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Editorial (446)

 

En el pasado foro sobre la Ruta del Sol realizado en Bosconia quedaron al descubierto grandes falencias que tiene dicho proyecto vial que impacta a nueve municipios del Cesar (ver nota Duras críticas a ejecución de Ruta del Sol en El Cesar).

Al indagarse por el considerable retraso que presenta la vía Valledupar – Bosconia, proyectada como doble calzada, quedó en evidencia que las obras actuales que adelanta el concesionario (Yuma Concesionaria S.A.) no corresponden en sentido estricto al proyecto de doble calzada sino a una mera rehabilitación de la vía existente, es decir, a obras menores de mantenimiento y de ampliación de la vía para adecuarla a los estándares nacionales de la Ley 105 de 1993 (Ver artículo 13 al pie de esta nota).

Surge, entonces, la pregunta obvia ¿cuál es la razón del retraso? La respuesta del concesionario es que aún no se han adelantado hasta su culminación los procesos de consultas previas con las comunidades étnicas que presuntamente tienen asentamiento en predios cercanos al trazado de la vía. Infortunadamente Yuma no informó con precisión de cuáles comunidades étnicas se trata (indígenas o afrodesciendentes), ¿dónde se encuentran sus asentamientos? ¿qué objeciones han presentado al proyecto?, ¿cuáles son sus pretensiones? ¿en qué estado del proceso se encuentra la consulta previa?, entre muchos otros interrogantes.

Sin desconocer este instrumento (consulta previa) que reconoce el derecho a la autonomía de las minorías étnicas, derecho de estirpe constitucional y sobre el cual existe copiosa jurisprudencia al respecto, resulta claro que en este caso específico el proyecto vial no estaría vulnerando en forma alguna intereses de indígenas o afrodesciendentes del Cesar, por la evidente y potísima razón de que no se trata aquí de construir una nueva carretera sino simplemente de hacer una nueva calzada al lado de una carretera que tiene más de 30 años de existir.

En este sentido, le asiste razón al exdirector del INCO y de INVIAS, el ingeniero Álvaro José Soto García cuando señala que es inconcebible que en una vía preexistente –como la de Valledupar-Bosconia– se haga necesario realizar una consulta previa, máxime cuando salta a la vista que antes de adjudicarse el proyecto no había sido certificada la presencia de comunidades étnicas en el trazado actual de la vía, que será, prácticamente, el mismo proyectado para la doble calzada (Escuchar entrevista a exdirector de INVIAS).

Así las cosas, pareciera que en el caso particular de la ejecución de la Ruta del Sol en El Cesar las consultas previas fuesen usadas como un pretexto del concesionario para justificar su retraso y, tal vez, poder solicitar en el futuro un reajuste económico del contrato por el mayor tiempo de ejecución de la obra por un hecho que, en principio, no depende exclusivamente de su gestión, sino de la interacción con distintos ministerios y entidades estatales.

De otra parte, aunque el lugar común inclinaría a pensar que la piedra en el zapato son las comunidades indígenas, la evidencia muestra que, paradójicamente, son más las consultas previas con supuestas comunidades de afrodescendientes que con indígenas. Así, de once consultas previas que deben realizarse en El Cesar del proyecto de la Ruta del Sol, solo cuatro corresponden a comunidades indígenas de la Sierra Nevada frente a nueve de comunidades afro ubicadas en los municipios de Chiriguaná, El Paso y Valledupar.

Mientras se desenreda este embarazoso ovillo, los usuarios de las vías deben padecer las molestias derivadas de los constantes retrasos por los numerosos pasos restringidos en distintos puntos de los tramos viales que constituyen el megaproyecto de la Ruta del Sol. Un recorrido que en condiciones normales no debería tardar más de una hora, como el de Valledupar – Bosconia, tarda en la actualidad casi dos horas. Y frente a esa pérdida en tiempo y dinero nadie le responde a los usuarios. He ahí la magnitud de este problema. 

