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Editorial (439)

Un sabor amargo ha quedado en la comunidad educativa cesarense tras conocerse el análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro, contenido en el informe realizado por el exdirector del ICFES, Daniel Bogoya, ‘Elementos de Calidad de la Educación Superior en Colombia’. No es para menos. La Universidad Popular del Cesar sale muy mal librada como se explica más adelante.

De acuerdo con el informe, las diez primeras universidades del país se ubican mayoritariamente en Bogotá y Medellín. Solo una de la Costa, la Universidad del Norte, con sede en Barranquilla, se logró ubicar en el listado de las mejores.

En el caso de la UPC, el informe señala que tanto su sede principal en Valledupar como la sede de Aguachica presentan resultados por debajo de la media nacional en las cinco variables objeto de evaluación: razonamiento cuantitativo, lectura crítica, inglés, escritura y competencias ciudadanas.

Lo más preocupante es que al comparar el comportamiento de la UPC (Sede Valledupar) en las pruebas Saber de los años 2011 y 2012 se observa que en vez de mejorar de un año a otro, la universidad presenta peores resultados. Veamos: en la prueba de razonamiento cuantitativo la UPC pasó de tener un promedio de 9,79 puntos en 2011 a 9,61 en 2012; en lectura crítica descendió de 9,76 a 9,64; en escritura se obtuvo en 2012 9,80 cuando en 2011 se había obtenido 9,85. Sólo en inglés hubo un leve aumento en el puntaje al pasar de 9,69 puntos (2011) a 9,71 (2012). La sede de Aguachica presenta similares resultados negativos a los de la sede principal.

Ante esta inocultable realidad que muestra que la UPC comparte los últimos lugares de las universidades públicas del país, superada sólo por la Universidad de La Guajira, del Magdalena y la Tecnológica del Chocó (la última de la tabla), resulta inaceptable que la justificación de la entidad expresada en voz del vicerrector Roberto Daza sea que no solamente a la UPC le va mal sino a todas las universidades con asiento en El Cesar. En pocas palabras, a mal de muchos, consuelo de tontos. (Escuche aquí audio de la entrevista a Roberto Daza).

Sorprende por decir lo menos esa actitud defensiva de un alto directivo que ha estado vinculado al alma mater por cerca de dos décadas y que es también corresponsable del presente estado de cosas. Claro está, no se trata de buscar culpables, sino soluciones. En este medio hemos reseñado las acciones positivas de la actual administración para mejorar una entidad en la que desde hace tiempo se enquistó la politiquería, las roscas y las componendas burocráticas y contractuales. Hace poco exaltábamos la buena iniciativa del convenio por celebrar con la Universidad de Los Andes para educar en postgrados a los docentes de la UPC.

Sin embargo, infortunadamente las gestiones se miden, no por las buenas intenciones ni, mucho menos, por los anuncios, sino por los resultados. Y en este sentido, la realidad tozuda se muestra contraria a la UPC.

Sea éste, entonces, un sano llamado de atención para que la administración del rector Jesualdo Hernández reflexione internamente sobre las falencias y fallas actuales de la UPC, en aras de plantear un nuevo plan de choque para enfrentar problemas que se reconocen como estructurales en nuestro sistema educativo y que por la misma razón ameritan soluciones integrales. Estudiante avisado y aplicado no pierde el examen.

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Hacía varios años se escuchaban el país varias voces que criticaban, no sin razón, los altos precios de los combustibles en Colombia. Desde economistas reputados, pasando por congresistas y reconocidos periodistas como Juan Gossaín, hasta ciudadanos del común coincidían en señalar que los colombianos pagamos una de las gasolinas más caras del mundo.

Gossaín, en su artículo “gasolina a precio de ricos, pero con salario de pobres” desnudó las contradicciones evidentes en el precio interno de los combustibles, pues, al comparar el precio de la gasolina colombiana con la de otros países, se observa una desproporción injustificada entre el precio que se paga aquí por galón y la capacidad adquisitiva del colombiano promedio. La mayor paradoja está en que ni siquiera en países a los que Colombia les vende petróleo, como Corea del Sur, la gasolina llega a ser tan cara como en nuestro país.

