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Política (419)

Tal como estaba previsto los sandieganos en cabeza de la alcaldesa Elvia Milena San Juan, la presidenta del Concejo Municipal Mery Luz Araujo Arzuaga y líderes comunitarios, tuvieron la oportunidad de exponer ante los diputados del Cesar las problemáticas y necesidades que aquejan a San Diego tanto en la zona urbana, como en la rural, durante el desarrollo de la sesión especial desarrollada en ese municipio del norte del departamento.

En la sesión especial promovida por el diputado Alfredo Pinto, brillaron por su ausencia los secretarios de infraestructura, gobierno, ambiente, salud, educación, agricultura, deportes, aguas del Cesar, Idecesar, y Oficina Asesora de Paz, quienes habían sido citados para que escucharan a la comunidad y se comprometieran con la solución de los problemas. A la cita solo acudió la recién posesionada secretaria de planeación Katiana González, y  varios delegados de las sectoriales quienes no tienen poder de decisión.

Tampoco asistieron a la sesión en San Diego, los comandantes de la Policía Cesar, coronel Diego Rosero Giraldo y del Batallón La Popa, coronel Gabriel Andrés Maje Gómez, quienes habían sido invitados para tratar los temas de seguridad en el municipio.

En su intervención el diputado ponente catalogó la no asistencia de los secretarios, especialmente el de agricultura, como una falta de respeto con la comunidad sandiegana que está ávida de conocer qué proyectos tiene el gobierno departamental para hacer inversiones en materia de agua potable, saneamiento básico, salud, educación, seguridad, recreación y deportes, cultura, y especialmente en el campo ya que es un municipio netamente agrícola y ganadero.

Entre las conclusiones de la sesión especial está la realización de unas mesas de trabajo con los equipo de la secretaria de planeación y Aguas del Cesar, para tratar temas relacionados con el acueducto regional, la gasificación y electrificación en la zona rural. Además de otros proyectos que fueron anunciados por la secretaria encargada de planeación.

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Dando cumplimiento a los acuerdos políticos establecidos con anterioridad, los nombres de Luis Miguel Santrich y José Gómez, del Movimiento político Avanzar es Posible, suenan para suceder en la presidencia de la corporación al polémico Guido Castilla González.

De los dos candidatos, quien mejores relaciones tenga con sus compañeros de corporación se quedará con la presidencia del Concejo de Valledupar para el periodo 2017.

En lo que tiene que ver con la Primera y Segunda Vicepresidencia, solo los concejales de Opción Ciudadana, Jaime Bornacelly, y del Centro Democrático, José Amiro Araméndiz, han mostrado interés por ocupar esas posiciones, se espera que antes del 8 de noviembre fecha fijada para la elección, se den más postulaciones.

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El gobernador del Cesar Francisco Ovalle Angarita, sigue haciendo ajustes en su gabinete, para tratar de conformar un equipo de trabajo dinámico que le ayude a cumplir con los compromisos de campaña y lo plasmado en el Plan de Desarrollo –El Camino del Desarrollo y La Paz-.

A la reciente salida del secretario de infraestructura Omar Maestre Vélez, se suma la del secretario de gobierno Delwin Jiménez, a quien el mandatario le pidió que presentara su renuncia al cargo.

En reemplazo de Delwin Jiménez, el gobernado encargó en la Secretaría de Gobierno Departamental a Jorge Araujo, quien se viene desempeñando como secretario de educación, lo que indica que a esa cartera llegará un nuevo funcionario cuyo nombre aún no ha sido anunciado.

En menos de 48 horas Ovalle Angarita, relevó del cargo a dos secretarios, Omar Maestre de Infraestructura y en su reemplazo nombró en propiedad a Federico Martínez daza, quien se venía desempeñando como secretario de planeación; mientras que en la cartera de planeación encargó a Katiana González, y Delwin Jiménez de Gobierno, quien fue reemplazado por Jorge Araujo, secretario de educación departamental.

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El Secretario de Hacienda de Aguachica Eder Serrano Chilatra, radicó en la secretaria del Concejo Municipal el proyecto de acuerdo “Por el cual se expide el presupuesto general de rentas y gastos del municipio para la vigencia fiscal de 2017 y se dictan otras disposiciones”, para que los concejales comiencen a estudiarlo y una vez hechas las recomendaciones del caso debatirlo para su aprobación.

Serrano Chilatra, explicó que el proyecto del presupuesto fue aforado en 78 mil millones de pesos y está direccionado a la ejecución del Plan de Desarrollo y refleja el cálculo de ingresos y gastos proyectados para la vigencia fiscal del 2017, donde se plasman diferentes tipos de variables micro y macroeconómicas, financieras entre otras, las cuales sirven de apoyo para que los cálculos estén acordes a la realidad de las necesidades del municipio.