Puede escuchar el audio aquí:

LEY 105 DE 1993

ARTÍCULO 13. ESPECIFICACIONES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS. La red nacional de carreteras que se construya a partir de la vigencia de la presente Ley, tendrá como mínimo las siguientes especificaciones de diseño:

a.- Ancho de carril: 3.65 metros.

b.- Ancho de berma: 1.80 metros.

c.- Máximo porcentaje de zonas restringidas para adelantar: 40 por ciento.

d.- Rugosidad máxima del pavimento 2.5 IRI (Indice de Rugosidad Internacional)

La Nación no podrá realizar inversiones en rehabilitación y construcción de carreteras nacionales, con especificaciones promedio inferiores a las descritas, salvo que por razones técnicas y de costos no sea posible alcanzar dichas especificaciones.

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Con creciente preocupación se han prendido las alarmas en el país sobre la viabilidad y sostenibilidad de los denominados sistemas de transporte masivo en las grandes y medianas ciudades.

En efecto, la semana pasada la sección económica de esta casa radial llamaba la atención sobre los múltiples problemas que enfrentan tales sistemas de transporte en las principales ciudades del país (Ver nota Sistemas de transporte masivo ¿no futuro?), problemas que tienen como común denominador las dificultades financieras de las empresas operadoras para garantizar la continuidad del servicio. En esa ocasión se explicaba los desfases financieros que han existido entre los ingresos proyectados de los sistemas y los realmente recaudados, en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. En todas ellas, la demanda real de pasajeros ha estado por debajo del llamado punto de equilibrio del sistema, lo que ha generado grandes déficit operacionales e, incluso, la quiebra de la empresa Corbus S.A.S. que opera la fase III de Transmilenio.

Posteriormente, la preocupación de que algo anda mal en los sistemas de transporte fue reforzada por un informe especial del diario El Tiempo titulado Ninguno de los 'Transmilenios' del país se salva de líos financieros, informe en el que se reiteran los factores  mencionados y se señalan otros, tales como el mototaxismo y la piratería (transporte ilegal) los cuales han contribuido a agravar la crisis financiera que padecen los sistemas de transporte.

En este sentido, bien vale la pena reiterar el llamado de atención a los responsables del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA, con el fin de que, en nuestro caso, no se cometan los errores de estructuración del proyecto cometidos en otras ciudades del país. Así, tanto la alcaldía como los directivos del SIVA deben someter al proyecto a un riguroso test que contemple varios escenarios (optimistas, moderados y pesimistas), en aras de determinar si el flujo de pasajeros que se proyecta es suficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema.

No puede pasarse por alto en este análisis la competencia ilegal que ya tiene el SIVA aún antes de haber empezado a funcionar, representado tanto en el imparable fenómeno del mototaxismo como en el transporte pirata o ilegal que funciona en la ciudad, los cuales –si no se mide adecuadamente su impacto– pueden hacer inviable a todo el sistema.

Se reconoce que no es una tarea fácil anticipar con exactitud la respuesta a interrogantes que dependen de muchas variables, tales como ¿cuál podría ser la demanda real de pasajeros del futuro SIVA?, ¿cuál debería ser el precio del tiquete o pasaje que haga sostenible y rentable la operación?, ¿debe o no entrar el municipio a subsidiar parte del costo del transporte o, por el contrario, debe ser el sistema autosostenible?

Precisamente por la complejidad de las repuestas a estas preguntas, bien vale insistir en que en la estructuración del SIVA debe tenerse los mayores cuidados y precauciones, dados los malos resultados obtenidos en otras ciudades con mayor población que Valledupar y con mayor capacidad financiera que nuestro municipio. En pocas palabras, un proyecto de la magnitud del SIVA no puede darse el lujo de cometer errores que bien podría resultar fatales.

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Entre tantas noticias negativas que día tras día registramos los medios en el país es reconfortante encontrar una especie de oasis de hechos positivos que alegran a los colombianos. Aunque pareciera tratarse de triunfos individuales, no podrá negarse que detrás de ellos existe un esfuerzo colectivo, un trabajo en equipo que da sus frutos, así visiblemente se concreten en el nombre de una sola persona.

Nos referimos, claro está, a esa nueva generación de deportistas colombianos que en los últimos dos años sigue cosechando triunfos en distintas disciplinas. El proyecto que fue liderado por Coldeportes y que tuvo su momento culmen en los olímpicos de Londres del año pasado no ha parado ahí. Desde entonces, esos mismos deportistas y otros han continuado una carrera ascendente que bien merece ser reseñada como ejemplo de trabajo bien hecho. Veamos.

