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Editorial (439)

Otra vez las redes sociales han confundido a la opinión pública. Por ellas han circulado imágenes de unos supuestos manuales de convivencia escolar y cartillas de educación sexual que presuntamente el ministerio de Educación impondría obligatoriamente a colegios públicos y privados del país. La especie se regó rápidamente por esas mismas y muchos la creyeron.

¿Cómo surgió esta confusión? Hechos que no tenían relación entre sí y sólo algunos elementos en común se entremezclaron dando lugar a un sancocho de verdades a medias. En primer lugar, está el fallo de la Corte Constitucional (sentencia T-478 de 2015) que, al amparar los derechos fundamentales del estudiante Sergio Urrego –quien se suicidó por la discriminación a la que fue sometido en el colegio Gimnasio Castillo Campestre por su condición sexual–, ordenó al ministerio de Educación implementar el sistema de convivencia escolar creado por la Ley 1620 de 2013 para prevenir estos casos de matoneo.

En segundo lugar, gran parte de esta “cruzada contra la equidad de género” la inició la diputada de Santander, Ángela Hernández, quien en un acalorado debate en la asamblea de ese departamento aseveró que la Ley 1620 promueve la “orientación LGTBI” en los colegios. Como respuesta a esta posición considerada como discriminatoria contra ese grupo poblacional, la alcaldía de Bucaramanga izó la bandera del arcoíris, reconocida mundialmente por representar a la población LGTBI.

De allí surgieron todo tipo de hipótesis y polémicas, algunas afirmaban que desde el ministerio de Educación se quería imponer una agenda LGTBI en las escuelas del país. Quienes afirmaban semejante disparate se valían de la orientación sexual de la ministra Parodi, para reafirmar el argumento, cuando en el fondo el ministerio lo que está haciendo es cumplir un fallo de la Corte.

Hasta una marcha está convocada para este miércoles 10 de agosto en varias ciudades del país en defensa de la familia. La Iglesia Católica y las iglesias cristianas se han unido a ella y la promueven.

Sin embargo, aunque un tanto tardío el ministerio de Educación expresó hoy que “que su labor consiste en llevar las órdenes de la Corte Constitucional a los colegios para acabar con la discriminación, y fomentar el respeto así como la igualdad en las instituciones.”  Y agrega la ministra “A los padres de familia les decimos: no se dejen engañar, porque con mentiras quieren hacerles creer que la educación de sus hijos se sale de sus manos. No permitan que las imágenes alarmantes y escandalosas ni la circulación de información descontextualizada en las redes sociales los termine reclutando para una campaña de división y odio.”

Una vez más la conclusión es la misma: no se puede creer todo lo que circula en las redes sociales.    

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Si estuviera vivo, Rafael Escalona ya habría compuesto más de una canción narrando tantos sucesos inéditos que ocurren en nuestra comarca.

Desde la increíble historia de un personaje que anuncia una intención de suicidio a su familia y, cuando todos esperaban un fatal desenlace, aparece días después descansando plácidamente en las playas de Cartagena, todo ello aparentemente para “tapar” un desliz.

Posteriormente, como en el famoso cuento de García Márquez “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”, en un ataque de esquizofrenia colectiva y por la ligereza de varios medios de comunicación se riega la insólita especie de que el agua de Valledupar estaba contaminada. ¡Qué locura! Padres de familia corren desesperados a buscar a sus hijos en los colegios, cientos de personas se aglomeran en tiendas y supermercados hasta agotar las existencias de agua embotellada. Las redes sociales estallan difuminando la especie y cunde el pánico. Las autoridades llaman a la cordura pero nadie les hace caso.

Finalmente, la cereza que le faltaba al postre. El alcalde de Codazzi, Luchito Peñaloza en una entrevista a este medio radial y como protesta por el cubrimiento que el semanario La Calle ha hecho a su administración anuncia sin pudor que se tomará una foto encuero en el río Marigiaimo y se la mandará al director de La Calle para que vea su sex appeal.  

