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Editorial (446)

La Cámara de Comercio de Valledupar viene realizando desde tiempo atrás encuestas periódicas de percepción ciudadana sobre distintos aspectos que van desde el entorno político, la satisfacción de los usuarios de servicio públicos domiciliarios hasta el espinoso tema de la seguridad.

De acuerdo con la más reciente encuesta (resultados consolidados al 31 de octubre de 2013), para los empresarios de la región el desempleo (26%) es considerado como el principal factor generador de inseguridad, seguido por la corrupción (17%) y, en tercer lugar, el consumo de alcohol y drogas (12%). Asimismo, el robo es el delito que con mayor frecuencia impacta a los comerciantes con un 86%, seguido por la extorsión en un 7%, y, en menor proporción, las lesiones personales (3%). Entre los agentes percibidos como de mayor amenaza para el comercio se encuentran, en primer lugar, la delincuencia común (54%), y, en segundo, las bandas criminales y/o emergentes (22%).

Adicionalmente, la encuesta revela un dato muy preocupante acerca del deterioro de la confianza ciudadana en las autoridades, ya que, según la Cámara de Comercio, sólo 3 de cada 12 empresarios confían en la Policía Nacional, lo que significa que solo el 26% de los encuestados califica como aceptable la actuación de la Policía frente la criminalidad.

De otra parte, la encuesta del programa “Valledupar cómo vamos” arroja resultados similares a los anteriores, puesto que, según este último sondeo, el 40% de los valduparenses manifestaron no sentirse seguros en su ciudad.

En este sentido, el principal desafío del nuevo comandante de la Policía, el coronel Luis Enrique Méndez Reina, es ganarse nuevamente la confianza de la ciudadanía cesarense, factor fundamental para el buen desempeño de la acción policial en el departamento. Ya se ha indicado en anteriores oportunidades por este medio: “La institución debe acercarse más a la comunidad para que se gane su confianza y sea percibida como una entidad amiga, no como ocurre en la actualidad cuando la gente percibe que sus agentes están al servicio únicamente de la inmovilización de vehículos”. (Ver nota editorial "Excesos y fallas policiales")

Pero recuperar la confianza ciudadana en la institución policial no es el único desafío que le espera al nuevo comandante. Infortunadamente, el voraz incendio de La Paz del pasado viernes nos recuerda con amargura que el contrabando de gasolina ilegal sigue siendo una amenaza de extrema gravedad para la convivencia social y el orden público. Lógicamente, por la magnitud del problema, su solución no puede estar basada únicamente en la represión policial y debe ir acompañado de un plan integral que contemple la importación ilegal desde Venezuela y programas de reconversión laboral para los llamados pimpineros.  Sin embargo, mientras siga siendo un delito debe ser perseguido por el Estado con toda su fuerza, pero no a los pimpineros, los eslabones mas pequeños y débiles de la cadena, sino a los distribuidores mayoristas, verdaderos dueños del negocio criminal. (Ver nota editorial "Bomba de tiempo")

En este orden, no puede pasarse por alto el aumento de casos de atracos callejeros y el hurto a residencias y locales comerciales en el departamento, delitos que más afectan al ciudadano común y corriente. Por ello, hay que romperle el espinazo a la criminalidad, provenga de donde fuere (delincuencia común o crimen organizado). El Cesar tiene que volver a ser tierra de paz y no de violencia. Ese es el mayor reto no solo del nuevo comandante sino de todos los cesarenses.

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Es muy preocupante el panorama económico que experimenta Venezuela en la actualidad, así como sus posibles efectos negativos en nuestro país.

Según el propio Banco Central de Venezuela (BCV), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumula 45,8 % en diez meses, y, es muy probable que al terminar el año supere la barrera del 50%. Con estas cifras oficiales, el país vecino tiene la mayor tasa de inflación de toda América Latina, y la tercera más alta del mundo, después de Irán (segundo con 45.85%) y Siria (primero con 47.41%).  Sin embargo, sectores críticos del gobierno indican que, en la realidad, la inflación ya está por encima del 50% y se ha disparado hasta llegar a un 54%. 

Al comparar la cifra oficial (45,8 %), con el segundo país de mayor inflación en América Latina, Argentina, cuya tasa ronda el 25%, se observa la gravedad de la situación venezolana, pues, sin duda, este fenómeno económico es el que más golpea el poder adquisitivo de los habitantes de un país.