La medallista olímpica y bicicrosista Mariana Pajón ha tenido un año extraordinario, tras ganar el oro en la competencia contrarreloj del mundial BMX celebrado en Nueva Zelanda en julio pasado, victoria que refrendó recientemente luego de coronarse campeona de la Copa Mundo UCI SuperCross 2013, al ganar la IV Válida realizada el sábado pasado (28 de septiembre) en Chula Vista – California, EE. UU. Este desempeño catapultó a Pajón al primer lugar del ranking internacional de BMX 2013, en la categoría élite mujeres.

Asimismo, otra valiosa mujer, la atleta de Apartadó, Catherine Ibargüen, ha tenido un desempeño no menos extraordinario, pues este año obtuvo medalla de oro en triple salto en el campeonato mundial que se realizó en Moscú, en agosto pasado. Por esa victoria y por su impresionante desempeño en 2013 en la llamada Liga de Diamantes, con primeros puestos en Paris, China, Noruega y Estados Unidos, Ibargüen es candidata a mejor atleta del año que confiere la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), premio al que también está candidatizado el plusmarquista jamaiquino Usain Bolt.

Igualmente, por los lados del ciclismo soplan vientos favorables, tras las hazañas logradas este año por Rigoberto Urán (segundo en el giro de Italia), Carlos Betancur (quinto en el giro de Italia) y Nairo Quintana en el tour de Francia. Lo de Quintana merece mención aparte, pues con tan solo 23 años, el boyacense realizó una gesta histórica tras ganar la penúltima etapa del Tour de Francia, quedar de segundo en la general, coronarse rey de la montaña y mejor novato de la competencia ciclística más importante del mundo.

En menor medida, la reciente medalla de bronce de Oscar Muñoz en el Open Internacional de Taekwondo realizado en México, es una buena señal de que el deportista cesarense está recuperando su nivel tras dos reveses en torneos internacionales.

Lógicamente, la casi segura clasificación de la selección Colombia al mundial de Brasil, tras más de 16 años sin ir a una copa mundo, es, desde luego, un motivo de alegría y esperanza para el país.

Todos estos triunfos deportivos son un claro ejemplo de que es posible, como nación, superar los obstáculos y adversidades del camino cuando existe la firme voluntad de conseguir una meta, no importa cuan dura sea la prueba que debamos enfrentar. Ciertamente, la sociedad colombiana en su conjunto, sus dirigentes, gobernantes y políticos, tiene mucho que aprender del magnifico ejemplo de lucha y sacrificio que nos dan nuestros atletas.

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Se realizó el pasado sábado en Valledupar el Acuerdo para la Prosperidad número 113, nombre con que se conoce la versión santista de los consejos comunitarios del anterior gobierno.

¿Qué le dejó al departamento? Varias cosas. Según las cifras oficiales durante los tres años del gobierno Santos se han invertido más de seis billones de pesos en El Cesar, distribuidos en distintas sectoriales tales como educación, capital social, vivienda, agua y saneamiento básico, infraestructura y Tics (Ver recuadro abajo).

Sin embargo, las cifras del gobierno revuelven en un sancocho los aportes del gobierno vía transferencias del sistema general de participación, con lo transferido por recursos de regalías que antes por ‘derecho propio’ le correspondía al departamento y a los municipios productores. Así, no es posible discriminar qué porcentaje de esos seis billones corresponde propiamente a contribuciones del nivel nacional y qué porcentaje a recursos del propio departamento.

Naturalmente, para el ciudadano del común es indiferente quién pone la plata –si la nación o el departamento–, con tal de que se haga la obra, se ejecute el proyecto y, en fin, se satisfagan las múltiples necesidades de los cesarenses.

Se destaca, sí, de manera concreta, la firma de varios convenios en el área de infraestructura, iniciando por el convenio por valor de $14.000 millones para el mantenimiento y recuperación de seis vías terciarias en los municipios de Valledupar, Pelaya y Codazzi. Asimismo, un convenio con el Ministerio de Vivienda por $7.018 millones para mejoramiento integral de varios barrios de la capital que incluye la optimización de redes de acueducto y alcantarillado, vías y parques recreativos.

