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Editorial (418)

De acuerdo con un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área de cultivos de coca con fines criminales ha crecido exponencialmente en el país. En efecto, de cerca de 48.000 hectáreas que había a fínales de 2013, creció a 69.000 hectáreas en 2014, luego a 96.000 en 2015, para llegar a la impresionante cifra de 150.000 hectáreas en la actualidad, que le da el dudoso honor a Colombia de continuar siendo la principal fuente de suministro de cocaína hacia los Estados Unidos.

Preocupa sobremanera que el periodo en cuestión, 2013-2016, coincida con el desarrollo del proceso de paz con las Farc y con la decisión del gobierno colombiano de suspender la fumigación aérea por solicitud de la guerrilla cuando se negociaba la paz en Cuba. En este sentido, no puede perderse de vista que, como señala el informe, el negocio del tráfico de drogas en Colombia es dominado por una alianza entre bandas criminales y las FARC, quienes –pese a estar en medio de un proceso de paz– continuaban a mediados de 2016 comprometidas en la producción y exportación de cocaína a gran escala. En efecto, según el informe, los principales frentes de las FARC responsables de exportar toneladas de cocaína se encuentran localizados en zonas fronterizas: frente 57 en la frontera con Panamá, frente 48 en la frontera con Ecuador y el frente 10 en la frontera con Venezuela. Estos frentes operan en los departamentos en donde más crecieron las áreas cultivadas: Cauca, Norte de Santander y Putumayo, regiones en donde el área de coca creció 116%, 85% y 76%, respectivamente.

A nivel local también genera preocupación que los cultivos de coca estén volviendo a renacer en santuarios ecológicos como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Dentro de este contexto, resulta desconcertante la respuesta del comandante de las FARC, Pastor Alape, quien descalificó el informe de la ONU sobre el aumento de los cultivos de coca. Según el integrante del secretariado de las FARC dicho informe “es una pendejada”, porque “ningún campesino le va a apostar a un millón de pesos que es lo que entregan esos programas para sostener una familia. “Claro que los cultivos han crecido porque todas esa políticas han fracasado: el plan nacional de rehabilitación,  plante y palante, el plan consolidación y el plan Colombia, todas fracasaron. Si eso no está acompañado por otros procesos, va a fracasar”.

Y puede que tenga algo de razón el comandante fariano. Es indudable que el programa de erradicación manual y sustitución de cultivos ha fallado por la falta de acompañamiento estatal y la oferta de una alternativa seria a los campesinos cultivadores. Sin embargo, ello no justifica la renuencia de las FARC a dejar el narcotráfico como fuente de su financiación, tanto en su modalidad de intermediario del negocio vía cobro de “impuestos” a los narcos, como en su modalidad de directo productor y exportador de cocaína.

Si bien los expertos internacionales en el tema coinciden en que es necesario cambiar el enfoque represivo  del tráfico de estupefacientes hacia un enfoque como problema de salud pública –dado el fracaso de más de 40 años de guerra contra las drogas–, mientras esto no suceda es menester subir la guardia que el gobierno Santos ha tenido abajo durante el tiempo que duraron las negociaciones de paz.

Con la paz firmada, el gobierno colombiano debe empezar por hacerle exigible a las FARC su compromiso de renunciar al narcotráfico y de coadyuvar en la erradicación de los cultivos ilícitos en las zonas bajo su control. En este punto, las FARC tampoco deberían equivocarse y creer que el aumento de los cultivos de coca es una mera pendejada, salvo que sus líderes quieran reencontrarse con Simón Trinidad en alguna cárcel federal de Estados Unidos.

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Se celebra hoy 8 de marzo el día internacional de la mujer, fecha en la cual se rinde tributo a la lucha histórica y justa del género femenino para obtener los mismos derechos que los hombres y ser valoradas, en pie de igualdad con ellos, como personas fundamentales en el desarrollo de la sociedad y de las naciones.

