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Editorial (414)

Hasta sus más enconados contradictores le reconocen a Germán Vargas Lleras su tenacidad y su capacidad de ejecución, de la cual ha hecho gala tanto como ministro de Vivienda en la primera administración de Santos como vicepresidente de la república en su segundo mandato. En ambos cargos, Vargas Lleras le ha impuesto a los proyectos bajo su dirección un ritmo frenético que le permitieron consolidar la ambiciosa meta de las cien mil viviendas gratis, proyectos similares de vivienda para ahorradores y los megaproyectos de las vías de cuarta generación o 4G.

Debe reconocerse que las áreas bajo el mando de Vargas –principalmente, vivienda e infraestructura vial– son de los pocos sectores de mostrar con resultados positivos en la administración Santos. En los otros sectores el saldo es en rojo: Educación, Salud, Empleo, Minas y Energía, Seguridad y Finanzas Públicas, todas, sin excepción, se rajan.

Vargas Lleras ha opacado al resto de ministros del gabinete no sólo por sus buenas ejecutorias sino también por una activa agenda de recorridos por todo el país y una omnipresencia mediática que compite, y a veces supera, la del propio presidente. Su reciente visita al Cesar es prueba de ello. En menos de un día estuvo en La Gloria, Becerril, San Diego y Valledupar, de donde partió con rumbo a Córdoba, a seguir inaugurando obras, cortando citas y dejando compromisos de inversión firmados.

Sin embargo, conocidas –y no ocultadas– sus aspiraciones presidenciales es hora ya que Vargas Lleras renuncie a su cargo de vicepresidente y salte a la arena política como un precandidato más, sin el inequitativo privilegio que le da su condición de alto funcionario del Estado. Que siga haciendo política pero sin las grandes ventajas derivadas de su condición de servidor público, entre ellas, los recursos públicos para costear sus desplazamientos por lo largo y ancho de la geografía nacional y sin la tribuna mediática y la capacidad de influencia en la opinión, connatural a la posición pública que ostenta.

Entre más se demore Vargas en irse del gobierno, más quedará entre el público la percepción del vicepresidente-candidato que hace parte de la administración Santos para lo que le conviene, pero que toma distancia frente a ella por oportunismo político, como ya lo hizo en su ambiguo y tibio apoyo al proceso de paz, bandera principal de Santos, y más recientemente, con su declaración frente al escándalo Odebrecht, episodio en el cual Vargas se lavó las manos aseverando que no tuvo ninguna injerencia ni manejo de las finanzas de la campaña Santos Presidente 2014, como si no hiciera parte del mismo tiquete electoral y como si lo que pueda hacerle daño a Santos por tales hechos no lo afectara a él también.

Está por verse si por fuera del gobierno, sin los reflectores de la prensa que lo cubren permanentemente, Vargas Lleras sigue marcando en las encuestas como hasta ahora lo ha hecho. Pero en sentido estricto, ese es su problema, no el de los colombianos. Lo que sí le es exigible es que asuma su condición de candidato presidencial y se despoje de su investidura de vicepresidente, porque las dos calidades son incompatibles. Valga, por extensión, la misma crítica a todos los altos funcionarios que hacen política desde sus cargos.

 

 
 
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Casi desapercibida pasó ante la opinión y los medios la renuncia del director de la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento, Juan Felipe Bermúdez. Sin embargo, no podía ser más inoportuna, porque dicha dependencia recientemente declaró la alerta roja en veinte de los veinticinco municipios del Cesar por los consabidos incendios forestales que en esta época del año suelen presentarse.

Según datos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, sólo en esta municipio se han registrado más de diez incendios forestales que han afectado cerca de 500 hectáreas de vegetación, y en otros municipios se han presentado también conflagraciones de similar magnitud.

Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y no nos cansaremos de insistir en que uno de los factores que más contribuye a causar los incendios forestales es la inveterada y nefasta práctica de las quemas de lotes en predios rurales para adecuarlos para cultivos. En su gran mayoría estos incendios son originados por quemas que se salen de madre.

