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Editorial (439)

Como un paciente terminal al que gradualmente se le deterioran las funciones de sus órganos, así se encuentra el hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná, sumido en una crisis financiera y administrativa, sin solución a la vista.

Son varias las causas de esta muerte anunciada: en primer lugar, el déficit financiero que tiene origen en la falta de pago de varias EPS (Emdisalud, Saludvida, Cajacopi y Caprecom) a las que el hospital ha prestado sus servicios y cuya deuda que supera los $7.000 millones ha sido de difícil recaudo, también por falta de diligencia en su cobro.   En segundo lugar, la desafiliación masiva de usuarios promovida en la administración del alcalde Gustavo Aroca Dagil, que permitió la migración de cerca de 3.500 usuarios a IPS privadas, con lo cual el centro asistencial dejó de percibir importantes recursos. En siguiente lugar, la desidia y mala administración de los gerentes de turno, más interesados en ganarse el sueldo y ser alfiles de la politiquería, que en solucionar los graves problemas del hospital. De hecho, ha tenido más de 4 gerentes en menos de 4 años (Dellys Mercedes Vega Solano, Lisney Arrieta Guerra, María Inés Cabas y Nicolás Mohrez Muvdi).  Finalmente, la indiferencia de las dos últimas administraciones departamentales, en las cuales la situación crítica del hospital y su salud financiera terminó agravándose.

Todo este coctel de enfermedades tiene postrado al centro asistencial, el cual ha dejado de ser, en la práctica, un hospital regional de segundo nivel que atendía a pacientes de varios municipios del Cesar, Magdalena y Bolívar, para convertirse en un puesto de salud mal atendido. El hospital tiene pasivos por más de $12.000 millones y adeuda a su personal médico y de enfermeros entre cuatro y nueve meses de salarios. Su unidad de cuidados intensivos no funciona desde mayo del año pasado. Sus equipos de radiología están dañados. 

¿Qué se hicieron, entonces, las inversiones realizadas por los últimos gobiernos departamentales: $5.500 millones en la administración Molina, $3.500 millones en la de Moreno y $4.000 millones en la de Monsalvo?

De poco han servido los diversos debates realizados en la asamblea departamental sobre la situación del hospital. Tampoco han sido de gran ayuda las visitas de los ministros de Salud al Cesar ni las mesas de trabajo propiciadas por la actual administración departamental. El Hospital San Andrés agoniza. ¿Será Franco Ovalle su sepulturero?.

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Sorpresiva, por decir lo menos, la renuncia del secretario de tránsito y transporte de Valledupar, Darío Zalabata, con sólo seis meses en el cargo, quien adujo motivos personales y familiares para retirarse de dicha sectorial.

Es la primera baja de la administración de Tuto Uhía y seguramente no será la última, pues los secretarios de despacho –como los ministros– son fusibles, esto es funcionarios de libre nombramiento y remoción, de los cuales se puede prescindir cuando es necesario oxigenar al gobierno o cuando tales funcionarios no cumplen a cabalidad con sus responsabilidades.

En el caso particular del tránsito, no cabe duda que ésta es una de las sectoriales de más difícil manejo por graves problemas enquistados desde administraciones anteriores. En efecto, la buena noticia que en su momento significó la eliminación de la concesión de tránsito que privatizó el manejo de la sectorial, poco a poco se disipó ante la incapacidad de la administración Socarrás para meter en cintura el caótico tráfico vehicular de la ciudad, al punto que, paradójicamente, la ciudadanía percibió que, aún con la supresión de la concesión, la situación del tránsito, en vez de mejorar, empeoró.

Sin embargo, los problemas no se limitan al manejo del tráfico. Preocupan sobremanera los casos de corrupción al interior de la sectorial, que, en honor de la verdad, han afectado a las cinco últimas administraciones municipales. Están a la orden del día, denuncias sobre el trámite irregular de permisos y licencias, y sobre el gran negoción que se ha convertido la inmovilización de motos y carros y la imposición de comparendos. Y, sin duda, la concesión de cupos para taxis que cada alcalde feria al mejor postor.

