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Editorial (439)

La temporada invernal inició con fuerza en la mayor parte del país y, por supuesto, también en la Costa Caribe, en la cual cinco de siete departamentos se encuentran en estado de alerta: Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Según el IDEAM, las lluvias se extenderán hasta mediados de junio, razón por la cual no puede bajarse la guardia en materia de gestión y atención del riesgo, por los efectos negativos que puedan causar las precipitaciones. De acuerdo con la autoridad meteorológica, el departamento del Cesar tiene actualmente un nivel de alerta naranja por la “probabilidad moderada de ocurrencia de deslizamientos de tierra ocasionados por lluvias en áreas inestables”, específicamente en los municipios de San Alberto, La Paz, Manaure y Codazzi.

Sin embargo, el reporte del IDEAM no tiene en cuenta la probabilidad de inundaciones en el sur del Cesar, en particular en los municipios de La Gloria, Gamarra y Tamalameque, donde el río Magdalena ha alcanzado niveles preocupantes.

En este sentido, el país debe aprender de las lecciones que dejan las tragedias de Mocoa y Manizales, por las crecientes súbitas de los ríos. En el caso especifico del Cesar no puede perderse de vista que el sistema montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta, nacimiento de varios ríos que surcan la región, tiene una de las pendientes más altas y pronunciadas del país, lo cual constituye un riesgo para las poblaciones asentadas en sus laderas, riesgo que se acentúan en época de invierno. Precisamente, semanas atrás, el IDEAM emitió una alerta roja por la formación de una creciente súbita en la cuenca alta del río Guatapurí, la cual, por fortuna, no produjo ningún resultado negativo.

Frente a este panorama ambiental el mensaje es claro: las autoridades deben estar preparadas, de una parte, para prevenir –en aquello que es posible prevenir– las situaciones de riesgo que está generando la actual ola invernal, y de otra, para mitigar el impacto de una amenaza metereológica que llegue a materializarse. El sistema de alertas tempranas es el mejor mecanismo para propiciar una respuesta oportuna de autoridades y ciudadanos y evitar la ocurrencia de tragedias. Lo anterior, en cuanto a acciones a corto plazo. Pero en un horizonte más amplio, el Cesar no puede olvidar la deuda ecológica que tiene con las cuencas de los ríos, las cuales han sido víctimas de una voraz deforestación y tala de bosques nativos. Corpocesar, como autoridad ambiental del departamento, es la primera llamada a reforestar estas cuencas y a socializar con las poblaciones que habitan en las riberas de los ríos la importancia de preservar estas barreras naturales. ¡El chip de la conciencia ecológica debe ser insertado y activado ya en las cabezas de todos los cesarenses!

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No cabe duda que el pasado Festival Vallenato fue un éxito rotundo por donde se le mire. La calidad de los participantes de los diferentes concursos, en especial del concurso de acordeoneros profesional y de la canción inédita, donde sólo competían ganadores de versiones anteriores. La elección del jurado pues, en su gran mayoría, todos reconocieron que se impusieron los mejores: Alvarito López en Profesional e Ivo Díaz con su composición “El rey de los cajeros”.

Asimismo, también se destaca su organización y la asistencia del público que superó todos los récords. En efecto, según un análisis preliminar que elabora la Cámara de Comercio de Valledupar, a la ciudad ingresaron por distintas vías más de 140.000 visitantes durante el Festival, 15.000 de ellos por vía aérea en más de 80 vuelos comerciales y varios privados. En el marco del certamen cultural, la alcaldía autorizó 140 permisos para eventos públicos, los cuales tuvieron lleno absoluto. En síntesis, el pasado Festival Vallenato dinamizó la economía de la ciudad a niveles antes no vistos, por tratarse de la versión especial de Rey de Reyes.

