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Política (424)

El presidente de la República Juan Manuel Santos, sancionó el proyecto de Ley Nº 179 de 2016 por medio del cual se busca que la nación se asocie a la conmemoración de los 50 años de vida político-administrativa del departamento del Cesar y así rendir homenaje público a sus habitantes.

Con la sanción de la Ley se cristaliza el sueño de los miembros del Comité Pre-conmemoración de los 50 años del Cesar, quienes tomaron la iniciativa de promover un proyecto de Ley que permitiera la asignación de un billón de pesos para que el gobierno departamental lo invierta en los diferentes municipios con motivo de la celebración de sus bodas de oro.

La iniciativa de carácter popular que fue presentada por un grupo de ciudadanos ante el Congreso de la República, fue apalancada por el representante a la Cámara, Eloy ‘Chichí’ Quintero, quien radicó el proyecto como autor y luego se sumaron como ponentes la representante Tatiana Cabello y el senador José David Name.

Con la sanción, el Gobierno Nacional autoriza la asignación en el Presupuesto General e impulso en el sistema de cofinanciación, las partidas presupuestales necesarias con el fin de adelantar obras y actividades de interés público y social en el Cesar en materia de agricultura, agroindustria, educación, salud, infraestructura vial, turismo, cultura, deporte,  otros sectores.

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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez pidió a las autoridades del Cesar y La Guajira investigar los hechos en que fueron incinerados unos centros ceremoniales, kamkurúas, de las comunidades Kankuama y Wiwa, en la Sierra Nevada el pasado mes.

A través de un documento enviado a las autoridades del Cesar y La Guajira, la Procuraduría rechazó enérgicamente estos actos y advirtió que se constituyen en serias violaciones al derecho que tienen los pueblos indígenas a ejercer libremente y sin riesgos su especial relación con el territorio, el derecho a la pervivencia étnica y física.

El ministerio público exhortó a las autoridades a diseñar un plan que garantice la seguridad integral de la Sierra Nevada.

Las kamkurúas, del pueblo Kankuamo en el corregimiento de Guatapurí y Wiwa en la cuenca del río Jerez, comunidad de Sheyamake, en el municipio de Dibulla, fueron incineradas el 17 y 18 de agosto del presente año.

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Parte de los recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales. FONPET, por pedido de las comunidades serán invertidos en alcantarillado y pavimento.

De acuerdo a la líder comunitaria, Betty Mejía se invertirán cerca de 8.000 millones de pesos en la pavimentación de 5.8 kilómetros en concreto rígido y en donde no haya alcantarillado se procederá a su construcción.

La pavimentación se hará en La Cabecera municipal de El Paso en el barrio 7 de Diciembre, en donde también se construirá  el alcantarillado.

Por su parte, en La Loma de Calenturas, se pavimentará en los sectores del Cementerio y La Esperanza.

Se estableció que en la obra de pavimentación se utilizará mano de obra no calificada del municipio de El Paso.

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El Gobierno Nacional aprobó 17 mil 200 millones de pesos en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD departamental que se realizó en Riohacha, La Guajira.
De los recursos anteriormente mencionados más de 6 mil millones de pesos corresponden para el sector vivienda, así lo dio a conocer Raúl José Lacouture Daza, secretario general del Ministerio de Vivienda, quien representó al Gobierno Santos, durante esta jornada de trabajo.

“El balance que podemos dar como Ministerio que representó a la Nación en este OCAD es positivo. Los recursos viabilizados en esta jornada se destinarán a seis proyectos, de los sectores de vivienda, transporte y deporte”, dijo Lacouture Daza.

“Los proyectos aprobados en vivienda, están dirigidos, primero a los estudios y diseños para el mejoramiento integral de barrios y legalización urbanística que favorecerá a los municipios de Barrancas, Dibulla, San Juan del Cesar, Uribia, Maicao y La Guajira con una inversión de 4 mil millones de pesos”, explicó Raúl Lacouture.

Se habló de un segundo proyecto que estará encaminado a la construcción de la plaza pública para eventos culturales y remodelación del parque en el barrio Tranquilidad en el municipio de La Jagua del Pilar.
Al finalizar el OCAD departamental, se dio inicio al Regional del Caribe encabezado por el Presidente Juan Manuel Santos y con la participación del viceministro encargado de Agua, Fernando Vargas.

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Perdida fue la pelea de la Fiscalía contra Oneida Pinto para que su proceso no se quedara en La Guajira, este miércoles 23 de agosto comienza el juicio contra la exgobernadora por actos de corrupción y se llevará a cabo en ese departamento.
Como se mencionó en emisión anterior de La Tribuna del Cesar, la Fiscalía pidió que el caso se manejara fuera de La Guajira, por el poder de la líder política en la región.

