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Editorial (439)

Es inmensa la expectativa que existe a nivel nacional por la realización del Festival Vallenato, certamen que llega a sus bodas de plata y que tiene el atractivo adicional de tener una edición especial: el concurso Rey de Reyes en la categoría Profesional, en la cual sólo podrán participar ganadores de años anteriores.

Sin embargo, a pesar de la expectativa sobre el evento, es muy poca la información que ha divulgado la entidad rectora del certamen, a pesar de que el Festival está a la vuelta de la esquina y faltan cerca de tres meses para su realización.

Son muchos los ejemplos que reflejan no sólo la falencia comunicativa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata sino también su falta de planeación y organización. Ni siquiera existe hoy afiche promocional sobre los 50 años del Festival, cuando ya era costumbre que el afiche oficial se publicase en el segundo semestre del año anterior al certamen. Ni el propio portal de noticias de la entidad www.festivalvallenato.com está actualizado con las nuevas fechas del Festival 2017. En efecto, si un participante quisiera inscribirse en alguna de las categorías de los diferentes concurso, le saldría un formato de inscripción correspondiente al festival pasado (2016).

Pero más allá de estas críticas de forma, lo verdaderamente preocupante es que aún se desconocen cuáles son las reglas de juego para el concurso Rey de Reyes donde está centrada la atención de los amantes de la música vallenata. ¿Existirá una edad límite para los participantes al concurso como se aplicó en anteriores ediciones del Rey de Reyes? ¿Se retomará para esta edición la idea de usar los tradicionales kioskos en la Plaza Alfonso López para el concurso de acordeoneros cómo se usaba en los inicios del Festival? ¿Se aplicará a esta categoría la regla de que los jurados podrán decirle al concursante que interprete una canción de un listado de canciones pretederminadas? Y a propósito de jurados ¿cómo se escogerán los jurados que evaluarán a los veteranos reyes concursantes? ¿quiénes serán los escogidos? ¿Existirá también Rey de Reyes para el concurso de Canción Inédita?

A estas alturas era para que la Fundación hubiese despejado ya estos y otros interrogantes sobre la celebración del Festival, sobre el cual tampoco se conoce cuál será la programación oficial ni los artistas invitados que se presentarán en cada noche de espectáculos.

La falta de información por parte de la Fundación da pie para que empiecen a tomar fuerza nefastos rumores que le hacen daño al certamen, el más dañino de todos es que ya estaría “cocinado” todo para coronar como Rey de Reyes este año al controversial acordeonero Alfredo Gutiérrez, tres veces rey del Festival.

Ya pasó el periodo de vacaciones pero pareciese que tanto el presidente como la Junta Directiva de la Fundación estuvieran aún aletargados en la organización del Festival. ¡Es hora ya que se despierten!

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El brote de encefalitis equina venezolana diagnosticado en diciembre pasado por el ICA en el departamento del Cesar sirvió como excusa perfecta para justificar la no realización en Valledupar de la Feria Nacional Equina, después de haberse anunciado en julio de 2016 que esta ciudad sería la sede de ese importante evento agropecuario.

Para contextualizar la magnitud del certamen equino es menester tener en cuenta que es la feria más importante de caballos de Colombia que anualmente reúne en febrero a los caballistas y criaderos del país, y en donde suelen participar países como Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Estados Unidos, entre otros. Normalmente se realiza en Bogotá o en grandes ciudades del país, por los requerimientos de infraestructura para albergar más de 800 ejemplares y recibir un promedio anual de cerca de 20.000 visitantes durante los cinco días que dura el evento.

Por ello, el solo hecho de que Valledupar hubiese sido escogida como sede del evento debía ser  no sólo motivo de satisfacción para la ciudad en un mes (febrero) donde tradicionalmente no se cuenta con ningún atractivo turístico de importancia, sino también por la oportunidad que representaba para la alicaída economía de la ciudad dinamizar el aparato productivo en sectores generadores de empleo como la hotelería, restaurantes, el transporte y el comercio en general.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado por la gobernación del Cesar para asegurar la sede de la Feria para Valledupar, esa oportunidad se perdió no tanto por el brote de la mencionada enfermedad caballar sino por las disputas internas de poder entre Riendas, la entidad que reúne al gremio equino cesarense, y Corfedupar, el ente que administra la plaza de ferias Pedro Castro Monsalvo, lugar por excelencia de los encuentros y ferias agropecuarios que se celebran en la ciudad.

