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Editorial (446)

Nuevamente la Corte Constitucional ha tomado una decisión controvertida que afecta profundamente a la región conformada por Cesar, Magdalena y La Guajira.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, la Corte, a través de la sentencia de Tutela T-672 de 2014, ordenó suspender la circulación del tren de Fenoco seis horas diarias, de diez de la noche a cuatro de la mañana, para garantizar el derecho al descanso de 139 residentes de Bosconia, Cesar. Olvidó la Corte en aquel entonces una elemental lección de historia: que primero se construyó la línea férrea y, muy posteriormente, nació al lado de ella, el pueblo de Bosconia, uno de los más jóvenes municipios de nuestro departamento, con no más de 50 años de creación. Las consecuencias económicas de esa decisión le han representado al estado colombiano millonarias pérdidas en regalías e impuestos dejados de percibir, por la restricción en el transporte del carbón.

En esta ocasión, la Corte, mediante sentencia T-849 de 2014, recién publicada, dispuso acoger los argumentos de la acción de tutela instaurada por el cabildo gobernador Rogelio Mejía Izquierdo en representación del Resguardo Indígena Arhuaco, contra el Ministerio del Interior, Corpocesar, y dos empresas a quienes los primeros le otorgaron licencia para explotar una cantera: (i) Agregados del Cesar EU, y (ii) Pavimentos y Construcciones El Dorado LTDA Ingenieros Contratistas.

Arguye el alto tribunal que, a pesar de no existir asentamientos indígenas en el área donde se encuentra ubicada la cantera como lo certificó el ministerio del Interior, la licencia ambiental no podía haber sido otorgada porque dicha área se encuentra dentro de la denominada línea negra, según la cual se delimitó el territorio ancestral habitado por los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada, por medio de una resolución expedida por el ministerio del Interior que data de 1973, refrendada luego en 1995. 

Por supuesto que se entiende la finalidad de la Corte de proteger los derechos de las etnias indígenas, grupos minoritarios que gozan de especial protección constitucional, en particular, sus derechos a la autodeterminación, a la subsistencia y a la diversidad étnica. Eso no está en discusión. Sin embargo, llama la atención que la Corte pasó por alto un tema de mayor repercusión al emitir su fallo: según el mapa en el cual basó su decisión, la famosa línea negra cubre el setenta y cinco por ciento del actual casco urbano de Valledupar. Prácticamente desde la plaza Alfonso López en sentido noroccidental, todo es territorio ancestral indígena. A guisa de ejemplo, las siguientes construcciones están dentro de la línea negra: el edificio de la gobernación, la planta de tratamiento de agua potable de Emdupar, el seminario de la Iglesia Católica, el centro comercial Guatapurí, los colegios Bilingüe, Gimnasio del Norte y Comfacesar, el club Campestre, el batallón La Popa y el de Ingenieros, y cerca de 3 comunas y sus barrios. Algo similar sucede con Santa Marta y el sur de La Guajira, territorios también comprendidos dentro de esta línea imaginaria.

Cabe preguntar, entonces, ¿qué pasará con los asentamientos urbanos ya construidos? (plazas, edificios, viviendas, avenidas, etc) ¿ordenará la Corte su demolición? ¿qué pasará con las futuras edificaciones: cabe también realizar consultas previas como requisito para aprobar las respectivas licencias de urbanismo? ¿cómo se articula el fallo de la Corte con el Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar? ¿Puede el fallo dejar sin efecto el recién aprobado POT?

En fin, son interrogantes de gran envergadura que la Corte deja sin respuestas y que, en nuestro concepto, abren un enorme boquete para que, en adelante, el desarrollo urbanístico de Valledupar esté supeditado al engorroso proceso de las consultas previas, que ha demostrado en la práctica, ser un factor entorpecedor de los proyectos de infraestructura.

No cabe duda que los fallos de la rama judicial deben respetarse y ser acatados. Pero ello no es óbice para expresar sobre ellos un respetuoso disenso. Creemos que en esta ocasión la Corte Constitucional cayó, otra vez como en el caso del tren de Fenoco, en el facilismo de decidir sin medir todas las implicaciones de su fallo y sin conocer la realidad sobre la cual emite su veredicto. Un mapa que data de hace 40 años no puede servir de base para proferir una decisión sobre una situación fáctica que ha cambiado por completo en dicho lapso. Por lo visto, pareciera que el centralismo bogotano, del que solemos quejarnos con frecuencia, tuviese también una faceta judicial.