Los dos últimos gobiernos (Uribe y Santos) desoyeron por años el clamor generalizado de la mayoría de los colombianos de revisar, en forma equitativa, la inicua fórmula para fijar el precio de la gasolina, pues, aunque en teoría tal fórmula estaba diseñada para amortiguar, a nivel interno, el impacto de las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, en la práctica, a pesar de que el precio internacional del petróleo bajase, el precio doméstico de la gasolina no se reducía. En el mejor de los casos no aumentaba el precio, pero en todo el tiempo de la vigencia de la fórmula nunca bajó.

Un grupo de abogados demandó ante la Corte Constitucional la exequibilidad de una norma contenida en la Ley 1450 de 2011(literal c del artículo 101), que le otorga al gobierno nacional la potestad para fijar el aumento del precio de la gasolina mediante una fórmula basada en la diferencia de precios internacionales y domésticos. Ayer, el alto tribunal concedió la razón a los demandantes y, mediante sentencia de Sala Plena, (con una votación de 5-2), consideró que la norma acusada no se ajustaba a la Constitución, en atención a que tal potestad corresponde exclusivamente al Congreso de la República, debido a que, por vía de la fórmula de la gasolina, se fijaba también el valor de varios impuestos (uno nacional y dos de los entes territoriales), cuya determinación compete en forma excluyente al Legislativo.

En otras palabras, la Corte Constitucional refrendó la tesis de que la potestad tributaria del Congreso para fijar los impuestos, contribuciones fiscales y parafiscales, es indelegable, evento que en el caso en cuestión había sido delegada indebidamente al Ejecutivo por la norma demandada, cuando al atribuirle la facultad para determinar el aumento del precio de la gasolina, de contera, permitió al gobierno modificar a su arbitrio el valor de los impuestos que se cobran conexamente por la comercialización de la gasolina.

Lógicamente, el fallo que aún no ha sido publicado formalmente por la Corte y que sólo se conoce por información de prensa, representa un durísimo golpe a las finanzas del gobierno, pues, pierde el Ejecutivo el margen de maniobra para asegurar recursos de fácil recaudo vía la venta de gasolina. Ahora queda en terrenos del Congreso de la República la competencia para establecer una fórmula que atienda a la capacidad adquisitiva de los colombianos. Cabe esperar que el Legislativo actúe en consecuencia y no cometa el error que por años cometieron los gobiernos de turno, quienes propiciaron la aplicación de una fórmula, a todas luces, inequitativa que en buena hora fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

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Dos largos y sangrientos años completa ya la guerra civil en Siria desde que estallara un cruento conflicto a raíz de las jornadas de protestas en 2011 en contra del gobierno del presidente Bashar Al-Asad en el contexto de la llamada ‘primavera árabe’.

Lo que comenzó como una amplia movilización social pacífica para reclamar cambios y mayores libertades civiles en el férreo régimen de Al-Asad –cuya familia ha gobernado Siria por más de 40 años–, pronto degeneró en una orgía de sangre con más de 100.000 muertos, millones de refugiados, medio país destruido, y acusaciones mutuas entre gobierno y rebeldes de usar armas químicas.

Desde el inicio del conflicto, la comunidad internacional ha sido vacilante frente al caso sirio. Los intentos presentados al Consejo de Seguridad de la ONU para imponer sanciones a Siria por la brutal represión y ataques del gobierno a su población civil han sido bloqueados por China y Rusia, potencias aliadas del régimen de Bashar Al-Asad.

En la actualidad el congreso de Estados Unidos estudia si autoriza o no al presidente Barack Obama para intervenir militarmente en Siria. Sin embargo, la desastrosa experiencia de ese país frente a otros conflictos en Medio Oriente parece aconsejar que esa no es la mejor alternativa. En efecto, solo basta ver las funestas consecuencias de las intervenciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán para concluir que es poco probable que en el caso sirio se finalice con éxito. Tras doce años de la invasión a Afganistán y diez de la invasión a Irak, la presencia de Estados Unidos deja una estela de destrucción a su paso que arrasó con la poca infraestructura existente e hipotecó los destinos de ambas naciones a ‘ayudas’ y onerosos préstamos otorgados por entidades crediticias controladas por el país del norte, sin contar la profunda polarización de ambas sociedades que aún continúan en guerra.

En pocas palabras, antes de meter sus narices Estados Unidos, Afganistán e Irak estaban menos mal de lo que quedaron tras la intervención americana, en su autoarrogada función de policía del mundo. Como afirma con razón el analista Antonio Caballero, “Las intervenciones guerreras llamadas de pacificación, por bienintencionadas que se declaren (aunque nunca lo son), no solucionan nunca los problemas, sino que los empeoran y los complican”.