La disputa tiene su origen en una mezcla de egos personales y motivos económicos: Corfedupar, liderada por su presidente Alfredo Villazón Gutiérrez, reclamaba a Riendas, presidida por Armando Cuello, que ésta pretendía realizar la Feria sin tener en cuenta a la entidad que administra el lugar donde la Feria se celebraría. También reclamaba el pago de un canon de arrendamiento por el alquiler del sitio. Por su parte, Riendas consideraba que el valor establecido del arrendamiento era demasiado oneroso, no obstante que a Riendas ya había firmado convenios con la gobernación y la alcaldía de Valledupar para administrar cerca de 800 millones de pesos para sufragar los gastos del montaje de la Feria.

Lo cierto es que entre dimes y diretes, y mutuas acusaciones entre las dos entidades quedó plasmada la rivalidad de dos grupúsculos de poder que más parecían defender intereses políticos y personales que intereses de un mismo gremio al cual ambas entes pertenecen: el agro del Cesar.

Ante semejante espectáculo bochornoso, la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, Fedequinas, rectora del evento, decidió cortar por lo sano y cambiar de sede. Le sobraban ciudades interesadas en realizar la Feria. Una de ellas Cali, ciudad con una cultura empresarial y con una tradición caballista mucho más fuerte que la nuestra, no dudó ni un instante en ofrecer toda su infraestructura y voluntad para sacar la Feria adelante.

Como bien lo reconoció Armando Cuello, director de Riendas, en entrevista concedida a esta casa radial, en El Cesar impera un nefasto canibalismo que ni hace ni deja hacer. Son estas actitudes como ésta de ser “el palo en la rueda”, las que mucho daño hacen a iniciativas de progreso para nuestra región. Infortunadamente, por la mentalidad cerrada de nuestra clase dirigente Valledupar se quedó este 2017 sin Feria Equina.                   

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En nuestra nota editorial de ayer “Retos para Valledupar 2017” nos referimos a los desafíos de la capital para el año que inicia. Corresponde el turno de hacer un ejercicio similar con respecto a la administración departamental.

1. Terminar las obras inconclusas

Sin lugar a equivocarnos, existe consenso entre los cesarenses que el principal reto de la gobernación de Franco Ovalle es terminar este año la serie de obras inconclusas de la administración anterior. En efecto, Ovalle debe honrar el compromiso de continuidad por el cual fue elegido, llevando a feliz término obras de alto impacto para El Cesar como la Universidad Nacional, el estadio de fútbol Armando Maestre, los hospitales de Aguachica y El Copey, el CDT Pesquero, el acueducto de los corregimientos del sur de Valledupar y las vías iniciadas en el marco del Plan Vial Departamental, denominado Vías a Salvo, sólo para mencionar las obras de mayor impacto y mayor preocupación por su poco avance durante este primer año. Se reconoce que el poner al frente de la Secretaría de Infraestructura a Federico Martínez, un joven experimentado y con alta capacidad de gestión es un paso en la dirección correcta.

2. Cuadrar la caja

Es ya un lugar común afirmar que a Franco Ovalle le tocó bailar con la más fea. Ciertamente, a diferencia de sus dos inmediatos antecesores, a Ovalle le correspondió el periodo de vacas flacas en materia de regalías, por la combinación de dos factores: primero, el impacto de la reforma al sistema de regalías que recortó el giro a los entes territoriales empieza a sentirse con mayor fuerza en el periodo del actual gobernador, factor que coincidió con la caída en los precios internacionales del petróleo y el carbón, principal producto de exportación del departamento. La Contraloría General estimó que sólo en el periodo 2015-2016 el Cesar dejó de recibir cerca de $150 mil millones por estos dos factores. Frente a este oscuro panorama financiero, a Ovalle le tocará hacer maromas para poder asegurar los recursos que demanda el ambicioso presupuesto aprobado por la Asamblea para el 2017. En este aspecto está por verse qué tanta capacidad de gestión y de consecución de recursos tiene Ovalle ante el gobierno nacional y de qué le puede servir ser amigo personal del vicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, bautizado por él como “el hombre de la chequera.”

