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Indalecio Dangond (126)

A partir del próximo 7 de agosto, el nuevo   que designe el presidente Juan Manuel Santos, tendrá dos retos importantes. Uno, retomar el liderazgo en los temas de su cartera y dos, resolver los cuellos de botella que obstaculizan la productividad, competitividad y rentabilidad del sector agropecuario en Colombia.

Para lograr lo anterior, el nuevo ministro de la cartera agraria deberá rodearse de experimentados profesionales -sin padrinazgo político- que ejecuten eficazmente sus tareas y trazar un plan de acción que estimule y apoye la producción de los bienes primarios, proporcionando información a los agricultores y ganaderos acerca de qué, donde, cuándo y cuanto producir (El POT agrario que propuse el año pasado al gobierno nacional). No se puede seguir hablando de competitividad de productos agrícolas, forestales y pecuario sin hacer referencia a los lugares donde exhiben competitividad.

En un reciente estudio de la Agencia para el Desarrollo Internacional –USAID-, sobre las perspectivas de la competitividad agrícola de Colombia, se detectaron 71 productos agropecuarios altamente competitivos en el país. Con esta información el gobierno lo único que debe hacer es direccionar los recursos de investigación, tecnología, crédito, infraestructura y servicios públicos para lograr una producción orientada al mercado y establecer un mecanismo que permita balancear la oferta y la demanda, proporcionando un marco organizativo que coordine la producción y el consumo en términos de cantidad, calidad, tiempo y lugar.

En dicho estudio, se comprobó por ejemplo que el aguacate es altamente competitivo solo en 11 zonas de los departamentos de Valle, Risaralda, Cauca, Caldas, Antioquia y Santander. Si enfocamos los recursos hacia esos productores, estaremos en condiciones de atender la demanda en aguacate de los Estados Unidos, que supera los 900 millones de dólares al año. De igual manera debe hacerse con el caucho en el Caquetá, el cacao en Santander, la papaya en la Unión Valle, la palma en el Catatumbo, el brócoli en el distrito de riego Chicamocha Santander y la carne de res de Córdoba, para citar unos cuantos ejemplos.

Otra tarea importante del nuevo ministro de Agricultura, será darle un revolcón a los ineficientes y perversos programas de subsidios e incentivos al sector agropecuario, cuyos recursos se están quedando en los bolsillos de un cartel de consultores teóricos del ministerio de agricultura, el Incoder y demás entidades.

El programa DRE ha sido un fiasco, el programa del Pacto Agrario es un tanque de mermelada de un billón de pesos para repartirlo entre alcaldes y gobernadores en proyectos ineficientes, el programa de incentivo de asistencia técnica a a familias campesinas se lo robaron todito y los incentivos para la forestación, riego, seguro agrario, precios, etc., se reparten sin control, de forma imprevisible, bajo criterios políticos y de forma arbitraria e injusta. No tienen en cuenta por ejemplo, la buena gestión de unos frente a la mala gestión de otros, igualan a todos por abajo.

Como puede ver señor Presidente, al igual que el ministerio de las TIC, el de Agricultura también requiere un técnico con liderazgo y sin padrinazgo político. Tome el riesgo y verá que saca el campo adelante.

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Los procesos electorales que se llevan a cabo en los países democráticos juegan un papel importante en la evaluación de la gestión y las responsabilidades políticas de los gobernantes. A través de esos procesos los votantes tienen la potestad de castigar sus malas decisiones y por ende ratificarlo en su cargo o sustituirlo por otro aspirante.

En los comicios del pasado domingo, esta herramienta de control político tuvo una gran incidencia en la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Si ustedes recuerdan, en las elecciones del 2010 el Presidente obtuvo el 69% del total de los votos. Cuatro años después –con toda la maquinaria política a su disposición–, esta se redujo al 51% del total de la votación.

El mensaje es bien claro. El 49% de los ciudadanos castigaron con sus votos el incumplimiento de varias de las promesas hechas para sus primeros cuatro años de gobierno y en este segundo mandato habrá un control más estricto sobre el proceso de paz que se negocia en La Habana, las reformas que ha planteado en salud, educación y justicia, las inversiones en infraestructura para conectar la altillanura y el centro del país con nuestros puertos y a la inversión que prometió al campo para sacarlo del abandono e ineficiencia en que se encuentra.