Oneida Pinto fue llamada a juicio por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. 
El ente acusador citaba dos  razones ante un Juzgado Promiscuo del Circuito de Maicao y ante el Tribunal Superior de La Guajira para pedir el traslado del proceso por corrupción que se adelanta contra la exmandataria de los guajiros  Oneida Pinto Pérez. 
La primera: que un funcionario judicial y varios testigos del caso han sido amenazados. La segunda: que el juicio en contra de la destituida exmandataria regional se desarrolla en el departamento que administró y en el que cuenta con gran respaldo político. El juicio oral de Pinto comienza hoy miércoles, 23 de agosto en Maicao.

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Un desesperado llamado hizo la comunidad del corregimiento de Aguas Blancas, al sur del municipio de Valledupar por el auge de la drogadicción en especial entre los menores de edad.

Una vocera de la comunidad, María Velásquez  indicó que en dos  casas desocupadas en el barrio La Concepción  es la guarida de  los niños de 10, 12 y 15 años a consumir marihuana.

El  llamado se lo hicieron al alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía para que se adopten políticas públicas que permitan rescatar a los niños y jóvenes de los corregimientos de las ‘garras’ de las drogas.

 El fenómeno de la drogadicción se viene presentando  en la mayoría de corregimientos del municipio de Valledupar y ha sido denunciado en varias oportunidades por la comunidad.

Los corregimientos  con el mayor índice de venta y consumo de alucinógenos son: Atánquez, Patillal, Valencia de Jesús, Aguas Blancas, Mariangola y Los Venados.

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La comunidad campesina de un vasto sector del municipio de Pueblo Bello busca obtener los recursos para poner parte del combustible para arreglar 30 kilómetros de una vía que permitirá sacar los productos hasta el casco urbano.

El presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Pueblo Bello, Omar Aldana indicó que la Alcaldía para emprender el arreglo de la vía pondrá la maquinaria, parte de combustible y los labriegos pagaran parte del diésel.

El arreglo de la vía beneficiará a las siguientes veredas : Cuesta Plata, Uno y Dos, Sopla Viento, Casa de Zinc, Casa de Tabla, El Triunfo, La Libertad, Nueva Bélgica, La Viña y El Espejo.La zona es altamente productora de café, cacao, frutas, guineo y yuca.

El campesinado también se comprometió con la alimentación de los operarios y a labores de rocería.

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Valledupar.- 16 de agosto de 2017

La conexión vallegenera: vallenata + cartagenera

La captura de la cúpula política de Cartagena el pasado 2 de agosto no sólo causó un terremoto en la Ciudad Heroica sino también fuertes réplicas que se sintieron en otras ciudades de la Costa, entre ellas Valledupar.

En efecto, con la caída del alcalde Manolo Duque quedó al descubierto lo que era un secreto a voces en Cartagena: que el verdadero poder en esa ciudad era su hermano de crianza José Julián Vásquez Buelvas, más conocido como Jota Jota. Vásquez Buelvas era quien tomaba las decisiones más importantes en la ciudad, especialmente en asignación de recursos, contratos y movidas políticas. Así quedó evidenciado en el arsenal probatorio que ha ido develando la Fiscalía General de la Nación en su contra. Cientos de horas interceptación telefónica revelan que Jota Jota era el poder detrás del trono cartagenero, a quien concejales, caciques políticos, contratistas y funcionarios consultaban para la toma de decisiones transcendentales en la ciudad, muy por encima del alcalde, reducido a mera figura decorativa.

Al escudriñarse su pasado por las autoridades, salió a relucir que Jota Jota fue el asesor estrella en materia de contratación estatal durante la administración de Luis Alberto Monsalvo Gnecco. No hemos podido establecer con certeza quién le recomendó Jota Jota a Monsalvo, aunque varias fuentes coinciden en que probablemente lo hiciera el polémico contratista bolivarense Alfonso "El Turco" Hilsaca. Antes de ser asesor en El Cesar, Jota Jota había laborado como jefe jurídico de la gobernación de Bolívar y en ese periodo se ganó el mote de ser el zar de las contrataciones, por su experticia en el manejo de los pliegos de condiciones y los requisitos habilitantes de los contratistas, entre otros factores.

Precedido de esa “buena fama”, Jota Jota suscribió un contrato de prestación de servicios con la gobernación del Cesar el 7 de febrero de 2013 por 10 meses para asesorar a dicho ente en “la elaboración y revisión de los procesos contractuales” de la Secretaría General. En esa época conoció y trabajó bajo las ordenes del entonces Secretario General y actual Contralor Departamental del Cesar, Cesar Cerchiaro de La Rosa.

