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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 16 millones de adolescentes entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año. Un millón de muchachas menores de 15 se unen a esta estadística, la mayoría de ellas pertenecen a países en vías de desarrollo.

Por su parte, en Colombia, según Bienestar Familiar, se registran cada año en promedio 149 mil embarazos en adolescentes, que termina en 408 nacimientos por día, hijos de padres cuyas edades están entre los 10 y los 19 años. De acuerdo con el Observatorio del Bienestar de la Niñez, en 2014, los departamentos con mayor tasa de nacimientos por cada 10.000 niñas y adolescentes eran, en su orden, Huila, Sucre, Magdalena, Cesar, Casanare y Caquetá.

En el caso del Cesar es preocupante la situación de los municipios del llamado eje minero, por cuanto cuatro de ellos figuran en los primeros veinte lugares del listado de 204 municipios con mayor incidencia para madres entre los 15 y 19 años de edad. En efecto, La Jagua de Ibiríco ocupa el segundo lugar a nivel nacional, Chiriguaná está de sexto, San Diego de séptimo, Becerril el decimocuarto puesto y El Paso, la decimoséptima posición.

En cuanto a los embarazos en menores entre los 10 y 14 años, los municipios de Curumaní, EL Paso y Becerril ocupan, respectivamente, los puestos 20, 21 y 22 en el listado de 175 municipios con mayor incidencia en este rango de edad. ¡Una verdadera vergüenza!

La crudeza de las estadísticas refuerza la idea de que el embarazo en adolescentes es un serio problema de salud pública que no solamente tiene consecuencias negativas para la madre y el niño, sino que constituye en, el fondo, el inicio del llamado círculo de perpetuación de la pobreza.

En efecto, estudios realizados tanto por Bienestar Familiar como por la ONG Profamilia apuntan en la misma dirección: el embarazo en adolescente suele presentarse en los estratos más pobres y vulnerables de la población, las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de abandonar sus estudios, y, por ende, una menor probabilidad de conseguir un empleo bien remunerado. Para colmo de males, las adolescentes que ya son madres tienen mayor riesgo de volver a quedar embarazadas. Asimismo, los bebés de madres adolescentes tiene un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. En pocas palabras, cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé.

Adicionalmente, en el caso de embarazo en menores de 14 años se está ante la comisión de varios delitos (acceso carnal violento y/o acto abusivo con menor de catorce años, artículos 208 y 209 de Código Penal) ante la mirada indiferente de la sociedad y de su núcleo familiar.

Frente a este complejo panorama se requiere mucho más que una simple Semana de Prevención del embarazo adolescente, iniciativa ésta promovida por el Ministerio de Salud y las autoridades locales. Como suele suceder, este tipo de iniciativas preventivas terminan siendo flor de un día, por cuanto no hay una política pública de largo aliento y sostenible en el tiempo para combatir el problema.

A propósito del tema, cabe preguntar cuándo definirán quién será el nuevo titular de la dirección regional de Bienestar Familiar, vacante desde hace varios meses. Quien ejerza el cargo tiene un mundo de problemas esperando por resolver. El embarazo precoz es uno de los más graves de todos.

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Con la designación de la abogada María Mercedes López por parte del presidente Santos quedó conformada la terna de aspirantes a suceder a Alejandro Ordoñez Maldonado en la Procuraduría General de la Nación.

Las otras entidades, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, ya habían escogidos sus candidatos: el exministro de Justicia Fernando Carrillo Flórez y el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

Sin duda alguna, el más polémico de los tres candidatos es el abogado externadista Jorge Perdomo, quien tras su fugaz paso como Fiscal General encargado dio muestras de lo que se podría convertir el ministerio público en caso de ser elegido por el Senado. En efecto, con él, la Procuraduría corre el riesgo de pasar al otro extremo del péndulo ideológico: de la marcadas posiciones de derecha de Alejandro Ordoñez (censor de la libertad sexual, de los derechos reproductivos, opositor del matrimonio homosexual y de los grupos LGTBI), se pasaría al relajamiento moral de la institución, bajo una mal entendida ideología libertaria. Bien enseña la historia que los extremos son nocivos y tanto Ordoñez como Perdomo, son extremistas y perseguidores de sus opositores.

