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Editorial (439)

El 19 de diciembre de 2007, por instrucciones del entonces procurador Edgardo Maya Villazón, el Ministerio Público demandó la nulidad absoluta del contrato de concesión 019, celebrado el 3 de marzo de 2005, por el alcalde Ciro Pupo Castro, en representación del municipio y la unión temporal Amoblamiento Urbano de Valledupar, unión conformada por las sociedades Construcciones Hilsaca Ltda. y Comingel Ltda.

Casi seis años después, el Tribunal Administrativo del Cesar, decidió desempolvar la demanda que dormía en los anaqueles judiciales, y le concedió la razón a la Procuraduría, mediante una sentencia proferida el pasado 24 de octubre, en la cual declara la nulidad absoluta de dicho contrato y ordena su terminación y liquidación inmediata. El Tribunal fundamenta su decisión de 121 páginas, en varios argumentos entre los cuales se destacan: (i) la falta de planeación y estudios previos que justificaran el otorgamiento de la concesión; (ii) la no existencia de autorización del Concejo de Valledupar para comprometer vigencias futuras ordinarias, a pesar de que el contrato las comprometía por un lapso de 15 años; (iii) el error en la figura contractual al escoger el contrato de concesión cuando ha debido escogerse un contrato de obra más acorde con la realidad del negocio jurídico celebrado.

La sentencia del Tribunal dejó en evidencia no solo el deseo irrefrenable de la administración de la época de adjudicar, a como diera lugar, una concesión lesiva para las finanzas municipales, sino también la complicidad del contratista en defender a capa y espada un descomunal entuerto jurídico. Basta mirar un aparte del fallo (páginas 84-85) en que el Tribunal deja constancia de que los antecedentes contractuales del proceso fueron botados a la basura por una presunta “confusión” de algún funcionario de la alcaldía, y pese a que copia de los mismos estaban en poder del contratista, éste no le dio la gana de facilitarlos a la Justicia.

Lógicamente, se reconoce que se trata de una decisión de primera instancia, frente a la cual el contratista, en ejercicio de su derecho de defensa, podrá interponer –como ya lo ha anunciado– los recursos de ley, recursos que deberán esperar un largo trámite de varios años ante el Consejo de Estado para que se determine en forma definitiva la suerte de la concesión. Sin embargo, este primer fallo, por su estructurada argumentación y solidez, es un paso en la dirección correcta para desmontar una de las concesiones que más daño le ha hecho a Valledupar, y detrás de la cual tienen intereses económicos una alianza de mafias locales y foráneas.

Con este espaldarazo del Tribunal, ha transcendido a la opinión que el alcalde actual se apresta a declarar en esta semana la caducidad del contrato de concesión. Algunos se preguntarán porqué tal decisión, si ya existe un fallo judicial. La respuesta sencilla es que, por ser una decisión de primera instancia que admite apelación, no se encuentra ejecutoriada hasta cuando la segunda instancia emita el fallo final, lo que se traduce en que mientras se dirime el litigio jurídico, el concesionario seguirá recibiendo las rentas del contrato.

La caducidad es un mecanismo expedito con que cuenta la administración para ponerle fin a este entuerto. El error de haber adjudicado este contrato salta a la vista: en ocho años de manejar el amoblamiento urbano de Valledupar y recibir cuantiosas ganancias, el contratista no construyó un solo parque nuevo en la ciudad, sólo se limitó a hacer obras menores en algunos de ellos. En la actualidad la mayoría de parques se encuentran desvalijados e inutilizables, como a diario nos recuerda el dramaturgo y oyente William Morón: “los parques están sin arreglar.”

Para terminar, una recomendación final a la administración, en el evento de declarar la caducidad al contrato de amoblamiento: no cometer aquí el error en que ha incurrido tras declarar la caducidad del tránsito, pues la euforia colectiva luego de esa acertada decisión, se ha traducido en decepción por el bajón en los recaudos y por la incapacidad del municipio de asumir con eficiencia las funciones de tránsito, antes en cabeza del concesionario. La idea debe ser tumbar las concesiones para que el municipio mejore y ejecute directamente lo que había sido delegado a particulares. De lo contrario, el remedio termina resultando peor que la enfermedad.

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Graves. Gravísimas y muy serias las denuncias realizadas por un grupo de investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre los presuntos nexos que existirían entre los comandos de Policía del Cesar y La Guajira con bandas criminales que operan en la región.

