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Política (419)

Con el paso de los días y la celebración de varias alianzas se fortalece la aspiración a la Cámara de Representantes del joven político Cristian José Moreno Villamizar, hermano del exgobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo. Aunque aún queda por definir el partido por el cual se inscribiría la candidatura, el novel abogado Moreno ya tiene garantizados importantes respaldos políticos. (Escuchar entrevista a Cristian José Moreno) (Ver abajo video del candidato).

Uno de sus apoyos más importante estaría en la Universidad Popular del Cesar, cuyo rector, Jesualdo Hernández Mieles, fue elegido durante el cuatrienio de Moreno Panezo y, lógicamente, contó con el respaldo del entonces gobernador. Ahora es tiempo de devolver el favor político, razón por la cual cabe esperar que la administración de Hernández Mieles respalde la aspiración congresional de Cristian José Moreno.

Otra alianza significativa se habría forjado con el alcalde de Chiriguaná Gustavo Aroca Dagil, quien, cuando se desempeñó como diputado, fue uno de los alfiles más fieles del gobernador Moreno en la asamblea departamental, tribuna desde la cual defendió a capa y espada los múltiples cuestionamientos a una administración que no cumplió con las altas expectativas que despertó en los cesarenses. Gustavo Aroca y los hermano Moreno comparten un mismo credo político pues ambos son de origen conservador. En las últimas semanas ha habido varias reuniones entre el alcalde Aroca y el exgobernador del Cesar en las cuales se ha ido acordando la forma como el grupo político que se aglutina alrededor de Aroca Dagil entraría a respaldar la aspiración de Cristian José. También cabe recordar que el municipio de Chiriguaná jugó un papel fundamental en la elección del representante conservador Yensi Acosta, quien fue hecho congresista por obra y gracia del poder burocrático del entonces gobernador Moreno Panezo.

Finalmente, una ficha clave con que cuenta Cristian José Moreno es el excongresista conservador Miguel Durán Gelvis, quien es un curtido y hábil estratega en las artes electorales, con una amplia trayectoria en el sur y centro del Cesar. Sobra recordar que Durán Gelvis fue el socio político del exmandatario cesarense Moreno Panezo.

En síntesis, pese a que no ha iniciado formalmente la campaña al Congreso, la carta del clan Moreno inicia pisando con pie derecho tras sumar de entrada tres importantes respaldos: rectoría de la UPC, alcaldía de Chiriguaná y un sagaz estratega político (Miguel Durán Gelvis) que nada tiene que envidiarle al consultor internacional JJ Rendón.

Solo faltaría por definir el partido, pues, Moreno Villamizar analiza por cual orilla tendría más chance de ganar: si en el tradicional partido conservador donde tendría que enfrentarse a candidatos con mayor trayectoria como el excongresista Ape Cuello Baute, el actual representante Juan Manuel Campo Eljach y el diputado Ricardo Quintero Baute; o si por el partido de la U, en donde, por el momento, sólo ha oficializado su candidatura el actual diputado Gustavo Guerra Añez.

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Cuando el municipio de Chiriguaná pensaba que ya se había librado de la nefasta influencia de familiares del alcalde de turno en el gobierno municipal, como ocurrió en la pasada administración de Ramón “Monchi” Díaz donde su hermano Winter Díaz era el verdadero poder detrás del trono y el dueño de la contratación estatal, los chiriguaneros temen que en la actual alcaldía de Gustavo Aroca Dagil esté sucediendo la misma historia.

En efecto, durante la alcaldía de Ramón Díaz Corzo, no se movía una hoja ni se adjudicaba contrato alguno que no llevara el visto bueno de su hermano Winter Díaz. En su momento la comunidad chiriguanera criticó que muchos de los recursos de regalías fuesen gastados en contratos inútiles como el tristemente célebre contrato del alcantarillado pluvial adjudicado a la unión temporal Chiriguaná 2009 por un valor de $11.504 millones, el cual pese a haber sido prorrogado en varias ocasiones y adicionado su valor, nunca se terminó. O en el peor de los casos la plata de las regalías se gastase en costosos saludos de artistas vallenatos como el que les hiciera Diomedes Díaz en la canción “Cuando me muera”, grabada con Alvarito López. Escuchar audio aquí:

Ahora cambian los nombres de los gobernantes pero hay serios indicios de que en Chiriguaná la historia se repite con nuevos protagonistas. En efecto, un medio local ya había denunciado la presunta influencia de familiares del burgomaestre Gustavo Aroca Dagil  en la alcaldía y el hospital San Andrés, entre los cuales estarían sus dos tíos Jorge y Jimmy Dagil Benjumea.