Tal vez esta euforia colectiva que vivió la ciudad y que tiene a muchos contentos ha llevado a la Fundación rectora del evento a cometer el despropósito de anunciar que el concurso Rey de Reyes será cada cinco años. Así lo expresó su presidente, Rodolfo Molina, en la ceremonia de premiación de los ganadores del certamen el pasado sábado. ¡Craso error!

En primer lugar, esta decisión va en contravía de lo establecido por la creadora de esta edición especial, Consuelo Araujonoguera, cuando estableció en 1987 el primer Rey de Reyes. El periodo de diez años para hacer este concurso no es caprichoso. Los fundamentos que en su momento tuvo en cuenta la Cacica siguen vigentes: cada diez años se forma una nueva generación de acordeoneros que tienen características similares y pertenecen a una misma escuela musical.

Acortar el periodo para el Rey de Reyes a cinco años parece obedecer a un criterio eminentemente comercial y no cultural. Es perder la mística y el encanto que tiene una versión especial de Rey de Reyes. Cuando una distinción o premio puede ser alcanzada por cualquiera, pierde su gracia.

Las comparaciones del Festival Vallenato con las olimpiadas y el mundial de fútbol (eventos que se hacen cuatro años) no vienen al caso. Este es un certamen musical y cultural, aquellos son deportivos. La Fundación no puede ceder a las presiones comerciales y romper con una tradición que ha demostrado con el paso del tiempo haber quedado bien establecida.

Ojalá la Fundación rectifique a tiempo este exabrupto.

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Parodiando la famosa canción de Escalona (que cumple 8 años de ausencia), parece que el presidente Santos se ha puesto de malas, de malas porque el país entero le quiere parar. Primero fueron los taxistas que suspendieron sus servicios, luego los docentes entraron ayer en paro, siguen las protestas sociales en Chocó y Buenaventura, se suman los distintos sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, y amenazan también con irse a paro los empleados de la Rama Judicial.

Bastante oscuro, tenso y complejo el clima de gobernabilidad que tiene que capotear el mandatario colombiano, que dicho sea de paso, tiene los índices históricos más bajos de popularidad de presidente alguno, a pesar de contar en su palmarés con un premio Nobel de Paz. ¡Tamaña paradoja!

Por supuesto que son distintas las razones por las cuales cada gremio protesta. Los taxistas, por su oposición al uso de Uber y otras plataformas digitales; los docentes exigen mayores reinvidicaciones laborales y mejores servicios de Salud. Los chocoanos reclaman por el eterno olvido del gobierno central a sus justos reclamos de satisfacer mínimas necesidades básicas. Y los sindicatos del INPEC exigen el aumento de la nómina en 4000 nuevos guardianes para atender el creciente aumento de internos de las ya congestionadas cárceles colombianas.

Sin embargo, llama la atención que todos estas protestas ocurran simultáneamente frente a un gobierno que ya tiene el sol a sus espaldas y escaso margen de maniobra político y económico. Digámoslo sin rodeos. El gobierno central está desfinanciado. La pasada reforma tributaria dejó claro que era imperativo aumentar el recaudo para atender el incremento exponencial del gasto del gobierno. Todo el recaudo de la tributaria ya está comprometido y no hay espacio para nuevos gastos.

Así las cosas, es poco probable que el gobierno llegue a concertar con los sectores en protesta, cargado de soluciones concretas y viables financieramente. Son muchos incendios simultáneos los que le están ardiendo a Santos en la actualidad Y no se ve en el gobierno quiénes oficien como apaga incendios. Por el contrario, varios alfiles de Santos empiezan a abandonar el barco –como Germán Vargas y Simón Gaviria que renunciaron a sus cargos– pensando en sus intereses políticos.

De no actuar a tiempo y en forma eficiente este gobierno, existe la probabilidad de que las protestas aisladas de estos sectores terminen por contagiar a otros sectores y gremios a presionar a Santos en este momento de debilidad. Tiene, pues, el presidente el gran desafío de apagar los incendios rápidamente para no repetir la amarga historia del paro de camioneros del año pasado que tanto daño causó a nuestra economía y al bolsillo y a la canasta familiar de los colombianos.