Teniendo en cuenta que investigaciones similares de esta ONG han servido de base para destapar en el pasado la llamada ‘parapolítica’, y, en la actualidad, los líos judiciales que hoy enredan al gobernador de La Guajira, no es una denuncia que puede desestimarse ni pasarse por alto. No es para menos. Por el contrario, de acuerdo con la misiva enviada al presidente de la República, y suscrita por los investigadores León Valencia, Claudia López, Gonzalo Guillen y Ariel Ávila, existirían serios indicios desde la década de los noventa de “fuertes vínculos de miembros de la Policía de la Guajira y el Cesar con las bandas criminales”.

Ciertamente, es un secreto a voces en esta región que nadie se atreve a decir por el peligro real e inminente que infunden estas poderosas organizaciones criminales cuyo aparato delictivo opera, en algunos casos, en plena connivencia con el Estado, y, en otros, bajo su mirada cómplice.

Sólo basta mirar una serie de eventos ocurridos en la región que se muestran como indicios de, por lo menos, una conducta apática de la Policía local frente al crimen organizado.

El contrabando de gasolina

Empecemos por lo obvio: el contrabando de combustible. En las propias narices de la Policía de La Guajira y el Cesar ingresan diariamente millones de galones de gasolina ilegal procedente de Venezuela cuyo centro de acopio es el municipio de La Paz. Pese a ello, pocos reportes policiales informan sobre decomisos de combustible. A principios de este año, en La Paz se produjo un conato de asonada a raíz de un enfrentamiento a tiros entre la Policía y un grupo de pimpineros. La versión oficial afirma que la Policía intentó realizar una incautación del combustible y los contrabandistas se opusieron. Sin embargo, existe una versión extraoficial –no desmentida aún– de que la caravana contrabandista habría pagado a la Policía para que permitiera el ingreso de cerca de 11 vehículos cargados de gasolina. El enfrentamiento se habría dado porque los contrabandistas querían hacerle conejo a los policías, ingresando mucho más vehículos de los que habían pagado (22 en total), a lo que, por supuesto, el cuerpo policial se habría opuesto.

Más allá de si tal versión es cierta o no, es imposible negar que un negocio que, según la propia DIAN, mueve cerca de 500 millones de dólares por año, tiene suficiente músculo financiero para corromper la débil institucionalidad que existe en la región y abrirse paso, al precio que fuere. (Ver nota editorial Las Finanzas del crimen). El negocio es, además, redondo, porque por las mismas rutas por las cuales ingresa el contrabando de combustibles, mercancía y armas, es por donde salen también cargamentos de cocaína de varios carteles.

¿Manzanas podridas?

De otra parte, no puede olvidarse que en el pasado ya se han dado casos comprobados de participación de comandantes de Policía de la región con grupos criminales. Recuérdese el escándalo del teniente coronel Juan Carlos Martínez Correal, quien siendo comandante operativo de la Policía en El Cesar facilitó la fallida fuga del reconocido narco Víctor Manuel Mejía Múnera, detenido en un retén entre Bosconia y El Copey, en enero de 2008. Por estos hechos, Martínez Correal fue destituido fulminantemente de la institución y fue acusado penalmente como miembro de la red de narcotraficantes al mando de "Los mellizos" Munera, por suministrarle información de inteligencia sobre operativos policiales en su contra.

En esta misma línea, aunque puede ser coincidencia, sí llama la atención los atentados de que han sido objetos varios excomandantes de Policía del Cesar, después de finalizado su mandato en el departamento. El primer caso es el del Coronel Ciro Hernando Chitiva, a quienes sicarios le lanzaron una granada y dispararon sobre su humanidad en el norte de Bogotá, en febrero de 2004. El segundo es el caso del coronel Ramiro Orlando Tobo Peña, asesinado en un atentado de sicarios en la zona de Puente Aranda en Bogotá, en noviembre de 2010. En su momento se presentó el homicidio de Tobo Peña como una muerte fortuita en un intento de atraco. No obstante, quedará la duda de si dicha muerte tuvo o no relación con el ejercicio de la comandancia en El Cesar, cargo que, a la postre, resultó el último en su trayectoria policial.

Si por El Cesar llueve, por La Guajira no escampa. La odisea en que se tornó la ejecución de la orden de captura en contra del gobernador guajiro devela que la conducta de los miembros de la Fuerza Pública estuvo lejos de ser cooperativa con la justicia. De acuerdo con la directora del CTI de la Fiscalía, Maritza Escobar, la Policía de la Guajira “no apoyó el operativo de captura del gobernador. Aunque el propio general Rodolfo Palomino negó que haya habido obstrucción a la justicia, así como supuestas agresiones de agentes de la policía a miembros del CTI, el episodio deja un sinsabor muy difícil de superar.

