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Indalecio Dangond (126)

“Los tres ultimos años han sido un desastre para los productores del campo colombiano”. Es la frase que oigo con mas frecuencia entre presidentes gremiales, empresarios y productores del campo en congresos y foros agropecuarios que se realizan alrededor del país.

¿Por qué le han salido tan mal las cosas al Presidente Santos? Solo existen dos razones: la primera es que está desconectado de la problemática agropecuaria del pais y la segunda, que se rodeó muy mal. Pareciera que en el Gobierno, el único campo que conocen es el de Champs-Élysées de París.

Las cifras divulgadas esta semana por la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), lo dicen todo: el año pasado las importaciones de pollo crecieron el 388%, las de arroz un 250% y la leche en un 171%. Ya llegamos a la cifra record de 10 millones de toneladas de alimentos importados (subsidiados) en un año, lo cual ha acelerado la desaparición de cultivos como el sorgo en un (-97%), ajonjoli (-83%) y algodón (-80%).

Mientras tanto los costos de los insumos siguen por las nubes, los precios de los alimentos por el suelo, las enfermedades fitosanitarias sin control, el acceso a los incentivos son un viacrucis y los recursos de ayuda siguen congelados en las tesorerias públicas. Lo mas indignante de este caos institucional, es que los colombianos paguemos con nuestros impuestos una burocracia ineficiente del Ministerio de Agricultura que supera los 174 mil millones de pesos anuales en funcionamiento. Como dice un viejo amigo ganadero, “Se propusieron a no servir, y lo lograron”! Asi no hay paciencia que aguante.

Como si fuera poco, el nuevo jefe de la cartera agropecuaria, anunció hace un mes (en entrevista con Yamid Amad en El Tiempo), que su misión en el Ministerio sería “aterrizar y consolidar todo el acuerdo agrario de La Habana”. Y sí que lo está logrando. En quince dias frenó de tajo todas las grandes inversiones en la altillanura (zonas que antes eran desoladas, improductivas y con presencia de cultivos ilicitos), creó pánico y confusion juridica sobre la tenencia de la tierra (lo cual afectó las garantias de los creditos) y está impulsando las ineficientes Zonas de Reservas Campesinas en corredores geograficos de cultivos ilicitos como el Catatumbo y La Macarena. Solo le faltó nombrar formalmente al congresista Ivan Cepeda como director del Incoder.

Llegó el momento que el Gobierno Nacional se conecte con las auténticas soluciones que vienen liderando agremiaciones como Fedegan, la SAC, Fedearroz y el Movimiento por la Dignidad Cafetera entre muchos mas. Se trata de aunar esfuerzos para encontrar políticas e instrumentos que se adapten a este país rural y agrario heterogéneo, expresado en sus diferentes realidades agroclimáticas, en las lógicas distintas que afectan a la grande, mediana y pequeña ganaderia, en la existencia de una agricultura de riego y otra de secano, en una exportadora y otra sustitutiva de productos de importación, amén de las peculiaridades de cada rubro y de las 4 regiones del país (Andina, Caribe, Pacífico y Orinoquía).

Tienen toda la razon los caficultores, ganaderos, arroceros, paperos, cacaoteros y otros gremios en presionar al Gobierno para que les presten atención. Son delicados sus problemas de falta de rentabilidad por culpa de la desacertada e improvisada política agraria que se ha implementado. En Colombia podremos aguantar un mes de paro de educadores, dos de la rama judicial y hasta 12 de los legisladores, pero no creo que aguantemos una semana sin comida. El 19 de agosto será el dia en que se agote la paciencia de estos 11 millones de productores del campo que no aguantan una indiferencia mas del Gobierno Nacional.

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Indignación y rabia, es lo que estamos sintiendo los 847.000 guajiros por la indolencia, desinterés e incapacidad del Gobierno Nacional y las administraciones locales que han tenido en sus manos la responsabilidad de garantizarle a sus habitantes un servicio fundamental, como es el agua potable.

Es inconcebible, que un departamento que genera tanta riqueza a la Nación por la explotación de los mayores yacimientos de carbón, gas y sal del país, no tenga en pleno siglo XXI, un servicio de acueducto y alcantarillado óptimo en ninguno de sus 15 municipios. Los informes investigativos que presentó esta semana el periódico El Heraldo muestran el desespero de más de 100 mil habitantes del municipio de Maicao por conseguir un balde de agua potable para poder preparar sus alimentos.

