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Indalecio Dangond (126)

Los invito a que visiten esta página web de la Comisión Quinta del Senado http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-quinta y revisen las ponencias de una serie de proyectos de Ley presentados por sus miembros, para que se formen una idea de la incoherencia con la cual se ha trabajado en estos últimos cuatro años de legislatura. Sacarán ustedes sus propias conclusiones, yo tengo las mías.

Esta Comisión, que trata los asuntos de los sectores agrario, Medio ambiente, Minas y Energía, Vivienda y Desarrollo Territorial entre otros, está integrada por 14 “honorables” Senadores y el controversial Jorge Enrique Robledo. La nómina nos cuesta a los colombianos $348.815.715 al mes, más los gastos en tiquetes aéreos (en primera clase), viáticos, asesores, vehículos blindados, escoltas, gasolina, iphone 5s, ipad, internet, telefonía celular ilimitada y otras cuantas arandelas más. Mientras tanto, los sectores por los que dicen trabajar, están cada día más sumidos en el atraso y la ineficiencia por la cantidad de leyes inútiles y arcaicas que impiden su desarrollo.

Cuando uno revisa por ejemplo, la legislación de los sectores agrarios y del Medio Ambiente, encuentra que la mayoría de esas normas no se adaptan a los escenarios actuales del mercado, tienden a favorecer intereses particulares y en muchos casos ni siquiera son aplicables. Un caso patético es lo que está sucediendo con la Ley 16 de 1.990, por la cual se creó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Han pasado 23 años y este esquema no ha logrado superar una cobertura del 10% del total de la demanda de crédito de los productores del país. El año pasado, Finagro realizó 267.000 operaciones de créditos de 2.500.000 familias campesinas que requieren financiación.

Ni qué hablar de la violación e incumplimiento de las normas ambientales recogidas en la Ley 99 de 1.993. La mayoría de las compañías de explotación minera devastan bosques naturales, desvían ríos, desplazan poblaciones, agricultores y ganaderos, incumplen los programas de compensación forestal e inversión social. Por su parte, las corporaciones autónomas regionales siguen convertidas en las cajas menores de los políticos, el medio ambiente está al garete y los problemas institucionales, de control y vigilancia, siguen sin ser resueltos en el Congreso. Es una vergüenza nacional.

Podría enumerarles una infinidad normas absurdas que son un estorbo para el progreso de estos sectores de la economía del país, pero esa no es la intención. Se trata de invitarlos a reflexionar sobre la inmensa responsabilidad que tienen frente al país y su electorado. Para poner un solo ejemplo. En los recientes foros, congresos y talleres que se vienen desarrollando en las diferentes regiones del país para sacar adelante el pacto por el sector agropecuario, los grandes ausentes han sido ustedes.

Llegó el momento de ponerse a trabajar de la mano con el ministro de Agricultura, los gremios de la producción nacional, productores y empresarios del campo para diseñar una política de Estado que exprese cuál es la visión que tenemos de la Colombia agropecuaria en el mediano plazo y cuáles son los caminos que, como país, debemos recorrer para el logro de tales metas. Por Dios!, se trata de articular conocimientos y esfuerzos para enfrentar los problemas coyunturales de este sector importante de la economia del pais.

Como diría alguien. “El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas"

P/D: Las oficinas esta semana parecían unos jardines infantiles. Por razones laborales, económicas o de cualquier otra índole, no todos podemos darnos el lujo de viajar. Comparto con Annie de Acevedo, que “si ponemos todo esto en una balanza, es más lo que se pierde en educación y bienestar familiar que lo que se gana en turismo”.  

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El pasado jueves estuve visitando “Proflora”, el evento comercial más importante de los floricultores colombianos que se celebra por estos días en Bogotá y no me quedan dudas sobre el porqué somos el principal país exportador de claveles y el segundo mayor exportador de flores del mundo, después de Holanda.

El año pasado estos empresarios exportaron más de 740 millones de dólares a los mercados de Rusia, Estados Unidos, Europa y Japón entre otros. Son unos verdaderos líderes en la calidad y comercialización de sus productos.

Cuando les pregunté quien les financiaba el costo de la producción de sus cultivos, me respondieron que un gran porcentaje lo hacían con recursos propios porque Finagro no cuenta con una línea de crédito ajustada a la naturaleza del negocio y las tasas de interés son muy altas comparadas con las del mercado externo.

Lo mismo debe estarle sucediendo a los otros subsectores agroexportadores del país.

Este triste panorama lo palpé también cuando visité el pasado julio la feria de Agroexpo en Bogotá.

