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Editorial (446)

Siguen las escaramuzas y los atentados del ELN en el departamento del Cesar. En una sola semana hostigaron a la subestación de policía del corregimiento de La Vega del municipio de Chimichagua, y, posteriormente, mediante un atentado con explosivos cegaron la vida de un policía en un parque público del municipio de Pelaya, a escasos metros de un colegio oficial.

Súmasele a lo anterior el hostigamiento a la estación de policía de Curumaní del pasado domingo y las banderas alusivas a dicha organización terrorista dejadas en Pelaya y en otros poblados del sur del Cesar.

En efecto, desde comienzos de año, el ELN ha aumentado sus acciones militares en El Cesar. Basta recordar el homenaje de terror que le rindieron al cura Camilo Torres en febrero pasado cuando decretaron un paro armado de 72 horas. Desde entonces, su actividad bélica se ha incrementado en el departamento sin que las autoridades hayan podido contrarrestarla.

Este recrudecimiento de las acciones del ELN plantea varios interrogantes. El primero de ellos es ¿si, en medio de las negociaciones de paz, la fuerza pública ha bajado la guardia para no poner en riesgo los diálogos de Cuba? Asimismo cabe preguntar ¿es realmente el ELN quien está realizando tales atentados o son miembros de las Farc quienes ahora estarían actuando bajo el ropaje eleno? Esta última cuestión surge del aún no aclarado secuestro del ganadero Luis Zárate, de quien se dijo inicialmente que el autor era el ELN, a pesar de que históricamente dicho grupo no ha tenido presencia en la región de Codazzi, donde se produjo el secuestro, y sus familiares insistieron hasta la saciedad que el responsable del crimen fue el frente 41 de las Farc.

Independiente de si el ELN ha incrementado su actividad por iniciativa propia o por ayuda de las Farc, lo verdaderamente importante es que la fuerza pública tenga el control del orden público en El Cesar. No puede hacer carrera que ese grupo guerrillero, que estaba diezmado y retirado de zonas recuperadas por el ejército, vuelva a enseñorearse en nuestro departamento, en particular en el sur, como oportunamente ha sido denunciado por la población de municipios como Río de Oro, González, Pailitas, Pelaya y Curumaní.

Así las cosas, deben fortalecerse las labores de inteligencia para prevenir ataques y escaramuzas. La reciente captura en Curumaní de Iván Restrepo Santana, alias “Chuma”, presunto miembro de la red de apoyo del ELN, es una buena señal.

En síntesis, mientras el ELN se decide si inicia o no diálogos de paz, el estado colombiano debe aplicarle todo el peso del uso legítimo de la fuerza, a través de sus instituciones militares. No se espera menos de las autoridades.

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Como estaba previsto, ayer la Sala Plena de la Corte Constitucional le dio luz verde al plebiscito por la paz como el instrumento para refrendar los acuerdos de paz que celebren el gobierno y las Farc.

El alto tribunal mantuvo el cuestionado umbral del 13% (antes era del 50%), por lo cual es necesario que el plebiscito obtenga más de 4.5 millones de votos para ser aprobado y válidos sus efectos. Asimismo, la Corte estableció que el resultado del plebiscito (tanto el “Sí” como el “No”) tiene efectos vinculantes pero únicamente para el presidente de la república, por ser él quien lo convoca. Finalmente, la Corte desestimó la posibilidad del voto en blanco; en consecuencia, los ciudadanos sólo tendrán tres opciones frente al plebiscito: votar “Sí”, votar “No”, o abstenerse de votar.

Así las cosas, ayer pasó un duro escollo en la Corte en el largo camino que aún le falta al plebiscito como el mecanismo escogido por el presidente Santos para consultarle al pueblo si está a favor o no con lo que se acuerde con las Farc. Y allí surge el primer interrogante: ¿cómo consultarle al pueblo una decisión si aún no se conoce el texto definitivo del acuerdo entre gobierno y Farc? ¿Cuándo los colombianos podremos conocer el contenido completo del acuerdo? Entre más pronto, mejor.