Lo más decepcionante de este desgreño administrativo es que el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, haya planteado como gran solución atender la escasez de agua a través de 12 carrotanques y la construcción de unos aljibes, cuando existen unos importantes recursos de un empréstito que hizo el departamento hace ocho años con el Banco Mundial (pagando altos intereses), para poner en marcha el fracasado Plan Departamental de Agua. El problema es tan delicado, que en cualquier momento puede estallar una situación de orden público peor que las presentadas en Yopal y Catatumbo. Dice el refrán que “solo el cucharon sabe cómo está el fondo de la olla”.

Es aquí donde uno se pregunta, ¿Por qué la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no ha intervenido, multado o caducado los contratos a los operadores de acueductos y alcantarillados si saben perfectamente que están prestando un precario servicio a los municipios de la Guajira? Si tenemos una represa construida (Ranchería) con 198 millones de metros cúbicos de agua, ¿Por qué el Ministerio de Vivienda no ha contratado los estudios técnicos y los diseños definitivos de las redes de conducción y la planta de tratamiento del acueducto Regional que se ha propuesto como solución de agua potable para los municipios de Maicao, Manaure y Uribía?

Nadie se explica cómo un Gobierno que recibe una represa con una inversión de 650.000 millones de pesos, ahora pretenda dejarnos colgados de la brocha y no terminar la segunda etapa de este importante y necesario proyecto para la reactivación económica del departamento, apropiando los recursos necesario para proporcionar riego a 18.536 hectáreas de producción agropecuaria de exportación, surtir de agua potable a nueve municipios y generar energía a bajo costo en la zona de producción agroindustrial. En cambio para desviar un rio para la explotación de carbón de unos privados, ahí si están disponibles los recursos y los permisos ambientales rápidamente. ¡Qué ironía!

Lo más insólito, es que el Incoder esté pagando 3 mil millones de pesos anuales a un consorcio llamado TYPSA para que administre y haga mantenimiento a una represa que no cumple su función.  ¡Hágame el favor! La Contraloría General de la República está en mora de iniciar de oficio un juicio de responsabilidad fiscal por detrimento del patrimonio público. Se calcula que este supera los 22 mil millones de pesos anuales.

Otras alternativas que podrían ayudar a solucionar este problema de escasez de agua potable para los habitantes de Riohacha, Uribía, Manaure y Maicao, sería la construcción de embalses alimentados por los ríos de la vertiente nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá o la construcción de una planta desalinizadora para potabilizar el agua del mar, tal como funciona en San Andrés y Aruba. Lo que necesitamos es ejecución del Gobierno Nacional antes de que sea tarde.

Llegó el momento que el Estado le pague a la Guajira, lo que la Guajira le ha pagado durante tres décadas al Estado.

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El lunes pasado hubo toda una parranda vallenata en el Palacio de Nariño, pero les faltó el Old Parr con chivo, bollo e’ yuca y chicharrón.

Lo que sí hubo fue mermelada, porque en la casa presidencial se reunieron 25 alcaldes y el Gobernador del departamento del Cesar para recibir dineros de las regalías.

Tristemente uno puede anticipar que ese dinero no será invertido adecuadamente. Seguramente será gastado en ladrillos, concreto, transporte, construcción de plazas y parques, es decir, en lo que da votos. Lo que pareciera es que el Presidente con esos recursos está queriendo asegurar los 188.009 que le puso el uribismo en las elecciones pasadas.

Mientras en Colombia matengamos este sitema de hacer politica, nunca vamos a lograr economias prosperas en nuestras regiones, al contrario seguiremos sumidos en la postracion En términos de sicología sociales este tipo de actuaciones es conocida como “manipulación encubierta de las normas que rigen la función pública, con el fin de lograr un beneficio privado”. En palabras coloquiales: El discreto encanto de la corrupción y el cuidado de las apariencias.

Lo coherente hubiera sido una asignación oportuna y equitativa de los recursos de regalías que por derecho propio le pertenece a población del Cesar a través del Organismo Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) que es presidido por el Director de Planeación Nacional. El departamento requiere alternativas estables de ingreso, empleo y valorización patrimonial para las familias de bajos recursos, y sobre todo, incentivar el crecimiento y la rentabilidad del sector agropecuario, que después de la minería, es el sector productivo más importante del Cesar.

La problemática social es grave: del millón de habitantes, el 10% es población desplazada; 12% corresponde a población afro descendiente y 5% a grupos indígenas, ambos viven en condiciones de pobreza y miseria. A lo anterior, debemos sumar cerca de 2.300 reinsertados de grupos al margen de la ley de paz, quienes por falta de oportunidades de empleo digno, hacen hoy parte de las Bacrim (bandas criminales).

