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Indalecio Dangond (126)

Va a estar bien movida la agenda pública en este segundo semestre del año. Los acontecimientos de esta semana marcan un nuevo rumbo en la política, la economía y la paz del país.

Debo confesarles que hago parte de ese 76% de colombianos que consideran que la guerrilla de las Farc no tiene intenciones legítimas de llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, debo reconocer que después de haber visto la entrevista del presidente Juan Manuel Santos con la directora de Noticias RCN, Claudia Gurisatti, esta vez percibo una luz de esperanza en este proceso de paz. Si las condiciones expuestas por el presidente Santos en dicha entrevista (dejación de las armas, concentración de los subversivos, sometimiento a la justicia y reparación a las víctimas) se cumplen por parte de las Farc, el próximo 20 de noviembre estaremos poniendo fin a esta guerra absurda entre colombianos. Dios quiera que así sea. En los próximos 120 días el gobierno del presidente Santos también tendrá el reto de transformar la institucionalidad del sector agropecuario para adecuarla a las nuevas exigencias de la globalización de la economía y de un posible acuerdo de paz. Para ello, solo se necesita tener sentido común de las cosas y determinación. Le voy a dar un consejo, señor presidente. Mande pa’l carajo toda esa mano de estudios y bibliotecarios del agro que viven año tras año, chupándose –desde unas lujosas oficinas al norte de Bogotá– los presupuestos del Ministerio de Agricultura. Han pasado 20 años y lo único que han logrado es más pobreza, estancamiento e ineficiencia en el sector. ¡Ya está bueno!

Los problemas del sector agropecuario en Colombia se resuelven simple y llanamente con políticas o programas concretos que reduzcan los altos costos de producción (transporte, energía, impuestos, insumos) que incentiven la productividad (transferencia de conocimientos y tecnología, riego, semillas, manejo sanitario de alimentos) y disminuyan el riesgo de los negocios del agro (seguros de riesgos climático, coberturas de precios, reconversión de cultivos, uso de suelos, crédito oportuno y fechas de siembras). ¿Que le interesa a un productor del país para competir con uno de los Estados Unidos, Brasil o Ecuador? Reducir costos y aumentar rendimientos por unidad de tierra y animal. ¡No es más!

Claramente, el tijerazo que le acaban de dar al presupuesto del sector agropecuario del año entrante (1.8 billones de pesos menos) no es coherente con la política y los planes que está proponiendo el Gobierno para sacar al sector de esta crisis de rentabilidad. Con más razón habrá que reducir –por lo menos en una tercera parte– la burocracia que le cuesta al bolsillo de los colombianos más de 500.000 millones de pesos al año. Afortunadamente, existe frente a la cartera del agro un ministro que ha sabido sortear todas estas medidas de ajuste fiscal, evitando más traumatismos al sector.

La tercera y la más difícil tarea que tiene el gobierno del presidente Santos en este segundo semestre es impulsar un referendo constitucional para eliminar el corrupto sistema electoral del país y el manejo de los recursos públicos por parte del legislativo. Es una vergüenza nacional lo que está sucediendo con los avales de los partidos políticos, la contratación pública y los nombramientos en las entidades del Estado.

Que Dios lo ilumine, señor presidente.

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Y nos agarró el cambio climático con los calzones abajo. Los ganaderos del Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre andan desesperados comprando carrotanques de agua para evitar que sus vacas sigan muriendo de sed. De 700 milímetros cúbicos de agua que caían en años anteriores, este semestre escasamente cayeron unos 250 milímetros.

Sin duda alguna, el cambio climático va a tener un impacto sobre la productividad y rentabilidad de los negocios agropecuarios, sobre la degradación de los suelos, las disminuciones de especies polinizadoras y modificaciones en la prevalencia de plagas y enfermedades. Si no implementamos urgentemente una política de adaptación al cambio climático vamos a tener serias repercusiones en la economía nacional, en las tasas de pobreza rural y en la seguridad alimentaria. Acuérdense que el sector agropecuario es el responsable de producir los 30 millones de toneladas de alimentos anuales para 47 millones de colombianos, garantizar el 40% de las exportaciones del país y generar empleo directo al 23% de nuestra población.

