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Indalecio Dangond (126)

En la pasada columna afirmé que una de las causas por las cuales habían surgido las dignidades agropecuarias fue la falta de liderazgo y compromiso de la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC– en la defensa de los intereses del campesinado colombiano. Me faltó decirles que ese vacío institucional fue aprovechado por varios líderes de los movimientos políticos del Polo que orienta el senador Jorge Robledo; Marcha Patriótica, de Piedad Córdoba; la Alianza Verde y los progresistas, de Gustavo Petro.

Aprovechando la coyuntura política de ese momento –plena campaña electoral, estos movimientos cometieron tres enormes equivocaciones con estos indefensos campesinos. i) Les hicieron creer que este era un problema de clases sociales. Les vendieron la idea que los gremios eran de ricos y que ellos debían crear otro que representara a los pobres. ii) Los incitaron a un paro innecesario y a unas ‘vías de hecho,’ como el bloqueo de carreteras, poniendo en riesgo sus vidas. iii) Utilizaron a las organizaciones campesinas con propósitos políticos electorales. El líder papero César Pachón alcanzó a lanzarse como candidato presidencial, y el huilense Orlando Beltrán se quemó en su intento de regresar al Congreso.

Ahora que se avecinan las elecciones de gobernadores y alcaldes, sospechosamente vuelven los ruidos de paros agrarios por parte de estos movimientos políticos-campesinos. Parece ser que no les alcanzó el billón de pesos que les giró el Gobierno en subsidios de precio –PIC–, los $300 mil millones para compra de cartera vencida y los $30 mil millones en subsidios para fertilizantes. ¡Por Dios señores! Las dificultades de los agricultores no se resuelven aisladamente y repartiendo subsidios con criterio político. Aquí lo que estamos necesitando es una política que ayude a eliminar las causas de las ineficiencias de sus cultivos. Mientras los productores de café de los países vecinos cosechan en promedio 1.400 kg por hectárea, los nuestros escasamente recogen 900 kilitos.

No existe en el mundo un productor del campo que tenga tantos subsidios como el productor colombiano. Acá, el que siembra una hectárea de café, papa, maíz o arroz, para citar algunos ejemplos, tiene derecho a una tasa de interés subsidiada a la DTF+1EA (5.4% EA), se le subsidia el 80% del costo de la prima del seguro contra riesgos climáticos y fitosanitarios, se le subvenciona el 80% de las coberturas de precio y tasa de cambio, se le cubre el 80% de los costos de asistencia técnica, se le respalda el 80% del valor del crédito y se le subsidia el 30% del valor de un tractor, de la instalación de sistema de riego, la construcción de una planta de secamiento y beneficiadero de café, entre otras inversiones.

Como dijo un editorialista por ahí, “va siendo hora de decir que estamos indignados con las pretendidas dignidades”.

En el tintero: Estas son, en su orden, las cinco entidades territoriales más competitivas de Colombia: Bogotá, Antioquia, Caldas, Santander y Risaralda. Y estas son las que ocupan los últimos lugares: Cesar, Sucre, Magdalena, Córdoba y La Guajira. En las mediciones de calidad y cobertura en educación, salud y servicios públicos, también ocupamos los últimos lugares. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde está la gestión de la dirigencia política costeña?

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Esta semana, al término de un consejo de ministros, el presidente Juan Manuel Santos resaltó la ejecución (por encima del 87%) que varios ministros tuvieron respecto al presupuesto de inversión de 2014. De acuerdo con sus declaraciones, los ministros que mejor hicieron la tarea fueron los de Educación, Vivienda, Cancillería, Cultura, Minas y la directora de Planeación Nacional.