Por su parte, el alcalde Henry Alí Montes, durante la instalación del cuarto período de sesiones ordinarias en el concejo, explicó que el presupuesto general de rentas y gastos habría tenido algunas variaciones, el mandatario añadió que de parte de él y los funcionarios estarán prestos para dar las aclaraciones pertinentes durante el debate y estudio de dicho proyecto en la corporación.

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En el despacho del alcalde de Aguachica, Henri Alí Montes, se llevó a cabo una reunión con los miembros del Consejo Territorial de Planeación con el propósito de hacer un balance al seguimiento y evaluación que ha realizado esta instancia institucional al Plan de Desarrollo 2016-2019 en esa localidad del sur del Cesar.

A pesar de que no se ha creado un comité de seguimiento y desarrollo, se socializaron las metas que se han cumplido a la fecha para que desde cada uno de los sectores que conforman el Consejo Territorial de Planeación se hagan las respectivas observaciones que se consideren pertinentes.

Posteriormente, el mandatario local, hará llegar a los miembros del Consejo Territorial de Planeación, un informe del balance de resultados de las metas que cada una de las secretarías y entes descentralizados ha desarrollado hasta el momento, con base en los programas proyectados en el Plan de Desarrollo.

Así mismo, el alcalde dejó claro que se vienen realizando unas encuestas y diagnóstico en lo concerniente a generación de ingresos y proyección de ciudad región y desarrollo para Aguachica.

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La Misión de Observación Electoral MOE decidió no realizar observación durante la jornada electoral atípica que elige gobernador en el departamento de La Guajira.

Según la MOE, el nivel de polarización y de amenazas entre las campañas no genera las suficientes garantías de transparencia y seguridad para efectuar este ejercicio de control ciudadano. Estos niveles de polarización política se han traducido en amenazas contra el Gobernador encargado Jorge Enrique Vélez y otros líderes políticos y sociales. 

Ante la decisión de no desplegar observadores en terreno, la MOE mantendrá abiertos sus canales de información, en los que la ciudadanía podrá reportar presuntas irregularidades o anomalías electorales.

La MOE recuerda que para que se adopten acciones en contra de situaciones que atenten contra la transparencia del proceso electoral, es indispensable que las irregularidades sean efectivamente reportadas por los canales dispuestos por la MOE o las autoridades nacionales como la página www.pilasconelvoto.com, el teléfono celular 3187653435 (Whatsapp), la línea gratuita 01 8000 112 101 y las redes sociales de la organización.

De acuerdo a la Misión de Observación Electoral en lo que va corrido del 2016, se ha tenido noticia de 16 víctimas de violencia política y social en 3 municipios de La Guajira: Fonseca, Maicao y Riohacha, siendo este último, el que presenta mayor número de hechos, 12 registros, lo que equivale a un 75% del total.  

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Por fin se fue de la administración de Francisco Ovalle Angarita el secretario  de Infraestructura Omar Maestre Vélez y en su reemplazo  el Gobernador nombró a Federico Martínez Daza.

Maestre Vélez, venía en el cargo desde la Administración de Luis Alberto Monsalvo Gnecco y también hizo parte del gobierno de Cristian Moreno Panezo.

Últimamente se habrían presentado roces con el actual mandatario por el retraso de algunas obras que no han podido ser entregadas pese a la presión de los órganos de control y de la misma ciudadanía.

El nuevo titular, Martínez Daza viene en la Gobernación desde el año 2012, como jefe de la oficina de Planeación del Departamento. Es ingeniero civil y tiene una especialización en gerencia de construcción de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Su meta, a partir de hoy es acelerar esos proyectos que se vienen ejecutando en diferentes municipios y continuar desarrollando obras de infraestructura en el Departamento, según declaró el Gobernador Ovalle Angarita.

Durante el mismo acto, fue encargada en provisionalidad en la Oficina Asesora de Planeación la ingeniera industrial y profesional especializada en diseño y evaluación de proyectos, Katiana González, quien se desempeñaba desde hace 6 años como coordinadora del banco de proyectos, en la misma sectorial.

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El reciente fallo de segunda instancia (del 18 de octubre) de la Procuraduría General de la Nación que absolvió a los 15 concejales vallenatos fue un baldado de agua fría para todos los que estaban pendientes de esta decisión. Con los crespos hechos quedaron quince aspirantes a reemplazar a los quince sancionados, quienes guardaban la esperanza de que el ente de control confirmase la decisión sancionatoria. Pero no sólo ellos fueron los defraudados, también la mayor parte de la comunidad valduparense que se sintió burlada porque creía que, por fin, se iba a sentar un precedente para aquellos funcionarios que infrigiesen la ley, los cuales serían sancionados con todo el rigor sin importar su color político, su alta influencia social o los padrinos que tuviesen. No fue así.