Como bien lo documentó la columnista de El Tiempo, María Isabel Rueda, en tan solo cuatro meses que estuvo de Fiscal encargado, Perdomo “hizo 816 nombramientos provisionales en cargos que devengan desde 5 millones hasta 25 millones de pesos. Y suscribió 105 contratos, por valor de 19.149’959.482 de pesos, con objetos bastante indeterminados”.

Esa ligereza no sólo se vio en materia contractual, también fue débil, como su mentor Eduardo Montealegre, en el tratamiento de espinosos casos emblemáticos de corrupción, entre los cuales ocupan lugares destacados el desfalco de Saludcoop y la multimillonaria estafa de Interbolsa; esta última en la que paradójicamente la Fiscalía ofreció un cuestionado principio de oportunidad a los cerebros de la firma Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, que, por fortuna, el nuevo Fiscal Néstor Humberto Martínez revocó.

Las otras dos opciones son menos problemáticas aunque tienen en común su cercanía con el gobierno Santos. En efecto, el abogado javeriano Fernando Carrillo fue primero director de la Agencia Jurídica para la Defensa de la Nación, luego ministro del Interior y finalmente embajador de Colombia en España, todos estos cargos bajo la era Santos. Por su parte, María Mercedes López, de origen conservador, fue presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y también es cercana a Santos.

Así las cosas, el Senado debe ponderar muy bien las virtudes y defectos de cada uno de los ternados, y elegir a quien tenga la estatura moral que le devuelva algo de la dignidad institucional que perdió la Procuraduría bajo la gestión de ocho años de Ordoñez. 

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Una alegría colectiva invade al pueblo colombiano por la decorosa y exitosa participación de nuestros deportistas en las Olimpiadas de Rio que acaban de finalizar.

No es para menos. Lo conseguido en Rio supera, con creces, la actuación del país en los juegos olímpicos de Londres, hace cuatro años y se constituye en la más gloriosa figuración en toda su historia. En Londres, cabe recordar, Colombia ocupó la posición 38 a nivel mundial y la cuarta a nivel latinoamericano, al obtener ocho medallas en total: una de oro –Mariana Pajón–, tres de plata y cuatro de bronces, uno de esos bronces con el taekwondoga cesarense Óscar Muñoz.

En Rio, coincidencialmente Colombia obtiene nuevamente un total de ocho medallas, pero con distinta distribución: tres de oro, dos de plata y tres de bronce. Además de las medallas, nuestros atletas obtuvieron 19 diplomas olímpicos. En el medallero final, nuestro país escala 15 posiciones con relación a Londres y termina en el puesto 23 a nivel mundial, y, de paso, se consolida como el cuarto mejor latinoamericano, sólo superado por Brasil (puesto 13), Jamaica (puesto 16) y Cuba (puesto 18).

Detrás de esta hazaña hay toda una estrategia que completa ya dos décadas, la cual parte de la adopción en el gobierno de Uribe de una política pública para aumentar la inversión en el deporte y desarrollar programas tutelares para descubrir talentos y formar nuevos deportistas. En efecto, en cuanto a lo primero (inversión), la destinación específica del impuesto a la telefonía celular permitió incrementar los recursos disponibles tanto para la infraestructura deportiva como para la formación de atletas. Asimismo, la implementación de programas como Deportista Apoyado y Súperate contribuyeron a, de una parte, preparar a los deportistas de alto rendimiento, y de otra, detectar el semillero de talentos en las regiones.

Este esfuerzo conjunto implicó la articulación de distintas entidades del orden nacional, con Coldeportes a la cabeza, y del orden territorial, como las federaciones, las ligas y los clubes. Es una muestra que el trabajo articulado de distintos entes, con la adecuada inversión de recursos, da buenos resultados.

Sin embargo, lo logrado en Rio no debe cegarnos frente al hecho que aún hay muchos aspectos por mejorar. En primer lugar, Londres y Rio nos enseñan que Colombia parece haberse especializado en los deportes individuales pues, sin excepción, todas las medallas obtenidas pertenecen a este tipo de disciplinas, mientras que en los deportes de equipo se obtienen resultados mediocres. Adicionalmente, no sólo el estado debe apostarle a nuestros deportistas. Falta también mucha mayor inversión del sector privado que tradicionalmente le ha apostado sólo a deportes con impacto mediático como el fútbol y el ciclismo de ruta, pero que no suele invertir en otras disciplinas.