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El próximo 15 de mayo se cumplen cinco años de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio celebrado con Estados Unidos, un acuerdo comercial al que se le invirtió mucho tiempo y esfuerzo por parte de la dirigencia colombiana para obtenerlo. Para la muestra un botón: el tratado se firmó en febrero de 2006, después de 21 meses, 15 rondas y 100 reuniones entre los equipos negociadores. Sin embargo, sólo entró en vigencia 6 años después, luego de un arduo trámite de aprobación por parte del Congreso norteamericano. 

No obstante, el balance que deja, un lustro después de su entrada en vigencia, es bastante agridulce. En efecto, antes del TLC, Colombia tuvo durante 15 años consecutivos (1997 a 2012) balanzas superavitarias en su relación comercial con Estados Unidos. Cinco años más tarde la ecuación se invirtió. Pasamos de un superávit de 8.244 millones de dólares en 2012 a un déficit de 1.413 millones en 2016, a pesar de tener una de las tasas de cambio más favorable de nuestra historia.

Mirando hacia atrás, son muchas los factores que explican este resultado tan negativo en nuestra balanza comercial: la poca o nula preparación del país en adelantar la llamada “agenda interna”, esto es, poner a tono la infraestructura, los nodos de transporte, modernizar nuestro sistema arancelario y aduanero, entre otros elementos requeridos para ser competitivos. Tampoco puede negarse la poca diversificación de nuestra oferta exportadora que sigue concentradas en materias primas (petróleo y minerales) y con poco valor agregado.

Sin embargo, el mayor error cometido en el TLC lo señaló con claridad nuestro analista económico, José Antonio Larrazabal; fue haber creído que negociábamos con una economía complementaria a la nuestra, cuando en el fondo Estados Unidos, por su tamaño y por la diversidad de su oferta exportadora, es una economía sustitutiva de nuestros productos. El mejor ejemplo de ello puede encontrarse en el deterioro creciente de las cifras de la industria manufacturera, el cual coincide con el periodo de vigencia del TLC.

Pero no sólo la industria nacional resultó afectada. El principal sector afectado ha sido el sector agropecuario, en particular los subsectores de arroz, trigo, maíz, azúcar, avicultura, ganadería vacuna y porcicultura.

Ciertamente, no es tiempo de sentarse a llorar, sino de aprender de los errores y examinar cómo el país puede aún sacarle provecho a un acuerdo comercial que por lo pronto ha dejado más pérdidas que ganancias en el balance general.

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A raíz del escándalo de Odebrecht, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) terminar el contrato Ruta del Sol sector 2, el cual contempla 528 kilómetros de doble calzada, cuyo tramo de mayor extensión se encuentra en nuestro departamento. En efecto, de los 510 kilómetros de su extensión total, 276 se encuentran localizados en El Cesar, en tres tramos: San Alberto – La Mata –(100 kilómetros), La Mata – San Roque (88 kilómetros) y San Roque – Bosconia (88 kilómetros).

Como consecuencia de esa orden, la ANI ordenó la liquidación del contrato e inició los trámites para escoger, por licitación, al nuevo contratista que termine las obras. Las mencionadas decisiones de las autoridades han generado, como era de esperarse, la parálisis de las obras de la Ruta del Sol y un mar de incertidumbre entre los cientos de empleados y subcontratistas del proyecto. Sólo en El Cesar, la suspensión de la obra afecta a cerca de 4000 empleos directos e indirectos.

De los 528 kilómetros que contempla el Sector 2 de la Ruta del Sol sólo se alcanzaron a construir 311, lo que significa que al contrato que la SuperIndustria ordenó terminar, le falta casi la mitad de su ejecución. Teniendo en cuenta la amarga experiencia de proyectos fallidos del Estado, el gran riesgo es que la Ruta del Sol termine convertida en un elefante blanco, una obra a medio hacer, que, además, propicie el estallido de un problema social por los empleos perdidos.