No faltaron los anuncios altisonantes como el del giro de 72 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para el departamento, los cuales deben ser girados hoy y podrán ser empleados en proyectos de inversión en El Cesar. Lógicamente, cabe hacerle seguimiento a este anuncio para verificar qué tanto de cierto tiene.

De otra parte, también hubo lugar para la política, pues Santos aprovechó el escenario para lanzar varios dardos a sus contradictores. Así, preguntó sarcásticamente: "¿qué bueno podría salir de una alianza entre Gustavo Petro y Enrique Peñalosa?" O "¿entre José Obdulio Gaviria y Pastrana?" Con igual sarcasmo, el presidente le ‘dedicó’ la canción La Celosa al expresidente Uribe. ¿Será por el famoso estribillo de la canción que dice:  “negra no me friegues tanto/ déjame gozar la vida/ tu conmigo vives resentida/ pero yo te alegro con mi canto”? Tampoco puede olvidarse el mensaje al senador Félix Valera para que se mantenga en la unidad nacional, a raíz de la decisión de su partido de retirarse de la alianza y fusionarse con el movimiento progresista que lidera el alcalde bogotano Gustavo Petro.

En fin, en el APP se vio de todo un poco como en botica, escenario que no deja duda de que la campaña reeleccionista inició a toda máquina con el propio presidente a la cabeza. Paradójicamente esta coyuntura política permite afirmar que a El Cesar le fue mucho mejor en éste que en otros APP anteriores en los cuales los compromisos asumidos con el departamento por el gobierno nacional fueron magros e insípidos. En esta ocasión la chequera del gobierno fue más generosa, porque –como el mismo Santos lo indicó– en política el amor se traduce en presupuesto, y ahora, con reelección abordo, la inversión aprobada empieza a saldar una gran deuda acumulada de este gobierno con nuestra región. 

Puede escuchar el audio aquí:

Inversión en El Cesar en 3 años de gobierno

SECTOR

INVERSIÓN

 

 

Educación

  • · 230 mil niños beneficiados con gratuidad universal educativa.
  • 130 sedes educativas intervenidas.
  • 7.300 créditos otorgados a estudiantes de educación superior

 

Transporte

  • · Transversal de las Américas, Ruta del Sol y vía San Roque – Cuestecitas.
  • · Pistas de los aeropuertos de Valledupar y Aguachica

Cohesión Social

  • · 95 mil familias atendidas a través del programa Más Familias en Acción.
  • 57 mil familias acompañadas por la RED UNIDOS para superar la pobreza extrema.

Agua y Saneamiento Básico

  • · En construcción: 17 proyectos de acueducto y alcantarillado.
  • · 1.050 conexiones intradomiciliarias
  • · Monto total de la inversión: $55.650 millones.

 

TICS

  • · 22.878 computadores
  • · 3.825 tabletas entregadas.
  • · En el 2014 los 25 municipios del Cesar quedarán conectados con internet de banda ancha.

Vivienda

  • · 3.980 viviendas gratis en construcción.
  • · Monto total de la inversión: $164.234 millones.


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Con ocasión del pomposo y exclusivo acto de inauguración de la nueve sede de la Fundación Buen Gobierno –plataforma política para la reelección presidencial–, acto al que asistió el presidente Santos el pasado martes, el procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez, le envió al primer mandatario una carta en la cual le recordaba la prohibición normativa de participar en política.

El jefe del ministerio público agregó en su misiva que hasta que el presidente no haga manifiesta su intención de reelegirse, “es claro que no puede participar en actos proselitistas en beneficio propio o de terceros”.

En sentido estricto, le asistiría razón al procurador al recordar en su misiva la obligación de todos los servidores públicos –con excepción de los congresistas– de abstenerse de participar en actividades de política electoral. Tal vez quiere Ordoñez emular al procurador Mario Aramburo Restrepo, quien amonestó al entonces presidente Carlos Lleras Restrepo precisamente por haber participado en política.

Sin embargo, en su interior sabe el procurador Ordoñez que dicha advertencia es inane por muchas razones. La más importante de todas porque el procurador carece de competencia para investigar disciplinariamente al presidente de la república, pues, desde hace varios años la jurisprudencia de las altas cortes (Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia) refrendaron la tesis de que la competencia para investigar penal y disciplinariamente al presidente reside exclusivamente en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.