Por ello, no basta con implementar y activar los planes de contingencia que recomienda la Oficina de Gestión del Riesgo, sino que debe perseverarse en la pedagogía durante todo el año para educar a los campesinos e indígenas sobre el error en que incurren al realizar las quemas.

En este punto, la prevención, se requiere una acción articulada por parte de las corporaciones autónomas regionales, Corpocesar y Corpoguajira y las administraciones departamentales.

En este sentido, preocupa que ya hay poco espacio para la prevención, por cuanto estamos en medio de la temporada seca y, según datos del IDEAM, ésta se podría extender hasta finales de marzo. La salida de Bermudez, un funcionario experimentado, cae en el peor momento.

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Un rosario de quejas tienen las FARC para el gobierno nacional en el marco del Acuerdo de Paz. Se queja la organización guerrillera del gran atraso de las obras de adecuación de las zonas de concentración en donde estarán ubicados las tropas de las FARC en su tránsito a la legalidad.

Es cierto que en todas las zonas de concentración denominadas Puntos Transitorios de Normalización hay atrasos, pues la obras avanzan a media marcha. En Miranda, Cauca, los albergues temporales no estarán listos ni en dos meses, afirma el Sexto Frente de las FARC. Algo similar ocurre en Tierra Grata, en el municipio de La Paz, Cesar, donde además del atraso de las obras, se quejan por la falta de agua potable, ya que ésta tiene que ser traída en carrotanques desde Valledupar. En Pondores, La Guajira, el comandante Alirio Córdoba afirma que es un peladero inhabitable, ante la evidente demora de las obras de infraestructura que incluyen viviendas, sanitarios, conexiones eléctricas, puestos de salud, cocinas, almacén para víveres y aulas de estudio, entre otros.

Ha sido tanto el impacto del atraso de las obras de adecuación que la ONU propuso al gobierno nacional prorrogar el cronograma de entrega de las armas, propuesta frente a la cual el gobierno pegó el grito en el cielo.

De otra parte, también se quejan las FARC de la falta de atención médica oportuna para atender a sus miembros enfermos, lo que, según ellos, habría ocasionado la muerte de dos de sus militantes el guerrillero ‘Elkin Palacios’ en Bojayá, Chocó, y Tamaris Lee, en Conejo, La Guajira.

Frente a este rosario de quejas –válido, por supuesto–, hay que decirles a las FARC: bienvenidas a Colombia. Bienvenidas a la Colombia real en donde las personas se mueren en las puertas de los centros médicos por el infame paseo de la muerte de hospital en hospital, o por falta de una autorización de las nefastas EPS. País de infamias en donde los pacientes tienen que interponer acciones de tutela para lograr ser atendidos. País indolente que ve morir a sus niños por desnutrición.

Bienvenidas al país en donde obra pública que se respete se realiza con inexplicables demoras, con costosas adiciones y sobrecostos, con adjudicación a dedo y quedan a medio terminar. País donde reina la tramitología, la intricada burocracia, el tráfico de influencias y el centralismo bogotano.

Este es el país al que las FARC se reincorporan después de 50 años de lucha armada. ¿Por qué entonces darle un tratamiento preferencial a ellas, con escasos 7.000 hombres, que al resto de los 44 millones de colombianos? Desde el inicio de su tránsito a la vida civil, las FARC empezaron a sufrir en carne propia lo que a diario sufrimos el resto de colombianos por la ineficiencia y la corrupción del aparato estatal.

Es este el país que debemos transformar. ¡Entre todos!

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Como una tragedia griega sin final feliz, La Guajira afronta su peor crisis institucional en sus 52 años de historia como departamento. Sus dos máximos líderes administrativos, el gobernador y el alcalde de la capital, se encuentran presos por serios indicios de actos de corrupción.

Ellos dos son los más recientes eslabones de un largo listado de servidores públicos guajiros en líos con la justicia por los más diversos delitos cuyo común denominador es el uso del poder público para fines personales. En el listado están los últimos cinco gobernadores del departamento: Hernando Deluque, José Luis González, Jorge Pérez Bernier, Juan Francisco Gómez y la destituida Oneida Pinto.