El inconformismo por parte de los productores, industriales, comercializadores y proveedores de servicios agropecuarios es generalizado.

Las quejas se concentran principalmente en la cantidad de trámites y requisitos exigidos por Finagro, la demora en la aprobación y desembolso de los créditos, las altas garantías que se exigen para respaldar el préstamo y las altas tasas de interés que oscilan entre el 10% y el 14% efectivo anual.

El término “crédito de fomento” es un saludo a la bandera.

En la vida real, cuando un productor del campo se acerca al Banco Agrario a solicitar un crédito para desarrollar un proyecto productivo, debe aportar una garantía real del 150%, su inmueble se lo reciben por el 55% del valor comercial, le exigen viabilidad técnica, financiera y ambiental del proyecto, fiadores con garantías, le cobran la tasa de interés mas alta permitida por Finagro y si tiene palanca, el desembolso se lo realizan en 6 meses.

Posteriormente (180 días después), debe pagar el control de inversiones que Finagro exige a los bancos.

Claramente, estos cuellos de botella han obstaculizado el crecimiento de la producción de alimento del país y por ende el desarrollo del sector agropecuario.

Para ponerlos en contexto, en Colombia se producen al año aproximadamente 25 millones de toneladas de alimento en agricultura, 970.000 toneladas de carne de res, 1.1 millones toneladas de pollo, 6.400 millones de litros de leche, 636.000 huevos y 280.000 toneladas de cerdo que tienen un costo aproximado a los 30 billones de pesos.

El año pasado el total de los créditos al sector agropecuario fue tan solo de 6.4 billones de pesos.

Otro síntoma de la ineficiencia del sistema de financiamiento del sector agropecuario se ve claramente en las estadísticas del comportamiento del crédito en el 2012.

De los $ 6.4 billones colocados, escasamente el 25% fue para pequeños productores (de 11 millones que tenemos trabajando en el campo).

El Banco Agrario colocó el 37% del valor de los créditos y la cartera de redescontada por Finagro solo obtuvo una participación del 38%. Es decir, el gran esfuerzo lo hizo la banca privada con sus recursos propios.

Es aquí donde uno se pregunta ¿Para que existen la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y Finagro?

Necesitaría una columna adicional para escribir las propuestas que pueden sacar de este atolladero el financiamiento del sector agrario.

Si comenzamos por eliminar la absurda y desigual norma de calificación de los productores, habremos ganado un terreno importante. Si establecemos tasas de interés de redescuentos conforme a los plazos, conseguiremos una reducción importante en los intereses y si lanzamos unas líneas de crédito en dólares y Factoring, los exportadores y pequeños productores tendrían mayor acceso al crédito.

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Si el Presidente Juan Manuel Santos hubiese asistido al foro Expogestión Caribe que se realizó esta semana en Barranquilla, a lo mejor podría haber encontrado una luz que le ayudara a salir de esta crisis de impopularidad en la que se encuentra.

Las presentaciones de los expresidentes Ricardo Lagos de Chile y Felipe Calderón de México, fueron una verdadera cátedra de cómo ser un buen gobernante en tiempos de dificultades.

Celebro con entusiasmo que nuestra clase dirigente y empresarial haya dedicado un par de días para reflexionar sobre las grandes ventajas comparativas que tenemos frente a otras regiones del país y la necesidad de trabajar articulados para lograr un mayor desarrollo productivo de nuestra región Caribe. Como lo expresó el expresidente chileno: “ustedes deben venderse ante el mundo como una sola región y una sola cultura”.

La idea de tener una sola autoridad portuaria con tres terminales marítimos especializados. Uno de contenedores en Cartagena, otro de carga general en Barranquilla y el de carbón en Santa Marta fue recibida con beneplácito por los asistentes. Con la pronta posibilidad de navegabilidad del rio Magdalena, la línea férrea del Carare y la construcción de un puerto seco en Barrancabermeja, quedaríamos con el mejor esquema de logística intermodal de carga del país.

Otro frente de acción de este gran pacto regional es la promoción y desarrollo de la agroindustria en las despensas agrícolas y ganaderas de Córdoba, Sucre y los sures de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira. Para ello, se ha planteado la necesidad de instituir los POT para el agro, como una herramienta de gran utilidad en la planificación de la producción agropecuaria y la orientación de los presupuestos de inversión de cada departamento. Este instrumento permitirá definir la vocación agropecuaria de las áreas rurales de cada municipio con el fin de determinar qué cultivos o ganadería debemos desarrollar competitivamente para el consumo interno y los mercados externos. Además de priorizar la inversión pública en infraestructura, servicios públicos, zonas agroindustriales y la promoción de facultades en ciencias agronómicas y forestales en las universidades de la región.