Esta bomba social no se soluciona inviertiendo esos $300 mil millones que le acaba de girar el presidente a los 25 alcaldes en proyectos de ladrillos y concretos. Los cesarenses, como los guajiros y el resto de la población de la Región Caribe, necesitamos que se fijen en nosotros de una manera más integral, profunda y respetuosa. Requerimos políticas de generación de empleo sostenibles que se darán al impulsar programas de inversión de nuestros sectores productivos. En el Cesar por ejemplo, de las dos millones de hectáreas aptas para agricultura, únicamente estamos explotando el 20% y explotando ineficientemente la ganaderia por la falta de visión del Gobierno Nacional al desconocer la importancia de las Escuelas de Emprendimiento Rural y Pymes; por no tener sistemas de riego y drenaje adecuados; por la precaria infraestructura vial; la escasez de centros de acopio y comercialización de productos agropecuarios y lo más importante, por adolecer de una verdadera política de tierras que regule los predios rurales.

La falta de coherencia del Gobierno sobre los derechos de propiedad conlleva a desincentivar la inversión en infraestructura predial, en cultivos, desvaloriza los predios en el mercado de tierras, afectando el patrimonio de los habitantes rurales; limita el acceso al crédito institucional y a los servicios del Estado; afecta, la generación de ingresos lícitos y de ingresos fiscales en el sector rural, y propicia la expansión de cultivos ilícitos, la usurpación de tierras y los conflictos por la tierra.

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Tremendo revuelo causaron en el sector agroindustrial las declaraciones del recién nombrado Ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan, cuando opinó sobre la manera presuntamente ilegal como algunos empresarios compraron predios que en el pasado fueron terrenos baldíos adjudicados a campesinos.

Estos predios están localizados en su mayoría en zonas rurales en donde confluían varios factores que las afectaban: una endeble presencia institucional del Estado, altos niveles de violación de los Derechos Humanos y de los principios del Derecho Internacional Humanitario, considerable presencia de cultivos ilícitos y los centros de gravedad del terrorismo, el narcotráfico y sus interconexiones. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento forzado, entre 1980 y 2010, se produjo el despojo de más de 6 millones de hectáreas por acciones violentas imputadas a grupos armados ilegales en esas zonas.

Cuando las Fuerzas Armadas lograron recuperar la seguridad de esas zonas, el Gobierno Nacional y los organismos de cooperación internacional hicieron un llamado a los grupos económicos para que invirtieran en grandes proyectos agrícolas y forestales para mejorar las condiciones de vida de las comunidades vulnerables y promover opciones de desarrollo social y económico como alternativa a los cultivos ilícitos. Así fue como se sembraron más de 140 mil hectáreas entre cultivos de maíz, arroz, sorgo, palma, soya, caucho y especies forestales. Ojo! Que todo eso se hizo sin contar con lo básico: servicios públicos, infraestructura vial y comunicaciones.

Pues ahora resulta que cuando se alistaban para recuperar los primeros pesos de sus inversiones, el Ministro de Agricultura les notifica que tienen que devolver las tierras con los proyectos productivos andando, por haber comprado extensiones de tierra (de buena fe), excediendo el límite de acumulación establecido en la Ley 160 de 1.994. Para que tengan una idea de la magnitud del problema, las inversiones que han realizado estos grupos económicos en la altillanura superan los  US$ 1.400 millones. En caso que los jueces decidan reversar estas compras, estas inversiones quedaran en manos del Incoder, que seguramente (al igual que la desaparecida DNE), terminará delegando la administración a unas ONG de bolsillo sin experiencia. Qué peligro!!

Según varios abogados expertos en el tema, el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado tiene una serie de imprecisiones, porque solo a partir de la creación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en 1.994, es prohibida la venta de baldíos que la supere; antes no, porque no existían. De no ser esta la interpretación que se adopte, no podría realizarse casi que ninguna operación de compraventa sobre predios rurales, pues basta remontarse a épocas remotas para concluir que en su gran mayoría los predios rurales eran tierras baldías; de tal manera que si esa fuera la conclusión, un predio adjudicado como baldío en el año 1.913 no podría ser objeto de un contrato de compraventa en el 2013, por la prohibición de la ley 160 de 1994. Este será un litigio de grandes ligas que tendrán que resolver los jueces de la República y no el Ministro de Agricultura y el Incoder que anda en una cacería de brujas sin fronteras.

Una forma de dirimir esta controversia y llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos, es la planteada en el Capítulo III del proyecto de Ley 164 de 2012, en el cual se propone un esquema de proyectos asociativos de inversionistas nacionales y extranjeros calificados con adjudicatarios de baldíos, en los cuales el inversionista otorgue garantía de comercialización de los producción, transferencia de tecnología y asistencia técnica sin que los propietarios trasladen el derecho de dominio, ni aporten sus predios a sociedades o patrimonios autónomos.