En Colombia las mujeres han recorrido un largo trayecto para ser consideradas seres con plenos derechos. Y su lucha aún no termina. En efecto, a pesar de las grandes conquistas realizadas, tales como el derecho al voto, la eliminación de la potestad marital sobre ellas y la ampliación de su participación en política, ellas siguen siendo objeto de múltiples discriminaciones en la sociedad contemporánea.

Todas estas discriminaciones tienen un común denominador: la falta de materialización en la realidad del postulado de igualdad en el trato y en las oportunidades para las mujeres. Ciertamente, no obstante existir mandatos legales que prohíben cualquier forma de exclusión a las féminas, en la práctica subsisten concepciones arcaicas que consideran a la mujer como un ser inferior a los hombres, concepciones de la cual la cultura machista predominante en gran parte del país es un claro y pernicioso ejemplo.

Estudios recientes del DANE siguen confirmando la persistencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres, esto es, que a pesar de trabajar más horas, tener mayor formación académica que los hombres y cumplir funciones similares, ganan en promedio menos que ellos. Estadísticas del DANE de 2015 ubicaban esta brecha salarial en 20.2% en contra de las mujeres, una de las más altas de América Latina cuya tasa promedio es del 17%. En el mismo sentido, un estudio del 2016 del Observatorio del Servicio Público de Empleo evidenció que las mujeres son más vulnerables al desempleo que los hombres, por cuanto su tasa de desempleo, 11.8%, es casi el doble que la de los hombres, 6.7%. También reveló que las mayores brechas de desempleo entre hombres y mujeres se ubican principalmente en las ciudades de la Costa Caribe. Por último, el estudio muestra que a pesar de su preparación, son pocas las mujeres que acceden a cargos directivos y gerenciales, los cuales son dominados por los hombres.

Pero no solo en el mercado laboral se encuentran prácticas discriminatorias en contravía de la equidad de género. En otros aspectos de la vida cotidiana se evidencia una tendencia a cosificar a la mujer, a tratarla como un mero objeto de deseo sexual. A esta errónea tendencia apelan campañas publicitarias en las cuales subyace el estereotipo de mujer voluptuosa y de poco cerebro, estereotipo que, en un país con numerosos reinados de belleza, se perpetúa en las nuevas generaciones.

Sin embargo, la peor de todas las formas de discriminación a las que están sometidas las mujeres colombianas es a la violencia física y sicológica por razones de su género. Según Medicina Legal, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de agresión. En 2015 esta entidad reportó 970 feminicidios y 47.248 casos de violencia de pareja en todo el país. La mayoría de las veces los victimarios suelen ser la pareja actual de la mujer (47.27%) y el restante de los casos su expareja sentimental (29.33%).

En este orden de ideas, es claro que estamos frente a un problema de salud pública que requiere una política permanente para prevenir todo tipo de agresiones contra la mujer. Ello debe ser un compromiso de toda la sociedad y no sólo de las autoridades. El mejor homenaje a las mujeres es el respeto integral a su dignidad.

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Como una bola de nieve creció la indignación ciudadana ante las protuberantes fallas detectadas  en el programa de alimentación escolar del municipio de Valledupar, que ayer fueron reveladas por los medios locales en el colegio oficial Milciades Cantillo.

Mandarinas podridas y panes con fecha de caducidad vencida, eran los alimentos que el contratista del PAE se disponía a entregarle a los más de cuatrocientos niños que estudian en la jornada de la mañana de la mencionada institución educativa. El olor nauseabundo de la comida advirtió a los niños que algo andaba mal, quienes dieron aviso a los mayores, logrando así evitar una intoxicación masiva.

Sin embargo, no es ese el único colegio oficial de la ciudad en el cual se han presentado problemas con la alimentación escolar. En este medio hemos registrado denuncias similares en los colegios Francisco Galán del barrio Los Fundadores y en el Instituto Técnico La Esperanza del barrio La Nevada.

