le costó al país 9 muertos, 15 heridos y más de 3.000 riñas. El reciente triunfo de Colombia a Brasil, un gol por cero, significó cuatro muertes y un número indeterminado de heridos.

Con estos antecedentes, cabe insistir en la moderación a la hora de celebrar. No puede ser que los triunfos de la selección que deberían generar únicamente regocijo y alegría a la nación, traigan también luto, aflicción y alteración del orden público. Tales resultados nefastos han llevado a algunos extremistas a expresar que es mejor que la selección pierda para no tener que lamentar muertos, heridos y desorden.

No creemos que esa sea la alternativa. Creemos, sí, que hay que educarnos para aprender a celebrar con moderación, sin desmanes y sin excesos. Precisamente el exceso en el consumo de alcohol es el elemento común en todas las muertes asociadas a las celebraciones futbolísticas. Reforzar las campañas sobre consumo responsable de bebidas alcohólicas es un primer paso.

En síntesis, la sociedad colombiana debe empezar a desactivar los ingredientes que suelen transformar las celebraciones deportivas en fuente de tristezas. Fallecer en el esfuerzo es darle la razón a los pesimistas que consideran que, por los resultados trágicos, es mejor negocio para el país perder que ganar.

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Con la entrega de avales en las últimas semanas a los candidatos con opciones de éxito quedó conformada la grilla de partida de la próxima contienda electoral por la alcaldía de Valledupar.

Por el partido Verde estará el doctor Evelio Daza Daza, quien aspira por tercera vez al cargo. Coavalado por el partido conservador y por firmas, el exconcejal y exsecretario de gobierno, Augusto Daniel Ramírez Uhía, aspira por segunda vez. En su primer intento de regir a los vallenatos estarán el joven concejal Jaime Gonzalez Mejía, por Cambio Radical; el también novel aspirante Andrés Arturo Fernández Cerchar, por Opción Ciudadana; el varias veces secretario municipal John Valle Cuello, avalado por Mais; y el empresario e intelectual Sergio Araújo Castro, por el Centro Democrático.

Aunque aún hay otros aspirantes menores como la bacterióloga Lina de Armas, el ganadero Pedro Castro Araújo (que aún recoge firmas) y el exconcejal Pedro Acuña, consideramos que su falta de definición de aval (todos piden pista en el Polo Democrático) a estas alturas de la contienda juega seriamente en contra de sus posibilidades de éxito.

Así que, si nada extraordinario ocurre, la suerte de Valledupar en el próximo cuatrienio recaerá en uno de los seis nombres antes mencionados.

Más allá de las preferencias políticas de cada quien, es pertinente recordar el estado de la ciudad que pretenden administrar, caracterizada por una situación financiera bastante estrecha, inmersa en una ley de reestructuración de pasivos (Ley 550) que recorta seriamente la autonomía fiscal del municipio, el cual no cuenta con recursos de regalías mineras, pese a recibir parte del impacto de los centros mineros del Cesar y de La Guajira.

Adicionalmente, cómo lo muestra el estudio de percepción “Valledupar ¿cómo vamos?” existen serios problemas en materia de seguridad ciudadana, movilidad, informalidad laboral y calidad de los servicios públicos domiciliarios.

De otra parte, el haberse convertido la ciudad en una de las mayores receptoras de población migrante y desplazada de otras latitudes ha generado un grave problema de asentamientos ilegales que desbordan en gran medida la capacidad institucional del municipio para darle respuesta. Así, hoy en la ciudad existen en la ciudad once barrios de invasión en los que habitan cerca de 60.000 personas, muchas en condiciones de vulnerabilidad.

En síntesis, un cúmulo de problemas le espera al nuevo gerente de la ciudad, quien deberá esforzarse a fondo para atender verdaderos e inminentes desafíos que no dan espera. Esperamos que quienes aspiran a gerenciar la ciudad estén a la altura del reto, y lo empiecen a demostrar durante los meses de campaña, con gallardía, honestidad intelectual, y sin incurrir en viejas prácticas de insultos y guerra sucia.

