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Política (412)

En medio de un mar de dudas y nervios, 16 de los 19 concejales acataron el fallo del Consejo de Estado y dieron su voto positivo para elegir a Omar Contreras Socarras, como nuevo Contralor de Valledupar después de un largo proceso jurídico que inició tras la elección de Álvaro Castilla Fragoso, en enero de 2016 para dirigir los destinos del órgano de control fiscal durante el periodo 2016 – 2019.

Los concejales llegaron al recinto y después de discutir por un largo rato varios temas relacionados con la elección del contralor, entre ellos la petición de Ricardo López, de declararse impedido por tener vínculos familiares con uno de los dos elegibles, petición que fue denegada, procedieron después de una hora y 19 minutos a la elección de manera nominal.

Ante el llamado a lista, cada uno de los corporados dejó claro que basados en el concepto de la función pública que da cuenta de que Contreras no estaba inhabitado para ocupar el cargo de Contralor y acatando el fallo de Consejo de Estado fechado el 15 de diciembre de 2016, y 16 votaron positivamente por Omar Contreras Socarras, quien obtuvo el mayor puntaje en el concurso de mérito para proveer el cargo de Contralor de Valledupar; se registraron dos votos en blanco y hubo un concejal ausente.

Los ediles conservadores Guido Castilla y Wilber Hinojosa, después de darle lectura a un extenso documento, decidieron votar en blanco; mientras que Dorismel Celedón, estuvo ausente del recinto por encontrarse hospitalizado, aunque no registró excusa o incapacidad.

Omar Contreras Socarras, nuevo Contralor de Valledupar tendrá 20 días para organizar la documentación y los requisitos para posesionarse en el cargo por lo que resta del periodo.

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Una decisión para nada fácil, tendrán que tomar esta tarde los concejales de Valledupar para elegir al nuevo Contralor Municipal en reemplazo de Álvaro Castilla Fragoso, elegido por los mismos corporados en enero de 2016 y cuya elección fue anulada por la Sesión Quinta del Consejo de Estado en el mes de diciembre.

Aunque desde que se conoció la notificación del fallo, los concejales han estado asesorándose con especialistas en la materia, estudiando casos similares de otras ciudades y departamentos y después de varias mesas de trabajo, las opiniones están divididas, pero hoy deben tomar una decisión.

Para el abogado Adel Toloza, apoderado de Omar Contreras Socarras, quien obtuvo el mayor puntaje en el concurso de mérito para proveer el cargo de Contralor de Valledupar, Concejo debe darle cumplimiento al fallo del máximo tribunal de lo contencioso administrativo y elegir a su poderdante.

Mientras que para el también abogado Manuel Gerónimo Manjarrez, quien defiende los intereses de Jorge Araujo Ramírez, incluido en la lista de elegible, si los concejales eligen a Contreras Socarras estarían incurriendo en una falta disciplinaria porque según su tesis,  el hoy Defensor del Pueblo en el Cesar estaría inhabilitado por ocupar un cargo del nivel ejecutivo.

Por su parte, el asesor jurídico del Concejo de Valledupar Aldemar Montero, precisa que si bien hay que cumplir el fallo del Consejo de Estado, los concejales no pueden elegir a alguien que de acuerdo a lo estipulado en la Ley esté inhabilitado. Así las cosas los concejales de Valledupar tienen en sus manos una verdadera papa caliente, ya que hoy vence el plazo para la elección de quien reemplazará a Castilla Fragoso, en la Contraloría de Valledupar, acto que se cumplirá a las 3:00 de la tarde en el recinto de la corporación.

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Después de surtidas las etapas de indagación e investigación, y declaratoria de insubsistencia de María Antonia Orozco Durán, como Procuradora Regional del Cesar, será la nueva representante del ministerio público, Margarita Cuenca Urbina, quien procederá a revisar el resultado de la investigación disciplinaria que le siguen a siete diputados del Cesar, y definirá si continúa con el proceso de formulación de cargos o el archivo del expediente.