En este sentido, sorprende que la administración municipal no haya aprendido la lección que le dejan los errores cometidos con el programa de alimentación escolar durante su primer año de gobierno. El año anterior, 2016, los entes de control locales, entre ellos, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, advirtieron en su momento de graves irregularidades en ese programa, tales como ausencia de comedores escolares en los colegios, batería de cocina y vajilla en mal estado que incluía cubiertos oxidados, no cumplimiento de la cadena de refrigeración de los alimentos, entrega de raciones por debajo del gramaje mínimo exigido por el ministerio, número de raciones entregadas menor al número de estudiantes inscritos en el colegio. En pocas palabras, en ese entonces se advirtieron de graves fallas en cuanto al balance, la cantidad y la calidad de los alimentos.

Entonces, ¿por qué razón en este año que apenas empieza se siguen presentando problemas similares que ya se habían advertido en la vigencia anterior? Por lo visto hasta la fecha, de poco ha servido que la administración en esta ocasión haya adjudicado por licitación –y no a dedo como el año pasado– el contrato de alimentación a escolar al Consorcio PAE Valledupar, compuesto por laCorporación hacia un Valle Solidario, de Yumbo, Valle del Cauca, y por la empresa Eco Alimentos SAS, de Bogotá. En efecto, todos los indicios apuntan a que se trata de un cambio formal de contratista porque en la realidad este medio ha constatado que el “nuevo” contratista sigue operando con la misma estructura, en las mismas bodegas y con parte del mismo personal que tenía el contratista anterior. Pudo haberse cambiado los nombres de las empresas pero la operación es la misma. No obstante, allí no está el problema, sino en que la administración cumpla en forma estricta con la supervisión del contrato. Que le respire en la nuca al contratista para que cumpla en forma eficiente y oportuna el servicio contratado. Que haga visitas sorpresas y aleatorias a los colegios del casco urbano y de los corregimientos para verificar in situ las condiciones en que se presta el servicio de alimentación escolar.

Así las cosas, cabe preguntar ¿dónde estaba la interventoría del contrato que no detectó las fallas que sí pudieron detectar los estudiantes del colegio Milciades Cantillo? Si la interventoría no cumple su función, que devuelva los dineros recibidos por un servicio no prestado. Está de sobra y es un costoso adorno.

En síntesis, más allá de la reacción indignada del alcalde, lo que se requiere es que su administración aprenda la lección del pasado y vele para que en la práctica se cumpla el postulado de que la comida de los niños es sagrada.

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La captura del ex gerente de la EPS Dusakawi, Enoc Clavijo Franco, sorprendió a todo el mundo: indígenas y no indígenas. No porque no existieran méritos para su captura. Era un secreto a voces y de vieja data los malos manejos administrativos en esa EPS indígena. La sorpresa es porque por primera vez en mucho tiempo la justicia decide procesar a un indígena y privarlo de su libertad, cuando ha sido la regla de facto que los indígenas son intocables y están por fuera del alcance de la justicia. Con la detención de Clavijo Franco se empieza a romper ese falso paradigma.

En efecto, en el caso de la EPS Dusakawi sobran las pruebas para judicializar no sólo a Clavijo Franco y al contratista Hernán Osorio, ambos capturados, sino también a varios directivos de esa institución que cohonestaron con prácticas corruptas para malversar recursos de la salud de su propia etnia. La lista de estas prácticas es extensa: empresas de fachada para justificar gastos inexistentes, aumento ficticio del número de usuarios, facturación de medicamentos no entregados, compras fantasmas de bienes y servicios no prestados, irregularidades en la contratación y tráfico de influencias, entre otras perlas halladas por la Fiscalía General de la Nación que, por lo pronto, cuantifican un desfalco de más de cuatro mil millones de pesos en las arcas de la entidad.