Si queremos seguir cosechando éxitos y superar en Tokio lo logrado en Rio, desde ya el país debe redoblar el esfuerzo.

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Por iniciativa de la Asociación Nacional de Industriales, Andi, ha venido tomando fuerza la propuesta de crear la denominada “Ciudad Caribe Colombia” como una plataforma de competitividad e integración regional para la Costa Atlántica. (Ver documento de la Andi, Ciudad Caribe Colombia)

Según palabras textuales de la Andi, se “busca crear una sostenibilidad a largo plazo, generar articulación público - privada, reducir la inequidad, crear una visión compartida, lograr cohesión social, facilitar la concertación entre los diferentes actores, tener interacción con otras redes globales, crear un consenso, facilitar la comunicación y cooperación en la planificación, para resumir, lograr que Ciudad Caribe Colombia sea una plataforma de competitividad, que lleva al Caribe a ser de clase mundial.”’

Válida y oportuna el lanzamiento de esta iniciativa que pretende aprovechar el potencial de desarrollo de la región Caribe y su ubicación estratégica, para generar cadenas de valor en varios sectores económicos que van desde el comercio exterior, la industria, los servicios, hasta el ecoturismo. En su primera fase Ciudad Caribe Colombia tendrá como nodo central a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

La escogencia de estas tres ciudades no es caprichosa. Ellas tres son los principales puertos de Colombia sobre el océano Atlántico, los cuales movilizan cerca del 90% del comercio del país , comparado con el Pacífico que sólo mueve el restante 10%.

Sin embargo, la inclusión de las mencionadas ciudades no significa la exclusión de las restantes capitales costeñas. Por supuesto, Montería, Sincelejo, Riohacha y Valledupar también están invitadas a unirse a esta iniciativa. De cada una de ellas depende si desean montarse o no a este tren progresista.

En este sentido, bien cabe preguntar ¿qué acciones están tomando tanto desde el nivel de la administración pública como desde los gremios de la producción para que Valledupar sea parte de Ciudad Caribe Colombia?

Hasta el momento sólo se ha escuchado la idea de crear ProValledupar, una agencia para atraer inversión a la ciudad que sigue el modelo de la exitosa ProBarranquilla. No obstante, ProValledupar aún está en pañales. Aún le falta bastante camino para darle forma y fondo, asegurar su financiación y sostenibilidad en el tiempo, aunque va por buen camino desde que la administración Uhía atinó en remotar una buena idea que permaneció dormida en la administración pasada.

Lo importante es que Valledupar se monte oportunamente a este proyecto que augura una mayor competitividad, aumentar nuestra productividad, atraer nueva inversión, fortalecer nuestras empresas y, por supuesto, crear mayores y mejores empleos. En fin, que no nos deje el tren.

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Documento de la Andi, Ciudad Caribe Colombia

Editorial de El Espectador "Ciudad Caribe, ¿ciudad verde?

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Alta es la expectativa de las regiones limítrofes con Venezuela por los resultados de la reunión programada para hoy entre los presidentes Santos y Maduro que tiene por objeto evaluar la situación de la frontera, cerrada desde hace un año.

Cabe recordar que hace un año, Maduro, en forma unilateral, ordenó el cierre de la frontera, decisión que justificó como necesaria para supuestamente combatir el contrabando y el paramilitarismo en las zonas fronterizas. A esta medida se agregó la expulsión de Venezuela de más de 1.600 colombianos, quienes fueron despojados de sus viviendas, separados de sus familias y forzados a regresar a Colombia, sin respetar mínimos derechos humanos reconocidos por el ordenamiento internacional. Posteriormente, cerca de 19.000 colombianos retornaron al país por temor a las represalias del gobierno venezolano y también presionados por un creciente anticolombianismo que el propio Maduro alimentó, como ha sido una constante de su mandato, caracterizado por buscar enemigos externos como responsables de los desaciertos que él ha tenido en el manejo de su país.

Desde hace varias semanas los equipos económicos de ambos gobiernos han analizado conjuntamente la conveniencia de reabrir la frontera. Una muestra de lo conveniente que sería para Venezuela dicha reapertura quedó evidenciada el pasado 10 de julio cuando temporalmente se abrió la frontera en Norte de Santander y Arauca. Cerca de 130 mil venezolanos cruzaron entonces por las pasos fronterizos de Cúcuta y Arauca para poder abastecerse de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad que escasean en Venezuela.