Se creía que con la caída de Pinto por un fallo del Consejo de Estado, La Guajira había tocado fondo y que resurgiría de sus cenizas, como el ave Fénix. Por el contrario, la crisis se agudizó con la captura del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez, el pasado enero, y con la reciente privación de la libertad al gobernador Wilmer González Brito.

El problema de fondo es que no se ve en el horizonte inmediato una solución definitiva y rápida a la crisis. La clase política guajira, sin excepción, incluyendo a los dos actuales congresistas Alfredo Deluque y Antenor Durán está seriamente cuestionada por darle continuidad a las malas prácticas administrativas que se han institucionalizado en ese departamento hasta el punto de convertirse en costumbre socialmente aceptada. La corrupción al elector con mercados, dádivas o dinero en efectivo es la sacrosanta fórmula para hacerse elegir. La contratación es la vía expedita para pagar favores políticos y recuperar el dinero invertido en las campañas.

En honor a la verdad, no es un mal exclusivo de La Guajira y de los guajiros. Es un mal generalizado de la política colombiana. Por ello, es válido el rechazo a la estigmatización a todos los guajiros, pueblo valiente y rebelde en donde hay gente buena, capaz y honesta, que constituye la mayoría de su población.

Sin embargo, su clase política y sus malas prácticas corruptoras han dado pie a que se considere que La Guajira sea un departamento fallido, donde no impera el Estado de Derecho sino la ley del más fuerte y del más astuto. Gran parte de la responsabilidad de ese lamentable estado de cosas la tiene el gobierno nacional y Santos directamente, no sólo por haber profundizado en su mandato el modelo centralista que recortó los recursos propios de La Guajira (con la reforma a las regalías), sino al cohonestar con nefastos personajes como Kiko Gómez y Oneida Pinto, con quienes hizo alianzas que le sirvieron para hacerse elegir y reelegir. La elite bogotana se nutre de los caciques regionales y los clanes políticos para que les pongan los votos que necesitan, pero una vez éstos caciques caen en desgracia, les dan la espalda y los dejan librados a su suerte.

Esta es nueva oportunidad que tiene Santos para enderezar el rumbo de La Guajira y encontrarle una salida a su laberinto.

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De manera sigilosa, un 30 de diciembre, sin la debida socialización, para que pasara de agache, el ministerio de Minas expidió la resolución 41.279 por la cual se establece “el ingreso al Productor de la gasolina motor corriente y del ACPM que regirán a partir del 1 de enero de 2017”. Esta resolución reduce la base a partir de la cual se calcula la sobretasa de los combustibles, sobretasa que es un impuesto del orden territorial, y una importantísima fuente de ingresos para los municipios y departamentos del país, por cuanto a los primeros corresponde el 75% de su recaudo, y a los segundos, el 25% restante.

Sólo un mes y medio después de haber sido expedida, los mandatarios locales cayeron en cuenta del golazo que el ministerio de Minas les había metido aquel 30 de diciembre. Según el ministro German Arce la medida era necesaria con el fin de trasladarle al consumidor final de gasolina y diesel ,la baja en el precio internacional del petróleo. Por ello, el ministro bajo el pre

Sin embargo, esta argumentación no resulta convincente, porque como lo expuso con claridad nuestro comentarista económico, José Antonio Larrazabal, en el fondo lo que hizo el gobierno fue trasladarle a los entes territoriales el impacto de la reforma tributaria en el precio de la gasolina y el ACPM. Es decir, como ya la reforma tributaria había subido el precio de los combustibles por los mayores gravámenes que le establecen con impuestos del orden nacional, el gobierno hábilmente baja de un plumazo los impuestos territoriales a los combustibles para que el precio total de éstos no le suba tanto al consumidor final.

No obstante el intento de “jugada maestra”, por el momento, le ha salido el tiro por la culata. Porque la reacción de los alcaldes y gobernadores fue inmediata y enérgica. La medida significa un zarpazo a las finanzas territoriales cuya estimación inicial es de 600.000 millones de pesos por anualidad. Medellín dejaría de recibir $27.000 millones por año, Cali $20.000 millones, Pereira $4.000 millones y Manizales $3.500 millones, por solo mencionar algunos. La Federación Nacional de Departamentos estima que la afectación será cercana a los $160.000 millones por anualidad, discriminado así: $103.000 millones de recaudo de la sobretasa a la gasolina y $57.000 millones de la cesión nacional de la sobretasa al diesel.