Sin embargo, debe resaltarse que la investigación en contra de Enoc Clavijo tuvo origen en varias autoridades indígenas que advirtieron en su momento a la Fiscalía de los malos manejos en la EPS Dusakawi, ente que, para colmo de males, le cursa otra investigación de tipo administrativo por violar las normas de planeación y funcionar en un sector residencial, sin licencia de Planeación Municipal.

Por lo sucedido en Dusakawi EPS, hay una luz de esperanza para que no quede en la impunidad una denuncia aún más grave hecha sobre violación sistemática de menores arhuacos. Cabe recordar que la semana pasada dos mujeres arhuacas (cuya identidad pidieron mantener en reserva) relataron en los micrófonos de esta emisora que cientos de niñas de su comunidad han sido víctimas de acceso carnal abusivo por parte de adultos que la mayoría de las veces son familiares y que las autoridades tradicionales en vez de salvaguardar la integridad de las menores, deciden no actuar. Estas valerosas mujeres pusieron como ejemplo el caso de un mayor arhuaco procesado por haber violado a su propia hija y tras haber estado detenido por un corto tiempo (7 meses) fue dejado en libertad, con la asesoría y la mediación de las propias autoridades indígenas arhuacas.

La inmunidad especial de la cual creen gozar los indígenas –y que la lenta justicia suele amparar– no sólo sirve para encubrir desfalcos en EPS o violaciones a menores de edad, sino que abarca también el crimen más horrendo de todos, el homicidio. Sólo así se explica que tras ser asesinado hace dos años, el lunes 26 de enero de 2015, el joven José Manuel Galofre Arias, a manos de un indígena arhuaco, dicho crimen permanezca en la más completa impunidad, a pesar de que el homicida está identificado y ubicado en un sitio en la Sierra Nevada de Santa Marta donde es protegido por sus mayores, en vez de ser puesto a disposición de la Fiscalía. También le cabe la crítica a la directora seccional de Fiscalía, María Estella Aguilar Vergara, quien sabe muy bien de la ubicación del homicida y en dos años no ha hecho absolutamente nada para capturarlo.

Los ejemplos atrás anotados ponen de presente el denominador común del abuso del fuero especial que la Constitución colombiana le otorga a los pueblos indígenas. Sus derechos –tan válidos y legítimos como los derechos del resto de ciudadanos– no pueden ser entendidos como una patente de corso para actuar por encima de la ley. En una sociedad democrática en la que rige el Estado de Derecho todos los ciudadanos sin excepción están sometidos al imperio de la ley. Los indígenas también deberían saberlo y actuar en consonancia con este sagrado precepto.

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Hasta sus más enconados contradictores le reconocen a Germán Vargas Lleras su tenacidad y su capacidad de ejecución, de la cual ha hecho gala tanto como ministro de Vivienda en la primera administración de Santos como vicepresidente de la república en su segundo mandato. En ambos cargos, Vargas Lleras le ha impuesto a los proyectos bajo su dirección un ritmo frenético que le permitieron consolidar la ambiciosa meta de las cien mil viviendas gratis, proyectos similares de vivienda para ahorradores y los megaproyectos de las vías de cuarta generación o 4G.

Debe reconocerse que las áreas bajo el mando de Vargas –principalmente, vivienda e infraestructura vial– son de los pocos sectores de mostrar con resultados positivos en la administración Santos. En los otros sectores el saldo es en rojo: Educación, Salud, Empleo, Minas y Energía, Seguridad y Finanzas Públicas, todas, sin excepción, se rajan.

Vargas Lleras ha opacado al resto de ministros del gabinete no sólo por sus buenas ejecutorias sino también por una activa agenda de recorridos por todo el país y una omnipresencia mediática que compite, y a veces supera, la del propio presidente. Su reciente visita al Cesar es prueba de ello. En menos de un día estuvo en La Gloria, Becerril, San Diego y Valledupar, de donde partió con rumbo a Córdoba, a seguir inaugurando obras, cortando citas y dejando compromisos de inversión firmados.

