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En las instalaciones del auditorio del Archivo Departamental del Cesar, hoy a partir de las 8 de la mañana se iniciará la rendición de cuentas de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

El propósito será para que la ciudadanía en la capital del Cesar, conozca los logros, avances y retos de la reintegración en los departamentos del Cesar y la Guajira.

Entre los temas a conocer será que en los departamentos del Cesar y la Guajira la reintegración ha avanzado en 51%, que hay 1.115 personas que han culminado exitosamente su proceso, y otras 1.073 se encuentran en trance de reintegración, según datos de Angélica Agamez, coordinadora en el Cesar - Guajira.

Se conocerá a su vez, a qué se dedican estas personas en la actualidad, cuál es su nivel de formación, las nuevas herramientas que la Agencia les ha dado para reconstruir sus vidas y la de sus familias y cómo estos colombianos vienen trabajando de la mano de sus comunidades. ​

En resumen, se hará un balance de las diferentes estrategias comunitarias que se llevan a cabo en los dos departamentos en la atención a los adultos, jóvenes y menores sobre el trabajo de corresponsabilidad que se viene realizando con actores públicos y privados con el fin de unir fuerzas en el tema de la paz y la reconciliación territorial.

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Otra de las aristas que originan baja presión del servicio de agua en algunos sectores de la ciudad fue el descubrimiento de algunos lavaderos de vehículos que utilizaban agua tratada del acueducto de Valledupar.

La revelación la hizo el gerente de Emdupar, José María Gutiérrez Baute, quien reveló el nombre de tres establecimientos que hacían esta mala práctica.

Se trata de los lavaderos: Chaparro Ernesto, Gran Colombia y Brasilia del Valle, los cuales, al hacerles la revisión de los medidores y de las redes para abarcar la posibilidad de normalización del servicio, se detectó que no tenían instrumentos de medición o se encontraban averiados, y en donde quedó la evidencia de que utilizaban agua tratada para sus actividades comerciales.

“Rechazamos esta actitud negligente de estos establecimientos plenamente identificados, que funcionan causando detrimento a la empresa, ya que de manera inconsciente se hace un mal uso del preciado líquido, por lo cual haremos la respectiva denuncia”, manifestó el funcionario.

Este tipo de defraudaciones puede acarrear prisión de 16 o 72 meses y una multa de 150 salarios mínimos legales vigentes. Por ahora la empresa Emdupar requerirá a estos infractores y si no legalizan el servicio, y se ponen al día, se retirará la acometida y se compulsará copia del expediente administrativo a la Fiscalía.

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El Gerente del hospital de Dibulla, Santa Teresa de Jesús de Ávila, ha comunicando  sentirse molesto y preocupado, porque las EPS Cajacopi y Dusakawi después que se les atendió a sus afiliados en el centro asistencial ahora no quieren recibir las facturas.
El Gerente indicó, que lo autorizaron para hacerle pruebas y estudios de laboratorio de segundo nivel, avalados por las EPS y Secretaria De Salud Departamental.
La deuda contraída con el hospital supera la cifra 70 millones de pesos, “este caso ya está en manos de la Secretaria de Salud Departamental y la voy a pasar al Ministerio de Protección Social y todos los entes de control”, terminó diciendo un poco contrariado Edgar Moscote Levette.
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Una filtración de agua en zona peatonal de la institución Educativa El Carmen tiene 'secos' a los estudiantes y padres de familia, puesto que según ellos no hayan ya cómo pedir que le den solución al problema.
Sumado a ellos directivos también han hecho el llamado para que revisen el tema e intervengan pero no les solucionan nada, denuncian que incluso se han realizado por parte de la autoridad competente visita al punto de la afectación pero parece ser que es sólo para que los vean porque el 'tormento' persiste.
Mencionan los lugareños que son 300 los estudiantes que podrían verse afectados con la persistencia de la filtración.
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La Corte asumió el estudio de la tutela y falló a favor de las comunidades indígenas que habitan el sector de El Arroyo, por encontrar que es necesario que la Agencia Nacional de Tierras proceda a responder a la petición de las comunidades Santa Rosa y Arroyo Guerrero que piden conformarse como resguardo para lo cual se dio un plazo máximo de 18 meses. 
El caso llegó a la Corte Constitucional por una tutela que interpusieron Gonzalo Sánchez Bonivento como autoridad tradicional de la Comunidad de Arroyo Guerrero y Rosa Matilde Epiayu, autoridad tradicional de la Comunidad de Santa Rosa contra múltiples entidades estatales pidiendo el reconocimiento de la comunidad Wayúu ubicada en el margen izquierdo de la vía que de Riohacha conduce a Camarones. 
Entre tanto, se ordenó a la alcaldía de Riohacha y a los inspectores de policía de esa ciudad que suspendan la realización de actuaciones y procesos de desalojo que actualmente se encuentren en curso en contra de las comunidades. 
Como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia precisó que sería fácil corroborar la cronología de la ocupación del predio con la presencia de un cementerio propio realizando pruebas de Carbono 14 en las tumbas que la comunidad indique son las más antiguas”, la Corte ordenó a ese Instituto, a Medicina Legal y a la Fiscalía que en cinco días inicien los procesos administrativos necesarios para hacer esa prueba. 
Igualmente, como este proceso ha motivado amenazas y denuncias de agresiones, la Corte ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección que en 10 días se haga un proceso de diagnóstico de las condiciones de seguridad de quiénes interpusieron la tutela, como de los líderes de la comunidad. 
Pero además le solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría General que investiguen una serie de denuncias que se presentaron a lo largo del proceso por parte de quienes presentaron la tutela y de la familia Epiayu que alegan la existencia de un interés por desalojarlos del lugar. 
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Unas 26 nuevas zonas Wi-Fi estarán operando en distintos puntos del departamento del Cesar con el que se brindará internet gratuito a la comunidad en especial a la población estudiantil.