3. Mejorar la salud

En siguiente lugar, otro desafío de gran importancia es garantizar un adecuado funcionamiento de la red hospitalaria del departamento. Sin duda, la deficiente prestación del servicio de salud es una de las quejas de mayor frecuencia en El Cesar: la actual red no da abasto para cubrir la creciente demanda de pacientes. En particular, es preocupante la salud financiera de varias instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios, a quienes las EPS adeudan desde hace mucho tiempo una abultada cartera y cuya viabilidad económica está entredicho, entre ellas el hospital San Andrés de Chiriguaná y el Rosario Pumarejo de López. La administración Ovalle debe velar este año porque se cumplan los compromisos de pago asumidos recientemente por las EPS, bajo el auspicio del ministerio de Salud. En la misma línea, debe esmerarse por reforzar la atención a la primera infancia y a las madres gestantes y mantener a raya los brotes epidemiológicos con un adecuado programa de vacunación, porque, infortunadamente, el Cesar sigue estando en el listado de departamentos con más altas tasas de mortalidad infantil y materna.

4. Oxigenar su equipo y dejar su impronta

Una de las principales críticas a la administración Ovalle durante 2016 es que fue más monsalvista que el propio Monsalvo, al ratificar a más de la mitad del equipo de la anterior administración y poner muy pocas fichas propias. En este sentido, si Ovalle quiere realizar una gestión que transcienda en la historia debe empezar este año por sacudirse de la fuerte marcación hombre a hombre que le tiene el grupo político que lo respaldó para llegar al poder. Es el momento de oxigenar su equipo de gobierno renovando su gabinete con personas idóneas y de su confianza. El 2017 es el año para que Ovalle empiece a dejar su propia impronta, su sello personal en el gobierno departamental. Por supuesto que no se trata de exhortar a Ovalle a que rompa con sus aliados políticos. No es necesario llegar a ese extremo. Se trata, sí, de que el gobernador gobierne sin pedir permisos, ni vistos buenos de sus aliados. De no desmarcarse en 2017, Ovalle corre el riesgo de pasar a la historia del Cesar como un mandatario títere que fue el cuerpo ajeno de otros que eran los verdaderos gobernantes. Si posterga este reto personal que espera El Cesar, cuando despierte será demasiado tarde.

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Terminada la temporada de vacaciones con el pasado puente de Reyes llega el momento de analizar con calma los retos que tienen al frente las administraciones públicas en este año que inicia. Se entiende que el primer año de gobierno es un año de transición en el que la administración entrante empieza a adaptarse a las vicisitudes propias del sector público. Pero pasado el primer año, ya no es válido usar el espejo retrovisor sobre la administración saliente.

En el caso de Valledupar, son varios los desafíos por delante. El primero de ellos es el de mejorar la seguridad ciudadana, aspecto en el cual debe reconocerse se ha tenido un gran avance, por cuanto el año pasado la ciudad redujo su tasa de homicidios a 16 por cada cien mil habitantes, muy por debajo de la media nacional que se ubica en 25,9 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, el lunar de la seguridad de la ciudad sigue siendo los hurtos en todas sus modalidades, desde el atraco callejero para despojar a los transeúntes de sus pertenencias, hasta más sofisticados como el hurto a residencias, locales comerciales y hasta vehículos automotores. Otro lunar es el de las lesiones personales que suelen presentarse por riñas por intolerancia, lo que revela la falta de una política pública fuerte en materia de convivencia ciudadana.

Otro gran desafío es el de garantizar el suministro continuo de agua potable a todos los barrios de Valledupar por parte de Emdupar, empresa sobre la cual la administración de Tuto Uhía debe decirle con claridad a la ciudad cuáles son sus planes reales para la empresa: ¿privatización? ¿tercerización de algunas de sus funciones? ¿mantener su carácter de empresa de economía mixta? Lo importante es que haya transparencia y honestidad sobre los planes para la empresa, porque pareciese que la ola de cuestionamientos a la gestión de la entidad (recuérdese el informe de la auditoría contratada y la evaluación del contralor saliente) y la amenaza de una intervención de la Superintendencia de Servicios estaría orientada no tanto a mejorar la empresa, sino, precisamente a debilitarla para luego justificar la privatización parcial de sus funciones, iniciando por las actividades de facturación y recaudo.

En siguiente lugar está el reto de la movilidad, aspecto que cobró la primera baja de la administración Uhía por la renuncia del entonces secretario de Tránsito Darío Zalabata, quien fue reemplazado por Víctor Arizmendi Arias. Más allá del cambio de figuras los problemas de movilidad persisten y reflejan la ausencia de claridad de la administración frente a temas álgidos como el transporte ilegal, el mototaxismo, las ciclorrutas, los parqueaderos públicos y si se va a implementar o no las fotomultas, como lo hizo el actual secretario en Santa Marta cuando fue titular de esa cartera.

