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Editorial (439)

Como una tragedia griega sin final feliz, La Guajira afronta su peor crisis institucional en sus 52 años de historia como departamento. Sus dos máximos líderes administrativos, el gobernador y el alcalde de la capital, se encuentran presos por serios indicios de actos de corrupción.

Ellos dos son los más recientes eslabones de un largo listado de servidores públicos guajiros en líos con la justicia por los más diversos delitos cuyo común denominador es el uso del poder público para fines personales. En el listado están los últimos cinco gobernadores del departamento: Hernando Deluque, José Luis González, Jorge Pérez Bernier, Juan Francisco Gómez y la destituida Oneida Pinto.

Se creía que con la caída de Pinto por un fallo del Consejo de Estado, La Guajira había tocado fondo y que resurgiría de sus cenizas, como el ave Fénix. Por el contrario, la crisis se agudizó con la captura del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez, el pasado enero, y con la reciente privación de la libertad al gobernador Wilmer González Brito.

El problema de fondo es que no se ve en el horizonte inmediato una solución definitiva y rápida a la crisis. La clase política guajira, sin excepción, incluyendo a los dos actuales congresistas Alfredo Deluque y Antenor Durán está seriamente cuestionada por darle continuidad a las malas prácticas administrativas que se han institucionalizado en ese departamento hasta el punto de convertirse en costumbre socialmente aceptada. La corrupción al elector con mercados, dádivas o dinero en efectivo es la sacrosanta fórmula para hacerse elegir. La contratación es la vía expedita para pagar favores políticos y recuperar el dinero invertido en las campañas.

En honor a la verdad, no es un mal exclusivo de La Guajira y de los guajiros. Es un mal generalizado de la política colombiana. Por ello, es válido el rechazo a la estigmatización a todos los guajiros, pueblo valiente y rebelde en donde hay gente buena, capaz y honesta, que constituye la mayoría de su población.

Sin embargo, su clase política y sus malas prácticas corruptoras han dado pie a que se considere que La Guajira sea un departamento fallido, donde no impera el Estado de Derecho sino la ley del más fuerte y del más astuto. Gran parte de la responsabilidad de ese lamentable estado de cosas la tiene el gobierno nacional y Santos directamente, no sólo por haber profundizado en su mandato el modelo centralista que recortó los recursos propios de La Guajira (con la reforma a las regalías), sino al cohonestar con nefastos personajes como Kiko Gómez y Oneida Pinto, con quienes hizo alianzas que le sirvieron para hacerse elegir y reelegir. La elite bogotana se nutre de los caciques regionales y los clanes políticos para que les pongan los votos que necesitan, pero una vez éstos caciques caen en desgracia, les dan la espalda y los dejan librados a su suerte.

Esta es nueva oportunidad que tiene Santos para enderezar el rumbo de La Guajira y encontrarle una salida a su laberinto.

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De manera sigilosa, un 30 de diciembre, sin la debida socialización, para que pasara de agache, el ministerio de Minas expidió la resolución 41.279 por la cual se establece “el ingreso al Productor de la gasolina motor corriente y del ACPM que regirán a partir del 1 de enero de 2017”. Esta resolución reduce la base a partir de la cual se calcula la sobretasa de los combustibles, sobretasa que es un impuesto del orden territorial, y una importantísima fuente de ingresos para los municipios y departamentos del país, por cuanto a los primeros corresponde el 75% de su recaudo, y a los segundos, el 25% restante.