Con el resultado tan parejo entre la votación de Óscar Iván Zuluaga y el reelecto Presidente, este segundo mandato va a ser mucho más complicado que el primero. Ahora no solo tendrá una bancada de oposición muy fuerte en el Congreso (Polo, Conservadores y Centro Democrático), sino que tendrá a 7.6 millones de colombianos haciéndole control político a su gestión. Lo dijo en su momento J.F. Kennedy: “Se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la otra mitad en contra”.

El presidente Santos es consciente que viene con un sobregiro muy grande de su anterior gobierno y que la única manera de saldar la cuenta es cumpliendo eficazmente con sus promesas de gobierno. En primer lugar tendrá que comenzar a desmarcarse de esos funcionarios cercanos que han sido incapaces de leer las cartas de navegación que se fija (los delfines de Anapoima), y rodearse de verdaderos gerentes que resuelvan los problemas que tienen sumergido en el atraso económico y social al país.

A mi juicio hay un problema de gerencia en Casa de Nariño. Al presidente Santos le hace falta un Pékerman, que, desde Palacio, le mantenga ordenados a los jugadores como los requiere el país. Ya no podrá darse el lujo de seguir siendo un gobernante aislado y distante y muchos menos, seguir entregándole el manejo de los fondos públicos (‘mermelada’) y las tesorerías de las entidades claves para desarrollo del país a esa cuadrilla de políticos deshonestos de su Unidad Nacional Electoral.

Para retomar la confianza de los colombianos no basta con proponerse hacer las cosas de forma correcta y honrada, sino que además hay que efectivamente hacerlas de esa manera. Con estos resultados electorales (51% - 49%), el presidente Santos tendrá que cambiar de táctica en su forma de gobernar. En este segundo mandato veo una marcación hombro a hombro y eso es bueno para nuestra democracia.

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En una reciente publicación del portal de noticias “Las2Orillas”, se denunció que en el “Computador de Palacio” existe una lista de congresistas a los cuales el Gobierno les asignó unos cupos indicativos para reparar cientos de kilómetros de vías terciarias por donde nuestros agricultores y ganaderos sacan sus productos al mercado.

En la lista aparecen entre otros, Musa Basaile con 68.000 millones de pesos; Miguel Amín, 26.732 millones; Laureano Acuña, 22.400 millones; Yahir Acuña, 14.000 millones; Efraín Cepeda, 11.650 millones; Karime Motta, 11.000 millones y Alfredo Deluque con 6.000 millones. En total el Gobierno repartió 1 billón 521 mil millones de pesos. Todos los parlamentarios que recibieron esta mermelada sacaron una tremenda votación en las pasadas elecciones al Congreso.

Las inversiones en reparación de vías terciarias son las partidas presupuestales más peleadas por los congresistas, porque es donde mas fácilmente pueden sacar una buena tajada del contrato. En el arreglo de una vía veredal por ejemplo, como no hay pavimento ni concreto, el contratista en vez de echar las 500 volquetadas de tierra que requiere la obra, podría arrojar 50, el resto quedaría disponible para un potencial desvío ya sea en contubernio con el congresista, el alcalde y/o el auditor. Lo mismo sucede con las placa huellas, tuberías, cañerías y cunetas.

Lo grave del asunto es que muchos vigilantes del erario –quienes son sujetos de sobornos- terminan confabulándose con los ordenadores del gasto para tapar el ilícito. Para los auditores no parecieran ser relevantes las cualidades de ética y rectitud para conservar el cargo porque la verdad sea dicha, prima la seguridad que les da hacer el favor del torcido a su padrino político. Lo mismo sucede con un porcentaje significativo de Contralores. Ellos se preocupan más por satisfacer a los congresistas, diputados o concejales que los eligieron, que cumplir con sus deberes.

Mientras en Colombia no exista una total independencia entre quien ejerce el control fiscal y quienes son fiscalizados, no podremos erradicar estos niveles tan altos de corrupción. Las contralorías del orden nacional, departamental, distrital y municipal, se han constituido en una carga burocrática con altos costos de funcionamiento y pocos resultados a la hora de vigilar, controlar y recuperar los bienes públicos.