En efecto, después de la contundencia del fallo de primera instancia del pasado 15 de junio –destitución e inhabilidad de 13 años–, muy pocos auguraban que la segunda instancia fuese a ser tan benigna con los disciplinados, en particular porque el fallo sancionatorio desnudó con pelos y señales las protuberantes falencias e irregularidades en las cuales incurrieron los quince corporados para elegir al contralor municipal de Valledupar, Álvaro Castilla Fragozo. Ciertamente, el primer fallo que consta de más de 200 páginas y fue proferido por el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Gustavo Adolfo Castro Capera, tuvo como parte vital de su fundamentación dos pronunciamientos previos del órgano de control que advertían a los cabildeantes antes de la elección, las posibles irregularidades de elegir como contralor a una persona que tenía un claro conflicto de intereses para ejercer su función, habida cuenta que había sido el mayor financiador del alcalde a quien habría de vigilar. Adicionalmente, Castilla Fragoso fue quien obtuvo el menor puntaje del concurso de méritos, pues lo superaron, con creces, los otros dos ternados: Jorge Araújo y Omar Contreras Socarrás. Pese a estas dos advertencias los concejales elegieron a Castilla Fragozo.

En este sentido, en Valledupar existía el convencimiento dentro del colectivo social que de ésta los 15 concejales no saldrían inmunes. Los más optimistas contemplaban la posibilidad de que, en segunda instancia, le cambiasen la sanción de destitución por otra menor como una suspensión de dos o tres meses, suspensión que estratégicamente “coincidiría” con el periodo de receso o vacaciones del Concejo para que, en la práctica, no tuviera efectos y, finalizado dicho periodo, pudiesen reintegrarse a sus cargos. Ni al más avezado analista político le pasaba por la cabeza la opción de la absolución.

Así se volteó la arepa: votos por fallos

¿Cómo se dio este giro de 180 grados en tan corto tiempo? ¿Cómo pasó la Procuraduría de sancionar drásticamente a los 15 concejales y al contralor municipal a absolverlos en tiempo record?

El milagroso salvavidas de los concejales surgió hace 5 semanas cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura conformó las cuatro ternas para proveer cuatro de las siete plazas existentes en la recién creada Comisión Nacional de Disciplina Judicial, único órgano que sobrevivió a la malograda Reforma al Equilibrio de Poderes y que reemplaza a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con dicha reforma que modificó el artículo 257 de la Constitución Política, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estará conformada por siete magistrados, tres de los cuales serán postulados por ternas enviadas por el Presidente de la República y los cuatro restantes por ternas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, todos serán elegidos por el Congreso en Pleno, lo que significa que necesitan votos tantos de senadores como de representantes.

Estas cuatro ternas fueron conformadas a finales del pasado septiembre, y en dos de ellas hay aspirantes muy cercanos al exprocurador Alejandro Ordoñez Maldonado. En efecto, en la primera terna conformada por Diomar Camacho, Jorge Caldas Vera y Jaime Moreno Acero, se destaca que tanto Diomar Camacho como Jorge Caldas Vera son actuales funcionarios de la Procuraduría: Camacho es actual procuradora delegada y muy cercana a Ordoñez. Por su parte, Caldas Vera es procurador delegado en lo penal.

Pero es la tercera terna la que acapara la atención del exprocurador. En esa terna están María Eugenia Carreño, procuradora delegada para asuntos electorales, Jhon Jaiver Jaramillo Zapata, exfuncionario de la alcaldía de Medellín y Claudia Torres Barajas, magistrada de la Sala Disciplinaria de la Judicatura en Antioquia. Naturalmente, María Eugenia Carreño es la carta por la que está jugado el exprocurador. Carreño fue una de las funcionarias más cercanas a Ordoñez en sus dos periodos y la responsable de destituir a una decena de altos funcionarios, entre ellos tres gobernadores. Por su carácter recio se ganó el apodo de “la dama de hierro”. Ha trabajado con Ordoñez desde hace más de 20 años cuando fungió como judicante en el Tribunal Administrativo de Santander, además de haber sido su estudiante en varias asignaturas. Carreño es santandereana como Ordoñez.

Como el lector podrá imaginar a esta altura, recientemente se selló un acuerdo político entre los cinco congresistas del Cesar (el senador Gnecco y los cuatro representantes) para votar a favor de las cartas de Ordoñez en las ternas presentadas al Congreso para la Comisión de Disciplina Judicial y como contraprestación la Procuraduría a través de la procuradora encargada Martha Isabel Castañeda (que aún recibe instrucciones de Ordoñez) se comprometía a revocar la sanción de primera instancia y absolver a los concejales y al contralor. Dicho y hecho. Todas las miradas apuntan al representante Alfredo "Ape" Cuello Baute, el único de los cinco parlamentarios con la suficiente sagacidad de confeccionar esta filigrana de alto turmequé y quien, además, estaba en deuda con los concejales, pues  según el dicho de un concejal que pidió reserva del nombre, en una reunión Ape le habría garantizado a los corporados que él se encargaba de la Procuraduría, por lo que no debían tener temor de votar por Castilla a la Contraloría y por Lorena Cabrera a la Personería. 