Con esta medida con marcado corte centralista se modifican desde el gobierno central los presupuestos de los entes territoriales de la actual vigencia fiscal (2017), porque se reduce una de las fuentes de financiación de municipios y departamentos, fuente que, en su gran mayoría, ya estaba comprometida para costear obras de infraestructura y programas sociales de alcaldías y gobernaciones.

La polémica está zanjada y la concertación propuesta por Santos para apaciguar a los mandatarios territoriales no parece calmar las aguas. En el fondo de la discusión subyace un modelo centralista que actúa como sanguijuela: succiona las riquezas de los territorios para sobrevivir. Primero fue la reforma a las regalías, y ahora esta medida de escritorio bogotano tomada de espaldas al país.

Finalmente, debe acotarse que aunque esta medida no golpea a Valledupar por ser municipio de zona de frontera, como lo explicó el secretario de Hacienda Eudes Fuentes, si sufre la ciudad un coletazo: como el cupo de gasolina es insuficiente para abastecer la demanda de la ciudad, cuando se acaba el cupo y se vende a precio pleno, esas ventas sí se les aplica la odiosa resolución 41.279. Y a todas éstas, ¿ya se habrá enterado la secretaria de Hacienda departamental, Bonny Rodríguez, que esta resolución afecta las finanzas de la gobernación? ¿tendrá listo ya la estimación de cuánto es el impacto? Que alguien le cuente.

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Tal cual lo anunció el alcalde de Valledupar, Tuto Uhía, iniciaron tres grandes obras viales en la ciudad: primero, la reconstrucción de la avenida Fundación, entre el tramo del Obelisco y la carrera 12, tramo que comprende cerca de 3.35 kilómetros y tiene un costo aproximado de 32 mil millones de pesos. El segundo frente de trabajo son las obras de la avenida 450 años, las cuales comprenden 2.05 kilometros a un costo cercano a los 19 mil millones de pesos. El tercer frente corresponde a  las obras de la carrera 27, entre la calle 44 y el barrio Villa Haydith.

A estas tres obras hay que agregarle las que ya tiene en ejecución el SIVA, siendo las más importantes: la avenida Simón Bolívar desde la glorieta del Cacique Upar hasta la glorieta de la Ceiba y las costosas y necesarias redes húmedas de esas obras.

En síntesis, la ciudad está en obra. Y es bueno que lo esté. Nadie negaría la necesidad de intervenir y rehabilitar la deteriorada malla vial de Valledupar, como tampoco se niega la necesidad de su ampliación. Estábamos en mora de hacerlo. Esta administración envía el correcto mensaje que la cosa es diciendo y haciendo.

Por ello, es menester pedirle a los usuarios de las vía paciencia, mucha paciencia mientras se desarrollan las obras. Pero a la vez es imperioso pedirle a los contratistas y a la administración celeridad en su ejecución. Hay que trabajar a todo vapor, de día y de noche –si es necesario– como tanto cacarea Alfredo Saade, gerente del área metropolitana. Hay que hacer las obras sin sobrecostos, sin adiciones, y en el plazo pactado, respirándole a la nuca a los contratistas, para no repetir el error de la administración departamental pasada de dejar ambiciosas obras de infraestructura a medio hacer y desfinanciadas.

Lo anterior no es óbice para que durante el tiempo que duren las obras, la secretaría de Tránsito de la ciudad ponga en marcha un adecuado plan de contingencia para mitigar el impacto en el tráfico que estas obras generan. En particular, porque a la vuelta de la esquina está el Festival Vallenato, cuya edición especial de 50 años, prevé la llegada de un mayor número de visitantes por encima de los registros históricos. Según estadísticas de la Fundación que regenta el evento y del ministerio de Transporte, en promedio, durante el Festival Vallenato, llegan cerca de 20.000 visitantes. Es probable que este año esa cifra aumente por lo menos en la mitad, para un total de cerca de 30.000 turistas. Esto muestra la imperiosa necesidad de tener previsto desde ya un plan de movilidad con vías alternas a las que están siendo construidas. Por ello, se reitera, los usuarios tenemos que armarnos de paciencia, y la administración de celeridad.