Una solución para acabar con este maridaje ilícito, es desligar a los auditores de los Contralores. La vigilancia de la gestión fiscal se debería hacer por medio de entidades privadas constituidas por profesionales de la contaduría, expertos en auditorias y revisoría fiscal, para que ejerzan auditorias financieras y de desempeño que permitan establecer el grado de eficiencia y eficacia de las entidades publicas. Todo ello, bajo la inspección y vigilancia de la Contraloría General de la Republica.

En conclusión, la Contraloría debería enfocar sus objetivos en mejorar las normas de control interno, así como los principios de contabilidad que deben aplicarse en el manejo de los recursos de la Administración Pública. Por su parte, las contralorías departamentales, distritales y municipales, deberían convertirse en organismo de inspección y vigilancia de las firmas privadas de auditores y revisores que presten al sector publico los servicios de control fiscal. Como una especie de superintendente de fiscalización.

En el tintero: Mañana voy a castigar con mi voto el pésimo manejo de la política agraria, las oportunistas alianzas electoreras, a los mermelados congresistas y a los traficantes de la paz en Colombia.

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Como van las encuestas, al presidente Juan Manuel Santos le puede suceder lo mismo que al ex presidente Jimmy Carter en 1980, que siendo presidente no logró obtener un segundo mandato por los malos resultados en su política exterior y la sobrerregulación del gobierno en todos los sectores. Los americanos lo castigaron con el voto y eligieron a Ronald Reagan.

El castigo que le van dar los colombianos al presidente Santos en las urnas el próximo 15 de junio obedece al incumplimiento de sus promesas de gobierno, al oportunismo político electorero con quienes hasta hace unos días eran sus peores detractores, a la descarada ‘mermelada’ repartida a políticos corruptos para la compra de votos y al oculto proceso de negociación de paz en La Habana.

En todas las encuestas hemos visto que más del 70% de los colombianos están en desacuerdo con las políticas llevadas a cabo durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos. En sus cuatro años de gobierno se le hundió (a buena hora) la vergonzosa reforma a la Justicia (la que Simoncito Gaviria ni siquiera ojeó), fracasó con la reforma a la Educación, nos hizo conejo con la reforma Agraria y la Ley de Tierras está siendo redactada en La Habana. Para rematar, esta semana se le hundió la reforma ordinaria a la Salud en la Cámara de Representantes. Peor no podría estar su credibilidad ante los colombianos.

Ni qué hablar del fracaso de sus locomotoras y los programas banderas de su gobierno. De 100 mil viviendas gratis que prometió en el 2013, solo alcanzaron a escriturar 12.197, es decir, tan solo un 7% de lo ofrecido. El programa de restitución de tierras ha sido un fiasco, de 160 mil familias solo le han restituido los predios a unas 900 familias campesinas que fueron expulsadas por la violencia. Las tan anunciadas autopistas de la prosperidad terminaron siendo unos interrumpidos trayectos de doble calzada, nuestra industria crece a tasas negativas y los TLC lograron que pasáramos a ser el tercer país importador de productos agrícolas en Sur América.

Si revisamos los proyectos de inversión en las regiones del país, la cosa es peor. En la Región Caribe, por ejemplo, los guajiros se quedaron esperando el acueducto regional que les llevaría agua a más de 500 mil habitantes. En el Magdalena se quedaron viendo un tierrero con la Vía de la Prosperidad, y en el sur del Atlántico, como en La Mojana, los damnificados de la ola invernal fueron engañados con las ayudas prometidas. Las concesiones para la puesta en marcha de la línea férrea del tren del Carare y la navegabilidad del río Magdalena se quedaron en vanas promesas.

Seguramente el voto castigo contra el presidente Santos se verá reflejado en el incremento del voto en blanco, la abstención y en el aumento de la votación del candidato Óscar Iván Zuluaga. Ya lo había advertido en una de mis columnas, que al presidente Santos le iba a quedar difícil recuperar, en seis meses la confianza de los colombianos.