Un desafío de no menos importancia es la preparación de la ciudad para celebrar los 50 años del Festival Vallenato, evento musical que puso a Valledupar en el mapa de la cultura universal. La administración debe trabajar desde ya conjuntamente con la Fundación rectora del evento para anticiparse a las dificultades que implica organizar las bodas de plata del concurso de acordeones. En particular, porque se estima que la afluencia de visitantes este año supere con creces los record históricos de ediciones anteriores, lo que amenaza con colapsar la capacidad de la ciudad para prestar en forma eficiente servicios necesarios como agua, energía, hotelería, seguridad y por supuesto la movilidad.

Se reconoce que la administración Uhía terminó el año anterior con una imagen positiva que ronda el 63%, según la encuesta periódica del Centro Nacional de Consultoría, divulgada por el noticiero CMI. Ese buen guarismo lo ubica en el puesto 16 entre los 33 alcaldes capitales del país. No obstante lo anterior, tanto para el alcalde como para el equipo de su administración, sus seguidores, fanáticos y acólitos, bien les cabe la reflexión de mayor tolerancia a las críticas y a los cuestionamientos. Lo contrario raya en una intolerancia, cercana al fanatismo religioso. No puede ni el alcalde, ni la administración ni sus seguidores graduar de “enemigos” o de “contradictores políticos” a quienes, desde una crítica propositiva, formulan reparos a su gestión pública. Ya la campaña pasó. Si el alcalde reclama el derecho a gobernar, que gobierne, pero que lo haga bien. Los medios de comunicación y la ciudadanía en general debemos velar para señalar los desaciertos de la administración, precisamente para que sean corregidos. Los aciertos también deben ser resaltados y aplaudidos, pero a Tuto Uhía le sobran los comités de aplausos.

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El problema del suministro de agua potable en Valledupar ha sido el talón de Aquiles de las últimas administraciones municipales. Desde la primera administración de Elías Ochoa Daza, a finales de los noventa, ya se empezaba a vislumbrar las serias dificultades que tiene Emdupar para abastecer, en forma continua, a toda la ciudad. Y desde entonces bastantes dolores de cabeza les ha causado a los distintos alcaldes y gerentes de Emdupar.

Son varias las causas que han contribuido a esta situación problemática. En primer lugar, una expansión urbana, a todas luces desordenada y mal planificada, que privilegió la extensión horizontal sobre el crecimiento en altura. Por ello, es fácil observar cómo los límites del casco urbano de la ciudad se han ido corriendo, cada cierto tiempo, para saciar el apetito voraz de constructores cuyos proyectos urbanísticos están ubicados por fuera del perímetro urbano, pero que extrañamente son incluidos, por arte de birlibirloque, en cada reforma del Plan de Ordenamiento Territorial. Por supuesto, extender la red de acueducto a esos nuevos proyectos ha descompensado el sistema concebido inicialmente para una ciudad de cerca de 200.000 habitantes y que hoy se acerca al medio millón.

En segundo lugar, los barrios de invasión representan un gran desafío tanto para Emdupar como para toda la red de servicios públicos domiciliarios. Digámoslos sin rodeos: estos barrios se abastecen de agua potable a partir de conexiones fraudulentas e ilegales y, por supuesto, sin pagarle un peso a Emdupar. Estas fugas de agua también descompensan el sistema.

Lógicamente, no podría estar por fuera de este análisis los problemas internos de Emdupar, siendo el mayor de todos el ya anotado, esto es, contar un sistema, una planta de almacenamiento y tratamiento que se quedó corta para las necesidades actuales de la ciudad y tiene un atraso de más de 20 años. El mayor problema de todos es la poca o nula capacidad de almacenamiento de agua, que, en épocas de lluvias o crecientes, se ve rebosada por la turbiedad del río. Por ello, alguien anotaba con razón que el de Valledupar es un acueducto de verano, pues sólo funciona bien cuando hay poca turbiedad.

Ya los vallenatos nos sabemos de memoria las explicaciones que da Emdupar cuando se suspende el servicio de agua en vastos sectores y barrios de la ciudad. Explicaciones que, en honor a la verdad, son ciertas y fundamentadas técnicamente. No son excusas.