Lamentablemente siempre nos queda faltando los cinco centavos para el peso. Esta vez los grandes ausentes, además del presidente Juan Manuel Santos, fueron la ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa y los congresistas costeños. Estos últimos, desaprovecharon una gran oportunidad para articular su trabajo legislativo con las apuestas de desarrollo económico y social planteadas en el marco de este importante dialogo.

Pero a falta de los nuestros, tuvimos al expresidente mexicano Felipe Calderón, quien nos compartió su gran experiencia en el manejo de la crisis de su país en el 2010, la cual superó trabajando de la mano con la empresa privada. En seis años reconstruyeron 23.000 km de carreteras, incrementaron las exportaciones de manufacturas de 52.000 millones a 370.000 millones de dólares y eliminaron todos los cargos, leyes y trámites inútiles que obstaculizaban los procesos en las entidades públicas.

Como lo dije alguna vez. La internacionalización de la economía es un proceso creciente y a la vez imparable que afecta a todos los negocios cualquiera que sea el sector al que pertenezcan. Por ello estamos obligados a encontrar nuevos modelos que permitan actuar con éxito en el nuevo panorama, porque las respuestas ya no se encuentran en la historia y la repetición del pasado sólo conduce al fracaso.

Nos queda un gran compromiso por delante con nuestra región Caribe. Manos a la obra.

P/D: Con los resultados de las recientes encuestas queda claro que el próximo presidente de Colombia está entre Germán Vargas Lleras o Antonio Navarro Wolff.

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Son injustos e equivocados los ataques que algunos congresistas y periodistas de izquierda les dieron esta semana a los modelos exitosos de alianzas productivas que se han organizado entre industriales y productores del campo colombiano.

También es una lástima que los medios de comunicación hagan eco a estas mentiras a medias sin antes recoger los testimonios de quienes conforman estos matrimonios empresariales que tantos beneficios han traído a los actores de las cadenas productivas. Estigmatizar este modelo por un par de casos aislados (de miles que hay en el país), es un acto de irresponsabilidad informativa. En todos los negocios, cualquiera que sea la actividad siempre vamos a encontrar argumentos de éxito y fracasos. Nada es perfecto en la vida.

El modelo de las alianzas productivas nace porque el mundo empresarial se está dirigiendo hacia las estructuras participativas, porque con recursos limitados y empleo en decadencia no se puede crecer en soledad. Este modelo está permitiendo a muchas cooperativas incursionar en nuevos mercados, acotar riesgos, eliminar competidores o asociarse y lograr economías de escala. Sus premisas básicas han sido el gana-gana, los valores compartidos y el compromiso con el éxito. Claramente, hay veces que encontramos alianzas estratégicas en un estado de romance sin futuro de casamiento. Esto suele suceder cuando no hay gimnasia social ni comunicación estratégica, ni visiones compartidas.

Hay que tener bien claro que una alianza requiere afinidad entre sus socios. Hay que estudiar si existe complementariedad, cuál es la posición de cada uno en el mercado, la capacidad financiera, el estilo gerencial, si existe una cultura común y confianza mutua.

Aunque no todas son iguales, el escenario general es el siguiente: El industrial localiza una región apta para el cultivo, luego socializa el proyecto productivo ante los campesinos, se crean las asociaciones o cooperativas, se estructura el crédito, en la mayoría de los casos se les respalda la deuda y se les ayuda a administrar los recursos del crédito a través de una fiducia para que no se gasten la plata en ron. El Gobierno por su parte incentiva estas alianzas otorgando un beneficio del 40% sobre el costo del proyecto y respalda el 80% del crédito a través del Fondo Agropecuario de Garantías.

Otro filtro interesante para garantizar las reglas de juego en una alianza es el contrato entre el integrador y los productores asociados, donde el primero se compromete a garantizar la semilla, prestar la asistencia técnica y comprar la cosecha a precio de mercado. El productor debe aportar la tierra y la mano de obra, cuidar su cultivo, amortizar las cuotas del crédito y vender su cosecha al industrial. Sin ello, Finagro no se aprueba el crédito.