Sería sano para el gobierno y para el país que, en el próximo consejo de ministros el jefe de Estado mostrara el impacto de esas inversiones en cada uno de esos sectores, ya que las noticias que nos llegan a través de los diferentes medios de comunicación muestran un sistema educativo costoso y de mediana calidad, miles de poblaciones sin acueducto y alcantarillado (como en La Guajira y Chocó), fronteras libres de narcotráfico y contrabando, pocos museos y bibliotecas públicas, contaminación de ríos y tala de árboles por la minería ilegal, despilfarro de recursos de regalías a través de los cuestionados cupos indicativos y atrasos en las grandes obras de infraestructura vial del país.

Sobre la cartera de Agricultura, el presidente Santos se limitó a informar sobre la ejecución del Censo Agropecuario. La verdad sea dicha, con tantos cambios en la cartera agraria, era muy difícil esperar buenos resultados. En cuatro años fueron nombrados tres ministros, se manejó con criterio político las entidades técnicas, el Congreso de la República no ejerció liderazgo en las reformas estructurales que requiere urgente el sector y hubo demasiada improvisación y deplorables resultados en los programas de ayuda al sector rural.

Para corregir estos errores del pasado y planear una gestión eficiente, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, tendrá que exigirle al ministerio de Hacienda el giro oportuno de los 4,5 billones de pesos del presupuesto de inversión de este año; al Dane, la entrega inmediata del Censo Agropecuario; al DNP, las recomendaciones de la Misión Rural y al ministro de Gobierno, la agilización de las leyes que cursan en el Congreso y que son de gran utilidad para el sector agropecuario. Con estas herramientas tendrá suficientes garantías para volver el campo un negocio rentable.

Los indicadores de gestión estarán centrados en el aumento de la superficie agrícola para sustituir gran parte de las importaciones de alimentos que ya superan los 10 millones de toneladas al año, en el incremento de los rendimientos por unidad de tierra o animal, en la disminución de los costos de producción y la admisibilidad de nuestros productos (carne de res, frutas y verduras) en los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur.

Tal como lo anuncié en una reciente columna, el presupuesto de inversión del 2015 no tendrá problemas de ejecución. Varios ministros del despacho saben muy bien que su futuro político dependerá del desempeño y gestión que tengan sobre esos recursos de inversión. Para gobernar bien, hay que ejecutar bien.

En el tintero: Les está jugando una mala jugada el fenómeno de El Niño al ministro de Medio Ambiente y al director del Ideam, llueve a cántaros en varias regiones del país.

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Tremenda algarabía la que formó el Gobierno Nacional esta semana por el fenómeno de El Niño. Citó a Consejo de Ministros para tratar el tema, destinó 92.000 millones de pesos para la oficina de prevención de desastres, hubo ruedas de prensa, programas institucionales de televisión, campañas publicitarias, etc., etc. Todo lo anterior sería lógico si fuera incontrovertible el hecho de que se nos viene una sequía, pero la verdad es que no hay una evidencia sólida.

Si en Colombia existiera una entidad seria en cuestión de análisis meteorológico, no habría necesidad de malgastar esta cantidad de recursos públicos en programas que poco ayudan en la mitigación de las pérdidas que pudieran tener los productores del campo ante estos cambios climáticos. Pareciera que el IDEAM no se hubiera tomado “el tiempo” de salir a las regiones para analizar el comportamiento de las cabañuelas y muchos menos para constatar la información satelital y científica de los centros de predicciones climáticas de los Estados Unidos. Por ello -como al pastorcito mentiroso-, aunque estén diciendo la verdad, ya nadie les cree.

Para nadie es un secreto que entre enero y marzo de todos los años las lluvias son escasas. Por eso nadie cultiva en esta época, los ganaderos venden parte de su hato -que engordaron en el semestre pasado- y los municipios racionan el agua potable para que la población se bañe con totuma. En Abril vuelven las lluvias mil y se normaliza la situación. No comprendo entonces la razón por la cual se optó por crear pánico en la población urbana, los sectores de la producción agropecuaria y en el sector financiero, el cual ahora tendrá todo tipo de precauciones antes de otorgar un crédito para cualquier proyecto productivo, dada la siniestralidad que pueda ocasionar el tan promocionado fenómeno de El Niño.