Conviene llegar a un acuerdo, aunque no sea el que pretenden ambas partes, y evitar los pleitos por ser bastante costosos y de resultados inciertos.

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Se fue del Ministerio de Agricultura Juan Camilo Restrepo y dejó a su sucesor muchas tareas pendientes.

Francisco Estupiñán el nuevo Ministro, ha sido durante años su hombre de confianza y tiene ahora la misión de terminar en 14 meses lo que su anterior jefe no pudo realizar en tres años. Veamos algunos temas irresueltos:

Acceso al crédito: En el 2012, sólo se realizaron 267 mil operaciones de crédito por un valor de 6.4 billones de pesos (una cobertura del 6% de la producción agropecuaria), de los cuales el Banco Agrario participó únicamente con el 37%, mientras que la banca privada con el impulso que dieron entidades como Colpatria, BBVA, Occidente y Bancolombia, lograron alcanzar el 63% de los créditos al sector.

Para lograr una mayor cobertura de financiamiento al campo, es necesario que el Banco Agrario termine la tarea de reducir los tiempos (de 180 a 30 días) en la aprobación de los créditos, que Finagro elimine el trámite burocrático de la calificación previa de los créditos, que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establezca tasas de redescuento de acuerdo a los plazos de los créditos, implemente el incentivo del ICR sobre el valor del crédito y disminuya el costo de las comisiones del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Por su parte, el Ministerio de Agricultura debe garantizar los recursos de las ayudas para que los productores no vean frustrados sus proyectos productivos (casualmente ayer se agotaron los recursos de ICR). Y por favor Ministro, revise la Línea Especial de Crédito (LEC) para pequeños campesinos, que no es otra cosa que un subsidio a la ineficiencia.

Política de riego: La agricultura se escribe con agua y para lograr importantes avances en los proyectos de riego es imperioso sacar del Incoder y del programa DRE el fracasado manejo de los distritos de riego (de 100 prometidos no han construido uno) y plantear la creación de un Sistema Nacional de Presas y Canales de irrigación que proporcione agua a precios subsidiados a los agricultores. Con este esquema podríamos cosechar el 100% del algodón en Córdoba, Cesar y Guajira, del maíz en Bolívar, del arroz en el Magdalena y del ajonjolí en el Atlántico.

Servicio de Asistencia Técnica: Mientras continúen con el perverso e ineficiente esquema de repartirle el subsidio a los alcaldes para que presten este servicio, seguiremos patrocinando la corrupción y la pobreza en el campo. Cuando la Contraloría haga esta auditoría, se va a encontrar una gran sorpresa. ¿Qué les cuesta, direccionar este servicio a través de los gremios, escuelas agropecuarias, SENA o ESAP?

Programa de reforestación: Una gran frustración. Se inventaron una convocatoria cuyo proceso de elegibilidad de los proyectos forestales demora cuatro meses y los subsidios 12 meses más. Con razón solo han podido reforestar 80 mil de las 600 mil hectáreas propuestas para el cuatrienio. Si implementaran un convenio de operación con las reforestadoras para desarrollo forestales con productores del campo, otro fuera el cuento.

Reconversión agrícola: Un saludo a la bandera. Al director de Corpoica le han girado más de $150 mil millones y no implementado un solo clúster agrícola de exportación en el país. Es hora que el ministro Estupiñán le dé un giro de 180º a este programa para poder lograr algo de competitividad frente a la avalancha de alimentos subsidiados que entran de los países con los cuales hemos suscritos los TLCs.

Plan fitosanitario y Sanitario: Póngale una sola tarea a la directora del ICA. Que se comprometa de aquí a un año, a elevar el nivel sanitario en Colombia para que nuestros productos agropecuarios sean admisibles en los mercados externos. Que no haga más nada!

P/D: Ministro Cárdenas, cuidado con ir a entregar el Banco Agrario y el Cisa a políticos deshonestos. Mire lo que pasó con la DNP.

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Es evidente que el acuerdo sobre temas agrarios al cual llegaron el Gobierno y las Farc en las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana, fue producto de una presión política desde el Palacio de Nariño.

Se necesitaba con urgencia mostrar resultados ante el aumento y el calibre de las críticas, además de la desconfianza creciente de ciertos sectores a raíz de los asesinatos de soldados y policías, secuestros de civiles y los bombardeos a la infraestructura vial del país por parte de la guerrilla en las últimas semanas.