Frente a este preocupante panorama, el presidente Juan Manuel Santos debería aprovechar las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, para crear una entidad con carácter de organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Agricultura, que actúe como órgano de coordinación y enlace por parte del Gobierno Nacional, para el desarrollo y manejo de la política de riesgos agropecuario del país. Una entidad que elabore e implemente planes anuales de adaptación climática en los cuales se incluyan programas de uso eficiente de suelos, reconversión de cultivos, calendarios de siembra por regiones, manejo del recurso hídrico y seguros agrarios.

Adaptarse al cambio climático significa que los productores del campo tendrán que cambiarse a cultivos orgánicos  y genéticamente modificados (resistentes a plagas y sequía), hacer cambios de siembras y cosechas, inversiones en infraestructura de riego (pozos, drenajes, presas) y capacitarse en buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Los sistemas silvopastoriles son una tremenda alternativa de adaptación climática porque proveen servicios ambientales, al tiempo que suministran sombra guardando la humedad del suelo y disminuyen la temperatura para el ganado.

Por supuesto que estos esfuerzos deben ir acompañados de planes de inversión pública. En el marco de la inauguración de la versión número XX de Agroexpo, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció un paquete de ayudas que van desde subsidios (de hasta el 40%) para inversiones en construcción de reservorios, pozos profundos, infraestructura para almacenamiento, compra de tractores, hasta la subvención del 80% de los costos de las primas de seguros contra riesgos climáticos y unas líneas de créditos con plazos a 15 años.

Donde no hemos visto esfuerzo alguno para mitigar los riesgos del cambio climático es en los gobiernos departamentales y municipales de la Región Caribe. No existe un solo alcalde que haya reforestado más del 10% de las cuencas de los ríos de sus municipios, y ni un solo gobernador que haya construido un represa para garantizar la producción de alimentos en su departamento.

Como decían los abuelos, “Nadie sabe con la sed que bebe el otro”.

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La historia del departamento de La Guajira se divide en dos partes: antes y después de la Constitución de 1991. La elección popular de gobernadores fue el peor desastre que le pudo suceder a este departamento.

Cuando hacemos un balance entre las gestiones de los gobernadores que eran nombrados por méritos y los elegidos popularmente encontramos que desde 1992 a la fecha –con toda la bonanza de las regalías– el departamento ha tenido un importante crecimiento pero en miseria, atraso y corrupción, debido a que fue secuestrado por un puñado de políticos mediocres, contaminados por la ilegalidad, sin visión y mal manejo de los dineros públicos. Como dijo un viejo amigo, “eso es lo que da la tierrita”.

Claramente, este esquema político no solo acabó con el progreso y el desarrollo económico del departamento, también se llevó por delante el surgimiento de una nueva generación de líderes educados en las mejores universidades del país y del mundo.

Profesionales que estaban dispuestos a desarrollar todas sus capacidades en beneficio de las comunidades de esa región, pero los cientos de cajas (de cigarrillos Marlboro) repletas de dineros para la compra de votos los ahuyentó.

Con las comisiones de los contratos de las regalías del carbón y el dinero del contrabando estos clanes políticos recolectaban suficiente dinero para financiar la siguiente campaña, sobornar jueces, funcionarios de control fiscal y disciplinario, pagar abogados y, en el peor de los casos, adecuar las celdas de las cárceles donde eran enviados a pagar cortas condenas por corruptos.

En La Guajira el nivel de corrupción es tan alto que han llegado a la degradación de robarles las medicinas, el agua y los alimentos a los niños indígenas wayuus. Dicen que en los últimos cinco años han muerto más de 4.700 menores por culpa de esta putrefacción pública. El Dane sostiene que en 2012 de mil niños menores de cinco años nacidos vivos, falleció el 38,9%. ¿Por qué al Gobierno Nacional, organismos de control y a la Fiscalía les cuesta tanta dificultad resolver estos problemas? Qué vergüenza.