Se trata de tomar una decisión informada. A diferencia de otros procesos de paz, es la primera vez en la historia en que se le consultará al pueblo si refrenda una negociación con un grupo alzado en armas. No ocurrió en las desmovilizaciones del M-19, del EPL, ni del Quintín Lame. Tampoco en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. En esos casos bastó con la potestad presidencial para adelantar las negociaciones.

Esta vez cada ciudadano colombiano tendrá la opción de decidir si autoriza o no al presidente de la república para firmar el acuerdo definitivo del fin del conflicto con las Farc. Para que sea una decisión informada se requiere mucha pedagogía, porque en vastos sectores de la población colombiana existen temores, dudas, inquietudes y falta de información sobre el actual proceso de paz, los cuales no han sido despejados oportunamente por el gobierno.

Para la muestra un botón: la resistencia de la etnia Yukpa a permitir que el corregimiento San José de Oriente, del municipio de La Paz, sea designado como zona de concentración de las Farc. (Ver nota editorial "El desafío Yukpa")

En pocas palabras, ayer en la Corte el plebiscito pasó una prueba de montaña muy dura, pero, por supuesto, le falta pasar la prueba de fuego: la refrendación del pueblo colombiano.

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Lamentablemente ya es lugar común registrar diferentes tipos de violencia que suceden en nuestra región y el país como casos de intolerancia.

Los más recientes casos son escabrosos y como sacados de una tragedia griega: En Valledupar, en el barrio 5 de enero, un hombre asesina a su esposa con arma blanca por la espalda. Su hijo, al enterarse del hecho, persigue a su padre y le clava un puñal en el rostro hasta matarlo. (Ver Tragedia familiar en el barrio 5 de Enero, un hombre dio muerte a su exesposa y luego su hijo lo asesino a él). De otra parte, en Pueblo Bello, el presidente del concejo de dicho municipio, Aroldo Martínez Villazón, es asesinado mientras departía con unos amigos en el marco de la celebración de las fiestas de La Virgen del Carmen. (Ver De dos impactos de arma de fuego dieron muerte al Presidente del Concejo de Pueblo Bello).

Si bien los estudios criminológicos coinciden en señalar que el ejercicio de la violencia es multicausal y multidimensional, en Colombia –país con tasas muy altas de homicidios, por encima del promedio latinoamericano– preocupa en grado sumo el aumento de muertes no relacionadas con el conflicto armado, en particular, aquellas que tienen origen en la llamada “violencia interpersonal e intrafamiliar”, en la cual las riñas son las oprobiosas protagonistas.

En efecto, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el año 2014, las riñas eran responsables de una tercera parte de las muertes violentas en el país y la principal causante de las lesiones personales (no fatales). Un vergonzoso ejemplo ilustra la influencia de este factor: la celebración del día de la madre es, paradójicamente, uno de los más violentos del país. En mayo pasado, ese día se registraron tan sólo en Bogotá 3.937 riñas, 17 muertos y 427 heridos. En Medellín 284 riñas, 2 muertos y 11 heridos. En Sincelejo, 43 riñas y 7 lesionados. En Valledupar, ese puente festivo, se registraron 223 riñas, tres veces más que en la misma fecha del año anterior.

De acuerdo con Medicina Legal, son los fines de semana los días en que más ocurren este tipo de violencia relacionadas con riñas, en las cuales suele estar presente el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas. ¿Por qué en Colombia las celebraciones de cualquier evento –resultado de un partido de futbol, una fiesta patria, el día de la madre, el día de las brujitas– suelen desencadenar hechos violentos? ¿Está en nuestro ADN ser violentos? ¿En qué hemos fallado como sociedad?

Se reconoce que existen profundos problemas culturales y sociales en el país que han desgarrado el tejido comunitario, que han roto la unidad familiar y que actúan como detonantes de una violencia que, a veces, parece no ceder, a pesar de los esfuerzos de las autoridades.

Hasta allí la radiografía y el diagnóstico de la situación. Se requiere, entonces, acción. Diseñar y ejecutar una política pública acorde con las circunstancias, necesariamente orientada a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana, a reconstruir el tejido social y a fortalecer la educación de las nuevas y actuales generaciones de colombianos. Que las celebraciones terminen en alegría, no en tragedia.