La Procuraduría inicio la investigación disciplinaria contra los diputados José Santos Castro González, Gelver Antonio Cárdenas Mancera, Eduardo Santos Flórez Vergara, Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, Camilo Andrés Lacouture Ackerman, Manuel Guillermo Mejía Pallares y Alfredo Enrique Pinto Maestre, quienes aprobaron una proposición que dejaba sin voz, ni voto al diputado de Cambio Radical Julio Casadiego Navarro, destituido e inhabilitado por Orozco Durán, por conducir en estado de embriaguez.

Cuenca Urbina, retomará el expediente y en los próximos días tomará la decisión de continuar con el proceso de imputación de cargos o archivarlo.

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De acuerdo al cronograma estipulado mediante proposición, para hoy está previsto que los aspirantes a ser elegidos como Contralor Municipal estén hoy en el Concejo de Valledupar, analizando con los corporados las hojas de vida y las posibles inhabilidades que pesen sobre los dos elegibles.

En la sesión, los candidatos a suceder a Álvaro Castilla Fragoso, deberán presentar nuevamente sus hojas de vida para que sean estudiada por los concejales, quienes mañana tienen la responsabilidad de elegir al nuevo representante del Ministerio Público en la capital del Cesar, para darle cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que anuló la elección del Castilla Fragoso, sin cometer una acción que los envuelva nuevamente en una investigación disciplinaria.

Los candidatos elegibles son: Omar Contreras Socarras y Jorge Araujo Ramírez, quienes mañana a las 4:00 de la tarde tendrán la oportunidad de ser designado por los concejales como Contralor Municipal de Valledupar.

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Una mini cumbre del partido Cambio Radical se realizará hoy en Valledupar con la presencia de los codirectores de la colectividad, Rodrigo Lara Restrepo y Bernabé Celis Carrillo, con el fin de comenzar a construir el mapa político, conocer las necesidades y prioridades en el departamento, de cara a los próximos comicios electorales de Cámara y Senado.

Los codirectores y el representante Eloy ‘Chichi’ Quintero, se reunirán con los seis alcaldes, dos diputados, 32 concejales y varios ediles representativos en el departamento, para escuchar sus inquietudes y re-afianzar los lazos políticos y de amistad para consolidar el trabajo en el Cesar.

‘Chichi’ Quintero, señaló que el encuentro que se desarrollará a partir de las 2:00 de la tarde en el hotel Sicarare, servirá también para firmar el pacto por la transparencia, trabajo en equipo y buen gobierno basados en los pilares de la política participativa.

De esta cumbre también saldrá la estructura que respaldará la candidatura de Germán Vargas Lleras, a la presidencia de la República en los diferentes municipios del Cesar.

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El Procurador General de la nación Fernando Carrillo, comenzó a hacer movimientos en las diferentes regionales del país y en las últimas horas sacó del cargo a seis Procuradores Regionales, entre ellos a María Antonio Orozco Durán, quien desde hacía dos años y cuatro meses había sido nombrada en la regional Cesar por Alejandro Ordoñez.

Durante su estadía en el cargo como Procuradora Regional del Cesar, María Antonia Orozco Durán, profirió varias actuaciones polémicas, como la destitución e inhabilidad del diputado Julio Casadiego; el control de advertencias al Concejo de Valledupar en la elección del Personero y Contralor Municipal, el cual terminó con una investigación disciplinaria para los corporados, quienes en segunda instancia fueron absueltos de toda responsabilidad.

En reemplazo de Orozco Duran, fue encargada Margarita Cuenca Urbina, funcionaria del nivel central. Mientras que también se conoció la salida de los procuradores Regionales de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Amazonas y Quindío.

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Aunque no tiene fechas definidas y aún no han sido notificados los concejales, a través de las redes sociales y en la página web de la Alcaldía de Valledupar fue publicado el Decreto 000042 del 20 de febrero del 2017, “por el cual se convoca al honorable Concejo Municipal a ocho sesiones extraordinarias”.

De acuerdo a lo establecido en el acto administrativo en las ocho sesiones los concejales tendrán para su estudio la elección del nuevo Contralor de Valledupar para reemplazar a Álvaro Castilla Fragoso, dando cumplimiento al fallo del Consejo de Estado, además de otros tres proyectos de acuerdo relacionados con condiciones especiales para morosos de impuestos del 2014 y anteriores, adición de recursos para la vigencia 2017 y la continuación en la creación del ente gestor para la creación del Centro Histórico, los cuales  presentará el ejecutivo para su análisis y aprobación.