Sólo un mes y medio después de haber sido expedida, los mandatarios locales cayeron en cuenta del golazo que el ministerio de Minas les había metido aquel 30 de diciembre. Según el ministro German Arce la medida era necesaria con el fin de trasladarle al consumidor final de gasolina y diesel ,la baja en el precio internacional del petróleo. Por ello, el ministro bajo el pre

Sin embargo, esta argumentación no resulta convincente, porque como lo expuso con claridad nuestro comentarista económico, José Antonio Larrazabal, en el fondo lo que hizo el gobierno fue trasladarle a los entes territoriales el impacto de la reforma tributaria en el precio de la gasolina y el ACPM. Es decir, como ya la reforma tributaria había subido el precio de los combustibles por los mayores gravámenes que le establecen con impuestos del orden nacional, el gobierno hábilmente baja de un plumazo los impuestos territoriales a los combustibles para que el precio total de éstos no le suba tanto al consumidor final.

No obstante el intento de “jugada maestra”, por el momento, le ha salido el tiro por la culata. Porque la reacción de los alcaldes y gobernadores fue inmediata y enérgica. La medida significa un zarpazo a las finanzas territoriales cuya estimación inicial es de 600.000 millones de pesos por anualidad. Medellín dejaría de recibir $27.000 millones por año, Cali $20.000 millones, Pereira $4.000 millones y Manizales $3.500 millones, por solo mencionar algunos. La Federación Nacional de Departamentos estima que la afectación será cercana a los $160.000 millones por anualidad, discriminado así: $103.000 millones de recaudo de la sobretasa a la gasolina y $57.000 millones de la cesión nacional de la sobretasa al diesel.

Con esta medida con marcado corte centralista se modifican desde el gobierno central los presupuestos de los entes territoriales de la actual vigencia fiscal (2017), porque se reduce una de las fuentes de financiación de municipios y departamentos, fuente que, en su gran mayoría, ya estaba comprometida para costear obras de infraestructura y programas sociales de alcaldías y gobernaciones.

La polémica está zanjada y la concertación propuesta por Santos para apaciguar a los mandatarios territoriales no parece calmar las aguas. En el fondo de la discusión subyace un modelo centralista que actúa como sanguijuela: succiona las riquezas de los territorios para sobrevivir. Primero fue la reforma a las regalías, y ahora esta medida de escritorio bogotano tomada de espaldas al país.

Finalmente, debe acotarse que aunque esta medida no golpea a Valledupar por ser municipio de zona de frontera, como lo explicó el secretario de Hacienda Eudes Fuentes, si sufre la ciudad un coletazo: como el cupo de gasolina es insuficiente para abastecer la demanda de la ciudad, cuando se acaba el cupo y se vende a precio pleno, esas ventas sí se les aplica la odiosa resolución 41.279. Y a todas éstas, ¿ya se habrá enterado la secretaria de Hacienda departamental, Bonny Rodríguez, que esta resolución afecta las finanzas de la gobernación? ¿tendrá listo ya la estimación de cuánto es el impacto? Que alguien le cuente.

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Tal cual lo anunció el alcalde de Valledupar, Tuto Uhía, iniciaron tres grandes obras viales en la ciudad: primero, la reconstrucción de la avenida Fundación, entre el tramo del Obelisco y la carrera 12, tramo que comprende cerca de 3.35 kilómetros y tiene un costo aproximado de 32 mil millones de pesos. El segundo frente de trabajo son las obras de la avenida 450 años, las cuales comprenden 2.05 kilometros a un costo cercano a los 19 mil millones de pesos. El tercer frente corresponde a  las obras de la carrera 27, entre la calle 44 y el barrio Villa Haydith.

A estas tres obras hay que agregarle las que ya tiene en ejecución el SIVA, siendo las más importantes: la avenida Simón Bolívar desde la glorieta del Cacique Upar hasta la glorieta de la Ceiba y las costosas y necesarias redes húmedas de esas obras.

En síntesis, la ciudad está en obra. Y es bueno que lo esté. Nadie negaría la necesidad de intervenir y rehabilitar la deteriorada malla vial de Valledupar, como tampoco se niega la necesidad de su ampliación. Estábamos en mora de hacerlo. Esta administración envía el correcto mensaje que la cosa es diciendo y haciendo.