Valledupar vive un momento crítico de su historia y en esos momentos de crisis cuando se requiere que surjan los hombres visionarios que puedan conducir a sus pueblos a puerto seguro. La ciudad requiere un verdadero gerente que emule las buenas administraciones de ciudades hermanas como Montería (considerado el mejor alcalde del país) o Barranquilla. Pero aquí aún añoramos a alcaldes como Rodolfo Campo o Aníbal Martínez, quienes gobernaron hace más de dos décadas. Así de mal estamos. Es el momento de empezar a construir un nuevo modelo gerencial.

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Dentro del marco de la quincuagésima convención de Asobancaria realizada en Cartagena la semana pasada, Jeffrey Sachs, uno de los economistas más influyentes del mundo, creador de los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio, lanzó una preocupante pero sana advertencia que no puede pasar desapercibida en el país, y, mucho menos en nuestro departamento.

Según el profesor de la Universidad de Columbia, la industria extractiva del carbón no tiene futuro y el país debe prepararse para ello. Así de claro y así de simple. De acuerdo con el afamado economista, “Colombia debe estar alerta de que el mundo se moverá lejos del carbón. Eso está pasando en Estados Unidos, que es el mayor socio comercial colombiano”.

No le falta razón al profesor estadounidense cuando señala los riesgos que se ciernen en el horizonte económico para esta industria minera, varios de ellos derivados de la necesidad mundial de reducir las emisiones de carbono que contribuyen negativamente al cambio climático.

Precisamente, varios estudios económicos habían advertido esta tendencia. Uno de esos estudios (realizado por el Deutsche Bank) indicaba en 2013 una sostenida caída en la demanda internacional de carbón térmico por las menores compras de China (el mayor importador mundial de carbón), Estados Unidos y Europa, situación que contrastaba con una creciente producción en los países proveedores, lo que traía como consecuencia previsible un sobreabastecimiento de dicho mercado y un bajonazo en el precio internacional, que pasó de estar por varios años la tonelada por encima de los cien dólares, y hoy oscila la tonelada entre los 50 y los 70 dólares. Según el mencionado estudio, esta tendencia de sobreoferta de carbón se mantendría por cerca de una década.

Al inicio del 2015, Colombia –cuarto exportador mundial de carbón– fijó su meta de producción en cerca de 97 millones de toneladas, de las cuales, el departamento del Cesar aportaría el 60%, con 54,3 millones de toneladas y La Guajira, el 40% con 36,6 millones. El carbón es, desde hace varios años, nuestro segundo producto de exportación, después del petróleo, y es una fuente importante de ingresos de la nación, con ventas anuales superiores a los 6.000 millones de dólares. Genera regalías cercanas a los 1.6 billones de pesos, recursos fundamentales para el desarrollo del Cesar y La Guajira.

Sobra decir que el Cesar es, desde más de una década, dependiente del carbón, producto que representa casi el 50% del PIB departamental y es su principal fuente de ingresos fiscales. En este sentido, toda afectación a la industria carbonera tendrá un impacto negativo en la economía cesarense. El ejemplo más reciente es el polémico fallo de la Corte Constitucional que ordenó la suspensión del tren de Fenoco por seis horas diarias, con la consecuente reducción en cerca de un 25% de la actividad minera, pérdida de puestos de trabajo y menor ingreso de regalías mineras.

Así las cosas, el complicado e incierto panorama internacional del carbón tomó a Colombia y al Cesar totalmente desprevenidos, a pesar de que existían estudios que advirtieron oportunamente esta posibilidad. En el plano local, años atrás hizo carrera la famosa frase “sembrar las regalías”, refiriéndose a la necesidad imperativa de invertir adecuadamente los recursos fiscales que genera el carbón, en particular, para recuperar nuestra vocación agroindustrial. Sin embargo, pasados los años, poco se avanzó en esta meta. Hoy el agro cesarense sufre una fuerte crisis sin solución a la vista.

Por todo lo anterior, el llamado de atención de Sachs es un válido recordatorio del sano principio de no poner todos los huevos en la misma canasta. Es hora ya de que el Cesar empiece a buscar otras fuentes de ingresos, para reemplazar su excesiva dependencia del negro mineral.

