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Indalecio Dangond (126)

El próximo 18 de noviembre el patriarca del Partido Conservador, Roberto Víctor Gerlein Echeverría, cumplirá 76 años de vida y 55 al servicio del país.

Su carrera pública comenzó en 1959, cuando cursaba sexto semestre de derecho en la Pontificia Universidad Javeriana. En unas vacaciones de regreso a su natal Barranquilla fue designado secretario privado de la Alcaldía Municipal. Luego de graduarse como abogado y especializarse en Derecho laboral, se desempeñó como Juez 1º Civil y en 1963 pasó a ser el secretario de Hacienda del departamento del Atlántico. De ahí en adelante no volvió a tener tiempo para jugar aquellos famosos torneos de tenis dobles en el Country Club de Barranquilla al lado de su entrañable amiga Olguita Emiliani.

En 1964, un grupo de laureanistas barranquilleros lo convenció de que se lanzara al Concejo Municipal, donde permaneció hasta 1972. En 1968, entró por residuo a la Cámara Representantes y posteriormente el ex presidente Alfonso López Michelsen lo nombró Gobernador del Atlántico. Desde 1974 a hoy, ejerce como Senador de la República, cargo desde el cual ha impulsado importantes normas y ha ejercido un estricto control político.

Hay un capítulo que pocos colombianos conocen en la vida política del senador Roberto Gerlein. Resulta que en 1969, al Partido Conservador le correspondía el último turno del Frente Nacional y por consiguiente organizó su Convención para escoger entre los pre-candidatos José Elías del Hierro, Hernán Jaramillo Ocampo, Castor Jaramillo Arrubla y Evaristo Sourdís el candidato que se enfrentaría al general Rojas Pinilla.

El candidato Sourdís sabía que Gerlein tenía un don especial de orador y gozaba de un enorme prestigio dentro del conservatismo. Así que lo llamó por teléfono a proponerle que fuera su jefe de debate. Gerlein aceptó el reto y con la guardia pretoriana Laureanista-alvarista (Raimundo Emiliani, Hugo Escobar Sierra, Miguel Escobar, Alfredo Araújo Grau, Felio Andrade, Jaime García Parra y Armando Zabaraín) comenzaron a recorrer los departamentos de la Región Caribe consiguiendo adherentes a la campaña.

Para acortarles el cuento, el trabajo electoral de Gerlein fue tan efectivo, que los demás candidatos renunciaron a sus aspiraciones y Evaristo Sourdís quedó enfrentado a Misael Pastrana, un gallo tapao que lanzaron Mariano Ospina Pérez y el presidente Lleras Restrepo.

Para sorpresa nacional, Evaristo Sourdís le ganó por dos votos a Pastrana, pero por ser una mayoría simple, resultó ser insuficiente para seleccionar a un candidato y hubo que convocar una segunda votación, en la cual quedaron empatados. Como la convención liberal se reunía ese mismo día para escoger candidato, los liberarles (por recomendación de Ospina y Lleras), decidieron apoyar a Pastrana. De esa manera, la Costa vio truncada la única oportunidad cercana que ha tenido de elegir un presidente de la región.

En su paso por el Congreso, el senador Gerlein ha impulsado leyes importantes como la elección popular de alcaldes y gobernadores y la ley que otorga igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Como ministro de Desarrollo Económico del ex presidente Belisario Betancourt impulsó el programa de vivienda sin cuota inicial.

Como lo confiesa el mismo Gerlein, en el hemiciclo del Senado él no se siente viejo, sino antiguo. En su alma caribe no hay cabida para el retiro forzoso, al contrario, sus bríos indican que su serenata de verbo nos seguirá deleitando. Dios quiera que sea por mucho tiempo.

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Definitivamente al presidente Juan Manuel Santos lo que ha faltado es una buena estrategia de comunicación con los colombianos. Sacó a la luz pública los borradores conjuntos de lo acordado hasta la fecha en la mesa de conversaciones  en La Habana y hasta ahí llegó el tropel de las especulaciones y las críticas al proceso de paz.