A su vez, a través de esta emisora, el pasado julio la abogada Yusera Ditta denunció amenazas de muerte que en su contra hizo la primera dama del municipio y madre del alcalde, Betty Dagil, por promover la revocatoria del mandato de Aroca Dagil (Escuchar audio).

Sin embargo, poco se conoce del rol que cumple el hermano del alcalde Alejandro Aroca Dagil en su administración. Lo que sí es cierto es que a Alejandro, un pujante contratista que representa a varias consorcios (entre ellos, el consorcio Chimiman, a cargo del contrato para la puesta en marcha de la subestación de energía en Chimichagua), se le nota la bonanza económica desde que su hermano Gustavo ganó la alcaldía, al punto que cada vez que sale a parrandear se da el lujo de pagar hasta cuentas ajenas como ocurrió el sábado 14 de septiembre en el bar Mayka ubicado en la carrera novena de Valledupar, en donde Alejandro Aroca Dagil pagó una abultada cuenta de más de medio millón de pesos que correspondía a la mesa donde departía el coronel Oscar Acuña (comandante del BAE) con unos amigos en la celebración del día del amor y la amistad.

¿Será Alejandro Aroca el nuevo Winter Díaz de Chiriguaná? Es tarea de los órganos de control averiguarlo.

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Bogotá

Más demoró el presidente Santos en anunciar los nombres de los nuevos ministros que oxigenaron su equipo de trabajo, que sus críticos en hacer duros cuestionamientos a las personas designadas.

De los cinco nombramientos realizados existen serios reparos a las hojas de vida de Amylkar Acosta, ministro de Minas, Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura, Luz Elena Sarmiento, ministra de Ambiente y Alfonso Gómez Méndes, ministro de Justicia.

Del nuevo ministro de Minas, el guajiro Amylkar Acosta salió a relucir su poca clara participación en la empresa Promotora de la Licuefacción del Carbón en Colombia, Likuen, de la cual es miembro de su junta directiva. Esta empresa está acusada de haber obtenido un préstamo ilegal de la gobernación del Casanare por valor de $28.720 millones, de los cuales sólo ha devuelto $2.500 millones. La empresa Likuen presentó un proyecto para construir tres plantas de licuefacción de carbón en Colombia, para convertirlo en combustible diesel y gasolina para vehículos. Sin embargo, a pesar de haber manejado multimillonarias sumas durante 7 años no ha entregado la primera plata, la cual se debía estar inaugurando este año en La Guajira. (Vea aquí la historia completa)

Con respecto al ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, se le cuestiona el papel que tuvo como director y abogado de la empresa Industrial Agraria La Palma, Indupalma, de la cual estuvo al frente por 19 años. Esta empresa está envuelta en el escándalo de compras de tierras baldías en el Casanare y Vichada que salpicó a la actual ministra de Educación María Fernanda Campo, exesposa de Rubén Darío Lizarralde. De acuerdo con la información existente, Indupalma fue la empresa que estructuró la polémica adquisición de baldíos en el Casanare que ha favorecido a familiares de la ministra de Educación y a la propia familia de Lizarralde, quien reconoció haber adquirido más de 1.200 hectáreas.

Por su parte, a la ministra de Ambiente, Luz Elena Sarmiento, los críticos del gobierno le han recordado su pasado como asesora de empresas del sector minero-energético que mayor impacto y daño ambiental han causado en el país como Amoco Petroleum Company y la multinacional carbonera Cerrejón.