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Gráfico variación del precio del carbón colombiano nov 2014 -mayo 2015

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Alarmantes, por decir lo menos, fueron las declaraciones de la viceministra de Educación, Natalia Ariza Ramírez, sobre el proceso de elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar. (Escuche aquí la entrevista a la viceministra)

Según la alta funcionaria, el ministerio de Educación rechaza rotundamente el actual proceso de elección del reemplazo de Jesualdo Hernández Mieles y está dispuesto a suspenderlo, ante las denuncias sobre compraventa de votos, amenazas y otro tipo de presiones e indebidas injerencias en la comunidad universitaria, titular de la elección. (Ver nota "A punto de caer proceso de elección del rector de la UPC")

Sin embargo, al escuchar a la viceministra los cesarenses quedamos con una sensación de déjà vu, pues no es la primera vez que existen serios indicios de que el proceso de elección del rector de la UPC está lleno de vicios y de irregularidades que afectan su transparencia. En efecto, seis años atrás, el 22 de septiembre de 2009, en una reunión conjunta en la que estuvieron presentes la entonces ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, el gobernador Cristian Moreno Panezo y el rector Abdo Barrera, los tres funcionarios denunciaron una serie de amenazas a los miembros del Consejo Superior Universitario del alma mater y, en términos generales, hechos de corrupción que se cernían sobre el proceso de elección del rector, en el que, a la postre, terminó escogido Hernández Mieles. (Vea aquí declaración de ministra de Educación)

No alcanzaría aquí el espacio para referirnos a las sindicaciones (no comprobadas aún judicialmente) de varios desmovilizados sobre la influencia del paramilitarismo en la UPC, según las cuales hasta la escogencia del rector José Guillermo Botero Cotes fue impuesta por las autodefensas. Sin embargo, la verdad judicial dista mucho de ello, porque precisamente la investigación penal en contra de Botero Cotes fue precluida en agosto de 2010, lo que deja sin piso las sindicaciones en su contra. (Precluyen investigación contra Guillermo Botero)

Más allá de los casos puntuales, es innegable que la UPC ha sido permeada por todos los males de nuestro sistema electoral, desde la consabida compraventa de votos, pasando por la manipulación y alteración de los resultados electorales, hasta el novedoso expediente de intercambiar notas académicas por sufragios a favor de un determinado candidato. Por todo ello, le asiste razón a la viceministra cuando expresa que el hecho de que tales irregularidades sean “práctica común y reiterada” en el claustro universitario no legitima su proceder.

¿Y qué está en juego tras la enconada contienda por regir los destinos de la UPC, una de las peores universidades públicas del país? Nada más y nada menos que un botín presupuestal de $70.000 millones, los cuales, en virtud del principio constitucional de la autonomía universitaria, son asignados y distribuidos al arbitrio de grupúsculos de poder enquistados desde hace tiempo en las directivas universitarias. 

Esa es la verdadera disputa por la rectoría de la UPC, tras la cual hay dos fuertes bloques enfrentados: uno representado en el llamado “establecimiento universitario” (consejeros, docentes, funcionarios, contratistas y sindicalistas con sus respectivos roscogramas)  que apoya la aspiración de Carlos Oñate Gómez, y otro conformado por la clase política tradicional –con la gobernación a la cabeza– que respalda el nombre de Enrique Meza Daza. Ambos bloques están llenos de vicios y quieren la UPC no para sacarla de los últimos lugares del ranking académico, sino para seguirla exprimiendo económica y políticamente como ha sucedido en los últimos veinte años.

 Está por verse si la cacareada intervención del ministerio de Educación que anuncia la viceministra Ariza Ramírez para depurar a la UPC de las malas prácticas se materializa en una realidad tangible, por primera vez en su historia, ó, si termina siendo simplemente eso: un mero cacareo sin consecuencia alguna.

De der. a izq.: Enrique Meza, aspirante a rector, congresista Ape Cuello, candidato a la gobernación Franco Ovalle y concejal conservador José Mario Rodríguez Barriga

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La semana pasada finalizó la primera legislatura del cuatrienio 2014-2017, periodo del Congreso posesionado el 20 de julio del año pasado. Por tal motivo es conveniente examinar cuál fue la actividad realizada por la bancada cesarense, conformada por el senador y los cuatro representantes a la Cámara.

