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Editorial (446)

Desde hace varios años el hurto de ganado vacuno o especies menores ha venido incrementándose como fenómeno delincuencial a lo largo y ancho del departamento del Cesar. A través de esta tribuna hemos informado no sólo los casos puntuales de abigeato, sino también cómo operan estas redes en diferentes municipios del Cesar y La Guajira, las cuales terminan surtiendo un rentable negocio de comercialización ilegal de carne.

Además del abigeato, el diferencial cambiario entre la moneda colombiana y la venezolana ha creado un poderoso incentivo que ha disparado el contrabando de ganado venezolano a nuestro país, contrabando que no solamente significa una competencia desleal para nuestros productores, sino que constituye una seria amenaza a la salud de nuestro hato ganadero y equino, por el alto riesgo de contagio de enfermedades que en nuestro medio estaban erradicadas pero que en Venezuela no, como es el caso de la aftosa. Otro ejemplo de ello son los brotes de encefalitis equina venezolana que se han registrado en municipios como Codazzi, Valledupar, Bosconia, Becerril y El Copey, en El Cesar, y en Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar en La Guajira.

En este orden, abigeato y contrabando son las dos fuentes de las cuales se abastece el comercio ilegal de carne en nuestra región. Dicho comercio representa un gravísimo peligro para la salud pública, por la falta de cumplimiento de las normas sanitarias en la manipulación de un alimento de consumo masivo. Los expendios ilegales de carne no cumplen con la cadena de frío necesaria para el transporte y distribución de este producto, no cumplen con las condiciones de higiene en su manipulación, y, en general, no tienen el más mínimo cuidado sanitario con la carne hurtada o de contrabando.

Por todo ello, es menester valorar el esfuerzo de las autoridades locales para romperle el espinazo al comercio ilegal de carne en toda su cadena: desde el hurto de semovientes o el contrabando según sea el caso, pasando por los sitios clandestinos de sacrificio de ganado, los mal llamados distribuidores mayoristas hasta llegar a los minoristas que venden carne de dudosa procedencia al público en general.

Por supuesto que debe ser una acción coordinada e integral entre autoridades sanitarias y fuerza pública. El Ejército y la Policía deben dejar ya de estar tirándose la pelota los unos a los otros sobre este tema y actuar al unísono y en forma armónica.

Bienvenida, pues, las nuevas acciones de la Secretaría de Salud de Valledupar para frenar el comercio ilegal de carne, entre ellas, la medida de obligar a los expendedores de carne de la ciudad a estar inscritos en el registro sanitario de establecimientos dedicados a esta actividad. Es un paso en la dirección correcta que debe estar acompañado de los correspondientes controles e inspecciones periódicas a los sitios donde se sacrifica, transporta, distribuye y comercializa todo tipo de carne. Frente a este problema no se puede bajar la guardia.

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Como si fuese una información más en un comunicado de prensa, ayer el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez Neira, informó al país que la “campaña Santos Presidente 2014” habría recibido la suma de un millón de dólares provenientes de la firma constructora brasilera Odebrecht, firma cuestionada por haber desplegado un esquema internacional de corrupción para ganarse multimillonarios contratos de infraestructura en varios países, a base de sobornos a funcionarios públicos.

Como era de esperarse, la revelación del Fiscal causó un fuerte sismo en el país político, cuyas réplicas aun se sienten y cuyas consecuencias y efectos aún no se alcanzan a vislumbrar en su totalidad. Se trata ni más ni menos que la posibilidad de que dinero ilegal, producto además de la cuestionada adjudicación a dedo de la vía Ocaña-Gamarra, haya ingresado a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón y Germán Vargas Lleras.

Desde el famoso proceso 8000 que aún le pesa en las espaldas al expresidente Ernesto Samper, el país no había tenido noticia de la filtración de dinero ilegal a una campaña de un presidente electo. Por ello, la comparación del caso actual con el 8000 de Samper resulta obvia y obligada.

