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Política (419)

Dos reuniones  se han cumplido entre las comunidades negroides asentadas en el corregimiento de Los Haticos, corregimiento de San Juan del Cesar La Guajira con miembros de la Concesión Cesar Guajira S.A.S, con el fin de llegar a un punto de acuerdo que permita la reactivación del cobro en el llamado peaje de Río Seco pero que en realidad está más cerca de la población guajira.

Lunes y martes se desarrollaron los encuentros que no vislumbran una solución temprana de acuerdo a las pretensiones de los vecinos que consideran que se les violaron sus derechos como ancestrales habitantes de la región por donde se trazó la vía y se instaló la caseta de peaje que perjudica el diario trascurrir de muchos habitantes de la zona que tiene que pasar por el puesto de cobro.

Los integrantes del Consejo Comunitario Ancestral Carmelo Banquet del Corregimiento de Los Haticos, en La Guajira esperan que los Ministerios del Interior y Transportes y la Agencia Nacional de Infraestructura  accedan a sus peticiones, las que obligaron a la suspensión de los cobros hace ya varios meses.

El gerente de la concesión, Roberto Barros, aun no se atreve a vaticinar cuando se restablecerá el cobro, pues hay puntos de difícil acuerdo, además, porque, con las poblaciones indígenas, los diálogos están más empantanados, pues no se llegó a ningún acuerdo en los acercamientos que han tenido.

El resultado de lo pactado en las dos reuniones sostenidas esta semana  se enviará al Ministerio del Interior para que interceda en el proceso de consulta previa con la comunidad ancestral tutelante que tiene paralizada la actividad de recaudo en dicho peaje.

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Los habitantes de El Paso y otras poblaciones aledañas como Arjona Astrea y Chimichagua piden a las autoridades competentes llámese Gobierno Departamental o Invimas, para que le metan la mano a la vía que se desprende de la Troncal a la altura de del corregimiento de 4 Vientos, la que se encuentra en deplorable estado.

Aparte de los resaltos comunes que desestabilizan a cualquier conductor inexperto, ahora tienen que enfrentar una serie de huecos que cada día se vuelven más pronunciados, convirtiéndose en trampas mortales en una vía bastante traficada por livianos y pesados vehículos.

Lo más triste dicen, es que a pesar de ser una zona minera, no se justifica tener una carretera en ese estado, la que ha tenido que ser intervenida rústicamente rellenando los huecos con físico Barro.

Consideran que es un verdadero contraste que mientras de Bosconia  a Cuatro Vientos ya funciona la moderna doble calzada, ellos tienen que seguir soportando las inclemencias de una vía por donde paradójicamente salen muchos de los productos agropecuarios que mueven la economía del Cesar.

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Los pueblos kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo asentados en la Sierra Nevada fueron reconocidos ayer por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, presidido por la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, como representativos de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial  de la Nación.

Con esto se reafirma la importancia de valorar y preservar la diversidad cultural inmaterial del país, afirmó la Ministra de Cultura, con lo que se aprueba el Plan Especial de Salvaguarda Cultural de esas etnias que han denunciado atropello en sus territorios por diversos factores.

Son más de cien mil indígenas los que habitan en esta región del país, y que con este reconocimiento se les garantizará el posicionamiento y la continuidad del pensamiento indígena ante la sociedad mayoritaria.

Este Plan de Salvaguarda fue adelantado por el Consejo Territorial de Cabildos Gobernadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. También contó con el apoyo de las autoridades tradicionales, mamos y mayores de los cuatro pueblos. Durante los procesos de socialización con la comunidad participaron más de 600 indígenas.

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El Concejo de Valledupar citó para la sesión de hoy a la gerente de la agencia Provalledupar, Diana Molina Carvajal, para que rinda informe de su gestión al frente de esta agencia que nació como una iniciativa de desarrollo para el municipio, pero que hoy se encuentra estancando.