El veranillo a principio de año –que ya fue marcado por las cabañuelas-, fue corroborado por el Centro de Predicciones Climáticas, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos -Noaa- y el instituto de investigaciones climáticas de la Universidad de Columbia. Los modelos científicos de estas agencias predicen un fenómeno de El Niño débil en los primeros meses, el cual irá disipándose en los meses posteriores.

Así las cosas, lo prudente es dejar los micrófonos y ponerse a trabajar con los gobiernos regionales y los gremios de la producción agropecuaria en un plan de mitigación de riesgos que además sea de largo plazo. Por ejemplo: Incentivar la construcción de grandes reservorios municipales para recoger las agua en épocas de invierno y utilizarla en épocas de verano; remplazar las brigadas de incendios por brigadas de siembras de arboles protectores de cuencas hidrográficas; incentivar la siembra de pastos resistentes a la sequia y promover el crédito agropecuario amarrado a un seguro agrícola contra riesgos climáticos subsidiado por el Estado.

En fin, en vez de maldecir la oscuridad, encendamos una vela.

En el tintero: Pregunta para los ministros de Hacienda y de Minas y Energía. Si en Colombia extraer un barril de crudo cuesta alrededor de US$7, transportarlo desde los campos de producción a los puertos vale unos US$28 y el overhead cuesta unos US$5. ¿Cuál va a ser el futuro de Colombia, si el precio del petróleo cae a los US$40 el barril?

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En este 2015 los colombianos con seguridad veremos un buen ritmo de ejecución en los programas de inversión del Gobierno. Son más de 46 billones de pesos distribuidos (en su mayoría) entre los ministros del gabinete con posibilidades de suceder al presidente Juan Manuel Santos en el 2018. Los indicadores de gestión y el impacto de los recursos en el crecimiento de sus sectores, revelará quiénes de ellos tienen un futuro político asegurado en Colombia.

El ministro de Hacienda, el conservador Mauricio Cárdenas, que anda de capa caída con la clase empresarial del país, tendrá que jugársela toda y blindar la economía frente a adversidad de la caída del precio del petróleo y la trepada del dólar. También tendrá que ser más creativo y eficiente en la reducción de la pobreza del país y en el incremento de la competitividad. Con la reforma tributaria aprobada en diciembre y los 11 billones de pesos girados al Departamento para la Prosperidad Social -DPS- no tendrá disculpa para no lograr estos importantes retos. De ello depende su futuro político.

La ministra de Educación, Gina Parody, quien va a administrar la chequera más grande del país (casi 29 billones de pesos), tendrá el importante reto de ejecutar unos de los pilares del Gobierno actual y así posiblemente sacar a Colombia de la lista negra en materia de calidad de la educación. Los informes de la Ocde con respecto a la calificación en las pruebas Pisa son año tras año una vergüenza nacional. Si la ministra Parody logra este propósito, habrá hecho méritos para ser presidenciable.

A pesar de manejar un perfil bajo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, goza de un enorme aprecio por parte de los dirigentes gremiales del país y varios partidos políticos. Pinzón administrará el segundo presupuesto más alto de la Nación (28.2 billones de pesos) y si este año logra erradicar la percepción de inseguridad desbordada en el país, estará muy cerca del solio presidencial. 

Germán Vargas, el vicepresidente -y ministro en la ‘claridad’ de las carteras de Transporte y Vivienda- tendrá una chequera de 11 billones de pesos para terminar las autopistas de doble calzada y las 100 mil viviendas gratis de este año. Esas acciones indiscutiblemente serían razón para merecer los votos que lo llevarían al Palacio de Nariño. Como él y todos sabemos, no será el candidato del presidente Santos, así que le será necesario trabajar más duro que a los demás y bajarle el tono a la prepotencia que tanto daño le ha hecho a su carrera política.