Como era de esperarse, la acertada acción puede reducir significativamente el pesimismo frente al proceso de negociación de un 33% de los colombianos que ha manifestado no estar de acuerdo con una salida negociada del conflicto. De igual manera construye la confianza ciudadana necesaria para asegurar el éxito del proceso de paz. Ahora solo resta que a partir de diciembre el Gobierno y el comandante de las Farc en Colombia se pongan de acuerdo en la firma de un cese de hostilidades, mientras se surte el proceso de refrendación a través del cual los colombianos aceptemos o no estos acuerdos de La Habana.

En lo que respecta al capítulo agrario, veo que se hizo un trabajo interesante en la mesa de negociación. Sin embargo, sería conveniente que dicho acuerdo tuviera una retroalimentación por parte de los gremios de la producción agropecuaria, para que a través de sus observaciones se puedan mejorar o aplicar algunas iniciativas allí planteadas. Los temas acordados son una lista de propuestas de inversión e instrumentos de impulso al sector los cuales –si son llevados a la práctica– garantizarán que el campo colombiano sea competitivo y rentable.

No obstante, hay muchos planteamientos que pueden ser nocivos para el productor. Por ejemplo: el punto donde se establece que los predios adjudicados a campesinos son inembargables en los primeros 7 años, los bloquea automáticamente ante cualquier entidad bancaria cuando soliciten un crédito para desarrollar un proyecto productivo. Proponen crear nuevas líneas de crédito para compra de tierra y demás rubros de capital de trabajo e inversión cuando estas ya existen. Lo que debe plantearse es la eliminación de la cantidad de trámites innecesarios y la burocracia en las entidades públicas que administran y otorgan estos créditos y los recursos de ayuda a los productores del campo.

Tampoco es útil que los predios se adjudiquen a los campesinos sin el previo requisito de un certificado de estudio en buenas prácticas agrícolas o ganadera. Sin esta condición, es como regalarle una moto a una persona que no se ha subido a una bicicleta. Es improcedente también sugerir la expropiación de la propiedad cuando esta no se esté explotando en su totalidad. En todas las fincas del país hay lotes o potreros que las condiciones del terreno no permiten desarrollar una actividad productiva rentable.

No comprendo la insistencia de los negociadores en crear más Zonas de Reserva Campesinas, si ese modelo de desarrollo minifundista lo que ha generado es mayor pobreza y atraso social. A esos corredores geográficos afectados por el conflicto armado y los cultivos ilícitos (Catatumbo, Tumaco, Montes de María, La Macarena, etc.) debería dársele un tratamiento especial como Zonas de Consolidación Productiva –ZCP- con un programa de fomento que promueva la agroindustria en esas regiones.

Qué importante ha sido para el proceso de negociación, el hecho que el Gobierno haya revelado estos borradores de acuerdo. El estratega y consultor político estadounidense Peter Fenn afirma que “un principio básico de una democracia sana es el diálogo abierto y la transparencia”.

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Pocas veces en la historia reciente de Colombia la Región Caribe había tenido una participación tan importante en las decisiones del Gobierno y otros organismos como la tiene en la actualidad con el secretario privado del Presidente, dos ministras (Comercio y Transporte), directora del Departamento de Prosperidad Social -DPS-, presidentes de Bancoldex, Findeter y Proexport, viceministro de Minas y Energía, presidentes de Senado, Cámara y Comisión Cuarta (la del Presupuesto) y presidentes de los partidos Conservador y La U, entre otros cargos.

Acorde con lo anterior, uno puede afirmar que estos funcionarios tienen una responsabilidad inmensa con los 10.3 millones de habitantes de la Región. Son muchas las obras de infraestructura y programas de inversión social aplazados y olvidados a mitad de camino y también hay una enorme deuda del Estado con la región que tiene la mayor capacidad portuaria, minera, turística, agrícola y ganadera del país.