Lógicamente no se desconoce la gravedad de la crisis humanitaria que vive Siria y la necesidad de actuar para evitar el baño de sangre. No obstante, se reiteran los peligros de emplear ante Siria el mismo modelo de intervención estadounidense con las adversas consecuencias ya anotadas.

El mundo entero, conmovido ante las imágenes de los niños muertos, clama por que se haga algo. Pero ¿qué hacer? Cualquier cosa, menos que volver a usar un modelo que ha probado una y otra vez ser más dañino que beneficioso para las países objeto de las intervenciones militares de Estados Unidos.

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En su última visita a la ciudad, la saliente ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, reiteró el compromiso del gobierno nacional de construir una nueva cárcel en Valledupar que reemplazaría a la actual cárcel judicial ubicada en el barrio Dangond.

La ministra empeñó su palabra ante el gobernador Luis Alberto Monsalvo para suscribir un convenio en el cual el departamento aportaría el lote sobre el cual se edificaría el centro penitenciario y, por su parte, el Ministerio de Justicía, vía el Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, se encargaría de todo lo referente a la construcción de la cárcel.

Hasta allí todo bien. El mandatario cesarense citó, en consecuencia, a la Asamblea departamental a sesiones extraordinarias para que le otorgue facultades para adquirir un predio que estaría ubicado en cercanías de la cárcel de máxima seguridad denominada popularmente “La Tramacúa”.

A la fecha se desconoce aún el texto del proyecto de ordenanza que presentará la administración a consideración de la duma departamental.

Sin embargo, es imperativo hacer un llamado para que tanto el gobierno departamental como la propia asamblea incluyan salvaguardas o garantías a fin de que no se vuelva a repetir la historia de lo sucedido con la cárcel de La Tramacúa, la cual fue presentada en su momento por el ministro de Justicia de la época, Rómulo Gonzalez, como sustituta de la cárcel judicial, pero al finalizar la película, Valledupar terminó con dos cárceles, con las nefastas consecuencias que ya conocemos en materia de inseguridad que hemos padecido desde que la cárcel de alta seguridad alberga a los más peligrosos criminales que son trasladados a esta ciudad. No solo vienen ellos. Vienen también sus familiares y sus aparatos de crimen organizado. La Cámara de Comercio de Valledupar ha sido testigo de cómo muchos comerciantes han sido extorsionados por llamadas que salen desde esta cárcel.

Con estos antecedentes, la ciudadanía vallenata no puede descuidarse frente al proyecto de la construcción de una nueva cárcel. Sería el colmo que engañados una vez, volvamos a caer nuevamente en el engaño por parte del gobierno nacional.

Será responsabilidad del alcalde Fredys Socarrás, del gobernador Luis Monsalvo y de los actuales diputados y concejales de la ciudad velar para que la nueva cárcel cuyo predio va a adquirir la gobernación con recursos propios, sea destinada efectivamente para reemplazar la actual cárcel del barrio Dangond y que ésta, una vez su población carcelaria sea reubicada, sea demolida, a fin de no dejarle la tentación al Inpec de ubicar allí a nuevos reclusos.

Si esto no se garantiza en las administraciones actuales y futuras, es altamente probable  que Valledupar pase de ser la capital mundial del vallenato, a la capital nacional carcelaria. Como dice el refranero popular, esperemos que en esta ocasión, al perro no lo capen dos veces.

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Después de haber recibido la renuncia protocolaria de su equipo de trabajo, el presidente Juan Manuel Santos recompuso su gabinete. No es coincidencia que esta decisión se haya dado un día después de haber sido divulgada la última encuesta de Gallup que muestra un desplome de la imagen presidencial. Su imagen favorable cayó del 46%, que tenía en junio, al 21% en agosto.

Desde hacía una década un presidente no caía tan bajo en las encuestas cuando el país castigó a Andrés Pastrana por el inadecuado manejo de la zona de distensión ante los excesos de las Farc en el Caguán y en el proceso de paz. Ahora, el país le pasó una cuenta de cobro a Santos por su incapacidad de respuesta al malestar social y a la crisis del campo que ha generado paros y bloqueos en vastas zonas del territorio. Según la encuesta, 72% de los colombianos tienen una opinión negativa del presidente. Solo el 25% de los encuestados consideran que su gestión es aceptable, cuando dos meses atrás dicho porcentaje era más alto (44%).