El carismático y visionario ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, calificado por los empresarios del país como el más eficiente del gobierno Santos, tiene una tremenda posibilidad de ser el próximo presidente de Colombia, si ejecuta eficientemente los 4.5 billones de pesos que le fueron asignados a su cartera. Su futuro político dependerá del equipo de trabajo que escoja para ejecutar los programas de ayuda que necesitan los productores del campo para ser más productivos y rentables. Donde se llegue a equivocar, lo queman en seis meses. Son 11 millones de campesinos que están esperando que el ministro Iragorri los ayude a salir de la pobreza y esos sí saben agradecer las buenas gestiones de un mandatario.

Las cartas están echadas y los presupuestos asignados. Ya veremos.

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Este ha sido un buen año para el financiamiento del sector agroindustrial. De acuerdo con las cifras de Finagro, entre enero y noviembre se desembolsaron créditos por un monto de 7.4 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 22% respecto al mismo periodo en el 2013.

Este aumento en las colaciones de créditos al sector empresarial del agro obedece a tres factores fundamentales: 1) La supresión de trámites inoficiosos por parte de Finagro. 2) La puesta en marcha de una línea de crédito para normalizar pasivos financieros a empresas que habían visto afectados sus flujos de caja y 3) Las bajas tasas de interés que la banca está ofreciendo en el mercado, las cuales oscilan entre el 5% y 10% efectivo anual.

El financiamiento del sector agropecuario –y hay que decirlo con toda claridad- se debe al fondeo obligatorio (unos 7 billones de pesos al año) que las entidades financieras (exceptuando al Banco Agrario) hacen a Finagro mediante la compra de unos Títulos de Desarrollo Agropecuario. Como ha habido un buen comportamiento del sector, la banca privada está sustituyendo estas inversiones en títulos por créditos con recursos propios a la agroindustria, comercializadores de alimentos, proveedores de insumos y de maquinaria agrícola. De los 7.4 billones de pesos colocados a noviembre de este año, el 68% fueron con recursos de la banca privada. El 32% restante se hizo través de créditos redescontados por Finagro.

Aquí viene el lado flaco del asunto. Mientras los créditos para el sector empresarial (industria, comercio, agro insumos, maquinaria y equipos) siguen aumentando vertiginosamente, los del sector productivo continúan en picada. Este año, los créditos para siembras y compra de ganado cayeron en un -19% y -17%, respectivamente. Los créditos al pequeño productor siguen sin despegar y solo representan el 20% del monto total de los créditos desembolsados. Por su parte, el financiamiento de las alianzas estratégicas (industriales con pequeños campesinos) prácticamente desapareció. Si la Misión Rural no hace ajustes inmediatos al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario para incentivar el crédito a los productores del campo, en poco tiempo no habrá alimentos para transformar y mucho menos para comercializar.

A buena hora el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, comenzó a tomar medidas de choque para incentivar el acceso al crédito de los productores del campo. Esta semana el Banco Agrario comenzó a simplificar sus rubros de créditos, a reducir sustancialmente los tiempos de los desembolsos y a crear cupos rotativos de créditos para cultivos de ciclo corto. Asimismo, se inició un programa de fortalecimiento técnico a las Umatas, se duplicó el presupuesto del subsidio al seguro agrario contra riesgos climáticos y se está trabajando en la consolidación de las cadenas productivas para asegurar la comercialización de los productos a un precio justo de mercado.

Solo resta liberar al 100% el respaldo de los créditos a los productores a través del Fondo Agropecuario de Garantías –FAG-, impulsar líneas de créditos leasing y factoring agropecuario y solicitar a la Junta Directiva del Banco de la República que amplíe la validación de los TDA clase A, para que la banca privada salga a colocar unos 3 billones de pesos en créditos para pequeños productores.