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De manera pausada pero firme, la cabilda gobernadora Yukpa, Esneda Saavedra Restrepo expresó ayer en La Paz, Cesar, las razones por las cuales esa etnia indígena no está de acuerdo con la selección del corregimiento de San José de Oriente como una de las zonas de concentración de las Farc.

Según la líder indígena, parte de esa zona pertenece a su territorio ancestral, razón por la cual no podría el gobierno nacional disponer de dicha región sin adelantar una consulta previa. Agregó Saavedra Restrepo que bastante esfuerzo implicó sacar años atrás a los actores armados de su territorio para que ahora vuelvan a asentarse en él.

En principio, la posición de los Yukpa parecería estar avalada por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, quien atendió la invitación que le extendieran los pueblos indígenas de la Serranía del Perijá, preocupados por la escogencia de este rincón del Cesar como una de las denominadas “zonas veredales transitorias de normalización”.

En este mismo sentido, ya se había pronunciado la Organización Nacional Indígena Colombiana, ONIC, quien a través de su vocero, el kankuamo Luis Fernando Arias, manifestó días atrás que las zonas veredales con presencia indígena deberán ser decididas en consulta previa.

Creemos que le asiste razón a la ONIC y a los pueblos indígenas cuando expresan un legítimo temor frente a la posibilidad de que en sus territorios sean concentradas las Farc. Por ello, vale reiterar, una vez más, la posición editorial expresada por esta casa radial sobre el tema en nuestra nota del pasado 2 de marzo titulada “Paz territorial y consulta popular”, en la cual se planteó que “si tal como el alto gobierno pregona que el fin del conflicto implica necesariamente la consolidación de la paz en las regiones, lo mínimo que cabría esperar es que se lo consulte a los ciudadanos de estas regiones si están o no de acuerdo con que el territorio en el que viven sea seleccionado como zona de concentración de la guerrilla.”

No son temores infundados. Los hechos recientes de orden público en El Cesar aumentan la preocupación por el establecimiento de las zonas de concentración. Sólo en esta semana que acaba un ganadero fue secuestrado en la región de Codazzi y un policía perdió la vida por un atentado del ELN en Pelaya. Tampoco puede olvidarse que en mayo pasado esa misma guerrilla sembró varias minas a escasos metros de un colegio en Río de Oro.

Si bien Farc y ELN son dos organizaciones distintas, y mientras con la una los diálogos de paz van más avanzados y con la otra están en pañales, no puede negarse que entre ambas existen vasos comunicantes. En efecto, los hechos de violencia atribuidos ahora al ELN –como el secuestro del ganadero– en zonas que históricamente han estado bajo control de las Farc y sin presencia de los elenos, alimentan la hipótesis del cambio de brazalete, esto es, que los milicianos farianos actúan ahora bajo el rotulo del ELN para no afectar negativamente el proceso de paz y poner en una situación incómoda al gobierno nacional.

Por lo pronto, la etnia Yukpa ha planteado un legítimo desafío a las zonas de concentración. La respaldan múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional que protegen tanto el principio de autodeterminación de los territorios indígenas como el derecho a que decisiones que afecten al mismo sean decididas por consulta previa. Está por verse qué hará el gobierno en este caso.

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“Siga poniendo la casa en orden”, fue la instrucción que le dio el presidente Santos al actual Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, como gobernador encargado de La Guajira. Menuda y difícil tarea que hasta el momento ha sido adelantada de manera adecuada por el funcionario antioqueño.

Enhorabuena, Vélez García llegó con pulso firme a imprimirle seriedad y transparencia a una administración departamental plagada por el desorden, la burocracia y la corrupción. En pocos días ha destapado ollas podridas de sus antecesores frente a las cuales los entes de control locales volteaban la mirada. Multimillonarios contratos adjudicados a dedo para fines exóticos como el cuestionado estudio sobre las características del dengue en La Guajira por valor de $17.500 millones. En más de 50 contratos revisados hasta ahora se encontraron irregularidades que comprometen recursos públicos en cuantía superior a los $50.000 millones.