En Colombia los modelos exitosos de alianzas productivas han sido desarrollados por la Compañía Nacional de Chocolates (60 alianzas que benefician a 5.425 familias en 11.405 hectáreas de cacao), la Compañía Envasadora del Atlántico que trabaja con 2.552 familias productoras de mango, guayaba y maracuyá en 11 departamentos del país logrando procesar 60 millones de kilos de frutas al año y      el grupo Oleoflores S.A (38 alianzas en un área que supera las 36.000 hectáreas de palma de aceite en Tibú y María la Baja). En este caso, los productores son dueños del 49% de la planta extractora de aceite.

Muchos no simpatizan con las alianzas estratégicas porque miden todo por el parámetro de la ganancia inmediata y así el medio se transforma en fin. El día que en Colombia todos los agro negocios se manejen bajo el esquema de las alianzas estratégicas o cooperativismo agrario, ese día dejaremos de ser ineficientes y menos dependientes de  los escasos subsidios del Estado.

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Esta semana hubo una noticia que causó un profundo desconcierto, no solo en una parte de la clase política del país, sino en la mayoría de los colombianos.

Los delegados de las FARC en Cuba, propusieron que ellos y los campesinos (aprovechando el Gran Pacto Agrario anunciado por el presidente Juan Manuel Santos), deberían tener tres sillas en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. 

La verdad sea dicha, las circunscripciones especiales de las comunidades indígenas, afro, colombianos en el exterior y minorías políticas, han sido un fracaso frente a las expectativas creadas por estos movimientos sociales. No es sano para la democracia del país seguir teniendo dos modalidades distintas de elección al legislativo a sabiendas que estos obsoletos sistemas son discriminatorios y vuelven el proceso electoral más difícil de entender para los electores y complicado de manejar para las autoridades. Sería un retroceso si el gobierno le da trámite a esta inconveniente propuesta. Los problemas del agro y de la insurgencia se resuelven con políticas de Estado y no entregándole unas sillas en el Congreso a unos miembros del movimiento Dignidad Agropecuaria y a la cúpula de las Farc.

Hay que aprender de los errores del pasado. Hace 25 años se sancionó la peor reforma política de nuestro país, al aprobar la elección popular de alcaldes que luego en 1991 fue ampliada a gobernadores. Este traspies permitió que se desplegara el mal de la corrupción y atrasó al país. Antes de 1988, los alcaldes eran designados por el gobernador de cada departamento, que a su vez era designado por el Presidente de la República. Si los candidatos no tenían las capacidades profesionales, buena trayectoria y reputación, no llegaban ni a portero.

Pues ahora en algunos casos los alcaldes son puestos por gobernadores y viceversa y estos a su vez imponen los candidatos al Senado y a la Cámara de sus departamentos. El verdadero carrusel o concierto para delinquir. Para ser miembro de este cartel regional de la política solo basta con ser ciudadano colombiano en ejercicio, haber nacido o ser residente del respectivo municipio o departamento, tener muchísimo dinero (si proviene de negocios ilícitos mucho mejor) y ser familiar o testaferro del anterior mandatario o el de turno (no importa que haya sido condenado o esté siendo investigado por actos de corrupción pública). Con este perverso sistema, es imposible que progresen nuestros pueblos.

Otro esquema que le hace daño a nuestra democracia son las alianzas entre partidos políticos para cogobernar. Estas coaliciones han agotado su ciclo de eficiencia, y se ve claramente con el gobierno Santos. Es evidente que el modelo está desgastado y es ineficaz para servirle a la ciudadanía aunque sí a una cuadrilla de parlamentarios que financian sus campañas y se enriquecen con los dineros públicos. Esa vaina, que para poder ocupar un cargo público haya que hipotecarle la dignidad, el criterio y el presupuesto de la entidad a un grupo de congresistas de un partido, es una práctica muy perversa.

Todos sabemos que el Congreso no es una casa de santos, pero tampoco debemos permitir que se convierta en una casa de corruptos y vagabundos que corrompen la política nacional.

Claramente en Colombia hay muchos políticos que son como el cangrejo, ese animalito que no tiene conciencia de sí mismo, saben lo mismo, hacen lo mismo y no existe ningún conocimiento que les permita ser distinto el uno del otro. Ambos van pa’ trás.

P/D: Al Pacto Nacional del Agro, le faltó el compromiso del gobierno de instituir los POT para el agro, las Escuelas de Emprendimiento Rural, un sistema de crédito oportuno, un techo de precios de insumos al productor, la nueva politica de riego y de asistencia técnica.