En el tintero: Siguen las renuncias de los buenos funcionarios que quedaban en el Gobierno. Esta vez el turno fue para el presidente de Finagro, Luis Eduardo Gómez.  

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Tremendo caos institucional el que estamos viviendo en Colombia. Ahora son los ministros quienes tramitan las leyes en el Congreso, y los congresistas  (de la Unidad Nacional) quienes nombran y administran los presupuestos de las entidades públicas. La justicia sigue en paro desde hace 50 días, la Policía y la Fiscalía desprestigiadas; los militares, oprimidos, y los órganos de control, sin legitimidad para castigar a quienes infringen la ley.

En el manejo de la economía comienza a manifestarse un nerviosismo sospechoso. La caída del precio del petróleo, la disparada del dólar, el derroche del Gobierno en el gasto público, la corrupción o mermelada repartida, la espantada inversión extranjera y el costoso proceso de paz con la guerrilla de las Farc tienen las finanzas públicas con un hueco fiscal enorme que pretende tapar con más impuestos a los colombianos. Como van las cosas, el 2015 será un año bastante complicado. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, va tener que ser más creativo, dejar de ser tan terco y trabajar de la mano con la clase empresarial del país. El palo no está pa’ cuchara.

En lo que respecta a la seguridad alimentaria de los 47 millones de colombianos, las cosas también andan bastantes enredadas. Además del cambio climático, la escasa infraestructura rural, la extorsión y los altos costos de producción que golpean la productividad al sector agropecuario, ahora nos toca aguantar las agresiones y el caos jurídico que la izquierda y un puñado de ONG extranjeras han creado con política de tierras. Lo peor del cuento es que ninguna de esas personas -jamás en su vida- han sembrado una hectárea de maíz, yuca o arroz. Mientras tanto seguimos sin explotar más de 4 millones de hectáreas baldías (a través de arriendo de la tierra) con las cuales podríamos sustituir los 10 millones de toneladas de alimentos que importamos de Estados Unidos y los países del Mercosur, entre otros.

En los sectores de la salud y la educación el desbarajuste es aún mayor. Al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le ha tocado dedicar más tiempo en resolver los escándalos de corrupción que en implementar un nuevo sistema que elimine el ineficiente servicio a los ciudadanos. La ministra de Educación, Gina Parody, va por el mismo camino. Con los recientes escándalos de irregularidades administrativas y académicas en una veintena de universidades, le ha tocado librar más un papel de superintendente que de rectora de la política educativa del país.

Pero no todo es caos. Con el proyecto de Ley que están impulsando Roy Barreras y uno de los muchachos Galán para legalizar el consumo de la marihuana con fines medicinales en Colombia, seguramente se recompone la economía del país. Como tendrán que legalizar también los cultivos de marihuana, seguramente el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, propondrá que estos se desarrollen únicamente en las Zonas de Reserva Campesina que el Gobierno va a crear para los desmovilizados de las Farc. Muy pronto veremos las largas colas de pacientes nacionales y extranjeros en las EPS de Roy, reclamando su dosis de porros diarios. ¡Qué bonito país!.

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Cada vez que recorro las carreteras de los departamentos de mi Región Caribe, siento una creciente indignación por la falta de visión a futuro de nuestra dirigencia política. Son pocos quienes se preocupan por implementar proyectos de alto impacto para la economía de nuestra población y las pocas partidas que negocian con el Gobierno tienen un impacto reducido en sus poblaciones de origen.

Es de claro conocimiento que los desarrollos de infraestructura de transporte más importantes para el país son aquellos que nos conectan con el resto del mundo. Sin embargo hemos tenido que esperar más de cien años para entregar en concesión la navegabilidad del río Magdalena, a sabiendas que el monumental atraso de la red de transportes es tal vez el mayor obstáculo para el crecimiento económico del país. Me cuentan que transportar una carga de Liverpool al puerto de Barranquilla cuesta menos que transportarla de Barranquilla a Bogotá.