Mientras el Gobierno y los organismos de cooperación internacional expresaban su complacencia, los gremios de la producción agropecuaria y algunos analistas coincidían en que los puntos acordados son ambiguos y genéricos y que además abordan temas que cualquier Plan de Desarrollo sensato para este país debiera por lógica incluir.

En el tema del acceso y uso de la tierra, existe una incertidumbre general por las amenazas del Incoder de extinción de dominio a quienes por un lado incumplan la función social y ecológica de sus fincas y por otro lado a quienes hayan adquirido terrenos baldíos que superen una Unidad Agrícola Familiar (UAF) que en el caso del Meta, Vichada y Casanare no supera las 1.300 hectáreas. En esas condiciones, es posible que el Gobierno inicie un arbitrario proceso de extinción de dominio a más de 200 mil hectáreas sembradas de maíz, caucho, palma, forestales, arroz y soya en la Altillanura. La verdad es que pago por ver el pleito que se armará entre el Gobierno y los grandes grupos económicos como el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Alejandro Santo Domingo, Germán Efromovich y empresas como Manuelita, Riopaila, Mónica, Carguil y Pacific Rubiales entre otros.

Seguramente estas y otras áreas agrícolas desarrolladas del país son las que las FARC pretenden que sean convertidas en Zonas de Reserva Campesinas, o que el Gobierno incorpore al Fondo de Tierras que será creado, para que luego les sean repartidas a alzados en armas que se acojan al proceso de paz. Decía Abraham Lincoln: “no se puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia, no se puede fortalecer el débil, debilitando el fuerte, no se puede ayudar a los pequeños, aplastando a los grandes, no se puede mejorar al pobre, destruyendo al rico, no se puede ayudar a los hombres, realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por ellos mismos”. No comprendo entonces el afán de las Farc y del Incoder de emprender una persecución contra los empresarios del campo del país.

Si el Presidente de la República toma la determinación de construir una carretera entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño y da navegabilidad al Río Meta que conecta con el Orinoco y con Puerto Ordaz en Venezuela, puede abrir el paso a la explotación de 7 millones de hectáreas aptas para la producción agroindustrial. Esta sería la manera más expedita para darle ocupación productiva a los reinsertados y a tantos campesinos que se quedaron sin tierras en este país. Y si el objetivo es evitar la concentración de tierras, una solución viable sería promover las asociaciones de pequeños y medianos productores para que trabajen junto a los grandes proyectos.

Para desarrollar una agricultura moderna es necesario tener economías de escala y estas solo se logran con extensiones mayores a las 10.000 hectáreas, sumadas a inversiones en infraestructura, educación, ciencia y tecnología. De no encontrar una figura jurídica que permita el desarrollo de estas grandes extensiones agrícolas, estaremos condenados a seguir importando esos alimentos (seis millones de toneladas anuales) desde Estados Unidos, Argentina y Perú, y que sean esos países los que generen empleo a costa nuestra.

Claramente el Gobierno y las Farc se están desviando del verdadero objetivo de la paz. En vez de estar pensando en quitarle al uno y al otro, deberíamos sumar para todos. No pierdan el foco!

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El 20 de junio de 2010, Juan Manuel Santos fue elegido presidente por el mayor número de votantes en la historia de la democracia colombiana.

De los 9 millones de votos que obtuvo, la Región Caribe aportó 1.640.304; seguido por Bogotá con 1.447.232; Antioquia, 1.225.272 y Valle del Cauca, 764.830.

Las comparaciones son odiosas, sobre todo cuando sales perdiendo en ellas. Sin embargo, a veces son necesarias, así que veamos algunos ejemplos ilustrativos, porque a pesar de haber recibido un respaldo rotundo del país costeño, el Presidente no ha sido generoso con nuestra región en términos de participación política. En lenguaje cachaco, nos hizo conejo.

Es claro que complace la apertura otorgada a los vallecaucanos en posiciones de alto nivel en el Gobierno (Vicepresidencia, Ministerios de Minas, Educación y Cultura, tres altas Consejerías, Incoder, Aeronáutica Civil, Supersalud y embajadas estratégicas, pero también lamentamos profundamente el escaso concurso que le ha dado a los costeños. En este momento nuestra participación se reduce a los Ministerios de Comercio Exterior y Transporte y según cuentan, fueron más gracias a una íntima amistad, que a la necesidad de otorgar representación a una región importante. Queda bien claro que a la hora de las elecciones nuestros votos son valorados, pero a la hora de gobernar, estan mas castigados que las acciones de Interbolsa.

