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La bomba del Fiscal

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Como si fuese una información más en un comunicado de prensa, ayer el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez Neira, informó al país que la “campaña Santos Presidente 2014” habría recibido la suma de un millón de dólares provenientes de la firma constructora brasilera Odebrecht, firma cuestionada por haber desplegado un esquema internacional de corrupción para ganarse multimillonarios contratos de infraestructura en varios países, a base de sobornos a funcionarios públicos.

Como era de esperarse, la revelación del Fiscal causó un fuerte sismo en el país político, cuyas réplicas aun se sienten y cuyas consecuencias y efectos aún no se alcanzan a vislumbrar en su totalidad. Se trata ni más ni menos que la posibilidad de que dinero ilegal, producto además de la cuestionada adjudicación a dedo de la vía Ocaña-Gamarra, haya ingresado a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón y Germán Vargas Lleras.

Desde el famoso proceso 8000 que aún le pesa en las espaldas al expresidente Ernesto Samper, el país no había tenido noticia de la filtración de dinero ilegal a una campaña de un presidente electo. Por ello, la comparación del caso actual con el 8000 de Samper resulta obvia y obligada.

A pesar de que lo revelado por el Fiscal aún es materia de investigación y no hay conclusiones definitivas, ha causado un enorme daño en la ya maltrecha imagen presidencial, porque precisamente el presidente Santos para defenderse de los ataques de la oposición uribista se ha jactado de que, a diferencia de Uribe, en su gobierno no hay corrupción. Este escándalo iguala por lo bajo a ambas administraciones y pone al gobierno a dar explicaciones sobre un hecho de suma gravedad. Adicionalmente golpea el aurea de incorruptibilidad que Santos tanto pregonaba. Y duele aún más porque el golpe no viene de la oposición uribista, sino del Fiscal Nestor Humberto Martinez, que fue superministro de Santos y su amigo personal.

Líderes de distintos sectores políticos como Claudia López del partido Verde, Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y voceros del uribismo han coincidido en señalar que, de comprobarse el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial, Santos debería renunciar a la presidencia, verbo de difícil conjugación en el país.

De otra parte, el vicepresidente Germán Vargas Lleras rápidamente tomó distancia del gobierno a través de un comunicado en el que expresó que en dicha campaña presidencial no tuvo ningún manejo ni intervención en la dirección o en el manejo de las finanzas de la campaña. Y agrega que “caiga quien caiga, las investigaciones deben llegar hasta esclarecer con precisión quiénes, cuándo y cómo, incurrieron en actos de corrupción”. Entendible la posición de Vargas Lleras, quien no quiere verse salpicado en ese escándalo que le puede arruinar su cantada aspiración presidencial. Pero no le va a ser fácil zafarse de sus secuelas, porque aún, aceptando que no tuvo injerencia en la campaña, es claro que es un beneficiario de la financiación recibida por ella: legal e ilegal.

Así las cosas, es necesario mantener prudencia frente a esta investigación que apenas comienza para no tomar decisiones precipitadas ni realizar prejuzgamientos injustos. No obstante, el gobierno Santos debe esforzarse en convencer tanto a las autoridades como a la opinión que ni en la campaña ni en su gestión las prácticas corruptas han hecho de las suyas.    

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