Esa fue la secretaría que heredó Darío Zalabata de su antecesor Oscar Tom Socarrás, personaje que, además, le dejó a la ciudad una polémica ciclorruta que muere ante la indiferencia –y tal vez, complacencia– de la administración Uhía y en la cual se invirtieron millonarios recursos que no le sobran a la ciudad.

Quien suceda a Zalabata tendrá que empezar por limpiar la casa y fumigar los nichos de corrupción que pululan en la secretaría de tránsito. No es tarea fácil, se entiende, pero necesaria para recuperar la credibilidad en una sectorial sobre la cual reina la desconfianza y cuyo semáforo parece estar siempre en rojo.

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Las cifras son alarmantes. Según el DANE, la inflación del pasado junio se ubicó en 0,48%, es decir, que fue superior casi cinco veces con respecto a la del mismo mes del año pasado (0,10%). Por su parte, la inflación acumulada durante los primeros seis meses de 2016 va en 5,10%, esto es, un punto porcentual por encima de la meta establecida por el Banco de la República para todo el año (4%).  Peor aún, la inflación acumulada de los últimos 12 meses es de 8,60%, cifra que dobla la meta señalada para el año y desnuda la poca efectividad de las medidas tomadas por las autoridades económicas para mantener a raya el alza en el costo de vida.

Sin duda, los alimentos han sido el sector en el cual más se ha sentido la ola inflacionaria, por cuanto en los últimos 12 meses (julio de 2015 a junio de 2016) han subido cerca de un 15%. Esto es de suma gravedad, debido a que siendo la inflación el impuesto de los pobres, es a los sectores más vulnerables de la sociedad a quienes afecta con mayor fuerza y disminuye sustancialmente su capacidad adquisitiva, la cual está destinada, en su mayor parte, a la compra de la llamada “canasta básica” o productos de primera necesidad. En efecto, prácticamente durante el primer semestre del año se esfumó el aumento porcentual del salario mínimo que fue del 7%.

En el caso de Valledupar, si bien en junio y en el semestre aparece ubicada por debajo del promedio nacional (0,35% y 4,86%, respectivamente), las cifras son engañosas, porque al examinar en detalle la composición de los sectores, se observa que mientras la mayoría de los sectores tienen crecimientos razonables, alimentos (1,02%) y salud (0,88%) están disparados y son los grupos que más contribuyen al incremento en el costo de vida en la ciudad. Lo anterior pone de presente la necesidad de que la administración municipal estudie reactivar el control de precios, pesas y medidas, como medida para prevenir la especulación y la carestía.

Varias causas han contribuido a este aumento generalizado del costo de vida en el país: en primer lugar, los estragos del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario, el cual golpeó con crudeza el campo en el segundo semestre del 2015 y el primero del 2016. Luego, cuando llegaron las primeras lluvias este año, se terminó El Niño, y se creía que las presiones inflacionarias cederían, el paro de camioneros –que ya completa más de un mes– vino a recordarnos la fragilidad de nuestra economía.

Lo que más preocupa es que la tradicional receta del Banco de la República para controlar la inflación –subir las tasas de interés– no pareciera estar dando los resultados deseados. Desde hace un año, el Emisor ha subido las tasas periódicamente, y la inflación no cede.

Muchos analistas coinciden en señalar que el gobierno no puede seguir dejando sólo al Banco Central en la lucha contra la inflación, puesto que el ejecutivo también tiene a su disposición varios herramientas para ayudar a controlar la tendencia alcista. No cabe esperar resultados diferentes si se siguen empleando los mismos procedimientos fallidos. Urge un cambio de enfoque.

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No hace mucho tiempo, tres décadas atrás, Valledupar era una ciudad con buenos índices de cultura ciudadana, caracterizada por las buenas costumbres de su gente –siempre presta a ser solidaria y prestar auxilio a quien lo necesitara–, por su limpieza exterior, por su arborización, por un aceptable manejo del espacio público, con pocas ventas ambulantes, entre otras características de una ciudad amable y pujante.