Será fundamental que logren gestionar los recursos para poner a operar, por ejemplo, la represa del río Ranchería en La Guajira, con lo cual llevarían agua a 500 mil habitantes de siete municipios y podrían regar 8 mil hectáreas de producción agrícola de exportación. Llegó el momento de construir los 5 diques fusibles para resolver de una vez por todas el problema de inundación de 600.000 hectáreas agrícolas en la región de La Mojana. También se hace primordial lograr el giro de los 267.000 millones de pesos que la Nación se comprometió aportar para la construcción de los 170 kilómetros de la vía que conecta a los municipios Palermo y El Banco Magdalena, para reactivar unas 400.000 hectáreas agrícolas y ganadera que benefician a más de 300 mil personas de esta región.

Tampoco da más espera el inicio de la construcción del nuevo puente sobre el río Magdalena, ni la de los 800 kilómetros de la línea férrea del tren del Carare, lo cual reduciría enormemente los costos de transporte de toda la carga que se moviliza entre Bogotá, Boyacá y los Santanderes con los puertos de Santa Marta, Barranquilla y La Guajira. Ahí si es verdad que nos volveríamos competitivos.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez y la presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture (dos tremendas ejecutivas), deberían aprovechar este cuartico de hora y dejarles a Santa Marta y Riohacha dos Zonas Francas Turísticas (Tayrona y Mayapo) para que todas las líneas de Cruceros que operan en el Caribe puedan traer los miles de turistas que gozan de sus vacaciones en ese medio. ¿Se imaginan la generación de empleo calificado y la reactivación económica de estas dos ciudades con estos proyectos turísticos?

Los paisas no tienen el 10% de estas posiciones en el Gobierno y ya tienen asegurados los 610 mil millones de pesos del nuevo tranvía que se conectará con el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá para movilizar mas de 83.000 pasajeros por día. También aseguraron los 5.500 millones de dólares para terminar la construcción del megaproyecto energético mas grande de Colombia, la hidroeléctrica de Ituango y los recursos para concluir los 6 tramos de las Autopistas de la Prosperidad, los 4.1 kilómetros del túnel del Occidente y la construcción de 80 modernos centros de educación que ofrecen formación complementaria, acceso a internet y capacitación a maestros rurales. ¿Y el Caribe qué? Es ahora o nunca.

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El anuncio del Gobierno Nacional de mantener el gravamen del 4x1000 y aumentar la base gravable y el universo del impuesto al patrimonio a los colombianos causó esta semana un revuelo y contrariedad en la clase empresarial del país. A buena hora el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, entró en razón y reversó la medida.

Los colombianos estamos de acuerdo que hay que pagar impuestos para que el Estado financie sus gastos y las inversiones que deben realizarse para el bienestar de la población. El malestar radica en que se está volviendo costumbre cubrir los huecos fiscales de cada año con impuestos que fueron creados para atender emergencias circunstanciales. Lo lógico es que se reduzca el gasto público, se consolide la política monetaria y se elimine el exceso de regulaciones que impiden el crecimiento de la economía del país.

El gravamen del 4x1000, creado en 1.998 -por un año-, para atender la crisis domestica financiera de esa época, lleva 16 años vivito y coleando. Con el impuesto al patrimonio ocurre lo mismo. Después de haber sido eliminado en 1992 para todos los contribuyentes, se reimplantó en el año 2002 con el nombre de ‘impuesto para preservar la seguridad democrática’ bajo la promesa del gobierno -no cumplida- de ser temporal. A partir de 2004 y hasta el día de hoy, se volvió a adoptar con el nombre de impuesto al patrimonio, convirtiéndose en una fuente de ingresos permanente del Gobierno Nacional.

Consultando el tema con un par de amigos expertos en derecho tributario, me cuentan que el 4x1.000 lo que hace es estimular a las pequeñas y medianas empresas a tratar de eludir este gravamen en los movimientos financieros, impidiendo de paso la bancarización, de tal manera que se desconocen las transacciones financieras de las empresas, también sus ingresos, por lo que no pueden hacerlas tributar.