Por ello, es menester pedirle a los usuarios de las vía paciencia, mucha paciencia mientras se desarrollan las obras. Pero a la vez es imperioso pedirle a los contratistas y a la administración celeridad en su ejecución. Hay que trabajar a todo vapor, de día y de noche –si es necesario– como tanto cacarea Alfredo Saade, gerente del área metropolitana. Hay que hacer las obras sin sobrecostos, sin adiciones, y en el plazo pactado, respirándole a la nuca a los contratistas, para no repetir el error de la administración departamental pasada de dejar ambiciosas obras de infraestructura a medio hacer y desfinanciadas.

Lo anterior no es óbice para que durante el tiempo que duren las obras, la secretaría de Tránsito de la ciudad ponga en marcha un adecuado plan de contingencia para mitigar el impacto en el tráfico que estas obras generan. En particular, porque a la vuelta de la esquina está el Festival Vallenato, cuya edición especial de 50 años, prevé la llegada de un mayor número de visitantes por encima de los registros históricos. Según estadísticas de la Fundación que regenta el evento y del ministerio de Transporte, en promedio, durante el Festival Vallenato, llegan cerca de 20.000 visitantes. Es probable que este año esa cifra aumente por lo menos en la mitad, para un total de cerca de 30.000 turistas. Esto muestra la imperiosa necesidad de tener previsto desde ya un plan de movilidad con vías alternas a las que están siendo construidas. Por ello, se reitera, los usuarios tenemos que armarnos de paciencia, y la administración de celeridad.

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En buen romance “recular” significa ir hacia atrás, flaquear o ceder una persona de su dictamen u opinión inicial.

Primero fue el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien después de haber informado en rueda de prensa que la campaña “Santos Presidente 2014” habría recibido la suma de un millón de dólares provenientes de la firma constructora brasilera Odebrecht, al día siguiente precisó en los medios que la única evidencia de eso era el testimonio del ex senador Otto Bula, pero que no existía, por el momento, prueba documental del ingreso de esos dineros a la campaña.

Más recientemente, ayer, fue extrañamente filtrada a los medios una carta de puño y letra del oscuro personaje Otto Bula, en la cual afirma que “no es cierto, ni le consta, ni ha dicho que el dinero que le entregó a Andrés Giraldo –amigo personal de Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos – fuera un aporte a la campaña Santos Presidente o al señor Juan Manuel Santos”. La carta de Bula trae a la mente aquel refranero popular de “donde dije digo no digo digo, donde dije digo digo Diego”.

En ese sentido, genera mucha suspicacia que esta reculada de Bula, este súbito cambio de versión frente a lo inicialmente declarado, se haya dado horas después de que los medios informaran que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, lo tiene en la mira por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Para el más lego, la conjetura salta a la vista: ¿reculó Bula ante la posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos? ¿Usó el gobierno de Santos la presión de la extradición para callar a Bula? Uhmmm… Son interrogantes válidos que quedan sin respuesta por el momento, mientras avanzan las investigaciones.

No sería la primera vez que se usa la figura de la extradición para tratar de solucionar problemas judiciales del resorte nacional. Cabe recordar que en el gobierno de Álvaro Uribe se extraditó a la cúpula de los paramilitares por un supuesto incumplimiento de los acuerdos de sometimiento a la justicia, privando de esta manera a nuestro aparato judicial de esclarecer la verdad sobre horrendos crímenes cometidos por las AUC y de terminar de develar el negro entramado de interacción del paramilitarismo con el poder político y empresarial del país.

En este orden, es muy preocupante que existan poderosas e indebidas presiones tanto sobre el Fiscal General como sobre los testigos del caso Odebrecht. Colombia no puede repetir la amarga experiencia del proceso 8000 en el que, al final, ningún pez gordo fue sancionado.

 

 
 
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Cinismo, descaro, impudor, rabia. Son las ideas que vienen a la mente después de escuchar la vergonzosa defensa jurídica de la arquidiócesis de Cali en el juicio que se le sigue por la pederastia cometida por un sacerdote de esa congregación contra cuatro niños.