A pesar de que lo revelado por el Fiscal aún es materia de investigación y no hay conclusiones definitivas, ha causado un enorme daño en la ya maltrecha imagen presidencial, porque precisamente el presidente Santos para defenderse de los ataques de la oposición uribista se ha jactado de que, a diferencia de Uribe, en su gobierno no hay corrupción. Este escándalo iguala por lo bajo a ambas administraciones y pone al gobierno a dar explicaciones sobre un hecho de suma gravedad. Adicionalmente golpea el aurea de incorruptibilidad que Santos tanto pregonaba. Y duele aún más porque el golpe no viene de la oposición uribista, sino del Fiscal Nestor Humberto Martinez, que fue superministro de Santos y su amigo personal.

Líderes de distintos sectores políticos como Claudia López del partido Verde, Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y voceros del uribismo han coincidido en señalar que, de comprobarse el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial, Santos debería renunciar a la presidencia, verbo de difícil conjugación en el país.

De otra parte, el vicepresidente Germán Vargas Lleras rápidamente tomó distancia del gobierno a través de un comunicado en el que expresó que en dicha campaña presidencial no tuvo ningún manejo ni intervención en la dirección o en el manejo de las finanzas de la campaña. Y agrega que “caiga quien caiga, las investigaciones deben llegar hasta esclarecer con precisión quiénes, cuándo y cómo, incurrieron en actos de corrupción”. Entendible la posición de Vargas Lleras, quien no quiere verse salpicado en ese escándalo que le puede arruinar su cantada aspiración presidencial. Pero no le va a ser fácil zafarse de sus secuelas, porque aún, aceptando que no tuvo injerencia en la campaña, es claro que es un beneficiario de la financiación recibida por ella: legal e ilegal.

Así las cosas, es necesario mantener prudencia frente a esta investigación que apenas comienza para no tomar decisiones precipitadas ni realizar prejuzgamientos injustos. No obstante, el gobierno Santos debe esforzarse en convencer tanto a las autoridades como a la opinión que ni en la campaña ni en su gestión las prácticas corruptas han hecho de las suyas.    

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La sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar del pasado 28 de enero, mediante la cual se condenó al municipio de Valledupar y al departamento del Cesar a pagar una multimillonaria suma a un particular, sienta un grave precedente en materia de invasiones de predios en la ciudad. Es, en pocas palabras, la crónica de una condena anunciada por la reiterada omisión de las autoridades locales en ponerle freno a la proliferación de los barrios de invasión.

Los hechos que dieron lugar a esta condena que supera los 56 mil millones de pesos se remontan a la administración Luis Fabián Fernández Maestre, en cuya mandato se inició la invasión Tierra Prometida por unas cuantas personas que en ese entonces no llegaban a la centena. A pesar de las reiteradas solicitudes de desalojo del propietario, los invasores se las ingeniaron a través de cuestionables acciones de tutela y otras argucias jurídicas para suspender los procedimientos de desalojo, todo ello ante la mirada cómplice del alcalde Fernández Maestre y del personero de la época Nicomedes Vásquez.

Así, lo que era un problema solucionable a través de una acción policiva, se salió de madre y la invasión creció exponencialmente hasta convertirse en una verdadera bomba social: de menos de cien personas en su etapa inicial rápidamente pasó a albergar a más de 800 familias y cerca de tres mil personas que hoy la habitan. Los invasores iniciales pasaron de tener pequeños cambuches de cartón, plástico y madera a casas en ladrillo y concreto, algunas con grandes comodidades como aire acondicionado, internet y cable operador. En estas condiciones es sumamente difícil desalojar a los actuales habitantes, razón por la cual la justicia consideró que la solución más viable a semejante problema era proceder a indemnizar al propietario del predio con la cuantía antes anotada.

Este caso judicial vuelve a poner en tela de juicio las fallidas políticas de las autoridades locales en materia de respeto de la propiedad privada en Valledupar, ciudad donde han proliferado, sin control alguno, los barrios de invasión, muchas veces por física omisión de las autoridades y otras por soterrado apoyo de las mismas por mezquinos fines politiqueros.

El problema es que, además de la de Tierra Prometida, cursan en contra del municipio varias demandas similares por otras invasiones, como Emanuel, Brisas de la Popa, Altos de Pimienta, Guasimales y Bello Horizonte, entre otras. Si en todas ellas es condenado el municipio con cifras similares, se vería seriamente afectada la salud financiera de la ciudad.