Como era de esperarse, acorralado por la percepción negativa de los colombianos tanto de su imagen como de su gestión, el presidente quiso oxigenar su equipo de trabajo de cara al último año de su gobierno y con la no oculta intención de salvar la opción de la reelección.

Ante las críticas –bien merecidas– de que el equipo anterior era demasiado tecnócrata, bogotano y aristocrático, Santos quiso darle mayor representatividad a las regiones del país. Por ello, de los siete nuevo miembros del gabinete, solo uno es de Bogotá (María Lorena Gutiérrez, designada como nueva secretaria general de Presidencia). Los seis restantes provienen todos de las regiones: Aurelio Irragori, nuevo ministro del Interior, es oriundo de Popayán; Alfonso Gómez Méndez, nuevo ministro de Justicia, nació en Chaparral, Tolima; Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura, proviene del Valle del Cauca; Amylkar Acosta, nuevo ministro de Minas, es de Riohacha, La Guajira; Luz Helena Sarmiento, ministra del Ambiente, representa a Santander; y Tatyana Orozco, antes viceministra de Turismo y ahora directora del Departamento Nacional de Planeación, es de Barranquilla.

La Costa puede darse por bien servida por que aumenta a cinco sus representantes en el alto gobierno, ya que obtiene el Ministerio de Minas con Acosta y el importante centro de poder que es Planeación Nacional con Orozco, ambos entes responsables del manejo e inversión de los recursos de regalías. Adicionalmente, la Costa mantiene los nombres de Sergio Díaz-Granados en Comercio Exterior, de Cecilia Álvarez en Transporte y de Bruce Mac Master en el Departamento para la Prosperidad Social.

Esperamos que este relevo de nombres no sólo le imprima mayor dinamismo a la gestión gubernamental sino también que se traduzca en un cambio sustancial de las políticas públicas erradas que han sido las verdaderas responsables de la ruina del campo y de la justa protesta social que se ha extendido como una ola por todo el país. Aunque le queda muy poco tiempo de gestión, está por verse si la administración Santos es capaz, con estos cambios, de darle la vuelta a una ronda de cartas contrarias que han puesto en grave riesgo su meta personal de reelegirse para un cuatrienio más.

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Como una ironía más de la historia, mientras esta casa radial celebraba sus bodas de oro, dos medios impresos de la región –Vanguardia Valledupar y Q´hubo– salían de circulación.

La dolorosa decisión tomó por sorpresa no sólo a los 42 empleados de los dos diarios pertenecientes a la casa editorial Vanguardia Liberal, de propiedad de la familia Galvis de Bucaramanga, sino también al gremio periodístico local y a los miles de espectadores que diariamente se informaban a través de sus páginas.

Aunque aún sus directivas no han hecho un pronunciamiento formal sobre las causas que originaron el cierre de estos dos medios, es ya de público conocimiento que la razón de fondo es principalmente económica: la rentabilidad de los diarios no era la esperada por sus propietarios, argumento que habría pesado en la decisión final.

Naturalmente, es entendible las razones de sus dueños. Nadie está obligado a mantener empresas no rentables e inviables financieramente. Asimismo, infortunadamente pareciera que el cierre de medios impresos se hubiese vuelto un lugar común en todas partes del mundo. Hace un par de años, el legendario Boston Globe de Massachusetts, Estados Unidos estuvo al borde de la quiebra y aún batalla por sobrevivir. El año pasado la emblemática revista Newsweek anunció el cierre su edición impresa y hoy solo mantiene su versión digital. Recientemente, el otrora influyente Washington Post, responsable de la caída del presidente Richard Nixon (lo que le valió el premio Pulitzer de 1973) fue vendido por la módica suma de 250 millones de dólares al grupo Amazon, cuando menos de dos décadas atrás llegó a estar valorado por encima de los 2.000 millones de dólares.

A nivel de Colombia, también abundan los ejemplos, entre los cuales el más notable es la extinción de la prestigiosa revista Cambio, la cual, pese a haber destapado varios de los más sonados escándalos de corrupción del país, no logró sobrevivir a los duros dictados del capitalismo moderno: sin rentabilidad, no es sostenible ningún negocio. A nivel local ya los vallenatos habían experimentado un sentimiento similar con el cierre del Diario Vallenato, propiedad de la queridísima y aguerrida periodista Lolita Acosta.