Tantas historias inverosímiles y absurdas en tan poco tiempo abruman la capacidad de raciocinio, análisis y entendimiento hasta del más sabio. El punto es que en nuestra Costa Caribe absolutamente todo, esto es, lo bueno, lo malo, lo serio, lo importante y lo banal, lo solemos tomar con ligereza y despreocupación. “Eso hace parte del folclor” es la expresión popular para explicar y justificar este tipo de comportamientos. Puede ser una válvula de escape que como pueblo hemos construido en nuestra idiosincrasia para enfrentar las adversidades de la vida. Válido, cierto, pero también corremos el riesgo de no tomar nada en serio y que tampoco nos tomen en serio. Esa es la mirada por encima del hombro que suele tener la dirigencia bogotana frente a la provincia, precisamente porque creen equivocadamente que aquí todo es bulla, ruido y folclor.

Que falta hacen las crónicas de Escalona y de García Márquez para que estos hechos insólitos, inverosímiles y de una bizarra belleza sean inmortalizados en cantos vallenatos o en páginas literarias, para que transciendan más allá de su fugacidad fáctica. Mientras aparecen esos nuevos cronistas que siga nuestra eterna tragicomedia.

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"Me tomaré una foto encuero y se la mandaré al director de La Calle", alcalde de Codazzi

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Desde el gobierno del presidente Olaya Herrera en la década del 30 está vigente la prohibición del voto de los miembros de la Fuerza Pública –tanto militares como policías–. La justificación de esta prohibición está fundamentada en el carácter no deliberante que debe tener la institución castrense. La prohibición persigue dos fines: de una parte, impedir la presión de los superiores sobre los oficiales de menor rango y sobre los soldados, lo cual deformaría el voto libre, y de otro, prevenir la intrusión de la política en el cuerpo armado, lo que podría comprometer la disciplina militar.

Adicionalmente, existe un antecedente histórico para justificar la prohibición: la politización de la policía en los años 50, conocida como “la chulavita”, de orientación conservadora y que sembró el terror en contra de los liberales en la llamada “Violencia”.

Algunos historiadores consideran que esta prohibición sirvió para que nuestro país estuviese en cierta medida “blindado” frente a la tentación de tomas de poder por parte de los militares, como, en efecto, sucedió en varios países latinoamericanos que tienen una larga y triste historia de dictaduras militares y golpes de estado. En Colombia, sólo en una ocasión de nuestra historia reciente padecimos la dictadura de Rojas Pinilla, que, irónicamente, se le conoce más como la “dictablanda”.

El debate sobre si los uniformados puedan o no tener el derecho al voto vuelve a estar sobre la mesa a raíz de un proyecto de acto legislativo de autoría del senador Roy Barreras quien considera que los miembros de la Fuerza Pública no pierden el carácter de ciudadanos por pertenecer a la institución castrense y como tales deben y pueden ejercer este derecho, como el resto de ciudadanos. Aclara el congresista que su proyecto sólo busca restablecerle el derecho al sufragio a los uniformados, pero no incluye la posibilidad de la deliberación de la Fuerza Pública como institución ni la militancia partidista. Por supuesto que trazar esa frontera será tarea ardua, pero no por ello, debe descartarse de tajo esta iniciativa.

En efecto, Colombia es uno de los pocos países del mundo que aún mantiene esta prohibición. En la mayoría de países se ha reconocido el derecho de los militares a votar, entre ellos, España, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua y Venezuela, países éstos que sufrieron los abusos y violaciones de dictaduras militares. En estos países ha quedado demostrado que es sano para la democracia la participación de todos sus ciudadanos en la elección de sus gobernantes.

En este sentido, si en estos países, con cruentas historia de golpes de estado y dictaduras, los militares pueden ejercer su derecho al voto, ¿por qué mantener en Colombia aún esta prohibición que parece anacrónica?

Los argumentos en contra del voto militar en Colombia se centran en los riesgos que supondría hacer tal concesión, principalmente, el riesgo de que las Fuerzas Armadas terminen politizadas, como ha sucedido con otras instituciones, como las universidades públicas. Este es el ejemplo que trae una nota editorial del diario El País de Cali.

Similar posición sostienen la revista Semana y el editorial de El Espectador de hoy. Coincidencialmente, ambos citan un informe del Grupo de Memoria Histórica, Basta ya, en el cual se afirma que en el ejército colombiano echó raíces un peligroso anticomunismo que ha permeado de ideología a esta institución. Si algo ha estado "ideologizado" es el Grupo de Memoria Histórica que tiene evidentes sesgos de izquierda, pues ha sido muy duro con el Estado colombiano y benevolente con las Farc y el ELN.