Pero más allá de las consideraciones jurídicas y financieras, el problema de fondo es que la ciudad no puede seguir creciendo a punta de invasiones que perturban las reglas mínimas de planeación urbanística y plantean un enorme desafío en materia de extensión de la red de servicios públicos a tales comunidades. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia las invasiones de predios “no pueden generar derechos, ni expectativas legítimas”.

Detrás de las invasiones, se esconde un negocio ilegal de mafias articuladas expertas en invadir predios, parcelarlos ficticiamente y revenderlos a segundos ocupantes. Estas mafias operan con la complicidad de autoridades y de políticos inescrupulosos que luego explotan las necesidades de los ocupantes con la promesa de legalización de los predios.

No puede olvidarse que dentro de este contexto es que la Fiscalía General de la Nación le imputó al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco los delitos de corrupción al sufragante y favorecimiento de invasiones por haber firmado un documento en el cual se comprometía a no desalojar a los habitantes de la invasión Tierra Prometida. Y el alcalde actual Augusto Ramírez Uhía tampoco está a salvo: a falta de uno, Uhía firmó dos compromisos políticos: uno con los habitantes de Tierra Prometida y otros con los habitantes de la invasión del mayor Alberto Pimienta Cotes. 

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Sin lugar a dudas, el concierto de Silvestre Dangond en las inmediaciones de la urbanización Nando Marín deja un balance positivo por donde se le mire. Positivo para el artista, quien ratifica que su capacidad de convocatoria está intacta a pesar de las críticas que ha recibido su más reciente producción discográfica Gente Valiente.

Positivo para las autoridades policiales y administrativas por la seguridad brindada y por la impecable organización del evento, en el cual, contrario a los augurios de las aves de mal agüero, no se presentó el menor incidente, ni hubo desórdenes, ni desmanes que lamentar.

Y también fue positivo para la ciudad porque se creó la oportunidad para que un escenario público y completamente gratis se encontraran 40.000 personas a disfrutar sanamente de un espectáculo musical de talla internacional. Como lo sostuvimos en una nota editorial previa “Inclusión: del discurso a la acción”, este fue un espacio donde confluyeron todos los sectores de la ciudad en igualdad de condiciones.

Naturalmente, el concierto creó varias oportunidades temporales de trabajo para los vallenatos: el gremio de taxistas y transportadores que hizo su agosto antes, durante y después del show, los vendedores de comidas y bebidas apostados en las afueras del evento, los hoteles y los negocios de restaurantes y estaderos, por solo nombrar los más visibles.

Sin embargo, cabe insistir en la obvia recomendación de que lo logrado en esta ocasión no puede quedar relegado a ser flor de un día, esto es, a brindar alivio temporal a una comunidad deprimida de la ciudad. Por el contrario, debe ser el punto de partida y no el de llegada de una política pública de permanente inclusión social. En este sentido, se espera que la actual administración municipal llegue no solo a Nando Marín y su área de influencia, sino a todos las comunidades marginadas de Valledupar con una seria oferta institucional para las poblaciones vulnerables. Se requieren brigadas de salud, atención preferencial a madres gestantes, primera infancia y adultos mayores. Oportunidades de empleo y de educación, mejores vías de acceso, entre otros puntos. En fin, se requiere llevarles el Estado social de derecho para que estas comunidades en realidad –y no en el discurso– hagan parte integral de nuestra sociedad.

De lo contrario, lo logrado en Nando Marín el pasado sábado 4 de febrero quedará como una “bonita” muestra de la máxima romana de pan y circo para tener alienado al pueblo. Valledupar requiere menos conciertos gratuitos y más Estado. En otras palabras, enseñar a pescar y no dar el pescado.

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Mucho suele ponderarse la importancia de que las ciudades modernas sean incluyentes, es decir, que integren y valoren dentro de la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, condición socioeconómica o ubicación geográfica.