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Editorial "Una sana advertencia"

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Anuncia la Contraloría General de la República que le pondrá la lupa fiscalizadora a Electricaribe, específicamente a los recursos de tres fondos de los cuales se destinan recursos del erario a dicha empresa de energía: el fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), el fondo  de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y el Fondo de Energía Social (FOES).

Bienvenida la fiscalización del órgano de control. Es innegable que las fallas reiteradas en el servicio de energía en la Costa Atlántica se han convertido en un problema de gran magnitud que ha llegado incluso a alterar el orden público en municipios de los siete departamentos caribeños.

Sin embargo, no es la primera vez que un ente estatal anuncia que fiscalizará a Electricaribe. Ya lo han hecho antes, sin mayores resultados, la Superintendencia de Servicios, máxima autoridad en la materia, el ministerio de Minas y Energía, y el propio Congreso de la República a través de varios debates de control político, entre los cuales cabe destacar los realizados por el senador Jorge Enrique Robledo y los representantes Juan Manuel Campo y por su sucesor, Alfredo “Ape” Cuello.

Sobre Electricaribe hay suficiente diagnóstico: altas tarifas, cortes y racionamientos masivos de energía, constantes oscilaciones en el voltaje, daños a electrodomésticos que no son indemnizados, abusos en la facturación, cobros indebidos, retiro no autorizado de medidores, presunciones en contra de los usuarios, falta de respuesta a las reclamaciones, cientos de electrocutados, entre los problemas más evidentes que permiten afirmar que el servicio de electricidad de la Costa es el de más mala calidad de todo el país. Un ejemplo de la mala actitud de la empresa es haber cobrado en su facturas el uso de redes eléctricas construidas por el Estado. Bien ganada tiene, entonces, la empresa el repudio de cerca de 2.1 millones de usuarios que residen en el Caribe colombiano.

Frente a este panorama no caben más paños de agua tibia. Ni más anuncios rimbombantes de intervención que no terminan en resultados concretos. La empresa debe ser conminada a corregir sus fallas. Los planes de mejoramiento a los que se ha comprometido deben ser seguidos a pie juntilla, para que no siga siendo vigente la tesis que ha esgrimido con tino el senador Robledo: para Electricaribe es mucho más rentable prestar un mal servicio que uno de calidad.

En este orden, si tres entidades –Superservicios, ministerio de Minas y, ahora la Contraloría General– no logran meter en cintura a Electricaribe y lograr un mejoramiento sustancial en la prestación del servicio de energía en la Costa, ¿quién podrá hacerlo? Apague y vámonos.

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Dos encuestas diferentes realizadas con poco intervalo entre ellas reflejan ambas un bajonazo en la imagen favorable del presidente Santos y un aumento del escepticismo de los colombianos sobre el avance del proceso de paz.

En efecto, la encuesta Gallup realizada entre el 18 y el 24 de junio indica que el 66 % de los encuestados desaprueba la gestión de Santos. Ese mismo porcentaje considera que la situación del país está empeorando en términos generales, pero especialmente las siguientes asignaturas: corrupción, economía, costo de vida, narcotráfico, pobreza y orden público. En el caso específico del proceso de paz, el 63% duda de que en el gobierno Santos se llegue a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Por su parte, la encuesta realizada por Datexco (entre el primero al 5 de julio) señala que el 67% de los colombianos tiene una imagen desfavorable del presidente, el 73% desaprueba su gestión y el 78% está en desacuerdo en la forma como está conduciendo el proceso de paz. Precisamente, este sondeo de opinión, es mucho más preocupante que el anterior porque muestra que el 80% de los encuestados no creen que las Farc tiene intenciones legítimas de llegar a un acuerdo de paz.

Más claro no canta un gallo. Ambas encuestas confirman lo que ya es un sentimiento generalizado entre los colombianos: que el proceso de paz no marcha por buen camino y que existe un desencanto sobre el proceso por los pocos avances concretos tras casi tres años de negociación.