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Motivado por los paros agrarios y el reclamo del director de Corpoica a una de mis columnas, decidí irme el pasado fin de semana al sur del Atlántico a investigar cómo estaban los campesinos de los municipios de Santa Lucia, Suan, Campo de la Cruz, Candelaria y Manatí, tres años después de la tragedia que sufrieron por la inundación ocasionada por el rompimiento del canal del Dique.

Decidí empezar la jornada de trabajo recorriendo la zona rural del municipio de Santa Lucia. Allí me esperaban Nelson Conrado (director de la Umata) y el líder campesino Norman Polo, quienes me pusieron al tanto de la tragedia que han padecido en estos tres años. No tanto por los estragos que dejó la inundación, sino por el tortuoso e inoperante esquema de apoyo que han recibido por parte de los organismos que administran los recursos de ayuda de la Nación. 

Llegamos a la finca Villa Laudit (km 7 de la vía Santa Lucia-Calamar) de propiedad de Augusto Rojano, un campesino con las manos y el rostro curtido de tanto tirar machete y recibir sol. Allí encontramos sembradas una hectárea de plátano en pésimas condiciones, otra de yuca llena de raíz, 50 palos de mango pasmados, 5 naranjos y 10 árboles de limón enfermos y 30 papayos. Le pregunté por qué estaban en tan malas condiciones los cultivos y me respondió que Corpoica les entregó las semillas en noviembre, plena época de verano (no cae ni un estornudo) y nunca recibieron asistencia técnica. La pobreza es de tal magnitud, que los campesinos no alcanzan a tener ingresos superiores a los $150.000 mensuales. Lo peor del cuento es que tienen un distrito de riego que pasa por sus fincas, pero el Incoder no le ha dado la gana de ponerlo a operar.

No hay derecho que jueguen con la desgracia ajena. En la carta que envió Juan Lucas Restrepo (director de Corpoica) a este medio, afirma que el año pasado entregó 635.000 semillas de yuca, 150.000 árboles de mango, guayaba y cítricos, instalaron 174 hectáreas de sistema silvopastoriles, otorgaron 4.000 kg de pastos e instalaron cercas eléctricas a unas 600 familias campesinas. Yo no vi nada. El Procurador Alejandro Ordoñez y la Contralora Sandra Morelli, deberían echarse una pasadita por estas poblaciones para que evidencien esos tristes testimonios.

Para corregir estas ineficiencias es necesario que en Colombia se instituya un Plan de Ordenamiento Territorial para el agro, una herramienta básica de planificación y acción administrativa para forjar los objetivos de desarrollo agropecuario, ambiental y socio económico de los departamentos y la población rural. Se trata pues, de adicionar un articulo a la Ley 388 de 1.997 (Ley de Desarrollo Territorial) y al Decreto Reglamentario 4002 de 2004, en donde se establezcan unas condiciones, requisitos y procedimientos sobre los usos de los suelos. Con esta herramienta la alcaldía de Santa Lucia por ejemplo, le puede dar información a Augusto Rojano, respecto al clima, suelo, temperatura, cultivos que se pueden desarrollar competitivamente, manejo fitosanitario y empresas que le pueden comprar su producto. Además de reducir en tiempo y recursos los créditos bancarios.

Y ¿cuáles son las ventajas el gobierno local y nacional? Los Gobernadores podrán planificar que cultivos, cuanta superficie y en que zonas deben desarrollarse los proyectos productivos, priorizar la inversión en vías terciarias, definir las zonas agro-industriales, los Centros de acopio y las Escuelas de Emprendimiento Rural.

Por su parte el Gobierno Nacional, direcciona mejor los presupuestos de inversión para el sector y reduce su contribución económica, ya que solo subvenciona a aquellos productores del campo que verdaderamente desean gestionar de forma profesional y empresarial sus explotaciones agrícolas y ganadera. En fin, es un gana-gana para todos.  

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Agosto será un mes que quedará marcado en la vida del presidente Juan Manuel Santos. Las desacertadas decisiones de su administración frente a las políticas de los sectores del agro y comercio exterior tienen al país en una crisis agroindustrial de enormes proporciones.

Esta situación que se veía venir es el resultado de haber puesto frente a la cartera del agro unas personas con escasos conocimientos del sector y con prejuicios sobre los empresarios del campo. Hoy la economía campesina está totalmente desprotegida frente a los TLC y no vemos el impacto de los miles de millones de pesos que el Gobierno dice haber invertido en transferencia de tecnología, asistencia técnica, distritos de riego y subsidios a la comercialización. Alguien tendrá que responder.