Sin embargo, llama la atención que desde Elías Ochoa hasta la fecha hayan pasado seis alcaldes y una docena de gerentes de Emdupar y nadie le haya puesto el cascabel al gato. Todos los estudios indican que la solución pronta al problema del servicio de agua es la construcción de un reservorio, con capacidad de almacenamiento de 90 mil metros cúbicos y con un costo cercano a los $20.000.000. Por fortuna, esta administración ya presentó el proyecto para estudio y aprobación del Ministerio de Vivienda, ente competente para ello.

Cabrá esperar, pues, que este proyecto salga adelante en esta administración y nos olvidemos de la quimera del embalse de Los Besotes, cuyo costo se acerca al billón de pesos, es decir, cincuenta veces el costo del reservorio. Ojalá esté cerca el día en que los vallenatos se puedan despertar sin la desagradable noticia que al abrir el grifo de la llave no salga agua.

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La creciente demanda de la telefonía celular y la masificación del internet en el país han generado la necesidad de contar con una mayor cobertura, rápida y eficiente, que soporte el aumento constante del tráfico digital.

Para hacernos una idea de cuánto han crecido estos dos servicios (telefonía celular e internet) basta decir que en Colombia hay más teléfonos celulares que personas. En efecto, según un informe del ministerio de Telecomunicaciones, MINTIC, en el 2014 existían más de 53 millones de usuarios de la telefonía móvil, mientras que la población total del país era inferior a los 48 millones. De esos 53 millones de usuarios, 14.4 millones poseen smartphones o teléfonos inteligentes, los cuales, además de permitir llamadas, brindan un completo paquete de aplicaciones tecnológicas y datos digitales. Esa cifra ubica a Colombia como el tercer país en la región en cantidad de usuarios de teléfonos inteligentes, sólo superado por Brasil y México.

Sin embargo, según el ministerio del ramo una de las fallas en el país en la calidad y cobertura del servicio de telefonía celular es la falta de antenas que permitan precisamente garantizar la sostenibilidad de la llamada conectividad digital. Por ello, el gobierno nacional ha emprendido una agresiva política para remover los obstáculos que impiden aumentar la cobertura del servicio, entre ellos, las normas contenidas en los planes de ordenamiento territorial de los más de 1.100 municipios del país.

En esta línea de acción, la Agencia Nacional del Espectro, ANE, reguló la materia y expidió una serie de normas que permiten, palabras más, palabras menos, la instalación de antenas que no requieren licencia de autorización de uso del suelo, principalmente en lugares públicos, especialmente de microantenas y las llamadas “pico-celdas”, ambos tipos con altura inferior a la altura media de los techos en muros, postes, vallas publicitarias y paraderos de bus.

No obstante, dentro del imaginario colectivo del país existe la arraigada creencia que las antenas celulares son dañinas para la salud y causan cáncer, razón por la cual varias comunidades se oponen a la instalación de dichos artefactos en zonas residenciales. Son numerosas las acciones de tutela interpuestas a lo largo y ancho del país por este motivo, así como las protestas sociales que han suscitado en varias ciudades.

De acuerdo con estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, más que la antena en sí misma considerada, lo que debe ser objeto de control es la potencia de la señal que por ella se transmite. Así, a mayor potencia, mayor riesgo para la salud. Precisamente por ello, la regulación de la ANE favorece la instalación de antenas de baja potencia que tienen menor riesgo de afectar la salud y para lo cual, se reitera, no se requiere un trámite tan dispendioso como el de la instalación de grandes torres de alta potencia.

Dentro del contexto anterior podría entenderse mejor las últimas autorizaciones para instalar antenas otorgadas por la oficina de Planeación Municipal de la alcaldía de Valledupar. Empero, el grave error que ha cometido dicha dependencia con Aníbal Quiroz, su jefe, a la cabeza, ha sido la de una errada socialización de dichos proyectos. El caso del barrio Altagracia es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer: empezar a instalar la antena sin haber antes socializado el tema con los vecinos del lugar. Es inaudito que Planeación Municipal haya procedido de esta manera cuando es un barrio que queda exactamente detrás de la alcaldía municipal y todos sus vecinos son conocidos. Para justificar una supuesta socialización, Planeación Municipal hizo firmar un certificado de la junta de acción comunal de la Comuna Uno, cuando era mucho más cercano dialogar con los vecinos por donde diariamente ingresa a la alcaldía.