En dialogo con la Tribuna del Cesar, el presidente de la Corporación Luis Miguel Santrich, señaló que aún no han sido notificados de la convocatoria a extras. “De pronto el ejecutivo tiene listo el documento y la intención para llamarnos a extras, pero aún no nos han notificado”, agregó.

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La Procuraduría confirmó la sanción impuesta a 2 excalcaldes de Aguachica, a quienes se les siguió procesos por haber incumplido una sentencia judicial.

Se trata de los exmandatarios, Gustavo Adolfo Maldonado Estupiñán y Alfredo Vega Quintero, lo que se remonta al año 2010 cuando el apoderado de  Aminta Cañola Crespo, interpuso una demanda en contra del Municipio reclamando el pago del predio donde en la actualidad funciona la institución educativa La Unión.

El ente de control confirma la sanción disciplinaria impuesta por la procuraduría provincial de Ocaña en fallo del 10 de junio de 2016 a Gustavo Maldonado Estupiñan, en su condición de alcalde, consistente en destitución del cargo e inhabilidad para cargos públicos por 11 años.

La misma confirmación señala la sanción disciplinaria al otro exalcade, Alfredo Vega Quintero, consistente en destitución del cargo e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el lapso de 11 años.

La resolución firmada por el procurador regional, de norte de Santander, Bautista Gutiérrez, señala que en su contra no procede recurso alguno en sede administrativa y calificó la falta de los ex alcaldes como gravísima y les imputó a título de culpa grave.

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Después de librar un fuerte debate jurídico, el alcalde de Río de Oro Carlos Alveiro Meneses Pérez, le ganó el pulso al Representante Fernando De La Peña, quien había demandado su elección argumentando que se había configurado el delito de trashumancia electoral en el proceso realizado el 25 de octubre de 2015, pero el Tribunal Administrativo del Cesar emitió un nuevo fallo en el que se ratifica la elección del mandatario.

Aunque el congresista De La Peña, trató de tumbar en dos oportunidades a Meneses Pérez, por la vía judicial, el Tribunal procedió a declarar probada la excepción de ‘inepta’ la demanda por omisión o indebido agotamiento del presupuesto constitucional del requisito de procedibilidad, ya que según lo expuesto en el marco de la investigación, la trashumancia electoral es una causal objetiva de nulidad electoral, pero resultaba necesario agotar el requisito de procedibilidad antes de acudir a esa jurisdicción, requisito que no cumplió el parlamentario.

Con la confirmación del fallo por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, Carlos Alveiro Meneses Pérez, se mantendrá en el cargo para cumplir el periodo 2016 – 2019 para el que fue elegido por 4.339 habitantes de Río de Oro.

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La presentación de los formularios con las respectivas firmas, ante la Registraduría Municipal, calienta el proceso de revocatoria de mandato que viene promoviendo un grupo significativo en contra del alcalde de El Copey, José Luis Nieves.

En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Estatutaria 1757 del 6 de junio de 2015, Hernando Soracá Guzmán, miembro del movimiento promotor de la revocatoria, radicó ante registrador municipal de El Copey los formularios de apoyo con 4.251 firmas, en una carpeta con 284 folios.

Después del registro de las firmas, el comité promotor tiene 15 días para entregar los estados contables de la campaña de recolección de firmas, para que el Registrador certifique el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en este proceso de revocatoria de mandato.

Las 4.251 personas que apoyan la iniciativa, aseguran que quieren la salida del alcalde por la presunta falta de compromiso para promover el desarrollo rural y la generación de empleo para los habitantes de esta población del norte del departamento; además del poco interés del mandatario para la puesta en funcionamiento del matadero municipal, que podría convertirse en un detrimento patrimonial por más 800 millones de pesos; y el proyecto de 177 viviendas para desplazados, de las cuales algunas habían sido terminadas y otras estaban con un 65% de avance.

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