Cuantitavamente, los congresistas del Cesar fueron autores de 32 proyectos de ley, ninguno de los cuales se convirtió en ley de la república. A su vez, fueron ponentes de 39 proyectos de ley y fueron citantes en 36 ocasiones a debates de control político, debates que en su gran mayoría no se realizaron por distintas razones, principalmente por excusas de los funcionarios del Ejecutivo citado. (Ver abajo Cuadro actividad legislativa)

Así, a primera vista puede verse el poco peso que tiene la bancada cesarense dentro del Legislativo, incapaz de elevar a ley ninguna iniciativa legislativa propia, y de realizar unos contados debates de control, siendo el más destacado de todos, sin duda, el realizado por el representante Alfredo Cuello Baute sobre Electricaribe.

Sin embargo, al mirar cualitativamente el trabajo legislativo de nuestros congresistas el saldo en rojo es aún mayor, porque al examinar tanto los proyectos de ley de autoría propia como las ponencias, se observa como constante que gran parte del trabajo legislativo versa sobre celebraciones y honores, descuidando materias de mayor trascendencia como salud y educación. En efecto, imposible olvidar las cuatro polémicas iniciativas presentadas por el congresista Cuello Baute para (i) declarar el lunes como el primer día de la semana, (ii) declarar el 27 de abril como el Día Nacional de la Música Vallenata,  (iii) elevar a Monumento Nacional el Templo Nuestra Señora del Rosario, de Río de Oro, y (iv) exaltar la obra de Diomedes Díaz.

En este sentido, sin demeritar la importancia que puedan tener tales ideas, cabe acotar que en nuestra región hay necesidades básicas más apremiantes que requieren una atención prioritaria por parte de nuestra clase congresional.

Sumado a lo anterior, cabe también una recomendación que salta a la vista y es el llamado para que los congresistas cesarenses actúen en bloque en temas de interés departamental y regional, sin que dicho llamado sea interpretado como una invitación a desconocer los lineamientos de cada uno de sus partidos políticos y la Ley de Bancadas. No obstante, la experiencia enseña que una sola golondrina no hace verano, y que es mucho más efectiva la gestión conjunta de intereses comunes que las gestiones individuales de cada congresista.

Un ejemplo ilustra esta idea: la acción conjunta de los congresistas costeños que impidió que el gobierno nacional aumentara la tarifa del gas domiciliario en la Costa en un 25%. De manera similar, nuestros congresistas deben emular este tipo de gestiones cuando de defender los intereses del Cesar se trata, máxime cuando el departamento está ad portas de sufrir un serio apretón fiscal por la esperada disminución de las regalías directas producto del bajonazo de los precios internacionales del carbón y del propio sistema de regalías que ha restringido seriamente nuestra autonomía financiera. Sin una clase parlamentaria unida y fuerte, es altamente probable que el Cesar siga recibiendo el trato de segunda que ha caracterizado a los últimos gobiernos nacionales.

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Enhorabuena la asamblea departamental ha tomado la iniciativa de realizar una serie de debates de control político a varias obras iniciadas por el gobierno Monsalvo que presentan atrasos considerables.

Debe destacarse la posición asumida por la duma departamental que, por fin, se sacude de su actitud pasiva y acrítica frente a la administración, que caracterizó los primeros tres años de este cuatrienio.

Este año la corporación tiene en la mira a tres obras claves del gobierno: la construcción del estadio de Valledupar, Armando Maestre Pavajeau, cuyo debate se realizó la semana pasada, (2) la obra de la vía El Zanjón – Pueblo, debate previsto para hoy, y (3) la construcción de la sede Caribe de la Universidad Nacional, programado para mañana viernes 27 de marzo.

En estas tres obras hay varios denominadores comunes: atrasos sustanciales frente al cronograma de obra; prórrogas sucesivas de la fecha inicial de entrega; desproporción entre el valor del contrato entregado al contratista y el porcentaje de ejecución de la obra; y quejas frente a la contratación de mano de obra foránea, en detrimento de la mano de obra local, entre otras observaciones encontradas.

Otro denominador común ha sido la falencia en la función de supervisión de las obras que le compete, en primerísimo lugar, a la secretaría departamental de Infraestructura, a cargo del ingeniero Omar Maestre Vélez, quien no ha podido explicar satisfactoriamente porqué, si en todos los contratos está contemplada la potestad de sancionar a los contratistas incumplidos, no ha impuesto la primera multa ante los graves y reiterados incumplimientos observados en cada obra.