En el tintero: advertencia a los ‘mermelados’ políticos costeños. El artículo 390 del Código Penal castiga con prisión de hasta 7,5 años de cárcel a quien compre votos. Las cámaras de los celulares ya andan activadas.

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Debo confesarles que hay veces quisiera no seguir aburriéndolos con estos temas sobre los permanentes desaciertos que el Gobierno Nacional comete en materia de política agraria, pero como no ostento una credencial de Congresista y de dirigente gremial, no me queda otro medio que este, para ser una voz en defensa de los intereses de nuestros productores del campo.

Hace un par de años sugerí a los entonces ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo y al de Comercio e Industria, Sergio Diazgranados, la necesidad de renegociar o postergar la entrada en vigencia del capítulo agropecuario del TLC con los Estados Unidos, mientras lográbamos implementar los programas de reconversión agrícola y buenas prácticas ganaderas. Esto porque requeríamos de tiempo para poder cumplir con los estándares sanitarios y fitosanitarios impuestos por el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos - USDA por sus siglas en inglés-. Al parecer, por el afán de mostrar resultados de un TLC, hicieron caso omiso del consejo –que además hicieron muchos otros analistas del sector- y miren los resultados dos años después.

De acuerdo con las cifras de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en el año 2013 las exportaciones agrícolas de ese país a Colombia aumentaron a 1.510 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 34 por ciento respecto al 2011.

Los granjeros y ganaderos estadounidenses dicen estar muy contentos con este acuerdo porque al eliminarles el 80% de los aranceles en cortes finos y selectos de carne vacuna, pudieron exportar a nuestro país 1.056 toneladas por valor de 3.757 millones dólares entre enero y marzo de este año. Las exportaciones a Colombia de lácteos crecieron un 214%, las de carne de cerdo un 205%, las de soja y sus derivados el 69% y las de arroz aumentaron de 3 a 74 millones de dólares. Así las cosas, Colombia se ha convertido en el tercer mayor comprador de productos agrícolas de Estados Unidos en América del Sur, lo cual ha representado la creación de 80.000 nuevos empleos en los campos americanos.

De este lado los resultados son una vergüenza. Según un estudio del aplicado senador Jorge Enrique Robledo, en estos dos años del acuerdo comercial, el superávit que tenia Colombia con los Estados Unidos se redujo de 8.385 a 1.858 millones de dólares, lo que representa una caída del 78%. Otro indicador preocupante es la balanza comercial que según el DANE, en febrero fue negativa en -465 millones de dólares- hecho que no se registraba desde 1999. Pero no todo es malo, según el nuevo Ministro de Comercio e Industria, Santiago Rojas. Con este acuerdo se exportaron 350 nuevos productos a Estados Unidos. Lo que no contó el Ministro, es que de esos productos, el 53% no superan los diez mil dólares en ventas que no alcanzan para pagar un semestre de universidad de medio pelo en Miami.

Sin duda alguna el TLC con los Estados Unidos ha sido un mal negocio para nuestros productores del campo, urge la necesidad de renegociarlo antes de que desaparezcan miles de ganaderos y agricultores del país.

En el tintero: El candidato Oscar Iván Zuluaga como demócrata que es, aceptó que acatará los resultados que se produzcan en las elecciones en primera vuelta. Dios quiera que el actual régimen no le trunque su camino a la presidencia en la segunda vuelta con una medida de aseguramiento sin razón.

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Tienen mucho en común el Presidente Juan Manuel Santos y el de Estados Unidos de la serie House of Cards de Netflix.

Ambos le hicieron conejo a quienes le ayudaron a llegar al poder y como todos sabemos, en la política (como en el matrimonio), la traición no conoce el perdón.

Para ponerlos en contexto, en la serie el recién electo Presidente de Estados Unidos informa a su más cercano y fiel Congresista que el acuerdo de nombrarlo Secretario de Estado no podría concretarse. Al sentirse traicionado, el ambicioso Congresista comienza a ejecutar una estrategia para quedarse con el poder en el futuro inmediato. Cualquier parecido con realidad colombiana, es pura coincidencia.