Sin embargo, la muerte de Vanguardia Valledupar es un motivo de profunda preocupación para el periodismo regional. En primer lugar, porque dicho diario se caracterizó en sus doce años de existencia por el sentido crítico a las administraciones de turno y por la seriedad de sus investigaciones periodísticas. Adicionalmente, al no tener sus propietarios intereses políticos en nuestro departamento, brindaron al diario de la autonomía e independencia necesarios para ejercer su función informativa, sin estar sujetos a las influencias políticas ni a las presiones de los gobernantes vía la pauta oficial.

En segundo lugar, preocupa en extremo que este vacío que dejan estos dos diarios termine siendo copado no por un periodismo serio, profesional, imparcial y veraz, sino precisamente por medios cuya hoja de ruta es el amarillismo, el mercantilismo periodístico y el ejercicio de un periodismo mercenario, a la venta del mejor postor, usado como un fusil para atacar a los enemigos políticos y que desde esta esquina se ha criticado en numerosas oportunidades.

Por todas las anteriores razones, esperamos que el diario que queda, El Pilón, mantenga una línea editorial crítica de las cosas mal hechas de los gobernantes actuales y futuros, y no sucumba a la tentación de someter la independencia del periódico a los intereses políticos de la familia Quintero, propietaria del medio. Es una tarea difícil que todo medio de comunicación debe luchar diariamente por ganar, la de que el compromiso con la verdad y la justicia, esté por encima de los intereses particulares de sus propietarios.

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Vanguardia Valledupar y Q'hubo salen de circulación

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Una fuerte controversia se ha generado en el país con relación a las funciones que cumple el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en materia de controles fitosanitarios sobre las semillas usadas para siembra en Colombia. En el ojo del huracán está la resolución 970, promulgada en marzo de 2010, en el último año del gobierno Uribe.

Aunque esta resolucion fue expedida hace más de 3 años, con base en una norma de mayor jerarquía –expedida a su vez en el mandato de César Gaviria: decreto 1840 de 1994–, fue la emisión de un documental dirigido por Victoria Solano el hecho que sembró la duda sobre su justicia. En dicho documental se narra cómo el ICA, acompañado de la fuerza pública y del ESMAD, decomisa y luego destruye varias toneladas de semillas de arroz que campesinos del municipio de Campoalegre, Huila, habían almacenado para ser reutilizadas posteriormente en la siembra de sus cultivos.

Esta práctica inveterada no solo ocurre en el Huila y el Tolima, sino también en varias zonas de la Costa Atlántica, incluido el departamento del Cesar, otrora despensa arrocera: los cultivadores suelen almacenar el mejor producto de su cosecha para utilizarlas en próximas siembras.

Pese a la existencia de esta práctica –conocida por el ICA y por la propia Fedearroz, agremiación de arroceros del país–, la normatividad vigente la prohíbe, pues solo permite el uso de semilla certificada por el ICA y comercializada por Fedearroz, ente que monopoliza la distribución de las semillas de arroz en el país.

No se pretende desconocer con esto la función de autoridad sanitaria del ICA y el control que debe tener para prevenir el uso indebido de semillas que pongan en riesgo la producción o la sanidad agropecuaria en el país. Hecha la aclaración, tampoco se puede pasar por alto lo que puede considerarse un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en el caso particular de Campoalegre. Y, más allá, la falta de socialización de la normatividad que expide el ICA entre sus principales destinatarios: los campesinos colombianos, quienes carecen en gran medida de acceso a medios de comunicación y viven en rincones apartados de la geografía nacional.

Tomar acciones represivas, antes que preventivas y educativas del campesinado en la aplicación de la jeringonza técnica de la resolución 970 fue un craso error. El decomiso de más de 1.800 toneladas de semilla en lo que va del 2013 por uso indebido e infracciones a la 970 no prueba la eficiencia del ICA, sino precisamente que se ha preferido el camino erróneo de la represión, antes que el de la educación de los campesinos. Destruir más de 1.800 toneladas de semilla –como lo ordena la norma– en un país en que los niños y ancianos mueren de hambre refleja el extremo absurdo de la aplicación de una normatividad que siembra injusticia y, seguramente, cosechará inequidades.

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Documental 970

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Con la perseverancia y la paciencia de un buen artesano, poco a poco, ha ido tomando fuerza y forma una iniciativa para mostrar y resaltar los aspectos positivos de nuestro departamento.

