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Indalecio Dangond (126)

Esta semana hubo un hecho que causó indignación entre los caleños y desconcierto en el resto del país. Cali, la sede natural para la firma del acuerdo comercial de la Alianza del Pacifico fue cambiada por Cartagena.

Para nadie es un secreto que este cambiazo del Gobierno Nacional obedece al disgusto con las autoridades locales por la incapacidad de contrarrestar  la ola de inseguridad que está azotando a la ciudad. Sobre todo porque es la ciudad que más recursos ha recibido en materia de seguridad.

En el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, el Valle del Cauca presenta las tasas más altas en homicidio, secuestro, extorsión y desplazamiento forzado del país. Estos actores de violencia (narcotráfico, oficinas de cobro, bandas de extorsión y secuestro, pandillas, etc),  se han ido estableciendo en las comunas de los barrios marginales de la ciudad desde donde coordinan toda su operación delincuencial. Obviamente esta situación ha afectado la tranquilidad de los caleños, el turismo y la inversión empresarial.

El problema de la inseguridad en Cali, al igual que en Barranquilla, Bogotá o cualquier ciudad del país, obedece a la falta de oportunidades de educación y un empleo digno y sostenible para esas miles de familias que han sido desplazadas por la violencia en las zonas rurales. Más que medidas represivas por parte de la policía, los alcaldes y el Gobierno Nacional, deberían inyectar más recursos en centros de prevención, formación y emprendimiento empresarial.

Los 2.134 menores de edad que conforman 134 pandillas en Cali, solo dejaran de transgredir las leyes, si encuentran oportunidades de desarrollar sus conocimientos y habilidades culturales y empresariales. En Cali -como en las demás ciudades capitales del país-, hacen falta más alianzas público-privadas como la creada por la Fundación Alvaralice, para construir más Tecnocentros Culturales para proveer servicios de tecnología y cultura a esas familias que están asentadas en los barrios o comunas con carencia de amoblamiento urbano, altos índices de violencia, desempleo y falta de oportunidades para el esparcimiento y la recreación.

Si se replica y se fortalece este tipo de programas, seguramente lograremos reducir en un gran porcentaje la triste estadística de los 2.028 jóvenes detenidos por la policía de Cali el año pasado.  Me cuentan que el Tecnocentro Cultural “SOMOS PACÍFICO” presta servicios de manera directa a 5.000 familias y de manera indirecta a 100.000 personas que habitan en la comuna 21 de Cali.

Las políticas públicas en materia de prevención y protección de los derechos humanos, de seguridad y oportunidades de empleo, de nada sirven si no se ejecutan bien. Los instrumentos, los recursos y la solidaridad del sector privado están ahí, solo falta el compromiso y la determinación de las autoridades locales.

Sin intención de ser moralista, el mundo es mejor si nos ayudamos los unos a los otros. Los caleños merecen el apoyo y solidaridad de todos los colombianos.

Hoy por ti, mañana por mí.

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El pasado 29 de enero tuve la oportunidad de asistir al foro económico Innovation Day de Hewlett Packard. Fue un evento que congregó a líderes de opinión y analistas con el fin de debatir los retos económicos, sociales y tecnológicos del país en el 2014.

Ricardo Ávila, Director del periódico Portafolio, hizo una breve introducción del panorama económico nacional e inmediatamente invito a subir al ring a los panelistas de la línea conservadora-gobiernista integrada por el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Juan Carlos Echeverry y el Presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master. Del otro lado se encontraba el congresista Miguel Gómez Martínez quien representaba la línea conservadora-realista y fue el más elogiado del debate a pesar de que los otros le cayeron en gavilla.

En el primer round, el ministro Mauricio Cárdenas lanzó varios anuncios sobre el crecimiento económico alcanzado en el país. Iniciamos el 2014 siendo la tercera economía de América Latina -después de Brasil y México-; en el tercer trimestre del año pasado tuvimos la tasa de crecimiento más alta de las economías latinoamericanas (5.1%); una inflación del 1.94% (la mas baja desde 1.995); se logró una emisión de bonos por un valor de 2 mil millones de dólares a un plazo de 30 años y una tasa de interés del 5.6% anual (algo nunca antes visto); casi 2 millones y medio de nuevos empleos y nueve autopistas de la prosperidad andando. El perfecto clima de optimismo para los inversionistas extranjeros.

