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El mensaje de la Corte

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Un verdadero temblor político produjo en el país el fallo de la Corte Constitucional que estableció fuertes límites al proceso especial legislativo para tramitar la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, más conocido como Fast Track (vía rápida).

Con una votación de 5 a 3, la Corte dejó sin efectos los literales h) y j) del Acto Legislativo 01 de 2016 que creó el Fast Track. Las normas tumbadas establecían, de una parte, que el Congreso sólo podía introducir modificaciones a los proyectos de ley que implementaban el Acuerdo de Paz, siempre y cuando contara con el aval previo del gobierno (literal h), y de otra, que todas las votaciones para aprobar las normas (leyes y reformas constitucionales) que implementan el Acuerdo debían realizarse en bloque, y no artículo por artículo, como está establecido en el procedimiento legislativo ordinario.

En consecuencia, la Corte avaló las pretensiones de la demanda interpuesta por el senador Iván Duque del Centro Democrático, quien argumentó que tales normas cercenaban, en la práctica, la autonomía del Congreso para legislar. Y tenía razón: el alto tribunal consideró que en el fondo se había sustituido la Constitución al cambiar las competencias del Congreso para deliberar y decidir sobre los temas sometidos a su consideración.

Son varios los efectos y reacciones que este fallo ya ha producido en el país político. El uribismo salió a cantar victoria y a celebrar que en Colombia aún existe la separación de poderes. Por su parte, el gobierno y las Farc, al unísono, expresaron su malestar por la decisión. Desde su cuenta en Twitter, el jefe de las Farc, Timochenko, convocó a todas sus unidades concentradas a estar en asamblea permanente, expresando que el fallo de la Corte “ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio”. No es de extrañar la reacción de las FARC. Las normas tumbadas por la Corte eran las dos garantías que tenían de que lo convenido con el gobierno en el Acuerdo de Paz permanecería intacto en su tránsito por el Congreso.

Sin embargo, dado que la Corte estableció que su fallo sólo rige hacia el futuro, quedaron a salvo las normas ya aprobadas por el Congreso vía Fast Track, las cuales constituyen el corazón del Acuerdo de Paz: la ley de Amnistía, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Estatuto de Oposición, la reincorporación de las Farc a la vida política, y el llamado ‘blindaje jurídico’ del Acuerdo de Paz.

Naturalmente, la decisión de la Corte genera una crisis en el proceso de implementar el Acuerdo de Paz, pero tampoco al punto de propiciar su ruptura definitiva. A las Farc hay que decirles: bienvenidas a la democracia colombiana, en donde opera la separación de poderes y las cortes son independientes del ejecutivo. Las dificultades que plantea el fallo del alto tribunal pueden y deben ser superadas por las vías institucionales. En el fondo el mensaje de la Corte es sencillo: no ir tan a prisa en la implementación del Acuerdo de Paz y respetar la naturaleza deliberativa del Congreso, poder público que no puede ser reducido a ser un simple notario que aprueba como autómata y sin debatir las iniciativas presentadas por el gobierno. La paz es un fin superior y una aspiración colectiva de la sociedad colombiana. Empero, en aras de la paz, no puede sacrificarse en el camino los cimientos mismos del Estado de derecho.

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