El otro tema preocupante ha sido la falta de voluntad política por parte de los congresistas y del presidente de la República, para impulsar iniciativas de inversión local y extranjera en proyectos turísticos, industriales, comerciales, pesqueros y de producción de alimentos.

En la Alta Guajira solo hay mar y desierto, y la única forma de atraer inversión local y extranjera en grandes proyectos hoteleros y comerciales es aprobando un régimen de supresión total de impuestos, tal como funciona en Las Vegas (Nevada) y llevar inversión (con recursos de nuestras regalías del carbón) en servicios públicos, redes de comunicación, infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria. En el centro y sur de La Guajira solo requerimos que el Gobierno termine lo que inició o constituya una APP para poner a operar la represa del Ranchería, que tiene 198 millones de metros cúbicos de agua disponibles para regar unas 10.000 hectáreas en cultivos de frutas, verduras y hortalizas que se pueden exportar a los mercados que ya tiene identificado ProColombia, generar energía para no depender más del mal servicio de Electricaribe y llevar agua potable a 500.000 habitantes de ocho municipios del departamento.

¿Será que estamos condenados a otros 50 años de abandono y corrupción?

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¿Sabía usted que los billones de pesos que los colombianos pagamos a través de los 62 tipos de impuestos que enumeró María Isabel Rueda en su pasada columna son destinados a subsidiar y mantener año tras año actividades agrícolas y pecuarias ineficientes? Esta costumbre paternalista del Estado ha permitido que en el país nacieran varios grupos de traficantes de subsidios agrícolas. Veamos algunos casos:

En primer lugar están las ONG. Estas organizaciones han montado un negocio redondo en manguala con unas cooperativas campesinas de garaje para quedarse con gran parte de los subsidios que otorga el Estado. Se han vuelto expertas en fundar asociaciones de campesinos desplazados en zonas de conflicto armado, para luego montar falsos reclamos de restitución de tierras o adjudicación de baldíos por parte del Incoder, luego se inventan proyectos productivos inviables para acceder a subsidios del Estado y de organismos de Cooperación Internacional.

Solo basta ir a los Montes de María, Tibú, Magdalena Medio, Tumaco o Chocó, para darse cuenta de los negociazos que han montado estas organizaciones con los dineros públicos. Un verdadero concierto para delinquir, explotando a los campesinos de verdad y al Estado. La Contraloría General de la República y la Fiscalía están en mora de iniciar una investigación a fondo contra estas ONG.

El segundo grupo de beneficiarios de estos subsidios estatales son algunos políticos. Cualquier ayuda en el trámite de los mismos se compensan con votos en sus regiones. El apoyo a las marchas o paros campesinos es la mejor estrategia electoral para lograr un triunfo en cualquier cargo de elección popular regional. El Polo Democrático sabe mucho de esta estrategia. No hay voto más barato y fácil de conquistar que el de un campesino.

Por último, están los productores holgazanes. Se ha vuelto costumbre que todos los años el Gobierno tenga que salir a comprarles las deudas vencidas y a subsidiar el precio de sus productos a miles de agricultores y ganaderos ineficientes. Ellos han encontrado en estos programas de subsidios una forma de hacer dinero sin tener que esforzarse por desarrollar un negocio agrícola rentable y competitivo. Al final del día saben que papá Gobierno termina solucionándoles sus problemas con la banca.

Es inconcebible por ejemplo que un caficultor que recibe un subsidio del 30% sobre el costo de la siembra o renovación de una hectárea de café, otro 30% en la inversión de su beneficiadero de café, un 100% del costo de la asistencia técnica, un 80% del costo de la póliza del seguro contra riesgo climático y un subsidio en la tasa de interés tenga que esperar todos los años a que el Gobierno con los impuestos de los colombianos –además– le subsidie el precio de su producción. Si no se puede ser competitivo con esta mano de subsidios, pues dediquémonos a otra actividad agrícola.