En el segundo round subieron al ring Juan Carlos Echeverry y Bruce Mac Master. El primero aseguró que el país gozaba de este prestigio debido a que durante tres años mantuvo bien las finanzas públicas y no permitió sobreendeudamiento. El segundo subió al cuadrilátero reclamándole al Congresista Gómez, por haber afirmado en una de sus columnas de opinión, que en la ANDI estaban mostrando poca reocupación por el comportamiento negativo de la industria.

La verdad sea dicha, en el último año el expresidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, se dedicó a las negociaciones con la guerrilla de las FARC en Cuba y a la embajada en Washington, y Bruce Mac Master, apenas lleva dos meses tratando de implementar una agenda común de políticas públicas con los diferentes ministerios para enderezar este sector productivo del país.

En el tercer round, el congresista Miguel Gómez Martínez demostró con cifras concretas que lo que nos esta pasando en Colombia –como dicen los boyacenses- es otro paseo, con otras viejas, en otra quebrada.

En primer lugar dejó por sentado que sufrimos de la enfermedad holandesa. El 69% de nuestras exportaciones son combustibles y producción de industrias extractivas y el 75% de las importaciones son manufacturas. Una mezcla fatal que estimula la desindustrialización.

En el ranking para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de 139 países, Colombia ocupa el puesto 108 en vías, el 102 en ferrocarriles, 105 en puertos y el 89 en aeropuertos. Respecto a la calidad de la educación, al ritmo que vamos, necesitamos 194 años para alcanzar el nivel de Shanghai, país que obtuvo el mejor puntaje en las pruebas PISA. En tecnología e innovación presentamos un descenso y mientras Ecuador avanzó 15 puntos en nivel de competitividad, Colombia no avanzó. “En un mundo globalizado, no avanzar es retroceder”. Concluyó el congresista.

Ahí tienen pues, las dos caras de la moneda. Alguien dijo que “Un optimista es el que cree que todo tiene arreglo. El pesimista piensa lo mismo, pero sabe que el optimista no va a reglar nada”.

Escuche aquí el audio de la entrevista con el columnista Indalecio Dangond:

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Según el Documento Conpes No.3743/2013, el CIF ha servido para incentivar la siembra de 229.950 hectáreas forestales comerciales entre 1995 y 2012, con una inversión de 391.556 millones de pesos. En un documento de la FAO sobre políticas de incentivos para la forestación en América Latina, encontré que en Chile entre 1975-1994, plantaron 811.000 hectáreas con 272.000 millones de pesos. Es decir, con la inversión nuestra, los chilenos hubiesen reforestado 1.2 millones de hectáreas.

¿Qué hicieron ellos para ser tan eficientes y competitivos? En Chile la política de forestación partió de las premisas que existía la necesidad de recuperar suelos para el uso productivo y generar riqueza. Sobre todo a nivel regional. En ese contexto, mediante la Ley Decreto 771 de 1974, le asignaron al sector privado el papel de ejecutor y al Estado, el papel de establecer incentivos tributarios, jurídicos y financieros para las actividades de forestación y reforestación con planes de manejo a nivel predial.

Paso seguido, crearon la Corporación Nacional Forestal (CONAF) como entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector.

En pocos meses crearon oficinas regionales en todas las provincias del país para facilitar a los pequeños propietarios la inscripción de sus predios para el estudio de aptitud forestal y el consiguiente plan de manejo. Una vez evidenciaban el establecimiento de la plantación, el Estado otorgaba la bonificación forestal, equivalente al 75% de los costos netos. Así mismo, ejecutaban gestiones coordinadas ante el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que se ocupa del financiamiento y asistencia técnica de los pequeños agricultores y ganaderos, y otorga créditos de enlace para la forestación y silvopastoreo.