El impuesto al patrimonio, sumado a la excesiva carga tributaria, lo que hace es desestimular la inversión, promover la salida de capitales al exterior, conduce a inequidades y termina el Estado recibiendo más dividendos que los socios de una empresa.

En el caso de los productores del campo (ganaderos y agricultores), la imposición de este impuesto al patrimonio es mucho más injusto. Conozco cientos de fincas que a pesar de estar avaluadas en más de $1.000 millones, dichos terrenos no pueden ser explotados en su totalidad y por consiguiente no permiten tener una actividad lo suficientemente rentable. La misma injusticia ocurre cuando el cultivo tiene varios años improductivos (palma, caucho, forestación, café, frutales, cacao), en este caso el productor del campo debe pagar de todas maneras dicho impuesto, así el cultivo no haya producido ni pa’ tomarse una coca cola. Y cuidado llegan a colgarse en las otras obligaciones tributarias, como el impuesto de rentas, IVA, industria y comercio, predial y la vacuna de los grupos armados al margen de la ley, porque ahí si es verdad que se los lleva el guere-guere.

Muy verraco hacer empresa en este país con tanta carga tributaria.

En el tintero: Apoyo total al debate político de anexar al Distrito de Barranquilla los municipios de Puerto Colombia, Tubará, Galapa, Malambo y Soledad. Sería lo más conveniente para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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Esta ha sido la mejor semana para el sector agropecuario. Después de 192 columnas que he dedicado en estos cuatro años a promover iniciativas que ayuden a erradicar la ineficiencia en el agro y en las instituciones públicas, apareció humo blanco.

Comienzo por celebrar que el nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, haya convocado a todos los dirigentes gremiales del país para trabajar unidos en una política que ayude a contrarrestar y eliminar las causas de las ineficiencias del negocio agropecuario. Las dificultades de los productores del campo no deben ser resueltas repartiendo subsidios de forma injusta y arbitraria, sino a través de una política rural integral acordada con el sector empresarial del país.

En esa dirección se propuso un nuevo modelo productivo agropecuario que comprende una serie de apoyos a iniciativas regionales pecuarias, agrícolas y forestales, al igual que a la industria de alimentos procesados para que sean más competitivos. En el marco de Expo Agrofuturo que se celebró esta semana en Medellín, pude observar que los empresarios paisas comenzaron desde ya a trabajar fuertemente en varios proyectos productivos que incluyen eficiencia, innovación, valor agregado y nuevos mercados.

La segunda buena nueva, la dio el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez. El 90% de la tierra en el país ya tiene buena titulación y que los inversionistas ya no tienen porqué tener temores en la compra de tierras para realizar grandes proyectos agrícolas, sobre todo en esas zonas apartadas del país (Altillanura), donde se necesita desarrollo de grandes proyectos de cereales para sustituir las importaciones de alimentos y generar esos empleos e ingresos en los campos de acá.

En Norte de Santander contrataron al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que adelantara un estudio de suelos en todos los municipios del departamento con el fin de determinar que cultivos y cuanta superficie se debe desarrollar competitivamente. Con esta herramienta se podrá direccionar mejor los recursos públicos de inversión en vías terciarias, servicios públicos, sistemas de riego, promoción de agroindustria, centros de acopio y escuelas de emprendimiento productivo. Es el mismo POT para el agro que propuse hace un año en esta columna. Por ahí es la cosa.

Las buenas noticias no paran ahí. El pasado jueves en el noticiero CM&, el ministro del Trabajo Lucho Garzón, anunció que conjuntamente con el Sena, apoyaran la implementación del programa de educación en emprendimiento rural que hace tiempo he venido impulsando en este espacio. Ministro Garzón, esta es la única manera de lograr que miles de jóvenes retornen al campo, es la única oportunidad en sus vidas de adquirir las competencias que les permitirán eliminar las causas internas del subdesarrollo rural y desarrollar un negocio rentable. No les vaya a fallar.

