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¡No aprenden!

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Como una bola de nieve creció la indignación ciudadana ante las protuberantes fallas detectadas  en el programa de alimentación escolar del municipio de Valledupar, que ayer fueron reveladas por los medios locales en el colegio oficial Milciades Cantillo.

Mandarinas podridas y panes con fecha de caducidad vencida, eran los alimentos que el contratista del PAE se disponía a entregarle a los más de cuatrocientos niños que estudian en la jornada de la mañana de la mencionada institución educativa. El olor nauseabundo de la comida advirtió a los niños que algo andaba mal, quienes dieron aviso a los mayores, logrando así evitar una intoxicación masiva.

Sin embargo, no es ese el único colegio oficial de la ciudad en el cual se han presentado problemas con la alimentación escolar. En este medio hemos registrado denuncias similares en los colegios Francisco Galán del barrio Los Fundadores y en el Instituto Técnico La Esperanza del barrio La Nevada.

En este sentido, sorprende que la administración municipal no haya aprendido la lección que le dejan los errores cometidos con el programa de alimentación escolar durante su primer año de gobierno. El año anterior, 2016, los entes de control locales, entre ellos, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, advirtieron en su momento de graves irregularidades en ese programa, tales como ausencia de comedores escolares en los colegios, batería de cocina y vajilla en mal estado que incluía cubiertos oxidados, no cumplimiento de la cadena de refrigeración de los alimentos, entrega de raciones por debajo del gramaje mínimo exigido por el ministerio, número de raciones entregadas menor al número de estudiantes inscritos en el colegio. En pocas palabras, en ese entonces se advirtieron de graves fallas en cuanto al balance, la cantidad y la calidad de los alimentos.

Entonces, ¿por qué razón en este año que apenas empieza se siguen presentando problemas similares que ya se habían advertido en la vigencia anterior? Por lo visto hasta la fecha, de poco ha servido que la administración en esta ocasión haya adjudicado por licitación –y no a dedo como el año pasado– el contrato de alimentación a escolar al Consorcio PAE Valledupar, compuesto por laCorporación hacia un Valle Solidario, de Yumbo, Valle del Cauca, y por la empresa Eco Alimentos SAS, de Bogotá. En efecto, todos los indicios apuntan a que se trata de un cambio formal de contratista porque en la realidad este medio ha constatado que el “nuevo” contratista sigue operando con la misma estructura, en las mismas bodegas y con parte del mismo personal que tenía el contratista anterior. Pudo haberse cambiado los nombres de las empresas pero la operación es la misma. No obstante, allí no está el problema, sino en que la administración cumpla en forma estricta con la supervisión del contrato. Que le respire en la nuca al contratista para que cumpla en forma eficiente y oportuna el servicio contratado. Que haga visitas sorpresas y aleatorias a los colegios del casco urbano y de los corregimientos para verificar in situ las condiciones en que se presta el servicio de alimentación escolar.

Así las cosas, cabe preguntar ¿dónde estaba la interventoría del contrato que no detectó las fallas que sí pudieron detectar los estudiantes del colegio Milciades Cantillo? Si la interventoría no cumple su función, que devuelva los dineros recibidos por un servicio no prestado. Está de sobra y es un costoso adorno.

En síntesis, más allá de la reacción indignada del alcalde, lo que se requiere es que su administración aprenda la lección del pasado y vele para que en la práctica se cumpla el postulado de que la comida de los niños es sagrada.

Modificado por última vez en

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