Aunque El Cesar presenta un rezago histórico en materia de necesidades básicas insatisfechas y de calidad de vida que lo ubican muy por debajo de la media nacional en casi todos los aspectos (salud, educación, agua potable, vivienda, etc.) y así lo confirman los actuales indicadores socioeconómicos, un grupo de jóvenes se ha atrevido a desafiar el tradicional pesimismo que suele reinar entre los cesarenses para hacer una apuesta fuerte y arriesgada por las razones que existen para tener esperanza en esta región.

Así, de la mano de un inquieto y talentoso profesional, Ernesto Altahona Castro (@Ticoaltahona), nació el proyecto Yo creo en el Cesar, como un capítulo del programa Yo creo en Colombia, fundado en 1999 por el célebre motivador y conferencista, Pedro Medina, cuya organización se ha convertido en modelo en Latinoamérica en construcción de confianza y en empoderamiento de las comunidades para que ellas mismas sean agente de cambio de su realidad adversa.

La versión cesarense de Yo creo en Colombia tiene la particularidad de definirse así misma como un “proyecto de la sociedad civil para la sociedad civil”, razón por la cual no aceptan ningún tipo de financiamiento público, en aras de preservar su independencia y autonomía y –aunque no lo digan, tampoco es necesario hacerlo– evitar la politización de la iniciativa.

Ese grupo de jóvenes quijotes liderados por Ernesto Altahona ya ha convencido a varias empresas de la región para que la respalden, entre ellas, al colegio privado más antiguo de la región, el Colegio Santa Fe, a la caja de compensación familiar, Comfacesar, a la Alianza Francesa, al Club de Leones “Monarca”, a la Fundación Universitaria del Área Andina, y, por supuesto, a esta casa radial.

En los poco meses que lleva funcionando, Yo creo en el Cesar, tiene resultados tangibles que mostrar: 63 estudiantes se han vinculados como investigadores del proyecto; 1.467 personas han sido sensibilizadas directamente por Pedro Medina; 1.566 razones por que creer en el Cesar dadas por estudiantes del colegio Santa Fe; se han realizado siete conferencias en el departamento, y más de una veintena de entrevistas a distintos medios.

Naturalmente, el proyecto aún tiene mucho camino que recorrer, para madurar y consolidarse como una alternativa viable de la propia sociedad civil que contribuya en forma eficiente a construir capital social y tejido social, tan escasos en un departamento que aún busca su identidad como ente territorial, y que coadyuve a la solución efectiva de los problemas de sus comunidades.

Sin embargo, desde ya bien vale la pena darle la más calurosa bienvenida a iniciativas refrescantes como ésta originadas en una sociedad civil aún en construcción, pero que quiere tomar conciencia de que gran parte de la solución de sus problemas y dificultades está en sus propias manos, más que en la de los agentes del Estado.

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Presentación del proyecto Yo creo en El Cesar

Twitter: @YoCreoenelCesar

Escuche audio de la entrevista al líder del proyecto, Ernesto Altahona:

 

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Aunque el gobierno de Andrés Pastrana suele ser recordado por la criticada zona de distensión en San Vicente del Caguán para facilitar los diálogos de paz entre el Estado y las FARC, suele olvidarse que fue en su administración en donde comenzó el proceso de fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas.  Con la ayuda económica de Estados Unidos se conformó el denominado Plan Colombia para equipar a nuestros soldados de mejores armas, mayor tecnología e inteligencia militar, y adquirir una de las flotas de helicópteros y aviones de guerra más grande de la región. Ese fortalecimiento del ejército ha sido fundamental para empezar a cambiar la ecuación de nuestra larga guerra interna.

La apuesta del gobierno de Pastrana por la paz fue sincera y las FARC respondieron a ella con más secuestro, más narcotráfico y más hechos de sangre. Sin embargo, la jugada de Andrés Pastrana de emprender una gira internacional, junto con los principales negociadores de la cuarentona guerrilla, con el fin de buscar países aliados al proceso de paz, logró desnudar a las FARC ante el mundo, rompiendo así el mito que existía en Europa y otras latitudes de ver en ellas a un movimiento alzado en armas, tipo Robin Hood, que luchaba por el expoliado pueblo colombiano.

Desde entonces, el Estado colombiano ha podido replantear exitosamente su estrategia militar frente a los grupos subversivos que aún subsisten. En menos de una década, la guerrilla pasó de la ofensiva a la defensiva, sintiendo la incesante persecución de nuestras Fuerzas Armadas que empezó a propinarle certeros golpes.  Uno a uno fueron cayendo mandos medios y altos comandantes: el Negro Acacio, Martín Caballero, Martín Sombra, Raúl Reyes, el Mono Jojoy, por solo mencionar a los más importantes. Lo anterior sumado a los golpes de opinión logrados por el rescate de secuestrados en operaciones exitosas como “Jaque” y las desmovilizaciones de combatientes han minado la moral de las FARC, antes consideradas impenetrables.