Sin embargo, no sólo hay problemas en las tres obras mencionadas. También se han encontrado irregularidades similares en la obra de remodelación del Hospital José David Padilla Villafañe en Aguachica, y en la construcción de la avenida Keneddy en el mismo municipio, así como en la avenida Ciro Pupo del municipio de La Paz. Mención aparte merece la construcción del acueducto regional de los corregimientos de Caracolí, Los Venados, El Perro y Guaymaral del municipio de Valledupar, obra adjudicada por $8.968 millones a una empresa del cuestionado contratista cartagenero Alfonso “el Turco” Hilsaca. La obra está paralizada desde junio de 2014, es decir, desde hace 9 meses sin que el contratista o la gobernación hayan dado explicaciones válidas al respecto.

En síntesis, el llamado de atención a la administración Monsalvo Gnecco es que traduzca en la realidad su publicitada y ambiciosa agenda de obras públicas. Es imperativo que se tomen todos los correctivos necesarios y suficientes para garantizar que las obras sean terminadas a tiempo y sin injustificadas adiciones presupuestales.

El jalón de orejas de la asamblea a la gobernación es oportuno para recordarle al mandatario cesarense que obras son amores y no buenas razones.

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Son muchos y preocupantes los interrogantes que surgen con relación al clima político reinante en el municipio de Curumaní.

Desde que el alcalde titular Henry Chacón Amaya fue afectado en julio de 2014 con una medida de aseguramiento por el delito de homicidio y que hoy lo tiene prófugo de la justicia, Curumaní se encuentra en un estado de permanente zozobra. La designación el pasado septiembre como alcalde encargado de Jesús Esteban García Pedroso por parte del gobernador, ha servido de poco para imponer el orden y establecer un norte claro a una administración municipal con múltiples cuestionamientos.

En efecto, seis meses después de su designación como alcalde encargado, se mantiene la percepción pública de que García Pedroso es una mera figura decorativa en el municipio, pues el verdadero poder en la alcaldía es ejercido, abierta y descaradamente, por la esposa del alcalde prófugo, Laura Herrera, y por sus hermanos Juan Carlos y Edgar Enrique Chacón Amaya. Y no sólo es cuestión de percepción. En varios actos públicos de la alcaldía los familiares de Chacón Amaya son los protagonistas del mismo, relegando a un segundo lugar al alcalde encargado, quien parece estar conforme con su rol de segundón.

El mejor ejemplo de ello se vivió el pasado viernes en el marco de la inauguración del centro de desarrollo integral para la atención de la niñez “el Mundo de María Sofía”, denominado así en homenaje a la hija de Henry Chacón y Laura Herrera. En dicho acto, al cual asistieron la ministra de Educación, Gina Parody, y la Primera Dama, María Clemencia Rodríguez de Santos, la voz cantante la llevó la señora Laura Herrera, quien fue la encargada de mostrar y explicar la obra a las altas funcionarias.

Más allá del excesivo protagonismo de los familiares del alcalde titular en Curumaní, lo que verdaderamente preocupa es la nociva intromisión de éstos en los asuntos internos de la administración municipal. Es vox populi que los familiares influyen en temas que van desde la adjudicación de contratos hasta el manejo de los vehículos y la maquinaria del municipio. Varios testigos han visto usar maquinaria del municipio en la cantera del cerro Astilleros, de propiedad de Edgar Enrique Chacón Amaya, cuya licencia curiosamente fue adjudicada en tiempo record por Corpocesar. (Ver licencia ambiental a Cantera del cerro Astilleros)

La gota que puede rebosar el vaso es el atentado de que fue objeto ayer el secretario del Concejo de Curumaní, Luis Fernando Pabuena Arévalo, quien fue abordado por varios hombres armados que dispararon al aire, pero que, gracias a la rápida acción de la ciudadanía, se evitó un desenlace fatal. Según la propia declaración de Pabuena Arévalo, este atentado estaría relacionado con la oposición que desde el Concejo ha hecho a la actual administración.

Así las cosas, es hora ya que los órganos de control intervengan en Curumaní y pongan orden en la casa. No puede permitirse que la familia de un funcionario cuestionado sea quien dirija los hilos del poder en la alcaldía, mientras el alcalde encargado se limita a cumplir complacido un papel de simple espectador.