Así las cosas, con tantas coincidencias en contra, la tesis de manzanas podridas que empañan a la institución policial empieza a resultar poco verosímil. El llamado a la depuración es oportuno e imperativo. No se puede intentar más tapar el sol con las manos cuando su luz nos quema la cara, a la vista de todos. Guardar silencio frente a tan graves denuncias es la peor opción.

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Lo que empezó como una denuncia de un medio regional que, por sus controversial estilo periodístico, fue poco creída a nivel local, gradualmente se volvió escándalo nacional. Era cuestión de tiempo.

Imposible negar que la historia tiene todos los elementos para un escándalo mediático: una denuncia de que en las elecciones de autoridades regionales de octubre del 2011 se realizó un monumental fraude que incluyó la inscripción irregular de más de 18.000 cédulas pertenecientes a personas muertas. Apoya la hipótesis la declaración de un extraño personaje, Javier Valencia Estrada, que, según su relato, laboró en la Registraduría Nacional del Estado Civil con sede en Valledupar y participó en el esquema criminal para suplantar votantes y alterar los resultados electorales, en complicidad con la jefe local de Sistemas de la entidad, Elsa Castellano Ordúz; resultados que, según esta hipótesis, habrían beneficiado única y exclusivamente a quien terminó como candidato ganador a la Alcaldía de Valledupar: Fredys Socarrás Reales.

Naturalmente, no se desconoce aquí la gravedad de lo denunciado: la presunta vulnerabilidad de todo el sistema electoral, que, de ser cierta, socavaría la legitimidad de la elección del actual mandatario vallenato.

Sin embargo, sin intentar suplantar el trabajo de las autoridades competentes, es válido plantear varios interrogantes que la lógica común suscita frente a una acusación de ese tamaño:

En primer lugar, ¿es posible alterar los resultados electorales en un fraude de tal magnitud en una ciudad capital –¡más de 18.000 cédulas inscritas irregularmente!– sin contar con la complicidad de las más altas directivas de la Registraduría Nacional? Aceptando en gracia de discusión que fuese cierto el fraude, ¿porqué las personas involucradas esperaron más de 20 meses de sucedidos los hechos para denunciarlo sólo hasta ahora?

En segundo lugar, no puede pasarse por alto que en las elecciones de octubre de 2011, no sólo se eligió alcalde de Valledupar, sino también concejales, diputados y gobernador del Cesar. Así, cabe preguntar ¿sólo estaría en juego la legitimidad de la elección de Socarrás? No lo creemos. Cabe inferir que, de ser cierto el fraude, también estaría en vilo la legitimidad de los concejales, de los diputados y del gobernador Monsalvo. De hecho, debe recordarse las múltiples impugnaciones y objeciones que se presentaron en la elección al Concejo, en la cual fue necesario hacer un reconteo general de votos para poder determinar con exactitud la composición definitiva de la corporación.

¿Cómo negar que el hoy concejal José Mario Rodríguez Barriga, de un momento a otro, superó en votos al candidato Eudes Orozco? ¿O que el hoy concejal Gabriel Muvdi pasó de tener más de 2.000 votos para luego quedarse con los 1.726 que al final obtuvo?, entre otros casos presuntamente indicativos de anomalías.

Ahora bien, en sentido estricto, no le correspondía al alcalde salir a defender su elección. Quien debía pronunciarse y guardó un largo silencio para hacerlo era el propio Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, garante de que el sistema electoral colombiano sea confiable y a prueba de fraude.

Ayer, por fin, el Registrador rompió su silencio en entrevista concedida a la emisora W Radio en la que afirmó que era improbable que en las elecciones de 2011 hubiese habido fraude por suplantación de sufragantes. ¿O le creemos al Registrador de que no hubo fraude ó él, como cabeza de la organización electoral, es el principal responsable del mismo, bien por acción u omisión? He ahí el dilema.

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El doloroso trance de la muerte de una menor de dos años tras caer en una alcantarilla, en Bogotá ‘destapó’ un problema mayúsculo que a diario crece en las grandes y medianas urbes del país como consecuencia del devastador accionar de habitantes de la calle y recicladores, quienes en su afán de consumir drogas y ganar dinero, hurtan sin ningún escrúpulo las tapas de alcantarilla y las venden a los reducidores, criminales cómplices que compran a precios irrisorios estos elementos, a través de las fachadas de las mal llamadas chatarrerías.