Lo más sorprendente de este gobierno, es que sus tecnócratas no hayan aprendido de los errores del pasado. Con las propuestas presentadas esta semana para detener el paro agrario, lo único que van a conseguir es aplazar los problemas. Esto no se resuelve restructurando créditos, permitiendo la importación directa de insumos agrícolas, estableciendo salvaguardias, nombrando más policías en las fronteras o comprándole la leche a los campesinos Ubaté. Esto es como recetar aspirina para el cáncer.

La propuesta de reestructuración de los créditos a los campesinos quebrados, debería cambiarse por una compra de cartera, tal como se hizo en el pasado a través del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria –PRAN-. Ningún productor del campo va a perder tiempo en trámites de importación de insumos ante la Dian. ¿No es suficiente con los seis meses que duran tramitando un crédito ante el Banco Agrario? Deberían pensar en la expedición de una norma que establezca unos techos a los precios de los insumos al productor y así evitar que los intermediarios les arrebaten una parte de la rentabilidad del negocio agropecuario.

Pago por ver una salvaguardia a los productos subsidiados que entran de los Estados Unidos o la Unión Europea. Lo que deberían hacer es exigirles a los burócratas de Corpoica que trabajen en la implementación de pilotos de reconversión agropecuaria y transferencia de tecnología en los subsectores más críticos. Respecto al contrabando de alimentos, en vez de enviar más policías a vigilar las trochas de nuestras fronteras y exponerlos a que se los coman los mosquitos y los sobornos millonarios de los contrabandistas, deberían construir más puestos de control fronterizos e incrementar los sueldos a la policía fiscal aduanera.

El problema de los bajos precios de la leche por la importación de lactosueros y leche en polvo, no se va a solucionar obligando a Bienestar Familiar a comprar un volumen determinado de leche nacional todos los meses. Lo que se debe acordar con las pasteurizadoras son unos cupos de importación condicionados a la oferta nacional.

Otra gran falla del Gobierno Santos, es que el ministerio de Agricultura no está aplicando la Ley 811 de 2003, respecto a los compromisos de las cadenas productivas para articular técnica y económicamente a los productores con los transformadores, comercializadores y proveedores de servicios.

Este es el sentido común de las cosas, Señor Presidente.

Nota: En Colombia debería implantarse la figura de Senador Vitalicio para que los expresidentes de la república, sigan prestando un servicio a la patria, si así lo desean.

Nota 1: Por fin hubo humo blanco en la Cámara de Comercio de Barranquilla.

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“Nada será igual, todo va a ser mejor”. Esa fue la frase de una pequeña niña después de escuchar las promesas que hiciera el presidente Juan Manuel Santos aquel 4 de diciembre de 2010 en su inundado pueblo al sur del Atlántico. Infortunamente el presidente incumplió y ahora todo es peor.

Las condiciones de vida de los 90.306 damnificados antes de la inundación que los afectó distaban muchos de ser las ideales. Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) eran en ese entonces los más altos del departamento: Candelaria tenía un 74%;  Campo de la Cruz, 63%; Santa Lucía, 60%; Manatí, 58% y Repelón 52%.

La pequeña niña en su inocencia pensó que a pesar de haberlo perdido todo, ésta sería una gran oportunidad para mejorar su calidad de vida porque según las promesas, habría mejor infraestructura vial, viviendas nuevas, hospitales, escuelas, acueductos, alcantarillados y oportunidades de ocupación productiva dignas para sus padres. Pues el Presidente le quedó mal y ahora todo es peor.

Alguien dijo que “quien mejor conoce la naturaleza, trata mejor sus tragedias”. Para nadie era un secreto que la Universidad del Norte era la institución mejor preparada para ejecutar los programas de inversión para la recuperación y reubicación (con planificación y ordenamiento territorial, para mitigar el riesgo de futuras inundaciones) de las poblaciones afectadas. La capacidad administrativa, académica e investigativa que posee esta institución, eran prenda de garantia, no solo para ejecutar las obras bien y en el tiempo justo, sino, que garantizaban el buen uso de los recursos. Infortunadamente el Fondo de Adaptación prefirió contratar con los amigos del gobierno y ahora todo es peor.

La desesperación de Carmen Arévalo (directora del Fondo de Adaptación), por mostrar resultados de ejecución del presupuesto de inversión la condujeron a suscribir contratos inútiles sin ningun impacto en la recuperación economica de los damnificados. Tal es el caso de los 30.000 millones de pesos que le giró al director de Corpoica Juan Lucas Restrepo, para que zonificara las amenazas y la vulnerabilidad de la región, creara un sistema de alerta agroclimática temprana (SAAT) e implementara un sistema de transferencia de tecnología a nivel local. Lo curioso de este contrato es que en el 2005, Corpoica había adelantado un estudio similar para esta zona totalmente gratuito!. Con ese dinero se hubieran sembrado unas 10.000 hectáreas entre cultivos de yuca, plátano, mango y guayaba beneficiando unos 2.500 productores. (5 ha por familia). Infortunadamente esa platica se embolató y ahora todo es peor.

