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Judicial (7276)

La administración municipal de Chiriguaná desembolsó el 100% del convenio de cooperación que tiene como objeto social erradicar el piojo a nivel municipal, especialmente en la cabecera municipal que estaría cundía de este insecto.

El convenio de cooperación firmado a contra reloj por la Alcaldía y la Fundación Social Metropolitana San Vicente de Soledad Atlántico, por valor de 161 millones 882 mil 720 pesos, sin un estudio previo, cuando lo ideal era contratar con el Hospital de Chiriguaná, o en su defecto con la Fundación, de no tener capacidad la ESE, está bajo la lupa de los organismos de control.

Aunar esfuerzos para realizar campañas educativas  contra la pediculosis en la población vulnerable, apunta literalmente el convenio firmado el pasado 2 de diciembre, con serios interrogantes de opinión, por cuanto no se determinan fuentes de financiación, aunque se cree que los recursos provengan del Sistema General de Participación, al estar congeladas las regalías.

Las observaciones surgen de Planeación Nacional y la Procuraduría General de la Nación, mientras ya se formalizan denuncias ante la Fiscalía y se desatan las primeras investigaciones, que complementan escándalos por kit escolares, la robótica y el alcantarillado pluvial de Chiriguaná.

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La Juez Cuarta de Ejecución de Penas, María del Pilar Soto, fue conminada a revocar el auto de medida cautelar dictado a través del cual se suspendió de manera provisional la tutela que ordenó nuevos escrutinios de los 19 Concejales electos de Valledupar y los habilitó en forma temporal para posesionarse este 1 de enero.

El abogado y ex candidato a esa Corporación, Belisario Jiménez Lúquez, fundamenta la solicitud de revocatoria en el hecho de que la Juez no tiene competencia para tumbar mediante un auto interlocutorio un fallo de tutela, lo que en su criterio es abiertamente inconstitucional.

Es de norma que el fallo fuera impugnado ante el Tribunal Superior o el Consejo Superior de la Judicatura, observó Jiménez Lúquez, pero consideró que la vía tomada por la Juez es equivocada, palmo a palmo.

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Penalmente fue denunciada la Juez Cuarta de Ejecución de Penas, María del Pilar Soto, ante la Fiscalía, para que responda por un supuesto prevaricato configurado en la actuación de la funcionaria judicial al suspender provisionalmente la tutela fallada por el Juez Sexto Administrativo, Pedro Olivella Solano.

La denuncia que formalizó el Secretario de Gobierno Departamental, Evelio Daza Daza, está consignada en el acta de suspensión de los escrutinios sobre la elección de Concejales de Valledupar.

Para Daza el fallo de la Juez es una grosería jurídica y una clara vulneración del Estado de Derecho, cuando lo expedito, si consideraba vulnerada la tutela era impugnarla ante un Juez de mayor jerarquía, pero igual trae a colación la Sentencia T-701 de 2011 que prescribe la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela que no obran en ningún caso (reiteración de jurisprudencia).

El alto Tribunal esgrime como razón principal en dar aplicación y eficacia al principio de seguridad jurídica, pues de no ser así, los fallos de tutela entrarían en un círculo indefinido dentro del cual la parte inconforme tendría la posibilidad de interponer el recurso de amparo cuantas veces lo considerara necesario, y por tanto, no finiquitaría el debate que se lleva a cabo, en el que finalmente se busca la protección inmediata de derechos y garantías fundamentales.

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Sobre la vía Bosconia- El Copey fue decomisada gran cantidad de galones de ACPM, que pretendían, mediante maniobras, ser comercializados en todo el departamento del Cesar.

La policía inmovilizó un vehículo marca Toyota, color verde, y capturó a una persona que transportaba 181 galones de combustible tipo ACPM, almacenados en 37 recipientes plásticos, para posteriormente distribuirlos de manera ilegal.

El hidrocarburo tiene  un valor comercial  de 1 millón 100 mil pesos.

A los galones les fue realizada la Prueba de Identificación Preliminar Homologada Piph, para determinar el octanaje, estableciendo que se trataba de combustible de procedencia extranjera, motivo por el que fue dejado a disposición de la autoridad competente, mientras que el capturado será judicializado por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos.

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A esta capital fue trasladado el patrullero de la policía que murió en un atentado con el E.L.N. en Saravena, Arauca.

El cadáver de Carlos Mora Trujillo, de 38 años de edad, permanece en la funeraria La Esperanza y será sepultado mañana a las 9 de la mañana, con honores militares, en el cementerio Jardines del Ece Homo.

