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Indalecio Dangond (126)

Algo bueno debe estar sucediendo en el Departamento del Cesar, para que en un mismo día coincidan las visitas del vicepresidente de la República, los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, los ministros de Agricultura y de vivienda, varios presidentes de entidades públicas, dirigentes gremiales y representantes de organismos de cooperación internacional.

El pasado jueves, mientras el gerente y codirectores del Banco de la República, presentaban en Valledupar el nuevo billete de veinte mil pesos, paralelamente, se firmaba un convenio para construir 1.800 nuevas viviendas gratis y se lanzaba el más ambicioso programa de inversión de desarrollo agroindustrial y social que haya existido en la historia de este departamento. Se trata de una política de Desarrollo Rural que involucra a cuatro períodos de gobierno con una inversión que supera los 12.8 billones de pesos.

Para ponerlos en contexto, según el estudio presentado por la secretaria de agricultura departamental, en los últimos 25 años, la superficie agrícola del Departamento del Cesar, se ha reducido en 150.000 hectáreas y su hato ganadero en 940.000 cabezas de ganado aproximadamente. Entre tanto, la explotación minera ha despojado al sector agropecuario de unas 410.000 hectáreas, (equivalente a diez veces el tamaño de Bogotá) y los grupos guerrilleros controlan gran parte de la Serranía del Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta, donde se cultiva la coca. Para colmo de males, de las 1.7 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura y ganadería, solo el 27% tiene un uso adecuado.

Claramente, esta lamentable fotografía, es la secuela del mal manejo que los gobernadores y alcaldes de turno le dieron a los dineros de las regalías del carbón. Ellos, prefirieron invertirlas en cemento, concreto y ladrillo (lo que deja el CVY) y no en la reactivación de estas zonas productivas. Por culpa de estas equivocadas decisiones, mientras el índice de pobreza en Colombia es del 27.8%, en el Departamento del Cesar alcanza un 42.3%. Esta crónica del periodista de CM&, Mauricio Gómez, es el mejor testimonio del despilfarro de estas regalías. 

Con este lamentable panorama, el Gobernador Franco Ovalle y su secretario de Agricultura, decidieron destinar gran parte de los recursos de regalías en un plan de zonificación agrícola, pecuaria y forestal que les permita determinar qué, dónde y cuánta agricultura deben desarrollar competitivamente en su departamento, para luego realizar las inversiones que se requieren en infraestructura vial, servicios públicos, escuelas de emprendimiento rural y parques agroindustriales.

Este plan que ha sido bautizado con el nombre “El Cesar Siembra”, tendrá unos instrumentos de subvenciones a la productividad y a la administración del riesgo. Es decir, se subsidiará un porcentaje de las inversiones en riego, investigación, transferencia de tecnología y seguro agrario. Además se constituirá un fondo para respaldar parte de las garantía de los créditos a los productores que pertenezcan a una cooperativa agraria.

No me cabe la menor duda, que con esta política de ordenamiento y desarrollo productivo del sector agropecuario, el Departamento del Cesar, será en los próximos cuatro años, líder en competitividad agrícola y en exportación de alimentos del país. Por ahí es la cosa, estimado Gobernador.

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No solo es el deseo del vicepresidente Germán Vargas Lleras, es la aspiración de la inmensa mayoría de los colombianos. Que las Farc y el Gobierno cumplan lo pactado el pasado jueves en La Habana.

Tras este acuerdo del fin del conflicto armado, los negociadores deben pasar de los anuncios a los hechos y de La Habana a las 23 zonas veredales del país, para comenzar a trabajar en el proceso de desmovilización, concentración y verificación de desarme, para luego comenzar a implementar los programas de reintegración de excombatientes, reconciliación, justicia transicional y reparación a las víctimas.

El acuerdo firmado exige, además, el diseño e implementación de una política de Estado que garantice en el tiempo los recursos para la ejecución eficaz de los programas de inversión que se requieren para convertir las mal llamadas “republiquetas independientes” o “Bronx rurales” en zonas de reactivación económica y social, mediante modelos empresariales de desarrollo agropecuario sostenibles.