¿En qué momento cambió ese panorama? La respuesta no se encuentra en un único factor, sino en la conjugación de varios. En efecto, el rápido y desordenado crecimiento de la ciudad, jalonado por el auge de los barrios de invasión, sin planeación alguna. La llegada masiva de pobladores de otras latitudes, tanto por el desplazamiento generado por el conflicto interno como por el atractivo de los dos centros mineros frente a los cuales la ciudad se encuentra equidistante. Y, por supuesto, la falta de autoridad de sucesivas administraciones municipales que, de manera cómplice, permitieron que se extendiera la creencia de que en Valledupar cualquiera puede hacer lo que se le venga en gana, sin sufrir ninguna consecuencia negativa.

Este fue el caldo de cultivo que dio lugar a la situación actual: una ciudad en donde no se respetan las señales de tránsito y el tráfico vehicular es un caos diario; en donde los residentes sacan la basura antes del día de recolección y la dejan expuesta en los separadores de las calles y avenidas, a merced de los perros y las lluvias; una ciudad en la que se ha perdido la sana costumbre de ser buen vecino y de auxiliar al necesitado; una ciudad en la que el espacio público está tomado por los vendedores ambulantes, que proliferan sin ningún tipo de control; una ciudad en la que cada semáforo oficia como un minimercado persa con saltimbanquis, maromeros, vendedores de todo tipo de productos y agresivos limpiavidrios que insultan a quienes no acceden a darle una propina por sus servicios no solicitados, una ciudad a oscuras, con pésima iluminación pública, que facilita la acción de los delincuentes, … en fin, una ciudad que requiere reinventarse urgentemente para enderezar su rumbo, so pena de colapsar.

Consciente de ello, la administración municipal, enhorabuena, decidió darle impulso a una iniciativa para recuperar y fortalecer la cultura ciudadana en Valledupar. Al llamado de la alcaldía respondieron positivamente los más diversos sectores ciudadanos: la academia, los medios de comunicación, líderes cívicos, las juntas de acción comunal, ex alcaldes, entre otros sectores, por cuanto se trata de sumar voluntades hacia un mismo propósito: reconstruir el tejido social de la ciudad, re-educar a los ciudadanos sobre la manera de comportarse en sociedad, y, en general, alimentar el sentido de pertenencia por nuestra patria chica.

Naturalmente, es una tarea titánica que requiere el decidido concurso de toda la ciudadanía para que dé resultado. La administración ya ha hecho una parte de la tarea, pero la mayor responsabilidad recae en el ciudadano, quien debe entender que Valledupar es el espacio físico y emocional donde habitamos, donde vivimos, donde interactuamos con el otro, y como tal, es un espacio que debería ser considerado como sagrado, que debería dolernos en el corazón cuando es transgredido, porque es nuestro hogar sin paredes.

Y con pequeñas acciones se inicia la transformación positiva de la ciudad y de nuestro entorno. Solo con abstenernos de ciertas conductas: no tirar papeles en la calle, no sacar la basura antes del día indicado, no irrespetar las señales de tránsito, no colarnos en la fila.

Si los ciudadanos no están dispuestos a poner de su parte, ¿con qué derecho pueden exigirle a las autoridades que cumplan sus tareas? 

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Impactante y conmovedor el reportaje gráfico realizado por el diario El Espectador sobre “Las mujeres que se atrevieron a mostrar sus cicatrices por cirugías plásticas mal hechas” (El Espectador, 3 de julio de 2016).

En él se puede apreciar, en forma cruda, las dolorosas consecuencias de la mala praxis de varios médicos carentes de ética, quienes cegados por el afán de lucro, someten a sus pacientes a cirugías para las cuales no cuentan con la idoneidad y preparación requerida y en centros asistenciales de incierta reputación, muy cercanos a lo que se conoce popularmente como “clínicas de garaje”.

Sin duda, uno de los responsables de esta situación es el ministerio de Educación colombiano, ente que han convalidado dudosos estudios de corto plazo realizados por médicos en el exterior como si fuesen especializaciones que requieren años de dedicación y experiencia.