Finalmente, tampoco se salva de los cuestionamientos el exprocurador y ex fiscal general de la nación y ahora flamante ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, a quien le han traído a colación su papel de sepulturero del proceso 8.000, escándalo que mostraba los vínculos del gobierno de Ernesto Samper y de varios congresistas con el Cartel de Cali. 

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Es geóloga de la Universidad Industrial de Santander, especialista en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana y con estudios de Alta Gerencia en La Universidad de Los Andes.

Ha sido directora de Relaciones Externas en Ecopetrol, gerente de Relaciones con la Comunidad y Relaciones Interinstitucionales en Cerrejón Coal Company, especialista Socioambiental en el Banco Interamericano de Desarrollo y asesora del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo.

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Nació en Riohacha, departamento de La Guajira, es un economista y político miembro del Partido Liberal.

Acosta Medina estudió economía en la Universidad de Antioquia en Medellín, donde se convirtió en uno de los más destacados líderes estudiantiles, siempre promoviendo la participación dentro del Partido Liberal. Recién egresado de la universidad, obtuvo un escaño como concejal de Medellín en 1974 (hasta 1976) y un año después se vincula como profesor en su alma máter. En 1979 se traslada a la Universidad de la Guajira, y en 1982 es elegido concejal de su natal Riohacha, a la vez que pasa a presidir la Cámara de Comercio de la ciudad. En 1986 es elegido diputado de la Asamblea de La Guajira y dos años después, debido a su experiencia académica en cuanto a temas energéticos es designado Presidente de la Compañía Colombiana de Gas. En 1990 se convierte en Viceministro de Minas y Energía y un año después es elegido Senador con el respaldo del liberalismo de La Guajira. Fue reelecto en 1994, correspondiéndole presidir el Senado entre 1997 y 1998, año en que es reelecto por última vez. Tras dejar el Congreso en 2002 se convierte en uno de los más grandes escuderos de Horacio Serpa y se mantiene activo como líder de su partido desde la academia, enfocándose como siempre durante su carrera en el debate energético del país.

Acosta buscaba ser el candidato oficial del Partido Liberal para competir por la Gobernación de La Guajira en las elecciones del 28 de octubre de 2007, pero el Director Nacional del partido César Gaviria designó al dirigente Miguel Murgas para esta responsabilidad, por lo que los seguidores de Acosta se encuentran enfrentados con la oficialidad del liberalismo. El 4 de julio de 2009 fue anunciado como Jefe Nacional de Debate de la campaña presidencial de Alfonso Gómez Méndez.

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Rubén Darío Lizarralde Montoya, es vallecaucano. Egresado de la Facultad de Derechos y Ciencias Socioeconómicas, de la Universidad Javeriana y tiene especialización en Derecho Laboral y maestría en Gerencia de la Universidad de Miami.

Ha sido secretario de Hacienda de Bogotá, viceministerio de Desarrollo Económico y también prestó su concurso en Fasecolda, entre otros cargos desempeñados.

También ha sido asistente por Colombia y Perú en el Banco Interamericano de Desarrollo, vicepresidente de la Compañía Colombiana Automotriz, viceministro de Desarrollo Económico, gerente en Bogotá de la Corporación de Ahorro Vivienda Colmena.

Antes del nombramiento se desempeñaba como gerente de Indupalma, agremiación de palmicultores, cargo por el cual ha recibido las críticas de los congresistas Wilson Arias (Polo) y Ángela María Robledo (Partido Verde), quienes consideran que fue un desacierto del presidente nombrarlo ministro, toda vez que Lizarralde no ha aclarado el papel que jugó en la compra de baldíos en el departamento de Vichada cuando estuvo al frente de Indupalma.

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Alfonso Gómez Méndez, nació en Chaparral, Tolima, es padre de cuatro hijos. Estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, especialización en Derecho Constitucional, Universidad de París, Francia, y en Derecho Penal, Universidad de Bonn, Alemania. Además, habla francés, alemán, inglés e italiano.