El fin del conflicto armado implica, asimismo, que el Ministerio de Hacienda haga un ajuste inmediato del Presupuesto General de la Nación. Gran parte de los 30 billones de pesos que les fueron asignados este año a las Fuerzas Militares y que ya no se justifican, deberían ser redistribuidos entre los ministerios de Agricultura, Vivienda, Transporte y el recientemente creado para el posconflicto, los cuales van a requerir una adición presupuestal importante para poder impulsar los proyectos productivos, las obras de infraestructura vial y los programas de vivienda que se pretenden desarrollar en las zonas de consolidación que se vayan a crear.

Este acuerdo exige también el cumplimiento de las promesas de erradicación y sustitución de más de cien mil hectáreas de coca por cultivos perennes asociados a cultivos transitorios, la devolución de más de cien mil cabezas de ganado y las casi 700 mil hectáreas en fincas que les han expropiado a ganaderos y familias campesinas en departamentos como el Meta, Caquetá, Huila, Putumayo, Nariño, Chocó, Santanderes, Bolívar, Cesar y Cundinamarca, entre otros.

Paralelamente a lo anterior, los colombianos esperamos que el Gobierno presente ante el Congreso de la República (el próximo 20 de julio), una reforma a la justicia y al sistema político colombiano, para que se pueda surtir el mismo proceso de desmovilización, pero con los servidores públicos que han saqueado las arcas de este país. Será muy difícil consolidar una paz estable y duradera en Colombia, mientras sigan llegando al Congreso, gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales, políticos no idóneos y de dudosa conducta. Tampoco es sano para la democracia que las curules sean canjeadas por fusiles.

Si las Farc y el Gobierno cumplen con estos compromisos, seguramente tendrán el acompañamiento y la participación del sector privado y la sociedad civil en la implementación de este trascendental acuerdo de paz. Si comienzan a dilatar estos compromisos, perderán la más grande oportunidad que han tenido de recuperar la confianza de los colombianos y, de paso, de ganar el plebiscito. ¡Ojalá cumplan!

En el tintero: Señores agroexportadores y productores nacionales, a tomar coberturas de precios, cambiaria y seguro agrario. El dólar, los precios de mercados y el clima, pueden hacerles pasar un mal rato.

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No hay Congreso Agrario donde no escuchemos quejas del sistema de financiamiento del sector agropecuario. Que los trámites son engorrosos, las tasas de interés son altas, los estudios de aprobación y desembolsos tremendamente demorados, poco peso de la financiación a largo plazo y garantías muy altas.  

En mis años de experiencia –como funcionario y asesor en materia de crédito de fomento–, he podido comprobar que nuestra estructura de financiación agraria, a pesar de tener muchos vacíos, es adecuada a las necesidades de capital de trabajo e inversión de los empresarios y productores del campo. Creo que el problema ha sido más de gerencia que falta de líneas de créditos al sector.

Para ponerlos en contexto, en Colombia, el sector agrario se financia a través de la banca oficial (Banco Agrario) y las entidades financieras privadas representadas por los bancos, compañías, corporaciones y cooperativas de financiamiento. El Banco Agrario de Colombia, cuyo objeto principal es financiar las actividades relacionadas con el sector agropecuario, coloca en promedio unos 2.4 billones de pesos anuales, de 10 billones que tienen disponibles para prestar al sector.

Por su parte, la banca privada –por mandato de la junta directiva del Banco de la República–, invierte en Títulos de Desarrollo Agropecuario –TDA– el 5,8 % de sus exigibilidades, equivalente a colocar unos 6 billones de pesos anuales en créditos a la agroindustria. De los 8.4 billones de pesos colocados al sector rural en el 2015, el 76 % fueron prestados por la banca privada, y el 24 %, por la banca oficial. Es decir, de los casi 20 billones de pesos que debieron colocarse para apalancar las inversiones que requirieron el sector agrario del país, solo se colocó el 42 %. Me imagino que el resto se financió a través de las casas comerciales con unas tasas de interés altísimas. 

Cuando revisamos las tasas de interés activas que cobran los establecimientos de crédito para préstamos que otorgan en cualquiera de sus modalidades (consumo, vivienda, vehículo, etc.,), las tasas aplicadas al sector agropecuario a través de Finagro (entre el 7 % y 13 % E.A) son las más bajas del mercado, sin embargo la mayoría de los productores prefieren pagar una mayor tasa interés a las casas comerciales, a cambio de menos trámites y agilidad en los desembolsos de los recursos. Otra opción de financiamiento son los contratos forward de la Bolsa Mercantil de Colombia, para commodities de granos y algodón. Valdría la pena que los miembros de la Comisión Nacional de Crédito revisarán este asunto.