Existen muchas razones de peso para normalizar las relaciones fronterizas con Venezuela: impulsar el comercio bilateral, permitir el libre tránsito de personas, fomentar el hermanamiento de las dos naciones con una historia común, entre muchos otros argumentos.

Tal vez la única consecuencia positiva de haber cerrado la frontera por un año ha sido la reducción hasta casi su extinción del contrabando de gasolina venezolana, actividad ilegal que tanto dañó ha causado a La Guajira y al Cesar. En efecto, en este año con la frontera cerrada La Paz dejó de ser el centro de acopio del combustible ilegal, muchos pimpineros desistieron de esta actividad y los residentes en esta zona aprendimos a comprar gasolina legal y a convivir sin la ilegal.

En este sentido es imperativo que la reapertura de la frontera no signifique una vuelta al pasado. Esto es, que el negocio del combustible ilegal vuelva a arraigarse en nuestro territorio, después de todo el esfuerzo que ha tomado desterrarlo de aquí.

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Como sal en la herida abierta cayó en la opinión pública el anuncio de una eventual demanda por parte de la casa matriz de Electricaribe en contra del Estado colombiano. Días atrás, a través de un comunicado firmado en Barcelona, España, la multinacional Gas Natural Fenosa, propietaria de Electricaribe, informó que había notificado al Estado colombiano la existencia de una controversia bajo el marco del acuerdo bilateral firmado entre los dos países sobre protección a la inversión extranjera.

Según el comunicado, la multinacional española solicitó el inicio de la etapa de arreglo directo, contemplada en el acuerdo para la solución de las controversias. Finalizada sin acuerdo esta etapa que tiene un término de seis meses, cualquiera de las partes queda habilitada para entablar formalmente un litigio jurídico.

Como era de esperarse, las reacciones naturales a este anuncio estuvieron marcadas por el rechazo enérgico de los mandatarios regionales y por las duras críticas contra la empresa. Sin embargo, entre tantas declaraciones sobre el tema causó sorpresa las dadas por el Contralor General de la República, Edgardo Maya, quien expresó que el caso de Electricaribe se está volviendo un tema de Estado. De manera particular, Maya Villazón afirmó que “como Contralor le toca cohibirse de hacer demostraciones de las irregularidades o de los malos manejos [de Electricaribe] porque esto va a ser usado en contra de la nación en la demanda que se va a presentar”. Y agregó el alto funcionario que “el país va a terminar siendo demandado y va a haber unas condenas altas para el estado colombiano”. (Escuche declaración del contralor Maya)

En este orden, cabe decir, en primer lugar, que la función de control fiscal no puede quedar en suspenso o debilitada por una eventual demanda de Electricaribe. ¡Ni más faltaba! Electricaribe, como cualquier empresa de servicios públicos, está sujeta a la regulación, vigilancia y control del Estado colombiano. Y llama la atención que del sector energético colombiano, donde existen otros operadores que juegan con las mismas reglas, sea Electricaribe la que, de lejos, presenta los mayores problemas.

En segundo lugar, no puede partirse de la base que en una eventual demanda de Electricaribe, el Estado colombiano perderá irremediablemente. Expertos en la materia indican que la posibilidad de que el Estado gane o pierda una posible demanda de Electricaribe es incierta, y depende de la buena defensa que haga Colombia de su caso. (Escuchar entrevista al abogado internacionalista Hernando Otero). Claro está que los antecedentes de la defensa del Estado en escenarios internacionales no son los mejores si se tienen en cuenta los fallos adversos obtenidos en el caso de San Andrés contra Nicaragua y las múltiples condenas impuestas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La experiencia enseña, en todo caso, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito.

Pero más allá de la controversia jurídica, en lo que si acierta el Contralor Maya es en que Electricaribe es ya un tema de Estado y, como tal, agregamos, debe dársele un tratamiento integral y uniforme. No puede ser que frente a este tema, por un lado van los mandatarios costeños que piden a gritos la intervención de la empresa, por otro los congresistas que capitalizan políticamente la taquilla que da “darle palo” a Electricaribe, y por una vía bien distinta los entes encargados de supervisar a la empresa: ministerio de Minas y Energía, Superintendencia de Servicios Públicos, y las ías.