Naturalmente, no puede obviarse que el momento en que se tomó el pulso a la opinión coincide con un recrudecimiento de las acciones de las Farc que incluye no sólo ataques contra la fuerza pública (recuérdese la masacre a 11 militares en Cauca y el asesinato a un coronel de la Policía en Nariño) sino también atentados contra la infraestructura energética del país que causó la contaminación de importantes fuentes hídricas en Tumaco y en el Putumayo. Sin embargo, lo anterior no aminora en nada el reparo obvio al gobierno y a las Farc que tras 34 meses de diálogos, los colombianos no perciben que dicho proceso haya traído algo positivo al país, y, por el contrario, consideran que durante la negociación los indicadores de seguridad y orden público se han deteriorado.

En este sentido, el campanazo de alerta para las partes en negociación es claro. La tesis de negociar en medio de la guerra está haciendo agua. La guerrilla debe leer bien la opinión de los colombianos que rechazan sus acciones irracionales y su ataque a la población civil. Sin gestos de paz por parte de las Farc verificables y contundentes, es poco el oxígeno que le queda a la negociación.

Dicho lo anterior el error en que no puede incurrir el gobierno es salir ahora, con el fin de repuntar en las encuestas, a lanzar propuestas arriesgadas en materia de paz sin la suficiente fundamentación y el estudio necesario que sirvan de sustento a avances concretos en materia de paz. En otras palabras, Santos no puede seguir gobernando según la volatilidad de las encuestas.

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Aunque en sentido estricto la campaña política inicia formalmente el próximo 25 de julio, fecha a partir de la cual se podrá publicitar libremente a través de todos los medios, resulta claro que la actividad proselitista de los candidatos a distintos cargos y corporaciones avanza a todo vapor.

No es novedad. Es lo que suele suceder en cada temporada electoral: violación de los topes electorales, trashumancia electoral, constreñimiento a los funcionarios y contratistas para que respalden determinada campaña, compra de votos, manipulación del censo electoral, y falta de transparencia en los escrutinios, entre las irregularidades más evidentes.

A pesar de que los problemas están plenamente identificados y son los mismos en todo el país, suelen fallar también las autoridades electorales en el control de la campañas políticas. Organismos externos como la Misión de Observación Electoral y los propios medios de comunicación suelen advertir situaciones de riesgo electoral en casos puntuales debidamente documentados. Sin embargo, pese a todas las advertencias –con escasas excepciones– esos riesgos terminan materializándose en hechos que alteran el libre juego democrático, y, para decirlo más claro, en verdaderos casos de fraude electoral.

Por todo ello, resulta extraño que en esta temporada electoral el Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad en la materia, haya puesto el mayor énfasis en el tema de la publicidad política extemporánea por encima de problemas electorales de mayor envergadura. Claro está que debe regularse estrictamente el tiempo de veda de la publicidad política, pero no al punto casi risible al que ha llegado el Consejo Electoral de investigar hasta los artistas vallenatos por los saludos que emiten en sus canciones a los políticos. ¿Puede el saludo de un artista a un político influir en el electorado para que vote por el político saludado? ¿Es el saludo una clara invitación a votar por determinada persona? Bastante discutible.

Pero, insistimos, creemos que allí no está la almendra del asunto. El punto sobre el cual debería recaer la mayor vigilancia es en la financiación de las campañas. En efecto, es ésta la génesis del desequilibrio de fuerzas en la contienda electoral. Campañas que son receptoras de cuantiosos recursos, algunos de origen ilegal, y otros de recursos desviados del erario, vía contractual.

En el terreno local pueden apreciarse desde ya campañas en las que la abundancia de recursos salta a la vista. Y es tarea de las autoridades investigar y determinar, primero, el origen de los recursos, y segundo, si hay violación de los topes, a través de la famosa doble contabilidad.

En este campo, cabe determinar si grupos de contratistas están aportando recursos a las campañas y a qué título: ¿donación o futura contraprestación?. Lo mismo cabe decir para empresas propietarias de concesiones como la de Alumbrado Público, cuyo dueño Gabriel Losada, se ha ganado la fama de ser “inversionista” de varias campañas en la Costa Atlántica, entre otras, una campaña a la alcaldía de Valledupar.