Para colmo de males, el Congreso de la República dejó hundir, por falta de trámite, un proyecto de ley que buscaba regular el ejercicio de las cirugías plásticas en el país, ante la indiferencia de los parlamentarios, quienes no tuvieron en cuenta que sólo en lo que va de 2016 han muerto 12 personas por cirugías plásticas mal hechas y cerca de 160 sufrieron lesiones permanentes por la misma causa. El proyecto también buscaba, con razón, prohibir las cirugías plásticas en los menores de edad, habida cuenta que cerca del 30% de las 340.000 procedimientos estéticos que se realizan en el país son hechos en pacientes menores cuya personalidad aún no está definida ni son conscientes de los riesgos físicos y sicológicos que una intervención de esta naturaleza tienen en sus vidas. Por segundo año consecutivo, la iniciativa legislativa naufraga en el Congreso.

Sin embargo, el problema no se limita a las cirugías plásticas. En efecto, paralelo al auge de los procedimientos estéticos, en Colombia ha hecho carrera las cirugías para perder peso, que, justificadas excepcionalmente en casos de obesidad extrema, se han popularizado en pacientes que realmente no las necesitan. Así, médicos inescrupulosos se aprovechan de los deseos de adelgazar de personas no obesas para realizarles procedimientos quirúrgicos no aptos para ellos.

Con razón, la columnista de El Espectador Catalina Ruiz-Navarro llamó a estos médicos “carniceros”, pues, en su opinión “gracias a la candidez del Ministerio, estos médicos están debidamente certificados en Colombia, y es legal que practiquen carnicerías quirúrgicas”. No se merecen otro epíteto. La lista de víctimas y monstruosidades cometidas por ellos es suficientemente larga. Debería bastar para que se les retire su licencia médica y se les prohíba el ejercicio de la profesión.

La lista de “carniceros” en el país la encabezan dos hermanos costeños, Francisco Sales Puccini y Carlos Sales Puccini. El primero se identifica como cirujano plástico y el segundo como cirujano especializado en cirugías gástricas. Ambos tienen en su haber un listado creciente de víctimas de cirugías mal hechas, y pese a ello, siguen ejerciendo sin ruborizarse.

Ante la falta de regulación del Congreso y la falta de control tanto de las autoridades de salud como de los tribunales de ética médica, no queda otra alternativa que alertar a los pacientes sobre los riesgos de acudir a médicos inescrupolosos como estos. El cuidado de la salud empieza por el mismo paciente. Frente a la tentación de la vanidad estética, es menester no oír los cantos de sirena publicitarios y, si es el caso, acudir a médicos de reconocida idoneidad y solvencia moral y a centros asistenciales seguros y confiables. No vale la pena perder la vida o sufrir heridas imborrables en el quirófano de un carnicero, por una cirugía que realmente no necesitamos.

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El camino para que esta música vernácula llegase a ser parte del patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad, como lo reconoció la UNESCO ayer, no comenzó hace apenas un par de años, como pudiese pensar cualquier desprevenido.

Tiene cerca de doscientos años de haberse iniciado cuando los primeros acordeones ingresaron por el puerto de Riohacha, a mediados del siglo XIX (1850 – 1854), traídos por marinos europeos, y recibidos e incorporados a las manifestaciones musicales preexistentes de esa vasta región geográfica que comprende los territorios de los departamentos de La Guajira, El Cesar y Magdalena, antiguamente agrupados en el llamado Magdalena grande. En esa región también denominada la provincia del Valle de Upar y Padilla, o simplemente “La Provincia”, surgieron los primeros acordeoneros que, a lomo de mula y por caminos polvorientos, y, ante la inexistencia de otro medio de comunicación, hacían las veces de razoneros entre habitantes de poblaciones alejadas y aisladas, como Atánquez, Patillal, Machobayo, Cotoprix, Cimarrón, Los Pondores, El Molino, la Jagua del Pedregal, Villanueva, El Paso, Plato, El Banco, y, naturalmente, Valledupar, su epicentro y meca por antonomasia. De allí esta música inició su expansión inatajable por toda la Costa y por todo el país.

En esta lista de precursores cabe mencionar a José León Carrillo, Cristóbal Lúquez, Abraham Maestre, Agustín Montero, y, por supuesto a Francisco Moscote, más conocido como Francisco El Hombre, sobre el cual existe la ya inmortal leyenda de haber vencido al maligno en un duelo musical, a punta de acordeón, tocándole el credo al revés. Asimismo, no pueden excluirse nombres como los de Eusebio Sequeira, Ramón Zuleta, Fortunato ‘Fruto’ Peñaranda, Francisco ‘Chico’ Sarmiento, Luis Pitre, Francisco ‘Chico' Bolaños, Juancito López, Fortunato Fernández, Fulgencio Martínez, Juan Muñoz, Eusebio ‘El Negro’ Ayala, Francisco ‘Pacho’ Rada y Carlos Araque, entre muchos otros precursores de esta mágica música que hoy le da la vuelta al mundo.