Para nadie es un secreto que el río Magdalena es la principal arteria económica de Colombia y es fácilmente accesible desde Bogotá o Medellín. Mientras un convoy de seis barcazas transporta 7.200 toneladas, por transporte terrestre hay que utilizar 240 tractomulas. Ni qué hablar de los bajos costos en tarifas y tiempos de entrega de la mercancía. Esperamos que el año entrante estén dragados los 900 kilómetros prometidos, se mejore la infraestructura de los puertos fluviales y se arreglen las vías de conexión con los centros productivos para tener un verdadero sistema de transporte multimodal.

Aquí viene la mala noticia. Me enteré que por puros compromisos electorales le solicitaron la renuncia al director de Cormagdalena, Augusto García, quien venía ejerciendo una excelente gestión en la entidad. García luchó cuatro años para sacar adelante el proceso licitatorio para la navegabilidad del río Magdalena y es quien sabe cómo deben entregarse las obras adjudicadas. Ahora, seguramente nombrarán a un recomendado político que nunca en su vida se ha comido un bocachico, no sabe dónde queda la población de Plato y muchos menos sabrán distinguir entre la eslora y la manga de un buque. Así están actuando con las demás entidades del Estado. Qué falta de respeto e irresponsabilidad política con nuestra población.

Con el desarrollo agrícola, piscícola, forestal y ganadero de la Región Caribe sucede lo mismo. A los congresistas costeños les quedó grande sacar adelante los proyectos de irrigación de la Mojana y el Ranchería, en La Guajira, para desarrollar la más importante agricultura de exportación que puede existir en Colombia. Así como un grupo de congresistas se fueron el pasado 12 de octubre –con pasajes y gastos pagados con nuestros impuestos– a Ginebra (Suiza) a postular a Cartagena como sede de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria para el 2015 (ni idea en qué nos beneficia ese tema), ¿por qué no organizar una visita con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al Perú a ver si copiamos el proyecto de irrigación de las 43.500 hectáreas en el árido Valle de Olmos. Les adelanto el video a ver si se entusiasman.( http://youtu.be/zqlQsiW7b9A ). Es hora que demuestren un poco de sentido de pertenencia y compromiso con nuestra Región Caribe.

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La historia se desarrolla en el departamento del Cesar, donde todos los años un grupo de arriesgados agricultores programan desde junio sus siembras para luego recoger sus cosechas entre diciembre y febrero. Este año han tenido que sufrir muchas dificultades por la desidia e irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos.

El viacrucis de estos algodoneros comenzó en el mes de junio cuando el Ideam erradamente anuncio una larga sequía en la Región Caribe y muchos de ellos resolvieron no sembrar, algunos se prepararon instalando sistemas de riego que no utilizaron por la cantidad de lluvias que ha caído y otros se guiaron por los acertados pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica –Nooa- (del Departamento de Comercio de los Estado Unidos). Lo grave del asunto, es que nadie responde políticamente por el descache del Ideam.

Con el agua requerida, los tractores tanqueados de ACPM, semilla certificada, suficientes garantías hipotecarias y los contratos de venta anticipada suscritos, los algodoneros procedieron a radicar sus solicitudes de crédito -a principio de julio- ante el Banco Agrario de Colombia (BAC).

Me comenta uno de los algodoneros, que a finales de agosto (60 días después de radicado los créditos) un funcionario del Banco -sin tomarse el trabajo de hacer una visita de campo- le notificó que ante el “fenómeno de la sequía del Ideam”, debía cambiar la línea de crédito de algodón por una de retención de vientres para reducir riesgo. Nada más absurdo y violatorio al manual de servicio de Finagro.