En Bogotá el problema es más evidente dado su mayor número de habitantes y los ejércitos de drogadictos que deambulan por sus calles en búsqueda de desmantelar estos accesorios, los que, en su gran mayoría, son vendidos en la zona del Bronx, según informa la Policía Metropolitana, organismo que reveló que el robo de tapas de alcantarilla es un verdadero dolor de cabeza para los bogotanos, porque son continuos los accidentes que se registran, tanto de peatones como de automovilistas y motociclistas.

Si bien el hurto de tapas de alcantarillas afecta a varias entidades, la más damnificada es la Empresa de Acueducto, cuyos directivos coincidieron con la Policía en afirmar que detrás de esta actividad ilegal hay una verdadera mafia, similar a la que maneja el robo de celulares, y se habla de un robo diario de entre 8 y 14 tapas en la capital de la república, las que son vendidas a los reducidores entre 2 mil y 9 mil pesos.

En medio del pesar por la muerte de la menor han surgido iniciativas gubernamentales que hablan de un endurecimiento en los castigos de las personas que sean sorprendidas robándoselas, por eso el Alcalde Gustavo Petro pidió que quienes robaron la tapa de la alcantarilla, por donde cayó la niña deben ser procesados por tentativa de homicidio.

Pero este problema no es exclusivo de los capitalinos, en otras ciudades del país, el mismo fenómeno se ha ido extendiendo paralelo al crecimiento de los cinturones de miseria y los barrios de invasión, cuyos habitantes convierten materiales reciclables, como nomenclaturas, contadores de agua, lápidas de cementerios, cables de cobre, entre otros, en el blanco predilecto de ladrones de poca monta que han encontrado en este delito menor una manera sencilla y poco riesgosa de ganarse unos pocos pesos, sin tanto esfuerzo, dinero destinado, en gran parte, para costearse el consumo de alucinógenos.

La región Caribe también aparece en este mapa de las zonas en donde se roban estos elementos, en donde las estadísticas reportan cerca de 52 robos mensuales en cinco ciudades capitales entre las que se cuenta Valledupar.

Sí bien el gerente de Emdupar en declaraciones a este medio dijo que acá el material con que están fabricadas las tapas no les resulta muy atractivo pues fue cambiado  por la empresa, no se puede esconder que los ladrones  se apropian de otros materiales reciclables como las rejillas del alcantarillado pluvial, amén de la depredación de instalaciones subterráneas de cobre como las de la Unidad Oncológica o del edificio en construcción de la clínica Médicos Limitada, pero el más irracional desvalijamiento  de la ciudad, lo hicieron en el Hospital Materno Infantil que estaba listo para entregar en el barrio Los Mayales y del cual solo dejaron las paredes.

Aparte de las millonarias pérdidas económicas que sufren las empresas blanco de la delincuencia, éstas deben afrontar los problemas jurídicos derivados de las demandas impetradas por las personas que se lesionan al caer en las ‘trampas humanas’ que dejan los malhechores. 

Una medida sana sería, aparte de aumentar la vigilancia, meter en cintura a los reducidores tras la intervención de sus establecimientos, y de paso involucrarlos en los procesos judiciales como coautores de un delito que atenta contra la movilidad y la vida de los ciudadanos.

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En el décimo tercer Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizado en Cartagena, en julio pasado, se llamó la atención por la magnitud de las cifras que representa la llamada economía ilegal. En ese entonces, el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, informó que sólo el contrabando de arroz mueve anualmente cerca de 370 millones de dólares, mientras que el contrabando de gasolina, por su parte, genera ingresos anuales superiores a los 500 millones de dólares.

Más recientemente se conoció un estudio liderado por el Banco Mundial, en el que participaron más de una veintena de entidades públicas y privadas con el fin de medir el impacto negativo de la criminalidad en la economía nacional. Según este informe, el crimen organizado mueve en Colombia la bobadita de 36 billones de pesos, cifra que representa un poco más de cinco puntos porcentuales (5.4%) de nuestro producto interno bruto (PIB) del año 2012.

De esos 36 billones de pesos, la mitad ($18 billones) son originados por el narcotráfico; $10 billones, por la minería ilegal; $6 billones por la corrupción en la contratación estatal y cerca de $2 billones por el contrabando.

Los daños que causan las finanzas del crimen a la economía nacional son devastadores: la producción industrial habría dejado de crecer en más de 5.000 millones de dólares y el estado habría dejado de recibir más de 4.000 millones de dólares en impuestos que causarían las actividades legales. También el empleo sale golpeado porque se estima en cerca de 900.000 puestos de trabajo formales que se dejaron de generar.