En Colombia, para que un campesino pueda acceder al incentivo forestal debe cumplir ante Finagro el siguiente proceso. En primer lugar debe conseguir en su vereda un computador con internet para entrar a la web de Finagro y leerse las 57 paginas de los términos de referencia de la convocatoria publica. Luego debe ingresar a unos enlaces (operaciones en línea y ventanilla única forestal ARTEMISA) para crear el usuario y la contraseña para que pueda diligenciar la inscripción. Además, debe anexar el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría y el certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría.

Luego debe tramitar la planilla CIF y adjuntar formato PEMF, evaluación financiera, georreferenciación, análisis de suelos, “fotografías aéreas” y certificado de tradición y libertad. Posteriormente un técnico forestal debe visitar el predio para realizar la validación técnica, se efectúa la validación jurídica y elaboración de la minuta del contrato y por ultimo debe expedir las respectivas pólizas a favor de Finagro. Si los recursos no se han agotado, le giran la platica del subsidio seis meses después. No se rían que es en serio! ¿Ya ven porqué el Gobierno incumplirá la meta de llegar a 600.000 hectáreas reforestada en el 2014?

En el 2013 Chile tiene reforestadas 2.3 millones de hectáreas y Colombia 300 mil de 17 millones de hectáreas aptas para la reforestación. Claramente, urge una Ley de bosques.

Escuche la opinión del columnista aquí:

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Como es de gratificante ver a nuestros organismos de control ejerciendo sus funciones de manera oportuna y eficaz.

No habían transcurrido tres días, cuando recibí de la señora Contralora Sandra Morelli, la respuesta a una petición que hice la semana pasada sobre el manejo poco eficiente que el Ministerio de Agricultura le viene dando a los dineros públicos destinados a brindar asistencia técnica a pequeños campesinos y otros incentivos de ayuda a los productores del campo.

Los hallazgos o cuestionamientos que la Contralora describe en 21 folios y que fueron remitidos el pasado 26 de diciembre al Ministro Rubén Darío Lizarralde, son igual o peor de graves a los encontrados por el Procurador Alejandro Ordoñez en el ineficaz modelo de recolección de basuras implantado por el alcalde Gustavo Petro en Bogotá. Tratándose de campesinos indefensos, es procedente que el señor Procurador inicie una investigación a los responsables de la implementación de estos programas de ayudas al campo.

En el informe de auditoria al Ministerio de Agricultura se evidencia que el programa Desarrollo Rural con Equidad –DRE- que tiene un presupuesto de 600 mil millones de pesos, no cuenta con indicadores de gestión, de resultados y mucho menos de impacto sobre las inversiones que el gobierno dice haber realizado en distritos de riego, ICR, subsidio de tasas de interés y asistencia técnica rural entre otros. Grave el asunto. Si el Procurador llegare a ordenar a sus funcionarios recoger los testimonios de los campesinos que teóricamente fueron beneficiados con esos subsidios, puede llevarse la misma sorpresa del ministerio de educación con los alumnos fantasmas de hace dos años.

Otro cuestionamiento delicado que la Contraloría hace en dicha auditoria, es la falta de idoneidad y eficacia de Finagro para ejecutar los programas de riego, reforestación, asistencia técnica rural y el Incentivo a la Capitalización Rural –ICR-Para nadie es un secreto que Finagro, cuyo objeto principal es la financiación de las actividades del sector agropecuario, le han colgado la ejecución de estos programas con el único propósito de brincarse el régimen de contratación pública. Por arte de magia vuelven los recursos públicos objeto de contratación privada como si todo fuera parte de su objeto social.

Obviamente el actual Ministro de la cartera agraria y el presidente de Finagro no fueron los que implementaron estos esquemas, pero deben corregir urgentemente. Esta fue la herencia que les dejaron Andrés Felipe Arias y Juan Camilo Restrepo. Lo mas insólito, es que sus cuotas burocráticas siguen ahí administrando y decidiendo sobre la ejecución de estos subsidios.

Es hora que el Gobierno Nacional y los gremios de la producción agropecuaria evalúen y rediseñen la operatividad de estos incentivos a los productores. Hay que volverlos ágiles, sin peajes y con impacto en el crecimiento y la productividad agropecuaria.

