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Cero y van dos

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En buen romance “recular” significa ir hacia atrás, flaquear o ceder una persona de su dictamen u opinión inicial.

Primero fue el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien después de haber informado en rueda de prensa que la campaña “Santos Presidente 2014” habría recibido la suma de un millón de dólares provenientes de la firma constructora brasilera Odebrecht, al día siguiente precisó en los medios que la única evidencia de eso era el testimonio del ex senador Otto Bula, pero que no existía, por el momento, prueba documental del ingreso de esos dineros a la campaña.

Más recientemente, ayer, fue extrañamente filtrada a los medios una carta de puño y letra del oscuro personaje Otto Bula, en la cual afirma que “no es cierto, ni le consta, ni ha dicho que el dinero que le entregó a Andrés Giraldo –amigo personal de Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos – fuera un aporte a la campaña Santos Presidente o al señor Juan Manuel Santos”. La carta de Bula trae a la mente aquel refranero popular de “donde dije digo no digo digo, donde dije digo digo Diego”.

En ese sentido, genera mucha suspicacia que esta reculada de Bula, este súbito cambio de versión frente a lo inicialmente declarado, se haya dado horas después de que los medios informaran que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, lo tiene en la mira por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Para el más lego, la conjetura salta a la vista: ¿reculó Bula ante la posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos? ¿Usó el gobierno de Santos la presión de la extradición para callar a Bula? Uhmmm… Son interrogantes válidos que quedan sin respuesta por el momento, mientras avanzan las investigaciones.

No sería la primera vez que se usa la figura de la extradición para tratar de solucionar problemas judiciales del resorte nacional. Cabe recordar que en el gobierno de Álvaro Uribe se extraditó a la cúpula de los paramilitares por un supuesto incumplimiento de los acuerdos de sometimiento a la justicia, privando de esta manera a nuestro aparato judicial de esclarecer la verdad sobre horrendos crímenes cometidos por las AUC y de terminar de develar el negro entramado de interacción del paramilitarismo con el poder político y empresarial del país.

En este orden, es muy preocupante que existan poderosas e indebidas presiones tanto sobre el Fiscal General como sobre los testigos del caso Odebrecht. Colombia no puede repetir la amarga experiencia del proceso 8000 en el que, al final, ningún pez gordo fue sancionado.

 

 
 
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