Es hora de poner freno a estas prácticas delincuenciales. Los dineros públicos no deben ser utilizados para apoyar negocios ineficientes y mucho menos para llenar los bolsillos de unos ‘avispaos’ que se aprovechan de la inocencia de nuestros campesinos y de la falta de control del Estado.

En buena hora, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, ha puesto freno a esta vagabundería. Los 2,3 billones de pesos que ha destinado ese ministerio este año deben ser destinados a tener un impacto en el aumento de la productividad de los negocios agrícolas y no a beneficiar a estos traficantes de subsidios.

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La Convención Bancaria es, de lejos, el foro económico y financiero más importante del país. En la agenda de la versión número 50 –que culminó el pasado viernes en la ciudad de Cartagena–, pudimos constatar el importante rol que juegan las entidades financieras en el crecimiento económico de nuestro país.

Me llamó mucho la atención que la agenda académica se hubiese enfocado más a las soluciones de los problemas fiscales del Gobierno y al nebuloso futuro económico del país, que a los intereses propios del gremio financiero. La plana mayor de expertos economistas internacionales y del país (BID, CAF, ONU, Anif, Fedesarrollo, Banco de la República...) presentó un diagnóstico sobre nuestra economía y los síntomas que comienzan a debilitarla. Lástima, que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no hubiera asistido al panel, para haber tenido un debate más profundo de esa otra Colombia que nos mostraron estos expertos.

El que sí aprovechó esta reunión de banqueros fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en un momentico organizó un comité de crédito con varios bancos y consiguió 32 billones de pesos (de 35 billones que estaba necesitando) para financiar sus autopistas 4G. Con esta financiación, la venta de Isagén ya no es tan urgente.

No existe en Colombia un solo programa de desarrollo sostenible, de competitividad, transformación productiva e impulso a la infraestructura que no necesite fondeo con recursos de crédito. Las cifras oficiales así lo demuestran. Para el primer trimestre de este año, el saldo de cartera de las entidades de crédito circundaba los 340 billones de pesos. No obstante, a los problemas de costo país, corrupción pública y guerrilla, la cartera de crédito tuvo un crecimiento del 15,6% respecto al mismo periodo del año pasado. Tiene razón el director general de la ONU para Colombia, Fabrizio Hochschild, al afirmar que Colombia es un James Rodríguez, pero con una mochila llena de piedras colgada en la espalda. ¿Se imaginan ustedes a Colombia sin las piedras de la corrupción pública y la guerrilla?

Otro debate importante en el foro bancario fue el de la inclusión financiera. Para nadie es un secreto que los pequeños y medianos empresarios del país tienen muchos obstáculos en el acceso al crédito. Del saldo total de la cartera bruta en el 2014, los damnificados fueron el microcrédito y el sector agropecuario, con una participación del 3% y el 1,9% respectivamente. Estos bajos índices de participación obedecen principalmente a la baja rentabilidad de los negocios y las dificultades de información para identificar buenos clientes. La buena noticia es que varias entidades bancarias comenzaron a implementar un programa agresivo de impulso al financiamiento de estos sectores a través de las tarjetas de crédito agropecuarias y la promoción del microcrédito en las pymes de zonas rurales del país.

Decía un viejo amigo banquero que una empresa es como un organismo vivo, donde los flujos de dinero generados por sus actividades forman un sistema sanguíneo, donde la financiación, como el corazón, debe actuar perfectamente si se quiere un correcto funcionamiento de la misma.

En los bancos, como en los restaurantes, los créditos deben ser a la carta.

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Comenzaron a definirse los nombres de los candidatos que tendrán alguna opción de ganar las elecciones a gobernaciones y alcaldías el próximo 25 de octubre en la Región Caribe.