El crédito de fomento al sector agropecuario tiene además la gran ventaja de contar con un fiador estatal (Fondo Agropecuario de Garantías) que ampara hasta el 80 % de las deudas ante la banca, cuenta con un seguro contra riesgo climático subvencionado hasta en un 70 % por el Estado y unas líneas especiales de normalización de pasivos financieros en casos de problemas de flujo de caja por factores externos que afectan la rentabilidad de los agronegocios.

En 25 años de existencia, Finagro ha jugado un papel fundamental en el impulso del sector agropecuario colombiano. Dios quiera que siga por ese buen camino.

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Se apagan poco a poco los gobiernos de izquierda en Latinoamérica y dejan un profundo malestar por los pésimos resultados de los modelos económico y social, además de los escándalos de corrupción en los cuales algunos dirigentes están involucrados.

El periodo de suspensión de la presidenta Dilma Rousseff por parte del congreso brasilero, obedece más a la presión y descontento de los brasileros por la contracción de su economía (3.8 % en el 2015, la más alta en los últimos 25 años) que por haber maquillado las cuentas del Estado para obtener recursos para su campaña presidencial. Cuando la crisis económica alimenta la crisis política, se pierde la confianza empresarial y el apoyo de la coalición de los partidos políticos. La manifestación del pasado 13 de marzo, evidenció el grado de descontento que tienen los brasileros con el Gobierno, que solo cuenta con un 10 % de apoyo ciudadano. Algo parecido al gobierno del presidente Santos.  

El más claro ejemplo de incapacidad y corrupción de los gobiernos de izquierda es el de Venezuela. El nefasto e incompetente presidente colombo-venezolano, Nicolás Maduro, se propuso acabar con Venezuela y lo logró. La inflación de este año va a ser superior al 250% y su nivel de reservas cayó a 1.200 millones de dólares (es el más bajo en 17 años de hegemonía chavista). Esto representa el 10% de sus necesidades de pago de deuda y 50 veces menos de lo que necesita para compras de insumos en el extranjero.

Con esta quiebra económica, los venezolanos solo tienen dos salidas: O reducen las importaciones (agudizando aún más el desabastecimiento) o declaran una un default. Lógicamente, Maduro preferirá afectar a su población y no a sus acreedores para asegurar las coimas que exigen por pagar las deudas. Mientras tanto, los venezolanos tendrán que acelerar el referendo revocatorio para adelantar el final del peor modelo de gobierno de izquierda o socialista que haya existido en el mundo.

La era del kirchnerismo en Argentina, también dejó muchos problemas económicos en ese país. Al presidente Mauricio Macri le ha tocado hacer acuerdos con los holdouts (fondos buitres) para sacar a su país de la crisis y retornar al mundo financiero. El desequilibrio fiscal que dejó la cuestionada Cristina Fernández de Kirchner (7% del PIB en el 2015), se ha convertido en la principal causa de la inflación en ese país, ya que ha sido financiado con una fuerte emisión monetaria. La salida del “default” es el final de una etapa de improvisaciones y el comienzo de otra, que exigirá ambiciosas reformas estructurales para que vuelvan a tener un crecimiento económico en ese país.

Los resultados del referéndum en Bolivia, celebrado el pasado 21 de febrero, las constantes protestas en Ecuador y los paros de los trabajadores en Chile, muestran un agotamiento de las largas hegemonías de los partidos de izquierda en la región.

Mientras a nuestro alrededor la izquierda se extingue, en Colombia hay quienes piensan que ese esquema comienza a tener posibilidades de éxito frente a lo que perciben como desaciertos en la hoja de ruta del Gobierno. Es un claro campanazo de alerta.

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Me enteré por los medios de comunicación que esta semana se reunieron en Montería los 32 gobernadores del país, el presidente Juan Manuel Santos, varios de sus ministros y el Alto Consejero para la paz, Sergio Jaramillo, entre otros, para debatir sobre el desarrollo rural colombiano en el marco de los acuerdos suscritos con las Farc en La Habana.