No obstante lo anterior, si por el Sector 2 llueve, en el Sector 3 de la Ruta del Sol no escampa. En efecto, aunque por causa distinta, el Sector 3 (Valledupar - Carmen de Bolívar) enfrenta serios problemas que ponen en riesgo la viabilidad del proyecto. En primer lugar, cabe recordar que desde el año 2015, Conalvías, socio de YUMA, consorcio contratista de la obra, salió del proyecto tras acogerse a la Ley 1116 de 2016. Su participación fue asumida por la firma italiana Impregilo, socio mayoritario de la obra.

Sin embargo, el reemplazo de Conalvías por Impregilo no ha espantado el fantasma de la insolvencia del proyecto. En la actualidad el gerente general Leonardo Castro (argentino) se encuentra negociando un otrosí que prorroga el contrato de YUMA con la ANI. Alega que el Estado le causó daños y perjuicios que estima en más de $70.000 millones, por no haberle otorgado a tiempo la licencia ambiental para el proyecto, debido a demoras en la consulta previa en territorios donde están asentadas comunidades indígenas (Línea Negra) y afrodescendientes. Por su parte, el Estado argumenta que las obras a cargo de YUMA no han avanzado al ritmo comprometido ni en los tiempos establecidos en el contrato.

Si esto no fuese ya suficiente, existe la posibilidad de que en el marco de su negociación con la justicia, el empresario Andrés Jaramillo López, expresidente de Conalvías, y hoy preso por el carrusel de la contratación de Bogotá, aporte alguna información sobre el contrato del Sector 3 de la Ruta del Sol que pueda afectar su legalidad y, en consecuencia, sea declarada su caducidad. Es decir, termine de la misma forma que ya terminó el Sector 2.

Es dentro de este contexto que debe entenderse el oportuno llamado de atención al gobierno nacional que realizó esta semana el congresista Cristian José Moreno sobre la suerte de la Ruta del Sol en nuestro departamento. Acierta el congresista cuando indica que la parálisis de las obras “ha generado la suspensión y el no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores así como la no garantía de pago a proveedores, empresarios y microempresarios del” Cesar.

Las campanas ya sonaron. Corresponde entonces al gobierno nacional prevenir que la Ruta del Sol, otrora símbolo del avance de la infraestructura vial del país, termine convertido en un laberinto sin salida que deja a su paso, desilusión, quiebra, más desempleo y más pobreza.

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El desplome de un edificio en construcción en el barrio Blas de Lezo de Cartagena, con saldo trágico de 21 personas muertas y 23 heridos, deja amargas lecciones sobre lo que no debe hacerse en el área de la planeación urbanística.

En primer lugar, la falta absoluta de controles sobre la obra en construcción. En efecto, la empresa propietaria del proyecto “Constructora & Quiroz” no contaba con licencia de construcción y ni siquiera había solicitud de permiso en tal sentido. La valla exhibida al público de la Curaduría Urbana # 1 de Cartagena era falsa, el número de radicado del proyecto allí publicado no corresponde a ningún número en esa curaduría ni en la Curaduría Segunda de esa ciudad.

En segundo lugar, la falta de reacción de las autoridades ante las denuncias de la comunidad. De hecho, una semana antes del colapso del edificio, varios vecinos alertaron a las autoridades sobre las irregularidades cometidas por la empresa constructora tanto en materia urbanística como en el no cumplimiento de normas de seguridad industrial. Como se sabe, las autoridades cartageneras hicieron caso omiso de tales advertencias.

Sólo después de que colapsara el edificio y ocurriera la tragedia las autoridades reaccionaron. Otra tragedia más que pudo haber sido prevenida por la falta de la acción oportuna del Estado.