En el debate programado para las 9:00 de la mañana en el recinto de la corporación, la gerente de ProValledupar deberá responder el cuestionario que previamente le enviaron los concejales y los interrogantes que tengan los corporados.

Entre los interrogantes que tienen los concejales, están: el apoyo que brindan a la alcaldía, la Cámara de Comercio y Comfacesar, para la puesta en marcha de esta iniciativa. Además el recorte de la nómina de empleados, que inició con 16 y hoy solo tiene ocho funcionarios.

Debido a que el debate fue aplazado una vez, los ponentes esperan que a la cita de hoy asistan todos los invitados para tener la información de primera mano y saber qué está pasando con ProValledupar.

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En un comunicado de cinco puntos, las directivas del partido Cambio Radical, dio a conocer a la opinión pública que abrió oficialmente indagación preliminar contra el diputado de la Asamblea del Cesar, Julio César Casadiego Navarro, por los hechos que presuntamente lo involucran con un accidente de tránsito el pasado Jueves Santos, con saldo de dos personas lesionadas.

El Consejo de Control Ético de Cambio Radical cito al diputado Casadiego Navarro, para que rinda versión libre este jueves 20 de abril y explique el por qué la camioneta no tiene vigente el SOAT, por qué había licor dentro del vehículo y por qué huyó del lugar de los hechos.

Los directivos del partido que avaló a Julio César Casadiego Navarro, para que aspirara a la Asamblea del departamento del Cesar, recordaron que ya le habían suspendido el derecho al voto por un periodo de dos meses en cumplimiento del pronunciamiento 132 del 3 de febrero de 2016, por un hecho similar con el mismo vehículo el 25 de enero del año pasado, cuando fue sorprendido por las autoridades conduciendo en estado de alicoramiento y sin licencia de conducción, incidente llevó a la Procuraduría a destituirlo e inhabilitarlo por 10 años, al encontrarlo responsable del cargo de fraude a resolución judicial y aunque la decisión se confirmó en segunda instancia, en marzo de 2017 el Consejo Superior de la Judicatura ordenó su reintegro a la Asamblea.

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Mediante el Decreto 000095 del 10 de abril de 2017, el gobernador del Cesar fijó fecha para la realización de la consulta popular para la revocatoria del mandato del alcalde del municipio de El Copey, José Luis Nieves, a quien el grupo significativo que promueve esta iniciativa señala de no estar cumpliendo con lo dispuesto en el programa de gobierno que inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuando era candidato.

La revocatoria del mandato al alcalde de El Copey, fue presentada por Hernando Soracá Guzmán, vocero y miembro del comité promotor que lidera el proceso rescisorio, y al ser avaladas por la Registraduría 3.016 firmas de las 4.247 presentadas, se notificó al mandatario departamental para que estableciera la fecha de la realización del ejercicio democrático que se puede convertir en un hecho histórico para la política del país.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, estableció que la consulta se realizará el domingo 21 de mayo, para que los ciudadanos habilitados para ejercer el derecho al voto decidan si revocan o dejan en el cargo a José Luis Nieves, como alcalde de El Copey.

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Lo que nació como una iniciativa de desarrollo para el municipio, hoy se encuentra estancando. Por lo que varios Concejales preocupados por la situación de ProValledupar, presentaron una proposición para citar a un debate donde se analice que ha hecho la administración municipal con las facultades que le otorgaron para la creación de una empresa público-privada, con el fin de impulsar el desarrollo competitivo de la capital del Cesar en materia de cultura, pero a la fecha, según lo manifestado por los ediles, no ha avanzado en nada.

Al debate programado para el 21 de abril en el recinto del Concejo de Valledupar, fue invitada la gerente de ProValledupar, Diana Molina Carvajal, quien deberá responder el cuestionario y los interrogantes que tengan los corporados.