Esperamos pues, que en estos primeros 100 días, en Palacio y Congreso respalden al ministro de la cartera agropecuaria en las reestructuraciones que haya que hacer a las entidades adscritas al ministerio para volverlas eficientes, en la escogencia de su equipo y en la eliminación de leyes, tramites y peajes que obstaculizan el acceso al crédito y a los recursos de ayuda a los productores del campo.

Qué bueno ser portador de estas buenas noticias.

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Hace unos años tuve la oportunidad de experimentar muy de cerca un ejemplo de trabajo en equipo desarrollado por personas con alto grado de compromiso y lealtad institucional provenientes de tres instituciones diferentes: Gobierno Nacional, organismo de cooperación internacional y la empresa privada.

El proyecto piloto de este equipo interinstitucional se desarrolló con un grupo de pequeños campesinos beneficiarios de reforma agraria de la zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander), que por no contar con servicio de asistencia técnica, transferencia de tecnología, acceso al crédito y un contrato de compra de sus productos se vieron obligados a cultivar coca, que les dejaba un ingreso promedio de 800 mil  pesos mensuales por hectárea.

El trabajo conjunto de las tres entidades (USAID, Acción Social y Hacienda Las Flores) permitió que entre los años 2004 y 2010, unas 940 familias campesinas sustituyeran sus cultivos ilícitos por 17.000 hectáreas de palma de aceite. Para que tengan un referente, un núcleo de 12 hectáreas genera ingresos superiores a los 24 millones de pesos al año por familia, sin incluir las ganancias que reciben por la participación accionaria que tienen en la planta extractora de aceite.

El modelo utilizado fue el de las alianzas estratégicas, que en los subsectores del caucho, cacao, tabaco y frutales, fue igualmente exitoso. Y hablo en pasado, porque con la reducción de los incentivos y la exagerada tramitología impuesta al acceso y control de los créditos asociativos en el pasado cuatrienio, el modelo dejó de ser atractivo.

Por culpa de estas desacertadas decisiones del ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y su equipo de teóricos, las alianzas estratégicas prácticamente desaparecieron del país. Las que se inventaron con unos alcaldes y ONG han sido un total fracaso.

Pues esta semana, el nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri, anunció que su estrategia de trabajo para lograr la meta del Gobierno Nacional de transformar el campo será de la mano con los gremios de la producción, los empresarios y las familias campesinas.

Estamos completamente convencidos de que este trabajo conjunto mejorará las condiciones de acceso de los jóvenes al ejercicio de la actividad agropecuaria, su capacitación y formación profesional, y en general, la competitividad del sector agropecuario colombiano. Sabía decisión.

Decía Abraham Lincoln: “No se puede fortalecer el débil debilitando al fuerte, no se puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes, no se puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente, lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos”.

En el tintero:

1) Con la escogencia de David Barguil como presidente del Partido Conservador, ya podremos regresar a casa.

2) La clase dirigente y política de Nariño sí sabe para qué sirven las regalías del carbón del Cesar y La Guajira. Esta semana lograron que el Gobierno Nacional les aprobara un Conpes para el desarrollo del sector agropecuario del Departamento que contempla inversiones por valor de 1.6 billones de pesos. Los nuestros, se las gastan en ladrillo, cemento y concreto.

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Esta semana, el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, anunció en la Convención Bancaria la creación de un nuevo producto de crédito que ayude a las personas con bajos ingresos a tener acceso al sistema financiero. Según una encuesta del Dane, estamos hablando de alrededor de 8,4 millones personas auto-empleadas que financian sus pequeños negocios a través de agiotistas que les cobran tasas de interés descomunales.

Más que crear un nuevo producto, lo que estamos necesitando urgentemente es cambiar las líneas de créditos estandarizadas por préstamos compatibles -en plazos y montos- con el flujo de caja de estas microempresas, haciendo que se conviertan en créditos con requisitos mínimos, rotativos y con desembolsos inmediatos. Eso sí, sin modificar los esquemas de supervisión y riesgo consignados en las propuestas de Basilea respecto a las entidades que ofrecen microcréditos.