Dentro de este contexto, Valledupar bien puede mirarse en el espejo de Cartagena para que nunca tenga que vivir en carne propia una tragedia similar. Ciertamente, en Valledupar también abundan las construcciones irregulares que no cumplen con toda la normatividad urbanística. La Oficina de Planeación en cabeza de Aníbal Quiroz Monsalvo adolece de la infraestructura, el personal y la capacidad técnica para controlar los cientos de construcciones que se realizan en la ciudad, algunas de ellas sin los correspondientes permisos de las Curadurías Urbanas #1 y #2 de la ciudad. Aquí también, como en Cartagena, se habla de la existencia de una mafia de construcciones piratas, aunque en menor proporción.

El caso más reciente de este tipo de edificaciones irregulares lo ejemplifica la construcción realizada por el empresario Juan Manuel Geles en el barrio Santa Rosalía de Valledupar. Sin contar siquiera con el permiso de la Curaduría o de Planeación, el señor Geles de manera descarada inició y terminó la construcción de un establecimiento de comercio tipo bar en una zona eminentemente residencial. Fue tal su descaro que hasta puso una valla de la Curaduría Urbana #2 en el que indicaba que la obra contaba con su autorización. En forma oportuna, el propio Curador Iván Zuleta públicamente desmintió a Geles y expresó que la construcción es ilegal porque el solicitante no completó la información requerida por la Curaduría y, por tanto, su solicitud está ad portas de ser archivada. Adicionalmente, los propios vecinos denunciaron ante los medios que el señor Geles continuaba con la construcción y que en vez de parar la obra, los amenazaba de muerte.

A pesar de toda esta evidencia en contra, la Oficina de Planeación a cargo de Quiroz sólo se limitó a poner un aviso en el predio donde se realizó la construcción del lujoso bar de “Suspensión de Obra”, para cumplir “formalmente” con la ley, sin embargo, los propios vecinos se preguntan –y nosotros con ellos– de qué sirve suspender una obra que ya está terminada, cuando lo que corresponde es su demolición.

El señor Geles ha expresado en su círculo privado su tranquilidad por el tema por ser amigo personal del alcalde Tuto Uhía y porque su empresa fue la que le imprimió toda su publicidad en la campaña política. Aquí sólo cabe recordar que los dueños de la Constructora & Quiroz de Cartagena también eran muy amigos del alcalde cartagenero Manolo Duque Vásquez. Ya todos conocemos el fúnebre resultado de esa amistad.

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Las imágenes –impublicables- del niño violado y estrangulado hasta morir en Curumaní desgarran el alma y provocan náuseas. Otro ángel víctima de la acción demencial de los hombres. ¿Qué llevará a una persona a atentar en forma brutal y despiadada contra un pequeño de cuatro años? Es una pregunta que corresponde al campo de la siquiatría y la sicología forenses.

Lo cierto es que este horrendo crimen es un reflejo más de nuestra descomposición social. Cuando creíamos que habíamos superado la pesadilla de la infamia cometida contra Yuliana Andrea Samboní por el canalla de Rafael Noguera Uribe, la tragedia ocurrida en Curumaní nos golpea en la cara y nos muestra el absoluto estado de indefensión en que se encuentras los niños y adolescentes en Colombia, a merced de monstruos reconocidos como Luis Fernando Garavito y Rafael Noguera, y otros anónimos que andan sueltos.

Se agrega a la tragedia de Curumaní la conducta negligente de la madre del niño que no advirtió oportunamente a las autoridades sobre su desaparición. Conductas así: descuidos de los padres, desatención de los niños, dejarlos sólos mucho tiempo, son las que aprovechan los pederastas y enfermos sexuales para atentar contra los niños y adolescentes.

En muchos pueblos y ciudades de Colombia se cocina un coctel de factores de riesgo que propician los abusos sexuales y la violencia contra los menores: embarazos no deseados, el abandono físico, material y afectivo a los niños, violencia intrafamiliar, bajo nivel educativo de los padres, el alcoholismo o drogadicción de los padres, falta de comunicación, el hacinamiento, familias disfuncionales con hijos de anteriores parejas, entre otros factores, que facilitan la acción de los depredadores de niños.