Me llamó mucho la atención que en la agenda de dicha cumbre no incluyeran a un solo dirigente gremial de la producción agropecuaria del país, los legítimos voceros y representantes de los 11 millones de agricultores y ganaderos que viven angustiados por las permanentes extorsiones y secuestros de las guerrillas y el abandono del Estado. Es decir, realizaron una cumbre rural sin los principales actores del desarrollo agropecuario del país. Una especie de parranda vallenata, sin acordeón.

Guardo un gran aprecio por el doctor Amylkar Acosta, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, pero pienso que cometió un grave error al desconocer el rol que juegan los gremios de la producción agropecuaria en la discusión y construcción de la política agraria y rural del país. No hay que ocultar las pésimas relaciones que existen entre el Gobierno del presidente Santos y los presidentes de Fedegán y la SAC, pero lo cortés no quita lo valiente. Ya le había sucedido en la pasada cumbre de gobernadores en Villavicencio, donde los “convidados de piedra” fueron los ministros de Vivienda y Transporte, por una pelea de poder político y económico entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Al final del encuentro el país se enteró de quien era el dueño de la chequera.

Claramente, las expectativas en esta cumbre rural de gobernadores estaban centradas en los Contratos Paz que el Gobierno fue a repartir a cada gobernador para cumplir lo pactado con las Farc en La Habana. Las adecuaciones de las Zonas de Reservas Campesinas que el hijo del expresidente Ernesto Samper va a concesionar a los reinsertados de las Farc en el Catatumbo y otras regiones del país van a requerir de millonarias inversiones en bienes públicos. Las inversiones que requieren los 11 millones de productores del campo que trabajan en la legalidad tendrán que esperar. Las contradicciones de la vida.

Guardábamos la esperanza de que en esta cumbre rural los gobernadores exigirían al presidente Santos terminar obras tan importantes como la represa del río Ranchería en La Guajira, la construcción de los 5 diques fusibles para proteger de las inundaciones la región agrícola de La Mojana y la construcción de la vía que comunica a los municipios de Puerto Gaitán con Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño, en Meta y Vichada, para producir en estos cuatro departamentos las 10 millones de toneladas de alimentos que estamos importando.

Tampoco se discutió la iniciativa de instituir los POT rurales para zonificar las áreas agrícolas de acuerdo a la vocación de los suelos en cada departamento.

En otro Gobierno será.

En el tintero: Lo que nos faltaba, la ministra de Educación denunciada por plagio. Qué locura de país.

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Veinte meses después de haber iniciado su segundo mandato, el presidente Juan Manuel Santos decidió ajustar su equipo de Palacio y acomodar el gabinete para corregir las desacertadas decisiones de sus colaboradores inmediatos y tratar de recuperar la credibilidad del 76 % de los colombianos que según las últimas encuestas, desaprueban su gestión.

El desgaste que ha tenido el Gobierno por el manejo equivocado en la política energética, ambiental, laboral, tributaria, de justicia, transporte, comercio y educación, entre otros, deterioraron vertiginosamente la imagen del presidente Santos y de su administración. Le faltó quemar un par de fusibles más. Las permanentes protestas del sector educativo, el bochornoso escándalo de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar -PAE- y el aumento de la inseguridad en las zonas rurales país, justificaban un relevo en los ministerios de Educación y Defensa.

Otra decisión que no daba espera, era la reestructuración administrativa de la Presidencia de la República. Desde que llegó a Palacio, la superministra María Lorena Gutiérrez, el presidente Santos se ha mantenido aislado y distante de la realidad del país. Pocas veces le contaba la verdad de los problemas y cuando salía a dar la cara, era demasiado tarde. Esta es la hora que no han resuelto por ejemplo, el pésimo servicio de energía que presta Electricaribe a los once millones de costeños, los niños de La Guajira siguen muriéndose de hambre, no para la corrupción en los comedores escolares, la inseguridad sigue deteriorándose y el problema de la inflación –que golpea duramente el bolsillo de los colombianos– sigue sin resolverse. Lo que el profesor de Harvard, Robert S Kaplan, llama “autismo en el liderazgo”.

Además de lo anterior, la “guardia imperial” de Palacio, creó muchas tensiones y disconformidad con los ministros, porque estos sentían una excesiva interferencia de María Lorena en sus deberes y funciones. Los congresistas de la colación de Gobierno también se quejaban por el mal trato que recibían a pesar de la mermelada que les repartían cada vez que se tramitaba una iniciativa gubernamental en el Congreso. Hoy todos coinciden, que los tecnócratas de Palacio convirtieron a este Gobierno en mediático, petulante y soberbio.