En efecto, en el caso venezolano, la inflación, además de haber disminuido el valor real del bolívar, ha espantado la inversión extranjera y desestimulado el ahorro de los ciudadanos. Sin embargo, el principal efecto negativo ha sido la escasez de bienes de consumo, lo que ha generado graves alteraciones de orden público que incluye saqueos a supermercados, almacenes y similares establecimientos de comercio, ante la mirada impotente -y hasta complaciente- de las autoridades.

La respuesta de las autoridades económicas ante la ola inflacionista no parecen ser las más acertadas, porque en vez de generar calma y tranquilidad, por el contrario, han exacerbado el problema. Ciertamente, luego de que el presidente Maduro adoptara medidas contra la especulación e impusiera a los comerciantes la obligación de vender a “precios justos”, aumentaron los saqueos y asaltos a los establecimientos de comercio. Con razón el gremio empresarial venezolano se ha opuesto a las medidas porque consideran que es un sofisma tratar de bajar la inflación a punta de decretos presidenciales. Han solicitado, además, al gobierno que respete la propiedad privada, luego de la toma de posesión de la cadena de almacenes Daka, acusada de especular.

La desesperación del gobierno Maduro está llevando a considerar la posibilidad de decretar también un cierre temporal de la frontera con Colombia, para evitar que muchos de los productos de primera necesidad que se vende en Venezuela a un precio preferencial y con subsidios estatales, terminen siendo comercializados en Colombia, a través de una extensa red de contrabando.

Pero yerra el gobierno venezolano en sus medidas económicas para frenar la inflación cuando insiste en mantener un régimen de control cambiario artificial sobre el cual, analistas coinciden en señalarlo como el principal factor que propicia el alza generalizada de precios de bienes y servicios. Sin duda, el diferencial cambiario entre la tasa oficial del dólar y la del llamado ‘dólar negro’ es tan grande que ha creado un mercado de divisas paralelo e ilegal que genera muchas ganancias para quienes lo controlan.

Lo paradójico de la situación venezolana es que, en teoría, en los regímenes pro socialistas como el del vecino, no debería existir inflación, debido a que el Estado controla la mayoría de procesos económicos. No obstante, la tozuda realidad muestra que en el manejo de la economía el gobierno de Maduro se ha rajado de cabo a rabo. De seguir así, será la economía –y no la oposición política– quien termine socavando la gobernabilidad que le permita continuar hasta el final de su periodo presidencial, el cual ni siquiera ha completado el primer año.

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A raíz del colapso de la torre seis de la Unidad Residencial Space en Medellín, se ha desnudado en el país una posible falta de control en la ejecución de estas y otras construcciones, las que al parecer no  son levantadas con los materiales calificados para este tipo de obras.

Así se desprende de las investigaciones que tratan de  verificar tales hipótesis, al igual que la ejecución de los controles previos para autorizar los trabajos,  proceso  en el que juegan un papel preponderante las curadurías urbanas, entidades que deben tener al frente funcionarios  con  unas condiciones y calificaciones académicas y profesionales muy exigentes.

Estas indagaciones, es seguro que tendrán un delicado análisis, y se llevarán su tiempo  para establecer si hubo una falla en la calidad de los diseños o si por el contrario la falencia fue en el proceso de construcción, esa será la incógnita que habrá que despejar para determinar responsabilidades.

Lo cierto es que el derrumbe de la torre del Space, desencadenó un efecto dominó en otros edificios  construidos por la misma firma, y en  otras estructuras que venían presentando fisuras, alarma que se extendió a otras ciudades incluida la Costa, en donde ya evacuaron a varias familias de un condominio de Barranquilla.

Contrario a estos temores, en Valledupar, a pesar de que no existen obras de tales magnitudes,  sí  se conoce una reciente queja impetrada por algunos moradores de la Urbanización Hernando Marín, quienes denunciaron fisuras y filtraciones de agua en algunos apartamentos, pese a que tienen pocos meses de haber sido entregados.

Tales querellas fueron escuchadas por  varios medios y por autoridades afines  como el procurador Provincial,  Alberto de Jesús Valle Campo, quien por haber hecho un pronunciamiento acerca de  las posibles fallas, se ganó una reconvención del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien le dijo irresponsable por los pronunciamientos que emitió

Arguye el Ministro, de que no había ningún estudio especializado para emitir tal concepto, y amenazó  poner en conocimiento del Procurador General para que tome cartas en el asunto, pues según él todas las casas del Cesar están bien construidas y tienen póliza que asegura la estabilidad de  las mismas.