Los departamentos fronterizos y, particularmente los de la Costa nororiental, han sentido como pocos el funesto impacto tanto del contrabando de alimentos como el de la gasolina. Lo más preocupante es que hay pocas esperanzas de parar este último cuando un galón de combustible se consigue en Venezuela en promedio a menos de 100 pesos, con la posibilidad de comercializarlo en Colombia entre cinco mil u ocho mil pesos por galón. Así, le asiste razón a aquellos que afirman que el contrabando de gasolina es una actividad ilícita tan o más rentable que el propio narcotráfico.

Sin embargo, en el informe brilla por su ausencia la mención a la responsabilidad que evidentemente le asiste al sistema financiero colombiano para prevenir el incremento del lavado de activos, porque una cifra de tal magnitud ¡36 billones de pesos! no puede ser blanqueada sin la connivencia de los directivos de las entidades bancarias con asiento en Colombia.

En efecto, por mucho que gran parte de las finanzas de las organizaciones criminales se muevan en dinero en efectivo, alguna parte de ellas debe ingresar al sistema financiero. ¿Han cedido los bancos a la tentación de engrosar mes a mes sus metas de captación por el dinero constante y sonante de grupos criminales? ¿Han bajado la guardia las autoridades que supervisan el sistema financiero: Superintendencia Financiera, DIAN, Unidad de Información y Análisis Financiero, y similares? Es imposible no ver el elefante ingresando a la sala de la casa.

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Con una precisión de relojero y una organización propia de la milicia, este martes 16 de octubre, más de 40.000 indígenas pertenecientes a distintas etnias colombianas se movilizaron simultáneamente en distintos puntos de la geografía nacional, incluyendo 13 departamentos, para sentar su voz de protesta por distintas razones.

La movilización indígena, más conocida como minga, tiene por fundamento un rosario de peticiones que la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ha concretado en un documento presentado al gobierno nacional que contiene cinco puntos: (i) respeto de sus territorios ancestrales, (ii) respeto de sus formas propias de gobierno; (iii) política minero-energética, (iv) política agraria y TLC; y (v) participación en la actual negociación de paz.

Los indígenas afirman sentirse vulnerados por los autoridades del denominado establecimiento y por los llamados colonos que se han asentado en sus resguardos y territorios, violentando de esta forma sus costumbres y tradiciones.

Por estas razones, piden que se les garantice el derecho a la consulta previa en los proyectos de alto impacto en sus regiones, la suspensión de los títulos mineros en esas zonas, la defensa de derechos humanos en el marco del conflicto armado, el rechazo a la política económica y agraria, y la autonomía política, jurídica y administrativa.

Los pueblos indígenas que se movilizaron en esta iniciativa lo hicieron en los departamentos  del Cauca, Antioquia, Chocó, Huila, La Guajira, y el Cesar. A pesar de que fue una movilización pacífica, hubo la necesidad de la presencia del Esmad en departamentos como el Huila en donde hubo unas ligeras escaramuzas que fueron, según la ONIC, protagonizadas por personas ajenas a sus comunidades.

En el caso de los pueblos indígenas del Cesar se conoció que sólo dos participaron de la minga: los Kamkuamos y algunos Yukpas quienes tomaron como iniciativa el bloqueo de la entrada de la sede de la administración departamental, paralizando las actividades laborales y originando un gran trastorno en las diligencias que se debían adelantar en esas oficinas.

Esta actitud fue rechazada por varios dirigentes y por la población en general quienes manifestaron que “entendían las razones de la protesta indígena pero que se debía tener respeto por la institucionalidad,  pues fue la única delegación que optó por esta medida muy contraria a la de sus otros hermanos de raza que no llegaron a estas vías de hecho.

Así las cosas, bienvenida la protesta indígena, siempre y cuando sea pacífica, responsable y respetuosa de los derechos ajenos. Si bien los pueblos indígenas tienen derecho a un trato preferencial por parte del Estado colombiano, en razón de sur una minoría étnica, esto no significa en forma alguna que estén exentos del cumplimiento de las leyes colombianas, pues, tanto ellos como los no indígenas hacemos parte de una sola nación, unitaria e indivisible.

Su protesta legítima y pacífica debe encausarse por las cauces institucionales, por que como lo expresa la tantas veces citada frase célebre, la paz social se traduce en el respeto del derecho del otro.

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Los últimos comportamientos de algunos llamados hinchas del fútbol colombiano, ha generado una inusitada violencia en los estadios y fuera de estos, con unas estadísticas lamentables de destrozos materiales y víctimas mortales que  no hace sino tergiversar el verdadero significado de la admiración por una camiseta o un club.