Claramente, aquí lo que hay es un problema de gerencia de gobierno. El nuevo equipo de Palacio y el nuevo gabinete ministerial, tienen el reto de ejecutar (en los dos años que le restan al Gobierno Santos), los programas e inversiones contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, para garantizar el desarrollo económico del país, la seguridad y el empleo, no solamente a los 10.000 guerrilleros que van a dejar las armas y se van a reincorporar a la sociedad, sino, a los 48 millones de colombianos, que estamos cansados de tanta corrupción, politiquería e ineficiencia pública. 

En el tintero: i) Felicitaciones a Poncho y a Emilianito Zuleta Díaz, por ese merecido homenaje que les hicieron en el Festival Vallenato. ii) Están de moda los reencuentros en la música vallenata, primero fueron Silvestre y Juancho, luego Poncho y Emilianito y ahora Jorge Oñate y Álvaro López. iii) Dicen que el presidente Santos no fue a la inauguración del Festival Vallenato, porque los hermanos Zuletas son uribistas. Grave error.

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A buena hora llegó a la Contraloría General de la República un funcionario íntegro y comprometido con su deber constitucional. Las investigaciones adelantadas por el contralor Edgardo Maya Villazón, en la Refinería de Cartagena (Reficar), al sistema de regalías, al controvertido cargo por confiabilidad y al Programa de Alimentación Escolar, entre otros, tiene a varios ministros y altos funcionarios del Gobierno rindiendo cuentas de sus sospechosas actuaciones en el manejo de estos dineros públicos.

El campeón de todos estos casos de corrupción es el descarado robo en los comedores escolares a niños de escasos recursos a través del Programa de Alimentación Escolar –PAE– que orienta y ejecuta la ministra de Educación Gina Parody. Los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República ameritan liquidar inmediatamente ese perverso programa.

Para ponerlos en contexto, el PAE es un programa que, supuestamente, debe garantizar una adecuada nutrición y una buena salud a niños de hogares en extrema pobreza, para facilitarles un desarrollo físico y mental que les permita tener un aprendizaje escolar óptimo. Los recursos para este propósito son aportados por el Ministerio de Educación, los departamentos y municipios. El problema está en que el Ministerio de Educación se dedicó a contratar directamente la prestación del servicio, sin contar con la estructura administrativa para ejercer un control y seguimiento a dichos contratos.

En la auditoría especial realizada a 143 instituciones educativas de 41 municipios de la Región Caribe se encontró que los operadores solo entregaban en promedio 57 de 100 raciones de alimentos que se les pagaban, y lo peor del cuento es que solo contemplaban un aporte nutricional del 20% para complementos alimenticios. De los 212 contratos que fueron revisados por el órgano de control fiscal, 167 fueron otorgados a dedo, lo que permitió que se adjudicaran varios contratos a un mismo operador, o que en una misma institución educativa confluyeran varios operadores, violando los lineamientos técnicos-administrativos y las normas de contratación pública.

El desorden es de tal magnitud, que la Contraloría encontró en esta pequeña muestra 254 hallazgos, de los cuales 206 tienen connotación disciplinaria, 42 con responsabilidad fiscal por un valor de 12 mil millones de pesos y 4 hallazgos con presunto alcance penal. Ya podrán imaginarse el tamaño del escándalo el día que la Contraloría termine la auditoría a nivel nacional. Si esto hubiese sucedido en cualquier país decente del mundo, ya hubieran destituido a la ministra de Educación y puesto tras las rejas a estos contratistas.

En el tintero: i) El comportamiento de los futuros de maíz y soya en la Bolsa de Chicago siguen disparados. Ojalá los productores colombianos aprovechen esta oportunidad aumentando las siembras en mayo. ii) Gracias al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, los cultivadores de maíz, arroz y demás cultivos semestrales podrán tener tasas de interés del 8 % efectivo anual, subsidio del 70 % para el seguro de sus cosechas y un incentivo de hasta el 40 % para sistemas de riego y compra de tractores, con lo cual podrán aumentar la productividad de sus cultivos. 

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52 columnas de opinión anuales haciendo reflexiones y llamados de atención a los protagonistas de la política agraria del país y nada que resolvemos los problemas de este golpeado sector de la economía colombiana.