La inclusión social no es un concepto abstracto. Por el contrario, se materializa en nuestra vida cotidiana tanto en la forma como el Estado trata a sus ciudadanos como también en la forma como los ciudadanos se tratan entre sí, en particular, a aquellos en situación de debilidad o vulnerabilidad.

En este sentido, han sorprendido las reacciones negativas que han expresado varios ciudadanos a la decisión del cantante Silvestre Dangond y del alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía de realizar el concierto de lanzamiento de la más reciente producción musical del artista en un lote adyacente a la urbanización Nando Marín de Valledupar, el próximo 4 de febrero.

Increíble que algunos seguidores del artista descalifiquen el sitio escogido con argumentos tan abyectos y falsos como que es una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Lo que se ha visto en las redes sociales ha sido un matoneo espontáneo de memes y chistes de mal gusto en contra de una de las comunidades más vulnerables de la ciudad estigmatizando a sus habitantes como delincuentes y forajidos cuando en realidad no lo son. Criminales hay en todas partes y estratos: solo basta recordar al confeso asesino Rafael Noguera, ciudadano con todos los privilegios sociales, capaz de cometer la peor atrocidad.

Desde esta tribuna rechazamos categóricamente esta errónea estigmatización y discriminación de la comunidad de Nando Marín como de cualquier comunidad de la ciudad.

Enhorabuena el alcalde y Silvestre decidieron no sólo realizar el concierto allí, sino hacerlo totalmente gratis, precisamente para que una comunidad que en otras condiciones no podría asistir a los eventos del artista, pueda hacerlo en esta ocasión. La seguridad está garantizada y no hay nada que temer para asistir al lanzamiento de “Gente Valiente”. Todos estamos invitados y hay espacio para cerca de 50 mil asistentes. Precisamente, la valentía a que se refiere esta producción musical no hace referencia a actitudes hostiles y de matoneo. Valentía es reconocer que el prójimo tiene la misma valía que uno, sin importar su color de piel, su condición social, su orientación sexual, su ideología política o su credo religioso.

Se insiste, si Valledupar quiere ser una ciudad moderna e incluyente, tiene que empezar por derribar prejuicios atávicos y arribistas que consideran equívocamente que unos ciudadanos tienen mejores y más derechos que otros. En esta ciudad habitamos todos y en ella tenemos que caber, sin discriminación alguna, todas sus comunidades y barrios. ¡No más discriminaciones espurias y mezquinas!

El próximo 4 de febrero es otra oportunidad para que los habitantes de Valledupar demos ejemplo de civismo, de civilidad, de inclusión y de armonía. Para que todos podamos compartir sanamente un espacio de entretenimiento: pobres y ricos, los del norte y los del sur, blancos, negros, mestizos e indígenas, todos amantes de la música e hijos de una misma ciudad.

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El escándalo internacional de corrupción de la firma brasilera ha agitado las aguas que parecían tranquilas en este comienzo de año. Fue gracias a la investigación de la justicia de Estados Unidos que Colombia y varios países latinoamericanos conocieron la magnitud de la estrategia sistemática de la empresa Odebrecht de ganar multimillonarios contratos de infraestructura en tales países, a punta de sobornar funcionarios públicos encargados de adjudicarlos.

Si la justicia americana no hubiese realizado tal investigación, en la cual ya Odebrecht aceptó los cargos y fue multada con 2.600 millones de dólares, tal vez nunca se habría puesto al descubierto lo sucedido en Colombia. En este sentido, debe reconocerse que fueron las autoridades americanas quiénes le hicieron la tarea a sus homólogos colombianos. Según la investigación estadounidense, Odebrecht realizó pagos de sobornos a altos funcionarios del gobierno nacional por valor cercano a 11 millones de dólares para asegurar contratos de obras públicas durante el periodo comprendido entre 2009 y 2014. Dicho periodo cobija tanto al último mandato del presidente Álvaro Uribe como al primero de Juan Manuel Santos.

Y estos dos mandatarios y sus seguidores se han tranzado en una pugna en los medios y por redes sociales argumentando que el contrario fue más corrupto que el otro. Una verdadera vergüenza. Por el primer caso ya fue capturado el ex viceministro de Transporte del gobierno Uribe, Gabriel García Morales, quien ya aceptó haber recibido 6.5 millones de dólares por lograr para Odebrecth la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, descartando a los demás licitantes.