Entre los interrogantes que tienen los concejales, están: el apoyo que brindan a la alcaldía, la Cámara de Comercio y Comfacesar, para la puesta en marcha de esta iniciativa. Además el recorte de la nómina de empleados, que inició con 16 y hoy solo tiene ocho funcionarios.

Los ponentes esperan que al debate que se desarrollará a las 9:00 de la mañana, del 21 de abril, asistan todos los invitados para tener la información de primera mano y saber qué está pasando con ProValledupar.

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El Concejo de Valledupar debatirá hoy la problemática de la construcción de una vivienda en la carrera 30 con calle 7A del barrio Nueva Esperanza, porque según los habitantes la obra se levanta en terrenos prohibidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La queja fue presentada por la comunidad del barrio nueva esperanza, cuyos habitantes manifiestan: "allí no existe el espacio donde construir y si pretenden hacerlo es sobre la carrera 30, sobre la vía de acceso frente al puente de la acequia Las Mercedes, incluida en el Plan Vial del Municipio y constituye una vía que desembotella éste sector de la ciudad donde las vías no cumplen con las dimensiones mínimas establecidas en el POT".

Para este debate que se desarrollará desde las 9:00 de la mañana en el recinto de la corporación, fueron citados el asesor de la oficina de Planeación, Anibal Quiroz Monsalvo; la secretaria de Gobierno, Sandra Cujía Mora; el curador urbano 2, Ivan Zuleta Fuentes y el gerente de Emdupar, Armando Cuello Daza.

Además fueron invitados el Alcalde, el Personero, Secretario de Obras Públicas, Gerente Gases del Caribe, Contralor Municipal, representantes de la comunidad y los propietarios del inmueble.

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El alcalde de Aguachica Henry Alí Montes Montealegre, convocó a  los concejales a sesiones, mediante el Decreto No 147 del 4 de abril de 2016, con el fin de que estudien y debatan dos proyectos considerados de gran impacto social para el municipio por parte de la administración.

La primera de las iniciativas es el proyecto de Acuerdo por el cual se conceden facultades al alcalde para realizar cambio de destinación específica de usos de un predio de propiedad del municipio de Aguachica.

El otro es el proyecto de acuerdo Por Medio del Cual se establecen factores de subsidios y los factores de aportes solidarios para los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado y Aseo del Municipio de Aguachica para la vigencia 2017-2019.

Ambas iniciativas quedaron en primer debate en las pasadas sesiones extraordinarias, y tienen como ponentes a los honorables concejales Daynis Peláez Cardoza y Nahúm Molina Caviedes respectivamente.

Las sesiones extraordinarias fueron instaladas en la tarde de ayer por parte del mandatario de los aguachiquenses.

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Tras un  mes exacto de haber asumido el rol de Gobernador en encargo de La Guajira, Weildler Guerra Curvelo, el Juzgado Primero Civil Municipal de Riohacha falló una tutela en la que ordena a los partidos de la U y Conservador elaborar una terna para que sea presentada a Juan Manuel Santos, Presidente de la República, quien deberá escoger de esta, el oficial mandatario interino del departamento guajiro.

Trascendió que la tutela fue interpuesta por los ciudadanos Gines Antonio Cuesta Frías y  Jaime Ismael Casalimas Palma, quienes demandaron la protección a su derecho fundamental de participación consagrado en la Art. 40 de la Constitución Nacional, los demandantes aseguran que el presidente Juan Manuel Santos designó mediante Decreto No.333 del 1 de marzo del presente año como gobernador encargado al antropólogo Weildler Guerra Curvelo, pero que este no pertenece ni al partido de la U ni al Conservador, que fueron los que respaldaron a González Brito.

Este fallo asevera que el Gobierno Nacional ante la ausencia del titular, el Jefe de Estado debe designar a un ciudadano, respetando el partido, grupo político o coalición por la cual fue inscrito el gobernador elegido, por ello corresponde a las coaliciones Conservador y de la U presentar la terna.

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