En su momento al Gobernador Antonio Segebre se le advirtió sobre el riesgo que corría la población afectada si dejaba en manos de estos tecnócratas capitalinos las decisiones de priorización y ejecución de los programas de inversión. Nadie entiende porqué el exministro Germán Vargas Lleras no construyó por ejemplo, una buena porción de las primeras cien mil vivienda gratis en esta región, si todas las variables de adjudicación estaban dadas. No sé cuántos disgustos lleva el gobernador Segebre con esta gente, pero claramente su paciencia y esperanza (al igual que la de los damnificados) debe estar agotada.

Como para rematar, también seguimos esperando de la Contraloría los resultados de las investigaciones anunciadas sobre las extrañas modalidades de contratación que se inventaron para ejecutar los más de 1.6 billones de pesos y que no tuvieron impacto sobre la zona afectada. Evidentemente el panorama es desolador, porque pasan los días y la situación es peor.

P/D: ¿Hasta cuándo los costeños vamos a permitir tantos atropellos del centralismo cachaco? Nos quitaron las regalías. La Mojana y la Vía de la Prosperidad son un fiasco. La navegabilidad del Río Magdalena sigue aplazada, la línea férrea no existe, La Guajira sigue con sed y ahora quieren hacer un negociado con el fondeo del puerto de Barranquilla.

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Gran parte de los colombianos están desorientados acerca de lo que es la actividad agropecuaria de nuestro país.

Ellos perciben al campo como un sector poco tecnificado, que abusa de los subsidios del Estado y generador de violencia. Es bastante injusto, porque son once millones de productores del campo que nos abastecen de nuestras tres comidas diarias a 47 millones de colombianos.

Los trabajadores del campo se enfrentan todos los días a tres variables de alto riesgo: el clima, los mercados y la política. Los dos primeros afectan tanto a los paperos de Boyacá como a los granjeros de los Estados Unidos y a los chacareros de la pampa argentina. La política también, pero en la medida en que haya políticas coherentes, consistentes y de largo plazo, el riesgo se mitiga. El problema es que en Colombia esas no existen.

Se ha puesto crítico en los últimos tres años porque la interpretación del Gobierno fue que para cuidar los tres platos de comida de los colombianos había que firmar todos los Tratados de Libre Comercio (TLC) que fuesen necesarios, sin importar las desventajas competitivas de nuestros productores. Esto ha dado pie a la importación de miles de toneladas de alimentos subsidiados a precios de huevo, teniendo como consecuencia inmediata la quiebra de miles de nuestros campesinos.

Para rematar, desde el Ministerio en vez de incentivar las inversiones, promover la trasferencia de tecnología y aumentar la producción, hay un serio enfrentamiento con gremios, empresarios y productores del agro, cuando lo lógico sería trabajar de la mano. Además, por falta de coherencia (o conocimiento) se armó un despelote jurídico sobre la tenencia de la tierra, con lo cual  ha paralizado la inversión en el campo. Entretanto, países como Brasil, Argentina, Chile y Perú  promueven grandes proyectos de biocombustibles, cereales y carnes para exportar a buenos precios a países como la China, India y Europa.

Como los actuales congresistas van a estar muy ocupados en los próximos siete meses buscando votos para reelegirse y el Ministro de Agricultura estará atareado repartiendo subsidios para atajar paros, es procedente que los dirigentes gremiales, la academia y los empresarios del campo iniciemos un trabajo de evaluación y definición a acerca de lo que demanda el mundo agrario para configurar unos lineamientos de política de Estado para el sector agropecuario.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que para 2020 la población colombiana estará alrededor de los 50 millones de habitantes (20% en la región Caribe), debemos comenzar por preguntarnos: ¿qué y cuanta agricultura necesitamos, si pretendemos incentivar la producción agropecuaria y atender la demanda interna y externa de alimentos? ¿cuáles deben ser las zonas de producción?, ¿cuáles deben ser los instrumentos y programas idóneos para alcanzar los objetivos definidos? y ¿cuál debe ser el presupuesto de inversión que demanda de la Nación?