En síntesis, las autoridades deben centrarse en el control de los problemas electorales de fondo y no extraviarse en asuntos menores.

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Después de un cuestionado y accidentado proceso de elección, el Consejo Superior Universitario designado ayer en propiedad a Carlos Emiliano Oñate Gómez como nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar para un periodo de cuatro años que inicia el próximo 8 de julio.

Sin embargo, tan pronto se conoció la noticia de la elección del nuevo rector, el ministerio de Educación a través de su delegada emitió un duro comunicado en el cual prácticamente desconoce la elección, anuncia que elevará denuncias ante las autoridades competentes y señala que Oñate Gómez podría estar inhabilitado por haber renunciado a su calidad de miembro del Consejo Superior en febrero de este año y no con un año de anticipación. En pocas palabras, una declaratoria de guerra que se constituye en un mal presagio de futuras tensas relaciones entre la nueva administración y el nivel central.

No obstante, sorprende la reacción del ministerio tanto por su dureza como por los argumentos esgrimidos. Y aquí caben varios interrogantes: ¿si el ministerio conocía la supuesta inhabilidad de Carlos Oñate porqué solo hasta ayer la hizo pública? ¿porqué no la puso en conocimiento de la autoridad competente oportunamente? ¿habría sido diferente la reacción del ministerio si el elegido hubiese sido Enrique Meza, candidato respaldado por la gobernación y el representante Ape Cuello?

Más allá del debate sobre la elección de Oñate Gómez, la tarea del nuevo rector se vislumbra como titánica: sacar de los últimos lugares del ranking nacional a la UPC. Para ello, deberá darle prioridad a lo académico sobre lo administrativo, invirtiendo bien los escasos recursos en fortalecer la docencia y la investigación. Ciertamente, al revisar la producción intelectual de la universidad, ésta se muestra escasa, de baja calidad, poca aplicación, y muy por debajo de la media nacional (sólo teniendo en cuenta el resto de universidades públicas).

Asimismo, el nuevo rector debe poner punto final a la funesta manguala que históricamente ha existido con el Consejo Superior, ente que suele actuar con visión alcabalera sobre la contratación administrativa y ejerce, de facto, un nocivo chantaje sobre el rector de turno: si no hay contratos a amigotes de los consejeros, entonces se bloquean las decisiones. Esta perversa costumbre hay que erradicarla de raíz.

Se volvió lugar común, por lo cierto, afirmar que la UPC ha estado de espaldas al desarrollo económico de la región. No cabe duda. En un departamento con vocación agropecuaria y minera, es inadmisible que la UPC no oferte carreras afines a nuestra actividad económica: no existen programas como medicina veterinaria, zootecnia, ingeniería agronómica e ingeniería de minas, entre otros. Sólo hasta hace pocos años se abrió la facultad de ingeniería agroindustrial.

En este sentido, el reparo que se hace es que la UPC está llamada a convertirse en el centro de pensamiento del Cesar, en donde se realicen las investigaciones y los estudios que coadyuven a transformar nuestros problemas en soluciones.

No se niega que poco puede hacerse con un presupuesto de $70.000 millones al año y con unas transferencias nacionales por estudiante por debajo del promedio nacional. Empero, para exigir al nivel central hay que mejorar los pésimos indicadores de la UPC. Si otras universidades costeñas como la Universidad del Magdalena y la de Córdoba han podido destacarse y mejorar su desempeño académico, fiscal y administrativo, ¿por qué no podrá hacerlo la UPC? Ese es el mayor reto que tiene por delante Carlos Oñate, mientras dure en el cargo.

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Con vicepresidente abordo, el gobierno nacional firmó esta semana en Valledupar la alianza público privada para la construcción y rehabilitación de la vía que inicia en San Roque, Cesar, y finaliza en Cuestecitas, La Guajira, por un valor de $387.637 millones.