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En buen romance “recular” significa ir hacia atrás, flaquear o ceder una persona de su dictamen u opinión inicial.

Primero fue el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien después de haber informado en rueda de prensa que la campaña “Santos Presidente 2014” habría recibido la suma de un millón de dólares provenientes de la firma constructora brasilera Odebrecht, al día siguiente precisó en los medios que la única evidencia de eso era el testimonio del ex senador Otto Bula, pero que no existía, por el momento, prueba documental del ingreso de esos dineros a la campaña.

Más recientemente, ayer, fue extrañamente filtrada a los medios una carta de puño y letra del oscuro personaje Otto Bula, en la cual afirma que “no es cierto, ni le consta, ni ha dicho que el dinero que le entregó a Andrés Giraldo –amigo personal de Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos – fuera un aporte a la campaña Santos Presidente o al señor Juan Manuel Santos”. La carta de Bula trae a la mente aquel refranero popular de “donde dije digo no digo digo, donde dije digo digo Diego”.

En ese sentido, genera mucha suspicacia que esta reculada de Bula, este súbito cambio de versión frente a lo inicialmente declarado, se haya dado horas después de que los medios informaran que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, lo tiene en la mira por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Para el más lego, la conjetura salta a la vista: ¿reculó Bula ante la posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos? ¿Usó el gobierno de Santos la presión de la extradición para callar a Bula? Uhmmm… Son interrogantes válidos que quedan sin respuesta por el momento, mientras avanzan las investigaciones.

No sería la primera vez que se usa la figura de la extradición para tratar de solucionar problemas judiciales del resorte nacional. Cabe recordar que en el gobierno de Álvaro Uribe se extraditó a la cúpula de los paramilitares por un supuesto incumplimiento de los acuerdos de sometimiento a la justicia, privando de esta manera a nuestro aparato judicial de esclarecer la verdad sobre horrendos crímenes cometidos por las AUC y de terminar de develar el negro entramado de interacción del paramilitarismo con el poder político y empresarial del país.

En este orden, es muy preocupante que existan poderosas e indebidas presiones tanto sobre el Fiscal General como sobre los testigos del caso Odebrecht. Colombia no puede repetir la amarga experiencia del proceso 8000 en el que, al final, ningún pez gordo fue sancionado.

 

 
 
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Cinismo, descaro, impudor, rabia. Son las ideas que vienen a la mente después de escuchar la vergonzosa defensa jurídica de la arquidiócesis de Cali en el juicio que se le sigue por la pederastia cometida por un sacerdote de esa congregación contra cuatro niños.

Según el abogado defensor de la Iglesia, la responsabilidad de que el sacerdote abusara sexualmente de los menores, no es del cura abusador, sino de los padres de familia. ¡Qué descaro! ¡Que cinismo! ¡Qué falta de respeto con las víctimas! Según esta infame tesis que entra por derecho propio a la historia universal de la infamia, fueron los niños los que abusaron del cura. ¡El mundo al revés!

Sigue la Iglesia Católica tropezando más de dos veces con la misma piedra y tratando de ocultar el gravísimo e imperdonable pecado mortal que se esconde tras las sotanas de los sacerdotes abusadores. Las cosas como son: la pederestia o el abuso sexual de menores es un horrendo crimen, independiente de quien sea el victimario. Por el contrario, si se trata de un sacerdote católico, de un pastor evangélico o de cualquier ministro religioso de cualquier credo es mucho más grave y censurable por la investidura e influencia que tiene dicha persona en la sociedad en general, y de manera particular, sobre las padres de las víctimas que confían en él.

 

No aprende la Iglesia la lección que le dejaron los casos de pedofilia sancionados en Estados Unidos y en otros países, particularmente el caso de la arquidiócesis de Boston develado por el periódico Boston Globe, que le valió a este diario un premio Pulitzer por su investigación y el premio Oscar a la película En primera plana (Spotlight) basada en dicha investigación. En ese caso, que es el más conocido, la Iglesia en vez de colaborar con las autoridades y denunciar a los curas abusadores, hizo lo mismo que ahora está haciendo en Colombia: proteger a los victimarios con el fin de evitar la millonaria condena que se avecina en su contra. No hay derecho.