Después de esta primera generación de cultores vallenatos, surgiría una segunda línea conformada por figuras más conocidas como Tobías Enrique Pumarejo, Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta Baquero, autor de la canción vallenata más conocida en el mundo, “La gota fría”, y padre de la dinastía a quien, con justa razón, el próximo Festival de la Leyenda Vallenata le rinde homenaje el próximo año.

Pero para que este universo de juglares y cultores, rico y variado en vertientes del vallenato, tuviese bases sólidas y perdurara en el tiempo, era necesario sentar sus cimientos, edificar su arquitectura, darle soporte y vocación de permanencia. Por ello, cabe afirmar, sin lugar a duda alguna, que fue la creación del Festival Vallenato la piedra angular para que este género pasara de ser una música marginal, excluida y rechazada por las élites, a lo que es hoy: la música más popular, la más incluyente y la más representativa de Colombia. Gracias al Festival Vallenato, al trabajo decidido de sus creadores Rafael Escalona, Alfonso López, Consuelo Araújo y Miriam Pupo, así como de ese matriarcado laborioso encabezado por la propia Cacica y su cohorte de hormigas como Cecilia “La Polla” Monsalvo, la inolvidable Lolita Acosta, Nora Angarita, Omaira Herrera y Lourdes Baute, entre otras infaltables mujeres, que al lado de figuras como Andrés Becerra, Darío Pavajeau, Gustavo Gutiérrez y Tomás Darío Gutiérrez, se construyó la estructura que hoy sostiene los pilares de esta música que ingresa, por derecho propio, a la categoría de la cultura universal, al lado del tango argentino, el mariachi mexicano, el flamengo español, el teatro siciliano, el fado portugués, o la ópera Kunqu de China, entre otros patrimonios intangibles de la humanidad.

Por supuesto, no puede desconocerse el trabajo realizado por el cluster de la música vallenata y el ministerio de Cultura para lograr que la UNESCO incluyera al vallenato en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial en necesidad de salvaguardia Urgente. El cluster, cabe decirlo, continuó el camino ya labrado por los gestores cultores ya mencionados y por el mejor cronista del género, García Márquez, en sus libros y relatos.

No es momento de divisiones, sino de unidad. En adelante, toda la institucionalidad del vallenato (Fundación, Cluster y ministerio de Cultura) debe trabajar armónicamente para cumplir los compromisos derivados de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad. En primer lugar, revisar el estado actual de la música. La evidente decadencia de las composiciones vallenatas que han perdido lirismo y narrativa, y caído en lugares comunes, banalidad y superficialidad. El mensaje de la UNESCO es a preservar la tradición, el vallenato en su versión más autóctona, más decantada. A conservar sus raíces. Hacia esta finalidad debemos trabajar todos unidos: compositores, artistas, intérpretes, medios de comunicación, industria musical, porque la tarea aún no termina.

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Llegó diciembre, el mes bonito del año, el mes de la alegría, el mes de los niños, el mes para compartir en familia.

Sin embargo, también es el mes donde suele aumentar delitos tales como el fleteo, los atracos callejeros y los hurtos a residencia, y, en otro frente, aumentan también los accidentes de tránsito y los casos de quemados con pólvora. En fin, un mes para cuidar nuestro patrimonio, pero, sobretodo, nuestra integridad personal, nuestras vidas y la de nuestros seres queridos.

Inicia el mes y en la capital del Cesar no hay una sola lucecita que simbolice que estamos en diciembre. A diferencia de otros años no se ha puesto el tradicional alumbrado navideño. Se desconoce si este hecho obedece a una decisión deliberada de la administración municipal para ahorrar energía y estar a tono con las restricciones que impone el fenómeno de El Niño o si obedece a otra causa como falta de presupuesto o a un simple olvido. Sea cual sea la razón de la administración era conveniente hacerla pública para informar a la comunidad.