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Causó sorpresa el discurso del gobernador Luis Alberto Monsalvo ante el presidente Santos, el pasado viernes, en el cual solicitó la ayuda nacional para financiar cinco proyectos claves de su administración: (i) el plan vial departamental, (ii) el funcionamiento de la sede Caribe de la  Universidad Nacional, (iii) la llamada Villa Olímpica, (iv) el Centro Cultural de la Música Vallenata, y (v) el plan ambiental para mitigar el impacto de la minería.

La sorpresa estriba en que, por primera vez, en su mandato, el mandatario cesarense reconoce públicamente que “se le acabó la gasolina” y no tiene cómo financiar hasta su culminación los mencionados proyectos.

En el fondo, Monsalvo Gnecco está reconociendo su falta de planeación y su ligereza en la formulación de los proyectos. El caso más evidente es el del proyecto del cacareado Centro Cultural de la Música Vallenata, una ambiciosa obra en la cual impuso su voluntad a la administración municipal sobre el sitio de construcción, a pesar de los visibles reparos de construir una mole de concreto en una de las zonas más congestionadas de la ciudad, en donde cohabitan tres clínicas, otros centros de servicios médicos y la propia sede de la gobernación.

Ciertamente, pese a haber adjudicado a una firma española un multimillonario contrato por valor de $2,715 millones, para elaborar los diseños del proyecto, seis meses después aún no se conocen los diseños definitivos del mismo (Ver Contrato 2014-02-0940). Y ahora, nos viene a decir el gobernador que no tiene plata para construir la publicitada obra. Así las cosas, es mejor que no se inicie la obra para que no vaya a ser un elefante blanco más de los que amenazan en convertirse proyectos como la Universidad Nacional, el hospital de Aguachica y la vía El Zanjón – Pueblo Bello. En efecto, la demolición de la antigua Zona de Carreteras vino a dejar en evidencia que ese predio está llamado, por el sentido común, a convertirse en un pulmón para la ciudad, en un parque que sirva de punto de encuentro ciudadano, en un sector que carece de zonas verdes. Pero no. Ya sabemos que en la administración Monsalvo prima la feria del cemento.

De otra parte, no tiene presentación alguna que el mandatario cesarense le solicite al gobierno central que asegure el funcionamiento de la Universidad Nacional, cuando su administración no ha dado respuesta primero a las graves irregularidades que la interventoría señaló en la construcción del campus universitario, en un debate que el secretario de Infraestructura, Omar Maestre Vélez, rehuyó a última hora en la asamblea. (Ver nota “Interventoría confirma graves irregularidades en obra de la Universidad Nacional”). Antes que preocuparse por el futuro financiamiento de la Universidad,  Monsalvo Gnecco debería preocuparse por terminar la obra que, como señalamos, va en vía de convertirse en un elefante blanco: ya se ha pospuesto en 2 oportunidades la fecha de entrega de la obra, que sólo lleva ejecutado un 22%, pese a que el contratista ya recibió el 40% del valor del contrato.

El grito de auxilio del gobernador al presidente parece más un grito de desesperación al comprobar que en el presente año, la gallinita de sus huevos de oro –las regalías– tuvo una sustancial reducción por los menores ingresos recibidos tanto por el bajón en el precio internacional del carbón, como por el recorte del gobierno nacional. Sin embargo, no se entiende cómo la administración departamental, por no haber presentado en su momento los proyectos de vivienda gratuita, tuvo posteriormente que aportar $65.000 millones de regalías para financiar las 2.861 viviendas, inicialmente viviendas VIPA, convertidas a la fuerza en viviendas gratuitas. (Ver cuadro adjunto)

Hoy al gobernador le están haciendo falta esos $65 mil millones que, sin el mayor reparo, se los pide a un gobierno central con un hueco fiscal de 15 billones en el presupuesto 2015. ¿Será que Santos complace al mejor gobernador del país?