Tales conductas dejan al descubierto que desde hace tiempo estos jóvenes en su gran mayoría, pasaron del fanatismo a una real amenaza, ya que son capaces de quitarles la vida a otras personas simplemente por simpatizar con otro equipo de fútbol, tal como lo referencian los últimos acontecimientos  sucedidos en el interior del país.

Este comportamiento irracional que ha derivado conductas criminales, tienen en ascuas a directivos de los equipos y a las mismas autoridades que ven con preocupación una situación que no se resuelve con jugar con los estadios a puerta cerrada o sancionar la plaza, pues ya se han experimentado tales sanciones y tiempo después vuelven los actos brutales.

Es por eso que los especialistas y protagonistas del balompié creen que lo mejor es generar formas de inclusión social, donde los jóvenes sientan que la violencia no es el camino y que por el contrario se construya la tolerancia  desde la escuela o desde instituciones o  en otros lugares de la sociedad.

Paralelo a este fenómeno que se registra con los seguidores de los equipos de fútbol de las regiones, ha nacido otra manifestación no ortodoxa en los cánones de este deporte y tienen que ver con las celebraciones que  se dan después de cada triunfo de nuestra selección Colombia, la que está ad portas de una clasificación al Mundial de Brasil; en este sentido, la festividad pasó de las gradas a las motocicletas, y esta conducta infortunadamente permeó a los vallenatos.

Se trata de hordas de muchachos que bajo los efectos del alcohol salen despavoridos en manadas por las calles de la ciudad ocasionando pánico en los transeúntes y demás conductores, pues interminables caravanas se toman el perímetro en diferentes sentidos dejando impotentes a las autoridades para su control, generando a su vez actos vandálicos y atentatorios contra la moral pública.

Infortunadamente el control a tales desmanes requiere de medidas que afectan a las personas de bien que necesitan transportarse en motocicletas, quienes deben acatar por igual los decretos prohibitivos que le ha tocado expedir a la Alcaldía en su afán de no perder el control de la capital.

En esta ciudad esta determinación tiene mayor dimensión teniendo en cuenta que no existe aquí un servicio de transporte público masivo y es por lo tanto la motocicleta el mayor recurso, razón por la cual cada vez que hay un encuentro de estos como va a suceder el viernes y el próximo martes, Valledupar termina paralizada, es por tanto oportuno recordar al Alcalde, y demás autoridades, que si bien es menester aplicar la restricción, es hora también de pensar en otras alternativas de carácter social para que estas concentraciones y euforias no se repitan, y la fanaticada pueda celebrar sin entrar en desenfreno ni alteraciones, en los lugares donde observan el encuentro.

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En el pasado foro sobre la Ruta del Sol realizado en Bosconia quedaron al descubierto grandes falencias que tiene dicho proyecto vial que impacta a nueve municipios del Cesar (ver nota Duras críticas a ejecución de Ruta del Sol en El Cesar).

Al indagarse por el considerable retraso que presenta la vía Valledupar – Bosconia, proyectada como doble calzada, quedó en evidencia que las obras actuales que adelanta el concesionario (Yuma Concesionaria S.A.) no corresponden en sentido estricto al proyecto de doble calzada sino a una mera rehabilitación de la vía existente, es decir, a obras menores de mantenimiento y de ampliación de la vía para adecuarla a los estándares nacionales de la Ley 105 de 1993 (Ver artículo 13 al pie de esta nota).

Surge, entonces, la pregunta obvia ¿cuál es la razón del retraso? La respuesta del concesionario es que aún no se han adelantado hasta su culminación los procesos de consultas previas con las comunidades étnicas que presuntamente tienen asentamiento en predios cercanos al trazado de la vía. Infortunadamente Yuma no informó con precisión de cuáles comunidades étnicas se trata (indígenas o afrodesciendentes), ¿dónde se encuentran sus asentamientos? ¿qué objeciones han presentado al proyecto?, ¿cuáles son sus pretensiones? ¿en qué estado del proceso se encuentra la consulta previa?, entre muchos otros interrogantes.

Sin desconocer este instrumento (consulta previa) que reconoce el derecho a la autonomía de las minorías étnicas, derecho de estirpe constitucional y sobre el cual existe copiosa jurisprudencia al respecto, resulta claro que en este caso específico el proyecto vial no estaría vulnerando en forma alguna intereses de indígenas o afrodesciendentes del Cesar, por la evidente y potísima razón de que no se trata aquí de construir una nueva carretera sino simplemente de hacer una nueva calzada al lado de una carretera que tiene más de 30 años de existir.