Mora Trujillo, era padre de 5 hijos, tenía 17 años vinculado en la Policía Nacional y su familia reside en la urbanización Don Carmelo.

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Un hombre fue degollado en zona rural del municipio de Codazzi, según informaron las autoridades.

La víctima fatal  fue identificada como Eudes Selon Rodríguez, de 20 años de edad, natural de Curumaní .

El hecho sucedió  en inmediaciones del Colegio Agustín Codazzi.  

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas y autores de este hecho macabro.

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Un menor de 14 años sufrió quemaduras de segundo grado en su cuerpo al caérsele encima una olla donde se cocinaba un sancocho en Chimichagua, Cesar.

Carlos José Soroca Flórez, fue remitido al Hospital Rosario Pumarejo de  Valledupar, con quemaduras de segundo grado en las piernas y los genitales.

De acuerdo con las versiones de  su tía Solfanis Soroca, el menor se sentó sobre el mesón, el cual cedió, lo que produjo el derrame sobre su cuerpo del agua hirviendo.

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En la última semana de la administración Moreno Panezo se han destapado verdaderas ollas podridas en materia de contratación y corrupción administrativa.

Radio Guatapurí conoció dos nuevos casos. El primero de ellos se relaciona con la presunta falsificación de cuentas de cobro presentadas a la gobernación por parte de Corposer, firma antioqueña traída por Cristian Moreno para ejecutar proyectos en la Oficina de Política Social.

Entre los cientos de cuentas de cobro falsas detectadas se encuentran dos de la emisora colega Maravilla Stéreo (Milenio Comunicaciones Limitada), una por valor de 12 millones de pesos y otra por valor de 22 millones de pesos, que Corposer presentó a la Gobernación y ésta pagó creyendo que el servicio efectivamente se había prestado. Al ser consultados los directivos y los periodistas de la emisora colega aseguraron que las cuentas de cobro eran falsas, que las firmas allí consignadas de la representante legal Mileida Cerchar y del periodista J.J Daza no correspondían a las suyas, como también manifestaron su disposición de denunciar penalmente a Corposer y al gobernador Cristian Moreno.

De otra parte, Radio Guatapurí pudo establecer que en los últimos tres días Moreno Panezo pretende dejar nombrados a los asesores de su Despacho, que son de libre nombramiento y remoción, dentro de la planta personal, sin cumplir los requisitos de carrera administrativa, sin concurso de méritos y con salarios promedio de 7 millones de pesos.

Ante la magnitud del desgreño administrativo que Cristian Moreno ha profundizado en su administración, esta última semana, el Sindicato de trabajadores de la Gobernación SINTRAGOBCE, envió una carta  con fecha de hoy en la que solicita la suspensión de los mencionados nombramientos.

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Aunque por fortuna no hubo víctimas humanas, fueron considerables los daños materiales ocasionados por el incendio de un depósito residencial de combustible en La Paz, Cesar.

No menos de 300 pimpinas de gasolina, avaluadas en 10 millones 500 mil pesos, ardieron en llamas con espesas cortinas de humo que pusieron en vilo a la población, percance que envió un  nuevo mensaje de urgencia.

La deflagración (arder sin explotar), ocurrió en el barrio 19 de Marzo, donde se presume que la chispa de un foco de luz que estalló, habría provocado el incendio, sofocado por 3 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Valledupar y una de La Paz.

Un vehículo campero que se abastecía de combustible, no fue alcanzado por la conflagración, reportó el Secretario de Gobierno Municipal, Indalecio Riveira Guerra, pero fueron consumidos algunos enseres y partes locativas de la vivienda, más el susto de los vecinos.

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Embolatados están 13 mil 500 millones de pesos que estaban asegurados en el Fondo Nacional de Regalías para ejecutar obras de pavimentación y mejorar el estado de tres vías terciarias del municipio de Valledupar.

El objeto específico y detallado del proyecto estaba determinado por 3.5 kilómetros del pavimento entre El Jabo-Guacoche y Guacochito por valor de 2 mil 500 millones de pesos; 17 kilómetros de intervención de la vía Aguas Blancas-La Sierrita, por valor de 3 mil millones y 24 kilómetros de placa huella con empedrado en la vía Mariangola-Villa Germania, por valor de 8 mil 300 millones de pesos.

Comunidades rurales se declaran preocupadas por la suerte de estos dineros asignados y socializadas por la Alcaldía, los que habría logrado gestionar el Representante Pedro Muvdi, a lo que surge la versión de que el proyecto formulado fue enviado a Invías.

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