 

Proyectos VIPA de la gobernación

#

Municipio

Constructor

Nombre del proyecto

# de Viviendas

1

San Alberto

UT San Alberto Vipa

Urb. Altos del Progreso

384

2

Gamarra

UT Gamarra Vipa

Urb. Divino Niño

416

3

San Diego

UT San Diego Vipa

Urb. Altos de San Felipe

172

4

Astrea

UT Astrea Vipa

Urb. Villa Aideth

220

5

Curumaní

UT Curumaní Vipa

Urb. Sara Lucía

501

6

Aguachica

UT Aguachica II

Urb. Nuevo Amanecer II

420

7

Aguachica

UT Aguachica I

Urb. Nuevo Amanecer I

420

8

Becerril

UT Becerril Vipa

Urb. Los Manguitos

328

 

Total

2.861

 

  

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Duele profundamente la prematura desaparición de Lolita Acosta Maestre, un ser humano de excelsas calidades, cuya vida y obra debe ser ejemplo perenne para las actuales y futuras generaciones. (Ver nota Adiós a una gran maestra y compañera)

Lolita Acosta fue una mujer hecha a pulso a quien la vida no le regaló nada. Todos sus logros en el campo periodístico y cultural fueron producto de una admirable disciplina de trabajo y una pasión inusitada por hacer las cosas bien.

En este sentido, bien vale la pena exaltar de manera especial su aporte al periodismo regional, por cuanto Acosta Maestre fue pionera en este campo al iniciar la senda de la prensa escrita con su legendario Diario Vallenato, un periódico de no más de veinte páginas, en el cual se plasmaban, con excelente redacción, las crónicas de nuestra provincia. Ciertamente, el primer aspecto que cabe destacar era el profundo respeto de Acosta Maestre por el estilo y por la buena redacción. Lolita era una perfeccionista de los textos bien escritos, con pulcritud ortográfica y sintaxis impecable. En su diario dio albergue a una generación de noveles periodistas que hacían sus pinitos en este oficio como Edilberto Castillo, Juan Rincón Vanegas, Jaider Ovalle y Yolis Díaz.

Asimismo, en la misma proporción que era respetuosa del buen estilo también lo era del periodismo integral, crítico y honesto que contrasta las posiciones y fuentes, investiga a fondo los hechos, y no se casa con la verdad oficial. Su defensa acérrima de la independencia y autonomía del medio terminó por afectar su viabilidad financiera hasta el punto de extinguir su quijotesca empresa periodística. Sin embargo, Lolita prefirió sepultar al Diario Vallenato antes que subyugarlo a los intereses comerciales y a los dictámenes de los gobernantes de turno, que –como ya es costumbre– a través de la pauta oficial suelen someter a las voces críticas.

Hoy que en la región ha hecho carrera un periodismo extorsionista y ramplón, ¡cuánta falta nos hace seguir el aleccionador ejemplo de Lolita Acosta! ¡Qué contraste entre sus reportajes, crónicas e investigaciones periodísticas y el seudoperiodismo actual que disfraza de noticias los boletines de prensa de entidades estatales y es genuflexo ante los distintos focos de poder regional!

Al reflexionar sobre la faceta periodística de Lolita Acosta, ella una verdadera maestra del oficio, cuesta creer cómo el periodismo regional ha caído tan bajo, al punto que periodistas radiales ofrecen al aire cachetadas a sus críticos por chismes de pasillo como si fueran gallos de pelea y emiten como noticias hechos que no son ciertos. Otros, sin vergüenza alguna, extorsionan a las autoridades con publicar notas negativas si no acceden a sus pretensiones económicas, y otros más taimados defienden a las administraciones de turno mientras éstas mantengan la pauta oficial. Acabada ésta, dan un giro de 180 grados y se tornan en sus más feroces críticos, sin sonrojarse.

Aunque sea incómodo decirlo, el periodismo regional –incluido el que se practica en este medio– ha bajado sus estándares, se ha tornado facilista, y, los medios locales más parecen órganos de difusión de los entes oficiales que verdaderas escuelas de periodismo.

En este orden de ideas, si los periodistas regionales en verdad queremos ser dignos colegas de Lolita Acosta, bien podríamos empezar por seguir su ejemplo y por poner en práctica su rigurosidad y honestidad absoluta para ejercer este bello oficio. Es ése el inmenso y palpitante legado de Lolita Acosta para el buen periodismo.

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Adiós a una gran maestra y compañera

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