En este sentido, las protuberante fallas en la prestación del servicio de energía en la Costa no dan más espera. Se requieren soluciones de fondo ante una situación que está sobrediagnosticada y las cifras así lo confirman. En efecto, Electricaribe es la empresa del país que acumula el mayor número de quejas ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Adicionalmente, la empresa tiene el récord de cortes de luz del país. En la Costa falla la energía un promedio de 90 horas al año, es decir, el doble de la media nacional, lo que afecta seriamente la competitividad de la región.

No obstante lo anterior, en esta búsqueda de soluciones, también debe escucharse la posición de la empresa, porque ella ha expuesto en forma reiterada que parte de sus problemas financieros se deben a una abultada deuda, de la cual gran parte corresponde a entidades públicas. Asimismo afectan la calidad de servicio las múltiples defraudaciones y conexiones ilegales que enfrenta la empresa, en particular, la que proviene de los barrios de invasión que han proliferado por toda la Costa Caribe.

En síntesis, hay que estudiar juiciosamente todas las aristas del problema, si se quiere una solución integral y eficiente. Empero, Electricaribe parece haber escogido el peor de todos los caminos para llegar a esta solución, el camino de una controversia jurídica.

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Entrevista abogado internacionalista Hernando Otero:

Declaraciones del contralor Maya sobre Electricaribe:

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Ayer, 8 de agosto, el presidente Santos sancionó la Ley 1805 a través de la cual se regula la donación de órganos en el país. En ella se estableció una presunción legal de donación, lo que significa que todos los colombianos, al morir, serán considerados donantes de órganos, a menos que en vida hayan expresado su voluntad inequívoca de no ser donante, mediante un documento escrito autenticado ante notario y registrado ante el Instituto Nacional de Salud.

De esta manera empieza el país a ponerse a tono con la tendencia mundial en materia de donación. Ciertamente, Colombia tiene muy pobres tasas de donación de órganos en comparación con otros países del mundo. El indicador más empleado para comparar la donación entre países es el número de donantes cadavéricos de órganos por millón de habitantes (PMH). Así, Estados Unidos tiene una media de 26 donantes PMH, mientras que en Europa este indicador está alrededor de 20 donantes PMH, destacándose el caso de España, país líder del mundo en materia de donación con una tasa promedio de 35 donantes PMH.

Según un informe de 2014 de la Organización Nacional de Transplantes de España, los primeros lugares de donación en América Latina lo tienen Uruguay, con 20 donantes por cada millón de personas, seguido por Brasil (13.4), Argentina (13.3), Cuba (11.0) y Panamá (7.2).

En nuestro país, en el mejor de los años, 2009, hubo 449 donantes, mientras que ese mismo año la lista de espera de pacientes que esperaban órganos y tejidos casi duplicó esa cifra con 835 enfermos. Desde entonces el número de pacientes en lista de espera ha aumentado año tras año mientras que el número de donantes se ha mantenido estable e incluso ha descendido. El año pasado fue uno de los peores años: sólo hubo 195 donantes en todo el país y, en contraste, el número de pacientes en lista de espera se incrementó a 2.256 personas, según la Fundación Nacional de Trasplantados.

Con la nueva ley se espera incrementar en un 40% la donación de órganos en el país. Cabe recordar que un donante puede beneficiar hasta 55 personas. Se trata en el fondo de salvar vidas y de mejorar la calidad de aquellas personas que por una enfermedad no funcionan a plenitud.

Donar órganos es donar vida. De eso trata esta ley, pero no basta con ella. Hay que promover la cultura de la donación en nuestro país. Generar conciencia que aún después de partir de este mundo podemos seguir ayudando a nuestros semejantes.

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Otra vez las redes sociales han confundido a la opinión pública. Por ellas han circulado imágenes de unos supuestos manuales de convivencia escolar y cartillas de educación sexual que presuntamente el ministerio de Educación impondría obligatoriamente a colegios públicos y privados del país. La especie se regó rápidamente por esas mismas y muchos la creyeron.

¿Cómo surgió esta confusión? Hechos que no tenían relación entre sí y sólo algunos elementos en común se entremezclaron dando lugar a un sancocho de verdades a medias. En primer lugar, está el fallo de la Corte Constitucional (sentencia T-478 de 2015) que, al amparar los derechos fundamentales del estudiante Sergio Urrego –quien se suicidó por la discriminación a la que fue sometido en el colegio Gimnasio Castillo Campestre por su condición sexual–, ordenó al ministerio de Educación implementar el sistema de convivencia escolar creado por la Ley 1620 de 2013 para prevenir estos casos de matoneo.