En mi experiencia como asesor de varias entidades financieras del país -en crédito de fomento al sector de la agro industria-, he podido comprobar que estas pequeñas y medianas empresas (por facilidad y por reducción de costos) prefieren financiar sus inversiones a mediano plazo con créditos a corto plazo renovables. Ello demuestra, que lo esencial del crédito es su carácter de permanencia y no su duración.

No obstante a las dificultades que se presentan en el acceso al crédito, comenzamos a ver resultados en los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno Nacional. Después de varias jornadas de trabajo pudimos diseñarle a Finagro una línea de crédito de Factoring Agropecuario (que lanzó esta semana), para que los pequeños y medianos productores del campo -que tienen un contrato de comercialización de sus productos-, puedan obtener de manera anticipada el cobro de sus facturas pagando una comisión a tasas de interés bajas que brindan las entidades financieras a través de créditos sustitutivos de inversión forzosa. Esto, además de evitarles a los pequeños empresarios tener que tramitar un crédito de capital de trabajo, les permite obtener liquidez para ganar descuentos en las compras de sus insumos agrícolas y pecuarios.

Otra excelente noticia que ayuda al acceso del crédito a estos microempresarios, es la Ley de Garantías Mobiliarias que la Superintendencia de Sociedades viene implementando con varias entidades financieras del país. Con este nuevo esquema de garantías los pequeños y medianos empresarios ya no tendrán como únicas alternativas hipotecar sus inmuebles o pagarle una comisión costosa a los Fondos de Garantías (FNG y FAG) para que les avalen un crédito.

Para acceder a este esquema de garantías, los pequeños y medianos empresarios deberán estar formalizados, es decir, llevar libros de contabilidad adecuadamente, pagar sus impuestos y contratar a sus empleados con todas las exigencias de la ley, y por supuesto, tener una cuenta bancaria. Ya las entidades financieras están ajustando sus esquemas de riesgos crediticios, generando los procesos y modelos de valoración crediticia para entrar a este importante nicho del mercado.

Hay que seguir siendo creativos con más nuevos instrumentos que ayuden al acceso del crédito de nuestros pequeños y medianos empresarios, de lo contrario los “gota a gota” terminaran ahogándolos.

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Inicia el presidente Juan Manuel Santos su segundo mandato con un gabinete más técnico que político. La ratificación de los ministros de Hacienda, TIC, Cultura, Defensa, Relaciones Exteriores y Vivienda, así lo confirman.

Me imagino que la misma metodología empleada por el presidente Santos para conformar su nuevo gabinete va a ser replicada por sus ministros para escoger sus colaboradores inmediatos. Pienso que sería una estrategia acertada para poder cumplir las metas del plan de gobierno y garantizar de una manera transparente la ejecución eficaz de los recursos de inversión.

En la cartera de agricultura, el éxito de la gestión del doctor Aurelio Iragorri dependerá en gran parte del equipo de técnicos-ejecutores (no técnicos-teóricos) que escoja para sacar adelante la productividad, competitividad y rentabilidad del sector. No se deje embolatar con más estudios y propuestas inspiradas en propósitos demagógicos de un carrusel de consultores que lo único que han logrado es eternizar los problemas del agro en Colombia.

Hay que cuidar a las entidades claves del ministerio de Agricultura de estos cazadores de contratos y de la llegada de funcionarios incompetentes que se la pasan de foro en foro diciendo lo que hay que hacer y no lo hacen.

Es hora de que en el Banco Agrario se designe un banquero que entienda que la función de esa entidad es colocar créditos al sector de la producción agroindustrial de una manera ágil y oportuna, y con tasas de interés competitivas. Así lo estamos haciendo en la banca privada con excelentes beneficios para los empresarios del sector.