Pero el gobierno Santos no está inmune. También se investiga una generosa adición al mencionado contrato de la variante vial Ocaña-Gamarra, la cual fue entregada al mismo contratista, sin licitación, por la desproporcionada suma de 900.000 mil millones de pesos. Dicha adición fue hecha con la autorización de la ministra de Transporte Cecilia Álvarez-Correa y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade. Por esta adición, Odebrecht ya declaró en Estados Unidos haber pagado un soborno de 4.6 millones de dólares.

Por este último caso resultaron mencionados varios congresistas, entre ellos Ape Cuello por el Cesar, quien ayer desmintió tener algo que ver en este enredo. Y habrá que creerle mientras no exista prueba en contrario.

Sin embargo, el caso de Odebrecth pone en evidencia cómo los grandes proyectos de infraestructura vial se hacen en contra de los intereses de los colombianos en general, y de los usuarios de las vías en particular. En el caso de la variante Ocaña-Gamarra se le permitió al contratista no sólo ganarse la obra sin licitación, sino algo peor: en condiciones excesivamente generosas incluyendo, entre otras, creación de nuevos peajes no contemplados inicialmente y aumento de la tarifa de los peajes preexistentes hasta en un 15%.

Si lo de Odebrecht escandaliza, lo de la APP Cesar-Guajira es para sentarse a llorar. En efecto, a pesar de la corrupción encontrada en la Ruta del Sol Tramo 2 y su variante Ocaña-Gamarra, se trata de la construcción de kilómetros nuevos de vía en doble calzada. En el caso de la APP Cesar-Guajira se adjudicó a un solo oferente (la firma Cóndor S.A.) el mantenimiento de 350 kilómetros de vías, de los cuales 336.1 kilómetros son para rehabilitación y sólo 8.6 kilómetros corresponden a construcción de nueva vía. Aquí cabe la obvia pregunta de porqué la mayor parte de la obra, concretamente el 95.9%, contempla reparación de vía existente y sólo un 2.4% corresponde a construcción de vía nueva. Para sufragar los gastos de esta obra, el gobierno autorizó la instalación de ocho peajes, los cuales ya entraron en funcionamiento a pesar de que no se ha intervenido un solo kilómetro de la vía.  

La APP Cesar – Guajira le fue “vendida” a ambos departamentos como la gran solución a su atraso vial cuando en realidad no lo es. Cabe recordar que fue adjudicada bajo el auspicio del vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras y con el consentimiento silencioso de los congresistas cesarenses y guajiros quienes, por lo menos, no se opusieron públicamente a la obra. Aquí también bien vale la pena investigar si hubo corrupción en la adjudicación de una obra tan generosa para el contratista y tan lesiva para los usuarios de las vías quienes deberán pagar peaje cada 40 kilómetros.

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No hay peor ciego que el que no quiere ver. Este popular refrán le cae como anillo al dedo a los protagonistas de la larga novela de la elección del contralor de Valledupar Álvaro Luis Castilla Fragozo, cuya designación fue anulada por el Consejo de Estado mediante sentencia de última instancia proferida el 15 de diciembre de 2016.

Frente a esa sentencia el contralor Castilla ha intentando varias maniobras para evitar lo inevitable: su separación del cargo. En primer lugar, presentó una solicitud de aclaración de la sentencia, la cual aún se encuentran en trámite para ser resuelta. Adicionalmente presentó una demanda de nulidad contra la sentencia ante el propio Consejo de Estado, demanda que apenas inicia su estudio.

Simultáneamente a los dos recursos legales, extrañamente el contralor pidió al Concejo de Valledupar una licencia no remunerada de varios días para ausentarse del cargo, a pesar de que ya conocía de la sentencia en su contra. Y, como si fuera poco, recientemente presentó su carta de renuncia irrevocable ante el alcalde de Valledupar, argumentando que como el fallo del Consejo de Estado no está en firme él es aún el contralor en ejercicio.