Sin embargo, conocidas –y no ocultadas– sus aspiraciones presidenciales es hora ya que Vargas Lleras renuncie a su cargo de vicepresidente y salte a la arena política como un precandidato más, sin el inequitativo privilegio que le da su condición de alto funcionario del Estado. Que siga haciendo política pero sin las grandes ventajas derivadas de su condición de servidor público, entre ellas, los recursos públicos para costear sus desplazamientos por lo largo y ancho de la geografía nacional y sin la tribuna mediática y la capacidad de influencia en la opinión, connatural a la posición pública que ostenta.

Entre más se demore Vargas en irse del gobierno, más quedará entre el público la percepción del vicepresidente-candidato que hace parte de la administración Santos para lo que le conviene, pero que toma distancia frente a ella por oportunismo político, como ya lo hizo en su ambiguo y tibio apoyo al proceso de paz, bandera principal de Santos, y más recientemente, con su declaración frente al escándalo Odebrecht, episodio en el cual Vargas se lavó las manos aseverando que no tuvo ninguna injerencia ni manejo de las finanzas de la campaña Santos Presidente 2014, como si no hiciera parte del mismo tiquete electoral y como si lo que pueda hacerle daño a Santos por tales hechos no lo afectara a él también.

Está por verse si por fuera del gobierno, sin los reflectores de la prensa que lo cubren permanentemente, Vargas Lleras sigue marcando en las encuestas como hasta ahora lo ha hecho. Pero en sentido estricto, ese es su problema, no el de los colombianos. Lo que sí le es exigible es que asuma su condición de candidato presidencial y se despoje de su investidura de vicepresidente, porque las dos calidades son incompatibles. Valga, por extensión, la misma crítica a todos los altos funcionarios que hacen política desde sus cargos.

 

 
 
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Casi desapercibida pasó ante la opinión y los medios la renuncia del director de la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento, Juan Felipe Bermúdez. Sin embargo, no podía ser más inoportuna, porque dicha dependencia recientemente declaró la alerta roja en veinte de los veinticinco municipios del Cesar por los consabidos incendios forestales que en esta época del año suelen presentarse.

Según datos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, sólo en esta municipio se han registrado más de diez incendios forestales que han afectado cerca de 500 hectáreas de vegetación, y en otros municipios se han presentado también conflagraciones de similar magnitud.

Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y no nos cansaremos de insistir en que uno de los factores que más contribuye a causar los incendios forestales es la inveterada y nefasta práctica de las quemas de lotes en predios rurales para adecuarlos para cultivos. En su gran mayoría estos incendios son originados por quemas que se salen de madre.

Por ello, no basta con implementar y activar los planes de contingencia que recomienda la Oficina de Gestión del Riesgo, sino que debe perseverarse en la pedagogía durante todo el año para educar a los campesinos e indígenas sobre el error en que incurren al realizar las quemas.

En este punto, la prevención, se requiere una acción articulada por parte de las corporaciones autónomas regionales, Corpocesar y Corpoguajira y las administraciones departamentales.

En este sentido, preocupa que ya hay poco espacio para la prevención, por cuanto estamos en medio de la temporada seca y, según datos del IDEAM, ésta se podría extender hasta finales de marzo. La salida de Bermudez, un funcionario experimentado, cae en el peor momento.

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Un rosario de quejas tienen las FARC para el gobierno nacional en el marco del Acuerdo de Paz. Se queja la organización guerrillera del gran atraso de las obras de adecuación de las zonas de concentración en donde estarán ubicados las tropas de las FARC en su tránsito a la legalidad.