Por fortuna, enhorabuena, el alcalde Ramírez suspendió la obra de instalación de la antena y convocó a los vecinos a una reunión a la alcaldía para socializar el tema.

El de Altagracia no es el único caso. En el barrio Don Carmelo también existe un problema similar y, para sorpresa de la ciudad, en el emblemático cerro de Cicolac también se construye una antena autorizada por la alcaldía. En este último caso creemos que se equivoca la administración al autorizar la instalación de la antena allí, por simple estética paisajística. El llamado cerro de Cicolac es uno de los atractivos naturales de la ciudad que en primavera se torna del tradicional amarillo, al florecer los puis y cañaguates que lo cubren. Gracias a Planeación Municipal ese bellísimo paisaje será invadido por unas poco estéticas antenas celulares. 

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En reiteradas ocasiones se ha enfatizado la importancia del Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar como uno de los proyectos fundamentales para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Solo basta señalar que el ente creado para la administración del sistema –la sociedad por acciones simplificada SIVA S.A.S.– tiene presupuestado manejar autónomamente cerca de 260 mil millones de pesos sólo para la primera fase de la implementación del sistema. Esta cifra equivale a casi la mitad del presupuesto total del municipio de Valledupar. Por ello, sin duda alguna, la gerencia del SIVA es, después del gobernador y del alcalde, el cargo público de mayor importancia en la región.

Con el regreso de Katrizza Morelli a la gerencia, las administraciones departamental y municipal quieren enviar un mensaje de unidad y solidez para la administración del sistema, superando así las costosas disputas que caracterizaron los periodos anteriores por el divorcio institucional entre los gobernadores y alcaldes de turno.

Sin embargo, más allá de la persona designada, –una profesional que cuenta con la experiencia de haber sido la primera gerente del sistema y que conoce a fondo sus potencialidades y dificultades–, el principal problema del SIVA radica en su sostenibilidad financiera. Ciertamente, esto no es sólo un problema de Valledupar, sino de todos los sistemas de transporte masivos de las grandes y medianas ciudades.

En efecto, en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira la demanda real de pasajeros ha estado por debajo del llamado punto de equilibrio del sistema, lo que ha generado grandes déficit operacionales e, incluso, la quiebra de la empresa Corbus S.A.S. que operaba la fase III de Transmilenio.

Precisamente, el editorial del diario El País de Cali de ayer recordaba los líos financieros del denominado MIO, al señalar que “el gran problema hoy está en las dificultades para crecer el número de pasajeros, estacionado en cifras que no superan los 500.000 usuarios por día.”

En pocas palabras, los estudios de demanda estimada de pasajeros que sustentaron la viabilidad financiera de los sistemas de transporte masivo tuvieron un gran desfase con la demanda real, por múltiples factores, entre los cuales se destacan, la propia debilidad de los estudios, el no control del transporte ilegal y el uso generalizado del mototaxismo como alternativa de transporte.

Si esto ya ha sucedido en ciudades que llevan varios años operando sistemas estratégicos de transporte masivo como Bogotá, Cali o Barranquilla, ¿qué podría esperarse de Valledupar donde aún no ha iniciado la operación del sistema?

No es esto una invitación al pesimismo. Todo lo contrario. Se trata de que Valledupar aprenda de los errores cometidos por otras ciudades para no incurrir aquí en las mismas fallas. En este sentido, la primera pregunta que cabe hacerle a la entrante gerente Morelli es ¿dónde está el estudio de sostenibilidad del sistema? ¿quién lo hizo? ¿qué escenarios contempla? ¿está actualizado?

Ese es, a nuestro juicio, el talón de Aquiles del SIVA que debe ser resuelto cuanto antes para asegurar la viabilidad del sistema, para no cometer un error muy generalizado en El Cesar, que empezamos a hacer las obras sin antes determinar si lo que se construye será sostenible en el tiempo. La cacareada sede de la Universidad Nacional es prueba de ello. Lleva invertida más de 60 mil millones de pesos, pero no se ha asegurado del gobierno nacional los recursos para el primer año de funcionamiento.

Bajo esta perspectiva, el tema de las obras que ha emprendido el SIVA en la ciudad (avenida Simón Bolívar, avenida 44, canal de Panamá, humedales, entre otras) terminan siendo de menor importancia. Obras necesarias sí para mejorar la movilidad de la ciudad pero que no resuelven el problema de fondo del SIVA. Esperamos que así lo entienda la nueva gerente.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 16 millones de adolescentes entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año. Un millón de muchachas menores de 15 se unen a esta estadística, la mayoría de ellas pertenecen a países en vías de desarrollo.