Valle Campo, por su parte le respondió al ministro de Vivienda, extrañado por su posición, recordándole que está en ejercicio de una acción preventiva por directrices de su superior, Alejandro Ordóñez Maldonado, y que su tarea se enfoca en el cumplimiento de las pólizas  para obligar  a la constructora para corrija las fallas, pues son dineros del Estado, que hay que vigilar.

Mientras se dirime este choque de facultades entre Ministro y Procurador provincial, sería bueno detenerse a pensar en la búsqueda de realidades  sobre estas denuncias, y no enfrascarse en la discusión de una escala de funciones jerárquicas y así  evitar el posible colapso de una obra que apenas comienzan a disfrutar cientos de personas vulnerables que por fin tienen un techo propio.

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Desde que se posesionó como gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López (HRPL), el médico Rubén Sierra Rodríguez, luego de un accidentado concurso de méritos, se sabía que su relación con la actual administración departamental empezaba con el pie izquierdo por haber ‘tumbado’ al candidato de la predilección del gobernador, el siquiatra Alex Sandro Romero Mindiola.

Sin embargo, en sus primeras declaraciones como gerente en ejercicio, Sierra Rodríguez envió un ramo de olivo a la administración Monsalvo Gnecco, para pasar la amarga página y trabajar unidos para sacar adelante el principal centro hospitalario del departamento y de la región, al cual agobian severos y graves problemas, como a muchas instituciones oficiales de salud. (Escuchar entrevista nuevo gerente del HRPL)

No obstante, ese llamado a la concordia fue prontamente desechado tanto por la administración departamental como por la propia gerencia del Hospital, pues ambas partes parecen trenzadas en una guerra de declaraciones y cortapisas mutuas que tiene peligrando la viabilidad financiera de la institución y la atención eficiente a sus numerosos pacientes.

Una de esas ‘batallas’ tuvo ocasión con la visita del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a cuya exposición no fue invitado el gerente del Rosario y tampoco le fue permitido el uso de la palabra en la audiencia que concedió ante los medios de comunicación. Tampoco acompañó el gobernador al ministro en su recorrido por el Hospital Rosario Pumarejo, recorrido en el cual el gerente le expuso las principales carencias del centro asistencial, entre ellas, la apremiante necesidad de construir una unidad oncológica. Más allá de la obvia descortesía, lo que refleja este episodio es el grado de deterioro de las relaciones que deben tener los responsables de la buena marcha de los servicios de salud del Cesar.

Infortunadamente, en vez de acortarse, la distancia entre las partes se ha acrecentado en los últimos meses. En efecto, el gerente del Hospital ha responsabilizado a la secretaría de salud, en cabeza de Hernán Maya Cadavid, de no girar oportunamente los recursos que la gobernación adeuda al hospital, acusación que éste niega y afirma tener las pruebas de cada uno de los giros. De otra parte, Sierra Rodríguez señala a Maya Cadavid de obstaculizar su labor y exponer al hospital a una millonaria multa por no enviar a tiempo el informe trimestral de gestión al ministerio del ramo y a Planeación Nacional. Éste, a su vez, le contesta, tachando de falso el informe presentado por el gerente.

Y ahí va la pelea. Como perros y gatos, secretario de salud y gerente del hospital, miden sus fuerzas, pelan sus colmillos y se acusan mutuamente.

No sabemos con exactitud a cuál de los dos creerle. Puede ser que cada uno tenga algo de razón. Pero, en lo que ambos están errados es en continuar enfrascados en una guerra sin cuartel que sólo dejará vencidos –no vencededores– y que los expone a los dos a sanciones disciplinarias.

¡Basta ya de declaraciones vindicativas, y de dime que te diré! Es hora ya de hacer un alto en el camino y poner fin a esta confrontación absurda y mezquina.

Porque mientras gerente y secretario de salud se lanzan dardos mutuos, el hospital Rosario Pumarejo decae en la prestación de sus servicios por la falta de un trabajo coordinado y de equipo entre los responsables de velar por la salud de sus pacientes. Ciertamente, los pacientes hasta ahora son los únicos y verdaderos damnificados de la lucha verbal entre el gerente Sierra versus el secretario Maya Cadavid. ¡Señores, ya no más!

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Mientras siguen estancados los diálogos de paz en la Habana, se produce un remezón en la cúpula de la Policía, se cumple un año de la quiebra de Interbolsa y tres de la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares sin que se resuelva el presunto crimen, el país –a instancias de los medios de comunicación capitalinos– centra su atención en temas tan triviales como el graffiti pintado por el ídolo pop Justin Bieber en Bogotá, la historia de un sastre colombiano que desayuna con el Papa y si se debe admitir o no la foto del expresidente Uribe en el tarjetón del Senado.