Por todo ello no debería sorprendernos las crudas y aterradoras estadísticas sobre la violencia a los niños en el país. En efecto, según la ONG internacional Salven a los niños (Save the Children), cada hora en Colombia dos niños llegan a Medicina Legal por haber sido presuntamente víctimas de abuso sexual. Cada día tres menores de edad son abandonados y dos, asesinados. Según Medicina Legal, en 2016 este instituto atendió 17.908 casos de menores remitidos por denuncias de presunto abuso sexual. En 2017, de enero a marzo, habían sido atendidos 4.315 casos de violación a menores.

Los casos de mayor repercusión social (como el de Yuliana Samboní por la influencia del victimario) suelen acaparar la atención de los medios y gozan de mayor despliegue mediático. Sin embargo, las frías cifras nos hablan de una realidad igual o peor de maltrato generalizado a los menores.

Frente a esta cruel realidad hace falta una política pública de protección integral a nuestros niños que debe empezar por prevenir los embarazos no deseados, con una acción efectiva de planificación familiar dirigidas, en primer lugar, a las adolescentes, y, en segundo, a aquellas madres que ya tengan dos o más hijos.

En cuanto al castigo a los responsables, siempre que hay un crimen de esta naturaleza suelen escucharse voces que piden pena de muerte o cadena perpetua para los victimarios, pero los estudios sobre la materia han demostrado que frente a la violencia infantil no hay pena que detenga a los depredadores porque en el fondo son enfermos incurables. ¡La única alternativa es cuidar a los niños!

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De acuerdo con un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área de cultivos de coca con fines criminales ha crecido exponencialmente en el país. En efecto, de cerca de 48.000 hectáreas que había a fínales de 2013, creció a 69.000 hectáreas en 2014, luego a 96.000 en 2015, para llegar a la impresionante cifra de 150.000 hectáreas en la actualidad, que le da el dudoso honor a Colombia de continuar siendo la principal fuente de suministro de cocaína hacia los Estados Unidos.

Preocupa sobremanera que el periodo en cuestión, 2013-2016, coincida con el desarrollo del proceso de paz con las Farc y con la decisión del gobierno colombiano de suspender la fumigación aérea por solicitud de la guerrilla cuando se negociaba la paz en Cuba. En este sentido, no puede perderse de vista que, como señala el informe, el negocio del tráfico de drogas en Colombia es dominado por una alianza entre bandas criminales y las FARC, quienes –pese a estar en medio de un proceso de paz– continuaban a mediados de 2016 comprometidas en la producción y exportación de cocaína a gran escala. En efecto, según el informe, los principales frentes de las FARC responsables de exportar toneladas de cocaína se encuentran localizados en zonas fronterizas: frente 57 en la frontera con Panamá, frente 48 en la frontera con Ecuador y el frente 10 en la frontera con Venezuela. Estos frentes operan en los departamentos en donde más crecieron las áreas cultivadas: Cauca, Norte de Santander y Putumayo, regiones en donde el área de coca creció 116%, 85% y 76%, respectivamente.

A nivel local también genera preocupación que los cultivos de coca estén volviendo a renacer en santuarios ecológicos como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Dentro de este contexto, resulta desconcertante la respuesta del comandante de las FARC, Pastor Alape, quien descalificó el informe de la ONU sobre el aumento de los cultivos de coca. Según el integrante del secretariado de las FARC dicho informe “es una pendejada”, porque “ningún campesino le va a apostar a un millón de pesos que es lo que entregan esos programas para sostener una familia. “Claro que los cultivos han crecido porque todas esa políticas han fracasado: el plan nacional de rehabilitación,  plante y palante, el plan consolidación y el plan Colombia, todas fracasaron. Si eso no está acompañado por otros procesos, va a fracasar”.