Según el abogado defensor de la Iglesia, la responsabilidad de que el sacerdote abusara sexualmente de los menores, no es del cura abusador, sino de los padres de familia. ¡Qué descaro! ¡Que cinismo! ¡Qué falta de respeto con las víctimas! Según esta infame tesis que entra por derecho propio a la historia universal de la infamia, fueron los niños los que abusaron del cura. ¡El mundo al revés!

Sigue la Iglesia Católica tropezando más de dos veces con la misma piedra y tratando de ocultar el gravísimo e imperdonable pecado mortal que se esconde tras las sotanas de los sacerdotes abusadores. Las cosas como son: la pederestia o el abuso sexual de menores es un horrendo crimen, independiente de quien sea el victimario. Por el contrario, si se trata de un sacerdote católico, de un pastor evangélico o de cualquier ministro religioso de cualquier credo es mucho más grave y censurable por la investidura e influencia que tiene dicha persona en la sociedad en general, y de manera particular, sobre las padres de las víctimas que confían en él.

 

No aprende la Iglesia la lección que le dejaron los casos de pedofilia sancionados en Estados Unidos y en otros países, particularmente el caso de la arquidiócesis de Boston develado por el periódico Boston Globe, que le valió a este diario un premio Pulitzer por su investigación y el premio Oscar a la película En primera plana (Spotlight) basada en dicha investigación. En ese caso, que es el más conocido, la Iglesia en vez de colaborar con las autoridades y denunciar a los curas abusadores, hizo lo mismo que ahora está haciendo en Colombia: proteger a los victimarios con el fin de evitar la millonaria condena que se avecina en su contra. No hay derecho.

El caso de la arquidiócesis de Cali vuelve a poner sobre la mesa las permanentes críticas a la figura del celibato católico, figura que algunos consideran vetusta y contraproducente. Por los múltiples casos de pedofilia reportados en el mundo, pareciera que quienes la critican y abogan por su abolición tuviesen razón.

En todo caso, lo que sí es innegable es que esas practicas abusivas y reprochables de los sacerdotes son contrarias a todos los principios cristianos que la Iglesia predica. Ese no era lo que tenía en mente nuestro señor Jesucristo cuando dijo sus célebres palabras “dejad que los niños vengan a mí”.

La pederastia está socavando la autoridad moral de la Iglesia Católica en el mundo. Es imposible tratar de ocultar un elefante de ese tamaño debajo de la alfombra. Si no hay una verdadera expiación al interior de la Iglesia frente a este tema, seguirán acrecentándose la fuga de fieles a otros credos y una decepción generalizada sobre una institución que requiere urgentes y profundas reformas.

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Hace seis años la Unesco proclamó el 13 de febrero como el día mundial de la radio, gracias a una petición del presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez.

Desde entonces se celebra este día en todo el planeta. Colombia no es la excepción. En el país existen 1.596 emisoras radiales, de las cuales más de 600 son emisoras comerciales, otro tanto son emisoras comunitarias y 190 son radio de interés público.

Sin lugar a dudas, las radios más influyentes a nivel nacional son las cadenas RCN (del grupo Ardila) y Caracol (del grupo español Prisa) por su extensa red de emisoras propias y afiliadas a lo largo y ancho del país, que constituyen un fuerte duopolio que se reparte tanto la sintonía como la apetitosa torta publicitaria del país. Sin embargo, dentro de este contexto existe espacio para las radios independientes, no afiliadas a cadena alguna, como Radio Guatapurí y Maravilla Stereo en Valledupar, Cardenal Stereo en La Guajira, Radio Galeón en Santa Marta, o la emisora Atlántico en Barranquilla, por mencionar algunas de la Costa.