Que sean los tres últimos temas –el grafitti de Justin Bieber, la foto de Uribe y la historia del sastre papal – los temas de mayor interés de los colombianos y los más buscados en internet esta semana, es un reflejo de la poca seriedad tanto de medios y de la audiencia en la atención que debería prestársele a los asuntos de vital importancia para el país.

Es cierto que puede existir cierto cansancio o saturación de la audiencia frente a los recurrentes escándalos de corrupción, a asuntos de orden público y a otros temas considerados serios y profundos. Sin embargo, tan perjudicial es para una audiencia el solo concentrarse en unos cuantos temas (política, justicia, orden público, entre otros) como el otro extremo del péndulo de sólo hablar de los llamados temas light.

En fin, no se pretende dictar la agenda informativa de cada medio, pero sí dejar por sentado el tremendo olvido de los medios capitalinos para con las regiones de Colombia, y, en particular, con la Costa Atlántica, que solo pareciera despertar el interés de la prensa nacional cuando es generadora de malas noticias, verbigratia, ola invernal, masacres, parapolítica, bacrim o los líos judiciales de su clase dirigente.

Por ello, la tarea de los medios locales de cubrir periodísticamente sus regiones con responsabilidad, seriedad y profundidad, es necesaria mucho más que antes. No esperemos a que sean otros quienes nos muestren los grandes y graves problemas que a diario nos toca padecer a los que aquí habitamos.

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No termina el país de asimilar el vergonzoso episodio del ‘cartel de jueces’ de Paloquemao cuando un nuevo escándalo sacude a la Rama Judicial. En efecto, el jueves 17 de octubre un operativo conjunto de la Fiscalía y la Dijin capturó en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá a 11 funcionarios judiciales, incluido dos jueces, acusados de manipular procesos judiciales, alterar pruebas y negociar el otorgamiento de libertades a los sindicados, por las cuales cobraban millonarias sumas.

Ahora quien está en el ojo del huracán es el magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, a quien una grabación lo compromete en un caso de tráfico de influencias para que un proceso judicial por “falsos positivos” que se le sigue a un coronel del ejército, pase de la justicia ordinaria a la justicia penal militar. La gravedad del escándalo ha abierto nuevamente el debate sobre la conveniencia de eliminar esta alta Corte que más perjuicios que beneficios le causa al país. 

No es para menos. Como lo hemos señalado en anteriores notas editoriales, encuestas especializadas realizadas por entes distintos como las ONG Transparencia Internacional, DeJusticia y Colombia Opina coinciden en señalar que la justicia es la institución más desprestigiada del país y la de menor credibilidad y confianza. Según Colombia Opina, el 72% de los colombianos no confía en la justicia. Y no es un problema de mera percepción sino de una realidad palpable que muestra que el fenómeno de la corrupción está enquistado en la Rama Judicial desde hace tiempo y no hay señales claras para desmantelarlo.

Son muchos los problemas de la justicia que inician por el proceso mismo de selección de sus funcionarios y la conformación de la carrera judicial a donde no siempre llegan los más capaces e idóneos sino los que mayor influencia tienen sobre los responsables de conformar la lista de elegibles y proveer las vacantes de la Rama Judicial. Ya son conocidos los roscogramas de “yo te elijo, tu me elijes”, a través de los cuales se ha deformado el mecanismo de cooptación judicial (la misma rama elige a sus miembros) para convertirlo en una oda al clientelismo y a la politiquería. Para la muestra dos botones: los magistrados Pedro Octavio Munar y Francisco Ricaurte pasaron casi sin solución de continuidad de ser miembros de la Corte Suprema a serlo del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura.

Y también en nuestra región se cuecen habas. Con ocasión del fallo del Tribunal Administrativo sobre la concesión de amoblamiento quedó en evidencia que en dicho órgano judicial existe un doble rasero para el trámite de los procesos. En efecto, mientras que la acción popular interpuesta por el procurador Alejandro Ordoñez en contra de los acuerdos del concejo que autorizaron el negocio jurídico para la construcción del Parque de La Leyenda demoró menos de dos años para ser fallada, una acción publica de nulidad, más antigua, interpuesta por el procurador Edgardo Maya (antecesor de Ordoñez) tardó casi seis años en dirimirse, tiempo en el cual la empresa concesionaria de amoblamiento engordó sus arcas a costa de las finanzas del municipio.