Por su parte, en Colombia, según Bienestar Familiar, se registran cada año en promedio 149 mil embarazos en adolescentes, que termina en 408 nacimientos por día, hijos de padres cuyas edades están entre los 10 y los 19 años. De acuerdo con el Observatorio del Bienestar de la Niñez, en 2014, los departamentos con mayor tasa de nacimientos por cada 10.000 niñas y adolescentes eran, en su orden, Huila, Sucre, Magdalena, Cesar, Casanare y Caquetá.

En el caso del Cesar es preocupante la situación de los municipios del llamado eje minero, por cuanto cuatro de ellos figuran en los primeros veinte lugares del listado de 204 municipios con mayor incidencia para madres entre los 15 y 19 años de edad. En efecto, La Jagua de Ibiríco ocupa el segundo lugar a nivel nacional, Chiriguaná está de sexto, San Diego de séptimo, Becerril el decimocuarto puesto y El Paso, la decimoséptima posición.

En cuanto a los embarazos en menores entre los 10 y 14 años, los municipios de Curumaní, EL Paso y Becerril ocupan, respectivamente, los puestos 20, 21 y 22 en el listado de 175 municipios con mayor incidencia en este rango de edad. ¡Una verdadera vergüenza!

La crudeza de las estadísticas refuerza la idea de que el embarazo en adolescentes es un serio problema de salud pública que no solamente tiene consecuencias negativas para la madre y el niño, sino que constituye en, el fondo, el inicio del llamado círculo de perpetuación de la pobreza.

En efecto, estudios realizados tanto por Bienestar Familiar como por la ONG Profamilia apuntan en la misma dirección: el embarazo en adolescente suele presentarse en los estratos más pobres y vulnerables de la población, las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de abandonar sus estudios, y, por ende, una menor probabilidad de conseguir un empleo bien remunerado. Para colmo de males, las adolescentes que ya son madres tienen mayor riesgo de volver a quedar embarazadas. Asimismo, los bebés de madres adolescentes tiene un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. En pocas palabras, cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé.

Adicionalmente, en el caso de embarazo en menores de 14 años se está ante la comisión de varios delitos (acceso carnal violento y/o acto abusivo con menor de catorce años, artículos 208 y 209 de Código Penal) ante la mirada indiferente de la sociedad y de su núcleo familiar.

Frente a este complejo panorama se requiere mucho más que una simple Semana de Prevención del embarazo adolescente, iniciativa ésta promovida por el Ministerio de Salud y las autoridades locales. Como suele suceder, este tipo de iniciativas preventivas terminan siendo flor de un día, por cuanto no hay una política pública de largo aliento y sostenible en el tiempo para combatir el problema.

A propósito del tema, cabe preguntar cuándo definirán quién será el nuevo titular de la dirección regional de Bienestar Familiar, vacante desde hace varios meses. Quien ejerza el cargo tiene un mundo de problemas esperando por resolver. El embarazo precoz es uno de los más graves de todos.

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Con la designación de la abogada María Mercedes López por parte del presidente Santos quedó conformada la terna de aspirantes a suceder a Alejandro Ordoñez Maldonado en la Procuraduría General de la Nación.

Las otras entidades, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, ya habían escogidos sus candidatos: el exministro de Justicia Fernando Carrillo Flórez y el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

Sin duda alguna, el más polémico de los tres candidatos es el abogado externadista Jorge Perdomo, quien tras su fugaz paso como Fiscal General encargado dio muestras de lo que se podría convertir el ministerio público en caso de ser elegido por el Senado. En efecto, con él, la Procuraduría corre el riesgo de pasar al otro extremo del péndulo ideológico: de la marcadas posiciones de derecha de Alejandro Ordoñez (censor de la libertad sexual, de los derechos reproductivos, opositor del matrimonio homosexual y de los grupos LGTBI), se pasaría al relajamiento moral de la institución, bajo una mal entendida ideología libertaria. Bien enseña la historia que los extremos son nocivos y tanto Ordoñez como Perdomo, son extremistas y perseguidores de sus opositores.

