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Cuestionan licitación de la gobernación para adquirir cámaras de seguridad Destacado

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Valledupar.- 27 de agosto de 2017

Un aguacero de críticas y fuertes cuestionamientos le ha caído al proceso licitatorio adelantado por la gobernación del Cesar para dotar de cámaras de seguridad a seis municipios del departamento.

El cuestionado proceso contractual es la licitación pública número 0010-2017, cuyo objeto es el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un circuito cerrado de televisión para la seguridad de Aguachica, Bosconia, Codazzi, Curumaní, La Paz y Pelaya. El valor total del contrato por adjudicar supera los 8.260 millones de pesos.  La licitación fue abierta el 21 de julio pasado y debía concluir este mes, pero han sido tantas las críticas que la gobernación se ha visto en la obligación de alargar el proceso y sacar al menos dos adendas a los pliegos.

El principal cuestionamiento hecho por varios de los potenciales oferentes es que la gobernación del Cesar es que el pliego de condiciones estaría diseñado para que sólo un proponente lo cumpla. En efecto, las especificaciones técnicas de las cámaras de seguridad que requiere la gobernación únicamente las contiene la marca denominada Hik Visión, cuyo único distribuidor autorizado en el Cesar es la empresa Heliteb S.A.S., cuyo representante legal es el ingeniero Edison Fernando Rodríguez Bonilla, y cuyo capital autorizado es la suma de sesenta millones de pesos.

En otras palabras, al establecer que las especificaciones técnicas sólo las cumple una marca en específico se estaría violando el principio de la libre competencia, según lo expresado por Wilmer Martínez, vocero de Emiserco, una de las empresas interesadas en el proceso licitatorio.

De otra parte, el abogado Luis Carlos Ramírez, quien representa a ISIC SAS, otro potencial oferente, manifestó sus reparos a la forma como la gobernación construyó el índice de liquidez y otros indicadores financieros para evaluar a los proponentes porque, en su concepto, restringen la libre concurrencia de oferentes y constituirían una desviación del principio de selección objetiva.

Finalmente, el veedor ciudadano Gabriel Campillo, explicó en el programa Punto de Vista de esta casa radial que dentro de los oferentes está participando una fundación que está en liquidación. Se refiere a la Fundación Social Creciendo, con NIT  825001160-8, cuyas actividades económicas son la asistencia social, la atención en salud y en recursos humanos, actividades que no guardan ningún tipo de relación con el objeto del contrato licitado. Pero además esta Fundación tiene un pésimo record de ejecución de contratos estatales. Radio Guatapurí conoció que tanto la Fundación como su representante legal Angela María Díaz Herrera se fueron de Casanaré, sin haberle cancelado a sus trabajadores varios meses de salario, después de que se les adjudicara el contrato del Programa de atención integral y de calidad de vida del adulto mayor.

Todo apunta a que el jugoso contrato para adquirir e instalar las 364 cámaras de seguridad le será adjudicado al consorcio creado por Heliteb S.A.S. y la cuestionada Fundación Social Creciendo. Lo más preocupante es que a pesar de conocer todos estos antecedentes ningún ente de control ha intervenido en el proceso.

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