Sin embargo, tales argumentos como el otro de que no es el momento histórico para concederle a los militares el derecho al voto no tienen justificación. Por el contrario, es éste el momento oportuno para hacerlo. Precisamente porque hay que equilibrar las cargas. A las Farc se le han hecho demasiadas concesiones en el proceso de paz y aprobar el voto militar es no sólo una concesión mínima en comparación con las otorgadas a la guerrilla, sino que es la mejor prueba de que, como afirma el presidente, la Fuerza Pública quiere la paz y está preparada para la paz.

Adicionalmente, como quedó reseñado, en otros países con historias más graves de abuso del poder militar, hoy los uniformados ejercen su derecho al voto sin comprometer a la institución castrense.  Llegó el momento de permitir que los militares puedan votar libremente. ¿Cuál es el miedo?

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Editorial de El País de Cali "El voto militar" (4 de enero de 2014)

Editorial de El Espectador "El voto de los militares" (3 de agosto de 2016)

La polémica propuesta del voto de los militares (Revista Semana)

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Durante muchos años se incubó la idea de establecer en la región una sede de la Universidad Nacional. Los defensores de esta iniciativa justificaban, en ese entonces, la llegada de la Universidad Nacional ante la evidente captura de la Universidad Popular del Cesar  –ente con más de 40 años de existencia–, por parte de grupos de poder que la politizaron y crearon en ella verdaderos nichos de corrupción, los cuales han sido difíciles de desterrar.

Dormida durante largo tiempo, la idea de construir una sede de la Universidad Nacional volvió a reactivarse en el gobierno de Cristian Moreno, quien inició el diálogo con los directivos del centro universitario, adquirió el lote en La Paz para la construcción de la sede y alcanzó a estructurar un proyecto de inversión. Posteriormente, en el gobierno de Luis Alberto Monsalvo se inició la construcción de la primera fase de la Universidad, obra que lleva invertidos más de 50.000 millones de pesos, contando el contrato inicial con sus adiciones.

Es importante aclarar que los recursos con los que se ha construido la Nacional son propios del departamento, siendo la principal fuente de financiación las regalías. Es decir, la nación hasta ahora no ha aportado recursos para esta obra en dónde, paradójicamente, funcionará la sede de una entidad del orden nacional.

En la actualidad, la obra tiene un porcentaje de ejecución entre el 70 al 80 por ciento. El gobierno de Franco Ovalle afirma estar comprometido a terminar la obra y entregarla lista para su funcionamiento. De hecho, en dos ocasiones, una en el gobierno de Monsalvo, y otra en el actual gobierno, la administración departamental anunció que el primero de enero de 2016 y 2017 iniciarían las clases en la universidad.

Sin embargo, el gran problema de la sede Caribe de la Universidad Nacional no han sido los constantes retrasos y dificultades en la construcción de la obra, sino uno de mayor calado: asegurar los recursos para su funcionamiento. Así lo advertimos en nuestra nota editorial de mayo de 2014 "Peligra la Universidad Nacional".

En este punto el gobierno nacional ha tenido una actitud vacilante y ambigua. En efecto, la anterior ministra de Educación, María Fernanda Campo, expresó en su momento que no había recursos para el funcionamiento, pero lo hizo después de haberse iniciado la construcción de la obra. Posteriormente, la actual ministra, Gina Parodi, ni ha afirmado que el gobierno no vaya a financiar el funcionamiento pero tampoco se compromete a garantizarlo.

Ante esta ambigüedad, la clase dirigente (parlamentarios y gobernador) al unísono aprovechó la pasada visita del ministro de hacienda Mauricio Cárdenas para comprometerlo a incluir en el presupuesto de 2017 que se discute en el Congreso los $22.000 millones que cuesta el funcionamiento de la universidad durante el primer año. El ministro Cárdenas no dijo ni sí ni no, sólo que iba a estudiar la posibilidad.

Así las cosas, el viejo anhelo de la Universidad Nacional encuentra un fuerte obstáculo en el gobierno nacional, obstáculo que se magnifica en un periodo de vacas flacas como el actual, en donde el nivel central tiene serias dificultades para financiar el presupuesto de 2017.

Pero más allá de esta dificultad la financiación del funcionamiento de la Nacional plantea un dilema mayor sobre la prioridad de la inversión de recursos escasos y limitados: ¿vale la pena invertir $22.000 millones de pesos para una universidad que en su primera fase albergará a 2.500 estudiantes, cuando, de otra parte, existe otra universidad del orden nacional, la Universidad Popular del Cesar que tiene inscritos más de 14.000 estudiantes y recibe de la nación apenas $30.000 millones por año?