Es cierto que en todas las zonas de concentración denominadas Puntos Transitorios de Normalización hay atrasos, pues la obras avanzan a media marcha. En Miranda, Cauca, los albergues temporales no estarán listos ni en dos meses, afirma el Sexto Frente de las FARC. Algo similar ocurre en Tierra Grata, en el municipio de La Paz, Cesar, donde además del atraso de las obras, se quejan por la falta de agua potable, ya que ésta tiene que ser traída en carrotanques desde Valledupar. En Pondores, La Guajira, el comandante Alirio Córdoba afirma que es un peladero inhabitable, ante la evidente demora de las obras de infraestructura que incluyen viviendas, sanitarios, conexiones eléctricas, puestos de salud, cocinas, almacén para víveres y aulas de estudio, entre otros.

Ha sido tanto el impacto del atraso de las obras de adecuación que la ONU propuso al gobierno nacional prorrogar el cronograma de entrega de las armas, propuesta frente a la cual el gobierno pegó el grito en el cielo.

De otra parte, también se quejan las FARC de la falta de atención médica oportuna para atender a sus miembros enfermos, lo que, según ellos, habría ocasionado la muerte de dos de sus militantes el guerrillero ‘Elkin Palacios’ en Bojayá, Chocó, y Tamaris Lee, en Conejo, La Guajira.

Frente a este rosario de quejas –válido, por supuesto–, hay que decirles a las FARC: bienvenidas a Colombia. Bienvenidas a la Colombia real en donde las personas se mueren en las puertas de los centros médicos por el infame paseo de la muerte de hospital en hospital, o por falta de una autorización de las nefastas EPS. País de infamias en donde los pacientes tienen que interponer acciones de tutela para lograr ser atendidos. País indolente que ve morir a sus niños por desnutrición.

Bienvenidas al país en donde obra pública que se respete se realiza con inexplicables demoras, con costosas adiciones y sobrecostos, con adjudicación a dedo y quedan a medio terminar. País donde reina la tramitología, la intricada burocracia, el tráfico de influencias y el centralismo bogotano.

Este es el país al que las FARC se reincorporan después de 50 años de lucha armada. ¿Por qué entonces darle un tratamiento preferencial a ellas, con escasos 7.000 hombres, que al resto de los 44 millones de colombianos? Desde el inicio de su tránsito a la vida civil, las FARC empezaron a sufrir en carne propia lo que a diario sufrimos el resto de colombianos por la ineficiencia y la corrupción del aparato estatal.

Es este el país que debemos transformar. ¡Entre todos!

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Como una tragedia griega sin final feliz, La Guajira afronta su peor crisis institucional en sus 52 años de historia como departamento. Sus dos máximos líderes administrativos, el gobernador y el alcalde de la capital, se encuentran presos por serios indicios de actos de corrupción.

Ellos dos son los más recientes eslabones de un largo listado de servidores públicos guajiros en líos con la justicia por los más diversos delitos cuyo común denominador es el uso del poder público para fines personales. En el listado están los últimos cinco gobernadores del departamento: Hernando Deluque, José Luis González, Jorge Pérez Bernier, Juan Francisco Gómez y la destituida Oneida Pinto.

Se creía que con la caída de Pinto por un fallo del Consejo de Estado, La Guajira había tocado fondo y que resurgiría de sus cenizas, como el ave Fénix. Por el contrario, la crisis se agudizó con la captura del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez, el pasado enero, y con la reciente privación de la libertad al gobernador Wilmer González Brito.

El problema de fondo es que no se ve en el horizonte inmediato una solución definitiva y rápida a la crisis. La clase política guajira, sin excepción, incluyendo a los dos actuales congresistas Alfredo Deluque y Antenor Durán está seriamente cuestionada por darle continuidad a las malas prácticas administrativas que se han institucionalizado en ese departamento hasta el punto de convertirse en costumbre socialmente aceptada. La corrupción al elector con mercados, dádivas o dinero en efectivo es la sacrosanta fórmula para hacerse elegir. La contratación es la vía expedita para pagar favores políticos y recuperar el dinero invertido en las campañas.