En el Cesar, algunos caciques tuvieron que recurrir a varias volteretas –al estilo Roy Barreras– para cuadrar a varios clanes familiares en la foto, de tal manera que nadie se quedara por fuera de la repartición de la torta del poder político y económico del departamento. La primera jugada fue convencer a la familia Gnecco (del actual Gobernador) para que cediera el poder a alguien que no fuera de su misma cuadra. Al día siguiente, Franco Ovalle (brazo derecho del vicepresidente Germán Vargas Lleras) dejó de ser el candidato a la Alcaldía de Valledupar por Cambio Radical y pasó a ser el candidato a la Gobernación del Cesar por el partido de La U. Nadie se explica cómo lo lograron. Habrá que preguntárselo a Vargas.

La misma alianza política cuadró esta semana la torta para la Alcaldía de Valledupar. Tuto Uhía, un líder nato que ha hecho su carrera política a pulso, terminó cambiando el aval del pueblo por un aval bipartidista que se compartieron Cambio Radical y los conservadores. Grave error. Ahora le dicen “El tres en uno”.

En ambos casos se puede estar cometiendo el pecado de la doble militancia política. La ley prohíbe que una persona vinculada con un partido o movimiento político, acepte ser nominado a nombre de otro sector político. Estas prácticas se castigan con la destitución del cargo o la pérdida de investidura. El mayor riesgo lo están corriendo con el propio electorado. En Valledupar, la gente vota por convicción y cuando un candidato se presta para este tipo de componendas políticas por lo general termina derrotado.

En el otro lado de la contienda están dos candidatos de mucha trayectoria política y con una mayor experiencia en la gestión pública. Arturo Calderón, candidato del Partido Liberal a la Gobernación del Cesar, arranca su campaña con un ‘taxímetro’ de 112.000 votos que obtuvo en las elecciones pasadas. Calderón es un abogado con una trayectoria profesional exitosa y con buen carisma y aceptación.

Por su parte, Sergio Araújo Castro –gran líder de reconocimiento nacional– es la carta que se juega el Centro Democrático en una ciudad donde el expresidente Álvaro Uribe tiene todo el respaldo y admiración de la mayoría de sus habitantes. Sergio Araújo es inteligente, visionario y con muy buenas relaciones en el poder central. Independientemente de la resistencia que tiene en algunos círculos políticos y sociales de la ciudad y en el país es un contrincante de grandes ligas para la Alcaldía de Valledupar.

No será una contienda electoral fácil. Los cuatro aspirantes de los dos bandos son profesionales con visión empresarial y sin tacha alguna. Falta conocer sus programas de Gobierno, donde seguramente encontraremos un abanico de propuestas que permitirán encontrar soluciones al caos de movilidad e inseguridad que vive Valledupar.

En los 24 municipios restantes del departamento los cesarences están exigiendo un gobernador que impulse la agroindustria y monte una red de escuelas de emprendimiento empresarial y rural que brinde capacitación gratuita en carreras técnicas (2 años) a los miles de bachilleres que no tienen los recursos para pagar una carrera universitaria.

Este es el panorama político en el Cesar.

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Han tomado carrera en este país los juicios mediáticos. Parece ser que dan muy buenos dividendos a los comercializadores de noticias y a quienes pretenden perpetuarse en el poder político. Las acusaciones o denuncias ya no se hacen ante la autoridad judicial competente, sino a través de los micrófonos o cámaras de los noticieros de televisión. De ahí en adelante la presunción de inocencia se convierte en condena anticipada.

Podría enumerar muchísimos casos, pero voy a referirme a uno en particular. ¿Recuerdan aquel debate promovido por el senador Jorge Enrique Robledo, sobre la acumulación de terrenos baldíos en la altillanura? Ante la opinión pública quedó la sensación (y así se vendió la noticia en varios medios de comunicación) de un supuesto despojo masivo a humildes campesinos por parte de unas empresas agroindustriales (Riopaila, Cargill, Poligrow,..), cuando el trasfondo del debate fue una supuesta inobservancia a la norma que limita el acceso a la propiedad rural.