La muerte de su máximo líder en ejercicio, Alfonso Cano, el pasado viernes 4 de noviembre cierra un ciclo de victorias militares para el Estado colombiano. Detrás de tales victorias existe un común denominador que ha permanecido en los últimos tres gobiernos: Juan Manuel Santos Calderón. Primero como Ministro de Hacienda de Andrés Pastrana coadyuvó en la estructuración del Plan Colombia que fortaleció a las Fuerzas Militares; luego como Ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez se encargó de ejecutar la más fuerte ofensiva en contra de las FARC que mermó sustancialmente su capacidad de acción; y ahora como Presidente de la República, al dar de baja a su principal comandante, manda el contundente mensaje a los guerrilleros que el camino de las armas no tiene futuro en Colombia.

Naturalmente, la muerte de Cano no significa necesariamente el fin de nuestro conflicto armado, pero sí el fin de su fase militar pura. Demostrado como quedó que el Estado colombiano tiene la capacidad para eliminar al comandante de las FARC, es conveniente recordar lo que afirmamos en nuestro editorial “También caerán” del 27 de septiembre de 2010, a propósito de la operación Sodoma que dio de baja a alias Mono Jojoy: las victorias militares deben ir acompañadas de un robustecimiento del aparato estatal en las regiones en donde la guerrilla mandaba como Pedro por su casa. Pues, es imposible negar que detrás de este largo conflicto, subyacen graves problemas sociales que el país debe afrontar sin más miramientos: concentración de la tierra y la riqueza, inequidad social, impunidad, desplazamiento, falta de oportunidades y un largo etcétera que constituyen una verdadera bomba de tiempo social.

Ciertamente, el Estado colombiano debe, simultáneamente con la estrategia militar, darle solución a las llamadas causas objetivas de la guerra, es decir, a la situación de inequidad social que agobia al país. No es coincidencia que días previos a la desaparición de Cano, un informe del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas dejara en evidencia la gran desigualdad social de Colombia. En efecto, entre 129 países analizados, Colombia ocupa el triste honor de ser el tercer país con mayor desigualdad en el mundo, solamente superado por Haití, el país más pobre de Latinoamérica, y Angola en África, uno de los países con los ingresos per cápita más bajos del mundo.

En ese sentido, tampoco es coincidencia que en una misma semana un ex guerrillero, arrepentido del camino de las armas, haya alcanzado por la vía democrática el llamado segundo cargo en importancia en el país: la Alcaldía de Bogotá. Y otro guerrillero, aún levantado en armas, haya muerto, en la más absoluta soledad, preso de su arrogancia e intransigencia, fiel a la ortodoxia más pura y recalcitrante.

No obstante los difíciles problemas de justicia social que enfrenta Colombia, la muerte de Cano debe dejar claro que el camino de las armas es equivocado y poco efectivo. El triunfo de Gustavo Petro en Bogotá corrobora esta tesis.

Los posibles sucesores de Cano (Iván Márquez, Timochenko, Pablo Catatumbo y Joaquín Gómez) deben estar pensando para sí que ojalá la sucesión recaiga en otro, conscientes que el ser comandante supremo de las FARC es, en la actualidad, un supuesto “honor” demasiado corto y que se paga con la vida. Empero, quien lo suceda también puede pasar a la historia como el comandante bajo el cual las FARC aceptaron su derrota militar y allanaron el camino para la paz. Por el bien de la patria, esperamos que así sea.

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La Carta Política de 1991 favoreció, como ninguna otra, la participación ciudadana en la conformación y control del poder público a través de distintos mecanismos, siendo el sufragio el instrumento por antonomasia para expresar el soberano derecho a elegir a nuestras autoridades.

En todos los países en que existen regímenes democráticos es importante mantener motivados a los electores para que participen en la toma de decisiones políticas. En efecto, si las cifras de abstención electoral son muy altas, el sistema político empieza a perder legitimidad, con el agravante que una mayoría no representativa de ciudadanos estaría decidiendo por el futuro de todos, incluidos aquellos que por indiferencia, malestar o apatía no ejercen su derecho al voto. Es por ello que las guerrillas tradicionalmente han hecho públicos llamados a la abstención con el claro propósito de deslegitimar nuestro sistema político. 