En la misma línea pero en dirección contraria, sorprende también la celeridad con que se tramitan las demandas en contra del municipio de Valledupar, que constantemente originan embargos a sus cuentas, en procesos ejecutivos que ‘coincidencialmente’ suelen tener como acreedores a reconocidos prestamistas de la región. Celeridad que contrasta con la lentitud que caracteriza al resto de procesos.

Mucho más grave aún es el hecho inaudito del ‘engavetamiento’ y desaparición de expedientes penales contra sindicados de la mayor peligrosidad, por los que tendrán que responder los actuales directores seccionales de Fiscalía del Cesar y La Guajira, así como sus predecesores.

El actual ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, explica la situación de su sectorial afirmando que son más de 4.800 jueces y no se puede generalizar por unos pocos casos de corrupción, a la vez que anuncia una nueva reforma a la justicia. Sorprende la candidez de Gómez Méndez, un abogado que, por su amplia trayectoria pública, conoce como pocos las fallas estructurales de la administración de justicia. Cuando no es uno, ni dos ni tres, sino cientos los casos de corrupción judicial que se dan anualmente en Colombia, no puede ocultarse más la podredumbre que emana de la Rama Judicial en todo el país.

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Grabación magistrado-coronel (fuente: Noticias Uno)


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En la administración del alcalde Johnny Pérez Oñate y con el beneplácito del gerente de Emdupar de la época, William Aroca Maestre, el municipio de Valledupar se desprendió de la operación directa del servicio de recolección de basuras que antes prestaba la empresa Emdupar para concesionarlo a las empresas Aseo del Norte (concesionario) e InterAseo (operador). El contrato firmado en el año 2000 contempla un periodo de concesión de 20 años, de los cuales ya han transcurrido trece.

En su momento, pocas voces criticaron la entrega a un particular de la prestación de un servicio que, en términos generales, Emdupar prestaba en forma eficiente. Aún la gente recuerda que la empresa regalaba las bolsas de basura a los usuarios con la entrega de la factura del servicio. El concejo de la época tampoco se opuso a la entrega de esta concesión que fue hecha en forma directa por el gerente de Emdupar sin mediar autorización del cabildo municipal. Pero eso es harina de otro costal.

Durante la mayor parte de estos trece años, InterAseo –compañía filial del grupo empresarial que controla el magnate paisa William Vélez Sierra, el zar de las basuras del país– ha prestado un buen servicio en Valledupar, al punto que estudiosos del tema coincidían en afirmar que de todas las concesiones existentes en la ciudad (alumbrado público, amoblamiento urbano, tránsito y aseo), la del aseo era la mejor, o, según los pesimistas, la menos mala de todas.

Sin embargo, en los últimos dos años este buen servicio al que ya había acostumbrado a los vallenatos –otrora orgullosos de la limpieza de su ciudad–, ha desmejorado notablemente. En efecto, son constantes y crecientes las quejas de habitantes de distintos barrios de la ciudad por problemas en la recolección de las basuras. Afirman los quejosos que muchas veces InterAseo incumple los horarios de recolección o cambia dichos horarios sin previo aviso, lo que ocasiona que esta basura quede expuesta a merced de los perros callejeros o de las lluvias que esparcen los residuos solidos por las vías públicas. Se le suma a esto la evidente falta de canecas públicas para depositar las basuras en distintos puntos de la ciudad y, especialmente en parques y áreas de cesión. Finalmente, aunque la empresa no lo reconoce, cada vez se hace más visible la falta de renovación y aumento del parque automotor, compuesto por vehículos viejos que no dan abasto para satisfacer la creciente demanda del servicio.

Y las anteriores quejas no se limitan al casco urbano de la ciudad. En los corregimientos la situación se torna más dramática. Patillal y otros pueblos al norte de Valledupar se han quejado de la demora en la recolección de las basuras causadas en parte porque la empresa sólo destina un carro recolector para atender toda esa área geográfica.

Para complementar el anterior panorama, esta semana el diario El Heraldo publica una noticia que empieza a colmar la paciencia de los vallenatos. Una investigación adelantada por el diario regional revela que InterAseo “traslada de manera mensual e irregular dos mil toneladas” de basura desde Villanueva y otros municipios del sur de La Guajira al relleno sanitario ubicado e el corregimiento de Los Corazones, en Valledupar. Lo que faltaba: que además de que no son eficientes recogiendo la basura de la ciudad, tengan el descaro de traernos la que se produce en otras partes.

El director de Corpocesar, Kaleb Villalobos, reprochó la conducta irregular de InterAseo expresando que, de acuerdo con la licencia ambiental que tiene la empresa, ésta sólo está autorizada para arrojar al relleno sanitario de Valledupar, basuras que sean producidas en el departamento del Cesar. Más claro no canta un gallo.