De nada sirve por ejemplo, que el ICA siga gastándose mas de 112 mil millones de pesos anuales en control de plagas y enfermedades en animales si con ello no esta logrando que nuestros productos sean admisibles en el exterior. El Incoder se gasta mas de 100 mil millones de pesos anuales en proyectos de desarrollo rural y los beneficiarios siguen sumergidos en la ineficiencia y la pobreza.

Los organismos de control están haciendo su tarea y nuestro deber como ciudadanos es respaldarlos. Sus actuaciones frente a las negligencias y malos manejos de los recursos públicos en Saludcoop y las basuras en Bogotá, deben ser aplicadas a los responsables de la ejecución de los programas de ayudas al campo.

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Respetada señora Contralora: El del 2013, fue el presupuesto mas alto en toda la historia del Ministerio de Agricultura con una asignación de 2.6 billones de pesos.

Sin embargo, preocupa mucho que con semejante inyección de recursos, 12 millones de colombianos que viven en zonas rurales no hayan salido de la pobreza e indigencia.

Conforme a lo establecido en los Artículos 267 y 268 de la Constitución Política de Colombia y con base a la nueva concepción del control ciudadano en la vigilancia de los recursos públicos y de la gestión estatal, voy a solicitarle formalmente investigue y constate en “campo” –no en las oficinas de Bogotá-, la ejecución y el impacto de dichos recursos. Para facilitarle el trabajo, sugiero revisar los siguientes programas:

En el programa de Incentivo a la Asistencia Técnica Directa Rural, según el presupuesto del 2013 del Ministerio de Agricultura, se invirtió 86.500 millones de pesos más una contrapartida de 21.625 millones de pesos que aportaron los municipios escogidos. Si el monto máximo por usuario es de $367.500, la Contraloría debe verificar que existen de carne y hueso 294.217 productores que recibieron por parte del consultor –escogido por el Incoder y contratado por Finagro- una asistencia técnica adecuada que les está permitiendo generar un ingreso superior a los $ 700.000 mensuales. De no ser así, aquí hubo un gran detrimento de los recursos públicos y se requiere urgente la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal.

Respecto a este tema, sería conveniente que Finagro explicara con qué criterios contrató una asistencia técnica en el 2011, con Fundepalma y Cordeagropaz por un costo por productor de $1.659.018 y $992.491 respectivamente, mientras el Ministerio de Agricultura con el Incoder lo hicieron en $320.000 por familia en licitación que abrieron en 2012.

En el 2013, también se invirtieron $ 9.286.250.000 en el programa de Servicio de Asistencia Técnica Especial para pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad localizados en las regiones del Catatumbo, Montes de María, Macarena, Tumaco, Nudo de Paramillo, entre otras, (donde las Farc pretenden montar con el Gobierno las Zonas de Reservas Campesinas). El objetivo de este contrato es bien extraño, dizque para brindar acompañamiento integral para mejorar el acceso a los instrumentos de política sectorial. Que descarados! Pues Contralora, con esos recursos debieron haberse beneficiado 25.268 productores (con nombre y apellido, vereda y finca) que deben estar desarrollando proyectos productivos que generan ingresos superiores a un salario mínimo mensual. Si no es así, esa plata se perdió.

Otro programa al cual es urgente meterle lupa en campo es el Incentivo para proyectos forestales comerciales, más conocido como el CIF. El presupuesto asignado en el 2013, fue de 61.152 millones de pesos. Si el Ministerio de Agricultura reconoce el 50% de los costos de establecimiento y mantenimiento de los primeros cuatro años, que son aproximadamente $4.200.000 por hectárea  (especies como acacia, teca, melina y eucalipto), quiere decir, que en el 2013 debieron reforestarse 14.560 hectáreas. Pago por verlas! Lo incoherente de este programa, es que en el Plan Nacional de Desarrollo establecieron como meta llegar al 2014, con 600 mil hectáreas reforestadas.

Claramente, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural le ha faltado planeación estratégica. La falta de claridad y precisión en la definición de las metas, cronogramas e indicadores de gestión, así lo demuestran.