En segundo lugar, gran parte de esta “cruzada contra la equidad de género” la inició la diputada de Santander, Ángela Hernández, quien en un acalorado debate en la asamblea de ese departamento aseveró que la Ley 1620 promueve la “orientación LGTBI” en los colegios. Como respuesta a esta posición considerada como discriminatoria contra ese grupo poblacional, la alcaldía de Bucaramanga izó la bandera del arcoíris, reconocida mundialmente por representar a la población LGTBI.

De allí surgieron todo tipo de hipótesis y polémicas, algunas afirmaban que desde el ministerio de Educación se quería imponer una agenda LGTBI en las escuelas del país. Quienes afirmaban semejante disparate se valían de la orientación sexual de la ministra Parodi, para reafirmar el argumento, cuando en el fondo el ministerio lo que está haciendo es cumplir un fallo de la Corte.

Hasta una marcha está convocada para este miércoles 10 de agosto en varias ciudades del país en defensa de la familia. La Iglesia Católica y las iglesias cristianas se han unido a ella y la promueven.

Sin embargo, aunque un tanto tardío el ministerio de Educación expresó hoy que “que su labor consiste en llevar las órdenes de la Corte Constitucional a los colegios para acabar con la discriminación, y fomentar el respeto así como la igualdad en las instituciones.”  Y agrega la ministra “A los padres de familia les decimos: no se dejen engañar, porque con mentiras quieren hacerles creer que la educación de sus hijos se sale de sus manos. No permitan que las imágenes alarmantes y escandalosas ni la circulación de información descontextualizada en las redes sociales los termine reclutando para una campaña de división y odio.”

Una vez más la conclusión es la misma: no se puede creer todo lo que circula en las redes sociales.    

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Si estuviera vivo, Rafael Escalona ya habría compuesto más de una canción narrando tantos sucesos inéditos que ocurren en nuestra comarca.

Desde la increíble historia de un personaje que anuncia una intención de suicidio a su familia y, cuando todos esperaban un fatal desenlace, aparece días después descansando plácidamente en las playas de Cartagena, todo ello aparentemente para “tapar” un desliz.

Posteriormente, como en el famoso cuento de García Márquez “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”, en un ataque de esquizofrenia colectiva y por la ligereza de varios medios de comunicación se riega la insólita especie de que el agua de Valledupar estaba contaminada. ¡Qué locura! Padres de familia corren desesperados a buscar a sus hijos en los colegios, cientos de personas se aglomeran en tiendas y supermercados hasta agotar las existencias de agua embotellada. Las redes sociales estallan difuminando la especie y cunde el pánico. Las autoridades llaman a la cordura pero nadie les hace caso.

Finalmente, la cereza que le faltaba al postre. El alcalde de Codazzi, Luchito Peñaloza en una entrevista a este medio radial y como protesta por el cubrimiento que el semanario La Calle ha hecho a su administración anuncia sin pudor que se tomará una foto encuero en el río Marigiaimo y se la mandará al director de La Calle para que vea su sex appeal.  

Tantas historias inverosímiles y absurdas en tan poco tiempo abruman la capacidad de raciocinio, análisis y entendimiento hasta del más sabio. El punto es que en nuestra Costa Caribe absolutamente todo, esto es, lo bueno, lo malo, lo serio, lo importante y lo banal, lo solemos tomar con ligereza y despreocupación. “Eso hace parte del folclor” es la expresión popular para explicar y justificar este tipo de comportamientos. Puede ser una válvula de escape que como pueblo hemos construido en nuestra idiosincrasia para enfrentar las adversidades de la vida. Válido, cierto, pero también corremos el riesgo de no tomar nada en serio y que tampoco nos tomen en serio. Esa es la mirada por encima del hombro que suele tener la dirigencia bogotana frente a la provincia, precisamente porque creen equivocadamente que aquí todo es bulla, ruido y folclor.

Que falta hacen las crónicas de Escalona y de García Márquez para que estos hechos insólitos, inverosímiles y de una bizarra belleza sean inmortalizados en cantos vallenatos o en páginas literarias, para que transciendan más allá de su fugacidad fáctica. Mientras aparecen esos nuevos cronistas que siga nuestra eterna tragicomedia.