Como los cultivos no entienden de trámites ociosos, ni de funcionarios ineptos, los algodoneros decidieron arrancar la siembra de sus cultivos con recursos propios y préstamos comerciales. El pasado 20 de octubre, un analista de crédito dependiente de la vicepresidenta del BAC, Marcela Ferrán, le notificó al algodonero la necesidad de cambiar la garantía (que había avalado tres anteriores créditos), aduciendo que ese predio alguna vez fue baldío nacional y convertido en título de propiedad en 1960. No contento con lo anterior, también le exigieron cambiarse a otra línea de crédito (rotativo agropecuario) que opera a través de la tarjeta de crédito agroinsumos. Lo que no sabía el funcionario, es que para esta fecha ya había pasado el tiempo de fertilización.

El despelote no termina aquí. El pasado 19 de noviembre, el analista de crédito Omar Rueda le exigió al algodonero cambiar el contrato de compra de la cosecha por una operación forward para que el comprador de la cosecha abonara directamente las cuotas del crédito al Banco. Ante el desespero, el algodonero aceptó dicha condición. Para más sorpresas, unas horas más tarde le informaron que el industrial también tenía que aportar garantías reales. Y ahí fue donde la puerca torció el rabo. Hoy cinco meses después, el crédito no ha sido desembolsado. Lo más irónico de este caso, es que el presidente de la Confederación del Algodón –Conalgodón-, César Pardo, es miembro de la Junta Directiva del Banco Agrario. ¡Qué incapacidad!

¿Ya ven por qué existen las dignidades? ¿Ven por qué se ha perdido la confianza en las instituciones públicas? ¿Ya ven por qué al Banco Agrario, en estos meses de interinidad, se le han caído los créditos en más de 70.000 millones de pesos y su cartera morosa es la más alta del mercado? Delicado asunto.

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Se cumplen los primeros 100 días del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos y sus ministro comienzan hacer sus balances de gestión. En la cartera agropecuaria, el balance lo veremos en un año, porque tomará un tiempo ordenar la casa.

Hay que reconocer el esfuerzo que el Gobierno Santos está haciendo por impulsar una política agraria que resuelva de una vez por todas el problema de falta de productividad y competitividad de nuestros productores del campo. En ese sentido, habrá que introducir reformas en la educación y capacitación de nuestros productores e invertir más en desarrollo tecnológico para tener mayores posibilidades de ocupar mejores espacios en los mercados internacionales. Así lo están haciendo un grupo de  485 pequeños productores de arroz con un veterano industrial, don Manolo Suso, en Jamundí (Valle del Cauca). Hoy obtienen cosechas de arroz con los menores costos ($3.6 millones por Ha) y mayores rendimientos (8 Ton/Ha) del país.

En esa misma dirección deben apuntar las recomendaciones de la Misión Rural. En Colombia estamos necesitando una política pública de acompañamiento y cooperación con el sector privado y para ello, tendrán que comenzar por eliminar un centenar de normas obsoletas y el exceso de regulación que impiden el desarrollo eficiente de la agricultura. Hay que diseñar urgente una nueva legislación acorde a las actuales condiciones sociales, económicas y culturales del país.

Pretender eliminar las ineficiencias del negocio agrícola significa que el Gobierno tendrá que revisar el ineficiente servicio de asistencia técnica que prestan las Unidades Municipales de Asistencia Técnica (Umatas). Las millonarias ayudas que el Ministerio de Agricultura destina a este programa deberían exigir de los alcaldes un compromiso serio en el nombramiento de profesionales agropecuarios en dichos cargos y la asignación de recursos complementarios a las ayudas del Estado.

En la misma dirección, se debe implementar un plan de uso de suelos para todos los municipios del país. Con esa herramienta, los alcaldes (a través del POT rural) podrán convenir con los agricultores qué cultivos se pueden desarrollar competitivamente. Además, sabrán planear mejor la inversión en la construcción de centros de acopio y vías terciarias. Que el director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) se dedique a cumplir este propósito. Que no haga más ‘ná’.

