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Campanazo de alerta

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La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses al alcalde de Cartagena Manolo Duque por el desplome de un edificio en el barrio Blas de Lezo debe ser entendido como un llamado de atención para todos los alcaldes del país en el manejo de la gestión urbanística.

Ya lo advertíamos en nuestra editorial del pasado 9 de mayo titulada “La Lección de Cartagena” sobre las amargas enseñanzas que se deben extraer de la tragedia ocurrida en la capital de Bolívar. Tal vez la principal lección radica en la imperiosa necesidad de realizar un control estricto y material –no sólo formal– a los proyectos inmobiliarios y construcciones que se pretenden realizar o que se están realizando en los distintos municipios del país.

El caso de Valledupar es paradigmático. Según cifras de Camacol Cesar, el 67% de las construcciones en la ciudad se ejecutan sin licencias. Aunque la cifra es alarmante, hay que reconocer que se ha reducido el porcentaje, por cuanto en el año 2010, el curador urbano número 2 Augusto Orozco Sánchez denunciaba que esta cifra ascendía al 85% de las obras de la ciudad.

Precisamente, Orozco Sánchez en una columna publicada en el diario El Pilón (¿Ficción o realidad?) le jala las orejas a su tocayo alcalde por lo que considera el desconocimiento por parte del mandatario del actual Plan de Ordenamiento Territorial, al poner en marcha un plan vial que no ha tenido, según el curador, el debido trámite que corresponde (concertación interinstitucional y consulta ciudadana) y por no tener la correspondiente autorización por parte del concejo municipal. El curador urbano es una voz experta en la materia que debe ser escuchada por la administración para evitar incurrir en errores y dolores de cabeza innecesarios.

Sin embargo, la decisión de la Procuraduría no puede leerse únicamente como una medida cautelar para el caso específico de Cartagena. Se trata de la primera decisión del ente de control que suspende a un alcalde capital en la era del Procurador Fernando Carrillo. Aquí hay un mensaje claro para todos los alcaldes: la Procuraduría no tendrá contemplación con la corrupción. Por ello, los alcaldes del Cesar sin excepción –y particularmente los del eje minero que manejan cuantiosos recursos de regalías– están advertidos que tendrán a la Procuraduría vigilándolos con rigor.

El Cesar no puede seguir repitiendo la historia de alcaldes que se convierten en reyezuelos y ponen el municipio a su servicio y el de sus familiares y amigos, enriqueciéndose impunemente a costa del erario. La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso, Codazzi y Becerril son poblaciones que tradicionalmente han sufrido la maldición de las regalías: ricos en recursos transferidos, pero con los peores índices socioeconómicos del departamento. En dichos pueblos los únicos que salen ricos son los alcaldes y su parentela. Solo basta mirar a los anteriores exalcaldes y también a los actuales. Dice el refranero popular que ni la pobreza ni la riqueza se pueden ocultar. Si los entes de control siguen el rastro del dinero bien podrían empezar a cambiar esa maldición que pesa sobre los pueblos cesarenses.

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