No hay semana que tengamos alguna noticia que le ponga palos en la rueda al inmenso esfuerzo que hacen nuestros campesinos y empresarios del campo para sacar adelante sus proyectos productivos. Las amenazas y riesgos son el pan de cada día. No hemos salido de los problemas de la caída de productividad que dejó la extendida sequía del fenómeno de El Niño y ya se anuncian embargos de miles de fincas porque el flujo de caja no les permite cumplir con el pago de las cuotas de sus créditos.

Por otra parte, la importación de alimentos con cero arancel, la alta carga tributaria, la inseguridad jurídica en la política de tierras y la pretensión del senador Iván Cepeda, de lograr que la Corte Constitucional hunda la Ley Zidre, tienen a los productores del país muy preocupados y desanimados a realizar grandes inversiones en el sector agropecuario. ¡Un panorama muy tenaz!

Otro palo en la rueda que tenemos en el sector agropecuario es la falta de mano de obra en el campo. El domingo pasado estuve en Filandia –uno de los 12 municipios cafeteros del departamento del Quindío–, y cuando caminaba por la plaza principal, noté que en la puerta de la Alcaldía varios funcionarios de la Umata, el comité departamental de cafeteros y de la agencia pública de empleo del Sena –con megáfono en mano– invitaban a los transeúntes a inscribirse en el programa de recolección de café. De cinco mil que están necesitando, solo se habían inscrito unas cincuenta personas.

Les pregunté cuál era el motivo por el cual la gente ya no quería recoger café y me respondieron lo siguiente: acá se pagan $400 por kilo y un recolector puede alcanzar a recoger 150 kg/día, lo que le representa un ingreso $60.000 diarios. Las tres comidas solo le cuestan siete mil pesos, o sea que regresa a su casa con $53.000 diarios. El problema es que  el programa del Gobierno ‘Familias en Acción’ les regala un subsidio mensual y con ese dinero no necesitan ir a trabajar. Por otra parte, más del 60 % de los recolectores se han envejecido, no existe un relevo generacional y los jóvenes de las zonas rurales se han dedicado al mototaxismo y venta de celulares. Como van las cosas, en poco tiempo los agricultores remplazarán sus parcelas por fincas de recreo y nos quedaremos sin producir alimentos.

Sería muy lamentable que por falta de planeación en la política de empleo rural se vaya a perder gran parte de la cosecha de este trimestre y el enorme esfuerzo que la Federación Nacional de Cafeteros ha realizado (en los últimos 10 años) para lograr el incremento de la productividad y la competitividad del sector.

Bajo estos escenarios, es muy complicado hacer agricultura en este país.

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Si el presidente Juan Manuel Santos, se sentara (una mañana) a escuchar y atender las recomendaciones de los dirigentes y empresarios de la producción agropecuaria del país, otro seria el rumbo de este importante sector de la economía colombiana.

Es sorprendente que en nuestro país las políticas del Gobierno no tengan en cuenta la más mínima consideración de quienes se pueden ver afectados por ellas. No hay derecho por ejemplo, que la ministra Cecilia Álvarez-Correa, siga insistiendo en imponer por Decreto una nueva política arancelaria basada en un estudio del consultor Juan José Echavarría, que nadie conoce y han mantenido oculto a los 43 presidentes de los gremios de la producción agropecuaria. Claramente, esta es una muestra más de despotismo y arrebato de la ministra de Comercio contra los empresarios del país por los cuestionamientos que éstos han hecho a su opaca gestión.

Todos sabemos que la internacionalización de la economía es un proceso creciente que toca todos los negocios, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan. Cuando se negoció el TLC con los Estados Unidos, se acordó que la desgravación de aranceles y los cupos de importación se fueran haciendo gradualmente años tras año mientras el Gobierno colombiano ejecutaba las inversiones y programas que ayudaran a nuestros productores a competir en igualdad de condiciones.

Pues el próximo 12 de mayo cumpliremos 4 años de haber puesto en marcha el TLC con los Estados Unidos y las autopistas de la Ruta del Sol están a medias, el dragado del río Magdalena tiene problemas de ejecución, la vía al Vichada se quedó en planos, no se ha construido un solo distrito de riego y las líneas férreas de carga que conectan los puertos de la Costa Atlántica y Buenaventura con el centro del país no tienen presupuesto. Por otra parte, se incrementaron los costos en transporte e insumos agrícolas, subieron las tasas de interés y ampliaron la cobertura de impuestos de la canasta familiar. Entonces ¿cuál es el afán de la ministra Álvarez-Correa, de cambiar las reglas de juego de la política arancelaria, si el Gobierno no ha cumplido con su promesa de bajar el costo país?.