Continuará…

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Esta vaina de la política tiene que ser el mejor negocio ilícito que se hace abiertamente en Colombia o tenemos el peor sistema democrático del mundo.

De lo contrario ¿cómo explicar que para 166 vacantes en la Cámara de Representantes se hayan presentado 1.602 candidatos y para los 102 cupos que existen en el Senado se hayan inscrito 806 interesados? Hasta los indígenas y las negritudes ya se dejaron contagiar de la fiebre.

Según el reporte entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los comicios del 9 de marzo del año entrante vamos a encontrar un tarjetón con 2.438 personas aspirando al Congreso. Una cosa de locos. Ya entiendo porque una campaña política de estas puede costar entre los 1.500 y 5.000 millones de pesos. Ellos tienen las cuentas bien claras y la organización bien montada. Para asegurar una curul al Senado deben conseguir 35.000 votos que a razón de cien mil pesos cada uno, les da un presupuesto de 3.500 millones de barras. Cada teniente o líderes electorales de pueblo, tienen sus grupos de votantes organizados en los patios de sus casas y los ponen a votar de cinco en cinco. Las tulas con el dinero, por lo general llegan un día antes. Si el sueldo promedio de un Congresista es de 24 millones de pesos mensuales ($1.152 millones en cuatro años), ya se imaginarán como van a recuperar la diferencia.

Se preguntarán ustedes ¿y de dónde sacan tanto dinero para financiar una campaña política? Pues hay muchas formas. La mermelada que les reparte el Gobierno es una de ellas. Un caso patético, es el que han denunciado varios medios de comunicación con respecto a los nombramientos que hizo recientemente el Gobierno en el Banco Agrario, ICA e Incoder. Supuestamente los designados son fichas de los senadores conservadores Roberto Gerlein, Efraín Cepeda y Hernán Andrade. Los presupuestos de contratos y asesorías de esas entidades superan los 1.6 billones de pesos al año, además de un número importante de empleados votantes. Otras modalidades de financiación son el contrabando, el narcotráfico y la hipoteca de sus propiedades a contratistas del Estado.

Claramente, los traficantes de la política son los que tienen a este país en una hecatombe institucional. El espectáculo de la conformación de las listas al Congreso de los partidos la U y Conservador dejaron un manto de dudas sobre muchos personajes cuyos familiares han estado vinculados con estas prácticas clientelistas e ilícitas. A esos cargos, como los de elección popular de alcaldes y gobernadores, están llegando muchas personas mediocres, sin ningún mérito y sin las competencias para ejercer dichas dignidades. El progreso de sus regiones y su gente, les importa un pepino y solo piensan en incrementar su patrimonio y el de su familia.

Las listas están inscritas y todos sabemos quiénes son los traficantes de esta política en Colombia. Si queremos que este país mejore en algo, no vendan su voto.

Escuche aquí el audio de la entrevista al columnista Indalecio Dangond:

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La ola de extorsiones que se vienen denunciando en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Sincelejo, ahora se trasladaron a Valledupar. Si el Gobierno Nacional no le pone un “tatequieto” inmediato a este delito, se podría repetir la historia de 13 años atrás.

La denuncia hecha esta semana por el cantante vallenato, Silvestre Dangond, es una más de las 2.316 que se han instaurado este año en la zona. Lo que se estima es que el número de extorsiones (sobre todo contra los ciudadanos de a pie), sobrepasa los reportes oficiales de las autoridades y según cálculos de los gremios, cada año se pagan más de 2 billones de pesos en vacunas. Lo grave para este país es que el monto anterior no incluye las extorsiones de los funcionarios públicos a los contratistas del Estado, las de algunos congresistas al Gobierno Nacional y las payolas que algunos directores de radio cobran a los artistas. Vivimos en un país de extorsionistas.

Es de la mayor gravedad el asunto, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos y mucho menos tomar el mal ejemplo del alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, quien en una actitud sospechosa -por decir lo menos- dijo a los medios de comunicación que tenía información de que esos hechos eran consecuencia del pago atrasado de un sueldo. Lo sucedido en las propiedades de Silvestre Dangond es un hecho criminal que no es justificable de manera alguna y mucho menos con acusaciones falsas. El gato cuidando a los ratones.