De tiempo en tiempo suele pronosticarse la muerte de la radio convencional. El más reciente augurio se dio hace poco a raíz de la decisión de Noruega de apagar las emisoras en frecuencia modulada, FM, y migrar todo ese sistema al formato digital. Sin embargo, el caso de Noruega, aunque interesante, no necesariamente es un modelo a seguir. Noruega es un país pequeño con una población de apenas 5 millones de habitantes y con una profunda penetración del internet, que abarca casi al 100% de su población. No obstante, la vecina Suecia ha aconsejado a su ministerio retener su sistema FM, en contravía de lo hecho por Noruega. En igual sentido se han pronunciado el Reino Unido y varios países europeos.

Retornando al caso de Colombia, también puede decirse que esos muertos que vos matais, gozan de buena salud. En efecto, la radio colombiana no sólo sigue siendo el medio de comunicación más influyente y de mayor penetración en el país –por encima de la televisión–, sino el único cuya participación en la torta publicitaria ha aumentado, mientras que en los otros medios ha decrecido, según datos de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, ASOMEDIOS.

Empero, no todo es color de rosa. El gran problema de la radio sigue siendo la falta de interés del ministerio del ramo de darle la importancia que merece. El ministerio se ha centrado en las nuevas tecnologías y ha descuidado a la radiodifusión. Ha sido también ineficaz en regular la competencia desleal que a la radio comercial (que paga impuestos y derechos de concesión) le hace diariamente la radio comunitaria, dentro de la cual se esconden muchos empresarios de la política. Y para colmo de males, ha sido totalmente ineficiente en sancionar a las radios piratas que funcionan en el país. En este sentido resulta preocupante la iniciativa de legalizar de un plumazo las más de treinta emisoras ilegales que tienen las FARC como parte del acuerdo de paz. Pero no es de extrañar. En la era Santos cualquier cosa es posible.

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Treinta años atrás las opciones gastronómicas de Valledupar eran bastante limitadas. Había pocos buenos restaurantes típicos como el tradicional restaurante de La Bella y el Merendero, y algunos de comida internacional como el del Che Adolfo, la Tranquera de Osvaldo Devani que marcó un hito en la historia de Valledupar y más recientemente el Ova Ova de la familia Orozco.

Era entendible que dicha oferta fuese limitada, porque no existía entre los vallenatos la costumbre de almorzar o cenar por fuera de casa entre semana. Se prefería la comida casera no sólo por los costos sino también por la posibilidad de disfrutar de la reconfortante siesta del mediodía. Ir a un restaurante en aquel entonces era un privilegio para las clases pudientes o un placer reservado para ocasiones especiales como un cumpleaños, un bautizo o el grado de algún hijo. Por ello, muchos de esos restaurantes sólo abrían los fines de semana.

Sin embargo, ese esquema propio de una ciudad parroquial cambió muy rápidamente. En efecto, en menos de diez años Valledupar ha sido testigo de una positiva explosión gastronómica sin antecedentes en su historia. En la actualidad hay una variada y exquisita oferta alimenticia para todos los gustos y presupuestos.

En este sentido, es justo reconocer a los pioneros en esta materia. El primero, el empresario Ulises Guerra, quien varios años atrás montó el restaurante gourmet especializado en carnes Mister Beef. Posteriormente le siguieron varios restaurantes más de su misma familia que aún subsisten como Little Italy, Charlies, Harrys y Thomas y el extinto Blue. Hoy en día Guerra recién inauguró la versión actualizada de Mister Beef, MB, ubicado en la carrera novena, lugar donde planea abrir otro más denominado Bahía, especializado en mariscos. 

En este listado tiene un lugar obligado, Varadero, considerado por varios expertos como el mejor restaurante de la ciudad por su atención y servicio, el cual llegó a la ciudad de la mano de un grupo de empresarios liderados por Richard Celedón. También debe incluirse a Ferrini, restaurante italiano, de la chef María Fernanda Tapias, en donde se puede degustar de unas ricas pastas o de unas exquisitas pizzas cocinadas en horno de leña.