Se pregunta uno ¿por qué?. Tiendo a pensar que también se debe a la enorme crisis de liderazgo de la clase política y empresarial del Caribe, quienes al parecer no  han captado el potencial que tenemos y por ende, no lo visibilizan, ni gestionan por él.

Es increíble que a pesar de contar con los más importantes destinos turísticos, una contribución superior del 22% en la producción ganadera y agrícola del país, el 52% de la producción nacional de sal, las mayores reservas de níquel en Cerro Matoso, los mayores productores de oro y plata en la Serranía de San Lucas y LAS cuencas alta, media y baja del rio San Jorge, titanio en Juan de Acosta y Tubará, fluorita y barita en Pelaya y Chiriguaná, el gigantesco campo de gas que explota Chevron-Texaco en la costa norte de la Guajira, las enormes reservas de gas metano en la Loma Cesar y la mayores reservas de carbón del país (3000 millones de toneladas) en el centro de la Guajira y el Cesar, no tengamos una red vial de primer orden y un tren de carga que cumpla las funciones básicas de integración de estas zonas de producción con el centro del país y las zonas portuarias.

Mientras en años pasados los vallecaucanos construyeron la mejor red vial del país con 8.230 km y se prestan a construir un puerto minero (1.100 Ha) y poner en marcha el ferrocarril Transandino (760 km) que conecta a Buenaventura con Yumbo, Palmira, Neiva, Ibagué, Villavicencio (conexión con Bogotá) y Puerto Gaitán (Meta), a la ruta del Sol la cogió la noche, la navegabilidad del rio Magdalena está en pañales y el proyecto del tren del Carare -con capacidad de 10 millones de toneladas anuales-, lo engavetaron hace cuatro meses en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Lo más insólito es que entretanto, unos dirigentes regionales están promoviendo un ferrocarril que conecte a Cartagena con Barranquilla y Santa Marta. Será para transportar los mercados que sus señoras hacen los fines de semana en PriceSmart. ¡Qué absurdo!

Ahí tenemos otro gran ejemplo de visión y liderazgo por parte de los paisas. Han comenzado una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la historia de Colombia: las autopistas de la Montaña ($15.6 billones) que unirán a Antioquia con el resto del país y los puertos del Pacifico, optimizando tiempos y abriendo posibilidades de competitividad y desarrollo. Seguramente el resto de nuestras regalías serán destinadas para el metro de Bogotá.

Es aquí donde todos nos preguntamos. ¿Sesenta y tantos congresistas costeños que nos cuestan algo más de 1.800 millones de pesos mensuales,  para qué? ¿Un millón 600 mil votos a Santos para qué? Claramente las altas esferas políticas están de espaldas al Caribe Colombiano.

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Dice el adagio popular que “En el desayuno uno sabe cómo va a ser el almuerzo”. El informe de auditoría presentado por la Contraloría General de la República sobre la gestión del Ministerio de Agricultura en el 2011, deja muy mal parado al titular de la cartera y con la actual crisis del sector agrario, el balance del 2012, puede resultar mucho peor.

Los actores de la producción agropecuaria coinciden en que el ministro Juan Camilo Restrepo se preocupó más por gerenciar con el espejo retrovisor que enfocarse en los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo. Que escogió un mal equipo, se obsesionó con el programa de restitución de tierras dejando a un lado la política de desarrollo productivo sostenible y trabajó aislado de los gremios, los productores del campo, el Congreso y la agroindustria. En fin, no supo entender que el camino que tenía por delante, era más importante que el que había dejado atrás.

Los resultados del Informe son preocupantes dada la importancia del sector como motor de desarrollo del país. Veamos. El Programa Desarrollo Rural con Equidad DRE que remplazó a AIS, no logró las metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo. Su ejecución en el papel fue del 61.6%. Se cree que el impacto de los 400 mil millones de pesos de este programa en la rentabilidad de los pequeños productores fue cero. Igual suerte corrieron los programas de Reactivación Agropecuaria -PRAN- y Ola Invernal, que en la Mojana y el sur del Atlántico, Bolívar, Magdalena y Cesar, aún están esperando.

La ineficiencia administrativa y presupuestal ha sido tal, que hasta concibieron una apropiación inoficiosa de recursos para el programa de Asistencia Técnica Agropecuaria, ese mismo programa que en días pasado giró más de 200 mil millones de pesos a 661 alcaldes. Es procedente que los auditores de la Contraloría verifiquen los nombres de los campesinos favorecidos con este subsidio y si lograron incrementar sus ingresos mensuales, no sea que encuentren otro escándalo de corrupción parecido a los subsidios de los cupos de estudiantes ocurrido el año pasado en unos departamentos del país.