A Corpoica hay que exigirles más gestión y resultados concretos en la transferencia de conocimientos científicos y tecnología a los productores del campo. Es inaceptable que después de haberles entregado más de 200 mil millones de pesos en estos cuatro años, no tengan siquiera un proyecto importante de reconversión agrícola o pecuaria que mostrar. El proyecto ejecutado con el Fondo Adaptación en el municipio de Santa Lucia en el sur del Atlántico, es una vergüenza.

Al Incoder le llegó la hora de nombrarle un gerente que implemente un nuevo sistema de adjudicación de tierras que introduzca previamente a la titulación de un predio, una capacitación en buenas prácticas agrícolas y pecuarias al beneficiario, conjuntamente con un paquete tecnológico y la viabilidad técnica y financiera del proyecto productivo.

Bajo estos criterios, los campesinos van a estar en condiciones anímicas, materiales y financieras de producir alimentos suficientes para sus familias y el mercado local, incrementando sus ingresos y rompiendo el círculo vicioso de la pobreza.

En Finagro, hay que seguir apoyando los programas de reducción de tramite y nuevas líneas de créditos de redescuento que la actual administración viene implementando con éxito. Igual apoyo debe brindársele a la actual dirección del ICA en los temas de admisibilidad y protocolos sanitarios que vienen impulsando eficazmente para poder colocar nuestros productos en los mercados de los países con los cuales hemos suscritos Tratados de Libre Comercio.

Decía Nikolai Bujarin (un político y economista ruso), que en la economía las soluciones rinden más que los problemas y que en la política, los problemas valen mucho más que las soluciones. Con base en esta reflexión, deberíamos dedicarnos a nombrar en las entidades públicas más técnicos que políticos.

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Iba a escribir sobre el balance de gestión de los tres ministros de Agricultura del cuatrienio (Restrepo, Estupiñán y Lizarralde), pero un artículo sobre los seguros agrarios en el periódico Portafolio me llevó a cambiar de tema.

En dicha nota periodística, el presidente de Conalgodón, César Pardo (el del billón de pesos del pacto agrario), resolvió de manera irresponsable echarle la culpa a unas compañías de seguros por no expedir unas pólizas en pleno riesgo catastrófico. Es como solicitar un seguro de vida para alguien que planea suicidarse. Lo que debió hacer este dirigente gremial hace rato fue haber firmado un convenio de una póliza colectiva para reducir los costos de las primas, la incertidumbre de sus agremiados y garantizar la estabilidad de sus ingresos. Ya ven por qué surgieron las dignidades agropecuarias.

El seguro agrario en Colombia no ha logrado grandes coberturas porque simple y llanamente está mal concebido. Según las cifras del gremio asegurador, de 3.9 millones de hectáreas que se cultivan en el país, tan solo hay aseguradas unas 62.000 hectáreas. Es decir, solo hemos logrado una cobertura del 1,5% de los cultivos en Colombia.

En un país como el nuestro, donde la agricultura y la ganadería están expuestas con relativa frecuencia a los riesgos climatológicos y, en general, a los fenómenos de naturaleza catastrófica, hace falta un sistema de seguros agrarios “bien desarrollado” que haga frente a estas situaciones para que nuestros productores del campo no vean afectados sus ingresos e, incluso, no se vean obligados a abandonar su actividad productiva.

Para perfeccionar este sistema de garantías, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá trabajar de manera conjunta con la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y el sector productor en las tareas de diseño, tutela y fomento del sistema asegurador. Para empezar, es urgente recoger en un solo texto la cantidad de leyes y decretos sobre la materia y diseñar una legislación acorde con la realidad del país, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales son diferentes a las encontradas por el legislador en 1993, cuando se expidió la legislación actual.

Otra directriz importante es la centralización de la política de seguros agrarios en el Ministerio de Agricultura, su implementación en una Comisión de Seguros Agrarios y la administración a través de un sistema de coaseguros que agrupe a las compañías aseguradoras interesadas en el ramo.