Recientemente Valledupar ha visto nacer interesantes proyectos gastrónomicos como Riders, ubicado en el parque Novalito, atendido por su propietario Javier López y cuya temática gira en torno a la bicicleta, una de las pasiones de su dueño. A propósito, este parque, incrustado en la frontera entre los barrios Novalito y Cañaguate, está llamado a convertirse en nuestra zona G, es decir, en el punto de encuentro de los restaurantes vallenatos, porque a pocas cuadras de allí, con rumbo a la plaza Alfonso López encontramos a Taypa, de propiedad de Bertha Baladi y Viviana Monsalvo, especializado en comida peruana, en el cual se pueden degustar unos selectos ceviches y tiraditos. Y al otro lado del parque, diagonal a Varadero, está la Cevichería de propiedad de Álvaro López.

Como decíamos atrás, la oferta gastronómica de la ciudad ha aumentado y quienes ganan con ella son los comensales. Para los amantes de la comida japonesa dos opciones para considerar: Suchinato y Koi Sushi Bar. Para los que quieren comer y rumbear: La Martina Resto Bar y Maika. Para los fanáticos de las hamburguesas Tribeca Gourmet Burger de Alejo Pantoja. Para los que quieren comer sano Gokela y para los que les gustan las comidas rápidas el nuevo Food Truck de la carrera novena.

No podía quedarse en el tintero opciones como Peruaca, Iruka, Dulce Bendición, La Tartaleta y el ya tradicional Otto de la 11 de José Caicedo.

No solo hay una explosión de negocios de comida, sino que con ellos han cambiando nuestras costumbres, porque impresiona gratamente ver cualquier lunes o martes los restaurantes llenos tanto al mediodía como en la noche. Ellos son fuentes de empleo para nuestra región.

No obstante, no todo es alegría. La nota triste la pone la desaparición del Zaguán de Mario, la mejor parrilla de la ciudad, por enfermedad de su propietario. Esperamos que se recupere prontamente.

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Desde hace varios años el hurto de ganado vacuno o especies menores ha venido incrementándose como fenómeno delincuencial a lo largo y ancho del departamento del Cesar. A través de esta tribuna hemos informado no sólo los casos puntuales de abigeato, sino también cómo operan estas redes en diferentes municipios del Cesar y La Guajira, las cuales terminan surtiendo un rentable negocio de comercialización ilegal de carne.

Además del abigeato, el diferencial cambiario entre la moneda colombiana y la venezolana ha creado un poderoso incentivo que ha disparado el contrabando de ganado venezolano a nuestro país, contrabando que no solamente significa una competencia desleal para nuestros productores, sino que constituye una seria amenaza a la salud de nuestro hato ganadero y equino, por el alto riesgo de contagio de enfermedades que en nuestro medio estaban erradicadas pero que en Venezuela no, como es el caso de la aftosa. Otro ejemplo de ello son los brotes de encefalitis equina venezolana que se han registrado en municipios como Codazzi, Valledupar, Bosconia, Becerril y El Copey, en El Cesar, y en Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar en La Guajira.

En este orden, abigeato y contrabando son las dos fuentes de las cuales se abastece el comercio ilegal de carne en nuestra región. Dicho comercio representa un gravísimo peligro para la salud pública, por la falta de cumplimiento de las normas sanitarias en la manipulación de un alimento de consumo masivo. Los expendios ilegales de carne no cumplen con la cadena de frío necesaria para el transporte y distribución de este producto, no cumplen con las condiciones de higiene en su manipulación, y, en general, no tienen el más mínimo cuidado sanitario con la carne hurtada o de contrabando.

Por todo ello, es menester valorar el esfuerzo de las autoridades locales para romperle el espinazo al comercio ilegal de carne en toda su cadena: desde el hurto de semovientes o el contrabando según sea el caso, pasando por los sitios clandestinos de sacrificio de ganado, los mal llamados distribuidores mayoristas hasta llegar a los minoristas que venden carne de dudosa procedencia al público en general.