En este sentido, le asiste razón al exdirector del INCO y de INVIAS, el ingeniero Álvaro José Soto García cuando señala que es inconcebible que en una vía preexistente –como la de Valledupar-Bosconia– se haga necesario realizar una consulta previa, máxime cuando salta a la vista que antes de adjudicarse el proyecto no había sido certificada la presencia de comunidades étnicas en el trazado actual de la vía, que será, prácticamente, el mismo proyectado para la doble calzada (Escuchar entrevista a exdirector de INVIAS).

Así las cosas, pareciera que en el caso particular de la ejecución de la Ruta del Sol en El Cesar las consultas previas fuesen usadas como un pretexto del concesionario para justificar su retraso y, tal vez, poder solicitar en el futuro un reajuste económico del contrato por el mayor tiempo de ejecución de la obra por un hecho que, en principio, no depende exclusivamente de su gestión, sino de la interacción con distintos ministerios y entidades estatales.

De otra parte, aunque el lugar común inclinaría a pensar que la piedra en el zapato son las comunidades indígenas, la evidencia muestra que, paradójicamente, son más las consultas previas con supuestas comunidades de afrodescendientes que con indígenas. Así, de once consultas previas que deben realizarse en El Cesar del proyecto de la Ruta del Sol, solo cuatro corresponden a comunidades indígenas de la Sierra Nevada frente a nueve de comunidades afro ubicadas en los municipios de Chiriguaná, El Paso y Valledupar.

Mientras se desenreda este embarazoso ovillo, los usuarios de las vías deben padecer las molestias derivadas de los constantes retrasos por los numerosos pasos restringidos en distintos puntos de los tramos viales que constituyen el megaproyecto de la Ruta del Sol. Un recorrido que en condiciones normales no debería tardar más de una hora, como el de Valledupar – Bosconia, tarda en la actualidad casi dos horas. Y frente a esa pérdida en tiempo y dinero nadie le responde a los usuarios. He ahí la magnitud de este problema. 

Puede escuchar el audio aquí:

LEY 105 DE 1993

ARTÍCULO 13. ESPECIFICACIONES DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS. La red nacional de carreteras que se construya a partir de la vigencia de la presente Ley, tendrá como mínimo las siguientes especificaciones de diseño:

a.- Ancho de carril: 3.65 metros.

b.- Ancho de berma: 1.80 metros.

c.- Máximo porcentaje de zonas restringidas para adelantar: 40 por ciento.

d.- Rugosidad máxima del pavimento 2.5 IRI (Indice de Rugosidad Internacional)

La Nación no podrá realizar inversiones en rehabilitación y construcción de carreteras nacionales, con especificaciones promedio inferiores a las descritas, salvo que por razones técnicas y de costos no sea posible alcanzar dichas especificaciones.

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Con creciente preocupación se han prendido las alarmas en el país sobre la viabilidad y sostenibilidad de los denominados sistemas de transporte masivo en las grandes y medianas ciudades.

En efecto, la semana pasada la sección económica de esta casa radial llamaba la atención sobre los múltiples problemas que enfrentan tales sistemas de transporte en las principales ciudades del país (Ver nota Sistemas de transporte masivo ¿no futuro?), problemas que tienen como común denominador las dificultades financieras de las empresas operadoras para garantizar la continuidad del servicio. En esa ocasión se explicaba los desfases financieros que han existido entre los ingresos proyectados de los sistemas y los realmente recaudados, en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. En todas ellas, la demanda real de pasajeros ha estado por debajo del llamado punto de equilibrio del sistema, lo que ha generado grandes déficit operacionales e, incluso, la quiebra de la empresa Corbus S.A.S. que opera la fase III de Transmilenio.

Posteriormente, la preocupación de que algo anda mal en los sistemas de transporte fue reforzada por un informe especial del diario El Tiempo titulado Ninguno de los 'Transmilenios' del país se salva de líos financieros, informe en el que se reiteran los factores  mencionados y se señalan otros, tales como el mototaxismo y la piratería (transporte ilegal) los cuales han contribuido a agravar la crisis financiera que padecen los sistemas de transporte.

En este sentido, bien vale la pena reiterar el llamado de atención a los responsables del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA, con el fin de que, en nuestro caso, no se cometan los errores de estructuración del proyecto cometidos en otras ciudades del país. Así, tanto la alcaldía como los directivos del SIVA deben someter al proyecto a un riguroso test que contemple varios escenarios (optimistas, moderados y pesimistas), en aras de determinar si el flujo de pasajeros que se proyecta es suficiente para asegurar la sostenibilidad del sistema.