Gómez Méndez, es miembro de Partido Liberal y ha ocupado cargos como auxiliar de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, juez penal de Bogotá, representante a la Cámara en 1986, procurador general (1989-1990) embajador en Austria (1991-1993) fiscal general (1997-2001).

Inició su carrera como juez penal del tribunal de Bogotá en 1976, siendo posteriormente secretario general del Departamento de la Función Pública y Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia en 1983. Durante más de 20 años se ha destacado como profesor universitario de distintas instituciones, comenzando por su propia alma máter. Es conocido por su amplia erudición sobre la historia colombiana y en especial por sus estudios sobre el pensamiento político de su coterráneo el ex Ministro Darío Echandía y de su mentor y amigo personal el ex Presidente Alfonso López Michelsen; ha sido un defensor activo de la vigencia de estos dos personajes como referentes del quehacer político del Partido Liberal.

En 1985 un grupo de dirigentes liberales progresistas del Partido Liberal en el departamento del Tolima, encabezados por Guillermo Alfonso Jaramillo(futuro Gobernador y Senador) le propone a Gómez Méndez ser su candidato para la Cámara de Representantes como alternativa ante las candidaturas presentadas por el muy influyente Senador Alberto Santofimio, jefe político de la región. En las elecciones legislativas de 1986 Gómez Méndez consigue el escaño luego de haber sumado a sus respaldos otros sectores progresistas y de izquierda, entre ellos el de la Unión Patriótica; esta elección marcó el principio del fin de la hegemonía del santofimismo en Tolima. Entre 1989 y 1990 fue Procurador General de la Nación, afrontando el recrudecimiento del narcotráfico (su antecesor Carlos Mauro Hoyos había sido asesinado). En 1991 es nombrado Embajador de Colombia en Austria, ejerciendo hasta 1993 cuando regresa al país para postular al Senado de la República y aunque resultaba uno de los candidatos más opcionados para obtener escaño en las elecciones legislativas de 1994 pierde por 1.000 votos.

En 1997 es elegido por la Corte Suprema, de una terna enviada por el Presidente Ernesto Samper, como Fiscal General de la Nación, luego de la renuncia de Alfonso Valdivieso. Su gestión lo catapultó como figura política nacional, gracias a sus avances en la judicialización de los líderes de la guerrilla y los paramilitares, la promoción del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, así como a su demostrada idoneidad académica para el cargo, que puso a disposición de las dependencias regionales de la fiscalía en todo el país.

Algunas de las principales actividades de Gómez Méndez como Fiscal incluyen la reforma y modernización del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, así como la creación de la Unidad Especial de Derechos Humanos, lo que proyectó a la Fiscalía General como una de las entidades más importantes del país en este campo.

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Aurelio Iragorri Valencia, es abogado de la Universidad Javeriana y tiene un Postgrado en Mercadeo y Administración Efectiva, de la misma universidad. Nació el 15 de julio de 1966, en Popayán, Cauca.

Es nieto del ex presidente Guillermo León Valencia e hijo del ex senador caucano del Partido de La U, Aurelio Iragorri Hormaza.

Iragorri Valencia fue Coordinador para Colombia de los Asuntos de la Comisión Quinta de Naciones Unidas, encargada de temas financieros y administrativos, además de ser el delegado de Colombia ante la Asamblea General de la ONU entre 1994-1996 y en la Junta Ejecutiva de Unicef en 1995.

En el sector privado, ocupó altos cargos, entre ellos el de Vicepresidente Financiero y Administrativo de Malterías de Colombia y Malterías Unidas, dos de las empresas más importantes del Grupo Santo Domingo.

Ha sido asesor externo de varias empresas privadas y durante la campaña Santos Presidente fue Coordinador Nacional de Giras.

Trabajó en la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde en cinco ocasiones ofició como registrador nacional (e).

Fue asesor jurídico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, en Colombia, y en los ministerios de Hacienda y de Justicia.

En agosto del 2010 fue designado Viceministro del Interior, cargo en el que se desempeñó hasta el pasado mes de febrero cuando el presidente Santos lo nombró Alto Consejero para Asuntos Políticos.