En “House of Cards” uno observa que los tejemanejes políticos de las más altas esferas del Congreso y del Gobierno de Estados Unidos, se quedan pequeños frente a la realidad de la política colombiana. Los gringos son unos principiantes frente a los maquiavélicos políticos nuestros.

Otro aspecto interesante de “House of Cards” es el mundo que describe los manejos de poder dentro del Congreso y la Casa Blanca, las relaciones con los lobistas, con los funcionarios del Gobierno, congresistas y patrocinadores de las campañas políticas. Cada giro de la trama, cada paso de la conspiración y la hipocresía entre unos y otros, es como si estuviéramos viendo la guardia pretoriana de Palacio (los Mira, Meza, Chica, Silva, JJ Rendón y Prieto) repartiendo beneficios con los Roy, los Ñoños, Benedetti, Cristo y los hermanos godos.

El senador de esta trama, que es una persona hipócrita y despiadada, es de esa clase de político que es capaz de sonreírle a alguien y tres minutos después pegarle tremendo insulto si no esta de acuerdo con sus planteamientos. Este Congresista encarna el típico político dulce y manipulador, que funge como estadista y le gusta condecorar generales, y hasta es capaz de cambiar de rostro sin despeinarse.

En conclusión, estamos frente a una serie que vale la pena ver para entender mejor los vericuetos del poder, no solo en los Estados Unidos, sino en Colombia. Los protagonistas principales son bastante embrollados, son representados por excelentes actores. La trama nos muestra los enredos del poder en Washington de una manera realista y sin caer en el simplismo. La forma en la que se retrata la ambición, el poder y la manipulación es digna de ser apreciada. Al menos para que, 13 capítulos después, quedemos menos sorprendidos de lo capaces que son los políticos con tal de conseguir el poder.

Que desperdicio de Talento.

En el tintero: 1) El próximo 25 de mayo, el Presidente Juan Manuel Santos va a extrañar mucho los votos de 3 millones de campesinos colombianos. 2) Al Candidato del Partido Verde Enrique Peñalosa y a los 8 millones de ciudadanos que sobrevivimos en Bogotá, Dios nos tiene una recompensa después de las elecciones. 3) Si no es por los escándalos del Hacker, JJ Rendón y Chica, estas elecciones a la presidencia hubieran tenido el mismo ambiente que tiene una Notaria y 4) Decía un cura “El carácter de una persona no se define por la forma que disfruta una victoria, sino por la manera como soporta la derrota”. Solo la Fe nos ayudará a soportar los tiempos difíciles.

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Cuenta la historia que por allá en 1968, a Valledupar llegó procedente de Bogotá un prestigioso abogado liberal de 55 años -bisnieto del empresario costeño Sinforoso Pumarejo- a ocupar el cargo de primer gobernador del departamento del Cesar. Se trataba del doctor Alfonso López Michelsen.

Para la misma época, una joven de 28 años lideraba la iniciativa de impulsar la cultura de la música vallenata hacia el resto del país y del mundo. Estamos hablando de la escritora, política y gestora cultural Consuelo Araujo Noguera, conocida como la “Cacica”.

Eran los tiempos de aquellas famosas parrandas vallenatas debajo de un palo de mango en los patios de las viejas casonas de los Molina y los Pavajeau en Valledupar. Fue allí donde las canciones de un compositor de 42 años llamado Rafael Escalona inspiraron a Gabriel García Márquez para que luego escribiera un vallenato de 350 paginas llamado “Cien años de Soledad”.

Como las tres puntas de una pirámide, estos tres amigos –el político, la gestora cultural y el juglar- se unieron para crear el festival de música vallenata. Fue así como un 27 de abril de 1.968, en una improvisada tarima de madera, organizaron el primer concurso de acordeoneros con la participación de Emiliano Zuleta Baquero, Alejandro Duran, Luis Enrique Martínez y Ovidio Granados Duran.