Sin embargo, una fuente de entera credibilidad que conoció la relación entre Jota Jota y Cesar Cerchiaro le aseguró a este medio que la relación era inversa: quien instruía los procesos contractuales era Jota Jota y Cesar Cerchiaro actuaba según las instrucciones del primero. De hecho, otra fuente –un contratista local quien pidió permanecer en el anonimato– señala a Jota Jota de ser el responsable (con la anuencia del gobernador Monsalvo) de haber llenado a la gobernación del Cesar de contratistas bolivarenses y sabaneros. En tono de sorna, nos dijo: “aunque no figuraba en ningún pliego como requisito, pero parecía en la práctica que había que ser de la Sabana para ganarse un contrato en El Cesar, porque sea cual fuere el proceso contractual sólo cumplían los requisitos los contratistas sabaneros y barranquilleros, especialmente en los contratos de obra y de suministro.”

Durante su estancia como asesor contractual de la gobernación del Cesar, Jota Jota fortaleció su amistad con el grupo político que lidera el senador José Alfredo Gnecco, al punto que es un rumor –no confirmado– que dicho grupo habría financiado parte de la campaña de Manolo Duque a la Alcaldía. Lo que sí es cierto es que el senador Gnecco sorpresivamente obtuvo en Bolívar en las elecciones de 2014 la quinta votación al Senado del Partido de la U, un total de 4.823 votos, un verdadero hit para un político poco conocido en dicho departamento. (Ver página de la Registraduría).

El alumno de Jota Jota

El contexto anterior es importante para entender la preocupación que le asiste a algunas personas del círculo de confianza del burgomaestre Tuto Uhía por la presencia en la Alcaldía de uno de los alumnos más sobresalientes de Jota Jota: Edwin Daniel Sierra Bonilla.

¿Quién es Sierra Bonilla? Es un abogado oriundo de Maicao, La Guajira, quien terminó su bachillerato en el Colegio La Divina Pastora de Riohacha. Se graduó de abogado en la Universidad de Cartagena y como especialista en Contratación Estatal en la Universidad del Sinú.

Sierra Bonilla trabajó bajo las ordenes directas de José Julian Vásquez, cuando éste fungía como jefe jurídico de la Gobernación de Bolívar, durante el periodo comprendido entre abril de 2008 y mayo de 2011, es decir durante 3 años y un mes. Posteriormente los caminos de Sierra Bonilla y Jota Jota se volvieron a encontrar, esta vez en El Cesar, cuando el último asesoraba a la gobernación de Monsalvo. En esa época Sierra Bonilla laboró como asesor en contratación de la Secretaría General desde marzo de 2012 hasta diciembre de 2016.

En la actualidad, Edwin Daniel Sierra Bonilla presta sus servicios profesionales como asesor externo de la Alcaldía de Valledupar, a través del contrato 274 del 10 de marzo de 2017, con un plazo de 7 meses (hasta octubre de 2017) y cuyo objeto es el acompañamiento a la gestión contractual del municipio. Por esa labor, Sierra Bonilla devenga un módico salario de $3.300.000 mensuales.

En este sentido, cabe aclarar que por el solo hecho de haber tenido como jefe inmediato a Jota Jota no puede traducirse en un cuestionamiento a las calidades profesionales de Sierra Bonilla o a su proceder ético.  De hecho, las  personas a quienes pedimos referencias suyas describen a Edwin Daniel como un abogado acucioso, eficiente, disciplinado y con un amplio conocimiento de las materias contractuales. De otra parte, no necesariamente su vinculación debió haber contado con el visto bueno del alcalde. Diariamente la administración municipal está realizando cientos de contratos y uno de un monto tan pequeño puede ser asignado por los llamados mandos medios sin pasar por el tamiz del mandatario.

No obstante lo anterior, es comprensible que el terremoto causado por la Fiscalía en Cartagena haya creado cierto nerviosismo y preocupación en las administraciones que tuvieron algún tipo de vínculo –lejano o cercano, directo o indirecto– con el llamado zar de las contrataciones, José Julián Vásquez Buelvas, pues todas las lupas se pueden posar sobre ellas. Pero bien aconseja el refranero popular: nada de nervios que quien nada debe, nada teme.

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Valledupar.- 16 de agosto de 2017

Los abogados del área jurídica de Emdupar no salían de su asombro ayer martes cuando descubrieron que las cuentas bancarias de la entidad habían sido embargadas nuevamente.

Ciertamente, no hace mucho la entidad había sido embargada por CORPOCESAR por una abultada deuda que supera los $6.000 millones por concepto de pagos de derechos de captación de agua y de vertimiento.

Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando se enteraron que quien ordenó el embargo en esta ocasión fue nada más y nada menos que la propia Alcaldía de Valledupar, ente territorial que es dueña del más del 90% de Emdupar.

En efecto, la Alcaldía de Valledupar inició un proceso ejecutivo en contra de Emdupar con radicado número 0231-0009-000-20176402132, por valor total de $42.739.561, y por concepto del no pago del impuesto de industria y comercio.

Como dice el conocido refrán, con esos amigos, ¿para qué enemigos?

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