Y puede que tenga algo de razón el comandante fariano. Es indudable que el programa de erradicación manual y sustitución de cultivos ha fallado por la falta de acompañamiento estatal y la oferta de una alternativa seria a los campesinos cultivadores. Sin embargo, ello no justifica la renuencia de las FARC a dejar el narcotráfico como fuente de su financiación, tanto en su modalidad de intermediario del negocio vía cobro de “impuestos” a los narcos, como en su modalidad de directo productor y exportador de cocaína.

Si bien los expertos internacionales en el tema coinciden en que es necesario cambiar el enfoque represivo  del tráfico de estupefacientes hacia un enfoque como problema de salud pública –dado el fracaso de más de 40 años de guerra contra las drogas–, mientras esto no suceda es menester subir la guardia que el gobierno Santos ha tenido abajo durante el tiempo que duraron las negociaciones de paz.

Con la paz firmada, el gobierno colombiano debe empezar por hacerle exigible a las FARC su compromiso de renunciar al narcotráfico y de coadyuvar en la erradicación de los cultivos ilícitos en las zonas bajo su control. En este punto, las FARC tampoco deberían equivocarse y creer que el aumento de los cultivos de coca es una mera pendejada, salvo que sus líderes quieran reencontrarse con Simón Trinidad en alguna cárcel federal de Estados Unidos.

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Se celebra hoy 8 de marzo el día internacional de la mujer, fecha en la cual se rinde tributo a la lucha histórica y justa del género femenino para obtener los mismos derechos que los hombres y ser valoradas, en pie de igualdad con ellos, como personas fundamentales en el desarrollo de la sociedad y de las naciones.

En Colombia las mujeres han recorrido un largo trayecto para ser consideradas seres con plenos derechos. Y su lucha aún no termina. En efecto, a pesar de las grandes conquistas realizadas, tales como el derecho al voto, la eliminación de la potestad marital sobre ellas y la ampliación de su participación en política, ellas siguen siendo objeto de múltiples discriminaciones en la sociedad contemporánea.

Todas estas discriminaciones tienen un común denominador: la falta de materialización en la realidad del postulado de igualdad en el trato y en las oportunidades para las mujeres. Ciertamente, no obstante existir mandatos legales que prohíben cualquier forma de exclusión a las féminas, en la práctica subsisten concepciones arcaicas que consideran a la mujer como un ser inferior a los hombres, concepciones de la cual la cultura machista predominante en gran parte del país es un claro y pernicioso ejemplo.

Estudios recientes del DANE siguen confirmando la persistencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres, esto es, que a pesar de trabajar más horas, tener mayor formación académica que los hombres y cumplir funciones similares, ganan en promedio menos que ellos. Estadísticas del DANE de 2015 ubicaban esta brecha salarial en 20.2% en contra de las mujeres, una de las más altas de América Latina cuya tasa promedio es del 17%. En el mismo sentido, un estudio del 2016 del Observatorio del Servicio Público de Empleo evidenció que las mujeres son más vulnerables al desempleo que los hombres, por cuanto su tasa de desempleo, 11.8%, es casi el doble que la de los hombres, 6.7%. También reveló que las mayores brechas de desempleo entre hombres y mujeres se ubican principalmente en las ciudades de la Costa Caribe. Por último, el estudio muestra que a pesar de su preparación, son pocas las mujeres que acceden a cargos directivos y gerenciales, los cuales son dominados por los hombres.

Pero no solo en el mercado laboral se encuentran prácticas discriminatorias en contravía de la equidad de género. En otros aspectos de la vida cotidiana se evidencia una tendencia a cosificar a la mujer, a tratarla como un mero objeto de deseo sexual. A esta errónea tendencia apelan campañas publicitarias en las cuales subyace el estereotipo de mujer voluptuosa y de poco cerebro, estereotipo que, en un país con numerosos reinados de belleza, se perpetúa en las nuevas generaciones.

