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Y la coca, ahí

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De acuerdo con un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área de cultivos de coca con fines criminales ha crecido exponencialmente en el país. En efecto, de cerca de 48.000 hectáreas que había a fínales de 2013, creció a 69.000 hectáreas en 2014, luego a 96.000 en 2015, para llegar a la impresionante cifra de 150.000 hectáreas en la actualidad, que le da el dudoso honor a Colombia de continuar siendo la principal fuente de suministro de cocaína hacia los Estados Unidos.

Preocupa sobremanera que el periodo en cuestión, 2013-2016, coincida con el desarrollo del proceso de paz con las Farc y con la decisión del gobierno colombiano de suspender la fumigación aérea por solicitud de la guerrilla cuando se negociaba la paz en Cuba. En este sentido, no puede perderse de vista que, como señala el informe, el negocio del tráfico de drogas en Colombia es dominado por una alianza entre bandas criminales y las FARC, quienes –pese a estar en medio de un proceso de paz– continuaban a mediados de 2016 comprometidas en la producción y exportación de cocaína a gran escala. En efecto, según el informe, los principales frentes de las FARC responsables de exportar toneladas de cocaína se encuentran localizados en zonas fronterizas: frente 57 en la frontera con Panamá, frente 48 en la frontera con Ecuador y el frente 10 en la frontera con Venezuela. Estos frentes operan en los departamentos en donde más crecieron las áreas cultivadas: Cauca, Norte de Santander y Putumayo, regiones en donde el área de coca creció 116%, 85% y 76%, respectivamente.

A nivel local también genera preocupación que los cultivos de coca estén volviendo a renacer en santuarios ecológicos como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Dentro de este contexto, resulta desconcertante la respuesta del comandante de las FARC, Pastor Alape, quien descalificó el informe de la ONU sobre el aumento de los cultivos de coca. Según el integrante del secretariado de las FARC dicho informe “es una pendejada”, porque “ningún campesino le va a apostar a un millón de pesos que es lo que entregan esos programas para sostener una familia. “Claro que los cultivos han crecido porque todas esa políticas han fracasado: el plan nacional de rehabilitación,  plante y palante, el plan consolidación y el plan Colombia, todas fracasaron. Si eso no está acompañado por otros procesos, va a fracasar”.

Y puede que tenga algo de razón el comandante fariano. Es indudable que el programa de erradicación manual y sustitución de cultivos ha fallado por la falta de acompañamiento estatal y la oferta de una alternativa seria a los campesinos cultivadores. Sin embargo, ello no justifica la renuencia de las FARC a dejar el narcotráfico como fuente de su financiación, tanto en su modalidad de intermediario del negocio vía cobro de “impuestos” a los narcos, como en su modalidad de directo productor y exportador de cocaína.

Si bien los expertos internacionales en el tema coinciden en que es necesario cambiar el enfoque represivo  del tráfico de estupefacientes hacia un enfoque como problema de salud pública –dado el fracaso de más de 40 años de guerra contra las drogas–, mientras esto no suceda es menester subir la guardia que el gobierno Santos ha tenido abajo durante el tiempo que duraron las negociaciones de paz.

Con la paz firmada, el gobierno colombiano debe empezar por hacerle exigible a las FARC su compromiso de renunciar al narcotráfico y de coadyuvar en la erradicación de los cultivos ilícitos en las zonas bajo su control. En este punto, las FARC tampoco deberían equivocarse y creer que el aumento de los cultivos de coca es una mera pendejada, salvo que sus líderes quieran reencontrarse con Simón Trinidad en alguna cárcel federal de Estados Unidos.

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