En segundo lugar, es absurdo y totalmente contradictorio que se le prohíba al presidente participar en política cuando la propia Constitución permite la reelección presidencial. ¿Cómo distinguir, entonces, cuando el primer mandatario inaugura un puente, un colegio o una obra en plaza pública, de una manifestación netamente política? Trazar esa frontera en la práctica, además de ser una tarea engorrosa, es una falacia.

Precisamente por ello, el exprocurador Edgardo Maya –antecesor de Ordoñez– de manera más pragmática manifestó en su momento que el país debería dejar la hipocresía frente a una norma que nadie cumple, que es casi imposible de hacer cumplir en la práctica y que en la mayoría de democracias modernas no existe, razones de peso para que el Congreso elimine la mencionada prohibición.

Siendo consciente Alejandro Ordoñez de que carece de competencia para hacer ese tipo de advertencias al presidente y de que es un contrasentido la vigencia de la prohibición, su misiva paradójicamente tiene más un contenido político que el mero cumplimiento de sus funciones disciplinarias. En efecto, Ordoñez, además de mojar prensa en una intervención oportunista que busca cabalgar sobre la mala imagen de Santos, pretende en el fondo precipitar el pronunciamiento oficial del presidente sobre si quiere o no su reelección.

Así las cosas, es probable que la epístola suscrita por Ordoñez se le devuelva como un bumerang en su contra porque desnuda, bien que el procurador desconoce que no es competente para llamarle la atención al presidente, o bien de que su misiva es un mandado del uribismo que Ordoñez –amigo íntimo del exministro uribista Fernando Londoño– nunca se ha preocupado por ocultar.

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La semana pasada el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, publicó su más reciente informe sobre el comportamiento de las exportaciones en el país. En él se observa una fuerte caída de las exportaciones en julio, las cuales descendieron en 6.6% frente a igual mes del año pasado.

Al analizar en detalle el desempeño del sector exportador se observa que el bajón de julio no es un hecho coyuntural sino que obedece a una tendencia negativa que parece haberse consolidado en este renglón económico. En efecto, durante los primeros siete meses del 2013, las exportaciones descendieron 4,3% con relación al mismo período de 2012, pues las ventas externas pasaron de 35.542 millones de dólares a 33.937 millones.

Igual de preocupante es el vertiginoso descenso del auge exportador del sector minero-energético, sector que en el primer semestre del año ha caído un 8% en comparación con el año anterior. Teniendo en cuenta que este sector representa cerca del 70% del total de exportaciones y genera casi el 40% de los ingresos de la balanza de pagos, es fácil predecir que su deterioro tendrá un fuerte impacto en la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto de este año.

Ante la evidencia de la pérdida de dinamismo del sector exportador, cabe preguntarse qué ha pasado con nuestro comercio exterior. Ciertamente, en los últimos dos gobiernos el país se embarcó en una acelerada carrera para celebrar acuerdos de libre comercio que fueron anunciados como una buena solución para fortalecer nuestra economía. Más de una decena de TLC se han firmado con países u organización de países como Estados Unidos, Canadá, Chile, México, la CAN y Mercosur; y se encuentran en negociación o esperan ratificación los TLC con Corea del Sur, Venezuela, Panamá y la Unión Europea.

Sin embargo, a pesar de esa ola de TLC hemos llegado a la situación paradójica de que el país está exportando menos que antes de que se hubiesen celebrados los tratados de libre comercio. Y no solo exportamos menos, sino que hemos aumentado considerablemente nuestras importaciones, especialmente la de bienes de consumo, lo que es un claro indicio de una posible sustitución de producción nacional. El ejemplo de la leche es paradigmático. A las empresas de lácteos les resulta más barato importar leche en polvo o lactosuero para preparar sus productos derivados que comprarle la leche cruda a los campesinos colombianos.

En síntesis, hemos abierto nuestra economía y reducido nuestras barreras comerciales (arancelarias y no arancelarias), desprotegiendo a los productores nacionales pero dicho esfuerzo no se ha visto traducido en mayores exportaciones. Por el contrario, lo que se ha visto es un incremento inusitado de las importaciones, especialmente de productos alimentarios que explica en buena parte la crisis del agro.