Cabe recordar que entidades de la importancia de la Presidencia de la República y los ministerios no tendrán alumbrado navideño como una medida de austeridad para capotear la crisis energética que se avecina. Asimismo, el gobierno nacional ha recomendado que aquellas ciudades que decidan instalar alumbrado navideño lo hagan por un número reducido de horas. Cinco horas diarias parece ser la medida estándar que han adoptado ciudades como Cali o Bucaramanga. Medellín, por su parte, redujo el encendido de las luces en una hora diaria, mientras que todo el departamento del Huila no tendrá alumbrado navideño.

De otra parte, en este mes es importante redoblar los esfuerzos de las autoridades para hacerle frente a dos problemas que suelen hacer estragos en estas calendas: la accidentalidad vial y el uso de la pólvora. Frente al primero es necesario emplear un plan combinado de prevención y represión: prevención para educar a los conductores sobre la responsabilidad de respetar las señales de tránsito en general, y, en especial, los límites de velocidad. Insistir hasta el cansancio en campañas que recuerden la importancia de revisar el estado de los vehículos antes de iniciar los viajes, así como del inminente peligro de mezclar alcohol y gasolina. La parte represiva debe estar en los controles viales con retenes dentro de la ciudad a la salida de los establecimientos nocturnos y retenes entre municipios, en los que se haga un control estricto a los conductores, incluida la consabida prueba de alcoholemia. Si estos controles hubiesen estado en vigencia, tal vez hubiésemos podido evitar accidentes tan trágicos como el ocurrido recientemente entre Bosconia y Cuatro Vientos en el que un bus de pasajeros se estrelló de frente con una tractomula con un saldo fatal de cinco muertos y diez heridos.

En el caso de la pólvora también cabe una estrategia similar de prevención y represión. La meta debe ser cero niños quemados en esta temporada. Si bien en los últimos años se ha reducido considerablemente las estadísticas de quemados con pólvora, no se puede bajar la guardia. Las secretarías de salud departamental y municipal deben trabajar unidas en este frente para concientizar a los padres y adultos en general de no dejar que los niños manipulen estos peligrosos artefactos. Pero también las autoridades deben perseguir duramente los sitios clandestinos donde se fabrica, almacena o distribuye la pólvora en nuestras ciudades. El mensaje es simple pero claro: ¡con la pólvora no se juega!

He aquí unas cuantas recomendaciones que, de ponerse en práctica, podrán ayudar a pasar unas fiestas decembrinas y de fin de año tranquilas y en armonía. Para ello se requiere el concurso decidido, no solo del Estado y sus autoridades, sino también de la ciudadanía, porque el buen ejemplo comienza por casa.

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Nuevamente la Corte Constitucional ha tomado una decisión controvertida que afecta profundamente a la región conformada por Cesar, Magdalena y La Guajira.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, la Corte, a través de la sentencia de Tutela T-672 de 2014, ordenó suspender la circulación del tren de Fenoco seis horas diarias, de diez de la noche a cuatro de la mañana, para garantizar el derecho al descanso de 139 residentes de Bosconia, Cesar. Olvidó la Corte en aquel entonces una elemental lección de historia: que primero se construyó la línea férrea y, muy posteriormente, nació al lado de ella, el pueblo de Bosconia, uno de los más jóvenes municipios de nuestro departamento, con no más de 50 años de creación. Las consecuencias económicas de esa decisión le han representado al estado colombiano millonarias pérdidas en regalías e impuestos dejados de percibir, por la restricción en el transporte del carbón.

En esta ocasión, la Corte, mediante sentencia T-849 de 2014, recién publicada, dispuso acoger los argumentos de la acción de tutela instaurada por el cabildo gobernador Rogelio Mejía Izquierdo en representación del Resguardo Indígena Arhuaco, contra el Ministerio del Interior, Corpocesar, y dos empresas a quienes los primeros le otorgaron licencia para explotar una cantera: (i) Agregados del Cesar EU, y (ii) Pavimentos y Construcciones El Dorado LTDA Ingenieros Contratistas.