Lo único cierto es que no habrá recursos suficientes para las dos universidades. La inversión en una sacrifica la inversión en la otra.

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Editorial "Peligra la Universidad Nacional"

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El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, es un fondo administrado por el ministerio de Hacienda, creado en 1999 con el fin de garantizar el pago de los pasivos pensionales de los municipios y departamentos. Sus principales fuentes de financiación son: el sistema general de participaciones, las regalías, los ahorros forzosos de las entidades territoriales y el impuesto de timbre. En la actualidad el Fonpet maneja 42.8 billones de pesos para cubrir las pensiones de cerca de un millón de personas, entre trabajadores activos y pensionados de los entes territoriales.

En una época de estrechez fiscal esta billonaria suma hace bastante atractivo el Fonpet para que sus recursos sean invertidos en diversos proyectos, entre ellos, proyectos de infraestructura. No obstante, hoy esto no es posible porque las normas que lo regulan prohíben la inversión de recursos del Fonpet en fondos de capital privado y, en general, en inversiones con alto riesgo. Precisamente, meses atrás se discutió la posibilidad de que se permitiera usar los recursos del Fonpet para apalancar la construcción de las llamadas vías de cuarta generación (4G), discusión que quedó zanjada cuando la Contraloría General de la Nación emitió un concepto en el que reiteró que los recursos del Fonpet únicamente deben garantizar el pago de las pensiones –actuales y futuras– y no pueden ser invertidos en proyectos de alto riesgo como lo sería una concesión vial.

Detrás de esta discusión –no tan académica– existía un pulso de poder entre el vicepresidente Vargas Lleras, impulsor de las vías 4G, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, administrador del Fonpet, discusión que, por lo visto, ganó este último. Pero lo que no se sabía entonces, es que despejada las dudas sobre la finalidad del Fonpet, el ministro de Hacienda emprendería en el segundo semestre del año una frenética gira por los distintos departamentos del país repartiendo los excedentes de ahorro que los entes territoriales tienen en el Fondo.

En efecto, en menos de un mes el ministerio ha hecho compromisos para reembolsarle más de $684.000 millones de pesos a seis departamentos, así: a Bolívar le corresponden $200.000 millones; a Santander $135.000 millones; a Cundinamarca, $114.000 millones; a La Guajira $96.000 millones; a Meta, $54.996 millones, y como se vio el sábado pasado, al Cesar $85.000 millones. Según cifras del propio ministerio, para este año existen excedentes de ahorro en el fondo por un valor de $1,7 billones.

Bienvenidos los recursos del Fonpet a las regiones, los cuales vienen a mitigar una época de serias dificultades fiscales, debido a los menores giros de regalías tanto por la reforma al consabido régimen como por el bajonazo en los precios internacionales del petróleo y el carbón.

Sin embargo, no puede pasarse por alto la coincidencia entre la época de repartición de estos recursos y la del plebiscito, el cual está previsto para realizarse, por tarde, a finales de septiembre. En este sentido, esta proximidad entre los dos hechos levanta suspicacias sobre si, por debajo de la mesa, los recursos del Fonpet están siendo entregados a los alcaldes y gobernadores con el fin de “aclimatar” la paz y buscar su respaldo a favor de la aprobación del plebiscito.

Preocupa, además, que la mayor parte de los recursos del Fonpet devueltos a las regiones son de libre inversión, lo que tiene a muchos mandatarios locales frotándose ya las manos sobre en qué y cómo gastar tales dineros con los que no contaban. El ministerio ha hecho firmar a los mandatarios un pacto ético para la buena ejecución de estos recursos. Pero la mala experiencia en el uso de los recursos públicos aconseja tomar medidas más drásticas.  

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El pasado jueves 28 de julio el equipo local Valledupar Fútbol Club enfrentó, por primera vez en su historia, al Deportivo Independiente Medellín, actual campeón del futbol colombiano. El encuentro se jugó en horas de la noche en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por  la copa Águila y estaba prevista su transmisión por televisión.

Como era de esperarse, el encuentro despertó alta expectativa en la afición local por el significado histórico de que nuestro equipo, aún en la primera B, se enfrentase al actual campeón. Sin embargo, la decepción fue mayor. No tanto por el plano deportivo (perdimos por la mínima diferencia ante el Medellín), sino por la vergüenza de que el partido haya sido interrumpido en seis ocasiones por fallas en el fluido eléctrico.