Así las cosas, debe revisarse el modelo de comercio exterior adoptado porque como muestran las frías cifras Colombia está en vía de convertirse en un país que importa mucho más de lo que exporta, con grave perjuicio para los sectores agropecuario e industrial, las mayores fuentes de empleo del país.

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A raíz del torpe procedimiento policial realizado el domingo pasado en un club nocturno de Bogotá que desencadenó la muerte de seis personas que allí departían, se ha suscitado un fuerte debate sobre los excesos de la Policía Nacional en el uso de la fuerza.

Un enérgico editorial de El Espectador titulado “Una brutalidad” cuestiona con crudeza el proceder de los agentes policiales que rociaron gas pimienta en un bar atestado de gente sin salida de emergencia. No es para menos. Como indican las versiones de distintos testigos, no existió proporcionalidad entre los medios empleados por la policía y el fin perseguido de sancionar la infracción a una norma sobre usos del suelo y horarios de los establecimientos nocturnos. En igual sentido, aunque con menos dureza, editorializa el diario El Tiempo en su nota “Cadena de errores”.

Se trae lo anterior a colación porque mientras en la capital se critica a la Policía Nacional por sus posibles excesos en el uso de la fuerza, en nuestra región la crítica es precisamente la contraria: la falta de acción.

En efecto, la Policía Nacional parece haber bajado la guardia en el control del orden público, la convivencia y la seguridad ciudadana. El ejemplo del tránsito en Valledupar es elocuente. La regulación del tráfico prácticamente ha desaparecido de la ciudad, con muy pocas excepciones. En horas pico no se observa un agente de policía controlando el flujo vehicular como ocurre en otras ciudades. Desde hace tiempo no se realizan en la ciudad retenes para controlar a conductores ebrios que todos los fines de semana suelen causar accidentes, muchos de ellos con saldos fatales. En síntesis, al transitar las calles vallenatas se tiene la sensación de estar en el lejano oeste donde todo el mundo se cree con licencia para hacer lo que quiera desde parquear en sitios prohibidos, hasta pasarse los semáforos en rojos, sin temor a ser sancionado.

En materia de seguridad preocupa nuevamente el aumento en este segundo semestre de la tasa de homicidios que venía comportándose adecuadamente durante la primera etapa del año. También se han incrementado los casos de fleteo, hurtos a residencias y los atracos callejeros.

Se reconoce la buena iniciativa de los cuadrantes implementada en la ciudad que ha acortado el tiempo de reacción de la Policía pero aún falta mucho por mejorar su accionar como un todo. La institución debe acercarse más a la comunidad para que se gane su confianza y sea percibida como una entidad amiga, no como ocurre en la actualidad cuando la gente cree que sus agentes están al servicio únicamente de la inmovilización de vehículos que generan pingües ganancias para los propietarios de los parqueaderos donde se guardan los automotores detenidos.

En pocas palabras, se quiere una policía que proteja al ciudadano, que responda eficaz y oportunamente a los llamados de auxilio y que sea un eficiente guardián del derecho de todos a vivir en paz, todo ello, claro está, sin incurrir en excesos.

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Un sabor amargo ha quedado en la comunidad educativa cesarense tras conocerse el análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro, contenido en el informe realizado por el exdirector del ICFES, Daniel Bogoya, ‘Elementos de Calidad de la Educación Superior en Colombia’. No es para menos. La Universidad Popular del Cesar sale muy mal librada como se explica más adelante.

De acuerdo con el informe, las diez primeras universidades del país se ubican mayoritariamente en Bogotá y Medellín. Solo una de la Costa, la Universidad del Norte, con sede en Barranquilla, se logró ubicar en el listado de las mejores.

En el caso de la UPC, el informe señala que tanto su sede principal en Valledupar como la sede de Aguachica presentan resultados por debajo de la media nacional en las cinco variables objeto de evaluación: razonamiento cuantitativo, lectura crítica, inglés, escritura y competencias ciudadanas.