Por supuesto que debe ser una acción coordinada e integral entre autoridades sanitarias y fuerza pública. El Ejército y la Policía deben dejar ya de estar tirándose la pelota los unos a los otros sobre este tema y actuar al unísono y en forma armónica.

Bienvenida, pues, las nuevas acciones de la Secretaría de Salud de Valledupar para frenar el comercio ilegal de carne, entre ellas, la medida de obligar a los expendedores de carne de la ciudad a estar inscritos en el registro sanitario de establecimientos dedicados a esta actividad. Es un paso en la dirección correcta que debe estar acompañado de los correspondientes controles e inspecciones periódicas a los sitios donde se sacrifica, transporta, distribuye y comercializa todo tipo de carne. Frente a este problema no se puede bajar la guardia.

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Como si fuese una información más en un comunicado de prensa, ayer el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez Neira, informó al país que la “campaña Santos Presidente 2014” habría recibido la suma de un millón de dólares provenientes de la firma constructora brasilera Odebrecht, firma cuestionada por haber desplegado un esquema internacional de corrupción para ganarse multimillonarios contratos de infraestructura en varios países, a base de sobornos a funcionarios públicos.

Como era de esperarse, la revelación del Fiscal causó un fuerte sismo en el país político, cuyas réplicas aun se sienten y cuyas consecuencias y efectos aún no se alcanzan a vislumbrar en su totalidad. Se trata ni más ni menos que la posibilidad de que dinero ilegal, producto además de la cuestionada adjudicación a dedo de la vía Ocaña-Gamarra, haya ingresado a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón y Germán Vargas Lleras.

Desde el famoso proceso 8000 que aún le pesa en las espaldas al expresidente Ernesto Samper, el país no había tenido noticia de la filtración de dinero ilegal a una campaña de un presidente electo. Por ello, la comparación del caso actual con el 8000 de Samper resulta obvia y obligada.

A pesar de que lo revelado por el Fiscal aún es materia de investigación y no hay conclusiones definitivas, ha causado un enorme daño en la ya maltrecha imagen presidencial, porque precisamente el presidente Santos para defenderse de los ataques de la oposición uribista se ha jactado de que, a diferencia de Uribe, en su gobierno no hay corrupción. Este escándalo iguala por lo bajo a ambas administraciones y pone al gobierno a dar explicaciones sobre un hecho de suma gravedad. Adicionalmente golpea el aurea de incorruptibilidad que Santos tanto pregonaba. Y duele aún más porque el golpe no viene de la oposición uribista, sino del Fiscal Nestor Humberto Martinez, que fue superministro de Santos y su amigo personal.

Líderes de distintos sectores políticos como Claudia López del partido Verde, Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y voceros del uribismo han coincidido en señalar que, de comprobarse el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial, Santos debería renunciar a la presidencia, verbo de difícil conjugación en el país.

De otra parte, el vicepresidente Germán Vargas Lleras rápidamente tomó distancia del gobierno a través de un comunicado en el que expresó que en dicha campaña presidencial no tuvo ningún manejo ni intervención en la dirección o en el manejo de las finanzas de la campaña. Y agrega que “caiga quien caiga, las investigaciones deben llegar hasta esclarecer con precisión quiénes, cuándo y cómo, incurrieron en actos de corrupción”. Entendible la posición de Vargas Lleras, quien no quiere verse salpicado en ese escándalo que le puede arruinar su cantada aspiración presidencial. Pero no le va a ser fácil zafarse de sus secuelas, porque aún, aceptando que no tuvo injerencia en la campaña, es claro que es un beneficiario de la financiación recibida por ella: legal e ilegal.