Más allá de la controversia jurídica sobre si el fallo del Consejo de Estado tiene firmeza o no (y creemos que sí la tiene pues no admite recurso en su contra por ser de última instancia), lo que se esconde detrás de esta carta de renuncia es otra argucia orientada a hacer incurrir en error al alcalde, para que se declare la vacancia absoluta del cargo, con la expectativa de que se convoque otro concurso de méritos.

Sin embargo, la sentencia en mención es absolutamente clara cuando señala que “Así, como el proceso de elección del Contralor del Municipio de Valledupar se fijó bajo el esquema de concurso que orienta su designación a los resultados finales, necesariamente, la elección debió recaer en el participante mejor puntuado, en cuyo caso, para este proceso, según las pruebas que obran en el expediente, y atendiendo al orden informado en la sesión donde se dictó el acto de elección aquí acusado, correspondía elegir al señor OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRÁS”

Más claro no canta un gallo. Y mal hace el contralor saliente y el concejo de Valledupar en dilatar más esta decisión. El alcalde debe de abstenerse de pronunciarse sobre esta renuncia para evitar verse involucrado en un fraude a resolución judicial. Por el contrario, el alcalde muy bien podría convocar a extras al concejo para que procedan a darle cumplimiento al fallo y elegir a Contreras Socarrás, por haber ocupado el primer lugar en el concurso de méritos. Ponerle trabas a esta decisión, dilatarla más sin necesidad, sólo demostraría la falta de grandeza política tanto de la administración como del concejo para aceptar un resultado adverso. Los concejales de Valledupar se salvaron por un pelo de una destitución fulminante de la Procuraduría por este mismo caso. No es conveniente tentar tanto a la suerte.

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Es inmensa la expectativa que existe a nivel nacional por la realización del Festival Vallenato, certamen que llega a sus bodas de plata y que tiene el atractivo adicional de tener una edición especial: el concurso Rey de Reyes en la categoría Profesional, en la cual sólo podrán participar ganadores de años anteriores.

Sin embargo, a pesar de la expectativa sobre el evento, es muy poca la información que ha divulgado la entidad rectora del certamen, a pesar de que el Festival está a la vuelta de la esquina y faltan cerca de tres meses para su realización.

Son muchos los ejemplos que reflejan no sólo la falencia comunicativa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata sino también su falta de planeación y organización. Ni siquiera existe hoy afiche promocional sobre los 50 años del Festival, cuando ya era costumbre que el afiche oficial se publicase en el segundo semestre del año anterior al certamen. Ni el propio portal de noticias de la entidad www.festivalvallenato.com está actualizado con las nuevas fechas del Festival 2017. En efecto, si un participante quisiera inscribirse en alguna de las categorías de los diferentes concurso, le saldría un formato de inscripción correspondiente al festival pasado (2016).

Pero más allá de estas críticas de forma, lo verdaderamente preocupante es que aún se desconocen cuáles son las reglas de juego para el concurso Rey de Reyes donde está centrada la atención de los amantes de la música vallenata. ¿Existirá una edad límite para los participantes al concurso como se aplicó en anteriores ediciones del Rey de Reyes? ¿Se retomará para esta edición la idea de usar los tradicionales kioskos en la Plaza Alfonso López para el concurso de acordeoneros cómo se usaba en los inicios del Festival? ¿Se aplicará a esta categoría la regla de que los jurados podrán decirle al concursante que interprete una canción de un listado de canciones pretederminadas? Y a propósito de jurados ¿cómo se escogerán los jurados que evaluarán a los veteranos reyes concursantes? ¿quiénes serán los escogidos? ¿Existirá también Rey de Reyes para el concurso de Canción Inédita?

A estas alturas era para que la Fundación hubiese despejado ya estos y otros interrogantes sobre la celebración del Festival, sobre el cual tampoco se conoce cuál será la programación oficial ni los artistas invitados que se presentarán en cada noche de espectáculos.

La falta de información por parte de la Fundación da pie para que empiecen a tomar fuerza nefastos rumores que le hacen daño al certamen, el más dañino de todos es que ya estaría “cocinado” todo para coronar como Rey de Reyes este año al controversial acordeonero Alfredo Gutiérrez, tres veces rey del Festival.