Con respecto a la gestión adelantada por el ICA y el Incoder, el Informe muestra una ejecución presupuestal de inversión del 67% y 53% respectivamente. Ahora entendemos por qué el ICA no ha podido elevar el nivel sanitario en Colombia para que nuestros productos agropecuarios sean admisibles en los mercados externos y porqué no hay avances concretos en la inspección, vigilancia y control sanitaria.

Lo revelado sobre la ineficiencia en el INCODER es bochornoso. Mientras miles de campesinos no tienen los recursos para instalar un sistema de riego que les permita regar sus cultivos, en este instituto dejaron perder 97.000 millones de pesos que estaban destinados para minidistritos de riego rurales. ¿Ven porqué no se ha construido uno solo de los 100 anunciado por el Ministro de Agricultura? Ni qué hablar del fracaso de Corpoica en la implementación de los pilotos de conversión agropecuaria. Más de $120 mil millones invertidos en dos años y no vemos un solo clúster agrícola de exportación. Esa platica se perdió.

El Informe concluye que la gestión del Ministerio de Agricultura es desfavorable con una calificación de 43.7 sobre 100. Además resalta que se encontró un total de 72 hallazgos, 60 de carácter administrativo, 7 de carácter fiscal, con un presunto detrimento patrimonial de 3 mil millones de pesos, 6 hallazgos disciplinarios y uno con implicaciones penales.

Como colombiano y conservador, duele que por soberbia y terquedad una persona de las calidades humanas, éticas y profesionales de Juan Camilo Restrepo, se retire de ese cargo sin pena ni gloria, pero claramente ya era hora que lo hiciera.

P/D: Según el informe del Ministerio de Comercio, los únicos departamentos de la Región Caribe que no exportan nada a los Estados Unidos son Guajira, Cesar y Córdoba. Señores Gobernadores, con semejantes tierras ya es hora de implementar unos clusters agrícolas de exportación.

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Esta semana estuvo en Colombia Rajiv Shah, director General de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y por las declaraciones dadas a la prensa, da la impresión que el Gobierno del presidente Obama quiere cambiar la estrategia y reducir las ayudas económicas que destina al Plan Colombia.

Queda claro que en Washington se dieron cuenta que estos programas de ayuda a reinsertados, desplazados, victimas de despojo y restitución de tierras, se han burocratizado y politizado. Si las autoridades investigan bien este tema, van a encontrar que esos dineros están favoreciendo más a un cartel de consultores en el Wall Street de Bogotá (ahí en 7ª con 72), que a los campesinos de esas apartadas regiones del país. Se estima que más del 45% de los recursos de ayuda destinados a esos programas se quedan en honorarios, viáticos, estudios y arriendos de lujosas oficinas de estos burócratas en Bogotá y otras ciudades del País.

En los Montes de María, por ejemplo, la Usaid viene ejecutando un programa de inversión por 32 millones de dólares en los municipios del Carmen de Bolívar, Ovejas, San Jacinto y San Onofre. Tres años después, no vemos grandes avances en el fortalecimiento institucional, la infraestructura y el desarrollo económico de esa región. El operador de ese programa ni siquiera ha sido capaz de implementar clusters agrícolas de exportación con productos como el ajonjolí, el tabaco negro, el aguacate y el ají en otros, idóneos para esa zona. Los $9.975 millones que el Ministerio de Agricultura destinó el año pasado para el servicio de asistencia técnica gratuito no generaron ningún impacto en los ingresos de los productores de esas zonas. Ellos siguen obteniendo bajísimos rendimientos por unidad de tierra y de animal que en términos de ingresos equivale a un promedio de$ 380 mil pesos mensuales, cuando deberían estar alrededor de dos salarios mínimo.

Señor Shah, si la estrategia es buscar otras formas efectivas de canalizar estos recursos para crear verdaderas oportunidades económicas en el sector agrícola y en las comunidades rurales ¿por qué no invertir esos dineros directamente en un programa de emprendimiento rural? ¿por qué no implementar un modelo de alianzas estratégicas entre los miembros de la cadena de valor para facilitarles el proceso de comercialización-exportación? ¿por qué no ayudarles a montar un sistema de compras corporativas de insumos (productos químicos, combustibles, entre otros) que les permita una reducción en los costos de producción? ¿por qué no invertir esos dineros en mejorar sus infraestructuras físicas de apoyo a la producción y comercialización e implementar mejoras significativas en las prácticas productivas?