Se trata de 350.3 kilómetros en total, de los cuales 336.1 kilómetros son para rehabilitación y sólo 8.6 kilómetros corresponden a construcción de nueva vía. La llamada autopista Cesar – La Guajira comprende los siguientes trayectos: San Roque ­ Becerril (57.5 kms.), Becerril - La Paz  (81.9 kms.), La Paz - Valledupar- El Molino (45.2 kms.), Valledupar - Badillo - San Juan del Cesar (52 kms.), El Molino - San Juan del Cesar - Distracción (40 kms.), y Distracción - Hatonuevo - Cuestecitas (59.6 kms.).

En su presentación ante la opinión, el gobierno nacional ha promocionado la adjudicación de este contrato a la firma Cóndor S.A., como una importante obra de infraestructura vial que contribuirá significativamente a mejorar la conectividad de los dos departamentos con el resto del país. Sobre este punto no cabe duda de que la autopista ayudará a corregir en algo el rezago en conectividad de esta región y el deteriorado estado de nuestras vías y carreteras.

Sin embargo, lo anterior no es óbice para que desde aquí se hagan reparos a la obra que han generado molestia en el vicepresidente Vargas Lleras. Reparos legítimos como la obvia pregunta de porqué la mayor parte de la obra, concretamente el 95.9%, contempla reparación de vía existente y sólo un 2.4% corresponde a construcción de vía nueva.

Preguntas también legítimas como porqué para financiar la obra se contemple la instalación de siete nuevos peajes, más el existente entre San Juan del Cesar y Fonseca. Responde el gobierno nacional señalando que de acuerdo con la reglamentación de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, desde 2012 es posible instalar un peaje cada 40 kilómetros.

No obstante, al comparar esta vía que consta de 350,3 kilómetros con la vía Valledupar - Santa Marta que consta de 254,3 kilómetros, ésta última sólo tiene tres peajes (Valencia de Jesús, El Copey y Tucurinca), los cuales cuestan en total veinte mil pesos. En este sentido, resulta claro que la publicitada obra incrementará el costo de transporte a los usuarios de la vía.

Adicionalmente, el nivel central no pone un solo peso en la construcción de la obra. Todo el esfuerzo financiero recae en la firma Cóndor S.A., la cual se lo trasladará, a través de los ocho peajes, a los usuarios de la vía. Hubiese sido más equitativo que el gobierno nacional cofinanciara la obra con parte de los recursos de regalías cuyo recorte, por la reforma al sistema, perjudicó financieramente al Cesar y a La Guajira. Hacerlo así era de elemental justicia.

En síntesis, bienvenidas las obras para la región. No nos oponemos a ellas. Pero tampoco puede pretender el nivel central que lo que no se nos presenta como la panacea, lo recibamos sin chistar, cuando en el fondo, no le están haciendo un favor a la región, sino cumpliendo con un deber estatal. A quien sí le hacen un gran favor es al concesionario, al asegurarle por 20 años un rentable negocio mediante una concesión que en estos tiempos ha cambiado de nombre, y ahora se llama APP.

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Celebra hoy el departamento de La Guajira sus primeros 50 años de existencia, después de haberse separado del extinto Magdalena grande, mediante el acto legislativo No. 1 de diciembre 28 de 1964, cuya vigencia inició a partir del 1º de julio de 1965.

En estos 50 años, el devenir del pueblo guajiro ha estado marcado por fuertes contrastes. De una parte, un departamento rico en recursos naturales como el carbón, el gas y la sal, y de otra, sus indicadores socioeconómicos y de desarrollo humano lo ubican en los últimos lugares de la tabla a nivel nacional, sólo superado por Chocó, el departamento más pobre del país.

En efecto, con más del 55% de la población viviendo bajo la línea de pobreza y una de las tasas más altas de población con necesidades básicas insatisfechas, La Guajira simboliza como ningún otro departamento del país la llamada maldición de los recursos naturales de la que hablan los economistas, entendiendo por tal que un territorio en donde abundan recursos no renovables tiende a tener un menor crecimiento económico e indicadores de desarrollo inferiores a departamentos que no cuentan con tales recursos naturales. Ciertamente, no es gratuito que La Guajira ocupe el último lugar, entre 22 departamentos, en competitividad, según el ranking elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario.