Ya pasó el periodo de vacaciones pero pareciese que tanto el presidente como la Junta Directiva de la Fundación estuvieran aún aletargados en la organización del Festival. ¡Es hora ya que se despierten!

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El brote de encefalitis equina venezolana diagnosticado en diciembre pasado por el ICA en el departamento del Cesar sirvió como excusa perfecta para justificar la no realización en Valledupar de la Feria Nacional Equina, después de haberse anunciado en julio de 2016 que esta ciudad sería la sede de ese importante evento agropecuario.

Para contextualizar la magnitud del certamen equino es menester tener en cuenta que es la feria más importante de caballos de Colombia que anualmente reúne en febrero a los caballistas y criaderos del país, y en donde suelen participar países como Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Estados Unidos, entre otros. Normalmente se realiza en Bogotá o en grandes ciudades del país, por los requerimientos de infraestructura para albergar más de 800 ejemplares y recibir un promedio anual de cerca de 20.000 visitantes durante los cinco días que dura el evento.

Por ello, el solo hecho de que Valledupar hubiese sido escogida como sede del evento debía ser  no sólo motivo de satisfacción para la ciudad en un mes (febrero) donde tradicionalmente no se cuenta con ningún atractivo turístico de importancia, sino también por la oportunidad que representaba para la alicaída economía de la ciudad dinamizar el aparato productivo en sectores generadores de empleo como la hotelería, restaurantes, el transporte y el comercio en general.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado por la gobernación del Cesar para asegurar la sede de la Feria para Valledupar, esa oportunidad se perdió no tanto por el brote de la mencionada enfermedad caballar sino por las disputas internas de poder entre Riendas, la entidad que reúne al gremio equino cesarense, y Corfedupar, el ente que administra la plaza de ferias Pedro Castro Monsalvo, lugar por excelencia de los encuentros y ferias agropecuarios que se celebran en la ciudad.

La disputa tiene su origen en una mezcla de egos personales y motivos económicos: Corfedupar, liderada por su presidente Alfredo Villazón Gutiérrez, reclamaba a Riendas, presidida por Armando Cuello, que ésta pretendía realizar la Feria sin tener en cuenta a la entidad que administra el lugar donde la Feria se celebraría. También reclamaba el pago de un canon de arrendamiento por el alquiler del sitio. Por su parte, Riendas consideraba que el valor establecido del arrendamiento era demasiado oneroso, no obstante que a Riendas ya había firmado convenios con la gobernación y la alcaldía de Valledupar para administrar cerca de 800 millones de pesos para sufragar los gastos del montaje de la Feria.

Lo cierto es que entre dimes y diretes, y mutuas acusaciones entre las dos entidades quedó plasmada la rivalidad de dos grupúsculos de poder que más parecían defender intereses políticos y personales que intereses de un mismo gremio al cual ambas entes pertenecen: el agro del Cesar.

Ante semejante espectáculo bochornoso, la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, Fedequinas, rectora del evento, decidió cortar por lo sano y cambiar de sede. Le sobraban ciudades interesadas en realizar la Feria. Una de ellas Cali, ciudad con una cultura empresarial y con una tradición caballista mucho más fuerte que la nuestra, no dudó ni un instante en ofrecer toda su infraestructura y voluntad para sacar la Feria adelante.

Como bien lo reconoció Armando Cuello, director de Riendas, en entrevista concedida a esta casa radial, en El Cesar impera un nefasto canibalismo que ni hace ni deja hacer. Son estas actitudes como ésta de ser “el palo en la rueda”, las que mucho daño hacen a iniciativas de progreso para nuestra región. Infortunadamente, por la mentalidad cerrada de nuestra clase dirigente Valledupar se quedó este 2017 sin Feria Equina.                   

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En nuestra nota editorial de ayer “Retos para Valledupar 2017” nos referimos a los desafíos de la capital para el año que inicia. Corresponde el turno de hacer un ejercicio similar con respecto a la administración departamental.