El trámite del proyecto de ley que el Ministerio de Defensa estructuró para aumentar de 16 a 32 años de cárcel las penas para la extorsión, sigue a paso de tortuga. Es innegable que el ministro Juan Carlos Pinzón ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, pero una golondrina no hace verano. Primero, porque como todos bien sabemos, los congresistas no se van a enterrar ellos mismos el cuchillo y segundo, porque nuestro sistema judicial y carcelario está agónico. La desconfianza de las víctimas hacia la administración de justicia es de tal magnitud, que la mayoría de las veces prefieren guardar silencio, dadas los privilegios con las que cuentan los delincuentes y el poco tiempo que toman en volver a extorsionar luego de las pesquisas penales.

En este país lo que hace falta son políticas públicas que brinden igualdad de oportunidades para que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su prosperidad. Lo que el ex presidente Álvaro Uribe llama “cohesión social”. Estas actividades criminales de robo de ganado y extorsión a comerciantes, moto taxistas y vendedores ambulantes (comercio informal) se dan por falta de oportunidades de un empleo productivo que permita a estos delincuentes tener una vida digna. Las brechas socio-económicas en Colombia son muy grandes y es por ahí por donde debemos comenzar a buscar la solución a estos problemas de inseguridad.

Es inaudito que llevemos siete años sin una política efectiva de ocupación productiva para las 32.000 personas desmovilizadas del proceso de paz con los paramilitares y los 9.000 desmovilizados de grupos guerrilleros. ¿Como no se le ocurrió a los ex ministros Juan Camilo Restrepo y German Vargas Lleras, entregarles un predio baldío y una vivienda gratis a estos desmovilizados? ¿Porqué el señor Bruce McMaster que manejó un presupuesto de mas de 5 billones de pesos, no implementó un programa de ocupación productiva para estas personas? ¿En que se han gastado los miles de millones de pesos la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración?

Señor Presidente, Señores Magistrados de la Corte Constitucional y señor Procurador Alejandro Ordóñez, es hora que tomen cartas en el asunto. Como dijo el poeta y compositor vallenato Gustavo Gutiérrez Cabello. “No queremos que violencia vuelva al Valle”.

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El proyecto de “ley de baldíos” radicado ante el Congreso y posteriormente retirado por el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde -en un tiempo record-, es una clara señal que en este gobierno cada quien va por su lado y no hay quien los coordine desde Palacio.

No es la primera, ni será la última reculada del Presidente Juan Manuel Santos. Ya lo había hecho con las reformas a la justicia y a la educación. Aquí no sabemos quién maneja la agenda del agro. Un día manda el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo, el otro el día quien decide la agenda son los Ministros del Interior Aurelio Iragorri y el de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas. En este caos institucional, los únicos aprovechados son los hermanos godos y el Movimiento Dignidad Agropecuaria.

Estimo, admiro y respeto al ministro Rubén Darío Lizarralde, pero la reculada que se pegó con el proyecto de ley sobre baldíos -por orden desde La Habana y del Presidente-, lo dejó muy mal parado ante la opinión pública y los gremios de la producción agropecuaria. Encima de haber perdido el 60% de sus funciones por sus inhabilidades y el 30% por estar mal rodeado de recomendados clientelistas godos, ahora enredó su credibilidad ante los colombianos. Es mejor que renuncie, todavía está a tiempo de salir con honorabilidad.

¿Quién habrá sido el torpe que aconsejó al ministro Lizarralde presentar un proyecto de ley tan endeble en su contenido y a escasamente dos semanas de cerrarse esta legislatura? Si en estos seis meses el ausentismo de los congresistas ha sido bastante evidente, menos van a ir a trabajar en plena Navidad!

Nunca había visto tantos proyectos de ley para proteger el agro, pero tampoco había visto en mi vida, un campo tan desprotegido por un gobierno. El economista y político soviético Nikolai Bukharin decía que “En la economía las soluciones rinden más que los problemas; en la política, los problemas valen mas mucho mas que las soluciones”. Infortunadamente el Presidente Juan Manuel Santos ha conducido la locomotora del agro con políticos clientelistas y no economistas expertos en desarrollo agroindustrial.