Aunque, en principio, las miradas voltearon hacia el sospechoso de siempre, en esta ocasión la responsabilidad no es de Electricaribe. No, señores. En esta ocasión el osazo que protagonizó Valledupar se debe a una enconada disputa que sostiene el contratista constructor del estadio, el consorcio GMP Construcciones y Grupo Capitol, con la gobernación del Cesar por la entrega de la obra. El contratista, quien debió haber entregado la obra hace más de un año, insiste en que la gobernación le reconozca mayores valores de obra ejecutados. La administración departamental, por su parte, se niega a paga mayores y a recibir la obra en el estado en que se encuentra. No puede pasarse por alto que el estadio le ha costado ya a los cesarenses más de 50.000 millones de pesos, pues inicialmente se firmó un contrato por $33.000 millones para su construcción, y posteriormente otro contrato para obras complementarias por $13.000 millones, incluyendo sus adiciones.

En el entretanto, el contratista presuntamente habría usado los cortes de energía durante el partido como mecanismo de presión para que la gobernación acceda a sus pretensiones. Y no es la primera vez que sucede esta indebida presión. También ocurrió lo mismo en el partido con el América de Cali, evento que fue transmitido por televisión, y cuyos espectadores muy seguramente quedaron con la idea de que Valledupar es un pueblo mediocre que no da para tener un estadio con la adecuada iluminación.

Pero la iluminación no es el único problema del estadio. También saltan a la vista los problemas de drenaje de la cancha y de la cubierta o techo, que en el partido de ayer ante el Real Cartagena quedó evidenciado que llovía más adentro del estadio que por fuera.

En este orden de ideas, la pregunta obligada es ¿cuándo la administración departamental va a tomar una decisión firme y seria frente a esta obra inconclusa? ¿qué espera el secretario de infraestructura Omar Maestre Vélez para definir y finiquitar los problemas del estadio, obra que fue inaugurada por el mandatario anterior, a sabiendas que no estaba en condiciones para ser entregada? La comunidad vallenata está cansada de asistir a un estadio que no está a la altura de la ciudad.

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Por fortuna finalizó hoy el paro de camioneros que durante y mes y medio -46 días para ser exactos– desabasteció al país, disparó la inflación y dejó pérdidas en la economía por más de 2.6 billones de pesos. Al final, el gobierno y los transportadores llegaron a un acuerdo de 25 puntos, tras reanudar las negociaciones que estaban suspendidas desde hace una semana.

No obstante, desde hace varios años –y particularmente en el gobierno Santos– parece haberse impuesto la tesis de que la única forma para que una comunidad o un grupo poblacional sea escuchado es a través de un acto de fuerza, de una vía de hecho. En Colombia abundan los ejemplos: además del paro camionero, cabe recordar antes el paro indígena que bloqueó varias vías y se tomó por la fuerza varias plazas públicas, entre ellas, la plaza Alfonso López de Valledupar. Súmase a lo anterior, la toma de la planta de gas de Gibraltar, Santander, desde el pasado 30 de mayo por parte de la etnia indígena U’wa, toma que incluyó el secuestro de 20 trabajadores a quienes se les impidió salir de las instalaciones y que amenaza con aumentar las tarifas de gas en un 30% a las poblaciones de Santander y Norte de Santander.

A nivel local, son ya lugares comunes los bloqueos de las vías por los más diversos motivos: las fallas del servicio de energía o la quiebra de un hospital, como sucedió en Chiriguaná; la instalación de un nuevo peaje (casos de Badillo, Rincón Hondo y Codazzi), o la falta de profesores en un colegio oficial, como ocurre hoy en la vía Gamarra – Aguachica. Desde el motivo más nimio hasta el más fundado es usado como argumento para justificar acudir al expediente de las vías de hecho.

En la administración Santos se ha abusado –más que en otras administraciones– de esta forma de protesta porque el gobierno, desde el primer mandato, creo el mal precedente de ceder ante las vías de hecho.

En este sentido, cabe reiterar que, por más legítimas que sean las reivindicaciones de una comunidad o de un grupo de interés, el empleo de medidas de fuerza y de choque, no es el camino institucional para hacerlas valer. En un estado de derecho, como el que proclama nuestra Constitución, existen otras vías para resolver los conflictos sociales dentro de la institucionalidad.