Varias factores contribuyen a y explican la situación paradójica de La Guajira, entre los cuales sobresale la débil e ineficaz institucionalidad, fácilmente presa de la corrupción y el clientelismo político. Sólo esto explica porqué pese a haber recibido por la explotación de sus recursos mineros cerca de mil millones de dólares en 25 años, según el Comité de Seguimiento y Evaluación a la Inversión de Regalías del Carbón, estos recursos no se perciben en su escasa infraestructura y suelen ser desviados a redes que han capturado el aparato estatal a nivel local, en un nefasto contubernio entre clase política y organizaciones criminales.

En este momento de su historia, el pueblo guajiro debe hacer un alto en el camino, mirar atrás para aprender las lecciones del pasado, y encarar su presente con decisión firme de no cometer los mismos errores.

Sin embargo, no sólo el pueblo guajiro es responsable de su suerte. Una alta cuota de responsabilidad le cabe también al nivel central, en primer lugar, por no haber fortalecido la débil institucionalidad guajira, territorio que para Bogotá no pareciera ser parte integrante de Colombia y en varias ocasiones de la historia la dirigencia cachaca propuso incluso regalarlo a Venezuela. En segundo lugar, por haber fallado en su función de supervisión de la inversión de los cuantiosos recursos que La Guajira ha recibido por la explotación de sus recursos.

En este medio siglo de existencia, La Guajira debe resolver, con el respaldo de todo el país, su grave problema por la falta de agua, no obstante contar con la represa del río Ranchería que tiene cerca de 100 millones de metros cúbicos de agua, pero que desde que fue inaugurada no ha podido abastecer a los ocho municipios cercanos (Distracción, Fonseca, Manaure, Uribia, Maicao, Hato Nuevo, Barrancas, Albania) por falta de conexión a sus acueductos. Asimismo, hay que actuar con urgencia para combatir la desnutrición infantil, uno de los más funestos indicadores del departamento, que lo llena de vergüenza nacional.

Es este el desafío de La Guajira para que los próximos 50 años estén marcados por la prosperidad y el bienestar, contrario al penoso record que la historia muestra hasta el momento.

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A diario los medios de comunicación son inundados por recurrentes quejas de la comunidad sobre los más diversos temas, principalmente los referentes a fallas en la prestación de los servicios públicos, denuncias sobre casos de inseguridad y sobre abusos de la autoridad policial, entre otros.

Sin embargo, esa misma comunidad que está siempre presta a quejarse y a denunciar ante los medios los males que la aquejan –actitud que celebramos y propiciamos–, poco o nada está dispuesta a contribuir a cuidar el entorno en que habita, a proteger el medio ambiente, y, en general, a poner en práctica un necesario civismo, fundamental para la vida en sociedad.

Sólo basta mirar el estado asqueroso en el que suele quedar el balneario Hurtado cada fin de semana, después de que hordas de bañistas y vendedores de comida, acuden a él, para concluir que los usuarios del balneario y del río carecen por completo de cultura ciudadana. El río Guatapurí, cuyo cauce ha disminuido considerablemente con el paso del tiempo, se está convirtiendo, a la altura del balneario Hurtado, en una verdadera cloaca, producto de los desechos y la basura que las personas arrojan indiscriminadamente a él, en particular, los fines de semana, cuando aumenta la cantidad de usuarios.

El asunto es de gran preocupación en atención a la dramática situación que presentan nuestros afluentes. No puede olvidarse que el emblemático río Cesar, que le da el nombre a nuestro departamento, es hoy un río moribundo, producto de la contaminación. También presentan serios problemas de contaminación y disminución de cauce el río Garupal, el río Ariguaní, río Seco y el río Mocho que abastece al municipio de La Paz, entre otros.

Pero no sólo son los ríos. La falta de cultura ciudadana queda en evidencia también en el estado de nuestro parques, canchas deportivas y zonas de entretenimiento, muchos de ellos convertidos en muladares, llenos de basura, y algunos reducidos a ollas de microtráfico. En este sentido, las comunidades no tienen sentido de pertenencia con relación a su hábitat. No cuidan los parques ni su mobiliario, dañan los juegos infantiles, destruyen las canecas de basura, los convierten en improvisados estancos nocturnos para escuchar música a todo volumen, irrespetando el sueño de los vecinos, y, de paso, dejando una estela de vidrios quebrados de botellas de licor. Aquí cabe preguntar, ¿dónde están las juntas de acción comunal de los barrios? ¿qué hacen para prevenir estas acciones destructivas sus líderes que tanta lora suelen dar por las emisoras locales?