Si los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas y el de Agricultura, Aurelio Iragorri, no revisan esta caprichosa y arbitraria idea de la ministra de Comercio, puede llevar al país a una situación peor a la que están viviendo en Venezuela. Un cambio en las reglas arancelarias a favor de los empresarios estadounidenses, haría que cooperativas de alimentos como la arrocera Riceland Foods, que comercializa 2.3 millones de toneladas al año, (un millón más que toda la producción de Colombia), pueda traer arroz a granel de Estados Unidos para pulirlo aquí y luego comercializarlo directamente con las grandes superficies. Inclusive, exportarlo desde acá a otros mercados de Centro y Suramérica. Igual suerte podrían correr los sectores de aceites, frutas y carnes. El cultivo de la cebada se acabó en Colombia, precisamente cuando Cecilia Álvarez trabajaba en Bavaria.

Sin duda alguna, esta medida es una verdadera amenaza para el sector agropecuario del país. 

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Un reciente estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAG), indica que los mejores suelos para cultivar en Colombia están en el Vichada, Meta, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Magdalena, Córdoba, Cesar, Bolívar y Sucre. Según el IGAG, el área productiva de estos diez departamentos es de 8.4 millones de hectáreas, de las cuales el 42% se encuentra en los departamentos de la Región Caribe.

Con esta valiosa información, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), debería dedicarse desde ya a elaborar los mapas de zonificación agrícola que permitan determinar (de acuerdo con las condiciones agroecológicas, mercados y pronósticos climáticos del Ideam) los cultivos que deben fomentarse en dichos departamentos y los calendarios de siembras. De igual manera, Corpoica debería dedicarse a investigar y producir las variedades de semillas que pueden ser adoptadas por los productores en esas regiones y validar los paquetes tecnológicos que deben utilizarse en cada cultivo. Solo así tendremos una verdadera política de ordenamiento del sector productivo y de manejo del riesgo agropecuario.

Tener un valioso instrumento de zonificación permitió que la superficie agrícola de Brasil pasara de 37 a 55 millones de hectáreas en los últimos 20 años con cultivos de algodón, arroz, frijol, soja, sorgo, trigo, maíz, cacahuates y girasol. La zonificación agrícola de riesgo climático (así se llama en el país carioca) se implementó por primera vez en 1996, para la siembra de trigo y en la actualidad están incluidos 40 cultivos. Desde entonces, los agricultores brasileros han obtenido los mejores rendimientos en maíz (10 ton/ha), soja (3.3 ton/ha) y algodón fibra (1.5 ton/ha), para mencionar unos casos. Los nuestros obtienen el 50% de esas producciones.

En Brasil los incentivos y ayudas que destina el Ministerio de Agricultura, Pecuario y Abastecimiento (Mapa), se direccionan teniendo en cuenta la zonificación agrícola. Para citar algún ejemplo: cuando el gobierno de Lula tomó la decisión de fomentar los cultivos de algodón y soja, los estudios de zonificación determinaron que la mejores zonas eran las de Mato Grosso, Bahía, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais y Maranhao. Rápidamente, el Gobierno direccionó grandes inversiones públicas en construcción de distritos de riego, vías y servicios públicos. A los productores se les aprobaron créditos a largos plazos con tasas de interés bajas y un subsidio a la prima del seguro rural. Hoy, Brasil es el segundo exportador de soja en el mundo y el tercero en algodón.

En Colombia existe el mito que refuerza la idea de que nuestras tierras son ideales para todo tipo de cultivos, sembramos en las montañas y criamos ganado en la planicie, aprovechando menos del 5% de las tierras del país. Ya el Igac dio el primer paso, ahora le corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Upra, elaborar los mapas de Zonificación Agrícola, de tal manera que los productores del campo tengan una herramienta básica de planificación de sus cultivos y calendarios de siembras.

En el tintero: El próximo jueves 7 de abril, EL HERALDO reunirá a los principales dirigentes gremiales y empresarios del país en Valledupar para debatir sobre las perspectivas de la agroindustria en la Región Caribe. Excelente iniciativa.

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