Sin embargo, la peor de todas las formas de discriminación a las que están sometidas las mujeres colombianas es a la violencia física y sicológica por razones de su género. Según Medicina Legal, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de agresión. En 2015 esta entidad reportó 970 feminicidios y 47.248 casos de violencia de pareja en todo el país. La mayoría de las veces los victimarios suelen ser la pareja actual de la mujer (47.27%) y el restante de los casos su expareja sentimental (29.33%).

En este orden de ideas, es claro que estamos frente a un problema de salud pública que requiere una política permanente para prevenir todo tipo de agresiones contra la mujer. Ello debe ser un compromiso de toda la sociedad y no sólo de las autoridades. El mejor homenaje a las mujeres es el respeto integral a su dignidad.

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Como una bola de nieve creció la indignación ciudadana ante las protuberantes fallas detectadas  en el programa de alimentación escolar del municipio de Valledupar, que ayer fueron reveladas por los medios locales en el colegio oficial Milciades Cantillo.

Mandarinas podridas y panes con fecha de caducidad vencida, eran los alimentos que el contratista del PAE se disponía a entregarle a los más de cuatrocientos niños que estudian en la jornada de la mañana de la mencionada institución educativa. El olor nauseabundo de la comida advirtió a los niños que algo andaba mal, quienes dieron aviso a los mayores, logrando así evitar una intoxicación masiva.

Sin embargo, no es ese el único colegio oficial de la ciudad en el cual se han presentado problemas con la alimentación escolar. En este medio hemos registrado denuncias similares en los colegios Francisco Galán del barrio Los Fundadores y en el Instituto Técnico La Esperanza del barrio La Nevada.

En este sentido, sorprende que la administración municipal no haya aprendido la lección que le dejan los errores cometidos con el programa de alimentación escolar durante su primer año de gobierno. El año anterior, 2016, los entes de control locales, entre ellos, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, advirtieron en su momento de graves irregularidades en ese programa, tales como ausencia de comedores escolares en los colegios, batería de cocina y vajilla en mal estado que incluía cubiertos oxidados, no cumplimiento de la cadena de refrigeración de los alimentos, entrega de raciones por debajo del gramaje mínimo exigido por el ministerio, número de raciones entregadas menor al número de estudiantes inscritos en el colegio. En pocas palabras, en ese entonces se advirtieron de graves fallas en cuanto al balance, la cantidad y la calidad de los alimentos.

Entonces, ¿por qué razón en este año que apenas empieza se siguen presentando problemas similares que ya se habían advertido en la vigencia anterior? Por lo visto hasta la fecha, de poco ha servido que la administración en esta ocasión haya adjudicado por licitación –y no a dedo como el año pasado– el contrato de alimentación a escolar al Consorcio PAE Valledupar, compuesto por laCorporación hacia un Valle Solidario, de Yumbo, Valle del Cauca, y por la empresa Eco Alimentos SAS, de Bogotá. En efecto, todos los indicios apuntan a que se trata de un cambio formal de contratista porque en la realidad este medio ha constatado que el “nuevo” contratista sigue operando con la misma estructura, en las mismas bodegas y con parte del mismo personal que tenía el contratista anterior. Pudo haberse cambiado los nombres de las empresas pero la operación es la misma. No obstante, allí no está el problema, sino en que la administración cumpla en forma estricta con la supervisión del contrato. Que le respire en la nuca al contratista para que cumpla en forma eficiente y oportuna el servicio contratado. Que haga visitas sorpresas y aleatorias a los colegios del casco urbano y de los corregimientos para verificar in situ las condiciones en que se presta el servicio de alimentación escolar.

Así las cosas, cabe preguntar ¿dónde estaba la interventoría del contrato que no detectó las fallas que sí pudieron detectar los estudiantes del colegio Milciades Cantillo? Si la interventoría no cumple su función, que devuelva los dineros recibidos por un servicio no prestado. Está de sobra y es un costoso adorno.

En síntesis, más allá de la reacción indignada del alcalde, lo que se requiere es que su administración aprenda la lección del pasado y vele para que en la práctica se cumpla el postulado de que la comida de los niños es sagrada.

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