Arguye el alto tribunal que, a pesar de no existir asentamientos indígenas en el área donde se encuentra ubicada la cantera como lo certificó el ministerio del Interior, la licencia ambiental no podía haber sido otorgada porque dicha área se encuentra dentro de la denominada línea negra, según la cual se delimitó el territorio ancestral habitado por los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada, por medio de una resolución expedida por el ministerio del Interior que data de 1973, refrendada luego en 1995. 

Por supuesto que se entiende la finalidad de la Corte de proteger los derechos de las etnias indígenas, grupos minoritarios que gozan de especial protección constitucional, en particular, sus derechos a la autodeterminación, a la subsistencia y a la diversidad étnica. Eso no está en discusión. Sin embargo, llama la atención que la Corte pasó por alto un tema de mayor repercusión al emitir su fallo: según el mapa en el cual basó su decisión, la famosa línea negra cubre el setenta y cinco por ciento del actual casco urbano de Valledupar. Prácticamente desde la plaza Alfonso López en sentido noroccidental, todo es territorio ancestral indígena. A guisa de ejemplo, las siguientes construcciones están dentro de la línea negra: el edificio de la gobernación, la planta de tratamiento de agua potable de Emdupar, el seminario de la Iglesia Católica, el centro comercial Guatapurí, los colegios Bilingüe, Gimnasio del Norte y Comfacesar, el club Campestre, el batallón La Popa y el de Ingenieros, y cerca de 3 comunas y sus barrios. Algo similar sucede con Santa Marta y el sur de La Guajira, territorios también comprendidos dentro de esta línea imaginaria.

Cabe preguntar, entonces, ¿qué pasará con los asentamientos urbanos ya construidos? (plazas, edificios, viviendas, avenidas, etc) ¿ordenará la Corte su demolición? ¿qué pasará con las futuras edificaciones: cabe también realizar consultas previas como requisito para aprobar las respectivas licencias de urbanismo? ¿cómo se articula el fallo de la Corte con el Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar? ¿Puede el fallo dejar sin efecto el recién aprobado POT?

En fin, son interrogantes de gran envergadura que la Corte deja sin respuestas y que, en nuestro concepto, abren un enorme boquete para que, en adelante, el desarrollo urbanístico de Valledupar esté supeditado al engorroso proceso de las consultas previas, que ha demostrado en la práctica, ser un factor entorpecedor de los proyectos de infraestructura.

No cabe duda que los fallos de la rama judicial deben respetarse y ser acatados. Pero ello no es óbice para expresar sobre ellos un respetuoso disenso. Creemos que en esta ocasión la Corte Constitucional cayó, otra vez como en el caso del tren de Fenoco, en el facilismo de decidir sin medir todas las implicaciones de su fallo y sin conocer la realidad sobre la cual emite su veredicto. Un mapa que data de hace 40 años no puede servir de base para proferir una decisión sobre una situación fáctica que ha cambiado por completo en dicho lapso. Por lo visto, pareciera que el centralismo bogotano, del que solemos quejarnos con frecuencia, tuviese también una faceta judicial.

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Editorial "Una sana advertencia"

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Anuncia la Contraloría General de la República que le pondrá la lupa fiscalizadora a Electricaribe, específicamente a los recursos de tres fondos de los cuales se destinan recursos del erario a dicha empresa de energía: el fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), el fondo  de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y el Fondo de Energía Social (FOES).

Bienvenida la fiscalización del órgano de control. Es innegable que las fallas reiteradas en el servicio de energía en la Costa Atlántica se han convertido en un problema de gran magnitud que ha llegado incluso a alterar el orden público en municipios de los siete departamentos caribeños.

Sin embargo, no es la primera vez que un ente estatal anuncia que fiscalizará a Electricaribe. Ya lo han hecho antes, sin mayores resultados, la Superintendencia de Servicios, máxima autoridad en la materia, el ministerio de Minas y Energía, y el propio Congreso de la República a través de varios debates de control político, entre los cuales cabe destacar los realizados por el senador Jorge Enrique Robledo y los representantes Juan Manuel Campo y por su sucesor, Alfredo “Ape” Cuello.