A todas estas, brilla por su ausencia la voz de la propia InterAseo que no ha dicho en este caso esta boca es mía. No hay un solo funcionario que haya dado la cara para brindar las explicaciones correspondientes y exponer la posición de la empresa. ¿Será por aquello de que en boca cerrada no entran moscas? Así las cosas, bien vale que la administración Socarrás tan diligente ahora en pararle el macho a las nefastas concesiones, meta en cintura a una empresa que, sin duda, ha bajado la guardia en la prestación de un servicio tan vital para la sanidad e higiene públicas.

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El 19 de diciembre de 2007, por instrucciones del entonces procurador Edgardo Maya Villazón, el Ministerio Público demandó la nulidad absoluta del contrato de concesión 019, celebrado el 3 de marzo de 2005, por el alcalde Ciro Pupo Castro, en representación del municipio y la unión temporal Amoblamiento Urbano de Valledupar, unión conformada por las sociedades Construcciones Hilsaca Ltda. y Comingel Ltda.

Casi seis años después, el Tribunal Administrativo del Cesar, decidió desempolvar la demanda que dormía en los anaqueles judiciales, y le concedió la razón a la Procuraduría, mediante una sentencia proferida el pasado 24 de octubre, en la cual declara la nulidad absoluta de dicho contrato y ordena su terminación y liquidación inmediata. El Tribunal fundamenta su decisión de 121 páginas, en varios argumentos entre los cuales se destacan: (i) la falta de planeación y estudios previos que justificaran el otorgamiento de la concesión; (ii) la no existencia de autorización del Concejo de Valledupar para comprometer vigencias futuras ordinarias, a pesar de que el contrato las comprometía por un lapso de 15 años; (iii) el error en la figura contractual al escoger el contrato de concesión cuando ha debido escogerse un contrato de obra más acorde con la realidad del negocio jurídico celebrado.

La sentencia del Tribunal dejó en evidencia no solo el deseo irrefrenable de la administración de la época de adjudicar, a como diera lugar, una concesión lesiva para las finanzas municipales, sino también la complicidad del contratista en defender a capa y espada un descomunal entuerto jurídico. Basta mirar un aparte del fallo (páginas 84-85) en que el Tribunal deja constancia de que los antecedentes contractuales del proceso fueron botados a la basura por una presunta “confusión” de algún funcionario de la alcaldía, y pese a que copia de los mismos estaban en poder del contratista, éste no le dio la gana de facilitarlos a la Justicia.

Lógicamente, se reconoce que se trata de una decisión de primera instancia, frente a la cual el contratista, en ejercicio de su derecho de defensa, podrá interponer –como ya lo ha anunciado– los recursos de ley, recursos que deberán esperar un largo trámite de varios años ante el Consejo de Estado para que se determine en forma definitiva la suerte de la concesión. Sin embargo, este primer fallo, por su estructurada argumentación y solidez, es un paso en la dirección correcta para desmontar una de las concesiones que más daño le ha hecho a Valledupar, y detrás de la cual tienen intereses económicos una alianza de mafias locales y foráneas.

Con este espaldarazo del Tribunal, ha transcendido a la opinión que el alcalde actual se apresta a declarar en esta semana la caducidad del contrato de concesión. Algunos se preguntarán porqué tal decisión, si ya existe un fallo judicial. La respuesta sencilla es que, por ser una decisión de primera instancia que admite apelación, no se encuentra ejecutoriada hasta cuando la segunda instancia emita el fallo final, lo que se traduce en que mientras se dirime el litigio jurídico, el concesionario seguirá recibiendo las rentas del contrato.

La caducidad es un mecanismo expedito con que cuenta la administración para ponerle fin a este entuerto. El error de haber adjudicado este contrato salta a la vista: en ocho años de manejar el amoblamiento urbano de Valledupar y recibir cuantiosas ganancias, el contratista no construyó un solo parque nuevo en la ciudad, sólo se limitó a hacer obras menores en algunos de ellos. En la actualidad la mayoría de parques se encuentran desvalijados e inutilizables, como a diario nos recuerda el dramaturgo y oyente William Morón: “los parques están sin arreglar.”

Para terminar, una recomendación final a la administración, en el evento de declarar la caducidad al contrato de amoblamiento: no cometer aquí el error en que ha incurrido tras declarar la caducidad del tránsito, pues la euforia colectiva luego de esa acertada decisión, se ha traducido en decepción por el bajón en los recaudos y por la incapacidad del municipio de asumir con eficiencia las funciones de tránsito, antes en cabeza del concesionario. La idea debe ser tumbar las concesiones para que el municipio mejore y ejecute directamente lo que había sido delegado a particulares. De lo contrario, el remedio termina resultando peor que la enfermedad.