En honor a la verdad, no es un mal exclusivo de La Guajira y de los guajiros. Es un mal generalizado de la política colombiana. Por ello, es válido el rechazo a la estigmatización a todos los guajiros, pueblo valiente y rebelde en donde hay gente buena, capaz y honesta, que constituye la mayoría de su población.

Sin embargo, su clase política y sus malas prácticas corruptoras han dado pie a que se considere que La Guajira sea un departamento fallido, donde no impera el Estado de Derecho sino la ley del más fuerte y del más astuto. Gran parte de la responsabilidad de ese lamentable estado de cosas la tiene el gobierno nacional y Santos directamente, no sólo por haber profundizado en su mandato el modelo centralista que recortó los recursos propios de La Guajira (con la reforma a las regalías), sino al cohonestar con nefastos personajes como Kiko Gómez y Oneida Pinto, con quienes hizo alianzas que le sirvieron para hacerse elegir y reelegir. La elite bogotana se nutre de los caciques regionales y los clanes políticos para que les pongan los votos que necesitan, pero una vez éstos caciques caen en desgracia, les dan la espalda y los dejan librados a su suerte.

Esta es nueva oportunidad que tiene Santos para enderezar el rumbo de La Guajira y encontrarle una salida a su laberinto.

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De manera sigilosa, un 30 de diciembre, sin la debida socialización, para que pasara de agache, el ministerio de Minas expidió la resolución 41.279 por la cual se establece “el ingreso al Productor de la gasolina motor corriente y del ACPM que regirán a partir del 1 de enero de 2017”. Esta resolución reduce la base a partir de la cual se calcula la sobretasa de los combustibles, sobretasa que es un impuesto del orden territorial, y una importantísima fuente de ingresos para los municipios y departamentos del país, por cuanto a los primeros corresponde el 75% de su recaudo, y a los segundos, el 25% restante.

Sólo un mes y medio después de haber sido expedida, los mandatarios locales cayeron en cuenta del golazo que el ministerio de Minas les había metido aquel 30 de diciembre. Según el ministro German Arce la medida era necesaria con el fin de trasladarle al consumidor final de gasolina y diesel ,la baja en el precio internacional del petróleo. Por ello, el ministro bajo el pre

Sin embargo, esta argumentación no resulta convincente, porque como lo expuso con claridad nuestro comentarista económico, José Antonio Larrazabal, en el fondo lo que hizo el gobierno fue trasladarle a los entes territoriales el impacto de la reforma tributaria en el precio de la gasolina y el ACPM. Es decir, como ya la reforma tributaria había subido el precio de los combustibles por los mayores gravámenes que le establecen con impuestos del orden nacional, el gobierno hábilmente baja de un plumazo los impuestos territoriales a los combustibles para que el precio total de éstos no le suba tanto al consumidor final.

No obstante el intento de “jugada maestra”, por el momento, le ha salido el tiro por la culata. Porque la reacción de los alcaldes y gobernadores fue inmediata y enérgica. La medida significa un zarpazo a las finanzas territoriales cuya estimación inicial es de 600.000 millones de pesos por anualidad. Medellín dejaría de recibir $27.000 millones por año, Cali $20.000 millones, Pereira $4.000 millones y Manizales $3.500 millones, por solo mencionar algunos. La Federación Nacional de Departamentos estima que la afectación será cercana a los $160.000 millones por anualidad, discriminado así: $103.000 millones de recaudo de la sobretasa a la gasolina y $57.000 millones de la cesión nacional de la sobretasa al diesel.

Con esta medida con marcado corte centralista se modifican desde el gobierno central los presupuestos de los entes territoriales de la actual vigencia fiscal (2017), porque se reduce una de las fuentes de financiación de municipios y departamentos, fuente que, en su gran mayoría, ya estaba comprometida para costear obras de infraestructura y programas sociales de alcaldías y gobernaciones.