Sobre Electricaribe hay suficiente diagnóstico: altas tarifas, cortes y racionamientos masivos de energía, constantes oscilaciones en el voltaje, daños a electrodomésticos que no son indemnizados, abusos en la facturación, cobros indebidos, retiro no autorizado de medidores, presunciones en contra de los usuarios, falta de respuesta a las reclamaciones, cientos de electrocutados, entre los problemas más evidentes que permiten afirmar que el servicio de electricidad de la Costa es el de más mala calidad de todo el país. Un ejemplo de la mala actitud de la empresa es haber cobrado en su facturas el uso de redes eléctricas construidas por el Estado. Bien ganada tiene, entonces, la empresa el repudio de cerca de 2.1 millones de usuarios que residen en el Caribe colombiano.

Frente a este panorama no caben más paños de agua tibia. Ni más anuncios rimbombantes de intervención que no terminan en resultados concretos. La empresa debe ser conminada a corregir sus fallas. Los planes de mejoramiento a los que se ha comprometido deben ser seguidos a pie juntilla, para que no siga siendo vigente la tesis que ha esgrimido con tino el senador Robledo: para Electricaribe es mucho más rentable prestar un mal servicio que uno de calidad.

En este orden, si tres entidades –Superservicios, ministerio de Minas y, ahora la Contraloría General– no logran meter en cintura a Electricaribe y lograr un mejoramiento sustancial en la prestación del servicio de energía en la Costa, ¿quién podrá hacerlo? Apague y vámonos.

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Dos encuestas diferentes realizadas con poco intervalo entre ellas reflejan ambas un bajonazo en la imagen favorable del presidente Santos y un aumento del escepticismo de los colombianos sobre el avance del proceso de paz.

En efecto, la encuesta Gallup realizada entre el 18 y el 24 de junio indica que el 66 % de los encuestados desaprueba la gestión de Santos. Ese mismo porcentaje considera que la situación del país está empeorando en términos generales, pero especialmente las siguientes asignaturas: corrupción, economía, costo de vida, narcotráfico, pobreza y orden público. En el caso específico del proceso de paz, el 63% duda de que en el gobierno Santos se llegue a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Por su parte, la encuesta realizada por Datexco (entre el primero al 5 de julio) señala que el 67% de los colombianos tiene una imagen desfavorable del presidente, el 73% desaprueba su gestión y el 78% está en desacuerdo en la forma como está conduciendo el proceso de paz. Precisamente, este sondeo de opinión, es mucho más preocupante que el anterior porque muestra que el 80% de los encuestados no creen que las Farc tiene intenciones legítimas de llegar a un acuerdo de paz.

Más claro no canta un gallo. Ambas encuestas confirman lo que ya es un sentimiento generalizado entre los colombianos: que el proceso de paz no marcha por buen camino y que existe un desencanto sobre el proceso por los pocos avances concretos tras casi tres años de negociación.

Naturalmente, no puede obviarse que el momento en que se tomó el pulso a la opinión coincide con un recrudecimiento de las acciones de las Farc que incluye no sólo ataques contra la fuerza pública (recuérdese la masacre a 11 militares en Cauca y el asesinato a un coronel de la Policía en Nariño) sino también atentados contra la infraestructura energética del país que causó la contaminación de importantes fuentes hídricas en Tumaco y en el Putumayo. Sin embargo, lo anterior no aminora en nada el reparo obvio al gobierno y a las Farc que tras 34 meses de diálogos, los colombianos no perciben que dicho proceso haya traído algo positivo al país, y, por el contrario, consideran que durante la negociación los indicadores de seguridad y orden público se han deteriorado.

En este sentido, el campanazo de alerta para las partes en negociación es claro. La tesis de negociar en medio de la guerra está haciendo agua. La guerrilla debe leer bien la opinión de los colombianos que rechazan sus acciones irracionales y su ataque a la población civil. Sin gestos de paz por parte de las Farc verificables y contundentes, es poco el oxígeno que le queda a la negociación.

Dicho lo anterior el error en que no puede incurrir el gobierno es salir ahora, con el fin de repuntar en las encuestas, a lanzar propuestas arriesgadas en materia de paz sin la suficiente fundamentación y el estudio necesario que sirvan de sustento a avances concretos en materia de paz. En otras palabras, Santos no puede seguir gobernando según la volatilidad de las encuestas.

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