El asesor TIC de la Gobernación del Cesar, Álvaro Rosado Quintero, indicó que el proyecto se denomina Promoción Urbana de las TIC a través de Zonas Wi-Fi para el Departamento de Cesar y tiene un costo de 1.812 millones de pesos de los cuales Mintic aporta 793 millones de pesos y el Departamento el monto de ejecución.

Los servicios en línea, serán gratuitos para los estudiantes y tendrán un apoyo para realizar sus tareas y trabajos de investigación en horas extra clases, estas nuevas zonas wi-fi se suman a las seis que ya existen en el Departamento.

Esta herramienta comenzará a operar el primero de enero de 2018, con este programa se impactará a 780 mil 482 ciudadanos de las cabeceras municipales.

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Para evitar el colapso y un apagón general en la costa, el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, anunció el desembolso de una importante suma de dinero a Electricaribe para que al menos pague la energía a los proveedores.

El desembolso es de 135.000 millones de pesos para que la compañía pueda seguir comprando energía, el giro fue obtenido por una garantía del Ministerio de Hacienda y se suma a los 150.000 millones de pesos que ya ha entregado la Superservicios para el proceso de la empresa de energía eléctrica en la Costa.

El reporte del ente de control se da a un año de la intervención de Electricaribe, ocurrida el 14 de noviembre de 2016, y cuando el proceso de toma ya va en la fase final de la cuarta de cinco etapas dispuestas para asegurar un buen proceso de intervención.

Frente a la posibilidad de que Gas Natural Fenosa pudiese retomar el control de Electricaribe, el superintendente manifestó no conocer planes al respecto.

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Sin ninguna clase de precaución se adelantan los trabajos de construcción en la obra conocida como Mega Mall en la avenida La Popa al frente del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Los vecinos y transeúntes temen que por la imprevisión se pueda generar algún accidente, pues ni los ingenieros ni los operarios guardan las reglas preventivas cuando cargan y descargan materiales sobre la vía.

Es común que icen pesados elementos con enormes grúas, las que se encuentran parqueadas en la parte exterior y ni siquiera son capaces de para el tráfico o  por lo menos, coordinar con el tránsito, el desvío vehicular, mientras hacen estas operaciones.

En ese sentido hacen una llamado a los contratistas para que revisen estos protocolos, antes de que se pueda generar una desgracia en una de las arterias más transitadas de la ciudad y por donde la circulación es lenta por la entrada y salida permanente de vehículos pesados de la obra, la que además bota a la calle permanentemente aguas por el nivel freático, pese a que se le dijo a la comunidad que se había construido un colector para eso, pero las aguas siguen perjudicando a cientos de vecinos y de otros barrios de la ciudad.

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Ante los últimos aguaceros caídos en esta región y las probabilidades de más precipitaciones, El Ideam ha dicho que algunas poblaciones del Cesar entre estas, Valledupar, estarán en alerta Naranja por posibles crecientes de los ríos que nacen en la Nevada y en la Sierra del Perijá.

Algunos de los ríos de esta zona en riesgo de crecientes son El Cesar, Guatapurí; Badillo y numerosos afluentes que desembocan en estas fuentes hídricas.

La alerta es debido a la presencia de lluvias de variada intensidad en la región Caribe que se espera se mantengan ante el mismo anuncio de que noviembre resultará más lluvioso que el pasado mes de octubre.

El Ideam a través de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas, seguirá monitoreando el sistema y emitirá los boletines y comunicados que sean necesarios, así mismo seguirá trabajando de manera conjunta con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a fin de que se adelanten todas las actividades necesarias en términos de prevención.

Otras poblaciones alertadas del Cesar son: La Paz, Tamalameque, Pelaya, Pailitas y Chimichagua.

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Preocupado se declaró el alcalde del municipio de El Paso, (Cesar),Hidalfo de La Cruz por los movimientos sociales que se vienen dando de las comunidades del corregimiento de La Loma de Calenturas propiciado por el mal servicio de energía que allí se presta.

De acuerdo a los quejosos, la energía fluctúa, sube y baja más 200 veces durante las 24 horas, lo cual acarrea pérdidas millonarias a tiendas, restaurantes, hoteles, hospedajes, talleres y en los hogares de los ‘lomeros’ que ven como sus electrodomésticos se le dañan sin que nadie les responda.

La intermitencia de la energía hizo que la mayoría de los trabajadores mineros migraran a otras poblaciones en donde el servicio es mejor.

Una fuente de entero crédito indicó a La Tribuna del Cesar que la población de la Loma de Calentura prepara una movilización y entre sus objetivos está el taponar la Troncal de Oriente, artería vial que une a la costa norte con el interior del país.

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