Asimismo, hoy transcendió que el departamento tenía cerca de $213.000 millones en cuentas bancarias, a pesar de que la gobernadora destituida Oneida Pinto afirmaba que no tenía recursos.

Como era de esperarse, el encargo de un gobernador foráneo no cayó bien en varios sectores de la dirigencia guajira, quienes apelaron al consabido argumento regionalista, para despertar la unidad del pueblo y reclamar al gobierno nacional el cambio del funcionario. Tacaron burro, porque acertadamente el presidente Santos le dio un espaldarazo a Vélez García esta semana en su pasada visita a Riohacha. Respaldo que se suma al dado previamente por el partido Cambio Radical que decidió no presentar terna para otro encargo.

Sin embargo, la oposición de los grupos políticos que han manejado La Guajira no cesa. Ya se cocina una especie de bloqueo por parte de la asamblea frente a las facultades que solicitará el gobernador para seguir administrando el departamento.

Por supuesto, le esperan muchas más dificultades y obstáculos en el camino al gobernador encargado para cumplir con la monumental tarea de poner orden en un departamento acostumbrado a convivir con varias formas de ilegalidad. No obstante, son los mismos guajiros, tanto su pueblo como su dirigencia, quienes deben demostrar que cuentan con la idoneidad y la entereza para forjar su propio destino. La historia reciente deja muchas dudas sobre su capacidad para administrar la cosa pública.

Como una prueba más a esa capacidad, el gobierno nacional autorizó esta semana el giro a 12 municipios guajiros de $96.000 millones de excedentes financieros en el Fondo Nacional de las Entidades Territoriales, FONPET. La mayor parte de esos recursos, $90.000 millones, son de libre destinación. Pues, bien, cabe esperar si los alcaldes de estas poblaciones (Riohacha, Albania, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hato Nuevo, La Jagua Del Pilar, Manaure, Uribia, Urumita y Villanueva) hacen buen uso de estos recursos frente a las múltiples necesidades insatisfechas de sus comunidades, o, por el contrario, terminan disipándolos en contratos de dudosa utilidad.

La Guajira se merece mejor suerte de la que hasta ahora ha tenido con los gobernantes elegidos en las urnas. Tal vez uno no elegido popularmente pueda enderezarle el rumbo a esa nave y llevarla a mejor puerto. Esperemos.

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El primer campanazo lo dio el frente primero “Armando Ríos” de las Farc cuando anunció que no se desmovilizaría ni entregaría las armas. Pero no es la única unidad de la guerrilla que genera esta preocupación. A él se sumarían los llamados frentes cocaleros, encargados de la producción y tráfico del alcaloide, entre ellos, el frente séptimo que opera en Guaviare y Casanare, el 16 que opera en Vichada, el 44 en Meta y Guaviare, el 57 en la frontera con Panamá y la columna móvil ‘Daniel Aldana’ en Nariño.

Aunque el gobierno nacional ha querido bajarle la temperatura a los conatos de división en el seno de las Farc, lo cierto es que tras más de tres años de negociaciones en Cuba, surgen fisuras evidentes en la unidad de mando del grupo guerrillero. No solamente en cuanto al tema de la desmovilización final, sino también frente a directrices de la cúpula de las Farc que algunas unidades no han acatado a cabalidad, como la de renunciar al secuestro como fuente de financiación de la lucha armada y suspender el reclutamiento de nuevos miembros.

Si bien la tarea de aplacar las posibles disidencias en las Farc es una responsabilidad que corresponde, en primerísimo lugar, a la cúpula del grupo rebelde, el gobierno no puede ser indiferente a las voces de alerta. Si a lo largo y ancho del país crecen las rupturas de grupos armados frente al comando central de las Farc, crece también el riesgo de que el eventual acuerdo que se firme no termine desmontando la máquina de guerra fariana, sino a una parte de ella, dejando por fuera a los grupos con mayor número de hombres y con mayor poder económico, fruto del narcotráfico. Las posibilidades de que Colombia termine balcanizada son altas, como también las de que crezca en la opinión pública la desconfianza frente al proceso de paz.