1. Terminar las obras inconclusas

Sin lugar a equivocarnos, existe consenso entre los cesarenses que el principal reto de la gobernación de Franco Ovalle es terminar este año la serie de obras inconclusas de la administración anterior. En efecto, Ovalle debe honrar el compromiso de continuidad por el cual fue elegido, llevando a feliz término obras de alto impacto para El Cesar como la Universidad Nacional, el estadio de fútbol Armando Maestre, los hospitales de Aguachica y El Copey, el CDT Pesquero, el acueducto de los corregimientos del sur de Valledupar y las vías iniciadas en el marco del Plan Vial Departamental, denominado Vías a Salvo, sólo para mencionar las obras de mayor impacto y mayor preocupación por su poco avance durante este primer año. Se reconoce que el poner al frente de la Secretaría de Infraestructura a Federico Martínez, un joven experimentado y con alta capacidad de gestión es un paso en la dirección correcta.

2. Cuadrar la caja

Es ya un lugar común afirmar que a Franco Ovalle le tocó bailar con la más fea. Ciertamente, a diferencia de sus dos inmediatos antecesores, a Ovalle le correspondió el periodo de vacas flacas en materia de regalías, por la combinación de dos factores: primero, el impacto de la reforma al sistema de regalías que recortó el giro a los entes territoriales empieza a sentirse con mayor fuerza en el periodo del actual gobernador, factor que coincidió con la caída en los precios internacionales del petróleo y el carbón, principal producto de exportación del departamento. La Contraloría General estimó que sólo en el periodo 2015-2016 el Cesar dejó de recibir cerca de $150 mil millones por estos dos factores. Frente a este oscuro panorama financiero, a Ovalle le tocará hacer maromas para poder asegurar los recursos que demanda el ambicioso presupuesto aprobado por la Asamblea para el 2017. En este aspecto está por verse qué tanta capacidad de gestión y de consecución de recursos tiene Ovalle ante el gobierno nacional y de qué le puede servir ser amigo personal del vicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, bautizado por él como “el hombre de la chequera.”

3. Mejorar la salud

En siguiente lugar, otro desafío de gran importancia es garantizar un adecuado funcionamiento de la red hospitalaria del departamento. Sin duda, la deficiente prestación del servicio de salud es una de las quejas de mayor frecuencia en El Cesar: la actual red no da abasto para cubrir la creciente demanda de pacientes. En particular, es preocupante la salud financiera de varias instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios, a quienes las EPS adeudan desde hace mucho tiempo una abultada cartera y cuya viabilidad económica está entredicho, entre ellas el hospital San Andrés de Chiriguaná y el Rosario Pumarejo de López. La administración Ovalle debe velar este año porque se cumplan los compromisos de pago asumidos recientemente por las EPS, bajo el auspicio del ministerio de Salud. En la misma línea, debe esmerarse por reforzar la atención a la primera infancia y a las madres gestantes y mantener a raya los brotes epidemiológicos con un adecuado programa de vacunación, porque, infortunadamente, el Cesar sigue estando en el listado de departamentos con más altas tasas de mortalidad infantil y materna.

4. Oxigenar su equipo y dejar su impronta

Una de las principales críticas a la administración Ovalle durante 2016 es que fue más monsalvista que el propio Monsalvo, al ratificar a más de la mitad del equipo de la anterior administración y poner muy pocas fichas propias. En este sentido, si Ovalle quiere realizar una gestión que transcienda en la historia debe empezar este año por sacudirse de la fuerte marcación hombre a hombre que le tiene el grupo político que lo respaldó para llegar al poder. Es el momento de oxigenar su equipo de gobierno renovando su gabinete con personas idóneas y de su confianza. El 2017 es el año para que Ovalle empiece a dejar su propia impronta, su sello personal en el gobierno departamental. Por supuesto que no se trata de exhortar a Ovalle a que rompa con sus aliados políticos. No es necesario llegar a ese extremo. Se trata, sí, de que el gobernador gobierne sin pedir permisos, ni vistos buenos de sus aliados. De no desmarcarse en 2017, Ovalle corre el riesgo de pasar a la historia del Cesar como un mandatario títere que fue el cuerpo ajeno de otros que eran los verdaderos gobernantes. Si posterga este reto personal que espera El Cesar, cuando despierte será demasiado tarde.

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