La realidad del asunto es la siguiente: la altillanura es considerada como la despensa alimentaria del país y la única posibilidad de expandir nuestra frontera agrícola. No tiene sentido que teniendo 7 millones de hectáreas aptas para siembras de maíz, arroz y soya a 480 kilómetros de Bogotá, nos toque importar 10 millones de toneladas de granos y aceites de Argentina (a 10.700 kilómetros), Brasil (a 9.000 kilómetros) o Iowa en Estados Unidos (a 6.500 kilómetros).

Para sustituir estas importaciones de alimentos se requieren cultivos a gran escala con extensiones entre 5.000 y 20.000 hectáreas, pues de lo contrario las inversiones –en adecuación de terrenos, infraestructura, ciencia y tecnología– no logran los retornos necesarios. Para que los negocios sean rentables, las siembras deben realizarse con maquinaria de punta para plantar 900 hectáreas diarias y cosechadoras que recojan en dos semanas la producción de 5.000 hectáreas. Así lo hacen en el Brasil y Argentina.

Aquí viene el cuento de los baldíos. Para iniciar esta transformación del agro, las empresas antes mencionadas compraron varias propiedades que, supuestamente, sobrepasaron el limite de una Unidad Agrícola Familiar –UAF–, un absurdo mecanismo de restricción a la propiedad creado en la Ley 160 de 1.994.

Por mandato constitucional, la restricción a la acumulación de más de una UAF se aplica a predios baldíos adjudicados después de 1994, siempre y cuando dicha limitación esté consignada en el título de adjudicación y, en consecuencia, en el folio de matrícula inmobiliaria del respectivo predio. Si se viola este principio, la compraventa puede ser declarada nula por un juez de la República, y en ese caso el comprador debe devolver el predio y el vendedor debe reintegrar el dinero pagado. Así de sencillo.

Por otra parte, no existe ninguna acumulación ilegal si los predios comprados fueron adjudicados antes del 5 de agosto de 1994, y, en consecuencia, no procede la nulidad de ninguno de los contratos celebrados. De interpretarse mal la norma, habría que devolver el 85% del territorio nacional. En lo que sí estamos de acuerdo es en que aquellos predios que se hayan comprado con fines especulativos (engorde) el Incoder debe extinguir el dominio o su propiedad.

Claramente se ha perjudicado a una región y al desarrollo económico y agrícola del país. En hora y media de vuelo sobre la altillanura no vi ni un perro, todo quedó desolado.

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Sergio Clavijo, presidente de la Anif, es quizás el analista económico más importante y mejor informado que tenemos en el país. Esta semana coincidimos en un conversatorio sobre políticas de financiamiento al sector agrario y quedé bastante sorprendido y preocupado con el análisis que hizo sobre el comportamiento del sector agropecuario en Colombia.

Estos ejercicios académicos son bastante interesantes porque nos permiten plantear bajo otras perspectivas, propuestas que mejoren las políticas, estrategias y programas de impulso al sector agrario. Las cifras reveladas por el doctor Clavijo, muestran tres semáforos en rojo: i) La caída porcentual del PIB del agro del 6,7 al 2,3 en el último año. ii) La caída de las exportaciones no tradicionales en los últimos tres años y iii) El bajón de la inversión privada en el sector.

Claramente, este preocupante panorama –que viene de 20 años atrás– obedece a la inseguridad jurídica y limitación sobre la propiedad de la tierra, a la irrisoria inversión pública en distritos de riego, sistemas de almacenamiento y vías que conecten a los centros de producción agropecuaria con los puertos y grandes ciudades del mundo. El incumplimiento de los protocolos fitosanitarios y sanitarios que exigen los Estados Unidos y la Unión Europea y la falta de una política de inversión en biotecnología y transferencia de conocimientos, son otros factores de gran relevancia.