Lo más preocupante es que al comparar el comportamiento de la UPC (Sede Valledupar) en las pruebas Saber de los años 2011 y 2012 se observa que en vez de mejorar de un año a otro, la universidad presenta peores resultados. Veamos: en la prueba de razonamiento cuantitativo la UPC pasó de tener un promedio de 9,79 puntos en 2011 a 9,61 en 2012; en lectura crítica descendió de 9,76 a 9,64; en escritura se obtuvo en 2012 9,80 cuando en 2011 se había obtenido 9,85. Sólo en inglés hubo un leve aumento en el puntaje al pasar de 9,69 puntos (2011) a 9,71 (2012). La sede de Aguachica presenta similares resultados negativos a los de la sede principal.

Ante esta inocultable realidad que muestra que la UPC comparte los últimos lugares de las universidades públicas del país, superada sólo por la Universidad de La Guajira, del Magdalena y la Tecnológica del Chocó (la última de la tabla), resulta inaceptable que la justificación de la entidad expresada en voz del vicerrector Roberto Daza sea que no solamente a la UPC le va mal sino a todas las universidades con asiento en El Cesar. En pocas palabras, a mal de muchos, consuelo de tontos. (Escuche aquí audio de la entrevista a Roberto Daza).

Sorprende por decir lo menos esa actitud defensiva de un alto directivo que ha estado vinculado al alma mater por cerca de dos décadas y que es también corresponsable del presente estado de cosas. Claro está, no se trata de buscar culpables, sino soluciones. En este medio hemos reseñado las acciones positivas de la actual administración para mejorar una entidad en la que desde hace tiempo se enquistó la politiquería, las roscas y las componendas burocráticas y contractuales. Hace poco exaltábamos la buena iniciativa del convenio por celebrar con la Universidad de Los Andes para educar en postgrados a los docentes de la UPC.

Sin embargo, infortunadamente las gestiones se miden, no por las buenas intenciones ni, mucho menos, por los anuncios, sino por los resultados. Y en este sentido, la realidad tozuda se muestra contraria a la UPC.

Sea éste, entonces, un sano llamado de atención para que la administración del rector Jesualdo Hernández reflexione internamente sobre las falencias y fallas actuales de la UPC, en aras de plantear un nuevo plan de choque para enfrentar problemas que se reconocen como estructurales en nuestro sistema educativo y que por la misma razón ameritan soluciones integrales. Estudiante avisado y aplicado no pierde el examen.

Puede escuchar el audio aquí:

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Hacía varios años se escuchaban el país varias voces que criticaban, no sin razón, los altos precios de los combustibles en Colombia. Desde economistas reputados, pasando por congresistas y reconocidos periodistas como Juan Gossaín, hasta ciudadanos del común coincidían en señalar que los colombianos pagamos una de las gasolinas más caras del mundo.

Gossaín, en su artículo “gasolina a precio de ricos, pero con salario de pobres” desnudó las contradicciones evidentes en el precio interno de los combustibles, pues, al comparar el precio de la gasolina colombiana con la de otros países, se observa una desproporción injustificada entre el precio que se paga aquí por galón y la capacidad adquisitiva del colombiano promedio. La mayor paradoja está en que ni siquiera en países a los que Colombia les vende petróleo, como Corea del Sur, la gasolina llega a ser tan cara como en nuestro país.

Los dos últimos gobiernos (Uribe y Santos) desoyeron por años el clamor generalizado de la mayoría de los colombianos de revisar, en forma equitativa, la inicua fórmula para fijar el precio de la gasolina, pues, aunque en teoría tal fórmula estaba diseñada para amortiguar, a nivel interno, el impacto de las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, en la práctica, a pesar de que el precio internacional del petróleo bajase, el precio doméstico de la gasolina no se reducía. En el mejor de los casos no aumentaba el precio, pero en todo el tiempo de la vigencia de la fórmula nunca bajó.

Un grupo de abogados demandó ante la Corte Constitucional la exequibilidad de una norma contenida en la Ley 1450 de 2011(literal c del artículo 101), que le otorga al gobierno nacional la potestad para fijar el aumento del precio de la gasolina mediante una fórmula basada en la diferencia de precios internacionales y domésticos. Ayer, el alto tribunal concedió la razón a los demandantes y, mediante sentencia de Sala Plena, (con una votación de 5-2), consideró que la norma acusada no se ajustaba a la Constitución, en atención a que tal potestad corresponde exclusivamente al Congreso de la República, debido a que, por vía de la fórmula de la gasolina, se fijaba también el valor de varios impuestos (uno nacional y dos de los entes territoriales), cuya determinación compete en forma excluyente al Legislativo.