Así las cosas, es necesario mantener prudencia frente a esta investigación que apenas comienza para no tomar decisiones precipitadas ni realizar prejuzgamientos injustos. No obstante, el gobierno Santos debe esforzarse en convencer tanto a las autoridades como a la opinión que ni en la campaña ni en su gestión las prácticas corruptas han hecho de las suyas.    

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La sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar del pasado 28 de enero, mediante la cual se condenó al municipio de Valledupar y al departamento del Cesar a pagar una multimillonaria suma a un particular, sienta un grave precedente en materia de invasiones de predios en la ciudad. Es, en pocas palabras, la crónica de una condena anunciada por la reiterada omisión de las autoridades locales en ponerle freno a la proliferación de los barrios de invasión.

Los hechos que dieron lugar a esta condena que supera los 56 mil millones de pesos se remontan a la administración Luis Fabián Fernández Maestre, en cuya mandato se inició la invasión Tierra Prometida por unas cuantas personas que en ese entonces no llegaban a la centena. A pesar de las reiteradas solicitudes de desalojo del propietario, los invasores se las ingeniaron a través de cuestionables acciones de tutela y otras argucias jurídicas para suspender los procedimientos de desalojo, todo ello ante la mirada cómplice del alcalde Fernández Maestre y del personero de la época Nicomedes Vásquez.

Así, lo que era un problema solucionable a través de una acción policiva, se salió de madre y la invasión creció exponencialmente hasta convertirse en una verdadera bomba social: de menos de cien personas en su etapa inicial rápidamente pasó a albergar a más de 800 familias y cerca de tres mil personas que hoy la habitan. Los invasores iniciales pasaron de tener pequeños cambuches de cartón, plástico y madera a casas en ladrillo y concreto, algunas con grandes comodidades como aire acondicionado, internet y cable operador. En estas condiciones es sumamente difícil desalojar a los actuales habitantes, razón por la cual la justicia consideró que la solución más viable a semejante problema era proceder a indemnizar al propietario del predio con la cuantía antes anotada.

Este caso judicial vuelve a poner en tela de juicio las fallidas políticas de las autoridades locales en materia de respeto de la propiedad privada en Valledupar, ciudad donde han proliferado, sin control alguno, los barrios de invasión, muchas veces por física omisión de las autoridades y otras por soterrado apoyo de las mismas por mezquinos fines politiqueros.

El problema es que, además de la de Tierra Prometida, cursan en contra del municipio varias demandas similares por otras invasiones, como Emanuel, Brisas de la Popa, Altos de Pimienta, Guasimales y Bello Horizonte, entre otras. Si en todas ellas es condenado el municipio con cifras similares, se vería seriamente afectada la salud financiera de la ciudad.

Pero más allá de las consideraciones jurídicas y financieras, el problema de fondo es que la ciudad no puede seguir creciendo a punta de invasiones que perturban las reglas mínimas de planeación urbanística y plantean un enorme desafío en materia de extensión de la red de servicios públicos a tales comunidades. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia las invasiones de predios “no pueden generar derechos, ni expectativas legítimas”.

Detrás de las invasiones, se esconde un negocio ilegal de mafias articuladas expertas en invadir predios, parcelarlos ficticiamente y revenderlos a segundos ocupantes. Estas mafias operan con la complicidad de autoridades y de políticos inescrupulosos que luego explotan las necesidades de los ocupantes con la promesa de legalización de los predios.

No puede olvidarse que dentro de este contexto es que la Fiscalía General de la Nación le imputó al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco los delitos de corrupción al sufragante y favorecimiento de invasiones por haber firmado un documento en el cual se comprometía a no desalojar a los habitantes de la invasión Tierra Prometida. Y el alcalde actual Augusto Ramírez Uhía tampoco está a salvo: a falta de uno, Uhía firmó dos compromisos políticos: uno con los habitantes de Tierra Prometida y otros con los habitantes de la invasión del mayor Alberto Pimienta Cotes. 

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