¿Qué hacer? Si la solución estuviera en mis manos, mandaría a recoger toda la legislación que existe sobre el agro y me sentaría dos meses con los congresistas de la comisión quinta, los presidentes de los gremios de la producción agropecuaria y los representantes de los campismos a configurar una política de Estado para el sector agropecuario, que recoja la visión de todos los sectores políticos y sociales del país y que sea funcional a los intereses estratégicos de la nación. Definir por ejemplo, a través una planeación estratégica (POT rural), el aprovechamiento de nuestros suelos. Aquí existe el mito que nuestras tierras son ideales para todo tipo de cultivos, sembramos en las montañas y criamos ganado en la planicie, aprovechando menos del 5% de las tierras de nuestra región.

Señor Presidente, como dice el refrán “Por más que madrugues no amanecerá más temprano”. Las reculadas aun en las trochas, no son buenas. Recapacite!

P/D: En el partido de la U están tan desesperados con la ausencia de verdaderos líderes en su lista al Congreso, que su presidente Sergio Díaz Granados a recurrido a proponerle al Pibe Valderrama encabezar la lista al Senado por su partido. Que descrédito para uno de los mejores futbolista de Colombia y que irrespeto a la Constitución Política de Colombia.

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Quedó despejada la duda. El presidente Juan Manuel Santos decidió apostarle a la reelección y con ello cerró la única posibilidad que tenia German Vargas Lleras para ser inquilino de Palacio de Nariño.

Está demostrado que entre cachacos no se pisan la manguera.

En su corto discurso televisivo (de ocho minutos) el Presidente Juan Manuel Santos le notificó a los colombianos que su arriesgada decisión obedecía a dos razones: Una, sacar adelante el proceso de paz con las Farc y la otra, terminar en ocho años lo que prometió y no pudo cumplir en cuatro. Nadie se la creyó.

La situación del presidente-candidato es critica porque según una encuesta de Datexco para la W radio y el Tiempo, el 78% de los colombianos no está de acuerdo con su reelección y el 63% está en desacuerdo en la forma como está conduciendo el proceso de paz. Revertir esta tendencia en un indicador que genere tranquilidad (digamos un 60%) no se logra en tres meses.

Para que el presidente-candidato tome algo de impulso tendrán que poner toda su maquinaria clientelista (los Roy Barreras, Benettis, Gavirias y los hermanos godos) a untar la mermelada en el pan de los famélicos gobernantes regionales. No tienen otra alternativa de enfrentar y ganarle al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien goza de una favorabilidad y arraigo popular en todas las regiones del país. El agradecimiento y la confianza de un líder, no se compran con mermelada. Cada vez que lo atacan se les devuelve negativamente. Los tiene desesperados con la candidatura del preparado y competente Oscar Iván Zuluaga, quien se les ha convertido en la versión mejorada del Mockus 2010.

No hay que confiarse, en este país desmemoriado el billete casi siempre termina imponiéndose sobre el voto de opinión. No hay cosa mas segura que hacer campaña política con dineros públicos, del narcotráfico o del contrabando. Ahora entendemos porqué hace dos años atrás el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, planeó centralizar las regalías en Bogotá. La mermelada -el fachoso nombre que le puso el ex ministro Echeverry a los recursos de regalías- tenia su maquiavélico propósito.

¿Alguien sabe quienes son los que deciden sobre la destinación y los rendimientos financieros de estos millonarios recursos públicos? ¿Qué bancos extranjeros y personas se están lucrando con la rentabilidad de los mismos? Buena pregunta para nuestra eficaz Contralora Sandra Morelly, que por estos días anda picá de culebra. Si revisa el debate que hace un tiempo atrás le hizo el juicioso Senador Jorge Enrique Robledo al ex ministro Echeverry, se puede llevar muchas sorpresas.