La polémica está zanjada y la concertación propuesta por Santos para apaciguar a los mandatarios territoriales no parece calmar las aguas. En el fondo de la discusión subyace un modelo centralista que actúa como sanguijuela: succiona las riquezas de los territorios para sobrevivir. Primero fue la reforma a las regalías, y ahora esta medida de escritorio bogotano tomada de espaldas al país.

Finalmente, debe acotarse que aunque esta medida no golpea a Valledupar por ser municipio de zona de frontera, como lo explicó el secretario de Hacienda Eudes Fuentes, si sufre la ciudad un coletazo: como el cupo de gasolina es insuficiente para abastecer la demanda de la ciudad, cuando se acaba el cupo y se vende a precio pleno, esas ventas sí se les aplica la odiosa resolución 41.279. Y a todas éstas, ¿ya se habrá enterado la secretaria de Hacienda departamental, Bonny Rodríguez, que esta resolución afecta las finanzas de la gobernación? ¿tendrá listo ya la estimación de cuánto es el impacto? Que alguien le cuente.

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Tal cual lo anunció el alcalde de Valledupar, Tuto Uhía, iniciaron tres grandes obras viales en la ciudad: primero, la reconstrucción de la avenida Fundación, entre el tramo del Obelisco y la carrera 12, tramo que comprende cerca de 3.35 kilómetros y tiene un costo aproximado de 32 mil millones de pesos. El segundo frente de trabajo son las obras de la avenida 450 años, las cuales comprenden 2.05 kilometros a un costo cercano a los 19 mil millones de pesos. El tercer frente corresponde a  las obras de la carrera 27, entre la calle 44 y el barrio Villa Haydith.

A estas tres obras hay que agregarle las que ya tiene en ejecución el SIVA, siendo las más importantes: la avenida Simón Bolívar desde la glorieta del Cacique Upar hasta la glorieta de la Ceiba y las costosas y necesarias redes húmedas de esas obras.

En síntesis, la ciudad está en obra. Y es bueno que lo esté. Nadie negaría la necesidad de intervenir y rehabilitar la deteriorada malla vial de Valledupar, como tampoco se niega la necesidad de su ampliación. Estábamos en mora de hacerlo. Esta administración envía el correcto mensaje que la cosa es diciendo y haciendo.

Por ello, es menester pedirle a los usuarios de las vía paciencia, mucha paciencia mientras se desarrollan las obras. Pero a la vez es imperioso pedirle a los contratistas y a la administración celeridad en su ejecución. Hay que trabajar a todo vapor, de día y de noche –si es necesario– como tanto cacarea Alfredo Saade, gerente del área metropolitana. Hay que hacer las obras sin sobrecostos, sin adiciones, y en el plazo pactado, respirándole a la nuca a los contratistas, para no repetir el error de la administración departamental pasada de dejar ambiciosas obras de infraestructura a medio hacer y desfinanciadas.

Lo anterior no es óbice para que durante el tiempo que duren las obras, la secretaría de Tránsito de la ciudad ponga en marcha un adecuado plan de contingencia para mitigar el impacto en el tráfico que estas obras generan. En particular, porque a la vuelta de la esquina está el Festival Vallenato, cuya edición especial de 50 años, prevé la llegada de un mayor número de visitantes por encima de los registros históricos. Según estadísticas de la Fundación que regenta el evento y del ministerio de Transporte, en promedio, durante el Festival Vallenato, llegan cerca de 20.000 visitantes. Es probable que este año esa cifra aumente por lo menos en la mitad, para un total de cerca de 30.000 turistas. Esto muestra la imperiosa necesidad de tener previsto desde ya un plan de movilidad con vías alternas a las que están siendo construidas. Por ello, se reitera, los usuarios tenemos que armarnos de paciencia, y la administración de celeridad.

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