Sobre este primer festival existe una anécdota bastante simpática y macondiana. Resulta que un grupo de asistentes daban por ganador al viejo Emiliano Zuleta y se lo llevaron a festejar anticipadamente durante toda la tarde, olvidándose que tenia que regresar a la tarima por la noche a competir nuevamente. Como al tercer llamado no apareció, lo descalificaron y con ello le despejó el camino a su mas fuerte contrincante, el gran Alejo Duran, quien con una magistral ejecución interpretó el son “Alicia Dorada” la puya “Mi pedazo de acordeón”, el paseo “La cachucha bacana” y el merengue “Elvirita”. El jurado que estaba integrado por Rafael Escalona, Tobías Enrique Pumarejo y Gustavo Gutiérrez Cabello entre otros, lo eligieron como el primer Rey Vallenato.

El éxito del evento fue tal, que el año siguiente hubo que ampliarlo a las categorías de acordeoneros aficionado, juvenil e infantil, y crear los concursos de mejor canción inédita y de la piqueria entre verseadores.

Como el doctor López se regresó Bogotá y Escalona se dedicó a cultivar algodón y arroz, a Consuelo no le quedaba otra alternativa que coordinar la organización del evento a través de la oficina de turismo del departamento. Poco tiempo después se dio cuenta que en lo público los problemas rendían mas que las soluciones y como ella necesitaba una entidad donde las soluciones rindieran mas que los problemas, decidió crear en 1.987 la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata con la cual pudo gestionar los recursos para construir un escenario de lujo –El Parque de la Leyenda Vallenata- para que mas de 25 mil personas pudieran disfrutar cómodamente la competición de los concursantes y los espectáculos musicales de las agrupaciones vallenatas y artistas internacionales.

Gracias a la brillante idea de Consuelo, López y Escalona, el próximo 29 de abril, los acordeoneros, compositores y verseadores, subirán a la tarima a competir por la corona número 47 del Festival Vallenato. Los anfitriones como los ilustres visitantes disfrutaran de tres días de buenas parrandas vallenatas y un buen Old Parr debajo de un palo e’ mango.

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Quienes escogieron el lema de la campaña reeleccionista del presidente-candidato Juan Manuel Santos “Hemos hecho mucho, falta mucho por hacer”, parece que no leyeron el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y tampoco verificaron el cumplimiento de las metas planteadas allí.

Transcurridos casi cuatro años, hay poco que mostrar. Todo se ha quedado en anuncios vanos.

Veamos qué sucedió con los proyectos de gran impacto regional que el Gobierno Santos prometió ejecutar:

-Ordenamiento ambiental y desarrollo territorial de la Mojana. De los cinco diques fusible que se diseñaron para proteger de las inundaciones a la región, solo se ha construido uno y aún no está funcionando. La estación de bombeo para tomar agua del Rio Cauca en época de sequía, tampoco se construyó y no se implementaron programas de reconversión agrícola y pecuaria para los habitantes de la región.

-Distrito de Ranchería Fase II: No se giró un solo peso para instalar la tubería que debía llevar agua potable a mas de 500 mil habitantes de siete municipios de La Guajira y tampoco se instaló un metro de tubería del distrito de riego de 14.000 hectáreas de explotación agrícola. Mientras tanto el Incoder paga 3.000 millones de pesos anuales por la administración de una represa que no cumple con su función.

-Aprovechamiento productivo, integración y desarrollo de la altillanura: Con el caos jurídico creado por la ex directora del Incoder Miriam Villegas, el ex ministro Juan Camilo Restrepo y el Superintendente de Notariado y Registro, sobre las tierras baldías y las Unidades Familiares Agrícolas –UAF-, se frenaron los grandes proyectos de desarrollo agrícola. Todos los inversionistas salieron espantados y hoy, no hay quien siembre una mata de maíz, arroz, palma, caucho o caña de azúcar en estas olvidadas y lejanas tierras. Seguramente, volverán a ser tierras de cultivos ilícitos.

-Navegabilidad de los ríos Magdalena, Putumayo, Meta y Caquetá: En agosto del año pasado se anunció una inversión de 2.17 billones de pesos para obras de encauzamiento, mantenimiento permanente, dragado y navegación satelital del Rio Magdalena para poder movilizar convoyes de hasta 7.200 toneladas que permitieran reducir los costos de movilización interna de los productos nacionales y a la fecha de hoy, no vemos las dragas trabajando. Ni que hablar de las obras en los otros ríos.