En otras palabras, la Corte Constitucional refrendó la tesis de que la potestad tributaria del Congreso para fijar los impuestos, contribuciones fiscales y parafiscales, es indelegable, evento que en el caso en cuestión había sido delegada indebidamente al Ejecutivo por la norma demandada, cuando al atribuirle la facultad para determinar el aumento del precio de la gasolina, de contera, permitió al gobierno modificar a su arbitrio el valor de los impuestos que se cobran conexamente por la comercialización de la gasolina.

Lógicamente, el fallo que aún no ha sido publicado formalmente por la Corte y que sólo se conoce por información de prensa, representa un durísimo golpe a las finanzas del gobierno, pues, pierde el Ejecutivo el margen de maniobra para asegurar recursos de fácil recaudo vía la venta de gasolina. Ahora queda en terrenos del Congreso de la República la competencia para establecer una fórmula que atienda a la capacidad adquisitiva de los colombianos. Cabe esperar que el Legislativo actúe en consecuencia y no cometa el error que por años cometieron los gobiernos de turno, quienes propiciaron la aplicación de una fórmula, a todas luces, inequitativa que en buena hora fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

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Dos largos y sangrientos años completa ya la guerra civil en Siria desde que estallara un cruento conflicto a raíz de las jornadas de protestas en 2011 en contra del gobierno del presidente Bashar Al-Asad en el contexto de la llamada ‘primavera árabe’.

Lo que comenzó como una amplia movilización social pacífica para reclamar cambios y mayores libertades civiles en el férreo régimen de Al-Asad –cuya familia ha gobernado Siria por más de 40 años–, pronto degeneró en una orgía de sangre con más de 100.000 muertos, millones de refugiados, medio país destruido, y acusaciones mutuas entre gobierno y rebeldes de usar armas químicas.

Desde el inicio del conflicto, la comunidad internacional ha sido vacilante frente al caso sirio. Los intentos presentados al Consejo de Seguridad de la ONU para imponer sanciones a Siria por la brutal represión y ataques del gobierno a su población civil han sido bloqueados por China y Rusia, potencias aliadas del régimen de Bashar Al-Asad.

En la actualidad el congreso de Estados Unidos estudia si autoriza o no al presidente Barack Obama para intervenir militarmente en Siria. Sin embargo, la desastrosa experiencia de ese país frente a otros conflictos en Medio Oriente parece aconsejar que esa no es la mejor alternativa. En efecto, solo basta ver las funestas consecuencias de las intervenciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán para concluir que es poco probable que en el caso sirio se finalice con éxito. Tras doce años de la invasión a Afganistán y diez de la invasión a Irak, la presencia de Estados Unidos deja una estela de destrucción a su paso que arrasó con la poca infraestructura existente e hipotecó los destinos de ambas naciones a ‘ayudas’ y onerosos préstamos otorgados por entidades crediticias controladas por el país del norte, sin contar la profunda polarización de ambas sociedades que aún continúan en guerra.

En pocas palabras, antes de meter sus narices Estados Unidos, Afganistán e Irak estaban menos mal de lo que quedaron tras la intervención americana, en su autoarrogada función de policía del mundo. Como afirma con razón el analista Antonio Caballero, “Las intervenciones guerreras llamadas de pacificación, por bienintencionadas que se declaren (aunque nunca lo son), no solucionan nunca los problemas, sino que los empeoran y los complican”.

Lógicamente no se desconoce la gravedad de la crisis humanitaria que vive Siria y la necesidad de actuar para evitar el baño de sangre. No obstante, se reiteran los peligros de emplear ante Siria el mismo modelo de intervención estadounidense con las adversas consecuencias ya anotadas.

El mundo entero, conmovido ante las imágenes de los niños muertos, clama por que se haga algo. Pero ¿qué hacer? Cualquier cosa, menos que volver a usar un modelo que ha probado una y otra vez ser más dañino que beneficioso para las países objeto de las intervenciones militares de Estados Unidos.

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