A nivel latinoamericano, Colombia tiene uno de los promedios históricos más bajos de participación electoral.  Según el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), un estudio de elecciones presidenciales y legislativas en Latinoamérica entre 1978 y 2004 revela que “Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay son los países que cuentan con los mejores promedios de participación en elecciones presidenciales, por arriba de 80%, mientras que Colombia, El Salvador y Guatemala se ubican con los promedios más bajos, inferiores a 55%.”

Sin embargo, las elecciones de autoridades regionales en el departamento del Cesar muestran una tendencia contraria a la tendencia nacional. En 2003, la votación para gobernación arrojó una participación del 52.79%. En el 2007, subió al 58% para el mismo cargo, y el domingo 30 de octubre de 2011, la cifra de participación ascendió 2 puntos porcentuales más, ubicándose en un 60.22%. Naturalmente, es preocupante que aún alrededor del 40% de los cesarenses se abstengan de participar en las elecciones, pero reconforta que la tendencia de la abstención en el Cesar sea hacia la baja.

Departamentos hermanos como La Guajira y Magdalena han experimentado un fenómeno similar al  del Cesar. Para la gobernación, en el 2004, la participación en La Guajira fue de apenas el 48,32%; en el 2007, se incrementó al 50.98%, y en el 2011, llegó al 54.14%. En Magdalena, en 2004, 56.15% de votantes acudieron a las urnas; en el 2007, 57.09%; y en el 2011, 59.10%.

De otra parte, llama la atención que en la capital del Cesar el aumento de la participación electoral a Alcaldía se encuentre por debajo del resto de municipios del departamento, cuando siempre ha existido en el imaginario colectivo la idea de que en Valledupar prevalece el voto de opinión, lo que sería indicativo de una menor abstención. Veamos: en el 2004, en las elecciones que ungieron a Ciro Pupo como Alcalde, la cifra de participación fue del 51.42%; en el 2007, año en que Ava Carvajal resulto elegido, aumentó al 54.42%, y este año, en la elección de Fredys Socarrás, la tasa de participación fue del 55.81%.

El resultado de Valledupar contrasta con el de los restantes 23 municipios cesarenses que registraron todos tasas de participación para elección de Alcalde superiores a la registrada en la capital, así: Aguachica 60.25%; Agustín Codazzi, 61.79%; Astrea, 64.74%; Becerril, 64,37%; Bosconia, 62.16%; Chimichagua, 60.35%; Chiriguaná, 68.56%; Curumaní, 60.04%; El Copey, 64.66%; Gamarra, 70.79%; Gonzalez, 60.79%; La Gloria, 64.90%; La Jagua de Ibirico, 71.99%; La Paz, 64.52%; Manaure, 73.84%; Pailitas, 65.10%; Pelaya, 64.71%; Río de Oro, 69.51%; San Alberto, 64.28%; San Diego, 70.47%; San Martín 71.26%; y Tamalemeque, con 65.25%. La excepción a esta tendencia fue el municipio de Pueblo Bello, que registró una participación del 55.28%, levemente inferior a la registrada en Valledupar.

Finalmente, otro dato interesante es la curiosa coincidencia que existe entre los municipios en donde hubo mayores denuncias de trashumancia electoral y aquellos con las tasas de participación más alta en los pasados comicios. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral encontró irregularidades en 19 municipios del Cesar y excluyó 26.805 cédulas de un total de 77.811 impugnadas. De hecho, Chiriguaná, cuya tasa de participación fue del 68.56%, fue el municipio con mayor número de cédulas excluidas, más de 4.500. Inferencias similares pueden hacerse en La Jagua de Ibirico, Becerril, Manaure, San Diego y La Paz.

En este orden, lo que todos esperamos es que la tendencia al aumento porcentual de la votación en las elecciones y la consecuente reducción de la abstención sea el resultado de cifras basadas en hechos ciertos de participación real en los procesos democráticos, y no en el aumento espurio de cifras que falsean la voluntad soberana del pueblo cesarense a elegir con trasparencia a sus legítimos representantes en el poder público. Las injustificables asonadas post-electorales de El Paso y Chiriguaná son un campanazo de alerta de que algo anda mal en nuestra organización electoral, cuestión que debe ser corregida prontamente para dotar de plena legitimidad a nuestro sistema político y dejar sin excusas a aquellos que, por acción u omisión, aún practican la abstención electoral.

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