-Consolidación de la Red Férrea del Pacifico y Tren del Carare. El anuncio de ampliar la capacidad de carga de 10.000 a 80.000 toneladas mensuales del único tren que presta un servicio de transporte de todo tipo de carga en Colombia, el ferrocarril del Pacifico, también quedó en deuda. Por su parte el tren del Carare que une el centro del país con los puertos de la Región Caribe se quedó engavetado en la oficina del presidente de la Agencia Nacional de la Infraestructura –ANI-. Según el Índice Global de Competitividad, elaborado por el Foro Económico Mundial, Colombia ocupa en ferrocarriles, el puesto 102 entre 139 países

-El segundo túnel de la Línea, la consolidación de los corredores viales de Bogotá-Villavicencio, Arterias del Llano, Autopistas de la Montaña y Ruta del Sol, siguen a paso de tortuga con artritis.

-Los centros binacionales de asuntos fronterizos y los corredores de comercio exterior que prometieron implementar en La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Vichada para consolidar las relaciones con Venezuela, están a punto de ser remplazados por Zonas de Reservas Campesinas fronterizas. Que peligro!

De los incumplimientos de la mal llamada “locomotora agropecuaria”, me ocuparé mas adelante. Sin duda alguna, el Gobierno Santos tiene poco que mostrar.

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Ahora si es verdad que se les fueron las luces al Gobierno Nacional con las medidas tomadas esta semana para bajarle la temperatura al paro nacional agrario que se les viene encima con la primavera de abril y que le puede aguar la fiesta al accidentado candidato Juan Manuel.

La incoherencia e improvisación de los frustrados e inexpertos burócratas que están tomando esta medidas, permite ver lo desconectado que están con los problemas del campo del país. Echemos un vistazo al manejo de los altos precios de los agroinsumos.

Para bajar los altos precios de los insumos agrícolas al productor, se les ocurrió relanzar la obsoleta tarjeta de crédito del Banco Agrario para compras de Agroinsumos. Tal como lo advertí en el pasado, el resultado fue desastroso porque los proveedores de agroinsumos no iban a ser tan mentecatos de cederle al operador de la tarjeta de crédito el 60% de su comisión de venta y en segundo lugar los cupos de las tarjetas fueron tan pequeños, que no alcanzaban ni para comprar el veneno para matar las hormigas.

No contentos con semejante embarrada, el pasado jueves se les dio por lanzar una línea especial de crédito Finagro para refinanciarle las deudas a los productores que están promoviendo el paro agrario nacional. Esta medida, además de ser politiquera es discriminatoria con el resto de los productores del país. Parecen vainas del cuestionado expresidente de Finagro y Banco Agrario Cesar Pardo Villalba, a quien en el pasado la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos y la Contraloría General de la República declaró fiscalmente responsable a titulo de culpa grave por presuntas faltas en dichos cargos. Esta es la nueva adquisición del ministro de Agricultura Rubén Darío Lizaralde. Que bonita compañía.

Contrario a lo anterior, el Gobierno debió –al igual que hicieron con las medicinas- imponer unos techos en los precios de los agroinsumos y sacar una línea de crédito de factoring que le permitiera a los productores del campo negociar sus facturas de venta ante la banca para poder tener capacidad de adquirir insumos a tiempo con descuentos por pagos de contado.

Otra medida que debe corregirse urgente, es que quienes representen a los productores y recauden la cuota de fomento, no deben ser comercializadores de semillas e insumos, porque terminan defendiendo los intereses de las multinacionales que los producen y no los intereses de sus agremiados. En Perú y Ecuador donde no existe esta práctica perversa, los insumos se consiguen a mitad de precio y los costos de producción de una hectárea de arroz por ejemplo, están alrededor de los 1.300 dólares, contra 2.500 dólares que cuesta acá.

La fórmula que amarra el precio del ACPM al precio internacional del petróleo es otra de las medidas que le quita competitividad al sector productivo. Este método le reporta inmensas utilidades a Ecopetrol pero le quita competitividad al sector productivo, gravando a los tractores, camiones, combinadas, motobombas, etc. Mientras en Ecuador el galón de ACPM cuesta alrededor de US$1,02 en Colombia vale más de 4 dólares.
 Es mejor recaudar impuestos por utilidades de un sector productivo competitivo, que recaudarlos a través de Ecopetrol a costa del deterioro de ese sector productivo.