Sin embargo, mientras el gobierno siga cediendo ante las vías de hecho, por debilidad o por la razón que fuere, es muy probable que la excepción se termine convirtiendo en la regla.

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Siguen las escaramuzas y los atentados del ELN en el departamento del Cesar. En una sola semana hostigaron a la subestación de policía del corregimiento de La Vega del municipio de Chimichagua, y, posteriormente, mediante un atentado con explosivos cegaron la vida de un policía en un parque público del municipio de Pelaya, a escasos metros de un colegio oficial.

Súmasele a lo anterior el hostigamiento a la estación de policía de Curumaní del pasado domingo y las banderas alusivas a dicha organización terrorista dejadas en Pelaya y en otros poblados del sur del Cesar.

En efecto, desde comienzos de año, el ELN ha aumentado sus acciones militares en El Cesar. Basta recordar el homenaje de terror que le rindieron al cura Camilo Torres en febrero pasado cuando decretaron un paro armado de 72 horas. Desde entonces, su actividad bélica se ha incrementado en el departamento sin que las autoridades hayan podido contrarrestarla.

Este recrudecimiento de las acciones del ELN plantea varios interrogantes. El primero de ellos es ¿si, en medio de las negociaciones de paz, la fuerza pública ha bajado la guardia para no poner en riesgo los diálogos de Cuba? Asimismo cabe preguntar ¿es realmente el ELN quien está realizando tales atentados o son miembros de las Farc quienes ahora estarían actuando bajo el ropaje eleno? Esta última cuestión surge del aún no aclarado secuestro del ganadero Luis Zárate, de quien se dijo inicialmente que el autor era el ELN, a pesar de que históricamente dicho grupo no ha tenido presencia en la región de Codazzi, donde se produjo el secuestro, y sus familiares insistieron hasta la saciedad que el responsable del crimen fue el frente 41 de las Farc.

Independiente de si el ELN ha incrementado su actividad por iniciativa propia o por ayuda de las Farc, lo verdaderamente importante es que la fuerza pública tenga el control del orden público en El Cesar. No puede hacer carrera que ese grupo guerrillero, que estaba diezmado y retirado de zonas recuperadas por el ejército, vuelva a enseñorearse en nuestro departamento, en particular en el sur, como oportunamente ha sido denunciado por la población de municipios como Río de Oro, González, Pailitas, Pelaya y Curumaní.

Así las cosas, deben fortalecerse las labores de inteligencia para prevenir ataques y escaramuzas. La reciente captura en Curumaní de Iván Restrepo Santana, alias “Chuma”, presunto miembro de la red de apoyo del ELN, es una buena señal.

En síntesis, mientras el ELN se decide si inicia o no diálogos de paz, el estado colombiano debe aplicarle todo el peso del uso legítimo de la fuerza, a través de sus instituciones militares. No se espera menos de las autoridades.

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Como estaba previsto, ayer la Sala Plena de la Corte Constitucional le dio luz verde al plebiscito por la paz como el instrumento para refrendar los acuerdos de paz que celebren el gobierno y las Farc.

El alto tribunal mantuvo el cuestionado umbral del 13% (antes era del 50%), por lo cual es necesario que el plebiscito obtenga más de 4.5 millones de votos para ser aprobado y válidos sus efectos. Asimismo, la Corte estableció que el resultado del plebiscito (tanto el “Sí” como el “No”) tiene efectos vinculantes pero únicamente para el presidente de la república, por ser él quien lo convoca. Finalmente, la Corte desestimó la posibilidad del voto en blanco; en consecuencia, los ciudadanos sólo tendrán tres opciones frente al plebiscito: votar “Sí”, votar “No”, o abstenerse de votar.

Así las cosas, ayer pasó un duro escollo en la Corte en el largo camino que aún le falta al plebiscito como el mecanismo escogido por el presidente Santos para consultarle al pueblo si está a favor o no con lo que se acuerde con las Farc. Y allí surge el primer interrogante: ¿cómo consultarle al pueblo una decisión si aún no se conoce el texto definitivo del acuerdo entre gobierno y Farc? ¿Cuándo los colombianos podremos conocer el contenido completo del acuerdo? Entre más pronto, mejor.