Otro ejercicio que debemos iniciar paralelamente, son los estudios económicos y técnicos para echar a andar las Escuelas de Emprendimiento Rural (de vital importancia en el avance de la investigación agrícola y en la enseñanza de sucesivas generaciones), un Sistema Nacional de Canales de Irrigación (que proporcione agua a precios subsidiados a los ganaderos y agricultores), una Entidad Estatal de Infraestructura Rural, recuperar y fortalecer el transporte ferroviario, mayor inversión pública en investigación y desarrollo, fijar una política diferencial de tarifas de energía rural, promover los biocombustibles y el incentivo a la agricultura familiar.

Como decía Confucio: “Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes”

P/D: Los congresistas de la Comisión Quinta de Senado y Cámara deberían dedicarle más tiempo al estudio de la problemática del sector agropecuario del país. Dan vergüenza esos debates.

Escuche aquí audio de la entrevista con el columnista Indalecio Dangond 

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Santos en su intento por justificar su alejamiento de Uribe, pretende desdibujar las ejecutorias de los gobiernos uribistas.

Es decir, personas autoempleadas y que por no contar con garantías reales, se ven en la necesidad de financiar sus pequeños negocios a través de agiotistas que cobran comisiones exorbitantes.

Otro estudio afirma que el 80% de esas personas no solicitan préstamos pequeños porque la banca tradicional les restringe los créditos debido a que no cuentan con activos que los respalden, y a que la información de sus proyectos de negocio es deficiente. Estas dificultades para acceder a microcréditos (constituido por la Ley 550 de 2000), ha obligado a miles de personas a acudir a prestamistas inescrupulosos (pagadiarios o gota-gota) que les cobran tasas de interés superior al 90% mensual. Por un préstamo de 100 mil pesos a 30 días, deben pagar 3 mil pesos diarios. 

Esta situación condujo a que el gobierno anterior, apoyado por el Partido Conservador, implementara en el 2006 el programa de la Banca de las Oportunidades en conjunto con Bancoldex, con el fin de fomentar el microcrédito en las poblaciones rurales del país. Esto se haría a través de entidades financieras y los corresponsales no bancarios. El esfuerzo dio como resultado el desembolso de 7.5 millones de operaciones de microcréditos que han beneficiado a más de 2 millones de familias que accedían por primera vez a un crédito institucional. A enero de 2013, el total de las colocaciones (según datos de la Superfinanciera), alcanzaba los 7 billones de pesos. 

Aunque se han obtenido importantes avances, la cobertura sigue siendo mínima. A enero de 2013 -acorde con datos oficiales- el microcrédito tenía una participación de tan solo el 2.89%, en relación con la composición de la cartera de crédito nacional. Esta colocación de recursos ha estado concentrada en los Bancos Agrario, Bancamía, Precredit y el Banco de la Mujer. 

La poca participación de los intermediarios financieros en el programa motivó a que el Senador Efraín Cepeda radicara esta semana ante el Congreso de la República un importante proyecto de ley que contempla estas tres premisas: 1. Imponer a los intermediarios financieros la obligación de destinar el 5% del total de sus colocaciones para préstamos de microcréditos. 2. Remplazar la garantía hipotecaria por un plan de negocios presentado por el cliente y 3. Comprometer al  Gobierno a estimular el acceso al microcrédito en el sector rural con un esquema similar al del Grameen Bank de Muhammad Yunus (Premio Nobel de la Paz)

Para poder adelantar esta iniciativa, es procedente que la banca ofrezca préstamos compatibles en plazos y montos con el flujo de caja de las microempresas, haciendo que se conviertan en créditos rotativos y desembolsos inmediatos, en solicitudes de créditos simples con requisitos mínimos, tiempos cortos de estudios de aprobación y desembolso y disminución de costos administrativos. Lo anterior, sin modificar los esquemas de supervisión y riesgo consignados en las propuestas de Basilea respecto a las entidades que ofrecen microcréditos.

Es evidente que de aprobarse la iniciativa, mejoraría la posibilidad de ingresos de cientos de familias de bajos recursos, desaparecerían los pagadiarios y se fortalecería el comercio formal. La necesidad es imperante, sólo falta la voluntad de quienes pueden prestar los recursos.

P/D: Disculpas a mis lectores y al Ministro de Agricultura Francisco Estupiñan, por el error en la sumatoria de los créditos de fomento en mi columna de la semana pasada. Efectivamente el Ministro dio la cifra correcta de 17 billones de pesos, de los cuales el 60% lo han colocado la banca privada y el 40% restante, el Banco Agrario. 

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