No puede pasarse por alto en este análisis la competencia ilegal que ya tiene el SIVA aún antes de haber empezado a funcionar, representado tanto en el imparable fenómeno del mototaxismo como en el transporte pirata o ilegal que funciona en la ciudad, los cuales –si no se mide adecuadamente su impacto– pueden hacer inviable a todo el sistema.

Se reconoce que no es una tarea fácil anticipar con exactitud la respuesta a interrogantes que dependen de muchas variables, tales como ¿cuál podría ser la demanda real de pasajeros del futuro SIVA?, ¿cuál debería ser el precio del tiquete o pasaje que haga sostenible y rentable la operación?, ¿debe o no entrar el municipio a subsidiar parte del costo del transporte o, por el contrario, debe ser el sistema autosostenible?

Precisamente por la complejidad de las repuestas a estas preguntas, bien vale insistir en que en la estructuración del SIVA debe tenerse los mayores cuidados y precauciones, dados los malos resultados obtenidos en otras ciudades con mayor población que Valledupar y con mayor capacidad financiera que nuestro municipio. En pocas palabras, un proyecto de la magnitud del SIVA no puede darse el lujo de cometer errores que bien podría resultar fatales.

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Entre tantas noticias negativas que día tras día registramos los medios en el país es reconfortante encontrar una especie de oasis de hechos positivos que alegran a los colombianos. Aunque pareciera tratarse de triunfos individuales, no podrá negarse que detrás de ellos existe un esfuerzo colectivo, un trabajo en equipo que da sus frutos, así visiblemente se concreten en el nombre de una sola persona.

Nos referimos, claro está, a esa nueva generación de deportistas colombianos que en los últimos dos años sigue cosechando triunfos en distintas disciplinas. El proyecto que fue liderado por Coldeportes y que tuvo su momento culmen en los olímpicos de Londres del año pasado no ha parado ahí. Desde entonces, esos mismos deportistas y otros han continuado una carrera ascendente que bien merece ser reseñada como ejemplo de trabajo bien hecho. Veamos.

La medallista olímpica y bicicrosista Mariana Pajón ha tenido un año extraordinario, tras ganar el oro en la competencia contrarreloj del mundial BMX celebrado en Nueva Zelanda en julio pasado, victoria que refrendó recientemente luego de coronarse campeona de la Copa Mundo UCI SuperCross 2013, al ganar la IV Válida realizada el sábado pasado (28 de septiembre) en Chula Vista – California, EE. UU. Este desempeño catapultó a Pajón al primer lugar del ranking internacional de BMX 2013, en la categoría élite mujeres.

Asimismo, otra valiosa mujer, la atleta de Apartadó, Catherine Ibargüen, ha tenido un desempeño no menos extraordinario, pues este año obtuvo medalla de oro en triple salto en el campeonato mundial que se realizó en Moscú, en agosto pasado. Por esa victoria y por su impresionante desempeño en 2013 en la llamada Liga de Diamantes, con primeros puestos en Paris, China, Noruega y Estados Unidos, Ibargüen es candidata a mejor atleta del año que confiere la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés), premio al que también está candidatizado el plusmarquista jamaiquino Usain Bolt.

Igualmente, por los lados del ciclismo soplan vientos favorables, tras las hazañas logradas este año por Rigoberto Urán (segundo en el giro de Italia), Carlos Betancur (quinto en el giro de Italia) y Nairo Quintana en el tour de Francia. Lo de Quintana merece mención aparte, pues con tan solo 23 años, el boyacense realizó una gesta histórica tras ganar la penúltima etapa del Tour de Francia, quedar de segundo en la general, coronarse rey de la montaña y mejor novato de la competencia ciclística más importante del mundo.

En menor medida, la reciente medalla de bronce de Oscar Muñoz en el Open Internacional de Taekwondo realizado en México, es una buena señal de que el deportista cesarense está recuperando su nivel tras dos reveses en torneos internacionales.

Lógicamente, la casi segura clasificación de la selección Colombia al mundial de Brasil, tras más de 16 años sin ir a una copa mundo, es, desde luego, un motivo de alegría y esperanza para el país.

Todos estos triunfos deportivos son un claro ejemplo de que es posible, como nación, superar los obstáculos y adversidades del camino cuando existe la firme voluntad de conseguir una meta, no importa cuan dura sea la prueba que debamos enfrentar. Ciertamente, la sociedad colombiana en su conjunto, sus dirigentes, gobernantes y políticos, tiene mucho que aprender del magnifico ejemplo de lucha y sacrificio que nos dan nuestros atletas.

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