Dada la naturaleza de los riesgos que son necesarios garantizar, el seguro agrario tiene costos elevados, por lo que la intervención del Estado es necesaria para que, a través de los subsidios a la prima, se pueda acercar la oferta y la demanda. Es más eficaz y eficiente, desde el punto de vista económico, la participación financiera del Estado a través de los subsidios al costo de los seguros contratados previamente por los agricultores y ganaderos, que mediante mecanismos de ayudas públicas ‘ex-post’.

Por último, el Ministerio de Agricultura deberá contratar los estudios de actualización de los mapas de riesgo climáticos por cultivos y por regiones para poder establecer con mayor certeza las tarifas por zonas para cada línea de seguro y para cubrir nuevos riesgos y nuevas producciones.

La experiencia nos pone de manifiesto que en los países en los que existen estos esquemas, las aseguradoras son capaces de ofrecer a los ganaderos y agricultores coberturas multirriesgo, seguros de rendimientos y de ingresos. Y, señor Pardo, no siga buscando la fiebre en la sábana ajena.

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Uno de los milagros de Jesús que siempre me ha llamado la atención y que está contado seis veces en los evangelios, es el de la multiplicación de los panes y peces para alimentar cinco mil hombres. En La Guajira está sucediendo algo parecido, pero con un proyecto de multiplicación de ovinos.

La historia es la siguiente: En el año 2005, el empresario ganadero Luis Fernando Echeverry, preocupado por el estancamiento de los precios de la carne bovina y aprovechando la alta demanda de la carne de cordero en el mercado nacional, decidió traer desde México al sur de La Guajira, unos ovinos de la raza Katahdin, con los cuales inició un exitoso proyecto de cría, sacrificio y comercialización de carne de cordero, sustituyendo un volumen importante de las importaciones de la Patagonia de Argentina.

En una visita del ministro del Interior, Aurelio Iragorri a La Guajira, se enteró del exitoso proyecto ovino del empresario Echeverry y pidió que se lo mostraran. Al día siguiente le propuso implementar un piloto con varias comunidades indígenas Wayuu del centro y alta Guajira, apoyado por el ministerio del Interior.

Es decir, un modelo de alianza estratégica donde el empresario -como operador del proyecto-, aportara el conocimiento y la tecnología, y la comunidad aportara la mano de obra, el predio y las ovejas para la reproducción ovina, con un contrato de compra a futuro a precio de mercado. Un gana, gana.

El piloto que fue financiado con recursos del ministerio del Interior y FUPAD, benefició a 1500 indígenas Wayuu pertenecientes a unas comunidades del municipio de Uribia que tenían que caminar mas de 10 kilómetros diarios para poder conseguir un par de calambucos de agua para sus alimentos y aseo.

Para solucionar de tajo el problema de abastecimiento de agua, el ministro Iragorri propuso que el proyecto iniciara con la construcción de seis pozos de 120 metros de profundidad que hoy producen entre 8 y 12 litros de agua dulce por segundo. Paso seguido se instaló una planta eléctrica para bombear el agua y brindar electricidad a las casas de las comunidades y se les instaló un sistema de riego por goteo para la siembra de cultivos de pan coger, pastos de corte y sorgo forrajero para los ovinos.

El siguiente paso fue la construcción de un aprisco con comedores y bebederos para albergar 400 ovinos a cada comunidad. Cuando cada comunidad aportó sus 200 ovejas, se les entregaron 4 reproductores puros para el mejoramiento genético de su hato. Para asegurar la productividad y rentabilidad del negocio, se les prestó el servicio de asistencia técnica y transferencia de tecnología en los temas agrícola, pecuario y uso del agua.

Un año después de haber iniciado el proyecto, al igual que en el evangelio, los ovinos se multiplicaron, cada comunidad indígenas obtuvo ingresos superiores a los 26 millones de pesos por la venta de sus ovejas, aprendieron producir eficientemente su propio alimento y se les produjo el milagro de tener agua disponible los 365 días del año.

Si el ministro Iragorri, ahora como ministro de Agricultura, multiplica este modelo de alianzas estratégicas en otros subsectores de la producción agropecuaria del país, va a lograr una verdadera revolución productiva en el campo.

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