Ni hablar de la falta de civismo de los conductores de la ciudad, que convierten las calles en una verdadera selva donde prima la ley del más fuerte, del más atravesado. Nadie respeta a nadie, ni a las señales de tránsito. Los conductores de motocicletas se llevan el premio de los más ineducados, pues, sus infracciones a mínimas reglas de convivencia son pan de cada día, empezando por los semáforos en rojo, objeto de burlas diarias. No usan cascos, ni espejos retrovisores. Pero ellos no son los únicos. Los conductores de vehículos también contribuyen al caos vehicular con su impertinencia y su falta de prudencia.

Así las cosas, es claro que gran parte de la responsabilidad por este estado de cosas recae en la propia comunidad, en nosotros mismos, quienes, con nuestra conducta anticívica e inculta, somos los principales causantes del caos, del atraso y del rezago urbanístico en el que vivimos.

Por todo ello, debemos empezar a cambiar esa actitud paternalista de querer responsabilizar de todos nuestros males a la autoridad. Debemos empezar a asumir nuestro grado de responsabilidad y a tener sentido de pertenencia frente a la ciudad que habitamos. Parafraseando la famosa frase del presidente John F. Kennedy, no preguntemos qué puede hacer nuestra ciudad por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por nuestra ciudad.

En síntesis, el llamado es a permutar en acciones positivas y transformadoras de nuestro entorno, la habitual quejadera que nos caracteriza. Ese es el primer paso para construir una ciudad amable y respetuosa del medio ambiente, en la que nos sintamos todos orgullosos de vivir.

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Hoy la selección Colombia enfrenta una prueba de fuego de la Copa América que se disputa en Chile, frente a la selección Argentina, de Lionel Messi, Sergio Agüero, Angel Di María y otras figuras internacionales.

El onceno colombiano llega a la segunda fase del torneo con una regular presentación en la primera etapa, tras perder con Venezuela (0-1), ganarle a Brasil (1-0) y empatar sin goles con Perú. Tiene además dos bajas sensibles para el partido de hoy, las de los dos volantes de marca Carlos Sánchez, por acumulación de amarillas, y Edwin Valencia, por lesión. Así las cosas, el juego de hoy tendrá dificultades adicionales, sumadas al bajo nivel futbolístico que ha mostrado hasta el momento la selección en Chile, y que está muy lejos del nivel visto en el mundial de Brasil.

Independiente del resultado es conveniente hacer un llamado a la cordura para que el partido de hoy sea un espacio para el sano entretenimiento y la integración nacional, y no el motivo de fúnebres tristezas.

Ciertamente, el país tiene un negro historial de celebraciones futbolísticas que han terminado en tragedia. La mayor de todas, paradójicamente, fue el famoso 5-0 frente a Argentina por las eliminatorias al mundial de Estados Unidos de 1994. En esa ocasión que marcó un hito en la historia del balompié nacional, la celebración del triunfo dejó un saldo fatal de 76 muertos y 912 heridos.

En el mundial de Brasil, cada victoria de la selección traía consigo un saldo trágico. En el partido frente a Costa Marfil, hubo un muerto en Cali por una bala perdida de un hombre que en medio de la euforia hizo varios disparos al aire. Ganarle a Japón le dejó al país otro muerto en Armenia y varios heridos. Sin embargo, la aplastante victoria a Grecia (3 a 0) le costó al país 9 muertos, 15 heridos y más de 3.000 riñas. El reciente triunfo de Colombia a Brasil, un gol por cero, significó cuatro muertes y un número indeterminado de heridos.

Con estos antecedentes, cabe insistir en la moderación a la hora de celebrar. No puede ser que los triunfos de la selección que deberían generar únicamente regocijo y alegría a la nación, traigan también luto, aflicción y alteración del orden público. Tales resultados nefastos han llevado a algunos extremistas a expresar que es mejor que la selección pierda para no tener que lamentar muertos, heridos y desorden.