Se trata de tomar una decisión informada. A diferencia de otros procesos de paz, es la primera vez en la historia en que se le consultará al pueblo si refrenda una negociación con un grupo alzado en armas. No ocurrió en las desmovilizaciones del M-19, del EPL, ni del Quintín Lame. Tampoco en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. En esos casos bastó con la potestad presidencial para adelantar las negociaciones.

Esta vez cada ciudadano colombiano tendrá la opción de decidir si autoriza o no al presidente de la república para firmar el acuerdo definitivo del fin del conflicto con las Farc. Para que sea una decisión informada se requiere mucha pedagogía, porque en vastos sectores de la población colombiana existen temores, dudas, inquietudes y falta de información sobre el actual proceso de paz, los cuales no han sido despejados oportunamente por el gobierno.

Para la muestra un botón: la resistencia de la etnia Yukpa a permitir que el corregimiento San José de Oriente, del municipio de La Paz, sea designado como zona de concentración de las Farc. (Ver nota editorial "El desafío Yukpa")

En pocas palabras, ayer en la Corte el plebiscito pasó una prueba de montaña muy dura, pero, por supuesto, le falta pasar la prueba de fuego: la refrendación del pueblo colombiano.

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Editorial "El desafío Yukpa"

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Lamentablemente ya es lugar común registrar diferentes tipos de violencia que suceden en nuestra región y el país como casos de intolerancia.

Los más recientes casos son escabrosos y como sacados de una tragedia griega: En Valledupar, en el barrio 5 de enero, un hombre asesina a su esposa con arma blanca por la espalda. Su hijo, al enterarse del hecho, persigue a su padre y le clava un puñal en el rostro hasta matarlo. (Ver Tragedia familiar en el barrio 5 de Enero, un hombre dio muerte a su exesposa y luego su hijo lo asesino a él). De otra parte, en Pueblo Bello, el presidente del concejo de dicho municipio, Aroldo Martínez Villazón, es asesinado mientras departía con unos amigos en el marco de la celebración de las fiestas de La Virgen del Carmen. (Ver De dos impactos de arma de fuego dieron muerte al Presidente del Concejo de Pueblo Bello).

Si bien los estudios criminológicos coinciden en señalar que el ejercicio de la violencia es multicausal y multidimensional, en Colombia –país con tasas muy altas de homicidios, por encima del promedio latinoamericano– preocupa en grado sumo el aumento de muertes no relacionadas con el conflicto armado, en particular, aquellas que tienen origen en la llamada “violencia interpersonal e intrafamiliar”, en la cual las riñas son las oprobiosas protagonistas.

En efecto, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el año 2014, las riñas eran responsables de una tercera parte de las muertes violentas en el país y la principal causante de las lesiones personales (no fatales). Un vergonzoso ejemplo ilustra la influencia de este factor: la celebración del día de la madre es, paradójicamente, uno de los más violentos del país. En mayo pasado, ese día se registraron tan sólo en Bogotá 3.937 riñas, 17 muertos y 427 heridos. En Medellín 284 riñas, 2 muertos y 11 heridos. En Sincelejo, 43 riñas y 7 lesionados. En Valledupar, ese puente festivo, se registraron 223 riñas, tres veces más que en la misma fecha del año anterior.

De acuerdo con Medicina Legal, son los fines de semana los días en que más ocurren este tipo de violencia relacionadas con riñas, en las cuales suele estar presente el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas. ¿Por qué en Colombia las celebraciones de cualquier evento –resultado de un partido de futbol, una fiesta patria, el día de la madre, el día de las brujitas– suelen desencadenar hechos violentos? ¿Está en nuestro ADN ser violentos? ¿En qué hemos fallado como sociedad?

Se reconoce que existen profundos problemas culturales y sociales en el país que han desgarrado el tejido comunitario, que han roto la unidad familiar y que actúan como detonantes de una violencia que, a veces, parece no ceder, a pesar de los esfuerzos de las autoridades.

Hasta allí la radiografía y el diagnóstico de la situación. Se requiere, entonces, acción. Diseñar y ejecutar una política pública acorde con las circunstancias, necesariamente orientada a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana, a reconstruir el tejido social y a fortalecer la educación de las nuevas y actuales generaciones de colombianos. Que las celebraciones terminen en alegría, no en tragedia.

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Tragedia familiar en el barrio 5 de Enero, un hombre dio muerte a su exesposa y luego su hijo lo asesino a él

De dos impactos de arma de fuego dieron muerte al Presidente del Concejo de Pueblo Bello

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