No basta entonces la advertencia hecha por el estado mayor de las Farc a los potenciales frentes disidentes de que si persisten en la guerra “les corresponde hacerlo tomando un nombre distinto al de las verdaderas estructuras de las FARC-EP”. De poco sirve mantener un grupo armado con una denominación distinta. El problema no es semántico.

En este proceso de paz debe partirse de las lecciones aprendidas de la desmovilización de las AUC, en la cual varias unidades combatientes no se desmovilizaron y continuaron delinquiendo con otro nombre. El gobierno de la época las bautizó como “bacrim”, acrónimo de “bandas criminales”. ¿Cómo prevenir el riesgo de disidencias masivas en las Farc? ¿Cómo evitar que las facciones disidentes terminen engrosando las filas del ELN?

Son preguntas complejas que el gobierno y las Farc deben responder en forma oportuna, porque las voces de disidencia son una amenaza real al proceso de paz, que pueden echar por la borda todo lo avanzado en más de tres años de negociaciones en La Habana.

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Absolutamente nada justifica que la protesta pacífica de la comunidad de Chiriguaná haya terminado con el saldo trágico de un docente muerto –Naimén Agustín Lara–, varios heridos de gravedad, la subestación de Policía incendiada y el orden público seriamente alterado.

Tres factores actuaron como detonante de la protesta de los chiriguaneros: en primer lugar, la consabida crisis del hospital regional San Andrés, sobre la cual nos referimos en nuestra nota editorial de ayer (Ver nota "La muerte lenta del hospital de Chiriguaná"). En segundo lugar, la instalación del peaje en el corregimiento de Rincón Hondo, en desarrollo de la polémica concesión Cesar – Guajira. Y, finalmente, las reiteradas fallas en el servicio de energía eléctrica que presta Electricaribe.

En este sentido cabe decir que le sobran motivos para protestar a dicha comunidad. Sus razones son legítimas, pero equivocados los medios escogidos para hacerlo, pues, por supuesto, que el bloqueo de la troncal de Oriente –que conecta a la Costa con el centro del país– constituye una vía de hecho inaceptable en un estado de derecho. Empero, esta medida extrema debía entenderse como un grito desesperado de una población agobiada por serios problemas frente a los cuales sus gobernantes han sido incapaces de darle una pronta y efectiva solución.

Sin embargo, también fue errónea la reacción de las autoridades y, principalmente, del ESMAD de la Policía, quien, según denuncias de la comunidad, no agotó la vía del diálogo con los líderes de protesta para levantar el bloqueo, sino que, de buenas a primeras, quiso disolver la protesta y el bloqueo lanzando gases lacrimógenos sobre la población y empleando la fuerza en exceso.

Poco convincentes han sido las explicaciones dadas por las autoridades policiales a los medios para explicar lo sucedido. Se insiste: nada justifica la muerte de un profesor a tiros por la espalda, como tampoco que a otro protestante le hayan pasado varias veces por encima una moto de la policía. ¿Quién responde por estos actos?

Tampoco ha estado a la altura de las circunstancias la alcaldesa Zunilda Tolosa, quien actuó sin el liderazgo que requería la situación, reflejando no sólo debilidad de carácter, sino también inexperiencia para manejar un municipio con problemas complejos como el de Chiriguaná.  También falló notoriamente el gobierno departamental, por no actuar oportunamente, sino sólo después de que sucedieron los fatales hechos. A este hora ni siquiera existe un pronunciamiento oficinal por parte de la administración departamental. El gobernador está en Bogotá y el secretario de gobierno, Delwin Jiménez, no responde.

De esta tragedia deberían quedar bien claro dos lecciones: la primerísima es la de atender oportunamente los reclamos de las comunidades. En Chiriguaná se ha incubado por mucho tiempo una protesta por necesidades insatisfechas y desatendidas por sucesivas administraciones locales y departamentales. Este es el caldo de cultivo que explotó ayer de la peor manera posible. No es la primera vez que pasa. Basta recordar la quema de la registraduría por la inconformidad con el resultado de las elecciones de alcalde de 2011.