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Graves. Gravísimas y muy serias las denuncias realizadas por un grupo de investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre los presuntos nexos que existirían entre los comandos de Policía del Cesar y La Guajira con bandas criminales que operan en la región.

Teniendo en cuenta que investigaciones similares de esta ONG han servido de base para destapar en el pasado la llamada ‘parapolítica’, y, en la actualidad, los líos judiciales que hoy enredan al gobernador de La Guajira, no es una denuncia que puede desestimarse ni pasarse por alto. No es para menos. Por el contrario, de acuerdo con la misiva enviada al presidente de la República, y suscrita por los investigadores León Valencia, Claudia López, Gonzalo Guillen y Ariel Ávila, existirían serios indicios desde la década de los noventa de “fuertes vínculos de miembros de la Policía de la Guajira y el Cesar con las bandas criminales”.

Ciertamente, es un secreto a voces en esta región que nadie se atreve a decir por el peligro real e inminente que infunden estas poderosas organizaciones criminales cuyo aparato delictivo opera, en algunos casos, en plena connivencia con el Estado, y, en otros, bajo su mirada cómplice.

Sólo basta mirar una serie de eventos ocurridos en la región que se muestran como indicios de, por lo menos, una conducta apática de la Policía local frente al crimen organizado.

El contrabando de gasolina

Empecemos por lo obvio: el contrabando de combustible. En las propias narices de la Policía de La Guajira y el Cesar ingresan diariamente millones de galones de gasolina ilegal procedente de Venezuela cuyo centro de acopio es el municipio de La Paz. Pese a ello, pocos reportes policiales informan sobre decomisos de combustible. A principios de este año, en La Paz se produjo un conato de asonada a raíz de un enfrentamiento a tiros entre la Policía y un grupo de pimpineros. La versión oficial afirma que la Policía intentó realizar una incautación del combustible y los contrabandistas se opusieron. Sin embargo, existe una versión extraoficial –no desmentida aún– de que la caravana contrabandista habría pagado a la Policía para que permitiera el ingreso de cerca de 11 vehículos cargados de gasolina. El enfrentamiento se habría dado porque los contrabandistas querían hacerle conejo a los policías, ingresando mucho más vehículos de los que habían pagado (22 en total), a lo que, por supuesto, el cuerpo policial se habría opuesto.

Más allá de si tal versión es cierta o no, es imposible negar que un negocio que, según la propia DIAN, mueve cerca de 500 millones de dólares por año, tiene suficiente músculo financiero para corromper la débil institucionalidad que existe en la región y abrirse paso, al precio que fuere. (Ver nota editorial Las Finanzas del crimen). El negocio es, además, redondo, porque por las mismas rutas por las cuales ingresa el contrabando de combustibles, mercancía y armas, es por donde salen también cargamentos de cocaína de varios carteles.

¿Manzanas podridas?

De otra parte, no puede olvidarse que en el pasado ya se han dado casos comprobados de participación de comandantes de Policía de la región con grupos criminales. Recuérdese el escándalo del teniente coronel Juan Carlos Martínez Correal, quien siendo comandante operativo de la Policía en El Cesar facilitó la fallida fuga del reconocido narco Víctor Manuel Mejía Múnera, detenido en un retén entre Bosconia y El Copey, en enero de 2008. Por estos hechos, Martínez Correal fue destituido fulminantemente de la institución y fue acusado penalmente como miembro de la red de narcotraficantes al mando de "Los mellizos" Munera, por suministrarle información de inteligencia sobre operativos policiales en su contra.

En esta misma línea, aunque puede ser coincidencia, sí llama la atención los atentados de que han sido objetos varios excomandantes de Policía del Cesar, después de finalizado su mandato en el departamento. El primer caso es el del Coronel Ciro Hernando Chitiva, a quienes sicarios le lanzaron una granada y dispararon sobre su humanidad en el norte de Bogotá, en febrero de 2004. El segundo es el caso del coronel Ramiro Orlando Tobo Peña, asesinado en un atentado de sicarios en la zona de Puente Aranda en Bogotá, en noviembre de 2010. En su momento se presentó el homicidio de Tobo Peña como una muerte fortuita en un intento de atraco. No obstante, quedará la duda de si dicha muerte tuvo o no relación con el ejercicio de la comandancia en El Cesar, cargo que, a la postre, resultó el último en su trayectoria policial.