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"Me tomaré una foto encuero y se la mandaré al director de La Calle", alcalde de Codazzi

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Desde el gobierno del presidente Olaya Herrera en la década del 30 está vigente la prohibición del voto de los miembros de la Fuerza Pública –tanto militares como policías–. La justificación de esta prohibición está fundamentada en el carácter no deliberante que debe tener la institución castrense. La prohibición persigue dos fines: de una parte, impedir la presión de los superiores sobre los oficiales de menor rango y sobre los soldados, lo cual deformaría el voto libre, y de otro, prevenir la intrusión de la política en el cuerpo armado, lo que podría comprometer la disciplina militar.

Adicionalmente, existe un antecedente histórico para justificar la prohibición: la politización de la policía en los años 50, conocida como “la chulavita”, de orientación conservadora y que sembró el terror en contra de los liberales en la llamada “Violencia”.

Algunos historiadores consideran que esta prohibición sirvió para que nuestro país estuviese en cierta medida “blindado” frente a la tentación de tomas de poder por parte de los militares, como, en efecto, sucedió en varios países latinoamericanos que tienen una larga y triste historia de dictaduras militares y golpes de estado. En Colombia, sólo en una ocasión de nuestra historia reciente padecimos la dictadura de Rojas Pinilla, que, irónicamente, se le conoce más como la “dictablanda”.

El debate sobre si los uniformados puedan o no tener el derecho al voto vuelve a estar sobre la mesa a raíz de un proyecto de acto legislativo de autoría del senador Roy Barreras quien considera que los miembros de la Fuerza Pública no pierden el carácter de ciudadanos por pertenecer a la institución castrense y como tales deben y pueden ejercer este derecho, como el resto de ciudadanos. Aclara el congresista que su proyecto sólo busca restablecerle el derecho al sufragio a los uniformados, pero no incluye la posibilidad de la deliberación de la Fuerza Pública como institución ni la militancia partidista. Por supuesto que trazar esa frontera será tarea ardua, pero no por ello, debe descartarse de tajo esta iniciativa.

En efecto, Colombia es uno de los pocos países del mundo que aún mantiene esta prohibición. En la mayoría de países se ha reconocido el derecho de los militares a votar, entre ellos, España, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua y Venezuela, países éstos que sufrieron los abusos y violaciones de dictaduras militares. En estos países ha quedado demostrado que es sano para la democracia la participación de todos sus ciudadanos en la elección de sus gobernantes.

En este sentido, si en estos países, con cruentas historia de golpes de estado y dictaduras, los militares pueden ejercer su derecho al voto, ¿por qué mantener en Colombia aún esta prohibición que parece anacrónica?

Los argumentos en contra del voto militar en Colombia se centran en los riesgos que supondría hacer tal concesión, principalmente, el riesgo de que las Fuerzas Armadas terminen politizadas, como ha sucedido con otras instituciones, como las universidades públicas. Este es el ejemplo que trae una nota editorial del diario El País de Cali.

Similar posición sostienen la revista Semana y el editorial de El Espectador de hoy. Coincidencialmente, ambos citan un informe del Grupo de Memoria Histórica, Basta ya, en el cual se afirma que en el ejército colombiano echó raíces un peligroso anticomunismo que ha permeado de ideología a esta institución. Si algo ha estado "ideologizado" es el Grupo de Memoria Histórica que tiene evidentes sesgos de izquierda, pues ha sido muy duro con el Estado colombiano y benevolente con las Farc y el ELN.

Sin embargo, tales argumentos como el otro de que no es el momento histórico para concederle a los militares el derecho al voto no tienen justificación. Por el contrario, es éste el momento oportuno para hacerlo. Precisamente porque hay que equilibrar las cargas. A las Farc se le han hecho demasiadas concesiones en el proceso de paz y aprobar el voto militar es no sólo una concesión mínima en comparación con las otorgadas a la guerrilla, sino que es la mejor prueba de que, como afirma el presidente, la Fuerza Pública quiere la paz y está preparada para la paz.

Adicionalmente, como quedó reseñado, en otros países con historias más graves de abuso del poder militar, hoy los uniformados ejercen su derecho al voto sin comprometer a la institución castrense.  Llegó el momento de permitir que los militares puedan votar libremente. ¿Cuál es el miedo?

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