La elección de Fernando Carrillo el pasado jueves como nuevo Procurador General precipitó el cumplimiento de ese pacto. La Procuraduría filtró el fallo absolutorio el viernes por la tarde bajo la premisa de que noticia que sale el viernes muere el fin de semana. Era entendible, el fallo tenía que ser tomado antes de la votación en el congreso para suplir las vacantes de la Comisión de Disciplina Judicial.

Sin embargo, fueron tan burdos en la toma de esta decisión que ha transcendido en las redes sociales que sólo hasta el 25 de octubre, mediante resolución número 498, la Procuradora encargada Martha Isabel Castañeda decidió reasignar el proceso que adelantaba la Sala disciplinaria de la Procuraduría y otorgarle competencia a la viceprocuradora. No obstante el fallo de segunda instancia está fechado el 18 de octubre de 2016 ¿Cuál de los dos documentos es espurio? Averígüelo Vargas y ordoñese de la risa.

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Un fallo de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación emitido el 18 de octubre, en donde son absueltos en segunda instancia los 15 Concejales de Valledupar y el Contralor Municipal, Álvaro Castilla Fragoso, quienes en primera instancia habían sido destituidos e inhabilitados por 13 años, y una resolución emitida por el despacho de la Procuradora General Martha Isabel Castañeda Curvelo, el pasado 25 de octubre, por medio de la cual se reasigna la competencia del proceso disciplinario contra los corporados por la elección del Contralor, han generado incertidumbre en la capital del Cesar sobre la verdadera posición del órgano de control disciplinario.

Con la decisión de los procuradores delegados Juan Carlos Novoa Buendía, actuando como presidente y María Eugenia Carreño Gómez, se revocó el fallo de primera instancia emitido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, que el pasado 14 de junio de 2016 sancionó a los Concejales ante un supuesto conflicto de intereses por haber elegido como contralor de Valledupar a Álvaro Castilla Fragoso, y lo absolvió de toda responsabilidad disciplinaria, lo mismo sucedió con los concejales que eran procesados por presuntamente no haber tenido en cuenta la amistad del hoy contralor con el alcalde Augusto Ramírez Uhía.

Por su parte, la resolución No 498 del 25 de octubre de 2016, emitida por el despacho de la Procuradora General Martha Isabel Castañeda Curvelo, en uno de su apartes reza: “Es necesario resaltar que a este Despacho fue allegada una queja de 21 de octubre de 2016, con radicado No 394367, presentada por la Veeduría Caribe, en la cual manifiestan que la investigación antes mencionada, está siendo manchada porque muchos políticos están aprovechando la candidatura de la doctora Carreño, Procuradora Delegada de la Sala Disciplinaria, quien está en campaña para ser nombrada por el Congreso.

Por lo que resuelve designar como funcionario especial a la Vice procuradora  General de la Nación con funciones dentro del proceso disciplinario radicado con el IUS 2016-17081 y el IUS D-2016-788-827686, para que continúe investigando y lleve el proceso hasta su culminación, con facultades para abordar todos aquellos aspectos de la responsabilidad ajenos a su competencia.

Lo cierto es que hasta tanto la Procuraduría General de la Nación no se pronuncie de manera oficial, no se sabrá cuál es la verdadera suerte de los 15 Concejales y el Contralor Municipal de Valledupar.

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La destituida mandataria de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, salió del país para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando persecución judicial en los procesos que cursan penal y administrativamente contra ella.

Héctor Carvajal, abogado de Pinto Pérez, señaló que “ella salió del país hace dos días con destino a la ciudad de Washington, Estados Unidos, con uno de los abogados de nuestro despacho para pedirle a las CIDH que dicte una medida cautelar, para que pueda ejercer una defensa frente a la violación, que en nuestro criterio ocurrió en el pronunciamiento del Consejo de Estado que la destituyó del cargo”.

Sobre la inhabilitación de la entonces gobernadora, el abogado acotó que en la decisión que la dejó fuera de la gobernación no se le respetaron sus derechos, e incluso el defensor de Oneida Pinto dijo que ella dejará constancia ante instancias internacionales que demostraría que contra ella existe un “complot” para que no pueda ejercer su cargo como gobernadora.

De acuerdo a lo declarado por Carvajal, Oneida Pinto no está huyendo de la justicia, este sábado regresaría al país.

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