Como bien lo documentó la columnista de El Tiempo, María Isabel Rueda, en tan solo cuatro meses que estuvo de Fiscal encargado, Perdomo “hizo 816 nombramientos provisionales en cargos que devengan desde 5 millones hasta 25 millones de pesos. Y suscribió 105 contratos, por valor de 19.149’959.482 de pesos, con objetos bastante indeterminados”.

Esa ligereza no sólo se vio en materia contractual, también fue débil, como su mentor Eduardo Montealegre, en el tratamiento de espinosos casos emblemáticos de corrupción, entre los cuales ocupan lugares destacados el desfalco de Saludcoop y la multimillonaria estafa de Interbolsa; esta última en la que paradójicamente la Fiscalía ofreció un cuestionado principio de oportunidad a los cerebros de la firma Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, que, por fortuna, el nuevo Fiscal Néstor Humberto Martínez revocó.

Las otras dos opciones son menos problemáticas aunque tienen en común su cercanía con el gobierno Santos. En efecto, el abogado javeriano Fernando Carrillo fue primero director de la Agencia Jurídica para la Defensa de la Nación, luego ministro del Interior y finalmente embajador de Colombia en España, todos estos cargos bajo la era Santos. Por su parte, María Mercedes López, de origen conservador, fue presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y también es cercana a Santos.

Así las cosas, el Senado debe ponderar muy bien las virtudes y defectos de cada uno de los ternados, y elegir a quien tenga la estatura moral que le devuelva algo de la dignidad institucional que perdió la Procuraduría bajo la gestión de ocho años de Ordoñez. 

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Una alegría colectiva invade al pueblo colombiano por la decorosa y exitosa participación de nuestros deportistas en las Olimpiadas de Rio que acaban de finalizar.

No es para menos. Lo conseguido en Rio supera, con creces, la actuación del país en los juegos olímpicos de Londres, hace cuatro años y se constituye en la más gloriosa figuración en toda su historia. En Londres, cabe recordar, Colombia ocupó la posición 38 a nivel mundial y la cuarta a nivel latinoamericano, al obtener ocho medallas en total: una de oro –Mariana Pajón–, tres de plata y cuatro de bronces, uno de esos bronces con el taekwondoga cesarense Óscar Muñoz.

En Rio, coincidencialmente Colombia obtiene nuevamente un total de ocho medallas, pero con distinta distribución: tres de oro, dos de plata y tres de bronce. Además de las medallas, nuestros atletas obtuvieron 19 diplomas olímpicos. En el medallero final, nuestro país escala 15 posiciones con relación a Londres y termina en el puesto 23 a nivel mundial, y, de paso, se consolida como el cuarto mejor latinoamericano, sólo superado por Brasil (puesto 13), Jamaica (puesto 16) y Cuba (puesto 18).

Detrás de esta hazaña hay toda una estrategia que completa ya dos décadas, la cual parte de la adopción en el gobierno de Uribe de una política pública para aumentar la inversión en el deporte y desarrollar programas tutelares para descubrir talentos y formar nuevos deportistas. En efecto, en cuanto a lo primero (inversión), la destinación específica del impuesto a la telefonía celular permitió incrementar los recursos disponibles tanto para la infraestructura deportiva como para la formación de atletas. Asimismo, la implementación de programas como Deportista Apoyado y Súperate contribuyeron a, de una parte, preparar a los deportistas de alto rendimiento, y de otra, detectar el semillero de talentos en las regiones.

Este esfuerzo conjunto implicó la articulación de distintas entidades del orden nacional, con Coldeportes a la cabeza, y del orden territorial, como las federaciones, las ligas y los clubes. Es una muestra que el trabajo articulado de distintos entes, con la adecuada inversión de recursos, da buenos resultados.

Sin embargo, lo logrado en Rio no debe cegarnos frente al hecho que aún hay muchos aspectos por mejorar. En primer lugar, Londres y Rio nos enseñan que Colombia parece haberse especializado en los deportes individuales pues, sin excepción, todas las medallas obtenidas pertenecen a este tipo de disciplinas, mientras que en los deportes de equipo se obtienen resultados mediocres. Adicionalmente, no sólo el estado debe apostarle a nuestros deportistas. Falta también mucha mayor inversión del sector privado que tradicionalmente le ha apostado sólo a deportes con impacto mediático como el fútbol y el ciclismo de ruta, pero que no suele invertir en otras disciplinas.

Si queremos seguir cosechando éxitos y superar en Tokio lo logrado en Rio, desde ya el país debe redoblar el esfuerzo.

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