Por último, el Gobierno debería exonerar del 4x1.000 las operaciones de créditos para el sector y suprimir el IVA al arrendamiento de tierras en un país donde el 90% de los productores de arroz, maíz y algodón, son arrendatarios.

Más que subsidios, lo que están necesitando los productores del campo es acceso rápido y económico a variedades de semillas, tecnologías e insumos que les permita obtener altos rendimientos.

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Al igual que en Venezuela, en Colombia estamos comenzando a ver funcionarios de alto riesgo que ponen en peligro la institucionalidad del país.

Esta nueva categoría de ciudadanos se caracteriza por desobedecer las advertencias de los organismos de vigilancia y control, el incumplimiento de sus deberes y el desacato de las leyes.

Cada semana que transcurre estos burócratas están involucrados en algún escándalo de corrupción, desgreño administrativo, abuso de poder, persecución política u otra arbitrariedad. Estas son algunas tipologías de estos individuos:

Los hipotecados: Son funcionarios de elección popular o de libre nombramiento y remoción, impuestos por carteles de contratistas o caciques políticos regionales con el único propósito de robarse los dineros del Estado. Sus hipotecadas gestiones se concentran en la repartición de puestos, contratos y comisiones. Los cuestionamientos recientes sobre las millonarias licitaciones del chance y la Vía de la Prosperidad en Sucre y Magdalena, son un ejemplo de las actuaciones de este tipo de funcionarios impúdicos. Evidentemente son ellos los responsables del atraso económico y social de nuestras regiones. Las entidades que más persiguen para este tipo de ilícitos son las alcaldías, gobernaciones y puestos en entidades públicas del orden nacional y regional. La mayoría han terminado inhabilitados, destituidos o en la cárcel. Perdón, en casa por cárcel.

Los insurgentes indultados: Tal como los caracterizó en un reciente escrito Beatriz Berrocal, “son esos funcionarios cuya consigna es responder con insurgencia cuando de cumplir deberes se trata, o cuando de acatar órdenes del superior se refiere. Les resulta difícil reconocer el error porque han transgredido el proceso natural para llegar a la paz interior”. El caso del ex alcalde de Bogotá, es un claro ejemplo. No reconoció su incompetencia para gerenciar la ciudad más importante del país, gobernó con resentimiento y terquedad, se centró en la defensa de su destitución y le importó un pepino el daño que le causó a la ciudad a pesar de las advertencias de las autoridades.

Los clanes familiares del poder: Me atrevería a decir, que son los autores intelectuales de esta hecatombe institucional que estamos viviendo. Se caracterizan por ser muy astutos, pocas veces se dejan pillar, delegan en los caciques regionales y amigos (los pilos en su época de colegio) los cargos claves para mantenerse en el poder económico y político del país durante décadas. A este club pertenecen los Lleras, Santos, Samper, Galán y Gaviria entre otros.

Es hora que el país comience a reflexionar y dar el debate sobre si vamos a seguir permitiendo ser gobernados por esta estirpe de funcionarios de alto riesgo para la institucionalidad. Claramente, la idoneidad para gobernar está siendo remplazada por la propagación de estos oportunistas políticos.

En el tintero:

1) Muy lamentable la ausencia de los ministros de Agricultura, Hacienda,  Comercio e Industria en la Conferencia Internacional de Biocombustibles celebrada el pasado jueves en Cartagena. ¿Desinterés del Gobierno con la industria de Etanol y Biodiesel?

2) Es una vergüenza que Colombia haya perdido otra oportunidad de exportar 6.160 toneladas de carne bovina deshuesada, refrigerada o congelada a Europa porque el ICA y el INVIMA no han sido capaces expedir y aplicar las normas que garanticen la admisibilidad sanitaria. Qué incompetencia!

3) El Superintendente de Industria y Comercio puso en cintura a las aerolíneas por no hacer devoluciones de dinero a pasajeros que se retractan de las compras que hacen por internet. Buen punto!

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