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Indígenas, con licencia para delinquir

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La captura del ex gerente de la EPS Dusakawi, Enoc Clavijo Franco, sorprendió a todo el mundo: indígenas y no indígenas. No porque no existieran méritos para su captura. Era un secreto a voces y de vieja data los malos manejos administrativos en esa EPS indígena. La sorpresa es porque por primera vez en mucho tiempo la justicia decide procesar a un indígena y privarlo de su libertad, cuando ha sido la regla de facto que los indígenas son intocables y están por fuera del alcance de la justicia. Con la detención de Clavijo Franco se empieza a romper ese falso paradigma.

En efecto, en el caso de la EPS Dusakawi sobran las pruebas para judicializar no sólo a Clavijo Franco y al contratista Hernán Osorio, ambos capturados, sino también a varios directivos de esa institución que cohonestaron con prácticas corruptas para malversar recursos de la salud de su propia etnia. La lista de estas prácticas es extensa: empresas de fachada para justificar gastos inexistentes, aumento ficticio del número de usuarios, facturación de medicamentos no entregados, compras fantasmas de bienes y servicios no prestados, irregularidades en la contratación y tráfico de influencias, entre otras perlas halladas por la Fiscalía General de la Nación que, por lo pronto, cuantifican un desfalco de más de cuatro mil millones de pesos en las arcas de la entidad.

Sin embargo, debe resaltarse que la investigación en contra de Enoc Clavijo tuvo origen en varias autoridades indígenas que advirtieron en su momento a la Fiscalía de los malos manejos en la EPS Dusakawi, ente que, para colmo de males, le cursa otra investigación de tipo administrativo por violar las normas de planeación y funcionar en un sector residencial, sin licencia de Planeación Municipal.

Por lo sucedido en Dusakawi EPS, hay una luz de esperanza para que no quede en la impunidad una denuncia aún más grave hecha sobre violación sistemática de menores arhuacos. Cabe recordar que la semana pasada dos mujeres arhuacas (cuya identidad pidieron mantener en reserva) relataron en los micrófonos de esta emisora que cientos de niñas de su comunidad han sido víctimas de acceso carnal abusivo por parte de adultos que la mayoría de las veces son familiares y que las autoridades tradicionales en vez de salvaguardar la integridad de las menores, deciden no actuar. Estas valerosas mujeres pusieron como ejemplo el caso de un mayor arhuaco procesado por haber violado a su propia hija y tras haber estado detenido por un corto tiempo (7 meses) fue dejado en libertad, con la asesoría y la mediación de las propias autoridades indígenas arhuacas.

La inmunidad especial de la cual creen gozar los indígenas –y que la lenta justicia suele amparar– no sólo sirve para encubrir desfalcos en EPS o violaciones a menores de edad, sino que abarca también el crimen más horrendo de todos, el homicidio. Sólo así se explica que tras ser asesinado hace dos años, el lunes 26 de enero de 2015, el joven José Manuel Galofre Arias, a manos de un indígena arhuaco, dicho crimen permanezca en la más completa impunidad, a pesar de que el homicida está identificado y ubicado en un sitio en la Sierra Nevada de Santa Marta donde es protegido por sus mayores, en vez de ser puesto a disposición de la Fiscalía. También le cabe la crítica a la directora seccional de Fiscalía, María Estella Aguilar Vergara, quien sabe muy bien de la ubicación del homicida y en dos años no ha hecho absolutamente nada para capturarlo.

Los ejemplos atrás anotados ponen de presente el denominador común del abuso del fuero especial que la Constitución colombiana le otorga a los pueblos indígenas. Sus derechos –tan válidos y legítimos como los derechos del resto de ciudadanos– no pueden ser entendidos como una patente de corso para actuar por encima de la ley. En una sociedad democrática en la que rige el Estado de Derecho todos los ciudadanos sin excepción están sometidos al imperio de la ley. Los indígenas también deberían saberlo y actuar en consonancia con este sagrado precepto.

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