La segunda gran lección es el imperativo ético de acudir, en primera instancia, al diálogo con las comunidades, a la solución pacífica de las diferencias. Y dejar el expediente del uso legítimo de la fuerza, como medida de último resorte. Por invertir el orden de las cosas, hoy se viste de luto una familia y, por extensión, toda Chiriguaná.

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Como un paciente terminal al que gradualmente se le deterioran las funciones de sus órganos, así se encuentra el hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná, sumido en una crisis financiera y administrativa, sin solución a la vista.

Son varias las causas de esta muerte anunciada: en primer lugar, el déficit financiero que tiene origen en la falta de pago de varias EPS (Emdisalud, Saludvida, Cajacopi y Caprecom) a las que el hospital ha prestado sus servicios y cuya deuda que supera los $7.000 millones ha sido de difícil recaudo, también por falta de diligencia en su cobro.   En segundo lugar, la desafiliación masiva de usuarios promovida en la administración del alcalde Gustavo Aroca Dagil, que permitió la migración de cerca de 3.500 usuarios a IPS privadas, con lo cual el centro asistencial dejó de percibir importantes recursos. En siguiente lugar, la desidia y mala administración de los gerentes de turno, más interesados en ganarse el sueldo y ser alfiles de la politiquería, que en solucionar los graves problemas del hospital. De hecho, ha tenido más de 4 gerentes en menos de 4 años (Dellys Mercedes Vega Solano, Lisney Arrieta Guerra, María Inés Cabas y Nicolás Mohrez Muvdi).  Finalmente, la indiferencia de las dos últimas administraciones departamentales, en las cuales la situación crítica del hospital y su salud financiera terminó agravándose.

Todo este coctel de enfermedades tiene postrado al centro asistencial, el cual ha dejado de ser, en la práctica, un hospital regional de segundo nivel que atendía a pacientes de varios municipios del Cesar, Magdalena y Bolívar, para convertirse en un puesto de salud mal atendido. El hospital tiene pasivos por más de $12.000 millones y adeuda a su personal médico y de enfermeros entre cuatro y nueve meses de salarios. Su unidad de cuidados intensivos no funciona desde mayo del año pasado. Sus equipos de radiología están dañados. 

¿Qué se hicieron, entonces, las inversiones realizadas por los últimos gobiernos departamentales: $5.500 millones en la administración Molina, $3.500 millones en la de Moreno y $4.000 millones en la de Monsalvo?

De poco han servido los diversos debates realizados en la asamblea departamental sobre la situación del hospital. Tampoco han sido de gran ayuda las visitas de los ministros de Salud al Cesar ni las mesas de trabajo propiciadas por la actual administración departamental. El Hospital San Andrés agoniza. ¿Será Franco Ovalle su sepulturero?.

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Sorpresiva, por decir lo menos, la renuncia del secretario de tránsito y transporte de Valledupar, Darío Zalabata, con sólo seis meses en el cargo, quien adujo motivos personales y familiares para retirarse de dicha sectorial.

Es la primera baja de la administración de Tuto Uhía y seguramente no será la última, pues los secretarios de despacho –como los ministros– son fusibles, esto es funcionarios de libre nombramiento y remoción, de los cuales se puede prescindir cuando es necesario oxigenar al gobierno o cuando tales funcionarios no cumplen a cabalidad con sus responsabilidades.

En el caso particular del tránsito, no cabe duda que ésta es una de las sectoriales de más difícil manejo por graves problemas enquistados desde administraciones anteriores. En efecto, la buena noticia que en su momento significó la eliminación de la concesión de tránsito que privatizó el manejo de la sectorial, poco a poco se disipó ante la incapacidad de la administración Socarrás para meter en cintura el caótico tráfico vehicular de la ciudad, al punto que, paradójicamente, la ciudadanía percibió que, aún con la supresión de la concesión, la situación del tránsito, en vez de mejorar, empeoró.