A buena hora, el Congreso de la República le ha concedido al presidente Juan Manuel Santos unas facultades extraordinarias –por 6 meses– para tomar medidas que enfrenten y resuelvan esta crisis del agro. Muy respetuosamente, le sugiero las siguientes:

Impulse con los congresistas el proyecto de Ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Social –Zidres-, para que podamos desarrollar a través de las APP del agro unas 4 millones de hectáreas en cereales, silvopastoreo y cultivos de tardío rendimiento en la altillanura. Solo en maíz amarillo requerimos sembrar urgente unas 500.000 hectáreas, para abastecer la demanda interna de los avicultores. Pídale al doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, que le dé una manito con un crédito a largo plazo para dragar ciertos tramos del río Meta, levantar el puente que une a Santa Rosalía con Bocas del Pauto, Trinidad y Yopal Casanare y construir la vía que conecta a Puerto Gaitán con Puente Arimena, La Primavera y Puerto Carreño.

Urge derogar la norma que creó las Unidades Agrícolas Familiares –UAF–. En 20 años, solo han servido para limitar el crecimiento de la superficie agrícola y condenar a los pequeños y medianos productores a seguir siendo pobres. Se debe instituir el POT agrícola para que los municipios tengan su mapa de uso eficaz del suelo, crear los centros de emprendimiento rural para formar a los jóvenes del campo, crear la Agencia Nacional para el manejo del riesgo agropecuario y un sistema de manejo del recurso hídrico.

Respecto a los subsidios al sector agropecuario, sería conveniente que recogiera todos esos incentivos y los simplificara solamente en cuatro programas de impulso a la producción: i) Un subsidio a la tasa de interés (DTF+0 EA) para créditos de inversión a largo plazo. ii) Un subsidio al costo de la póliza del seguro agrario. iii) Un subsidio al costo de la energía y iv) Un subsidio al costo de la prima de las coberturas de precio y cambiarias.

Lo demás es pura carpintería.

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Esta semana tuve la grata oportunidad de asistir a un foro organizado por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, sobre las Zonas de Interés  de Desarrollo Rural, Económico y Social –Zidre– en el municipio de La Primavera, en el departamento del Vichada.

Después de hora y media de vuelo sobre la extensa altillanura, pude constatar que esta región tiene unas características geográficas muy similares al Estado agrícola de Paraná, al sur de Brasil. La gran diferencia está en los modelos de desarrollo agroindustriales implementados en cada una de estas regiones.

Mientras los brasileros implementaron una política agresiva de inversión en infraestructura de transporte (férrea, fluvial, terrestre y aeropuertos) para conectar esa región agrícola con Sao Paulo y el resto del mundo, en Colombia llevamos 20 años esperando la carretera que conecta a Puerto Gaitán con Puerto Carreño. Es una vergüenza decirlo. Mientras los habitantes de los departamentos de Vichada, Casanare, Arauca y Meta, no pueden transitar por sus carreteras entre abril y noviembre (época de lluvias), el Ministerio de Transporte adjudicó hace pocos días más de $600 mil millones para ampliar a doble calzada la vía que comunica a Bogotá con las fincas privadas de Anapoima en Cundinamarca.

En el Estado de Paraná, las tierras son concesionadas y adjudicadas a proyectos productivos y no a personas en particular. En Colombia es todo lo contrario. Se les adjudica a los campesinos sin un proyecto productivo y estos terminan arrendándolas o vendiéndolas a otras personas para que las exploten. El ineficiente modelo de desarrollo rural de las Unidades Agrícolas Familiares –UAF- y las Zonas de Reservas Campesina, que creó el ex ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, y que tanto defiende el senador Jorge Enrique Robledo, los negociadores de las Farc en La Habana y algunos magistrados de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, solo ha traído miseria y pobreza al campo. Mientras en el Estado de Paraná un pequeño productor –asociado a una cooperativa empresarial– obtiene ingresos aproximados a los $2.500.000 mensuales, en Santa Rosalía o La Primavera (Vichada), no superan los $250.000 mensuales.