Otra mermelada que anda de fiesta, es la que le repartieron a los clientelistas hermanos godos. La indigestión les embolató el proceso de escogencia de un candidato a la presidencia de la Republica. Según el portal de noticias La Silla Vacía, al senador Hernán Andrade le entregaron el Incoder, cuyo presupuesto de contratos supera los 461.000 millones de pesos; a Roberto Gerlein le adjudicaron el Banco Agrario con una tesorería en contratación superior al billón de pesos y a Efraín Cepeda lo premiaron con la tesorería del Ica, que supera los 180.000 millones de pesos en contratos de inversión. Con esa mermelada, deben garantizar 280.000 votos en el Atlántico y 250.000 en el Huila.

Mientras en Colombia continuemos con este sistema de reelección presidencial y elección popular de alcaldes y gobernadores, no va a ver voto de opinión que ataje esta hemorragia clientelista y corruptiva.

P/D: Sigo indignado y ofendido con las tractomulas de papas podridas que envió el Gobierno Santos a varios municipios costeños. Al sancocho costeño y al mote e’ queso no se le echa papa!

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Pa’ que se acabe la vaina entre el Senador Jorge Enrique Robledo y el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, y entre la Contralora Sandra Morelli y el Fiscal Montealegre, el Congreso debería tramitar con urgencia una ley que prohíba a los funcionarios públicos ejercer sus funciones si tienen algún impedimento.

En el tropel del ministro de la cartera agrícola con el senador del Polo, los grandes damnificados son los productores del campo, porque no tendrán la legislación adecuada, los programas y los recursos de inversión para solucionar a tiempo los problemas de falta de competitividad de sus negocios. El Senador Robledo peca por el exceso de entorpecimiento del desarrollo agropecuario del país. Es el senador NO. No propone nada. El ministro Lizarralde por su parte, se dejó meter en el juego sucio de las chuzadas para desprestigiar al Senador y salió mal parado.

Este bochornoso espectáculo es consecuencia de la falta de gerencia de Palacio. Primero designan a un ministro que durante tres años se dedicó a pelear con los gremios de la producción y los empresarios del campo. Ni siquiera fue capaz de sacar adelante el programa de restitución de tierras. Para terminar de fregar el campo, el Gobierno en un pacto clientelista, le entrega a los hermanos godos las entidades claves (Incoder, ICA y Banco Agrario) para el desarrollo rural. Parecen vainas de Gabriel Silva, el mismo que se bebió la Federación de Cafeteros y la Embajada en Washington. El que es capaz de quebrar hasta un peaje.

Si el Concejo de Ministros resuelve la recusación a favor del Senador Robledo, al ministro Lizarralde no le queda otro camino que el de renunciar. Seria su mejor decisión, no sea que mas adelante le toque gastarse sus ahorritos en abogados para defenderse de las denuncias que se le vienen encima ante la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.

Entre tanto la pelea entre la Contralora Sandra Morelli y el Fiscal Eduardo Montealegre se ha convertido en un problema muy grave para nuestras instituciones. Son graves las denuncias de la Contralora contra el fiscal Montealegre por presuntamente haber recibido honorarios de Salucoop, por concepto de asesorías, estando ejerciendo como fiscal. Por su parte, las investigaciones que adelanta el Fiscal contra la Contralora Morelli, por unas supuestas interceptaciones (chuzadas) a unos periodistas, así como el polémico arrendamiento de la nueva sede de la entidad, cuyo arriendo excede los 2.500 millones de pesos mensuales, dejan un manto de dudas sobre estas actuacciones. Todo esto ya parece Macondo y claramente entre ese realismo mágico no habrá ganadores.

El juglar Emiliano Zuleta Baquero en una piqueria con Lorenzo Morales le cantó este verso “Me lleva él, o me lo llevo yo, pa’ que se acabe la vaina….” La vaina en esta pelea a muerte, es que quien pierde es Colombia.

P/D: Las 600 toneladas de papas que el Gobierno compró en Boyacá y Nariño para atajar el paro de los campesinos, fueron a parar a las poblaciones de la Región Caribe. Increible que el presidente no sepa que a los costeños nos gusta es la yuca y ñame. Contralora, esa platica se perdió.

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