El caso de la arquidiócesis de Cali vuelve a poner sobre la mesa las permanentes críticas a la figura del celibato católico, figura que algunos consideran vetusta y contraproducente. Por los múltiples casos de pedofilia reportados en el mundo, pareciera que quienes la critican y abogan por su abolición tuviesen razón.

En todo caso, lo que sí es innegable es que esas practicas abusivas y reprochables de los sacerdotes son contrarias a todos los principios cristianos que la Iglesia predica. Ese no era lo que tenía en mente nuestro señor Jesucristo cuando dijo sus célebres palabras “dejad que los niños vengan a mí”.

La pederastia está socavando la autoridad moral de la Iglesia Católica en el mundo. Es imposible tratar de ocultar un elefante de ese tamaño debajo de la alfombra. Si no hay una verdadera expiación al interior de la Iglesia frente a este tema, seguirán acrecentándose la fuga de fieles a otros credos y una decepción generalizada sobre una institución que requiere urgentes y profundas reformas.

Puede escuchar audio aquí:

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Hace seis años la Unesco proclamó el 13 de febrero como el día mundial de la radio, gracias a una petición del presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez.

Desde entonces se celebra este día en todo el planeta. Colombia no es la excepción. En el país existen 1.596 emisoras radiales, de las cuales más de 600 son emisoras comerciales, otro tanto son emisoras comunitarias y 190 son radio de interés público.

Sin lugar a dudas, las radios más influyentes a nivel nacional son las cadenas RCN (del grupo Ardila) y Caracol (del grupo español Prisa) por su extensa red de emisoras propias y afiliadas a lo largo y ancho del país, que constituyen un fuerte duopolio que se reparte tanto la sintonía como la apetitosa torta publicitaria del país. Sin embargo, dentro de este contexto existe espacio para las radios independientes, no afiliadas a cadena alguna, como Radio Guatapurí y Maravilla Stereo en Valledupar, Cardenal Stereo en La Guajira, Radio Galeón en Santa Marta, o la emisora Atlántico en Barranquilla, por mencionar algunas de la Costa.

De tiempo en tiempo suele pronosticarse la muerte de la radio convencional. El más reciente augurio se dio hace poco a raíz de la decisión de Noruega de apagar las emisoras en frecuencia modulada, FM, y migrar todo ese sistema al formato digital. Sin embargo, el caso de Noruega, aunque interesante, no necesariamente es un modelo a seguir. Noruega es un país pequeño con una población de apenas 5 millones de habitantes y con una profunda penetración del internet, que abarca casi al 100% de su población. No obstante, la vecina Suecia ha aconsejado a su ministerio retener su sistema FM, en contravía de lo hecho por Noruega. En igual sentido se han pronunciado el Reino Unido y varios países europeos.

Retornando al caso de Colombia, también puede decirse que esos muertos que vos matais, gozan de buena salud. En efecto, la radio colombiana no sólo sigue siendo el medio de comunicación más influyente y de mayor penetración en el país –por encima de la televisión–, sino el único cuya participación en la torta publicitaria ha aumentado, mientras que en los otros medios ha decrecido, según datos de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, ASOMEDIOS.

Empero, no todo es color de rosa. El gran problema de la radio sigue siendo la falta de interés del ministerio del ramo de darle la importancia que merece. El ministerio se ha centrado en las nuevas tecnologías y ha descuidado a la radiodifusión. Ha sido también ineficaz en regular la competencia desleal que a la radio comercial (que paga impuestos y derechos de concesión) le hace diariamente la radio comunitaria, dentro de la cual se esconden muchos empresarios de la política. Y para colmo de males, ha sido totalmente ineficiente en sancionar a las radios piratas que funcionan en el país. En este sentido resulta preocupante la iniciativa de legalizar de un plumazo las más de treinta emisoras ilegales que tienen las FARC como parte del acuerdo de paz. Pero no es de extrañar. En la era Santos cualquier cosa es posible.