Cabe mencionar que Iragorri Valencia ya había estado en cargo de una Gobernación, cuando a finales del 2010, el Gobierno Nacional lo designó como dirigente encargado de los departamentos del Magdalena y de Casanare.

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Gran expectativa existe en los círculos políticos del Cesar por la eventual inclusión de uno o más nombres de políticos del departamento en la lista al Senado que presentará el movimiento Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Entre la baraja de aspirantes se ha mencionado con fuerza los nombres de Faruk Urrutia, exgerente del Instituto colombiano de los Seguros Sociales (ISS) en el gobierno de Uribe; Pedro Norberto Castro Araújo, excónsul de Colombia en Italia y exnotario; Sergio Araújo Castro, columnista de importantes diarios; y Alfonso Mattos Barrero, excongresista y empresario de la palma africana.

Sin embargo, entre todos ellos, fuentes cercanas al expresidente Álvaro Uribe le confirmaron a Radio Guatapurí que Faruk Urrutia sería la carta cesarense en la lista al Senado que encabezará el propio exmandatario y que, además, será cerrada, es decir, sin la posibilidad de voto preferente. Se desconoce el lugar de ubicación o número que tendría Urrutia en la lista.

Definido el nombre del Senado, faltaría por definir los nombres de los cuatro candidatos uribistas a la Cámara de Representantes por el Cesar, entre los que suena con fuerza el de Pedro Norberto Castro Araújo como cabeza de lista.

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En un periodo de incertidumbre se encuentran las negociaciones entre el estado colombiano y la guerrilla de las Farc, a raíz de la decisión de esta última de suspender temporalmente los diálogos para analizar la propuesta del gobierno de someter el eventual acuerdo de paz a un referendo constitucional, decisión que, a su vez, generó la reacción del gobierno de ordenar el regreso inmediato del equipo negociador al país.

Cabe recordar que el jueves pasado el presidente Santos anunció la radicación en el congreso de la república de un proyecto de ley estatutaria que permita refrendar los posibles acuerdos con las Farc, bien en las elecciones legislativa de marzo o bien en las elecciones presidenciales. Según Santos, esta iniciativa busca que se establezca formalmente que los acuerdos de paz que se logren con las Farc queden sometidos a la aprobación final del pueblo colombiano.

Esta propuesta generó un malestar en las Farc, quienes decidieron levantarse momentáneamente de la mesa de negociaciones para analizar sus implicaciones pues, según su decir, tal iniciativa no fue consultada ni discutida previamente con el grupo guerrillero. Asimismo, las Farc han expresado estar a favor de una asamblea constituyente, escenario éste en donde se podría formular nuevamente el modelo de estado colombiano y que resultaría en la promulgación de una nueva constitución, idea que ha sido rechazada tajantemente por el gobierno.

De otra parte, el presidente Santos, luego de reunirse en Bogotá con el equipo negociador y evaluar el avance del proceso, ordenó el retorno de los negociadores a Cuba con el fin de que hoy lunes se reinicien las conversaciones.

Observadores del proceso han señalado que la iniciativa de Santos de someter el eventual acuerdo de paz a referendo popular persigue tres finalidades distintas: de una parte, reiterarle a las Farc que la negociación tiene límites de tiempo y no pueden ser indefinidas. Ello se desprende de la proximidad de las dos opciones que planteó Santos: elecciones a Congreso en marzo próximo o a presidencia en mayo, lo que sería un indicio de que el mensaje del presidente a la guerrilla es de que si no hay un acuerdo para refrendar en el 2014, las Farc no tendrá otra oportunidad en su gobierno para negociar.

En segundo lugar, al atar el referendo a las elecciones ordinarias de congreso o presidente, el mandatario quiere asegurar una amplia participación ciudadana que, en caso de ser favorable por la paz, le daría una gran legitimidad y respaldo a lo acordado con las Farc. Finalmente, esta iniciativa, de salir bien, tendría un efecto positivo en el deseo de Santos de ser reelegido.

Escuche aquí audio de la entrevista con el analista político Alfredo Rangel, donde se refiere a la aparente crisis en negociaciones de paz 

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