Mientras el Congreso de la República aprueba la Ley que busca reglamentar el manejo y adquisición de tierras baldías, habrá que destinar unas zonas para incentivar -a través de contratos de arrendamiento a largo plazo-, la siembra de grandes extensiones de cereales para sustituir la importación de 9,8 millones de toneladas de alimentos y generar esos empleos acá.

Financiar a través del BID un programa que ofrezca mejores servicios de calidad en términos de sanidad agropecuaria, la compra de nuevos equipos y la capacitación a los funcionarios del ICA para que presten un mejor servicio de control y erradicación de plagas y enfermedades incrementará los rendimientos de los cultivos y abrirá nuevos mercados externos.

La agricultura se ‘escribe’ con agua y si en Colombia montamos un sistema de concesión de construcción de presas y canales de irrigación en las regiones donde se cultiva el arroz, maíz, palma y algodón, entre otros, incrementaremos en un 35% la productividad en estos sectores.

Como lo dijera el ministro Iragorri, se acabó la carreta, llegó la hora de actuar.

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En las encuestas publicadas esta semana por Datexco y Gallup, hay varios indicadores de gestión y de imagen institucional muy preocupantes que merecen una profunda revisión por parte del Gobierno Nacional y demás  instituciones del poder público.

En el caso particular del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el tema tocó fondo. En todas las encuestas aparece como el peor alcalde de Colombia. El 71% de los bogotanos opinan que la ciudad va por muy mal camino, el 69% desaprueba su labor y su imagen negativa llega al 63%. No solo perdió el año, sino el resto de su carrera política. Con esta pésima calificación, el único camino digno que le queda es la renuncia.

Sobre la gestión del presidente Santos, se observa que hay un corto circuito en la manera como el gobierno está informando sus logros o los recursos de inversión no están siendo invertidos eficientemente. Para nadie es un secreto que nuestra economía goza de la mejor salud, sin embargo solo el 29% de los colombianos lo cree así. En el manejo de la política de lucha contra el desempleo, el 50% de los encuestados opina que este ha empeorado, sin embargo las cifras del Dane muestran que tenemos la tasa de desempleo más baja en los últimos 14 años, (el índice de desempleo a septiembre fue del 8.4%). Y así sucede con las calificaciones en materia de educación, apoyo al campo e infraestructura, para citar algunos casos.

Donde sí debe preocuparse el gobierno es con los temas de inseguridad y el proceso de paz. El 71% de los colombianos desaprueba el manejo que el presidente Santos le está dando al tema de la seguridad nacional y respecto a las negociaciones en La Habana, el 56% de los colombianos es incrédulo de la firma de un proceso de paz porque no les cree a las Farc. En ese sentido, es preferible congelar las negociaciones hasta tanto se realice una consulta popular para que sean los colombianos los que decidan a través de las urnas si están o no de acuerdo con una salida negociada del conflicto y en qué condiciones debe pactarse. Ello le ahorraría tiempo, recursos y desgaste político al presidente Santos.

En cuanto a la percepción que tienen los colombianos de sus instituciones, salvo la Contraloría General de la República, las demás tienen una imagen negativa mayor a la positiva. El Congreso de la República sigue liderando el desprestigio en el país, con una imagen negativa del 69%. Le siguen en su orden la Corte Suprema de Justicia, La Fiscalía, La Procuraduría, Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Delicado el asunto.

Contrario a lo anterior, las encuestas revelan que la mayoría de los colombianos tienen una percepción muy favorable (por encima del 79%) de nuestro Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

Ahí tienen pues, las opiniones y el sentir del pueblo. Y como decía Alcunio, un monje anglosajón “La voz del pueblo es la voz de Dios”

En el tintero: un dato adicional. El funcionario que ha obtenido el puntaje favorable más alto en una encuesta en Colombia es el ex alcalde de Barranquilla Alex Char, con el 97% de aceptación.

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