Si por El Cesar llueve, por La Guajira no escampa. La odisea en que se tornó la ejecución de la orden de captura en contra del gobernador guajiro devela que la conducta de los miembros de la Fuerza Pública estuvo lejos de ser cooperativa con la justicia. De acuerdo con la directora del CTI de la Fiscalía, Maritza Escobar, la Policía de la Guajira “no apoyó el operativo de captura del gobernador. Aunque el propio general Rodolfo Palomino negó que haya habido obstrucción a la justicia, así como supuestas agresiones de agentes de la policía a miembros del CTI, el episodio deja un sinsabor muy difícil de superar.

Así las cosas, con tantas coincidencias en contra, la tesis de manzanas podridas que empañan a la institución policial empieza a resultar poco verosímil. El llamado a la depuración es oportuno e imperativo. No se puede intentar más tapar el sol con las manos cuando su luz nos quema la cara, a la vista de todos. Guardar silencio frente a tan graves denuncias es la peor opción.

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Lo que empezó como una denuncia de un medio regional que, por sus controversial estilo periodístico, fue poco creída a nivel local, gradualmente se volvió escándalo nacional. Era cuestión de tiempo.

Imposible negar que la historia tiene todos los elementos para un escándalo mediático: una denuncia de que en las elecciones de autoridades regionales de octubre del 2011 se realizó un monumental fraude que incluyó la inscripción irregular de más de 18.000 cédulas pertenecientes a personas muertas. Apoya la hipótesis la declaración de un extraño personaje, Javier Valencia Estrada, que, según su relato, laboró en la Registraduría Nacional del Estado Civil con sede en Valledupar y participó en el esquema criminal para suplantar votantes y alterar los resultados electorales, en complicidad con la jefe local de Sistemas de la entidad, Elsa Castellano Ordúz; resultados que, según esta hipótesis, habrían beneficiado única y exclusivamente a quien terminó como candidato ganador a la Alcaldía de Valledupar: Fredys Socarrás Reales.

Naturalmente, no se desconoce aquí la gravedad de lo denunciado: la presunta vulnerabilidad de todo el sistema electoral, que, de ser cierta, socavaría la legitimidad de la elección del actual mandatario vallenato.

Sin embargo, sin intentar suplantar el trabajo de las autoridades competentes, es válido plantear varios interrogantes que la lógica común suscita frente a una acusación de ese tamaño:

En primer lugar, ¿es posible alterar los resultados electorales en un fraude de tal magnitud en una ciudad capital –¡más de 18.000 cédulas inscritas irregularmente!– sin contar con la complicidad de las más altas directivas de la Registraduría Nacional? Aceptando en gracia de discusión que fuese cierto el fraude, ¿porqué las personas involucradas esperaron más de 20 meses de sucedidos los hechos para denunciarlo sólo hasta ahora?

En segundo lugar, no puede pasarse por alto que en las elecciones de octubre de 2011, no sólo se eligió alcalde de Valledupar, sino también concejales, diputados y gobernador del Cesar. Así, cabe preguntar ¿sólo estaría en juego la legitimidad de la elección de Socarrás? No lo creemos. Cabe inferir que, de ser cierto el fraude, también estaría en vilo la legitimidad de los concejales, de los diputados y del gobernador Monsalvo. De hecho, debe recordarse las múltiples impugnaciones y objeciones que se presentaron en la elección al Concejo, en la cual fue necesario hacer un reconteo general de votos para poder determinar con exactitud la composición definitiva de la corporación.

¿Cómo negar que el hoy concejal José Mario Rodríguez Barriga, de un momento a otro, superó en votos al candidato Eudes Orozco? ¿O que el hoy concejal Gabriel Muvdi pasó de tener más de 2.000 votos para luego quedarse con los 1.726 que al final obtuvo?, entre otros casos presuntamente indicativos de anomalías.

Ahora bien, en sentido estricto, no le correspondía al alcalde salir a defender su elección. Quien debía pronunciarse y guardó un largo silencio para hacerlo era el propio Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, garante de que el sistema electoral colombiano sea confiable y a prueba de fraude.

Ayer, por fin, el Registrador rompió su silencio en entrevista concedida a la emisora W Radio en la que afirmó que era improbable que en las elecciones de 2011 hubiese habido fraude por suplantación de sufragantes. ¿O le creemos al Registrador de que no hubo fraude ó él, como cabeza de la organización electoral, es el principal responsable del mismo, bien por acción u omisión? He ahí el dilema.

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