Se trata llanamente de adoptar en forma correcta y gradualizada tecnologías sencillas que requieren mucho mas de conocimientos adecuados que de créditos abundantes, porque dependen mucho mas del “cómo hacer”, que dé “con qué hacer”. Entre otras cosas porque los pequeños y medianos productores comenzaron a entender que la asociatividad no es una opción, sino que es una obligación, si se quiere desarrollar una economía agrícola de exportación.

Claramente, la culpa de todo este despelote en la definición de los programas y la ejecución de los recursos de cooperación internacional en Colombia recae en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que dirige Bruce Mac Master, por la falta de liderazgo y coordinación. Según el portal La Silla Vacía, en lo corrido del año solo se ha ejecutado el 4.7% del programa de consolidación y el 15.5% del programa de víctimas. ¿Podría contarnos a los colombianos en dónde tiene invertido el dinero que le corresponde por Ley a las comunidades más pobres y desamparadas del país?

Como dijera Benjamín Franklin: “God helps those who help themselves”, que quiere decir “Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos”.

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En la reciente encuesta que Datexco/Wradio realizó en 13 ciudades capitales del país y en la cual se analizó la imagen y la gestión del presidente Juan Manuel Santos, hay seis resultados preocupantes que deben tener desvelado al mandatario: 1) Tan solo un 48% tiene una imagen favorable de él 2) El 55% no cree que de las negociaciones en Cuba resulte la paz. 3) El 70% desaprueba su gestión frente a la reducción del desempleo. 4) El 73% no confía en el manejo que le está dando al grave problema de la salud. 5) En seguridad el 61% piensa que las cosas están empeorando y 6) El 61% no votaría por Santos en una eventual reelección.

De realizarse esta encuesta en municipios y zonas rurales de Colombia –donde realmente se siente el hambre, el miedo y el abandono del Estado–, los resultados hubiesen sido peores. Me aventuro a predecir que si las preguntas incluyeran variables sobre la tranquilidad de los pequeños, medianos y grandes agricultores, la desaprobación rondaría el 250%. De las reformas a la justicia, salud, pensiones, educación, agraria y tributaria, ni qué hablar, solo han podido sacar adelante esta última y van surgiendo reparos sobre ella. Sin duda alguna la situación es crítica y revertir esta tendencia en un indicador que genere tranquilidad y confianza (60%), va a ser muy difícil en los 15 meses que le restan de su mandato.

¿Dónde ha fallado el presidente Santos? Muchos analistas coinciden en que el mal momento del mandatario obedece a errores que en política no perdonan: traicionó la confianza de quienes lo eligieron, es decir, los que se jugaron el pellejo por él; no tiene un gerente de gobierno, un armador que desde Palacio ponga a los jugadores (ministros) como el país los necesita, haciendo goles; hay demasiada soberbia y petulancia en su equipo de gobierno, no existe conexión con el pueblo y con los dirigentes; no existe una marca clara de gobierno porque desconocemos si este es el gobierno de la prosperidad democrática, el de la negociación con las Farc, el de la restitución de tierras o el de las 100 mil viviendas de Vargas Lleras.

Esta semana el Gobierno quemó su último cartucho. Lanzó el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, bautizado con el nombre Pipe, consistente en unas medidas tributarias, aduaneras, arancelarias y de carácter crediticio para estimular la industria y el agro. Llama la atención que la mayoría de los recursos de Pipe están destinados a construir más viviendas gratis justamente en época preelectoral. La agroindustria se estimula es con proyectos de inversión que, a la larga, son los que impulsan el crecimiento y generan empleo. Para eso le han dado una chequera al ministro Juan Camilo Restrepo con 2.2 billones de pesos, suficiente recursos para pasar del mediocre crecimiento del 2.6% al 4.0% del PIB agropecuario.

Aquí hay una señal muy clara que el Gobierno ha perdido iniciativa y ha agotado su agenda. Es hora de que los teóricos del Gobierno se pongan a trabajar. Estamos cansados de tantos diagnósticos, estudios, anuncios y desacertados programas sin impacto en el crecimiento de la producción agropecuaria y el bienestar social de nuestra población. Más que “Pipes”, lo que al presidente Santos le falta son varios Pepe Grillo, para que al igual que a Pinocho, lo alejen de las decisiones erradas y lo alerten de las situaciones difíciles que se le vienen encima.

P/D: Los empresarios e instituciones públicas y privadas de Barranquilla deben denunciar a los autores intelectuales que, con artimañas judiciales, quieren tomarse la Cámara de Comercio para sus intereses particulares. La maniobra que pretendieron hacer con el Juez Civil 19 de Bogotá es la gota que llenó la copa.

Publicado en Indalecio Dangond
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