Sin embargo, los problemas no se limitan al manejo del tráfico. Preocupan sobremanera los casos de corrupción al interior de la sectorial, que, en honor de la verdad, han afectado a las cinco últimas administraciones municipales. Están a la orden del día, denuncias sobre el trámite irregular de permisos y licencias, y sobre el gran negoción que se ha convertido la inmovilización de motos y carros y la imposición de comparendos. Y, sin duda, la concesión de cupos para taxis que cada alcalde feria al mejor postor.

Esa fue la secretaría que heredó Darío Zalabata de su antecesor Oscar Tom Socarrás, personaje que, además, le dejó a la ciudad una polémica ciclorruta que muere ante la indiferencia –y tal vez, complacencia– de la administración Uhía y en la cual se invirtieron millonarios recursos que no le sobran a la ciudad.

Quien suceda a Zalabata tendrá que empezar por limpiar la casa y fumigar los nichos de corrupción que pululan en la secretaría de tránsito. No es tarea fácil, se entiende, pero necesaria para recuperar la credibilidad en una sectorial sobre la cual reina la desconfianza y cuyo semáforo parece estar siempre en rojo.

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Las cifras son alarmantes. Según el DANE, la inflación del pasado junio se ubicó en 0,48%, es decir, que fue superior casi cinco veces con respecto a la del mismo mes del año pasado (0,10%). Por su parte, la inflación acumulada durante los primeros seis meses de 2016 va en 5,10%, esto es, un punto porcentual por encima de la meta establecida por el Banco de la República para todo el año (4%).  Peor aún, la inflación acumulada de los últimos 12 meses es de 8,60%, cifra que dobla la meta señalada para el año y desnuda la poca efectividad de las medidas tomadas por las autoridades económicas para mantener a raya el alza en el costo de vida.

Sin duda, los alimentos han sido el sector en el cual más se ha sentido la ola inflacionaria, por cuanto en los últimos 12 meses (julio de 2015 a junio de 2016) han subido cerca de un 15%. Esto es de suma gravedad, debido a que siendo la inflación el impuesto de los pobres, es a los sectores más vulnerables de la sociedad a quienes afecta con mayor fuerza y disminuye sustancialmente su capacidad adquisitiva, la cual está destinada, en su mayor parte, a la compra de la llamada “canasta básica” o productos de primera necesidad. En efecto, prácticamente durante el primer semestre del año se esfumó el aumento porcentual del salario mínimo que fue del 7%.

En el caso de Valledupar, si bien en junio y en el semestre aparece ubicada por debajo del promedio nacional (0,35% y 4,86%, respectivamente), las cifras son engañosas, porque al examinar en detalle la composición de los sectores, se observa que mientras la mayoría de los sectores tienen crecimientos razonables, alimentos (1,02%) y salud (0,88%) están disparados y son los grupos que más contribuyen al incremento en el costo de vida en la ciudad. Lo anterior pone de presente la necesidad de que la administración municipal estudie reactivar el control de precios, pesas y medidas, como medida para prevenir la especulación y la carestía.

Varias causas han contribuido a este aumento generalizado del costo de vida en el país: en primer lugar, los estragos del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario, el cual golpeó con crudeza el campo en el segundo semestre del 2015 y el primero del 2016. Luego, cuando llegaron las primeras lluvias este año, se terminó El Niño, y se creía que las presiones inflacionarias cederían, el paro de camioneros –que ya completa más de un mes– vino a recordarnos la fragilidad de nuestra economía.

Lo que más preocupa es que la tradicional receta del Banco de la República para controlar la inflación –subir las tasas de interés– no pareciera estar dando los resultados deseados. Desde hace un año, el Emisor ha subido las tasas periódicamente, y la inflación no cede.

Muchos analistas coinciden en señalar que el gobierno no puede seguir dejando sólo al Banco Central en la lucha contra la inflación, puesto que el ejecutivo también tiene a su disposición varios herramientas para ayudar a controlar la tendencia alcista. No cabe esperar resultados diferentes si se siguen empleando los mismos procedimientos fallidos. Urge un cambio de enfoque.

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