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Centralismo rampante

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De manera sigilosa, un 30 de diciembre, sin la debida socialización, para que pasara de agache, el ministerio de Minas expidió la resolución 41.279 por la cual se establece “el ingreso al Productor de la gasolina motor corriente y del ACPM que regirán a partir del 1 de enero de 2017”. Esta resolución reduce la base a partir de la cual se calcula la sobretasa de los combustibles, sobretasa que es un impuesto del orden territorial, y una importantísima fuente de ingresos para los municipios y departamentos del país, por cuanto a los primeros corresponde el 75% de su recaudo, y a los segundos, el 25% restante.

Sólo un mes y medio después de haber sido expedida, los mandatarios locales cayeron en cuenta del golazo que el ministerio de Minas les había metido aquel 30 de diciembre. Según el ministro German Arce la medida era necesaria con el fin de trasladarle al consumidor final de gasolina y diesel ,la baja en el precio internacional del petróleo. Por ello, el ministro bajo el pre

Sin embargo, esta argumentación no resulta convincente, porque como lo expuso con claridad nuestro comentarista económico, José Antonio Larrazabal, en el fondo lo que hizo el gobierno fue trasladarle a los entes territoriales el impacto de la reforma tributaria en el precio de la gasolina y el ACPM. Es decir, como ya la reforma tributaria había subido el precio de los combustibles por los mayores gravámenes que le establecen con impuestos del orden nacional, el gobierno hábilmente baja de un plumazo los impuestos territoriales a los combustibles para que el precio total de éstos no le suba tanto al consumidor final.

No obstante el intento de “jugada maestra”, por el momento, le ha salido el tiro por la culata. Porque la reacción de los alcaldes y gobernadores fue inmediata y enérgica. La medida significa un zarpazo a las finanzas territoriales cuya estimación inicial es de 600.000 millones de pesos por anualidad. Medellín dejaría de recibir $27.000 millones por año, Cali $20.000 millones, Pereira $4.000 millones y Manizales $3.500 millones, por solo mencionar algunos. La Federación Nacional de Departamentos estima que la afectación será cercana a los $160.000 millones por anualidad, discriminado así: $103.000 millones de recaudo de la sobretasa a la gasolina y $57.000 millones de la cesión nacional de la sobretasa al diesel.

Con esta medida con marcado corte centralista se modifican desde el gobierno central los presupuestos de los entes territoriales de la actual vigencia fiscal (2017), porque se reduce una de las fuentes de financiación de municipios y departamentos, fuente que, en su gran mayoría, ya estaba comprometida para costear obras de infraestructura y programas sociales de alcaldías y gobernaciones.

La polémica está zanjada y la concertación propuesta por Santos para apaciguar a los mandatarios territoriales no parece calmar las aguas. En el fondo de la discusión subyace un modelo centralista que actúa como sanguijuela: succiona las riquezas de los territorios para sobrevivir. Primero fue la reforma a las regalías, y ahora esta medida de escritorio bogotano tomada de espaldas al país.

Finalmente, debe acotarse que aunque esta medida no golpea a Valledupar por ser municipio de zona de frontera, como lo explicó el secretario de Hacienda Eudes Fuentes, si sufre la ciudad un coletazo: como el cupo de gasolina es insuficiente para abastecer la demanda de la ciudad, cuando se acaba el cupo y se vende a precio pleno, esas ventas sí se les aplica la odiosa resolución 41.279. Y a todas éstas, ¿ya se habrá enterado la secretaria de Hacienda departamental, Bonny Rodríguez, que esta resolución afecta las finanzas de la gobernación? ¿tendrá listo ya la estimación de cuánto es el impacto? Que alguien le cuente.

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