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Treinta años atrás las opciones gastronómicas de Valledupar eran bastante limitadas. Había pocos buenos restaurantes típicos como el tradicional restaurante de La Bella y el Merendero, y algunos de comida internacional como el del Che Adolfo, la Tranquera de Osvaldo Devani que marcó un hito en la historia de Valledupar y más recientemente el Ova Ova de la familia Orozco.

Era entendible que dicha oferta fuese limitada, porque no existía entre los vallenatos la costumbre de almorzar o cenar por fuera de casa entre semana. Se prefería la comida casera no sólo por los costos sino también por la posibilidad de disfrutar de la reconfortante siesta del mediodía. Ir a un restaurante en aquel entonces era un privilegio para las clases pudientes o un placer reservado para ocasiones especiales como un cumpleaños, un bautizo o el grado de algún hijo. Por ello, muchos de esos restaurantes sólo abrían los fines de semana.

Sin embargo, ese esquema propio de una ciudad parroquial cambió muy rápidamente. En efecto, en menos de diez años Valledupar ha sido testigo de una positiva explosión gastronómica sin antecedentes en su historia. En la actualidad hay una variada y exquisita oferta alimenticia para todos los gustos y presupuestos.

En este sentido, es justo reconocer a los pioneros en esta materia. El primero, el empresario Ulises Guerra, quien varios años atrás montó el restaurante gourmet especializado en carnes Mister Beef. Posteriormente le siguieron varios restaurantes más de su misma familia que aún subsisten como Little Italy, Charlies, Harrys y Thomas y el extinto Blue. Hoy en día Guerra recién inauguró la versión actualizada de Mister Beef, MB, ubicado en la carrera novena, lugar donde planea abrir otro más denominado Bahía, especializado en mariscos. 

En este listado tiene un lugar obligado, Varadero, considerado por varios expertos como el mejor restaurante de la ciudad por su atención y servicio, el cual llegó a la ciudad de la mano de un grupo de empresarios liderados por Richard Celedón. También debe incluirse a Ferrini, restaurante italiano, de la chef María Fernanda Tapias, en donde se puede degustar de unas ricas pastas o de unas exquisitas pizzas cocinadas en horno de leña.

Recientemente Valledupar ha visto nacer interesantes proyectos gastrónomicos como Riders, ubicado en el parque Novalito, atendido por su propietario Javier López y cuya temática gira en torno a la bicicleta, una de las pasiones de su dueño. A propósito, este parque, incrustado en la frontera entre los barrios Novalito y Cañaguate, está llamado a convertirse en nuestra zona G, es decir, en el punto de encuentro de los restaurantes vallenatos, porque a pocas cuadras de allí, con rumbo a la plaza Alfonso López encontramos a Taypa, de propiedad de Bertha Baladi y Viviana Monsalvo, especializado en comida peruana, en el cual se pueden degustar unos selectos ceviches y tiraditos. Y al otro lado del parque, diagonal a Varadero, está la Cevichería de propiedad de Álvaro López.

Como decíamos atrás, la oferta gastronómica de la ciudad ha aumentado y quienes ganan con ella son los comensales. Para los amantes de la comida japonesa dos opciones para considerar: Suchinato y Koi Sushi Bar. Para los que quieren comer y rumbear: La Martina Resto Bar y Maika. Para los fanáticos de las hamburguesas Tribeca Gourmet Burger de Alejo Pantoja. Para los que quieren comer sano Gokela y para los que les gustan las comidas rápidas el nuevo Food Truck de la carrera novena.

No podía quedarse en el tintero opciones como Peruaca, Iruka, Dulce Bendición, La Tartaleta y el ya tradicional Otto de la 11 de José Caicedo.

No solo hay una explosión de negocios de comida, sino que con ellos han cambiando nuestras costumbres, porque impresiona gratamente ver cualquier lunes o martes los restaurantes llenos tanto al mediodía como en la noche. Ellos son fuentes de empleo para nuestra región.

No obstante, no todo es alegría. La nota triste la pone la desaparición del Zaguán de Mario, la mejor parrilla de la ciudad, por enfermedad de su propietario. Esperamos que se recupere prontamente.

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