No creemos que esa sea la alternativa. Creemos, sí, que hay que educarnos para aprender a celebrar con moderación, sin desmanes y sin excesos. Precisamente el exceso en el consumo de alcohol es el elemento común en todas las muertes asociadas a las celebraciones futbolísticas. Reforzar las campañas sobre consumo responsable de bebidas alcohólicas es un primer paso.

En síntesis, la sociedad colombiana debe empezar a desactivar los ingredientes que suelen transformar las celebraciones deportivas en fuente de tristezas. Fallecer en el esfuerzo es darle la razón a los pesimistas que consideran que, por los resultados trágicos, es mejor negocio para el país perder que ganar.

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Con la entrega de avales en las últimas semanas a los candidatos con opciones de éxito quedó conformada la grilla de partida de la próxima contienda electoral por la alcaldía de Valledupar.

Por el partido Verde estará el doctor Evelio Daza Daza, quien aspira por tercera vez al cargo. Coavalado por el partido conservador y por firmas, el exconcejal y exsecretario de gobierno, Augusto Daniel Ramírez Uhía, aspira por segunda vez. En su primer intento de regir a los vallenatos estarán el joven concejal Jaime Gonzalez Mejía, por Cambio Radical; el también novel aspirante Andrés Arturo Fernández Cerchar, por Opción Ciudadana; el varias veces secretario municipal John Valle Cuello, avalado por Mais; y el empresario e intelectual Sergio Araújo Castro, por el Centro Democrático.

Aunque aún hay otros aspirantes menores como la bacterióloga Lina de Armas, el ganadero Pedro Castro Araújo (que aún recoge firmas) y el exconcejal Pedro Acuña, consideramos que su falta de definición de aval (todos piden pista en el Polo Democrático) a estas alturas de la contienda juega seriamente en contra de sus posibilidades de éxito.

Así que, si nada extraordinario ocurre, la suerte de Valledupar en el próximo cuatrienio recaerá en uno de los seis nombres antes mencionados.

Más allá de las preferencias políticas de cada quien, es pertinente recordar el estado de la ciudad que pretenden administrar, caracterizada por una situación financiera bastante estrecha, inmersa en una ley de reestructuración de pasivos (Ley 550) que recorta seriamente la autonomía fiscal del municipio, el cual no cuenta con recursos de regalías mineras, pese a recibir parte del impacto de los centros mineros del Cesar y de La Guajira.

Adicionalmente, cómo lo muestra el estudio de percepción “Valledupar ¿cómo vamos?” existen serios problemas en materia de seguridad ciudadana, movilidad, informalidad laboral y calidad de los servicios públicos domiciliarios.

De otra parte, el haberse convertido la ciudad en una de las mayores receptoras de población migrante y desplazada de otras latitudes ha generado un grave problema de asentamientos ilegales que desbordan en gran medida la capacidad institucional del municipio para darle respuesta. Así, hoy en la ciudad existen en la ciudad once barrios de invasión en los que habitan cerca de 60.000 personas, muchas en condiciones de vulnerabilidad.

En síntesis, un cúmulo de problemas le espera al nuevo gerente de la ciudad, quien deberá esforzarse a fondo para atender verdaderos e inminentes desafíos que no dan espera. Esperamos que quienes aspiran a gerenciar la ciudad estén a la altura del reto, y lo empiecen a demostrar durante los meses de campaña, con gallardía, honestidad intelectual, y sin incurrir en viejas prácticas de insultos y guerra sucia.

Valledupar vive un momento crítico de su historia y en esos momentos de crisis cuando se requiere que surjan los hombres visionarios que puedan conducir a sus pueblos a puerto seguro. La ciudad requiere un verdadero gerente que emule las buenas administraciones de ciudades hermanas como Montería (considerado el mejor alcalde del país) o Barranquilla. Pero aquí aún añoramos a alcaldes como Rodolfo Campo o Aníbal Martínez, quienes gobernaron hace más de dos décadas. Así de mal estamos. Es el momento de empezar a construir un nuevo modelo gerencial.

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