Si el Congreso de la República y el Gobierno Nacional sacan adelante el proyecto de Ley de las Zidres, asignan los recursos para infraestructura vial e implementan un esquema de financiación a largo plazo para mecanización, riego y almacenamiento de los cultivos agrícolas y forestales, habremos sustituido en los próximos cuatro años la importación de cereales. Además, de la generación de empleo productivo, crecimiento de las ciudades y la reactivación económica de esa región apartada del país. Un dato final, los brasileros aumentaron de 50 a 55 millones de hectáreas la superficie agrícola en los últimos cuatro años (2010-2014), con estas políticas.

En el tintero:

1. Cada día este país se parece más a Venezuela. Se cierran industrias, Ecopetrol sigue disminuyendo sus utilidades, la inversión extranjera se estancó, los cultivos ilícitos siguen creciendo y la inseguridad aumenta en el campo y en las ciudades. Grave el asunto.

2. Andan graves de candidatos las gobernaciones en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar y Sucre.

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Están muy enredados en el Gobierno con el programa de generación de empleos para los reinsertados de un posible acuerdo de paz. Todas las semanas lanzan una propuesta sin lograr un beneplácito o compromiso real por parte de la clase empresarial y gremial del país.

La campeona de estas insubstanciales propuestas la lanzó en días pasados el nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Carlos Alfonso Mayorga. Finalizada su posesión ante el ministro de Defensa, expresó a los medios de comunicación que iba a promover la idea de que los desmovilizados de las Farc fueran contratados como vigilantes. Me imagino que ya debe estar estudiando la contratación de unos 2.000 reinsertados para que trabajen como vigilantes en Palacio de Nariño, el Congreso de la República, en las Altas Cortes, la Procuraduría, Contraloría y ministerios. La verdad sea dicha, no me imagino a los hijos del presidente Santos escoltados por exguerrilleros.

¿Ya ve, señor Presidente, por qué en todas las encuestas la mayoría de los colombianos han perdido la fe en este proceso de paz? Nadie en este país se traga ese sapo, de que el problema de la guerrilla se resuelve dándole un puesto de vigilante a cada reinsertado. El problema de la subversión existe y seguirá existiendo mientras no se aniquile el alto nivel de corrupción pública y se disminuya la tremenda brecha social entre ricos y pobres. Mientras en Colombia siga existiendo un altísimo porcentaje de la población con empleo informal o precario, sin protección social integral y viviendo con menos de $10.000 al día, habrá guerrilla. Como también la seguirá habiendo, si no se endurecen las condenas contra los funcionarios corruptos. El país no aguanta más esta guerra de poderes por el control de los dineros públicos.

Claramente, todos los sectores de la economía deberían asumir una parte del costo de este proceso de paz y no dejárselo exclusivamente al sector agropecuario y al Estado. No basta que a los reinsertados de menor rango se les concesione unas Zonas de Reservas Campesinas y a sus jefes, unas curules en el Congreso y unos puestos en la Fiscalía. El sacrificio debe ser de todos. No hay derecho pues –por citar un ejemplo– que las empresas del sector exportador no hayan hecho un esfuerzo para ayudar a eliminar los problemas de hambre crónica que padecen la mayoría de los habitantes de las zonas portuarias de La Guajira, Tumaco y Buenaventura.

Es hora de que el Gobierno comience a diseñar una política seria y a largo plazo de ocupación productiva para los más de 10 mil reinsertados del proceso de paz.  Esto no se resuelve con empleos temporales. Las alianzas estratégicas o APP del agro serían una buena alternativa.

En el tintero:

1) Los ministros de Justicia y Salud deberían proponerles a las Farc que erradiquen manualmente las 112.000 hectáreas de coca, como un gesto de paz.

2) Con la renuncia del presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Genaro Muñoz, se viene una renovación generacional en los gremios de la producción agropecuaria.

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